En un contexto de baja histórica de la violencia en la provincia de Santa Fe producto de las férreas acciones de seguridad llevadas adelante por la gestión de Maximiliano Pullaro, se confirmó en mayo de 2027 quedará inaugurado “El Infierno”, la nueva cárcel destinada a internos de alto perfil que se construye en la Unidad Penitenciaria de Piñero, con una inversión provincial superior a los $ 143.000 millones. El establecimiento alojará a más de 1.150 reclusos -entre ellos narcotraficantes y sicarios- y será una infraestructura sin precedentes en Sudamérica.

Las obras forman parte de una estrategia integral de seguridad pública que, según el gobernador Maximiliano Pullaro, excede el trabajo policial y la incorporación de tecnología. “La seguridad no solo tiene que ver con la Policía o con herramientas como Lince, sino también con el control efectivo de la población detenida. Porque cuando más control hay de las cárceles, más control hay de las calles”, afirmó.

En esa línea, explicó que cada interno alojado en “El Infierno” tendrá una celda individual bajo control permanente del Servicio Penitenciario y únicamente podrá compartir espacios comunes con grupos reducidos, de hasta 12 personas, cuando así se disponga.

Pullaro destacó la decisión política de avanzar con la infraestructura penitenciaria para alojar a “1.150 reclusos de alto perfil” y señaló que, paralelamente, en el mismo predio se construyen otras dos cárceles con capacidad aproximada para 1.950 detenidos cada una.

Además, indicó que al nuevo complejo serán trasladados cerca de 500 presos actualmente clasificados dentro de los niveles más altos de peligrosidad: 70 del nivel 1, 176 del nivel 2 y casi 300 del nivel 3. Según el mandatario, esto permitirá “seguir separando a los detenidos más violentos y conflictivos de la provincia para romper sus vínculos con el exterior”.

El gobernador subrayó también que se trata de “una cárcel de máxima seguridad” asociada a una inversión histórica para Santa Fe. “En cien años se construyeron 3.500 celdas y, en cuatro años de gestión, vamos a hacer más de 3.500. Seremos el gobierno que más plazas carcelarias construyó”, sostuvo.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, afirmó que la obra “marca un punto de inflexión en la arquitectura penitenciaria moderna” y aseguró que no encontraron modelos equivalentes en la región para replicar.

“En unos años otras provincias y países podrían tomar esta infraestructura como referencia, porque el fenómeno de los presos de alto perfil es un problema extendido en América Latina”, sostuvo.Cococcioni añadió que Santa Fe impulsa “un nuevo paradigma penitenciario” diseñado no solo para evitar fugas, sino también para resistir ataques externos y enfrentar amenazas cada vez más complejas.

Por su parte, la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, afirmó que el complejo fue concebido “a medida de los problemas de violencia que atravesó la provincia”. Explicó que el diseño busca maximizar el aislamiento de personas que, aún detenidas, continuaron organizando delitos desde prisión.El establecimiento se inscribe dentro de las políticas provinciales orientadas a cortar la comunicación entre líderes criminales y las estructuras delictivas que operan fuera de los penales, mediante mayores niveles de aislamiento y control.

El secretario de la Unidad Ejecutora de Infraestructura en Materia de Seguridad Pública y Penitenciaria, Diego Leone, explicó que el proyecto involucra a varias empresas trabajando de forma simultánea para acelerar la ejecución, aunque ello exige una coordinación técnica compleja para unificar materiales y sistemas en los distintos pabellones.

La cárcel estará integrada por cuatro módulos y un edificio central de administración, desde donde se realizará el ingreso al complejo. Contará con un doble muro perimetral de 1.800 metros de extensión y 10 metros de altura, con circulación vehicular interna y pasarelas superiores para vigilancia. Además, tendrá torreones cada 70 metros y una torre principal de 36 metros de altura con visión panorámica de 360 grados.

Cada módulo dispondrá de 24 pabellones y, en cada ala, habrá 12 celdas individuales de hormigón premoldeado distribuidas en dos plantas. En total, el complejo tendrá 288 celdas por módulo y 1.152 plazas.

También incorporará boxes individuales para visitas y comunicaciones a través de mamparas, evitando el contacto físico directo. El penal dispondrá de atención sanitaria intramuros para reducir traslados, sala de conferencias y helipuerto.

Desde diciembre de 2023, la Provincia de Santa Fe decidió librar una batalla silenciosa: la que no se combate con armas ni patrulleros, sino con leyes, expedientes y resoluciones judiciales. El Gobierno Provincial modificó su Ley Penitenciaria, creó la figura del “interno de alto perfil” y endureció los controles dentro de los establecimientos carcelarios. El resultado es un cambio estructural que limita el poder de las organizaciones criminales tras las rejas.

“Antes de esta ley, los presos más peligrosos vivían como querían dentro de la cárcel, y a los agentes penitenciarios se les hacía casi imposible mantener el control”, explicó María Florencia Blotta, subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial. Y añadió: “No podemos relajarnos, porque esto no está terminado. Por eso necesitamos que Gisela Scaglia esté en el Congreso: para consolidar las leyes que hoy defienden a Santa Fe, pero que aún no existen a nivel nacional”.

En apenas 20 meses, el equipo jurídico del Ministerio de Justicia y Seguridad obtuvo más de 700 fallos favorables ante hábeas corpus interpuestos por narcotraficantes y sus defensores. Cada resolución, señalan desde la cartera, “es un ladrillo más en el muro que separa los pabellones de las calles”.

“En Rosario y en otras ciudades de la provincia, los nombres que antes daban las órdenes para matar hoy están sometidos a un sistema que los acorrala”, apuntaron fuentes del Ministerio.

El derribo de búnkeres fue el gesto más visible de esta estrategia integral. A la fecha, se desactivaron o demolieron casi 80 puntos de venta de drogas en distintos barrios de Rosario y otras localidades del territorio santafesino. Pero la transformación también se expresa en los tribunales: Santa Fe logró que la seguridad se defienda no solo en las calles, sino también en los estrados judiciales.

Con esta política, los narcotraficantes no solo perdieron terreno en el territorio, sino también en el plano legal. “En el silencio de los fallos, el Estado vuelve a tener voz y la sociedad recupera la esperanza”, subrayaron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad.

El Gobierno nacional emitió el Decreto 61/2025, que establece que las personas detenidas serán alojadas en establecimientos penitenciarios según el sexo consignado al momento de su aprehensión, con el objetivo de garantizar la seguridad en las cárceles.

El decreto, publicado el 6 de febrero de 2025 en el Boletín Oficial, reglamenta el artículo 176 de la Ley N° 24.660, que dispone que cada jurisdicción del país debe contar con establecimientos penitenciarios organizados separadamente para hombres y mujeres.

Según el texto oficial, la medida busca proteger la integridad física, psíquica y moral de las personas detenidas, en consonancia con el artículo 18 de la Constitución Nacional y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La normativa también considera la Ley N° 26.743 de Identidad de Género, señalando que la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila no alteran la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas previas.

El decreto surge tras constatarse casos en los que personas, tras obtener la rectificación registral de su sexo, solicitaron su reubicación penitenciaria, lo que facilitó la comisión de delitos contra mujeres en los establecimientos donde fueron alojadas.

Organismos de derechos humanos y colectivos LGBTI+ han expresado preocupación por las posibles implicancias de esta medida en los derechos de las personas trans y no binarias. Se espera que en los próximos días se generen debates en torno a la implementación de esta normativa y su impacto en la población carcelaria.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, propuso que su país reciba a migrantes indocumentados que hayan cometido delitos graves en Estados Unidos, ofreciendo albergarlos en las cárceles salvadoreñas. Además, extendió la oferta para incluir a criminales peligrosos de nacionalidad estadounidense que actualmente cumplen condena en su país de origen.

Tras una reunión de casi tres horas en la residencia de Bukele en el lago de Coatepeque, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que El Salvador aceptará la deportación de extranjeros ilegales en Estados Unidos que sean criminales de cualquier nacionalidad, incluyendo miembros de pandillas como la MS-13 o el Tren de Aragua.

Publicación en la cuenta X.

Rubio destacó que ningún país había hecho jamás una oferta de amistad como esta.

Bukele detalló en la plataforma X que El Salvador está dispuesto a admitir únicamente a criminales convictos, incluidos ciudadanos estadounidenses, en su mega prisión, conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

A cambio, se cobraría una tarifa que, aunque sería relativamente baja para Estados Unidos, sería significativa para El Salvador, haciendo sostenible todo el sistema penitenciario del país.

Extendió la oferta para incluir a criminales peligrosos de nacionalidad estadounidense

Este acuerdo, calificado como sin precedentes, refuerza la alianza entre El Salvador y la administración del presidente Donald Trump. Sin embargo, generó preocupaciones entre organizaciones de derechos humanos debido a las condiciones en las cárceles salvadoreñas y las posibles implicaciones para los derechos de los deportados.

(Por Gonzalo Fracchia) - Nayib Bukele recibió el 2025 celebrando su dato de tasa de homicidios del 2024 en El Salvador y destacando las cifras específicas del mes de diciembre.

El año finalizó con una tasa de 1,9 homicidios por cada 100.000 habitantes, en base a los datos de la Policía Nacional Civil (PNC). Para el último mes, los números bajaron aún más y la especulación del oficialismo con un supuesto sostenimiento de esta cifra ubicaría la tasa en 0,2.

La publicación de Bukele en X sobre la tasa de homicidios.

Agarrándose de este último dato, Bukele no sólo se anima a afirmar que su país es el “más seguro del Hemisferio Occidental”, sino que también podría “competir por ser el país más seguro del mundo”.

Es innegable que desde la primera presidencia de Nayib Bukele en El Salvador y el comienzo de esta segunda, con renuncia de por medio para evitar la prohibición de reelección según la Constitución, la lucha contra la inseguridad y las maras ha sido un éxito.

El ejemplo para otros países latinoamericanos y la opinión pública que en febrero lo eligió con un 84,65% de los votos, reafirman la condición que los números ya le brindan. Aún con la carga de las críticas internacionales por su “mano dura” y las condiciones de detención en establecimientos como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), el estilo de vida de un importante números de salvadoreños ha mejorado.

Sobre las muertes violentas, el fiscal general Rodolfo Delgado detalló que fueron un total de 114 en el año, con sólo una en diciembre. De ese total, 112 ya fueron calificados por la fiscalía como “resueltos”. Las principales causas fueron la "intolerancia familiar" con 45, la "intolerancia social" con 35 y la "delincuencia general" con 34.

El número mantiene la constante caída de los últimos años, con 40 casos menos que en 2023. Este descenso se registra desde 2015, cuatro años antes de la llegada del “bukelismo”, cuando se llegó a un pico de violencia y una tasa de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Si bien, existe un antes y después desde el Régimen de Excepción de 2022 a raíz de la muerte de 80 personas en un sólo fin de semana, los números actuales poseen una pequeño trampa: no cuentan muertes de pandilleros en enfrentamientos con fuerzas de seguridad, los hallazgos de restos ni los supuestos “linchamientos” por parte de la población.

Centro de Confinamiento del Terrorismo, en el municipio de Tecoluca, en el departamento de San Vicente, El Salvador. Crédito: Xinhua/Presidencia de El Salvador

En paralelo, hay informes como el de la ONG Cristosal que asegura que entre el 27 de marzo de 2022 y el 15 de abril de 2024 murieron 261 personas adultas y cuatro niños bajo custodia estatal. El comisionado presidencial para los Derechos Humanos, Andrés Guzmán, afirmó en una entrevista con el medio local El Faro que no conocen el número de personas muertas en las cárceles, pero que el accionar no se encuentra “dentro de los radares de violación de Derechos Humanos”.

Se le suman los documentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la cual se describe la gestión de Bukele, con foco en el rol de las cárceles, como represiva, indiscriminada y contraria a los convenios internacionales.

Partiendo que el “hemisferio occidental” al que Bukele hace referencia posee la misma esencia que el “mundo occidental”, que en la casi totalidad de sus casos no incluye a África, pero si se anima a sumar naciones euroasiáticas como Turquía, existen dos países europeos cercanos al 0,2, pero no por igual o por debajo.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Crédito: Cristina Sille/Reuters

Según sus datos oficiales hasta el período de 2023, Eslovenia y Suiza son los países europeos con la tasa de homicidios más baja, poseyendo 0,57 y 0,60, respectivamente.

En lo que respecta a su lucha por el mote del país más seguro del planeta, debería enfrentar a cifras oficiales del 2023 como las de Singapur, que se mantiene con 0,07.

Este domingo, a partir de los controles diarios que se realizan por escáner a las visitas y a los agentes penitenciarios, el personal detectó que uno de los agentes llevaba objetos sospechosos en ambos bolsillos del pantalón. Al requisarlo, le secuestraron medio kilo de cocaína y 388 gramos de marihuana. De inmediato se dio intervención a la Justicia para que procedieran con las acciones correspondientes y se lo pasó a disponibilidad para luego ser expulsado del Servicio Penitenciario. 

Al respecto, la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri indicó que “los nuevos controles implementados en el personal redundan en la defensa de la enorme mayoría de agentes penitenciarios que día a día cumplen de la mejor manera con su labor para aportar al control de las cárceles y la baja de la violencia en las calles”.“Por eso no vamos a permitir que se ensucie la tarea y el uniforme de los penitenciarios y vamos a proceder con la mayor dureza, de la misma manera que apoyamos sin dudar a quienes cumplen con su deber cada día”, concluyó Masneri. 

El director de una cárcel de Ecuador fue asesinado este domingo, cuando en el país se celebra a nivel nacional la jornada de votación del referéndum convocado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para sacar adelante reformas para impulsar la lucha contra el crimen organizado, atraer inversiones y crear empleo.

La víctima es Cosme Parrales, quien ejercía como director de la cárcel de El Rodeo, situada en la ciudad de Portoviejo, que pertenece a la costera provincia de Manabí, según confirmó en un comunicado el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), la agencia penitenciaria del Estado.

De acuerdo a medios locales, Parrales, que había asumido el cargo de director de la prisión hacía cinco días, fue atacado a tiros por presuntos sicarios en una cevichería en la que se encontraba almorzando en la localidad de Jipijapa, cercana a Portoviejo.

Este es el tercer asesinato en cinco días de una autoridad en Ecuador, después de que se registraran el miércoles y el viernes los asesinatos de dos alcaldes de municipios del sur del país que tienen en sus territorio presencia de actividades minería ilegal.

El asesinato de Parrales rompió la tranquilidad de la jornada de votaciones, que hasta ese momento se desarrollaba sin mayores incidentes, más allá de los causados por las fuertes lluvias caídas en las últimas horas en diferente partes del país, que impidieron que se abriesen al menos tres centros de votación.

La gestión y seguridad de las cárceles son parte de las once preguntas del plebiscito convocado por Noboa para que los ecuatorianos se pronuncien sobre las líneas maestras a menos de un año de las nuevas elecciones generales, previstas para febrero de 2025.

Una de las preguntas plantea que sean las Fuerzas Armadas las que se hagan cargo de control de los accesos a las prisiones, epicentro de la crisis de violencia que azota a Ecuador y que le ha llevado a ser uno de los países con más homicidios de Latinoamérica, con una tasa de 45 por cada 100.000 habitantes en 2023.

También propone que los militares apoyen a la Policía en sus operaciones contra el crimen organizado de forma permanente, sin necesidad de expedir estados de excepción, como el emitido por Noboa a inicios de año, con el que también declaró el "conflicto armado interno" contra las bandas criminales.

Con esa medida militarizó las cárceles para arrebatar el control de estas a bandas criminales, que en su interior habían logrado ingresar y almacenar grandes arsenales de armas de fuego y explosivos, utilizados muchas veces en las masacres registradas en el interior de las cárceles por disputas entre grupos rivales y que desde 2020 han dejado alrededor de 500 presos asesinados.

El referéndum de Noboa también apunta a otras medidas como que el armamento incautado a la delincuencia se destine a equipar a las fuerzas estatales, entre otras medidas como permitir la extradición de ecuatorianos que sean requeridos por la Justicia de otros países.

Asimismo, los ecuatorianos votan si están de acuerdo en establecer un sistema de juzgados especializados en el derecho constitucional, reconocer los arbitrajes internacionales en cualquier jurisdicción como método para atraer inversión extranjera y permitir los contratos temporales por horas, con la idea de incentivar la creación de empleo.

El Ministerio de Seguridad prorrogó la emergencia en materia penitenciaria por dos años más, desde la fecha de vencimiento del plazo establecido previamente. Se oficializó la medida por medio de la publicación de la Resolución 254/2024 en el Boletín Oficial. Responde a la persistente crisis en el sistema penitenciario federal, que se enfrenta a sobrepoblación, deficiencias en infraestructura y problemas de gestión.

El sistema penitenciario federal de Argentina actualmente alberga a 11,453 personas, superando su capacidad operativa de 11,361 plazas, de acuerdo con la Resolución Ministerial de Condiciones de Habitabilidad de junio de 2021. Este exceso pone al sistema en una situación de sobrecarga que afecta la calidad de vida de las personas privadas de su libertad y genera riesgos para los derechos humanos.

Además, se espera el ingreso de otras 4,265 personas privadas de la libertad desde distintas dependencias policiales y de seguridad del país, lo que agrava aún más la falta de capacidad del sistema penitenciario.

El 54.88% de las personas alojadas en el sistema penitenciario federal están condenadas, mientras que el 45.10% son procesados. Estos datos ponen de manifiesto la urgente necesidad de gestionar de manera eficiente los procesos judiciales y la situación de las personas privadas de la libertad.

Una de las principales razones de la emergencia es la obsolescencia de la infraestructura penitenciaria. Los procesos judiciales han revelado que las instalaciones están en condiciones precarias, sin el mantenimiento necesario para mantener su habitabilidad y operatividad en condiciones de seguridad.

Por ejemplo, muchas unidades penitenciarias federales son centenarias y requieren adecuación, renovación y modernización para garantizar las condiciones de habitabilidad y los derechos humanos de las personas privadas de su libertad y los miembros del servicio penitenciario que trabajan en estos centros.

El Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, implementado como una alternativa a la prisión a través de la Resolución N° 1379/2015, ha ayudado a aliviar la presión en las cárceles. A la fecha, este programa cuenta con 1,334 personas incorporadas mediante el uso de dispositivos de monitoreo electrónico, a solicitud de la justicia nacional y federal.

Desde la declaración de la emergencia penitenciaria en 2019, la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) ha entregado 4,070 dispositivos electrónicos en el marco de 23 convenios de asistencia técnica y financiera con distintas provincias del país.

El reciente cambio de gestión de autoridades el 10 de diciembre de 2023 ha mostrado que las circunstancias que motivaron la emergencia en 2019 y 2022 no han mejorado, sino que se han profundizado. La nueva administración señala que, además de la falta de capacidad, el sistema se ve afectado por la falta de infraestructura adecuada y el incumplimiento de acuerdos importantes para la construcción de nuevas instalaciones penitenciarias.

El gobierno nacional ha destacado la importancia de la construcción de nueva infraestructura penitenciaria como una política pública fundamental para superar la emergencia. Sin embargo, proyectos clave como el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz han sido suspendidos, lo que ha impedido el aumento de plazas penitenciarias.

La prórroga de la emergencia busca enfrentar los desafíos actuales mediante la elaboración de propuestas de reformas y políticas públicas que permitan resolver la situación. Además, se pretende llevar a cabo un relevamiento de la infraestructura existente para identificar necesidades de construcción, renovación y modernización de los establecimientos penitenciarios.

En línea con estos objetivos, se han aprobado sistemas de gestión para personas privadas de la libertad de alto riesgo en el Servicio Penitenciario Federal, así como programas para combatir el accionar de miembros de organizaciones criminales alojados en el sistema.

Resolución 254/2024 by El Litoral

El diputado nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, en conjunto su par por Buenos Aires, Ramiro Gutiérrez presentaron proyecto de Ley que busca penalizar a quienes introduzcan aparatos tecnológicos y armas en las cárceles. 

Proyecto “Violación de Seguridad en las Cárceles” by Manuela Dias Fredes on Scribd

En este sentido, Mirabella manifestó: “Resulta imperativo abordar de manera integral y urgente la problemática relacionada con la introducción de objetos, dispositivos, armas y sustancias peligrosas en los establecimientos penitenciarios. Hasta ahora la introducción o tenencia de artículos no permitidos o prohibidos dentro de las cárceles constituye una simple falta administrativa para los funcionarios y una pérdida de beneficios a los que pueden acceder los privados de libertad”, añadió el diputado. El proyecto tiene como objetivo tipificar en el Código Penal el delito de introducir elementos  prohibidos en las cárceles, como ser teléfonos celulares, tarjetas SIM,  o cualquier otro artefacto tecnológico, así como también cualquier elemento, sustancia tóxica, explosivo, arma o todo instrumento capaz de atentar contra la seguridad y la vida. Mirabella detalló: “La pena será de 1 a 3 años para quien ingrese o intente ingresar al establecimiento penitenciario cualquier elemento sin autorización y se elevará hasta 4 años , con inhabilitación por el doble de tiempo, si  la conducta es ejercida por un abogado, procurador o funcionario público”. Además, agregó “La tenencia y uso no autorizado de cualquiera de dichos elementos por el interno o detenido será reprimida con prisión de 2 a 5 años”. Por último, el legislador santafesino concluyó: “Como legisladores, debemos actuar con determinación y  firmeza para abordar esta situación, promulgando una reforma que establezca sanciones duras para los responsables de este tipo de delitos y fortalezca los mecanismos de prevención y control en el sistema penitenciario".

“Solo de esta manera podremos garantizar la seguridad y la justicia en nuestra sociedad”, finalizó.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, en declaraciones a la prensa, se refirió a la situación del servicio penitenciario y los detenidos en pabellones de alto perfil: “Se están cumpliendo con todas las normas que establece la Ley de Ejecución Penal de la provincia de Santa Fe, que permite la realización de requisas sorpresivas, aleatorias y, lo que se vio, no es otra cosa que medidas de seguridad”, dijo sobre las imágenes que mostraron el resultado de los operativos en Piñero. 

Al referirse a las fotos de requisas en cárceles, apuntó que “las fotografías se dan protegiendo, por supuesto, la identidad de las personas, tanto de los reclusos como del personal, pero nos parece un gesto de transparencia que se pueda mostrar esto. Son procedimientos de control que no deberían ser un tabú. Es lo que nuestro personal tiene que vivir a diario y es como se está trabajando para recuperar la seguridad en los penales de Santa Fe y, por este medio, también recuperar la seguridad en las calles”. 

Luego explicó que en, la gestión anterior, el personal penitenciario que realizaba las requisas era “sometido a sumario cada vez que se rompía algo” y que, a su vez, los agentes “también son objeto de amenazas intimidaciones, les tiran con lavandina, con agua hirviendo”. “Entonces tomamos una serie de medidas de precaución. La primera fue que entren con el rostro cubierto y sin identificación. Tienen un número que permite posteriormente ser identificados en caso de que judicialmente o administrativamente se lo requiera. La segunda son las medidas de sujeción, ya que para trabajar en profundidad en la requisa es necesario aplicar medidas de sujeción física para evitar que el preso pueda entorpecer el procedimiento de control. La otra opción era ponerlos contra la pared del mismo pabellón de a uno y eso hace mucho más lento el procedimiento. Las medidas de seguridad se irán ajustando en la medida en que sigamos teniendo hechos vinculables a organizaciones que operan con conexiones en el interior de la cárcel”, detalló el funcionario. 

A continuación, Cococcioni remarcó: “En estos 85 días que llevamos de gestión, entendemos que los grupos penitenciarios de requisa y de operaciones especiales están trabajando mucho mejor que cuando arrancamos. A tal punto que, en un mismo día, en una tercera requisa se encuentran elementos que no se habían encontrado en las dos primeras y esto se debe también a que el personal se siente más respaldado para poder actuar”. 

Al ser consultado sobre si, ante las nuevas medidas de seguridad, se realiza una diferenciación de los presos, el ministro destacó: “Hay un grupo de presos que son ofensores primarios, de peligrosidad media-baja, que tienen muchas posibilidades de, con herramientas de educación, capacitación en talleres, fomentar sus relaciones familiares y sociales, poder reintegrarse a la sociedad y vivir lejos del delito. Pero hay un grupo de reclusos que tienen un compromiso criminal muy grande con bandas de narcotraficantes y sicarios y nuestro objetivo primario es proteger a la sociedad tal como indica la propia ley de ejecución, que su objetivo fundamental es la prevención de la reincidencia y la protección de la sociedad y a eso estamos apuntando”.

En su primera visita oficial como ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, desde las primeras horas del viernes y secundado por todo su equipo de trabajo, realizó en Venado Tuerto la reunión de gabinete de su cartera. Además, junto con el intendente local Leonel Chiarella y la senadora por el departamento General López, Leticia Di Gregorio, recorrió dependencias públicas y mantuvo diferentes encuentros.

Entre las actividades, se destacan reuniones entre los equipos del gobierno municipal y del Ministerio de Seguridad, entrevistas con jefes policiales y visitas al Centro de Alojamiento Transitorio y el Centro de Monitoreo venadense. Además, mantuvieron un encuentro con el fiscal regional Matías Merlo y con legisladores locales y regionales.

"Estamos muy agradecidos por la presencia del ministro de Seguridad en nuestra ciudad. Para nosotros, esta presencia territorial y que él decida realizar su reunión de gabinete acá es muy importante", dijo Chiarella, el primer orador de la conferencia de prensa realizada en el Palacio Municipal. 

Además, el mandatario venadense auguró que "toda esta agenda de actividades tenga como resultado el trabajo mancomunado del gobierno municipal y el gobierno provincial para tener mayor presencia policial en las calles de Venado", y adelantó que habrá "una inversión provincial para ampliar el Centro de Monitoreo".    

En el mismo sentido, el ministro Cococcioni anunció un conjunto de medidas integrales destinadas a abordar los desafíos en materia de seguridad que enfrenta la región.

En primer lugar, expresó su agradecimiento a los medios presentes y destacó la importancia de comunicar no solo en situaciones de crisis, sino también los planes y proyectos proactivos que buscan mejorar la seguridad en la provincia.

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La primera medida anunciada por el responsable de la cartera de Seguridad fue la aprobación de leyes significativas en la Legislatura provincial, que respaldarán los esfuerzos en el combate contra el microtráfico de estupefacientes, la inteligencia, la reforma del servicio penitenciario y la ejecución de penas. El ministro, además, reconoció el apoyo de la Legislatura y agradeció a la senadora Leticia Di Gregorio por su contribución.

"Esta semana la Legislatura ha tenido un ritmo frenético y va a seguir así hasta el 11 de enero, dando muestras contundentes de apoyo. En tu persona, Leticia (Di Gregorio), quiero agradecer a todos los legisladores de la provincia de Santa Fe por el respaldo y la celeridad con la que hemos formado grupos de trabajo, estudiando y trabajando", subrayó Cococcioni, adelantando un final de año "con un paquete de leyes que nos van a dejar trabajar; vamos a poder tener una política de seguridad de verdad, con una nueva base normativa que por primera vez está un poco más a nuestro favor y no vamos a jugar con la cancha inclinada en contra". 

Luego, el ministro también elogió el compromiso del intendente Chiarela y su equipo en la gestión de políticas locales de seguridad. Y anunció que se fortalecerá el trabajo conjunto con los gobiernos municipales y comunales, reconociendo la labor que realizan en términos de seguridad, muchas veces supliendo las deficiencias de la provincia.

"Más allá de las medidas propias que estamos tomando con nuestra policía, como el bloqueo administrativo y sacar todos a la calle para recuperar la proactividad policial con cacheos, averiguación de antecedentes y secuestros en calle con aprehensiones en flagrancia, también viene un capítulo que es empezar a reconocer y a fortalecer lo que están haciendo los gobiernos locales, que por más que no sea su trabajo y su función primordial, están ocupándose de la seguridad, muchas veces supliendo al gobierno", disparó el funcionario, anunciando el plan Vínculos, mediante el cual "vamos a subsidiar y fortalecer financieramente las políticas de seguridad que ellos ya están llevando adelante".

Seguridad penitenciaria

En relación con la seguridad penitenciaria, Pablo Cococcioni destacó la necesidad de construir nuevas unidades penitenciarias y la falta de inversión en este aspecto en los últimos años, y anunció planes para recuperar y construir nuevas instalaciones penitenciarias que cumplan con estándares de seguridad adecuados. 

"En cuatro años prácticamente no hubo construcción de nuevas unidades penitenciarias", enfatizó el funcionario provincial, agregando que "en toda la provincia, de tener 495 detenidos en comisarías, pasamos a tener 1.700; se ha multiplicado por 3,5 la cantidad de presos en comisarías como consecuencia de la falta de nuevas cárceles".

En lo que respecta a la región, el ministro se refirió a la Alcaidía de Melincué y la intención de reflotar el proyecto de Lisandro Enrico para la construcción de una nueva Unidad Penitenciaria en General López. 

"Uno de los puntos del plan va a ser recuperar el proyecto de una Unidad Penal en el departamento y que tenga las medidas de seguridad adecuadas. Ustedes saben -señaló Cococcioni- que en la Alcaldía de Melincué los policías tienen que estar ahí y ellos no tienen la culpa, pero es un galpón. Es una chapa sobre cuatro perfiles de hierro, los presos se trepan por el perfil, empujan, la chapa se sale y están en el centro de Melincué. Una Unidad Penitenciaria no tiene que estar en el casco urbano, tiene que estar afuera, con medidas de seguridad adecuadas, con barreras físicas". 

Un aspecto crucial abordado por Cococcioni fue la unificación de las fuerzas de seguridad, sobre lo cual adelantó la centralización de las policías especiales bajo el comando de la Secretaría de Seguridad Pública, dirigida por el Comandante General y Veterano de Guerra de Malvinas, Omar Pereira. Esta medida busca mejorar la coordinación y la articulación entre las fuerzas de seguridad provinciales.

En cuanto a la problemática de las cárceles, el ministro mencionó la falta de control sobre las telecomunicaciones como un desafío significativo, anunció la implementación de tecnologías más eficaces, como inhibidores, y abogó por una regulación a nivel nacional para controlar las telecomunicaciones y garantizar el funcionamiento adecuado de estos dispositivos.

En relación con el recurso humano, Cococcioni expresó su compromiso de mejorar las condiciones laborales, brindar formación adecuada y fortalecer la moral de los agentes de seguridad.

En conclusión, el ministro de Seguridad de Santa Fe presentó un plan integral que aborda diversas problemáticas en materia de seguridad, desde la construcción de nuevas unidades penitenciarias hasta la regulación de las telecomunicaciones. También agradeció el apoyo de la Legislatura y de los gobiernos locales en esta tarea fundamental para recuperar la paz y la seguridad en la provincia.

Cobertura: Mauro Dalmazzo.

Un exdirector de Establecimientos Penitenciarios de Paraguay, que estaba amenazado de muerte desde 2021, fue acribillado este jueves a balazos por sicarios. Antonio Bazán, exresponsable de los penales del país y ahora con tareas en la cárcel de Concepción -a unos 500 kilómetros de Asunción- fue asesinado de varios balazos, aunque intentó resistir el ataque.

"Bazán se disponía a tomar su turno de la mañana en el penal de Concepción. Su vehículo fue interceptado por los sicarios que lo asesinaron de 9 disparos de arma de fuego", precisó el jefe de la Policía de Concepción, Feliciano Martínez.

El ministro del Interior, Enrique Riera, por su parte, advirtió que el país está "perdiendo la guerra contra la delincuencia organizada".

Bazán había recibido amenazas de muerte en 2021 cuando se desempeñaba como director de Penitenciarias, cuando un desconocido que lo contactó por mensajes se identificó como miembro del Clan Rotela, un grupo criminal dedicado al microtráfico que domina la cárcel Tacumbú de Asunción, la mayor del país.

En el aviso, se le decía que la organización conocía todos sus movimientos y los de su familia y se le advirtió que pagaría caro la serie de traslados de presos que realizaba para reducir la cantidad de presidiarios de Tacumbú, unos 3.000 para un edificio con capacidad para 1.600.

El 10 de octubre pasado, los presos del penal encabezados por el Clan Rotela, liderados por el condenado Javier Rotela, se amotinaron por 15 horas y mantuvieron como rehenes a una veintena de guardias.

Los presidiarios presionaron a las autoridades penitenciarias para permitir el regreso de reclusos a pesar de la superpoblación.

El presidente Santiago Peña dijo entonces que "muchas veces, el precio de la paz implica escuchar a los ciudadanos, como en este caso los privados de su libertad".

Su ministro de Justicia, Angel Barchini, dijo que el control de la penitenciaría por las autoridades "tendrá su costo en vidas humanas" y agregó que los miembros del crimen organizado "al Gobierno no le van a manejar la agenda".

En junio de 2022 ya había sido asesinado otro exdirector de Tacumbú, Oscar Daniel González Olmedo.

La población carcelaria de Paraguay es de unas 16.000 personas distribuidas en 18 penitenciarías.

La fiscal María Ester Giménez detalló, en declaraciones que cita el portal Última Hora, que Bazán fue interceptado por dos sicarios en una moto, uno con casco y otro con un pasamontañas.

A medida que en Paraguay crecieron los grupos ligados al narcotráfico, se extendió también la práctica del sicariato, sobre todo en los departamentos de frontera.

Presos de seis cárceles de Ecuador mantienen secuestrados a 57 guardias penitenciarios y policías en protesta por operativos de seguridad de la fuerza pública en las prisiones, indicó este jueves el organismo rector de los reclusorios (SNAI).

La entidad señaló en un comunicado que siete policías y 50 agentes carceleros “están retenidos en seis centros de privación de libertad”, sin dar mayores detalles sobre lo sucedido.

Más temprano el ministro de Interior, Juan Zapata, había indicado que todos los guardias estaban retenidos en la prisión de Cuenca, donde los reclusos protestan desde el miércoles por la presión policial.

“Este suceso sería una respuesta de los grupos criminales ante las intervenciones de la fuerza pública en los centros penitenciarios del país, cuyo propósito es el decomiso de objetos prohibidos que son utilizados en hechos violentos”, indicó el SNAI.

El miércoles, cientos de soldados y policías realizaron un operativo de búsqueda de armas, municiones y explosivos en una cárcel de la andina Latacunga (sur), una de las principales de la nación y escenario de las frecuentes matanzas entre reclusos que dejan más de 430 muertos en todo el país desde 2021.

Las hipótesis sobre las retenciones han ido cambiando a lo largo del día.

Las hipótesis sobre las retenciones han ido cambiando a lo largo del día. En un principio el SNAI indicó que se trataba de una represalia por esa “intervención” de la fuerza pública.

Luego, autoridades señalaron que la retención es en protesta por el traslado de reclusos a otras cárceles.

“Estamos preocupados por la seguridad de nuestros funcionarios”, expresó Zapata en rueda de prensa en Quito.

El miércoles, cientos de soldados y policías realizaron un operativo de búsqueda de armas

De acuerdo con el SNAI, se “está tomando una serie de acciones para recuperar el orden en el sistema penitenciario” con el apoyo de militares y policías.

También hubo un intento de motín en el correccional de menores de Quito “Virgilio Guerrero”, donde los adolescentes causaron un incendio en el segundo y tercer piso de este centro, lo que obligó a los bomberos a un gran despliegue para controlar las llamas sin que aparentemente no se registraron víctimas.

Bandas vinculadas al narcotráfico sostienen una guerra por el poder y usan las prisiones como centros de operaciones.

Ante los cruentos enfrentamientos entre las organizaciones aliadas a carteles mexicanos y colombianos en las cárceles, el presidente Guillermo Lasso decretó el 24 de julio el estado de excepción en todo el sistema penitenciario por 60 días, lo cual le permite desplegar militares en las prisiones.

Estos episodios son parte de la creciente ola de violencia en la que está inmerso Ecuador, lo que ha hecho que el país pase en cinco años de 5,8 a 25,32 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes en 2022, la cifra más alta de su historia, con recurrentes asesinatos y matanzas vinculadas al crimen organizado y al narcotráfico.

(Por Ivana Fux) – Habilitado el nuevo sistema de inhibición total de señal en la cárcel de Piñero, el Servicio Penitenciario inicia ahora los estudios de factibilidad para trasladar el mismo mecanismo a los penales de Rosario, Las Flores y Coronda. Pero los tres presentan la particularidad de que se encuentran enclavados en zonas urbanas. Por ello, queda prácticamente desestimada la posibilidad de una inhibición total. En cambio, se piensa en un sistema de bloqueo “parcial o sectorial”.

Consultado por El Litoral, el titular del Servicio Penitenciario provincial, Walter Gálvez, anunció que “en diez días” se firmarán tres convenios con el INVAP para comenzar los estudios de factibilidad a fin de determinar qué sistema es más atinado para cada penal a inhibir.

“La intención es determinar qué es lo más conveniente para cada unidad porque cada una tiene su propia fisonomía. Y las tres están en zonas urbanas por lo que requerimos que nos asesoren respecto de si es pertinente una inhibición total o sectorial y parcial”, dijo el funcionario. “Y por la experiencia de Piñero – acotó-, vimos que por momentos costaba que la barrera de inhibición no superase los muros del penal y se extendiese a las empresas de servicio que estaban en los alrededores de la cárcel”. Gálvez descansó en “la experiencia” de la empresa israelí que proveyó los equipos tecnológicos, sobre todo en países de Centroamérica y África, que les ha permitido “desarrollar también sistemas de inhibición de manera parcial”.

– ¿Por lo tanto sería un sistema diferente al de Piñero?

– Sí, porque también son unidades diferentes. Piñero es un penal de máxima seguridad. Hay alojados allí 450 internos de alto perfil de los 2200 presos que tenemos en total. En cambio, Las Flores tiene otro tipo de detenidos. Ahí tenemos, además, pabellones más espaciados; y Coronda tiene su propia fisonomía también. Por eso no se puede instrumentar lo mismo. En Las Flores tenemos pocos internos de alto perfil, entonces allí quizá pueda plantearse un sistema de inhibición sectorial pero no en todo el perímetro de la unidad. Son tres penales diferentes. Coronda sí tiene presos federales vinculados a barras bravas, y ello amerita otro tipo de tratamiento.

– ¿La compra de esos equipamientos ya fue licitada?

– No, son tres estudios diferentes de factibilidad que se deberían estar terminando en sesenta días. Y a partir de allí, se inicia el expediente para la compra de los equipos. Pero el camino ya está desandado.

– Por la experiencia de Piñero, la posible instalación de los equipos va a trascender la actual gestión, entonces…

– Posiblemente, pero el piso que se deja es mucho más alto que el que recibimos. Quien asuma adoptará la decisión política que crea más conveniente, pero nosotros dejaremos todo listo. A tal punto es de avanzada el equipamiento, que la semana pasada nos visitaron funcionarios del sistema federal porque también en el sistema nacional carcelario tienen serios problemas. Ésta es la única cárcel del país que tiene esta tecnología.

El sistema de inhibición total en Piñero implicó la instalación de 8 inhibidores en la zona del cerco perimetral de seguridad y en lugares estratégicos para inhibir sectores de interés. El mecanismo genera una señal de interferencia en las diferentes bandas seleccionadas de manera que cualquier teléfono celular al momento de querer intentar conectarse a la red celular, encuentre primero la señal de inhibición. Cada inhibidor consta de dos gabinetes metálicos con sistemas de refrigeración forzada. En su interior están instalados los diferentes módulos conectados a ocho antenas direccionadas a una altura de diez metros. El sistema es monitoreado de manera remota, desde un software de gestión.

Así como sorprendió el empate entre los precandidatos a gobernador Maximiliano Pullaro y Marcelo Lewandowski en el ámbito de la población carcelaria que participó de las elecciones primarias el pasado domingo, también llamó la atención que quien ganara en la categoría “diputados” fuese precisamente quien intensificó los controles en los penales a través de los scanners, body scanners y los propios inhibidores. Sí, fue Omar Perotti quien ganó la elección según el escrutinio de la población carcelaria.

El actual gobernador triunfó cómodamente en la interna de su partido superando tanto a Marcos Cleri, como a Eduardo Toniolli y Leandro Busatto; pero con sus 70 votos, también se convirtió en el postulante más votado teniendo en cuenta el resto de los espacios políticos. El segundo lugar quedó para Amalia Granata con 48 votos; y el tercero, para el actual concejal de esta ciudad, Juanjo Piedrabuena. El cantante de música tropical obtuvo 31 votos.

La fuga de cinco internos de una comisaría en la ciudad de Santa Fe el fin de semana volvió a dejar en evidencia el problema de superpoblación carcelaria en la provincia de Santa Fe. Cárceles atestadas de internos y dependencias policiales con una cantidad de presos que duplica la capacidad física de cada repartición. Y esos reclusos, al cuidado de un personal que es escaso y que no está preparado ni entrenado para la función penitenciaria.

Las autoridades confiaban en que la inauguración de la nueva Alcaidía que ya funciona en la cárcel de Las Flores permitiría descomprimir el panorama. Pero a juzgar por los hechos, la situación sigue siendo límite. Así lo confirmó, de hecho, el director del Servicio Penitenciario provincial, en diálogo con la prensa. “Estamos trabajando al tope permanentemente”, dijo Gabriel Leegstra. Y consultado por El Litoral, ratificó que “el desborde y colapso” por el que atraviesa el sistema carcelario con un “exceso promedio de 2300 internos”, repercute en las comisarías. “Al no tener ya más capacidad en los penales, los detenidos terminan siendo alojados en las comisarías”, admitió.

– ¿Es suficiente la capacidad de la Alcaidía para paliar la situación de las comisarías? – se le preguntó-

– La alcaidía es una puerta de entrada al Servicio Penitenciario. Tiene 240 plazas que son móviles. Hoy está lleno, mañana se derivan o salen con libertades algunos y se hace espacio. Permanentemente se mueve el ingreso a alcaidía pero estamos trabajando a tope permanentemente. Los detenidos que están allí son derivados a las restantes cárceles o en algunos casos recuperan la libertad. Eso da plazas que se vuelven a ocupar y es una especie de triaje.

Cómo viven y trabajan las mujeres penitenciarias en una institución históricamente masculina

– ¿No hay manera de descomprimir las comisarías?

– Se trabaja permanentemente en eso. Todas las semanas estamos recibiendo detenidos de las comisarías. De hecho, el Servicio Penitenciario en si mismo está con toda su capacidad ocupada y tenemos más internos de los que deberíamos tener. Pero se está trabajando permanentemente con la Jefatura de Policía y Ministerio de Seguridad recibiendo todas las semanas detenidos que provienen de las comisarías y de los procedimientos policiales.

¿Quiénes son las mujeres que trabajan en el Servicio Penitenciario? ¿Cómo perciben su desempeño? ¿Tienen expectativas de crecer profesionalmente? ¿Cómo es el vínculo con los varones? ¿Qué herramientas les otorga la institución por su condición de mujer? ¿Y si son madres?

Esos fueron algunos de los tópicos que se analizaron en la Primera Encuesta a Trabajadoras Penitenciarias de la Provincia de Santa Fe, una iniciativa inédita en el país que se desarrolló por iniciativa del Programa Delito y Sociedad de la UNL, junto con la Subsecretaría de Bienestar y Género del Ministerio de Seguridad y el Consejo Federal de Inversiones de la Nación; en el marco del proyecto de investigación “Trayectorias y Roles Laborales de las Mujeres Penitenciarias de la Provincia de Santa Fe”.

Fueron 278 preguntas destinadas a las 781 trabajadoras penitenciarias (sobre un total de 4058 agentes), de las que respondieron 258. Las conclusiones fueron presentadas el martes en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de esa casa de estudios.

“Es la primera vez en la Argentina que una universidad pública, en este caso el equipo de Delito y Sociedad, con el apoyo de la Subsecretaría de Bienestar y Género del Ministerio de Seguridad y el Consejo Federal de Inversiones encara un estudio para entender la historia y las trayectorias laborales de las mujeres dentro del Servicio Penitenciario”, sostuvo Máximo Sozzo, coordinador del equipo junto a María Victoria Puyol.

En diálogo con la prensa, Sozzo fue el encargado de explicar la metodología de la investigación, pero también de reseñar la historia de la institución: “Los servicios penitenciarios nacieron como instituciones de varones, con la mínima excepción a fines de siglo XIX y principios del siglo XX en que las mujeres eran contratadas para trabajar en prisiones de mujeres o para hacer tareas administrativas”.

Esa situación está cambiando “porque el volumen de mujeres que ingresa es mayor: hoy, casi una de cada 5 personas que trabaja allí es mujer”.

El dato es auspicioso pero “implica una serie de desafíos para los servicios del mundo y de la provincia”. En ese marco, la encuesta “procura ser una fotografía de experiencias y representaciones de las mujeres sobre todas las dimensiones al interior de las prisiones: desde los procesos de ingreso hasta las tareas cotidianas, la relación con sus pares que son varones y con sus superiores que también lo son”.

Uno de los problemas fundamentales es “cómo una institución que originariamente era de varones se adapta a este ingreso cada vez más importante de mujeres y en qué medida se reproducen situaciones de desigualdad, discriminación y maltrato”.

En este punto surge que “una cierta proporción de las mujeres, 2 de cada 10, dicen haber experimentado alguna vez una situación de acoso sexual al interior de la institución penitenciaria. Eso nos muestra que es una práctica que existe allí como en otras instituciones estatales”.

Ordenan instalar inhibidores de señales telefónicas en las cárceles santafesinas

Sin embargo, “la mayor parte de quienes lo dicen no hacen referencia a muchas situaciones sino a una específica. Frente a eso registramos quiénes denuncian y quiénes no lo hacen: no es casual que muchas de las mujeres tengan reticencia de denunciar estas situaciones”.

Consultado sobre la motivación de las mujeres para ingresar a la institución, evaluó que “el 80 % de las encuestadas se declara muy comprometida o comprometida con el trabajo. Pero eso no les impide ser críticas con el desarrollo de la actividad en otros aspectos”.

Esta es la primera parte de la indagación. La segunda será a través de un cuestionario de profundidad que permitirá develar nuevas conclusiones en un mundo que durante décadas estuvo invisibilizado.

Estas son apenas algunas conclusiones del estudio realizado sobre mujeres que se desempeñan en el servicio penitenciario provincial.

– La mayoría, 51,8 % de las encuestadas que respondieron tienen entre 30 y 39 años; 33,3 %, apenas un 8,2 % tiene menos de 29 años. Más de la mitad (54,1 %) reside en La Capital. El 35,3 % están en la categoría de subayudante. El 43 % tiene entre 6 y 10 años de antigüedad.

– Más del 54 % está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con el cupo máximo de mujeres para el ingreso.

– Más del 67 % acuerda con la paridad de género para el ingreso. Una cifra similar a la que coincide en que ingresan más mujeres que antes al SP

– La mayoría considera que no hay un abordaje del rol de la mujeres y sus problemas en el SP.

– Más del 37 % cree que alguna vez o frecuentemente hubo discriminación con respecto a los varones durante la formación básica.

– Si bien aumenta la presencia de mujeres en el SP, aun hay un 26 % que piensa que tienen menos oportunidades de ascenso que los varones. Un 68 % dice que no hay obstáculos para el ascenso por su condición de género.

– Un 60 % está satisfecha o muy satisfecha con el trabajo penitenciario. Es mínima la proporción que considera que es un trabajo bien remunerado.

– La mayoría (más del 55 %) trabaja en una unidad penitenciaria de varones.

– Un 76 % tiene hijos, pero un número mayor (88 %) no desea que éstos trabajen en el SP.

– Más del 70 % encuentra dificultades para conciliar las exigencias del trabajo con las tareas de cuidado.

– El 66 % admite estigmatización con pedidos de licencia ligados a la maternidad. Más del 80 % describe como no adecuadas las políticas respecto a las tareas de cuidado vinculadas con la maternidad.

– Con diferente grado de frecuencia, un 70 % encuentran varones que las consideran no aptas para una tarea por el hecho de ser mujeres. En general esa discriminación disminuyó mucho o un poco en los últimos años. A la vez, un 67 % sostiene que hay políticas y decisiones en contra de la discriminación.

– Más de la mitad ve como probable o muy probable que una mujer ocupe la posición de máxima autoridad del SP.

– Un 12,5 % reconoce haber sufrido acoso sexual una vez; 11,8 % varias veces y 1,2 % muchas veces. Pero apenas un 7,7 % hizo la denuncia a una instancia del SP. ¿Por qué? “Porque preferí solucionarlo yo misma”, “porque te cambian de destino”, “porque no te hacen caso”, “por vergüenza”, “porque te amenazan”, “porque no sabía adónde denunciar”, “por consejo de un colega o superior”, según las opciones analizadas. Menos de la mitad piensa que esta problemática evoluciona en menor medida.

– Más del 90 % cree que sería útil crear una red de trabajadoras penitenciarias.

El director del Servicio Penitenciario Gabriel Leegstra anticipó que se está llevando adelante un proceso de selección para el ingreso de 600 agentes penitenciarios. De ese total, 240 serán mujeres.

“Esto representa más de un 30 % de ingreso de personal femenino”, evaluó. “También tenemos mujeres en nuestra conducción y en la plana mayor, lo cual nos da otro conocimiento y comprensión de su rol”, dijo el funcionario, en el marco de la presentación de la encuesta a trabajadoras penitenciarias de la provincia de Santa Fe que desarrolló la Universidad Nacional del Litoral junto con el Ministerio de Seguridad.

Hace dos años la Universidad Nacional del Litoral (a través del Programa Delito y Sociedad) y el Ministerio de Seguridad realizaron una radiografía de la situación de las mujeres en la fuerza policial. Entre aquel estudio, que también fue inédito en la región, y el que se presentó este martes sobre la situación de mujeres penitenciarias hay puntos en común, según señaló el investigador Máximo Sozzo.

“Desde hace algunos años, el programa viene poniendo en el centro de la escena la manera en que operadores y operadoras de las instituciones de control de delito trabajan y se desarrollan entre sí. Es un elemento crucial de nuestra actualidad”. En esa línea, consideró que “en las dos instituciones se está produciendo un cambio de carácter histórico”.

“En la policía es aún más dramático porque hoy más de 30 % del personal policial santafesino está compuesto por mujeres. Es un cambio radical porque hace 20 años, esa proporción era de un 10 ó 12 %”. En tanto, en el servicio penitenciario esa tendencia es más contenida, pero “también está ocurriendo”. “Creo que hay desafíos para la política y la institución penitenciaria, y la política y la institución policial”, concluyó.

Por Mario Cáffaro

La Cámara de Diputados votó, por unanimidad, un proyecto de ley disponiendo la instalación de inhibidores de señal de telefonía móvil e internet inalámbrica en las unidades penitenciarias provinciales. El objetivo es evitar que desde las cárceles se ordenen negocios ilícitos e incluso ejecuciones como viene ocurriendo tanto desde institutos santafesinos como federales.

Durante el paso por tres comisiones, la Cámara elaboró un texto a partir de iniciativas de Ximena Sola (Pro) que apunta a regular el derecho a comunicación telefónica que gozan quienes se encuentran recluidos en establecimientos penitenciarios para tomar contacto con familiares, amigos, abogados, curadores y abogados; y otro de Nicolás Mayoraz y Natalia Armas Belavi (Vida y Familia) que se propone prohibir el uso de telefonía móvil e internet inalámbrica creando el programa “Cárceles seguras, Santa Fe segura”.

El texto votado por los 33 diputados presentes determina que la Secretaría de Asuntos Penales y Penitenciarios, dependiente del Ministerio de Seguridad, es la encargada de la aplicación para lo cual deberá realizar las licitaciones correspondientes para contratar el servicio de provisión, control técnico y reparación del sistema de inhibición de señal que garantice un adecuado funcionamiento sobre la telefonía móvil, internet inalámbrica, sistema de telefonía fija e internet por cable. También deberá brindar mecanismos especiales de seguridad a la empresa prestadora del servicio, a fin de garantizar una segura prestación del mismo; y ejercer el contralor del cumplimiento de la norma.

Por otra parte, la Secretaría de Asuntos Penales y Penitenciarios deberá realizar las gestiones pertinentes ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) correspondientes a la asistencia técnica y las excepciones normativas, para dar cumplimiento con lo dispuesto.

Sola no estuvo presente en la sesión durante la votación mientras que Mayoraz expuso argumentos a favor del proyecto aunque adelantó que insistirá su bloque en profundizar acciones para evitar la continuidad de “negocios” ordenados desde los establecimientos penitenciarios. El legislador señaló que a decir de los fiscales de Rosario especializados en balaceras, el 90% de los hechos son ordenados desde las cárceles, especialmente desde Piñero.

“Privados de la libertad y a cuidado del Estado, se las arreglan para seguir cometiendo delitos e incluso con mayor violencia para intentar mantener el territorio”, señaló. “Rosario es víctima de delitos ordenados desde las cárceles, donde la sociedad está azorada y la política no da respuesta. Es difícil explicar a la sociedad porqué no sancionamos una ley para prohibir el uso de celulares en las cárceles”, acotó. Recordó que en la discusión en comisiones, algunos legisladores y funcionarios hicieron notar que hay una ley nacional que prohíbe el uso de ese tipo de tecnología y que la provincia de Santa Fe adhirió a esa norma nacional.

El legislador rosarino que votó favorablemente el texto admitió que éste tiene “sabor a poco” porque está ordenado en la ley nacional. No dejó de marcar que “no espero nada de este gobierno provincial que se fue en promesas, en expedientes para colocar inhibidores que nunca llegan. Necesitamos un régimen legal que llene en vacío que tiene la legislación santafesina donde no hay un régimen de sanciones para el que use celulares”. Relató las quejas del personal penitenciario que requisa, quita aparatos que luego vuelven a los internos, sin sanción alguna. “Nuestro proyecto busca un régimen sancionatorio severo, prohibición acompañada de régimen sancionatorio. Hay otros herramientas además de los inhibidores” y aclaró que no se violan derechos humanos porque se cumple a rajatabla con las reglas de Mandela de Naciones Unidas para personas privadas de su libertad.

“Es absolutamente necesario reglamentar el derecho de los internos a las comunicaciones telefónicas como mecanismo para poner freno a la recurrente ola de delitos que padece la sociedad, buscando permanentemente la reinserción social de quienes se encuentran en establecimientos carcelarios”, escribió Sola en los fundamentos del proyecto.

“Privados de la libertad y a cuidado del Estado, se las arreglan para seguir cometiendo delitos e incluso con mayor violencia para intentar mantener el territorio”, aseguró el diputado Mayoraz.

Mediante la Ley N° 11.661 (de ejecución penal) la provincia adhirió a la Ley Nacional N° 24.660. Así afirma la norma santafesina que “la ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad. (Art. 1 Ley 24.660 Ejecución de pena privativa de la libertad)”.

“El condenado podrá ejercer todos los derechos no afectados por la condena o por la ley y las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten y cumplirá con todos los deberes que su situación le permita y con todas las obligaciones que su condición legalmente le impone. (Art. 2 Ley 24. 660 Ejecución de pena privativa de la libertad)”.

“El dinero, los objetos de valor y demás prendas propias que el interno posea a su ingreso o que reciba con posterioridad y que reglamentariamente no pueda retener consigo serán, previo inventario, mantenidos en depósitos. Se adoptarán las disposiciones necesarias para su conservación en buen estado. Conforme los reglamentos, el interno podrá disponer de su dinero y otros objetos. Los efectos no dispuestos por el interno y que no hubieren sido retenidos o destruidos por razones de higiene, le serán devueltos a su egreso. De todo depósito, disposición o devolución se extenderán las correspondientes constancias y recibos. (Art. 68 Ley 24.660 Ejecución de pena privativa de la libertad)”.

“Las visitas y la correspondencia que remita el interno y las comunicaciones telefónicas, se ajustarán a las condiciones de oportunidad y supervisión que determinen los reglamentos, los que no podrán desvirtuar lo establecido en los artículos 158 y 159.- (Art. 160 Ley 24.660 Ejecución de pena privativa de la libertad)”.

90% de las balaceras en Rosario son hechos “ordenados” desde las cárceles, especialmente desde Piñero, según los informes de fiscalía.

El Senado provincial puede otra vez ser el ámbito de una discusión de fondo respecto de qué se espera de un aspecto clave para la seguridad en Santa Fe: el funcionamiento del Servicio Penitenciario y de sus 10 unidades, que hoy alojan a unas 10 mil personas, de las que apenas trabaja menos del 5%.

Lisandro Enrico, el senador radical que plantea un “cambio profundo de paradigma”, piensa que ese número impactante es sin embargo bajo. Porque lo compara con el número de habitantes de la provincia y cruza datos estadísticos, pero sobre todo lo sostiene a la luz del drama de la inseguridad en las áreas más densamente pobladas. Si triunfan políticas de seguridad en el futuro habrá necesariamente más presos, razona.

El texto parte de no aceptar que los reclusos tengan los mismos derechos que los demás ciudadanos. Abiertamente sostiene que tras las rejas no puede haber ninguna forma de sindicalización, y que el trabajo en las cárceles debe tanto ser un derecho “como un deber”.

Se apunta a que la cárcel pueda ser el ámbito de recuperación y reinserción social de las personas privadas de la libertad en los fundamentos, criterio que fue respaldado -en el recinto- por uno de los senadores que aceptó agregar su firma a la iniciativa de Enrico. El senador por Vera, Hugo Sosa (PJ-Nes), dijo que en la unidad penitenciaria de Santa Felicia, donde la enorme mayoría trabaja en el área rural de que disponen esas instalaciones, es marcadamente baja la reincidencia de los delincuentes que debieron allí cumplir su pena. (En general no son presos considerados peligrosos).

Insistencia

Enrico ya probó en otra oportunidad una reforma similar pero perdió estado parlamentario y ahora reclama reavivar el debate. La Ley Provincial de Trabajo y Capacitación Laboral en las Cárceles tiene 56 artículos ordenados en 7 capítulos: Trabajo y capacitación laboral, Tareas productivas realizadas en el marco de convenios de trabajo con instituciones y empresas privadas, Estímulos y sanciones, Equipos interdisciplinarios de trabajo, Programa de inversión carcelaria, observatorio del trabajo en cárceles y Educación para el trabajo.

En su intervención, al presentar el proyecto de ley que ingresó a la Cámara alta y pasó a comisiones, explicó que la libertad condicional debe ser el estímulo más importante para que los presos acepten trabajar sin una remuneración. Y dispone que aquellos internos que se nieguen a trabajar no tengan derecho a un régimen de ese tipo. Mientras que los que sí se esfuercen gozarán de un mayor puntaje para acceder a esos beneficios en pos de su recuperación.

En los fundamentos indica que de los 9.900 presos en unidades santafesinas, solo 465 realizan algún tipo de labor. “El 54% ingresa a la cárcel con el primario incompleto, el 80% estaba desocupado al momento de ingresar y el 89% no tenía ni oficio ni profesión. Lo expuesto nos convoca a dejar de ser indiferentes ante esta realidad y aunar esfuerzos de todos los actores de la sociedad” para ocuparse de una realidad “insostenible” en “un sistema colapsado”.

Enrico pide admitir que no hay resocialización posible “cuando no se les está dando ninguna herramienta nueva o distinta para tener a la hora de salir en libertad” a los reclusos. “De hecho, hay quienes afirman que las actuales condiciones de detención no se hace otra cosa que agravar la situación y el estado de estas personas”.

Observatorio

El texto destaca que el Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias debe ser fortalecido y creado un Observatorio de Trabajo en Cárceles que cuide las condiciones laborales y de formación en las unidades penitenciarias

“Es imperioso –sostiene en los fundamentos Enrico- concientizar a quienes están privados de su libertad sobre el daño que se causaron a sí mismos, a la víctima y a la sociedad en su conjunto, y entender que a nadie le sirve que se siga encerrando gente que genera un gasto inmenso para el Estado. Necesitamos fortalecer nuestro sistema penal, y esta ley contribuye a hacerlo. Llevar una vida ocupada dentro de las cárceles, capacitarse en oficios, instruirse y terminar la primaria o comenzar nuevos estudios, se presentan como oportunidades para disminuir los altísimos índices de reincidencia que presenta nuestra provincia y como herramientas muy valiosas para que los reclusos puedan llevar adelante, una vez adquirida la libertad, una vida autosuficiente e independiente”.

Luis Rodrigo

El equipo israelí que adquirió la provincia para inhibir de manera total la cárcel de Piñero en primera instancia, y la de Coronda, después, ya está en el país. Se encuentran en Aduana para su correspondiente proceso de nacionalización y se estima que a mediados de junio, estará en funcionamiento. Se trata de una herramienta fundamental para bloquear las comunicaciones que entablan internos alojados en esos penales – a pesar de que el uso de celulares está prohibido- con interlocutores que terminan ejecutando los planes criminales que se diseñan intramuros.

Según estimó el titular del Servicio Penitenciario provincial, Walter Gálvez, “en 15 días” comenzarían las pruebas preliminares de los equipos.

“Hoy estamos trabajando sobre las 8 torres donde se encuentran las garitas. Allí ya funciona todo el equipamiento nacional; sobre él se está actuando y creemos que lo vamos a poder ensamblar en un par de semanas. Y en 10 ó 15 días a partir de ello, el sistema tendría que estar operativo. Por pliego – acotó-, en la primera quincena de junio, el sistema debería estar funcionando. No se pueden exceder de allí. Estamos muy expectantes porque esto se suma a los sistemas de control que ya están instalados en las unidades penitenciarias de la provincia, como los scanners, la cinta transportadora y body scanners donde los resultados son sorprendentes”, sostuvo.

Gálvez resaltó que se trata de un “sistema nuevo, importado de Israel y con una tecnología inédita, que no existe en el país. Esto es una novedad para todas las unidades penitenciarias de la Argentina. Por lo tanto, hay mucha expectativa por ver cuándo y cómo empieza a funcionar el sistema, y los resultados que arrojará”.

Advirtió, en otro orden, que tan importante como la instalación de los equipos es la capacitación que deberá tener el personal. “Se están buscando los perfiles (de los trabajadores), y vienen desde Israel la semana que viene a hacer la capacitación junto a personal del INVAP”, adelantó.

Según explicó, el equipamiento consta de una central desde donde se monitorea el sistema en su totalidad. “Nadie puede tocarlo, manejarlo, cambiarlo de lugar o modificar las antenas porque inmediatamente las alertas suenan. Estamos muy esperanzados en que este sistema puede dar los resultados que estamos esperando”, expresó.

Gálvez se refirió, en otro orden, a la inscripción que cerró días atrás para incorporar nuevos agentes en el Servicio Penitenciario. Recordó que se disputaban seiscientos lugares para que se anotasen los aspirantes y se iniciara luego el proceso de selección. Pero manifestó que del total, sólo un ínfimo porcentaje de los interesados pertenecen a Rosario. Es un dato contradictorio, si se repara en que algunos de los principales penales están radicados en el sur provincial. Según mencionó, de los inscriptos de manera on line, entre el “8 y 10%” eran oriundos de esa ciudad, con el agravante de que al momento de cumplir con toda la documentación exigida, sólo se presentaron doce personas.

“Ocurre lo que ocurrió históricamente – dijo-. Tuvimos un muy buen porcentaje de inscriptos, pero del universo total, una pequeña porción es de Rosario. Eso nos obliga a seguir con el sistema del traslado del personal, con todo lo que ello implica en cuanto a costos para la provincia y esfuerzo para el personal”.

El funcionario insistió en que éste es un fenómeno que se da año tras año, aunque admitió que en esta ocasión, el desinterés fue más marcado. “Más allá de los esfuerzos que se hicieron en municipios y comunas para lograr inscriptos, hay otras alternativas laborales que son elegidas antes que el Servicio Penitenciario – planteó-. La gran cantidad de gente es del norte provincial, del departamento Vera, sobre todo; y del Gran Santa Fe o Coronda. Pero del sur, son siempre pocos los inscriptos”.

Gálvez reconoció que el riesgo que implica la profesión y los bajos salarios inciden negativamente en la convocatoria. “Entiendo que debe ser así, pero esto es con lo que contamos hoy . Hace 15 días salieron casi 300 agentes que están trabajando en las unidades de Rosario pero son todos de la zona del Gran Santa Fe o de Coronda. No nos quejamos, pero evidentemente, esto requiere también de un esfuerzo grande de todo el Servicio Penitenciario en el armado de la estructura para todos los días”, concluyó.

“No hay más lugar para poner presos”, había dicho a principios de semana la Defensora General saliente, Jaqueline Balangione, mientras exponía ante la Legislatura su informe final de gestión. Y la expresión es literal. La funcionaria daba cuenta del crecimiento exponencial de la población penitenciaria en la provincia, cuando precisó que desde 2012 se triplicó el número de internos alojados en penales santafesinos. Denunció, asimismo, un exceso en el otorgamiento de prisiones preventivas y en consecuencia, un elevado número – casi el 40%- de personas privadas de su libertad sin condena.

Las cárceles desbordan, mientras los agentes penitenciarios padecen una sobrecarga laboral. Según pudo saber El Litoral, algunas celdas ya albergan entre tres y hasta cuatro internos. Y de acuerdo con lo que confirmó a este diario el propio director del Servicio, Gabriel Leegstra, el “exceso” de población carcelaria ya equivale a más de un penal completo.

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Leegstra coincidió con el diagnóstico de Balangione. “El análisis lo hace desde el territorio – valoró-; ella ha estado permanentemente auditando y visitando nuestras unidades penitenciarias. De hecho que sí, hay una superpoblación carcelaria”, reconoció. Según sostuvo, el sistema está actualmente “en unos 2.200 internos de más” respecto del cupo con el que cuenta la provincia. “Es más que un penal completo – graficó-; la mayor cárcel que nosotros tenemos en la provincia tiene capacidad para 1560 internos”.

El funcionario sostuvo que “todas” las unidades penitenciarias están superadas en su capacidad física. “Piñero tiene hoy 2200 internos; Coronda, unos 2100; Las Flores, 1500 presos… Y de hecho que esto repercute también en el servicio que se presenta y en los hombres, en los trabajadores, en los agentes penitenciarios que se desempeñan en estos penales. De ahí, aquellas quejas que hemos tenido sobre los recargos”.

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Leegstra aludió de ese modo a un efecto colateral de la superpoblación: la sobrecarga horaria que sufren los guardiacárceles que suelen terminar trabajando 48 horas por un descanso de 24. “Si bien los recargos son pagos, el trabajador se cansa”, admitió. “Estamos trabajando en esto. Ahora tenemos el egreso de 270 aspirantes que empezarán a prestar servicio en la fuerza y que ya están haciendo las prácticas. Esto generará un desagote de esta cantidad de recargos”, comentó

– Pero más agentes penitenciarios no es más plazas. ¿El sistema no es en estas condiciones una bomba de tiempo?

– Es así. También se están dando algunas soluciones. Estamos expectantes por tres módulos de ofensores sexuales que se van a inaugurar con una capacidad de 450 plazas, y esperamos la habilitación de la cárcel federal que se construye en Coronda para poder enviar allí a los presos federales que hoy están alojados en unidades provinciales. Eso permitiría más o menos equilibrar los números. Pero sí, la sobrepoblación carcelaria afecta y gravemente. Esto es un proceso que se inició en 2014, cuando cambió el sistema procesal penal. Desde entonces, la curva ascendente en la cantidad de internos no se ha interrumpido. Y ésa seguirá siendo la tendencia.