Al menos 41 reclusas fueron encontradas muertas en una prisión para mujeres de Honduras. Según familiares se dio por un presunto enfrentamiento entre miembros de pandillas rivales.

Edgardo Barahona, portavoz policial, informó que “se reportan 41 fallecidas, preliminarmente,” en una reyerta registrada en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas), situado a 25 km al norte de la capital.

Por su parte el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, dijo que las víctimas murieron “en su mayoría calcinadas y otras tiroteadas”. El funcionario no dio detalles sobre el origen del evento porque ello debe informarlo el Instituto Penitenciario, tras las pesquisas, aclaró.

La presidenta de una asociación de familiares de presos, Delma Ordóñez, dijo que durante la madrugada se dio una enfrentamiento entre miembros de las pandillas rivales Mara 18 y la Mara Salvatrucha MS-13 en la prisión, donde hay unas 900 reclusas. Ordóñez detalló que la reyerta y el incendio en el Cefas ocurrieron supuestamente después de que las autoridades notificaron nuevas reglas al interior de la cárcel.

Familiares de las reclusas se apostaron a la afueras del penal para conocer sobre el estado de sus seres queridos. En el centro opera una sala donde hay 23 niños que son hijos de las presas, según Evelyn Escoto, Comisionada del estatal Centro Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles Inhumanas o Degradantes (CONAPREV).

“Estoy buscando información sobre qué pasó con mi hija, pero aún no nos informan”, dijo una mujer que se identificó como Ligia Rodríguez en una entrevista por televisión desde el sitio.

La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, ordenó una “intervención inmediata” en la cárcel tras declarar una emergencia por la riña y aseguró que las autoridades “no vamos a tolerar actos vandálicos ni tampoco irregularidades”.

Villanueva dijo a periodistas que la reyerta es “producto de las acciones del crimen organizado” en respuesta a la intervención anunciada por las autoridades en las cárceles de Ilama, en Santa Bárbara, en el occidente del país, y de La Ceiba, en el Caribe.

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En Cefas se ha “reactivado el vandalismo y mujeres, con armas y pasamontañas, generaron quemas”, pero el fuego ya fue controlado por el Cuerpo de Bomberos de Honduras, señaló Villanueva, que ha sido designada por la presidenta hondureña, Xiomara Castro, para liderar una intervención de las cárceles del país.

Las autoridades hondureñas anunciaron el pasado 18 de abril un conjunto de medidas para poner orden en las cárceles del país que implican el bloqueo de llamadas de celulares, un desarme real de los presos y la clasificación de los reos por peligrosidad.

Desde abril, una decena de tiroteos o enfrentamientos se han registrado en las cárceles de Honduras, donde impera la sobrepoblación y el hacinamiento, la falta de instalaciones físicas adecuadas y seguras para el alojamiento de los reclusos, y las condiciones de higiene y salubridad son deplorables.

Honduras tiene un largo historial de sucesos en sus sobrepobladas cárceles, entre los más tristemente célebres se encuentra un incendio ocurrido en febrero del 2012 que dejó 360 muertos y que fue declarado posteriormente como accidental, por expertos estadounidenses.

Un femicida alegó en la Justicia que cambió de género y solicitó ir a una cárcel de mujeres: se trata de Jonathan Luna, que asesinó a Micaela Ortega en 2016.

Desde hace tiempo Luna viene presentando escritos formales alegando que se percibe mujer y que ahora se llama Yoana. Los abogados de Luna confirmaron que intentarán sostener frente a la Justicia que el crimen cometido no fue un femicidio si no un homicidio simple por su condición de sentirse mujer. Otro de los pedidos que hizo el detenido fue que le devuelvan su celular “porque la está pasando mal” en la cárcel de Florencio Varela.

Un año después del femicidio de Ortega, el 19 de octubre de 2017, fue condenado a prisión perpetua en un juicio histórico ya que se trató del primero por grooming seguido de muerte en Argentina.

Aunque es un caso que llama la atención y que muestra el plan de defensa para reducir la pena, este tipo de solicitadas tiene antecedentes. Uno caso conocido fue el de Fernando Alves Ferreira, imputado por el femicidio de Eduarda Santos de Almeida, en Bariloche y quien señaló que se autopercibe mujer.