Por Juan Manuel Peratitis

Una mujer oriunda de Rosario fue descubierta y quedó detenida luego de haber querido ingresar droga en sus partes íntimas corporales a la Cárcel de Coronda, departamento San Jerónimo, en la siesta de este martes.

Es que personal del Servicio Penitenciario de la Unidad 1 pidió colaboración a la policía ya que una femenina quería entrar como visita, pero con documentación falsa, mientras que también se le descubrió mediante el escáner de ingreso, un objeto oculto en el interior del cuerpo.

No sólo eso, la mujer de 26 años, se negaba a ser requisada, alterando el orden y el normal desarrollo de la visita, según contaron desde el SP a los efectivos del Comando Radioeléctrico tercio delta.

Tras arduas conversaciones, la visitante accedió a entregar un bulto de color negro compacto, que tenía entre sus partes íntimas, y adelantando que se trataba de droga.

Con la presencia de testigos, se le hizo un chequeo de elementos personales, y dentro de una cartera encontraron un teléfono, una tijera, una cinta aisladora de color negro y hasta una balanza de precisión.

Todas esas pertenencias más lo que sería la droga, fueron secuestradas, dando luego intervención a la PDI Operativa San Jerónimo Coronda, para que realice la constatación de la sustancia.

A las 14.40 la policía consultó al fiscal de turno, quien ordenó el secuestro de todo lo encontrado a la mujer, su detención, y el decomiso de 250 gramos de cocaína y marihuana, y además que la involucrada fuese derivada a la Comisaría Primera para ser notificada de su situación procesal.

Cabe destacar finalmente que a la detenida, Alejandra A., domiciliada en Rosario, se le hizo causa con la calificación penal provisoria de resistencia a la autoridad, infracción al art. 139 párrafo 3 del código penal e infracción a la Ley 23737 nacional y de microtráfico provincial, con continuidad de las actuaciones.

Juan Manuel Peratitis

A partir de un comunicado enviado por el área de prensa de la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, pudo develarse que el Centro Federal Penitenciario del Litoral Argentino, conocido como Cárcel Federal de Coronda, tendrá el Número de Unidad 36 y se llamará “Doctor Eusebio Gómez”.

La inauguración tendrá lugar este viernes, con cita a partir de las 10.45 en el Camino de las Moras, 300 metros al norte de la Ruta Provincial Nro. 64 y a 1000 metros en línea recta hacia el oeste de la Autopista Brigadier López Km. 111.

“La Cárcel Federal de Coronda marca un hito histórico para la seguridad pública argentina ya que brindará soluciones concretas a la sobrepoblación penitenciaria del sistema federal” dice el comunicado que agrega que Bullrich será “acompañada por el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro” y además “el Subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi y el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, entre otros funcionarios nacionales y provinciales”.

A partir de conocerse el nombre designado para el nuevo penal corondino, cabe destacar que el abogado Eusebio Gómez, nació en Rosario en 1883 y murió en Buenos Aires en 1954.

No es antojadizo el nombre elegido, ya que Gómez fue criminalista, jurista, juez y profesor de derecho argentino, graduado en la UBA a sus 19 años con un tema que lo seguiría toda su vida. “Tesis sobre Sugestión y responsabilidad criminal” e iba por la corriente del Derecho Penal que enuncia que todo proceso de este tipo debe investigar todo aquello que influenció desde lo social y económico en la comisión del delito que sea.

El abogado fue Director de la Penitenciaría Nacional en 1923, fue fundador de la “Escuela de Celadores y Guardianes” para entrenar y capacitar a los guardias carcelarios, cosa que logró un año después gracias al presidente de la Nación entonces, Marcelo T. de Alvear.

Además fue Juez en lo criminal hasta 1941 en la ciudad de Buenos Aires y director de varias cárceles. Escribió numerosos libros, ensayos y hasta ideó proyectos de ley sobre criminalidad, participando en congresos internacionales en la materia.

La Unidad Penitenciaria Nro. 1 Provincial de esta ciudad, abierta el 12 de agosto de 1933, se llama Doctor César Tabares.

Su nombre fue un homenaje a un abogado rosarino también, como Eusebio Gómez, pero con una historia diferente. Tabares fue integrante del Movimiento Revolucionario Peronista, nacido en 1943 y recibido de abogado en 1971 en la Universidad Nacional de Rosario.

En 1973 resolvió y disolvió un motín en la Unidad 3 de Rosario, lo que lo llevó a ser asesor gubernamental mientras Héctor Cámpora fue presidente constitucional. Esa acción le permitió ser nombrado Director Provincial General de Institutos Penales.

Sin embargo, sus compañeros de militancia en el PJ y en la CGT comenzaron a ser tomados como presos políticos, y las acciones de Tabares no estaban alineadas a lo que querían hacer con esos internos. De allí que fue amenazado en reiteradas oportunidades, hasta que el 6 de enero de 1977 fue secuestrado por un grupo de tareas del ex comisario Feced, y a partir de allí nunca más se lo vio.

Al día de hoy, figura como desaparecido, y como homenaje en 1992 se colocó su nombre a la Cárcel de Coronda.

Juan Manuel Peratitis

Cerca de las 17 horas de este lunes, personal del Comando Radioeléctrico y de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional XV con asiento en la ciudad de Coronda, departamento San Jerónimo, fueron alertados de la presencia de una paloma que no podía volar, en jurisdicción de un comercio cercano a la cárcel.

La policía dialogó con una empleada y con la dueña para pedir autorización para atraparla, ya que en un primer momento no pudo ser agarrada y se fue hasta un patio y techos lindantes internos.

Una vez subidos a ese techo, los agentes consiguieron agarrar al ave, y dentro del envoltorio que se le había atado a sus patas, había un teléfono celular, color negro, marca Pro, sin la batería y además en su interior una resistencia y un chip.

Debido a lo que fue hallado, está claro que la intención de quienes armaron eso era enviar el animal hacia la cárcel, pero al ser tan pesado lo que le habían puesto, no pudo remontar vuelo y además se asustó. Debido a este descubrimiento, se labró un acta y se iniciaba una investigación.

En el último tiempo hubo hechos similares, por ejemplo el 23 de abril de este año y el 8 de noviembre de 2023 -se presupone que familiares de presos también- habían intentado enviar elementos intra muros. En el último de los casos habían sido 60 gramos de marihuana y el año pasado había sido lo mismo que este lunes: un teléfono y una resistencia aunque no se pudo descubrir al o los autores.

Cuentan desde la cárcel de Coronda que es común la crianza de palomas desde pichonas para de algún modo domesticarlas y luego hacerlas volver al mismo lugar. El objetivo es entonces adherirles cosas para entrarlas ilegalmente, pero a mayor peso, menor es la posibilidad de concretar lo planificado.

Los ministros de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, encabezaron esta semana la apertura de sobres con las ofertas económicas para la ejecución de obras de provisión de agua en la Unidad Penitenciaria de Coronda. Los trabajos, que incluyen la demolición de una de las dos antiguas torres tanque de hormigón armado, permitirán mejorar la provisión de agua para los 2.700 reclusos.

En el acto, que se llevó a cabo en el Salón Auditorio de Casa de Gobierno en la ciudad de Santa Fe, se presentaron 7 empresas oferentes para las obras, que cuentan con un presupuesto oficial actualizado de $ 916.476.726,38 y un plazo de ejecución de 150 días.

Al respecto, Enrico indicó que “estas es una de las obras que el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe prioriza como necesaria. En función de eso, el equipo de la Secretaría de Obras públicas empezó a trabajar en el diseño de la obra, que no es la única que nos marcó el ministro, también se prioriza un nuevo pabellón, pero esta obra de infraestructura de agua era importante”.

Por su parte, Cococcioni destacó la importancia de la obra: “Cuando se habla de la obra pública penitenciaria se hace hincapié en aumentar la capacidad de alojamiento, pero estas obras de complemento y sostén al sistema son muy importantes. La cárcel de Coronda es el principal demandante de servicios públicos. Por eso queremos que la presencia de un organismo de seguridad sea bien recibido por la sociedad y, para eso, tenemos que tomar las medidas necesarias para que sea sostenible. Poder hacer una obra que amplíe la capacidad de flujo de agua potable, junto con el desagüe, contribuye a que la cárcel siga siendo una institución positiva en la sociedad que la rodea y no una fuente de molestias”.

Beneficios para la ciudad

Por su parte, el senador por el departamento San Jerónimo, Leonardo Diana, destacó que “es una obra necesaria. En su momento, la cárcel estaba alejada del casco urbano, ahora está plenamente integrada y eso trae algunos inconvenientes, los cuales se pueden atenuar. Esto va a traer muchos beneficios, no solo para los internos, sino también para los trabajadores penitenciarios que ahí transcurren todos los días y trabajan”.

Por último, el intendente de Coronda, Ricardo Ramírez, sostuvo que “el Servicio Penitenciario de Coronda es una institución más de nuestra localidad. La ciudad tiene que convivir con los servicios y con las más de 500 visitas que tenemos todos los días. Por eso la necesidad de articular las obras con el gobierno provincial. De esta manera vamos a seguir trabajando juntos para mejorar la calidad de vida de los vecinos y darle el respaldo al interno”. 

Las ofertas

Se presentaron 7 propuestas correspondientes a Dinale S.A. que ofertó $ 1.294.959.504,22; Orion Ingeniería S.R.L. $ 940.546.371,16; De Paoli y Trosce Constructora S.R.L. $ 866.435.201,86; Mundo Construcciones S.A. $ 1.017.288.371,71; Capital S.A. 1.246.264.418,07; BR Construcciones S.R.L. $ 1.048.565.404,08; Pirámide Constructora S.A. $ 937.075.734,68.

De la actividad, llevada a cabo en Casa de Gobierno en la ciudad de Santa Fe, participaron también el secretario de Derechos Humanos, Emilio Jatón; y el subsecretario de Arquitectura e Ingeniería, Gustavo Levrino. 

Detalles de la obra

La obra consiste en la construcción de trabajos de infraestructura para la provisión de agua de servicio del penal y la demolición completa de una de las torres tanque de hormigón armado, ubicada en el sector extramuros de la Unidad Penitenciaria hacia calle Belgrano. 

El tanque a demoler se reemplaza por dos nuevos tanques de reserva elevados con capacidad de almacenamiento adecuada a los requerimientos del servicio, ubicados en un sector extramuros en el extremo noroeste del predio. 

Junto a los nuevos tanques, se proveerá e instalará una nueva cisterna subterránea garantizando que no se obstaculicen visuales por cuestiones de seguridad y vigilancia. En ese mismo sector se ejecutará una nueva Sala de Máquinas para alojar los equipos de los sistemas de bombeo.

Fue imputada una quinta persona en el marco de la investigación por venta de drogas dentro de la cárcel de Coronda, donde un detenido sería el dealer.

Se trata de un hombre de 37 años, de iniciales EAZ, a quien imputó la fiscal María Laura Urquiza. La audiencia se realizó el viernes en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, ante el juez penal Martín Torres.

La fiscal adelantó que "pediremos la prisión preventiva", y destacó que "al evaluar los riesgos procesales, deberá contemplarse que, a sabiendas de que era buscado por la Justicia, el investigado se mantuvo prófugo durante la última semana".

En cuanto a las otras personas investigadas, la funcionaria del MPA indicó que "tienen entre 21 y 46 años y son dos hombres de iniciales JJF y DEB, y dos mujeres, cuyas iniciales son LSF y CNR". En relación a ellos, informó que "los cuatro transitan el proceso judicial privados de su libertad como medida cautelar".

La fiscal afirmó que "los cinco imputados se distribuyeron roles para comercializar marihuana y cocaína en el establecimiento penitenciario corondino, donde el hombre de iniciales DEB estaba alojado a raíz de otras conductas delictivas".

Urquiza especificó que "al visitar al detenido, la mujer de iniciales CNR le entregaba estupefacientes que él luego vendía a otros internos de su pabellón", y añadió que "el material ilícito ingresaba a la cárcel oculto en alimentos y prendas de vestir". En tanto, subrayó que "los clientes pagaban por transferencias electrónicas a cuentas de las que es titular la mujer de iniciales LSF".

"Las personas investigadas llevaban a cabo la venta al menudeo de drogas en una vivienda ubicada en Avellaneda al 3.300 en Santo Tomé", sostuvo Urquiza. "En ese lugar, se secuestraron tres frascos y una bolsa que en total contenían 56,1gramos de marihuana; tres bolsas plásticas con 3,9 gramos de cocaína y una balanza de precisión", detalló.

Por otro lado, la funcionaria del MPA refirió que "en otro inmueble santotomesino, localizado en las inmediaciones de Bieler Haas y Tucumán, se halló un bloque compacto de cocaína de 1,043 kilogramos". Según puntualizó, "allí comercializaba estupefacientes el hombre que fue imputado hoy".

La investigación comenzó a partir de tareas de análisis criminal realizadas por el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General.

A los cinco imputados se les atribuyó la autoría del delito de “comercialización de estupefacientes agravado por la intervención de más de tres personas y por haber sido cometido en un lugar de detención”.

Por su parte, al hombre de iniciales JJF y a la mujer de iniciales CNR se les endilgó además la “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.

Por Juan M. Peratitis

Casi a la pasada y no de manera oficial, el gobierno santafesino se enteró a través de una entrevista que el Subsecretario de Asuntos Penitenciarios de la Nación, Julián Curi, brindó a una radio de Rosario que el gobierno nacional no cederá la administración del final de obra y puesta en funcionamiento de la Cárcel Federal de Coronda al gobierno provincial.

"La lucha de Pullaro es nuestra batalla, sabemos del esfuerzo personal que pone", pero insistió con la negativa a cederle el control del Centro Federal Penitenciario del Litoral Argentino al gobierno santafesino: "Nuestro compromiso es tener eso y que sea administrado por el Estado nacional para la problemática de Rosario". "Es un complejo federal", sentenció Curi.

Recordemos que tanto Maximiliano Pullaro como Pablo Cococcioni habían asegurado que "así como está la obra de la cárcel, se la ponemos a funcionar en menos de una semana" con el objetivo de descomprimir las cárceles provinciales de presos con causas federales, de sacar detenidos de las comisarías y de liberar a todos los policías para que se ocupen de realizar patrullajes preventivos en las calles.

También si el gobierno nacional y el Ministerio de Seguridad de la Nación encabezado por Patricia Bullrich, quien se había reunido ya con Pullaro sobre este tema, daba el visto bueno, se convocaría a concurso para hacer ingresar personal provincial que provisoriamente custodiaría la unidad hasta tanto llegasen las fuerzas federales previstas para el caso. Incluso esos nuevos guardias santafesinos no iban a quedar sin trabajo porque serían los que se derivarían a la obra de la cárcel para presos de alto perfil con 3000 plazas que también tiene en mente hace rato esta gestión provincial.

Pese a todo, en el gobierno provincial son optimistas e insisten en la búsqueda de soluciones para estos temas vinculados con la seguridad, por lo que pondrán un hombre de confianza a mediar para que la obra se concluya y no haya un parate como se anunció hace horas que seguramente habrá, poniendo en riesgo varios puestos de trabajo, en su mayoría de corondinos.

Tras conocerse la negativa desde Nación, el secretario general de la gobernación, Juan Cruz Cándido, fue muy enfático en su cuenta de X: "Esperemos, entonces, que la terminen y la pongan en funcionamiento. Esto también es una emergencia".

Esperemos, entonces, que la terminen y la pongan en funcionamiento. Esto también es una emergencia. https://t.co/lvgVg8d9SG

Sin embargo, y lejos del deseo del ex diputado radical, este jueves surgió una novedad que de cierto modo le da la razón al gobierno santafesino que quiere terminar la obra y hacer andar el penal. ¿Por qué? Porque el Jefe de obra de la Cárcel Federal y representante de la Unión Transitoria de Empresas Insa-Ocsa en el obrador, Arq. Mariano Day, explicó que "con el cambio de gobierno y de políticas la empresa no está cobrando, no tiene actualización de precios, lo que se hace hoy se cobra a valor de julio 2023 y la incertidumbre a nivel país y con esta obra que tuvo tantos altibajos, es muy cuesta arriba y no se puede continuar".

Ante eso, Day advirtió que "está en juego el futuro laboral de 15 familias que dependen de esta obra, más los contratistas y proveedores. Estamos entre el 93 y 94% de la obra lista, faltan cuestiones de seguridad propias de la cárcel, como sistema de cámaras, cerraduras electrónicas, aberturas, y en ese sentido hay que redeterminar precios, los proveedores están pero al no cobrar no podemos afrontar los gastos".

La conclusión es que "esto va a terminar en una suspensión de obra hasta que se actualice, hoy estamos trabajando con lo poco que hay, hubo reducción de 27 a 15 empleados hace un tiempo, la gente de la Uocra tuvo siempre buena relación con nosotros, y ahora estamos visibilizando este conflicto juntos". Y advirtió que "va a cesar la obra, se dejará una guardia, porque la construcción sigue a cargo de la UTE. El deudor es el gobierno nacional a través del Ministerio de Obras Públicas, la UTE paga y se va quedando sin fondos por cumplir con los empleados, incluso han cobrado en tiempo y forma siempre". Según se supo, desde noviembre no surgen pagos a la UTE que a su vez sí realiza erogaciones.

Si se normalizara la situación, Day aclaró que en tres meses la obra estaría lista sí o sí. Recordemos que en diciembre de 2015 se hizo el primer movimiento de tierra y a más de 8 años los trabajos no se culminaron.

En las últimas horas se conoció que dos abogados intentaron ingresar teléfonos celulares a la cárcel de Piñero para ser entregados a sus clientes. La noticia la confirmó Walter Gálvez, secretario de Asuntos Penitenciarios de la Provincia, quien detalló que uno de los letrados cuenta con matrícula en la ciudad de Rosario, mientras que el restante en Venado Tuerto.

En tanto, en la noche del lunes, el intendente municipal Leonel Chiarella realizó una publicación en la red social Instagram en donde muestra su malestar por lo ocurrido y al mismo tiempo señala que el abogado venadense “se llama Sergio Casas”.

Según informaron fuentes oficiales, ambos profesionales habían declarado que solamente ingresaban con un teléfono personal, pero a la hora de pasar por los escáner se detectaron otros dispositivos móviles, los cuales no pudieron justificar.

El caso se suma al ocurrido el último sábado con un guardia de la cárcel de Coronda, quien intentó ingresar una mochila con 17 teléfonos celulares, unas 22 tarjetas SIM de teléfonos, 14 cargadores, una decena de auriculares, unos 20 mil pesos en efectivo y gran cantidad de agujas de tatuar, más dos accesorios para ese fin.

Leonel Chiarella hizo una publicación en redes sociales en donde sostiene que “un abogado de Venado Tuerto intentó pasar celulares a sus clientes presos en la cárcel de Piñero. Se llama Sergio Casas, y lo decimos porque los vecinos tienen derecho a saber quiénes son cómplices y son parte del circuito del delito que venimos denunciando”.

Un megaoperativo realizado este miércoles por el Servicio Penitenciario en la cárcel de la ciudad de Coronda (departamento santafesino de San Jerónimo) terminó con el secuestro de 50 teléfonos celulares y una importante cantidad de droga.

Según se informó, la irrupción se realizó en el Pabellón 1, uno de los “pesados” del penal, que aloja a presos vinculados con causas federales, fundamentalmente por narcotráfico. La población fluctúa entre 170 y 190 aproximadamente.

Luego de una investigación que duró varias semanas, los uniformados aparecieron en escena este miércoles por la mañana de manera sorpresiva y así lograron tomar desprevenido a los internos. La gran mayoría de los aparatos de telefonía no estaban dentro de las celdas, sino en lugares de uso común.

La fuerza especializada en requisas revisó meticulosamente todo el edificio: cañerías, techos, pisos, puertas y distintos compartimientos. Así, halló los cincuenta celulares, que inmediatamente fueron puestos a disposición de la Justicia. La información que contienen esos aparatos puede ser de gran utilidad para causas judiciales en marcha y también para determinar otros delitos que puedan haberse cometido desde el interior de la cárcel.

“Fue un golpe grande. Estamos muy satisfechos. Ahora nos encontramos en la etapa final de la prueba de la tecnología que se colocó en el ingreso a las prisiones. Este jueves el Ministerio de Salud aprueba los protocolos, por lo que estamos a días de que el sistema se implemente de manera formal. Ya está todo instalado: la cinta transportadora de carga y el arco detector de metales. Como en los aeropuertos, los ingresos van a quedar registrados, con alarmas”, explicó Walter Gálvez, secretario de Asuntos Penales y Penitenciarios de la provincia.

“Por ahí no sólo van a pasar las visitas -agregó el funcionario- sino también los empleados. El grupo que maneja la tecnología no es parte del personal de la cárcel. Son tres grupos de penitenciarios que fueron capacitados al respecto, que reciben un plus especial y que van a ir rotando entre Coronda, Las Flores y Piñero. Ellos dependen directamente del Departamento de Control y Requisa del Servicio Penitenciario.

Además de los celulares, los uniformados incautaron 230 envoltorios de cocaína, dos ladrillos de marihuana, algunos “porros”, chuzas y una pequeña balanza.

Un interno de la cárcel de Coronda fue atacado brutalmente por otros reclusos, en un incidente que está siendo investigado.

La agresión se perpetró en horas de la noche de este viernes, dentro de la unidad correccional ubicada en la mencionada ciudad, cabecera del departamento santafesino San Jerónimo.

En circunstancias que se investigan, uno de los presos fue atacado por otros internos con palos y otros objetos contundentes.

Los guardias del Servicio Penitenciario se apresuraron para intervenir, pero cuando pudieron ponerlo a salvo, el hombre ya había sufrido importantes politraumatismos.

Así, la víctima, un joven de 25 años, debió ser trasladada al Hospital Cullen, donde fue asistida, pero poco después recibió el alta y regresó a la cárcel.

Juan Manuel Peratitis

Lo que puede generar la importancia de un edificio… que todavía no está. Así es, porque en esta larga historia que une a Coronda con la Cárcel Federal ha habido altas y bajas, aperturas y suspensiones.

Hoy hay un reclamo que se retoma y que tiene que ver con obras prometidas a Coronda como premio por aceptar la implantación de la unidad federal que ninguna localidad santafesina de las consultadas quiso aceptar.

La historia comenzó en 1997 cuando se desarrolló un sondeo de opinión en el cual la mayoría decidió que aceptaba la construcción de un nuevo penal en esta cabecera departamental, que se sumaría al Instituto Correccional Modelo Unidad 1, existente desde el 12 de agosto de 1933, pero a cambio de mano de obra genuina para la ciudad.

Con el paso del tiempo esto se cumplió y desde 2016 cuando comenzaron los trabajos de suelo, han sido incorporados varios corondinos para la obra ubicada en el Camino de las Moras, a 300 metros de la Ruta 64 que une Coronda con Larrechea y todavía siguen trabajando.

El Centro Federal Penitenciario del Litoral Argentino, nombre oficial de la Cárcel Federal de Coronda, está arriba de un 65% de avance -de acuerdo a la última comunicación de la Municipalidad con la empresa constructora- y se calcula que para el año que viene ya estaría disponible para brindar varias soluciones más allá de que existen quienes aseguran que será otro gran dolor de cabeza para toda la comunidad.

Desde lo positivo y útil, por un lado, al tener 462 plazas descomprimirá la superpoblación del Servicio Penitenciario Provincial que tiene cerca de 500 reclusos con causas federales, y por el otro traerá aparejado empleo genuino, con guardiacárceles, profesionales y empleados administrativos y de otras áreas.

Esta situación resurgió un reclamo de la Municipalidad de Coronda en cuanto al porcentaje de trabajadores que serán tomados de esta localidad para trabajar en el presidio y, sumado a esto, un detalle no menor: un acta firmada en 2015 establecía obras complementarias “de regalo” para la ciudad por haber sido la única ciudad en la provincia que aceptó recibir este tipo de penitenciaría.

Ese documento clave y que aún no ha tenido respuestas concretas fue dado a conocer por el intendente Ricardo Ramírez y el concejal Francisco Ávalo -UCR- al senador nacional Dionisio Scarpin en su reciente visita a Coronda. Se trata del acta firmada el 25 de septiembre de 2015 entre la Municipalidad de Coronda y el Ministerio de Justicia de la Nación por dos situaciones puntuales: el reclutamiento de futuros efectivos del Servicio Penitenciario y obras complementarias como forma de compensación a Coronda por la donación de 62 hectáreas de terreno para construir esa cárcel en marcha.

Lo que acordaron Ramírez, Ávalo y el legislador nacional fue explicado por el edil radical: “El senador nos pidió que elaboremos un proyecto de resolución en el Concejo y que el Ejecutivo Municipal elabore una declaratoria, ambos referidos a que lo firmado en 2015 tiene plena vigencia en cuanto al interés de Coronda y al incumplimiento del gobierno nacional”.

Luego agregó que “a eso, el senador Scarpin le adjuntará el acta de ese año y con los tres documentos insistirá desde el Senado para que el Ministerio y el gobierno cumplan con lo pactado”.

Además de lo que dice el acta, que el Ministerio “realizará el reclutamiento del personal a ingresar a dicha institución, en la zona de realización de la obra” también están pendientes una obra de refuncionalización de la Ruta 11 que incluya cordón cuneta, veredas, ensanche y forestación de la Ruta entre J. J. Paso y R. S. Peña; ampliación y optimización del sistema de tratamiento de aguas en Coronda y mejora integral de la Avenida Costanera convirtiéndola en paseo y que ese paseo a su vez hiciera las veces de defensa.

Para que esto renazca administrativamente en Nación, deberá ser el Senador Nacional el que lo impulse para que se cumpla lo firmado en el acta.

El proyecto a cargo de la UTE Ocsa e Insa se desarrolla en un predio de 62 hectáreas, que cuenta con una superficie de 15.767 m2 para sumar 462 plazas, e incluye dos alojamientos de celdas dobles, y dos de pabellones colectivos. También, contará con áreas para programas y servicios; capilla y escuela, un edificio externo, de seguridad, de servicios generales, estacionamientos, cercos y casino de personal.

Esta obra, que es supervisada por la Dirección Nacional de Gestión de Obras y demanda una inversión de $344.7 millones, permitirá avanzar en la reinserción social, mediante programas y servicios con un tratamiento integral de la seguridad, para personas privadas de su libertad que hayan cometido delitos federales.