(Por Mario Cáffaro) La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados recibirá este miércoles al ministro de Seguridad, Jorge Lagna, con el objetivo de analizar los tres mensajes enviados en octubre por el Poder Ejecutivo pero además escuchar el programa de seguridad puesto en marcha durante su gestión e intentar responder a una serie de pedidos de informes canalizados por la oposición.

La reunión se hará por el sistema de videoconferencia aunque la mayoría de los integrantes de la Comisión, encabezados por su presidente, Juan Cruz Cándido, estarán presentes en la sala de comisiones del anexo de la Cámara. En principio, el ministro y su equipo de trabajo participarán en forma virtual del encuentro.

Lagna asumió en marzo como titular de la cartera de Seguridad en reemplazo de Marcelo Sain a quien acompañaba desde diciembre de 2019 y se puso entre los objetivos principales, la decisión de ir a la Legislatura a discutir los tres mensajes que el Poder Ejecutivo había remitido en octubre a la Cámara de Diputados.

Se trata de mensajes que propician leyes que establecen las bases jurídicas e institucionales del sistema policial santafesino en lo que hace a organización, estructura, funcionamiento y régimen profesional: el control de las políticas y estrategias de la seguridad pública provincial así como el control del sistema provincial.

Cándido, diputado radical presidente de la Comisión de Seguridad. Foto: El Litoral.

La elaboración de los tres mensajes ocupó gran parte del trabajo de los primeros nueve meses de la gestión de Sain, con rondas de consultas, debates, convocatorias a expertos y a universidades. El ex ministro definía a esos proyectos como esenciales para producir una profunda reforma en la institución policial de la provincia. “Tienen que ser las leyes de la democracia para modernizar el sistema policial de la provincia, que es cavernícola”, según señaló en la presentación oficial de los textos.

Los tres mensajes fueron enviados a Diputados, cámara que los giró a la Comisión de Seguridad Pública. “Queremos saber si el actual ministro está de acuerdo con los textos”, le dijo Cándido a El Litoral. El legislador aseguró que la bancada del Frente Progresista ya tiene un predictamen pero queremos conocer la opinión del Poder Ejecutivo. Aclaró que son normas cuya aplicación dependerá de los próximos gobiernos por lo cual es esencial estar todos de acuerdo. Cándido señala que la ley central sobre el nuevo sistema policial prevé un plazo de seis meses para la reglamentación y ya faculta al Ejecutivo a aplicarla entre dos a cuatro años. “Entendemos que es necesario consensuar por eso es importante este encuentro”, añadió. El radical -ex funcionario en la cartera de Seguridad- observa por ejemplo que en el mensaje no se contempló incluir a la policía rural.

El proyecto de Seguridad Pública apunta a reordenar la estructura de conducción de las fuerzas, busca liberar de las tareas administrativas a los agentes policiales y deja la conducción de la fuerza bajo el mando político. El modelo hacia el que irá la policía prevé reemplazar las 19 unidades regionales por seis superintendencias que regionalizarán a la policía. El objetivo es que a partir de la incorporación de tecnología se reemplace el patrullamiento aleatorio por uno que será orientado de acuerdo a los datos que arrojen los mapas del delito.

También se le da forma a los cuatro grandes componentes que formarán la estructura de la Policía: una policía de seguridad preventiva, la Agencia de Investigación Criminal, la Agencia de Control Policial y las Tropas de Operaciones Especiales.

Hay un apartado para lo que es el bienestar policial que entre otras cosas brindará formación y capacitación, tanto a los agentes policiales como a los dirigentes políticos que quieran trabajar en seguridad. Para los primeros estará la Academia de Policía; para los segundos, la Escuela de Gobierno.

Destaca el mensaje el rol de la seguridad local (la participación de los jefes comunales), las creaciones del observatorio y de la agencia de control de armas de fuego y la regulación de la seguridad privada en la provincia. .

El segundo mensaje le da forma a la Agencia de Control que será la encargada de investigar las faltas graves o hechos de corrupción que involucren a los agentes policiales.

Lagna también anunció al inicio de su gestión que pretende sumar al debate otros dos mensajes: seguridad privada y sistemas de videovigilancia pero hasta el momento no habían sido enviados a las cámaras.

Además de los proyectos, durante la reunión los diputados pretenden conocer el plan de inversión previsto en la cartera de Seguridad, el plan de desarrollo del ISEP y la descentralización anunciada, las compras de motos y de armas, señaló Cándido.

Puularo cuestiona un tributo a Feedlot 

El diputado radical Maximiliano Pullaro visitó junto a varios de sus pares la firma Conecar Ganadera, hotelería en feedlot en la ciudad de Carcarañá. El objetivo fue escuchar a los empresarios que advierten que API pretende cobrar un impuesto al sector que pone en riesgo el funcionamiento de empresas de este tipo.

Los feedlots brindan el servicio de hotelería animal por una parte, y, por otro, producen alimentos para que los animales coman. El servicio de hotelería y sanidad están gravados con un 4,5% de Ingresos Brutos y la producción de alimentos se encuentra exenta, al igual que en el resto de las provincias.

API alude ahora que la actividad de alimentación se encuentra englobada en el servicio de hotelería y por lo tanto reclama el pago de los períodos 2017-2019 sobre el alimento facturado y para los períodos siguientes.

En los feedlot, el 10% de la facturación corresponde a hotelería y sanidad y el resto a alimentación. “El gobernador Omar Perotti a través de API le quiere asestar un golpe de gracia a los feedlot, exigiéndole un impuesto retroactivo y de dudosa explicación. Le pedimos al gobernador que de una vez por todas se ponga el traje que la ciudadanía le otorgó y defienda los intereses y el empleo de los santafesinos”, pidió Pullaro.

Reconocimiento a futbolistas de la selección de fútbol

La diputada Cesira Arcando (Fe) ingresó un proyecto de resolución para que la Cámara de Diputados declare ciudadanos ilustres de la provincia a Lionel Messi, Angel Di María, Franco Armani, Angel Correa y Giovanni Lo Celso “en reconocimiento a su labor futbolística, los logros obtenidos y la representación del país”.

Los cinco futbolistas son oriundos de la provincia e integraron el plantel que ganó la Copa América el pasado sábado.

Tras conocerse que el Gobierno Nacional postergó por segundo año consecutivo la Evaluación Aprender, desde el bloque de diputados y diputadas radicales, que preside Maximiliano Pullaro, reclamaron al gobierno provincial que gestione la realización del operativo en los establecimientos santafesinos. “No evaluar la educación es negar los problemas, no se puede gestionar una política educativa eficaz sin saber cual es la incidencia de la virtualidad y los cambios que se produjeron por la pandemia” señalaron los radicales tras la presentación del pedido en la Legislatura.

La iniciativa, impulsada por Juan Cruz “Cacu” Cándido y Maximiliano Pullaro y acompañada por la mayoría del bloque, pide al gobernador Omar Perotti que, mediante el organismo que corresponda, “evalúe la posibilidad de gestionar ante el Poder Ejecutivo de la Nación la realización de las pruebas Aprender en el transcurso del ciclo lectivo 2021”.

“Como radicales peleamos siempre por una educación pública, laica y de calidad. En ese sentido, no podemos permitir que se gestione la educación de millones de chicos y chicas sin tener en claro donde estamos parados, por eso es que consideramos necesaria la realización de la Evaluación Aprender. Los datos de la última prueba – la del 2019 – fueron alarmantes en Matemáticas y Lengua, creemos que con los vaivenes entre virtualidad y presencialidad, eso se profundizó y necesitamos revertirlo” señalaron Pullaro y sus correligionarios.

Los datos a los que hacen referencia los legisladores ucerreistas indican que en 2019 el 42,8% de los estudiantes de quinto año de secundaria no llegaba al nivel básico en matemáticas y el 18,6% no lo hacía en lengua.

Teniendo en cuenta los datos que difundió la propia ministra de Educación Adriana Cantero, quien reconoció que al menos 40 mil alumnos perdieron vínculo con la escuela, “el Estado se tiene que ocupar de evaluar los impactos reales de la pandemia y la virtualidad en la educación. Entendemos que durante el 2020 no se haya realizado por todo lo que implicó la pandemia, pero a más de 14 meses de que empezó todo, no se puede usar como excusa al virus” indicaron.

Si bien desde el Ejecutivo nacional defienden la postergación del Operativo porque no hay presencialidad simultánea en todo el país, “no podemos dejar que siga pasando el tiempo, que lo que no está funcionando se siga haciendo de la misma manera y así prolongar los efectos negativos en quienes están a punto de ingresar al secundario o a la Universidad. Sin educación de calidad, el progreso del país se hace difícil por eso es urgente atender esta situación” remarcaron los radicales del bloque que preside Pullaro.

Sumado al pedido por las Pruebas Aprender 2021, Pullaro junto a la diputada Georgina Orciani y su par Silvana Di Stefano solicitaron conocer cuales son los criterios que aplica el Ejecutivo provincial para habilitar o no la presencialidad, cómo se consideró la tasa poblacional de cada localidad, los contagios en las instituciones educativas y los efectos de la virtualidad. “Los niveles de perjuicio en la educación de las niñas, niños y adolescentes crecen cada día más al no poder asistir a las escuelas”.

“El eje no está puesto donde tiene que estar, la pandemia no es una excusa para hacer cualquier cosa; el interés superior del niño no es solo una frase hecha. Por eso pedimos que expliquen los criterios sanitarios utilizados para elegir en qué escuelas si y qué escuelas no volvió la presencialidad”.