Mercados cambiarios complejos, dólar inestable, alta inflación, escasas políticas de mediano y largo plazo y decisiones administrativas de los diferentes gobiernos que afectan el sector rural son algunas de las razones que han llevado al productor argentino a diversificar sus inversiones en campos extranjeros. Invertir en campos extranjeros, se ha convertido, en los últimos tiempos, en una opción atractiva, permitiendo a los argentinos atenuar los impactos de crisis internas y maximizar rendimientos. Sin embargo, es importante que antes de realizar una inversión se conozcan los riesgos y también la rentabilidad y producción de cada país.

"Hoy, los productores argentinos cargan en su ADN más de 100 años de historia de producción agropecuaria, por lo que su presencia en campos extranjeros contribuye a un constante mejoramiento en la agroindustria de otras naciones", explicó Federico Nordheimer, CEO de Nordheimer Campos y Estancias, inmobiliaria rural con venta de campos en países como Uruguay, Paraguay, Bolivia y Estados Unidos.

No obstante, hay que comprender que cada país de la región tiene sus bemoles, por lo que va a depender del perfil del inversor y obviamente la relación entre riesgo y retorno, el país que se elija. Uruguay es uno de los países más estables de la región, entonces tiene menos retorno pero tiene el factor de estabilidad; Paraguay es una frontera nueva que representa mayor retorno, si bien la gente tiene sus resguardos, los resultados de crecimiento y estabilidad de inflación son muy alentadores; Bolivia, por su parte, en los últimos meses ha presentado dificultades políticas que lo hacen más inestable tiene valores de tierras muy competitivos, y como primera opción está siempre Estados Unidos que es uno de los países más estables y con buen retorno, la barrera está en su lejanía, la cultura y también el idioma.

Sin duda, invertir en otras regiones y países ofrece beneficios significativos, como estabilidad económica y precios sin retenciones. Empresas argentinas exitosas como Adecoagro, Cresud y Los Grobo que tienen campos en Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia, así lo demuestran. La diversificación puede estabilizar rendimientos en momentos de crisis. Sin embargo, es fundamental enfatizar en la importancia de estrategias de mitigación de riesgos. Comprar propiedades de calidad, diversificar tipos de campos y adoptar un enfoque a largo plazo son clave para minimizar riesgos.

Los productores argentinos tienden a iniciar su incursión en el extranjero con campos agrícolas, gracias a su menor complejidad en comparación con campos ganaderos. Factores como el clima y la familiaridad con ciertas regiones son determinantes al seleccionar países para invertir. Mientras que, la adaptación gradual, entendiendo el sistema y la idiosincrasia local, se promueve como estrategia inicial para más adelante pensar en un expansión.

"En el mercado actual, la diversificación de inversiones en distintos campos y países es esencial para enfrentar la volatilidad económica global. Aunque algunos países pueden destacarse en ciertos momentos, la estrategia es diversificar y pensar a largo plazo. Así como los productores diversifican cultivos en sus propios campos para mitigar riesgos climáticos y de precios de los commodities, los inversores argentinos buscan variedad geográfica para optimizar sus carteras y asegurar rendimientos sostenibles", concluyeron desde Nordheimer.

Jorge Adalid Granier Ruiz, un empresario boliviano con pedido de captura internacional y notificación roja de Interpol, fue capturado en Brasil. El presunto responsable de “bombardeos” de cocaína en campos de Santa Fe era requerido por la Justicia federal de Salta desde el 18 de febrero de 2022, cuando se ordenó su detención en el marco de una causa narco vinculada a una organización desbaratada tras el triple crimen de Ibarlucea.

Granier, señalado como el organizador del tráfico aéreo de cocaína, cayó en un control de rutina de la Policía Rodoviaria Federal de Brasil. Al revisar sus documentos, notaron que eran falsos y lo detuvieron. El Departamento de Interpol de la PFA ya trabaja en la solicitud de extradición, indicaron fuentes del caso.

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De acuerdo a la prensa brasileña, fue capturado en Jaraguari, a 47 kilómetros de Campo Grande, con el documento que habría comprado en Pará por 5 mil reales, según él mismo habría confesado a los efectivos. Confesó que pagó R$ 5 mil en un RG falso en Pará. También habría adquirido un documento falso en Bolivia por US$200 y un pasaporte boliviano por US$500.

Según el jefe de la Policía Federal de Carreteras, Marcos Klay, y la jefa de la Comisaría de la PRF en Mato Grosso do Sul, Caroline de Oliveira, Granier viajaba en una Toyota Hilux y estaba acompañado por un chofer y una mujer que sería su amante.

El empresario -al que los detectives apodaron “el narco fantasma”- fue señalado por los fiscales federales Eduardo Villalba (Salta), Adriana Saccone (Santa Fe) y el titular de la PROCUNAR, Diego Iglesias, como el líder de una estructura dedicada al transporte en avionetas de cocaína desde Bolivia y Paraguay hacia la Argentina.

Su nombre tuvo relevancia tras el triple crimen de Ibarlucea, en el que fueron asesinados Iván Maximiliano Giménez, Érica Vanesa y su pequeña hija de una año Elena, a la salida de una boda narco. Esa investigación derivó en una causa que puso en evidencia las conexiones de narcos locales con peligrosas organizaciones criminales de países limítrofes.

Un informe de la DEA advirtió a la Procunar que Granier, apodado “Nono” y “Chuleta”, tendría vínculos con el Primer Comando Capital (PCC), la peligrosa organización brasileña.

El presunto narco, dedicado en teoría a la actividad agrícola ganadera, nació el 11 de diciembre de 1979 en San Borja, una ciudad ubicada al norte de Bolivia, en el Departamento de Beni.

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De acuerdo a la investigación, cobraba una comisión de unos 300.000 dólares por el servicio de “taxi aéreo”. El máximo de capacidad de carga de la avioneta era de entre 380 y 400 kilos.

Según los agentes que lo investigaron, Granier proveía de cocaína a Ignacio Quintana y Fabián Gustavo “Calavera” Pelozo, quienes serían los proveedores de Giménez, asesinado junto a su pareja y a su hija, el 29 de enero de 2022.

Ese día, habían asistido a la boda de Esteban Enrique Rocha, alias “Pinky”, y Brisa Milagros Leguizamón Ferreyra, los novios fugitivos que capturados en enero pasado, en Asunción, Paraguay.

Quintana y Pelozo fueron detenidos en marzo de ese año, están acusados por el transporte de 389 kilos de cocaína, junto a otra figura clave en el esquema narco argentino: Adelaida “La Tía” Castillo, una ex bagayera de Salvador Mazza que escaló hasta convertirse en la “reina narco”, el alias que se ganó en el norte argentino.

La complejidad que revistió la trama del triple homicidio motivó la creación de un equipo especial de fiscales liderado por el fiscal Luis Schiappa Pietra, e integrado por Gastón Ávila, Matías Edery y José Luis Caterina quienes trabajaron en coordinación con sus pares del fuero federal.

El gobierno provincial, a través del Decreto Nº 2476/22 firmado este viernes por el gobernador Omar Perotti, declaró el estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario a partir del 1 de noviembre en el departamento General López, y además estableció la prórroga de la emergencia en el resto de los 18 departamentos provinciales hasta el 31 de mayo del 2023. El objetivo es acompañar a todos los productores santafesinos cuyas explotaciones agropecuarias fueron afectadas por la sequía.

Cabe aclarar que, en el caso del departamento General López, quedarán exceptuados aquellos productores agropecuarios amparados por la Ley N° 14165, cuyas producciones han sido afectadas por un anegamiento permanente, por eso quedan excluidas de ser contenidas en el marco de un evento adverso de característica transitoria de sequía.

En tanto, los productores alcanzados por los Decretos N° 0020/22 y 0080/22 que ya cuenten con certificados de emergencia y/o desastre agropecuario, emitidos en el marco de los Decretos N° 0020/22 y 0080/22, permanecerán en la misma condición y gozarán automáticamente de los beneficios establecidos, sin necesidad de realizar ningún otro trámite administrativo.

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Los productores que ya cuenten con certificados de emergencia y cuya situación se haya agravado, deberán iniciar el trámite respectivo a través del Sistema Santafesino de Gestión de Situaciones de Emergencia Agropecuaria (SISAGEA), completando un formulario de declaración jurada por medio del cual detallarán las pérdidas sufridas. Luego, se evaluará la situación y, en caso de corresponder se procederá a modificar la condición de dicho certificado a desastre agropecuario.

Además, aquellos productores agropecuarios que no fueron comprendidos por los mencionados decretos, podrán solicitarlos a través de la presentación jurada de declaración de daños.

Esta medida permitirá a los productores presentar las declaraciones juradas de manera digital informando los daños a sus explotaciones a partir de la semana próxima a través del Sistema Santafesino de Gestión de Situaciones de Emergencia Agropecuaria (Sisagea) al cual se podrá acceder desde la página web del gobierno provincial (www.santafe.gov.ar).

Los productores podrán presentar los formularios de declaraciones juradas de daños y la documentación respaldatoria hasta el 28 de febrero del 2023.

El conflicto generado entre los propietarios de campos inundados por la laguna La Picasa y el gobierno provincial, por la decisión de declarar de interés general y calificar como “servidumbre administrativa de ocupación hídrica” a aquellos lotes que se encuentren en los reservorios 6, 7 y 8 de dicha Cuenca, recrudeció en los últimos días.  

Según los productores, el problema resurgió cuando la Provincia rechazó los recursos de amparo que a mediados de este año se habían presentado para que no se avance hasta tener mayores precisiones al respecto.   

Otro dato que tensó más la situación fue el llamado, con fecha del 4 de noviembre, realizado por el Colegio de Profesionales de la Agrimensura de Santa Fe – Distrito Sur a sus afiliados, para dar cumplimiento al convenio firmado con el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat. En él se detalla que la oferta laboral corresponde a “la mensura para Modificación de Estado Parcelario y Mensura para Constitución de Servidumbre Administrativa de Ocupación Hídrica de la obra: Obras Internas Cuenca Laguna La Picasa – Departamento General López”.  

Foto: Juan Jose Garcia.

El sorteo para la adjudicación de los trabajos profesionales fue este lunes 21 de noviembre, a las 10.30, y se llevará a cabo en las instalaciones del Colegio (Bv. Oroño 396, Rosario, Santa Fe).  

La decisión de Provincia se basa en la Resolución 382/2022 decretada el 28 de abril pasado, la misma que en mayo desembocó en la presentación de 26 recursos de amparo, entre ellos el del Comité de Cuenca de La Picasa, que hicieron dar marcha atrás y abrir una instancia de debate e información luego del enojo de parte de los propietarios sureños por la falta de información. Cabe recordar que ese mismo mes se desarrolló una reunión con el gobierno provincial que no dejó nada conformes a productores de la zona.    

Según los productores agrupados en la Asociación de Productores Rurales del Sur de Santa Fe, al proceder a la servidumbre o expropiación, y con los datos que poseen sobre el llamado a concurso para dividir los lotes por parte del Colegio de Agrimensores, se elevaría la cota a 104 metros y podrían inundarse Diego de Alvear, San Gregorio y Aarón Castellanos. También sostienen que La Picasa tiene que estar en un nivel de cota 90-102 para que no tenga ningún tipo de problema y que eso se podría lograr con bombeos.   

“Necesitamos parar esto”, explicó a Sur24 el presidente de la entidad, Enrique Rey, añadiendo que “ya estamos en contacto con legisladores, como Carolina Losada, para que esto se investigue y llegue ‘más arriba’. Nosotros necesitamos que Provincia saque el agua, no que pague servidumbre ni nada, porque hacen firmar a los productores y los condenan para toda la vida”.  

 “Al elevar la cota a 104 -explicó el productor de San Gregorio- suben las napas y se inundan todos los campos a los que nunca les llegó el agua de la laguna, además de que Aaron Castellanos queda bajo agua, Diego de Alvear al límite y lo mismo San Gregorio. Si les llega el agua a los lotes que hoy no tienen se perdería toda la producción y, por supuesto, todos los productores se quedarían sin nada”  

Para Rey, a través de lo hecho hasta aquí se podría trabajar de otra manera. “Hay obras que se están haciendo y hay un canal por gravedad que se ejecutó hace tiempo y tenía una loma que se logró cortar para que el agua pueda tener su caudal”, expresó.  

Las sospechas vienen por el lado del interés que, según los productores locales, puede tener el gobierno de Omar Perotti para expropiar. “Creemos que el tema viene por el lado del interés turístico, por la presión que ejercen las comunas sobre el tema. No nos dejaron ver el expediente cuando pidieron la expropiación o servidumbre para saber por qué la provincia la pedía”, observó.  

Entre las gestiones iniciadas por la Asociación de Productores Rurales del Sur de Santa Fe, se encuentra una carta que fue enviada al gobernador Omar Perotti; a la Confederación Rural Argentina (CRA) y a la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de Santa Fe, Silvina Frana, donde expresan su desconformidad por las medidas que se pretenden implementar y explican los motivos. 

“En relación al Proyecto de Resolución N° 382 emitido por la Provincia con fecha 28 de abril donde se habla de Expropiaciones y Servidumbres de Uso, a los productores afectados por los desbordes de la Laguna La Picasa, vemos con preocupación que se sigue adelante con tal iniciativa pese a que varios productores se manifestaron en forma contraria a través de varios recursos de amparos, además del emitido por el Comité de Cuenca”, comienza el escrito.  

La preocupación, según los productores, se basa en que dicho proyecto “no está acorde a la realidad económica actual, ya que las hectáreas a expropiar o destinar a las mal llamadas servidumbres de uso implican cifras millonarias en U$S que en la actualidad son de imposible cumplimiento. Dichos importes superan holgadamente los U$S 55.000.000 que, si se destinaran a bajar el agua de la laguna, ofrecerían una solución definitiva al problema y solo se necesitaría un porcentaje menor al importe mencionado”. 

La carta prosigue: “No es este el momento ni la forma para proceder a tal ejecución (especialmente a los productores afectados por el crecimiento directo de la laguna). Primero habría que bajar la laguna y luego ofrecerles a los productores que decidan”. 

También hacen mención en cuanto a lo ofrecido por el gobierno provincial, afirmando que, en el caso de elegir servidumbre de uso, “la Provincia ofreció un monto mínimo en U$S a determinar en el futuro, a cambio de aceptar una cláusula por la cual nunca demandarían al Estado por las pasadas y futuras inundaciones. Sería mucho más útil que ese monto sea entregado como subsidio, una vez bajada la cota de la laguna y que sea exclusivamente utilizado en inversión para infraestructura productiva (alambrado, molinos, tanques bebederos, etc) sin la cláusula que impida ejercer sus derechos, si el Estado no vela por los intereses de los productores. En el caso de elegir Expropiación el Estado en la reunión realizada en Diego de Alvear el día 17 de mayo, informó no tener plan a futuro, con lo cual seguramente van a terminar siendo usurpadas”. 

Para los agrupados en Aprusfe, lo resuelto puede generar un problema mayor a futuro, para la región y los productores a los “que “aparentemente” se quiere beneficiar. En el futuro sea quién fueren los circunstanciales administradores estatales podrían por acción u omisión no gestionar adecuadamente los recursos hídricos dejando totalmente indefensos a los productores, esto implica que esos miles de hectáreas no tendrán valor de mercado, ya que nadie compraría o alquilaría un campo para invertir en mejoras, porque los funcionarios de turno son los que van a decidir sobre su propiedad, independientemente si la cota de determinación de Servidumbre de Uso es 102,50 o de 104”. 

El secretario de Recursos Hídricos de Santa Fe, Roberto Gioria, se manifestó sobre el tema y aclaró que “lo que estamos haciendo nosotros es cumplir con lo que nos comprometimos hacer, que es expropiar los campos que están bajo agua y dentro de los reservorios. El nivel máximo de cota que se espera es de entre 98,5 y 102,5; de ninguna manera se pretende llevar la cota a 104. Y añadió: “Puede pasar que La Picasa, como ocurrió en febrero, pase la cota establecida e inunde por encima de esa cota. En ese caso, se le pagaría al productor por el uso de esos lotes que se inunden”. 

Además, Gioria destacó que es en ese sentido que están trabajando y para ello contrataron al Colegio de Profesionales de la Agrimensura de Rosario, “para hacer las mediciones correspondientes y delimitar dónde serían las expropiaciones”, destacando que “primero se mide, después llega a una junta que hace una evaluación de lo que se expropia o puede llegar a un acuerdo de servidumbre, después se le ofrece un monto al dueño del campo; ahí puede aceptar o no, y luego viene al negociación, y el pago, se encarga el Ministerio de Economía; tengo entendido que es un pago único, en una vez”. 

“Lo que se pretende es resarcir a los productores por la afectación que nosotros le podemos provocar por el uso que le daremos a esa servidumbre o expropiación. La Picasa se usa como una represa, entonces, a los dueños hay que resarcirlos. La servidumbre es un beneficio para el productor, porque no se le saca el campo, no se le afecta en nada, es más, se les paga cuando la laguna suba y tengamos que usar esos lotes para inundarlos y bajar la cota”, afirmó. 

Además, destacó que la laguna “ocupaba 3 mil hectáreas y cuando tuvo su inundación máxima pasó a afectar 60 mil hectáreas”, por lo que “se hizo un sistema de drenaje y reservorios donde las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe tienen cada una un porcentaje para disminuir los picos de la crecida. A través de este acuerdo interjurisdiccional también hicieron sistemas de bombeos (norte y sur) que sacan el agua hacia otro sistema”.  

Respecto a las dudas sobre los intereses turísticos detrás de la intención de provincia, el funcionario resaltó que “la provincia no está vinculada a ese tipo de cosas; no quiero hablar de invento, pero es una cosa que extrañamente trae confusión”. 

Seguidamente, el secretario de Recursos Hídricos de Santa Fe aseguró que “de ninguna manera se pretende aumentar la cota a 104 y dejarla permanente, y estamos trabajando para aumentar el bombeo y dejar la cota por debajo de 102,5”. 

Gioria aseguró que “la intención del gobierno provincial es buena” y admitió que “a aquellos productores que no quieran recibir una servidumbre no se le va a hacer, aunque esté por debajo de 102,5”.  

La ley para permitir como excepción, por solo cinco años, la subdivisión de los condominios rurales ya terminó su derrotero para su reglamentación en el ámbito del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, su autoridad de aplicación y hay incluso un texto elaborado para cumplir ese fin. Sin embargo, aún le queda superar otra instancia: la de la Dirección Provincial del Registro General de la Propiedad.

La Ley 14..053 fue discutida por más de una década en la Legislatura y finalmente se aprobó hace poco menos de un año, con un texto muy breve que dejó en la tarea de la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo una carta fuerte para que se convierta por fin en una norma operativa. Acaso por eso, en el segundo de sus tres artículos se estableció que la cartera de la Producción deba reglamentarla “dentro del plazo de 90 días” desde su promulgación.

Un pedido de informes aprobado por la Cámara de Senadores, impulsado por el radicalismo, reclamó precisiones sobre la demora ya que con creces se ha superado el doble del tiempo permitido para cumplir con la reglamentación.

En la respuesta del Ejecutivo, que ingresó a la Cámara alta en la sesión del jueves 11, constan los movimientos entre las oficinas del ministerio de la Producción y lo más relevante del expediente tiene la firma de Joana Natali Mussi, titular de la Subsecretaría de Coordinación Agroalimentaria de ese ministerio que relata que otra repartición, la Subdirección General de Suelos y Aguas “ha confeccionado el Proyecto de Reglamentación de Ley Provincial N° 14.053, el cual consta en Expediente N° 00701-0129253-2, a efectos de cumplir con la manda normativa de reglamentación”. Pero, “al día de la fecha y ya habiendo atravesado el carril administrativo pertinente en esta jurisdicción” el tema ha ido al registro mencionado, que pertenece al Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos.

En pocas palabras, la reglamentación tiene lista su letra elaborada por la autoridad de aplicación dispuesta por la ley mencionada, vigente pero no operativa, porque se llevó el expediente a otro ministerio, el que deberá hacer constar las eventuales operaciones inmobiliarias derivadas de las excepciones a la Ley 9.319, de 1983, que estableció el tamaño mínimo que deben tener las propiedades de los campos para que no pierdan su condición de unidades productivas.

El texto sancionado en septiembre de 2021 solo permite que los condominios inscriptos a la fecha de su promulgación (cuando el Poder Ejecutivo la publica con su número en el Boletín Oficial), es decir, el 10 de noviembre del año pasado.

En innumerables debates sobre el tema en ambas cámaras, los impulsores de la norma de excepción han explicado que muchas veces los campos en manos de numerosos herederos pasan por períodos improductivos hasta que se arriendan mientras se resuelve la perfección de sus títulos de propiedad.

En los fundamentos de la norma, el diputado radical Fabián Bastia asevera que “los condóminos de pequeñas extensiones de campo, por diferentes razones, se han visto obligados a enajenarlas y/o arrendarlas a grandes terratenientes o capitalistas con mayor poder económico. Esto constituye una problemática actual, cierta y real que atraviesa a los sectores más débiles y vulnerables de la economía rural”.

En la Cámara baja, que completó la sanción de la norma, los diputados justicialistas presentes en la sesión del 24 de septiembre de 2021 se opusieron al texto aprobado en tercera revisión. En el Senado hubo unanimidad.

El Litoral “El estrés hídrico de verano hizo caer la proyección de cosecha de soja y maíz 9 y 8 millones de toneladas, respectivamente. En total, el impacto sobre la economía argentina se estima en U$ S 4.800 millones, o un 1% de su PBI potencial”. Así lo advierte un informe del equipo de estudios de la Bolsa de Comercio de Rosario, que encabeza la licenciada Emilce Tarré, según el cual “el estrés hídrico de verano hizo caer la proyección de cosecha de soja y maíz 9 y 8 millones de toneladas, respectivamente”. La entidad advierte que incluso con la recuperación de los precios, “la pérdida de ingresos netos del sector productor ya asciende a U$ S 2.930 millones, lo que redundará en menos fletes, menos servicios financieros y de intermediación, menos consumo. En total, el impacto sobre la economía argentina se estima en U$ S 4.800 millones, o un 1% de su PBI potencial”. Proyecta que las exportaciones de los principales productos de los complejos soja y maíz caerán en 13 millones de toneladas. “Si valorizamos las exportaciones netas del sector a los precios actuales, se estima que dejarán de ingresar al país U$ S 2.665 millones, una caída del 10% respecto al total estimado al cierre del año pasado. “Además -precisa- el Estado dejará de recaudar impuestos por U$ S 1.440 millones, de los cuales U$ S 1.040 millones corresponde a menor ingreso tributario por derechos de exportación, y el resto a otros impuestos”.

“Con una presión tributaria promedio del 30% del PBI, la pérdida global de U$ S 4.800 millones estimada en el presente análisis implicaría una merma en la recaudación de impuestos nacional, provincial y municipal que alcanzaría los US$ 1.440 millones a causa del estado dramático de los cultivos”. La proyección de la entidad rosarina señala que “analizando específicamente el ingreso tributario en concepto de derechos de exportación, si se computa de las exportaciones estimadas totales para la campaña lo que aún resta vender al exterior (es decir, restando las ventas ya efectivizadas según surge del registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior) y se estima su distribución mensual en base a indicadores estacionales, al valorizarlas por el FOB vigente para cada período se tiene que por el complejo soja dejarán de recaudarse US$ 833 millones, en tanto que por exportaciones de maíz la caída asciende a otros US$ 205 millones. “En total, a causa de la sequía, el Estado Nacional dejará de recaudar derechos de exportación por US$ 1.038 millones”.