Renovaciones que hay que cumplir en dos puntos distantes cientos de kilómetros, una carga horaria de cursos de capacitación que pasó de apenas tres a veinte horas (lo que no pocas veces significa pagar una o dos noches de hotel) y un período de transición dispuesto por la Casa Rosada que no ha tenido en cuenta las realidades regionales en cuanto a los servicios médicos, es la suma de los padecimientos creados por una resolución del gobierno nacional que afecta a los camioneros.

El anuncio parecía una simplificación y la eliminación de una fuente de recursos gremiales (el llamado “Carné Moyano”) pero terminó por complicar a los trabajadores del volante: la Nación se desentendió de las licencias pero no previó problemas logísticos elementales.

Como por ejemplo que al hacer más exigentes los exámenes médicos dejó fuera a innumerables localidades donde se podrían completar esas revisaciones si se utilizaran los criterios anteriores.

Por unanimidad y con la firma de los senadores del oficialismo y de la oposición, la Cámara alta de la Legislatura de Santa Fe aprobó una comunicación referida a cambios en la documentación necesaria para el trabajo del camionero.

Se trata de modificaciones para quienes pertenecen a las categorías C, D, y E estipulados en el Decreto 196/2025 del Poder Ejecutivo de la Nación y en la Disposición 54/2025 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Para ellos según subrayó el gobierno nacional ya no habría más dolores de cabeza con la renovación de Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) que quedaría en manos de los centros emisores de licencias provinciales, municipales y comunales. Sin embargo, los efectos fueron otros.

“Vinieron con un discurso, pero la realidad fue otra muy distinta”, resumió el senador por San Martín, Esteban Motta.

El radical indicó que “la Nación no eliminó ese trámite sino que solo se sacó de encima el costo de imprimir esas licencias”.

Son decisiones “que se toman desde un cómodo escritorio, en Buenos Aires, lejos de la realidad y del barro”, graficó.

Así, hoy los cursos de capacitación obligatorios que eran de tres horas pasaron a 20. Y hay solo cinco puntos habilitados para realizarlo, aunque los trámites para la emisión de las licencias se llevan a cabo en las localidades donde reside el solicitante.

“Un camionero del sur o del norte de la provincia debe quedarse por lo menos dos días, por ejemplo en la ciudad de Santa Fe o de Rosario, para llevar a cabo esas extensas capacitaciones. Y seguramente pagar un hotel, además de perder dos o tres jornadas de trabajo”, describió Motta.

“Lo que pretendemos es que los 105 centros de emisión que tienen las municipalidades y las comunas santafesinas puedan tomar los exámenes (además de resolverle la impresión del carné a la Nación) y lo mismo con los exámenes médicos y psicofísicos que muchas veces no pueden completar en esos lugares”, indicó el senador.

“Necesitamos que la Agencia Nacional de Seguridad Vial incluya automáticamente a los efectores públicos de salud de la provincia de Santa Fe en el registro de lugares habilitados para realizar los exámenes psicofísicos”, agregó.

“Encima, muchas veces no hay turnos, con lo que los camioneros quedan sin poder trabajar durante demasiados días”, amplió.

Hubo “una transición de 60 días y en ese plazo se quedaron sin licencias… la realidad es que hoy esta desregulación obstaculiza a la actividad”, expresó.

“Con la promesa de terminar con trámites burocráticos se crearon complicaciones aún peores. El gobierno nacional se ha desentendido de la impresión de las licencias al transferir ese costo a los centros emisores de licencias de las provincias y la ciudad de Buenos Aires, pero para los conductores del transporte de cargas eso significa hacer trámites en dos puntos distantes”, subrayó Motta.

En Santa Fe los centros que otorgan las licencias están en manos de las municipalidades y las comunas. Pero muchas no tienen los aparatos de diagnósticos médicos que ahora se exigen, lo que implica para renovar el carné otro traslado.

“El día 18 de marzo del corriente año el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación anunció cambios en la Reglamentación de la Ley Nacional N.º 24.449 de Tránsito y Seguridad Vial. Entre las modificaciones se encuentran cambios en el otorgamiento de licencias de conducir, resultando preocupante los referido a las de clases C, D y E, es decir licencias profesionales. El Decreto 196/2025 del Poder Ejecutivo, que modifica la Reglamentación General de la Ley N° 24.449 de Tránsito y Seguridad Vial establece cambios en el otorgamiento de la Licencia Nacional de Conducir para las clases C, D y E; y la Disposición 54/2025, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial traslada la responsabilidad de la emisión a las provincias y CABA”, indican los considerandos.

Motta aclara allí que la Nación puso un plazo de 60 días para que las provincias adhieran al sistema, bajo la amenaza de que sin adhesión el trámite debería ser completado solo entra jurisdicción, en otra provincia.

“Debemos dejar en claro que, en caso de que la provincia de Santa Fe no se hubiera adherido a los convenios estipulados por las autoridades nacionales las renovaciones o habilitaciones por primera vez solo se hubieran podido realizar fuera de Santa Fe, explican los fundamentos del senador del oficialismo.

Uno de los puntos destacados en esta asamblea fue el informe sobre el desempeño económico de la gestión del sindicato, el cual subrayó el sólido rumbo de la actual administración. Los balances de la institución, auditados y aprobados, reflejaron un impresionante crecimiento patrimonial, superando el asombroso 4,000 % desde que Sergio Aladio asumió la dirección en 2016. Este logro se destaca al ser aproximadamente diez veces más que la inflación acumulada en Argentina durante el mismo período. Aladio comentó con orgullo: "Nuestro progreso habla por sí solo y demuestra que alejarnos de la Federación fue la elección correcta, por más difícil que pareciera en ese momento".

Además de los avances económicos, Aladio también abordó la reciente negociación paritaria, reconociendo que, aunque se firmó, "no cumplió con nuestras expectativas". Señaló la preocupación por el centralismo en las decisiones y la pérdida de iniciativa en las negociaciones paritarias.

Asamblea de camioneros de Santa Fe

En este contexto, se destacó la importancia de la renegociación del convenio colectivo de trabajo, donde se informaron avances y acuerdos con los representantes empresariales. El desafío principal es mejorar las condiciones laborales y modernizar tareas y responsabilidades, con un enfoque en la colaboración y sinergia entre trabajadores y empresarios para el beneficio del sector y la generación de empleo en la provincia y el país.

Esta Asamblea de Camioneros de Santa Fe reafirma su compromiso con la mejora continua de las condiciones de trabajo y el bienestar de sus miembros, demostrando que, a pesar de los desafíos, la unidad y la visión a largo plazo son fundamentales para el futuro de la industria del transporte en la región.

El fiscal Iván Raposo solicitará cuatro años de prisión para el Secretario General del Sindicato de Camiones de la provincia de Santa Fe y Presidente de la Obra Social, Juan Chulich, en el marco de una causa donde es investigado, junto a su hijo Lucas, por amenazas coactivas.

El funcionario del Ministerio Público de la Acusación, adelantó que en los próximos días realizarán la requisitoria de elevación a juicio oral, al considerar que ya reunieron un número importante de pruebas para llevar adelante la acusación.

Desde el Poder Judicial consideran que están ante una feroz interna entre dos sindicatos de camioneros. Uno conducido por Sergio Aladio, y el otro por Chulich, que responde a la estructura nacional de Hugo Moyano.

“Esto surge a raíz de una denuncia (del 29 de junio de 2021) donde hay presuntos aprietes de parte de camioneros conducidos por Chulich en esta provincia y que responden a Moyano”, indicó el fiscal de la causa, Iván Raposo.

En un principio, a “los afiliados los coaccionaban a través de la obra social. Entonces en vez de pagar 30 pesos un bono (para atención médica), debían abonar 300, salvo que se desafilien con una carta documento pre impresa renunciando al gremio de Sergio Aladio y se afilien al de camioneros de Juan Chulich”, agregó.

Concretamente, un chofer aseguró el año pasado en sede judicial que desde el sector que responde a Moyano le dijeron que le iban a dar de baja coberturas médicas si no pasaba de la obra social provincial de Camioneros a la nacional.

Denuncia en Rosario

Denuncias de similares características se realizaron en la ciudad de Rosario, y desde la Unidad Fiscal de Delitos Económicos decidieron intervenir teléfonos celulares.

De ahí se desprende una llamada telefónica que se filtró en las últimas horas, donde un presidiario alojado en la cárcel de Piñero se comunica con Chulich el 20 de septiembre de año pasado y le dice: “Hola, ¿Juan? Cuchá (sic), tu número me lo pasó Seba Camaño. Nosotros somos los que le prendimos fuego el sindicato a Aladio. ¿Ahora vos querés que lo caguemos a tiros? Tenés que bajar la moneda, amigo. Bajá la moneda y lo cagamos a tiros al toque…Como la vez pasada. Vos sabés que bajás la moneda y lo hacemos al toque”.

Avances en la causa

La imputación contra Juan Chulich y su hijo Lucas (a cargo del Sindicato en el departamento General López) se realizó el año pasado.

“El sindicato de Sergio Aladio se constituyó como querellante. Y ya estamos por elevar la causa a juicio, ya que prácticamente tenemos reunidas todas las pruebas. Vamos a pedir la condena máxima para este tipo de delitos, que son cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo para Juan y para Lucas”, aseguró Iván Raposo,