Mauro L. Muñoz

Durante menos de una hora, el Senado de la Nación realizó la sesión pública especial en la que prestaron juramento 23 de los 24 senadores electos en los comicios del 26 de octubre. La ceremonia fue presidida por la vicepresidente de la Nación y titular de la Cámara, Victoria Villarruel, bajo la mirada atenta de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el Ministro del Interior, Diego Santilli, ubicados en un palco privilegiado.

El cuerpo aprobó la designación de Alejandro Fitzgerald como secretario administrativo del Senado. Crédito: HCSN.

La sesión comenzó a las 11.12 y concluyó a las 12.01. Fue breve, pero intensa. En el arranque, el cuerpo aprobó la designación de Alejandro Fitzgerald como secretario administrativo del Senado, propuesta por el bloque de La Libertad Avanza. Luego se avanzó en el tratamiento de los títulos de los senadores electos, con un voto afirmativo unánime de los 68 presentes, y se abrió el capítulo que venía levantando temperatura desde hace semanas: el futuro de la rionegrina Lorena Villaverde.

El nombre de Lorena Villaverde hizo ruido antes de que comenzara la sesión. La diputada y senadora electa llegó temprano, evitó hacer declaraciones y se ubicó en una banca mientras el resto de los legisladores iban tomando sus lugares. Su pliego había sido objetado en la Comisión de Asuntos Constitucionales por impugnaciones vinculadas a presuntos vínculos con el empresario “Fred” Machado, extraditado a Estados Unidos por causas de narcotráfico y lavado, y por un antecedente de intento de ingreso a ese país con cocaína dos décadas atrás.

Villaverde estaba sentada en el recinto cuando se produjo una de las escenas políticas de la jornada. Patricia Bullrich la divisó y se dirigió directamente hacia ella. Hubo una charla de varios minutos, con gestos intensos ampulosos, a la que se sumó el senador Luis Juez, que la había defendido en comisión. Desde el palco, Karina Milei seguía la escena con atención. Minutos después, Villaverde recogió su libreta y se retiró. Esa banca sería ocupada luego por la propia Bullrich, en calidad de futura jefa del bloque oficialista.

Bullrich convenció a Villaverde que se retire del recinto antes de la jura. Crédito: HCSN.

Según reconstruyeron fuentes parlamentarias, Bullrich le advirtió a Villaverde que la iban a expulsar del recinto, que se estaba exponiendo y que “iba a ser peor quedarse que irse”. El oficialismo no tenía los votos para sostener el pliego en el recinto y el rechazo a su diploma podía transformarse en la primera derrota política del nuevo esquema de poder libertario en la Cámara alta.

En ese contexto, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, pidió la palabra cuando correspondía votar el dictamen que rechazaba el título de la rionegrina. “Queremos hacer una moción desde el bloque de La Libertad Avanza para proponer que el título de Villaverde vuelva a la Comisión de Asuntos Constitucionales porque entendemos que hay cuestiones que faltan dirimir”, planteó.

Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli en el palco central de la Cámara alta. Crédito: HCSN.

La moción se aprobó por unanimidad, a mano alzada, con los 68 senadores presentes. El pliego de Villaverde regresó a comisión y, con esa decisión, quedó sellado que el bloque libertario arrancará la nueva etapa con 19 y no con las 20 bancas que esperaba mostrar el Gobierno. Villaverde seguirá, por ahora, en su banca de Diputados y deberá esperar a la nueva Comisión de Asuntos Constitucionales para que se vuelva a discutir su caso.

Resuelto el capítulo Villaverde, la sesión entró en el tramo más protocolar, aunque con ingredientes políticos en cada gesto. Villarruel, desde la presidencia, fue llamando a los senadores electos por orden alfabético de las provincias que renovaron este año: Chaco, Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Por Chaco juraron Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider, ambos de La Libertad Avanza, y Jorge Capitanich por Fuerza Patria, exgobernador que regresa al Congreso tras 18 años. Por la Ciudad de Buenos Aires se incorporaron Patricia Bullrich y Agustín Monteverde por el oficialismo, y Mariano Recalde por Fuerza Patria. Desde Entre Ríos se sumaron los libertarios Romina Almeida y Joaquín Benegas Lynch, junto al peronista Adán Bahl. En representación de Neuquén prestaron juramento Pablo Cervi y Nadia Márquez por La Libertad Avanza y Julieta Corroza por La Neuquinidad.

Sin la presencia de Villaverde, por Río Negro lo hicieron Ana Marks y Martín Soria, ambos de Fuerza Patria. Por Salta juraron Gonzalo Guzmán y María Emilia Orozco en nombre del oficialismo, y Flavia Royón por Primero los Salteños. Santiago del Estero aportó al gobernador saliente Gerardo Zamora y a Elia Montero por el Frente Cívico, además de José Neder, alineado al mismo espacio desde Fuerza Patria. Tierra del Fuego completó la nómina con los libertarios Agustín Coto y Belén Monte de Oca, y con la reelecta Cándida López, referente kirchnerista.

La foto política más potente fue, sin dudas, el juramento de Patricia Bullrich. La ex ministra de Seguridad lo hizo acompañada por su familia. Apenas terminó de pronunciar el clásico “sí, juro”, giró hacia el palco donde se encontraban Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli. Los tres se pusieron de pie, la aplaudieron de manera enfática y levantaron los pulgares en señal de respaldo del rol que esperan que cumpla como jefa del bloque libertario.

La diferencia fue palpable cuando llegó el turno de Cándida López, última en jurar y una de las pocas que decidió salirse de la formalidad. La senadora de Unión por la Patria, conocida por sus intervenciones ácidas en el recinto, hizo un juramento cargado de contenido político. “Juro por Tierra del Fuego y las Islas del Atlántico Sur, por las Islas Malvinas y por los 30.000 desaparecidos. Tres, cero, punto, cero, cero, cero”, dijo, con la mano apoyada sobre la Biblia. Generó tibios aplausos desde los palcos y gestos adustos en el palco oficial.

Sobre el final de la sesión, la tensión en el nuevo Senado sumó su primer capítulo. Bullrich como flamante jefa del bloque libertario pidió la palabra y la vicepresidenta Villarruel le negó el uso del micrófono, en medio del reclamo del peronismo para que no se alterara lo acordado en la previa.

El telón de fondo fue el malestar de Bullrich por las dificultades que, según planteó, habían tenido algunos funcionarios del Gobierno para ingresar a los palcos, y por las supuestas diferencias en la entrega de invitaciones para los familiares de los nuevos senadores.

Cuando Bullrich levantó la mano para hablar, Villarruel salió al cruce con un recordatorio directo a los jefes de bloque. “Yo les pido, habíamos acordado ayer, todos los bloques presentes, en reunión con los presidentes de bloque presentes, que no iba a haber discursos ni ninguna intervención en la sesión de hoy”, sostuvo la vicepresidenta, mientras el jefe del interbloque peronista, José Mayans, acompañaba el planteo desde su banca. El micrófono nunca se abrió para la ministra.

“No puedo permitir el uso de la palabra porque la misma resultó de un acuerdo que tomaron todos los bloques”, insistió Villarruel, y de inmediato levantó la sesión. La escena duró segundos, pero dejó flotando la idea de que la convivencia interna del oficialismo en la Cámara alta tendrá, como mínimo, algunos roces visibles.

Apenas se apagaron los micrófonos, Bullrich se acercó al estrado de la presidencia. Ese cruce no quedó registrado en la transmisión oficial del Senado, pero sí en algunos teléfonos celulares del recinto. En las imágenes se ve a la senadora hablándole a Villarruel, que casi no responde y se limita a hacer un gesto con las palmas de las manos hacia arriba, como marcando que el tema estaba cerrado.

A las 16 estaba convocada la sesión preparatoria que este lunes debía ratificar o modificar las autoridades del Senado de la Nación. Media hora después, es decir, al cabo del plazo reglamentario, la vicepresidenta de la Nación y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, informó que no se había reunido el quórum necesario (37 senadoras y senadores) e invitó a los presentes a retirarse del recinto.

Habían faltado a la cita los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano.

De esta manera, quedaron prorrogados los mandatos de las autoridades que ya se desempeñaban hasta el momento; es decir, Bartolomé Abdala como presidente pro témpore del Senado (tercero en línea de sucesión luego de Javier Milei y Villarruel), Silvia Sapag como vicepresidenta, Carolina Losada como vicepresidenta 1° y Alejandra Vigo en la vicepresidencia 2°.

Esas son las autoridades que tendrá el Senado el próximo sábado a las 21 cuando el presidente Milei dirija ante la asamblea legislativa (senadores y diputados) su discurso de inauguración del 143° período de sesiones ordinarias.

Con el respaldo de los senadores nacionales, Carolina Losada y Dionisio Scarpin, se pidió la declaración de interés en el Senado de la Nación de la ordenanza municipal de Rosario para la creación de un Sistema de Control Financiero para la prevención del lavado de activos. 

La iniciativa, que tiene como objetivo dotar al gobierno local con una herramienta más para frenar el lavado de activos del narcotráfico y delitos provenientes del comercio ilegal, fue en primer lugar impulsada por el concejal de Juntos por el Cambio y referente de la UCR santafesina, Martín Rosúa. Luego de complementarse con aportes del propio intendente de la ciudad, Pablo Javkin, y otros concejales, el proyecto de Agencia Antilavado fue aprobado el pasado 11 de agosto. 

Ante una situación de violencia urbana inédita en Rosario, Rosúa presentó a principios de año un proyecto para dotar al municipio de una herramienta que le permita actuar con mayor peso y protagonismo frente a los embates de las organizaciones delictivas ligadas al narcotráfico. 

“Buscamos pegarle al narcotráfico donde más le duele, en sus negocios”, explicó Rosúa sobre la ordenanza que pondrá en marcha la agencia que, mediante el entrecruzamiento de datos que posee el Municipio, en convenios con otros organismos provinciales y nacionales, podrá detectar incongruencias entre los patrimonios o bienes de una persona con nula o inexistente actividad económica que lo justifique.  

“Esta ordenanza no solo vino a constituirse en una herramienta más para combatir al narcotráfico, sino que se transformó en la primera norma en su tipo dictada desde un Municipio en la República Argentina”, señaló Carolina Losada, quien confía que, a través de la declaración de interés por parte del Senado, pueda constituirse en un modelo a ser tomado por otras ciudades y localidades en todo el país.  

La crisis en seguridad que vive la provincia de Santa Fe tiene su epicentro en la ciudad de Rosario, que hace más de 10 años viene padeciendo el flagelo del narcotráfico con una magnitud jamás vista en nuestro país. “La inseguridad es hoy la principal preocupación de los santafesinos, que viven acorralados por el miedo ante la inacción y la falta de un plan, tanto del gobierno provincial como el nacional”, expresó Losada. La senadora viene pidiendo la aprobación de su proyecto para la declaración de “Emergencia en seguridad” para todo el territorio provincial.  

“Mientras el kirchnerismo sólo se encolumna detrás de la ex presidente para solucionar sus problemas con la justicia, en mi provincia los vecinos viven con miedo”. En lo que va del año, Santa Fe registra 287 homicidios, más de 500 heridos, figurando entre los muertos, 22 menores de edad y 45 mujeres. 

“La situación es crítica y la ciudadanía necesita que la dirigencia, en todos sus estratos, trabaje codo a codo para hacerle frente a una situación tan compleja como urgente”, agregó Rosúa, quien detalló que la principal  función de la Agencia Antilavado es el entrecruzamiento de datos ya digitalizados de los distintos entes y registros (Registro automotor, embarcaciones, Registro Propiedad, API, Rosario Digital, etc., con AFIP, MPA y UIF), unificando y relacionando la información suministrada sobre los bienes que posee una persona con sus actividades económicas lícitas y sus antecedentes penales. “Cuando el resultado de la investigación encuentre una situación de incongruencia entre los bienes que posee y sus ingresos económicos, la Agencia elevará un informe al organismo judicial correspondiente. Para combatir al crimen organizado es necesario que todos los poderes del estado, en todos sus niveles, estén alineados”.