Un proyecto de ley en la Cámara de Senadores pone el foco en dar más precisiones a un enunciado general sobre valores éticos, a propósito del uso de la inteligencia artificial en el marco del Derecho de Acceso a la Información Pública.

El texto fue promovido por el senador por Las Colonias, Rubén Pirola, e ingresó a la Cámara en la última sesión ordinaria y pasó- junto con otros asuntos- a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

El proyecto en su parte resolutiva tiene solo un artículo y modifica la Ley de Gobernanza en Santa Fe que ha consagrado el derecho antes mencionado, anticipándose a una de las nuevas incorporaciones en la Carta Magna santafesina.

El líder de la bancada del peronismo busca un marco de mayores precisiones al uso de estas tecnologías digitales, como por ejemplo en el caso del espionaje.

Se propone modificar el artículo 12 de la Ley N° 14.256, que define los “Principios éticos aplicables a la IA” con lo siguiente: “Todo desarrollo y uso de IA debe estar basado en principios éticos fundamentales que garanticen el respeto de los derechos humanos, asegurando la dignidad y diversidad humana, la privacidad, la transparencia, la responsabilidad y la equidad”.

“La provincia -sigue- adhiere a la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial, aprobada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) el 23 de noviembre de 2021”.

En los considerandos, Pirola expresa que “la reforma de la Constitución Provincial en el año 2025 incorporó la temática de los derechos digitales, la tecnología y los entornos digitales en los artículos 27, 28 y 29, consagrando principios generales al respecto, en cuanto al uso ético de las tecnologías de manera segura y orientados al bien común, preservando la centralidad y la dignidad de la persona humana”.

“El desarrollo acelerado de la IA está modificando de manera profunda la vida social, económica, cultural e institucional en todo el mundo. Se trata de tecnologías que, a través del análisis de grandes volúmenes de datos y la capacidad de aprendizaje automático, permiten optimizar procesos, mejorar la toma de decisiones, ampliar el acceso a servicios y generar nuevas oportunidades de desarrollo”, observa.

De inmediato advierte que sin embargo “junto a sus potenciales beneficios, la IA también plantea desafíos y riesgos significativos que requieren de un abordaje ético normativo y responsable”.

Entre las comunicaciones oficiales ingresadas al Senado de la Provincia de Santa Fe se destacan dos envíos de la municipalidad de Cañada de Gómez, que hablan del plan de Poder Ejecutivo Provincial de tomar en sus manos las obras para hacer viables los accesos a los puertos, mediante sistemas de peajes como mecanismo de financiación.

La iniciativa diseñada por el gobierno de Santa Fe ya ha sido presentada públicamente y contempla intervenciones en tramos de caminos comunales y municipales, rutas provinciales y sobre todo nacionales que colapsan cuando el movimiento de cargas es mayor.

La posibilidad de que un sistema de peajes pueda en parte financiar las inversiones que llevan décadas de retraso en infraestructura que, en el caso del Estado nacional está en peores condiciones por falta de mantenimiento, es el centro de senadas notas.

Los concejales cañadenses impusieron a los senadores sobre sus dudas respecto de cómo impactará el mecanismo de financiación en su comunidad. Manifiestan que se espera contar con una copia del proyecto y más detalles respecto del fideicomiso previsto. Si se ha previsto cobrar un nuevo impuesto (algo ya desmentido por la Casa Gris) y ante la información de que se necesitan 400 millones de dólares para ese emprendimiento saber qué sucederá con las contribuciones sobre el transporte de cargas y el sector productivo en general.

En tan solo una semana desde su ingreso formal, al cabo de dos reuniones clave y con despacho conjunto de las comisiones de Economía y de Presupuesto y Hacienda, la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe avanzó con media sanción para obtener financiación internacional para "blindar" su plan de Obras Públicas con 1.150 millones de dólares.

Se trata de dos leyes pedidas por el gobernador Maximiliano Pullaro que en un caso plantean la salida al mercado internacional para emitir bonos de deuda por mil millones de billetes verdes y llevar adelante nuevas inversiones (además de garantizar la conclusión de las que están en marcha) y en el restante para acceder a un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe por 150 millones de dólares para el financiamiento del Programa Integral de Logística Urbana y Metropolitana del Gran Rosario.

Para ambas normas, mantuvieron sendas reuniones con el oficialismo primero y la oposición después dos ministros del Gabinete. El de Economía, Pablo Olivares, que expuso los números de los flujos de inversión corrientes y su lectura sobre la baja en los fondos que provienen del gobierno nacional fuera de la coparticipación automática, además de las potencialidades de Santa Fe para enfrentar un endeudamiento que aún es muy bajo; y el de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, que tiene la misión de apurar los tiempos en la Legislatura y asistió a la sesión donde los dos proyectos lograron la media sanción. Los textos llegaron de inmediato a Diputados y pasaron a comisiones (lo mismo que ya había hecho el Senado).

Para el senador Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal) se trata de una operación de toma de deuda que alienta "un proceso virtuoso, destinado a inversiones de capital que cuidan el futuro de los santafesinos", con un nuevo plan de obras a desarrollar y que asegura "blinda" las que están en ejecución. "Es para llevar adelante obras que no se han iniciado", resumió.

Afirmó que en 2024 la inversión de capital del gobierno de Santa Fe llegó a los 500 millones de dólares y subrayó que ahora, con este plan de financiación, se llegará a otros 1.500. "Buscamos asegurar más competitividad para la producción, no solo la santafesina, también para Córdoba y provincias mineras que van a lograr una mejor salida de su producción al mundo por los puertos de Santa Fe".

El presidente provisional del Senado dijo que "ha llegado el momento de tomar decisiones inteligentes" y usar las fortalezas provinciales de su bajo nivel de endeudamiento con una emisión de bonos en el mercado externo: dos estados subnacionales tienen las mejores calificaciones, "Santa Fe y Caba". Concluyó que "queremos cancelar al menos en parte la deuda social y productiva que tenemos con los santafesinos".

Expresó su especial agradecimiento a todos los senadores justicialistas que votaron favorablemente y los nombró a cada uno de los cinco integrantes de la bancada justicialista.

En tanto, Rodrigo Borla como jefe de bloque del oficialismo recordó los efectos positivos de mantener políticas de Estado más allá de los vaivenes políticos en los gobiernos. Habló de gestiones anteriores del Frente Progresista, Cívico y Social y del Justicialismo que han iniciado y continuado, según el caso, gobiernos en alternancia, una prolija administración de las cuentas fiscales. "En Santa Fe, nunca nos endeudamos para pagar deudas o para la bicicleta financiera, ni para tener reservas, o gastos corrientes: es para hacer obras", destacó.

Habló de la merma en los flujos de fondos no automáticos del Estado Nacional, donde Santa Fe ocupa el último lugar en el envío de los ATN y graficó la premisa de "obra pública cero" de Milei con consecuencias mortuorias en las rutas: "Hoy tenemos intendentes y presidentes de comunas que están tapando como pueden los baches de las rutas nacionales", alertó.

Explicó que de un ticket de compras de cualquier consumición sometida a impuestos de 10 mil pesos, en Santa Fe quedan apenas 200 mientras que otros 1.800 van a la Nación. "Esperamos más allá de este plan de financiación que alguna vez nos devuelvan algo de esto", más adelante, Esteban Motta (UCR-San Martín) afirmó que bastaría con un año de retenciones al agro para llegar a mil millones de dólares.

Con objeciones parciales y expresiones de deseo para que no haya situaciones de discriminación por color político a la hora de definir obras públicas, el bloque del Partido Justicialista decidió votar favorablemente la media sanción para dos leyes que permitirán ampliar el endeudamiento exterior de Santa Fe por 1.150 millones de dólares en total.

Los senadores opositores cuentan con apenas 5 de las 19 bancas y eligieron que la gestión a llevar adelante por Santa Fe -que también requerirá de la no objeción del gobierno nacional- cuente con el aval de la unanimidad de la Cámara alta de la Legislatura santafesina.

Para ello, esta semana los legisladores peronistas se reunieron con los ministros de Gobierno e Innovación Pública Fabián Bastia y de Economía Pablo Olivares. Alcides Calvo (Castellanos), Hugo Sosa (Vera), Armando Traferri (San Lorenzo), Eduardo Rosconi (Caseros) y Rubén Pirola (Las Colonias) plantearon la necesidad de que haya una distribución armónica de los fondos a obtener mediante deuda que se traducirán en obras.

La bancada mostró su predisposición a avanzar con la construcción de infraestructura que es estratégicas en todo el mapa de la bota en materia de rutas, gasoductos, acueductos como así también obras previstas con fondos nacionales que "lamentablemente no han visto continuidad y que las podrían ser ejecutadas por la Provincia".

Rubén Pirola, como titular de la bancada, agradeció la predisposición de Michlig de Unidos y de los ministros para poder hablar poder "tener criterios comunes para mirar al mediano y el largo plazo" en obras estratégicas. Destacó que se añadió un documento con consideraciones sobre el proyecto para que vayan a Diputados, aunque no integren el expediente, y definió: "No somos nosotros los que trabemos el desarrollo de la Provincia de Santa Fe. Se triplica el endeudamiento actual que igual seguirá siendo bajo y entendemos que es una iniciativa positiva", destacó.

Pidió recordar que "la provincia tiene 19 departamentos y que todos tienen que crecer, que igualar es desarrollo. Damos un voto de confianza al Poder Ejecutivo Provincial porque somos dirigentes de la Provincia de Santa Fe: queremos más inversiones de capital", agregó.

El momento de los homenajes y manifestaciones, en el Senado de Santa Fe hubo un momento revelador respecto de cómo se ven los problemas del interior del país desde poderosos escritorios en Buenos Aires.

La senadora por General López Leticia Di Gregorio (UCR-Unidos para Cambiar Santa Fe) contó a sus pares, en la sesión del jueves 27, la respuesta sobre las rutas nacionales en el sur de la provincia que el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, le dio a un grupo de legisladores del oficialismo provincial y dirigentes de la ciudad de Venado Tuerto. Fue en el contexto de un acto que tenía otros temas convocantes, pero que derivó en ese grave problema vial.

Di Gregorio expresó que "como recién decía el senador (Felipe) Michlig (UCR-San Cristóbal), es 'lamentable' lo que vemos como respuesta por parte de las autoridades nacionales cuando se les plantean los problemas del interior del país, donde evidentemente las medidas se toman sin saber qué sucede en la realidad del territorio", dijo.

"Hace algunos meses, tuvimos en Venado Tuerto la visita del ministro Sturzenegger por la inauguración de un nuevo vuelo comercial y un grupo de legisladores le plantearon la necesidad de que sean escuchados sus reclamos sobre las rutas nacionales y su mal estado. Y su respuesta fue "¿Tan mal están?". Di Gregorio encogió sus hombros, y fue especialmente enfática al repetir esas palabras, acaso en una imitación gestual del ministro de la Nación al recordar aquel momento incómodo.

"Lo primero que sentimos fue indignación, después bronca y finalmente preocupación, mucha preocupación porque vemos que hay un grado desconocimiento del país que la verdad que asusta", disparó la senadora provincial. "Uno no pretende que Sturzenegger recorra las rutas santafesinas pero ¿para qué están los diputados nacionales que representan a Santa Fe? Sobre todo pienso en los diputados nacionales por Santa Fe que pertenecen al partido del gobierno nacional", destacó al recordar aquella escena en la que varios callaron.

Entonces, agregó: "¿para qué está (Nicolás) Mayoráz, para qué está Romina Diez? Deberían haber sido quienes le digan al funcionario que sí, que es cierto, que las rutas nacionales también en el sur de Santa Fe están mal, que tienen razón en lo que piden", abundó. Y exigió: "aunque sea trasladen eso… porque (desde el oficialismo provincial de Santa Fe) nos sentimos muy solos en este reclamo, tal como dijo recién el senador Ciro Seisas", comentó.

La representante por General López se refería a un pedido formal de su par por Rosario que pretende que las autoridades de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación y de la Dirección Nacional de Vialidad enfrenten en una audiencia pública los reclamos por el estado de las rutas nacionales, no solo de los dirigentes políticos de la oposición, sino también de las fuerzas vivas de la producción por donde sale el 70% de las materias primas que se exportan en la Argentina.

El representante por Rosario contó las veces que el gobierno provincial de Santa Fe pidió a la Nación hacerse cargo, con recursos de los santafesinos, de lo que debería pagar la Casa Rosada. Y expresó que en doce oportunidades se formuló ese reclamo ante distintos funcionarios nacionales, que varias veces cambiaron en un año y medio de gestión del presidente Javier Milei. O de interlocutores habilitados para una negociación. El último intento terminó con la pretensión nacional de que la provincia renuncie a las acreencias que el gobierno central tiene con Santa Fe, lo que clausuró las conversaciones.

"Desde esa banca hemos pedido varias veces que la Nación se ocupe de reparar las rutas nacionales 33, 8 y 7. Tampoco tuvimos respuestas y a raíz de esas frustradas gestiones presenté un recurso de amparo ante el Juzgado Federal de Venado Tuerto para que se hagan urgentes trabajos y una cautelar urgente por los tres tramos donde es más peligrosa su situación. Estamos aún en los plazos en los que recibiremos una respuesta, y ojalá la Justicia actúe como corresponde y Vialidad Nacional actúe porque su estado es realmente calamitoso", expresó el pasado jueves 27, antes de conocerse la respuesta favorable judicial a su amparo.

Ciro Seisas pide que haya una audiencia pública con las autoridades nacionales que cortaron el mantenimiento de las rutas nacionales que pasan por Santa Fe. Espera que además de dirigentes políticos, tengan que oír a las fuerzas vivas de la producción "por donde pasa el 70% de las exportaciones argentinas". Crédito: Pablo AguirreCiro Seisas pide que haya una audiencia pública con las autoridades nacionales que cortaron el mantenimiento de las rutas nacionales que pasan por Santa Fe. Espera que además de dirigentes políticos, tengan que oír a las fuerzas vivas de la producción "por donde pasa el 70% de las exportaciones argentinas". Crédito: Pablo Aguirre

Seisas se refirió al "estado calamitoso de las rutas nacionales que atraviesan territorio santafesino" al impulsar un proyecto de resolución para solicitar al Secretario de Obras Públicas de la Nación, Luis Giovine, y al Director de Vialidad, Marcelo Campoy, tengan a bien conceder una audiencia de carácter urgente sobre el tema. El objetivo es hablar de "la paralización de obras que dichos organismos deberían efectuar en la provincia" para "avanzar en la búsqueda de soluciones que permitan alcanzar condiciones óptimas de tránsito y seguridad vial".

El senador Rubén Pirola (Las Colonias) presentó una propuesta que fue aprobada por toda la Cámara, mediante un proyecto de comunicación firmado por el jefe del Bloque Justicialista, para solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que gestione ante la Nación la continuidad y finalización de la obra correspondiente a la Circunvalación Ferroviaria de la ciudad de Santa Fe, también paralizada por la Casa Rosada.

El presidente provisional del Senado, Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal), lo explicó muy bien al cerrar una ronda de intervenciones: iba a ser una sesión corta y de pocos temas que derivó en una por momentos tensa reunión, bastante más extensa de lo previsto y con cruces entre el oficialismo y la oposición que recordaron otros tiempos.

En rigor, al pronóstico que podría haber hecho cualquiera de los participantes en la Comisión de Labor Parlamentaria no le faltó ningún expediente a tratar, ni manifestación a realizar, pero no tuvo en cuenta un asunto importante: casi todos los senadores están en campaña electoral.

La piedra de la discordia fueron dos clásicos para los chispazos entre los representantes de los 19 departamentos: la distribución -o la discriminación- en el destino de las obras públicas provinciales, según color partidario de cada localidad. (En rigor sólo se discute por cómo la Casa Gris reparte recursos porque la Rosada no lleva a cabo casi nada en Santa Fe en cumplimiento de su consigna electoral de dedicar cero peso a la obra pública). Y otro asunto por el que los senadores opositores mostraron su enojo, también muy conocido: no se los invita, según dijeron, a los actos que contienen el mágico momento del corte de cintas o el de la apertura de sobres desde el ministerio de Obras Públicas a cargo de Lisandro Enrico.

Los tres senadores opositores que expusieron su enojo: Armando Traferri (San Lorenzo), Alcides Calvo (Castellanos) y Rubén Pirola (Las Colonias) dejaron expresamente al gobernador Maximiliano Pullaro al margen de las críticas y en cambio se concentraron en "el ministro-senador", según la definición del jefe del bloque PJ.

Pirola, como Michlig, tuvo un discurso que pudo mostrar el camino para un entendimiento mejor entre opositores y oficialistas al ponderar el clima histórico de convivencia y la necesidad de permitir que cada senador haga los reclamos que cree justos para defender su representación territorial.

Esta vez, curiosamente, a la primera piedra la tiró un senador en extremo prudente: el justicialista Calvo, muy cercano al ex gobernador Omar Perotti, que bien confesó que no le gusta presentar pedidos de informes pero que esta vez lo hizo porque no acepta que, contra lo que indica el Presupuesto (que tiene fuerza de ley) se haya dejado sin fondos una obra vial en Castellanos.

Allí aprovechó a comentar: "en lo personal me siento dolido. Enrico fue el senador que siempre reclamó durante el gobierno anterior y siempre guardé un respetuoso silencio ante sus palabras. Sobre todo cuando no se lo invitaba al senador a los actos oficiales en el departamento que representa. Tenemos que aprender, somos grandes: la democracia se consolida con gestos y valoro la actitud del gobernador Pullaro y de otros ministros que nos llaman. Hoy no lo llego a entender al ministro Enrico. Ojalá que pueda reflexionar", dijo.

Traferri le puso una cifra dura a la discusión. Dijo que había sumado cada una de las obras provinciales que tuvieron como destino al departamento, que no cuestionó en su totalidad pero que al momento de dividir las ciudades y pueblos según su color político un "92% de las obras fueron dirigidas" a municipios y comunas del partido de gobierno.

"Se discrimina a esas comunidades, no a un intendente: Carcarañá recibió 40 millones en lo que va de la gestión, en cambio Roldán más de 2.500; Capitán Bermúdez, 136 millones frente a los 10.000 que llegaron a la ciudad de San Lorenzo; Fray Luis Beltrán y Puerto San Martín rondaron los 90 millones, y hubo comunas que contaron con más de 3.000". Una vez más insistió como Calvo que seguramente el gobernador no sabe de esa situación.

Una posterior intervención de Germán Giacomino (UCR-Constitución) escaló las diferencias. "Años atrás, a algunos departamentos y distritos les sobraban inversiones y a otros no les llegaba nada. Puede ser que hoy se esté haciendo una compensación para aquellos que no recibieron obras y que, de alguna manera, el gobierno de la provincia de Santa Fe esté buscando un sistema más equilibrado y equitativo. Antes era directamente un acto de discriminación", opinó.

Recordó que en Villa Constitución y Pavón hubo un programa de iluminación con leds que fue muy importante en esas dos localidades que gobernaba el PJ. "En cambio, Empalme, que tenía autoridades de otro signo político, no recibió nada. De noche Empalme se alumbraba con el reflejo de esas dos localidades", graficó. Y expresó que era conveniente recordar esos datos "porque sino parece que al monstruo y al mal lo generamos nosotros".

Para el senador que lidera hoy a la oposición y para el que lo hizo antes, Pirola y Traferri, ese fue un límite que no toleraron. Ambos hablaron de cómo ejercieron primero una "oposición responsable" al cuidar la gobernabilidad pese a la mayoría justicialista de la Cámara ante los gobiernos del Frente Progresista, Cívico y Social y de cómo con Perotti (y el quiebre del peronismo en la Cámara) hubo un "oficialismo responsable" ante la Casa Gris.

El cierre del senador por San Cristóbal que también es presidente del Comité Provincial de la UCR fue, en alguna medida una manera de superar el conflicto al identificar y criticar rivales comunes entre el radicalismo y el justicialismo del Senado: el discurso a favor de la unicameralidad que la ley que declara la necesidad de la reforma no ha habilitado pero ya es parte de la campaña de los candidatos del oficialismo nacional y el sector celeste que es anterior en Santa Fe a La Libertad Avanza.

Antes ya habían abierto con destreza esas posiciones Leonardo Diana (UCR-San Jerónimo) y Esteban Motta (UCR-San Martín) respecto de la misión de la Cámara de defender, con la representación territorial, a los ciudadanos que viven en poblaciones menos pobladas.

"Hoy hay diez departamentos de los 19 que no tienen ningún diputado provincial santafesino", dijo Motta, mientras que Diana se ocupó de señalar que se pierden reparticiones públicas y presencia estatal nacional en el interior del país porque no se cree en el federalismo sino en la concentración en el Amba.

Ambos, como luego Michlig, vincularon las críticas al Senado y las pseudo propuestas de unicameralidad para la reforma con los avances del gobierno de Javier Milei contra el interior del país.

La Cámara de Senadores de la Provincia realizó este jueves la Sesión Preparatoria en la que renovó su mesa directiva para el próximo período ordinario que comenzará el 1 de mayo, con el mensaje a las Cámaras del gobernador Maximiliano Pullaro.

El encuentro tuvo lugar en el recinto y fue presidido por la vicegobernadora Gisela Scaglia, quien tomó el juramento a cada uno de los propuestos por la mayoría y la minoría, que además fueron votados por unanimidad y por signos, con la abstención de cada uno de ellos por razones éticas.

Al igual que al constituirse la nueva Legislatura el Senado repitió los nombres del radical Felipe Michlig (San Cristóbal) como presidente provisional de la Cámara y, como vicepresidentes primero y segunda, el justicialista Osvaldo Sosa (Vera) y la radical Leticia Di Gregorio (General López). Los tres acudieron al juramento de práctica que pone como testigos de su compromiso a Dios y la Patria.

Como es habitual, seguidamente, se fijaron como días y horarios para sesionar durante el próximo Período Ordinario los jueves a las 15 y viernes a las 10 horas. Del mismo modo, sin discusiones, se aprobó el proyecto para establecer la conformación de las comisiones con los integrantes con que ya funcionaron durante las sesiones extraordinarias.

A partir del primero del mes próximo, la Legislatura quedará con la libertad de fijar su propia agenda legislativa, ya que no requerirá de la habilitación del Poder Ejecutivo Provincial que rige durante las sesiones extraordinarias que el gobernador puede convocar (con su propio temario).

Del período que termina debe decirse que tanto las cómodas mayorías con que cuenta el oficialismo en ambas Cámaras, como lo activo del Ejecutivo en llevar adelante numerosas transformaciones legislativas (sobre todo en el plano judicial y de la seguridad) provocaron una productividad de leyes y modificaciones de fondo en códigos pocas veces vista. En su primer discurso de apertura de sesiones, Maximiliano Pullaro seguramente hablará del clima de consenso que caracterizó al Poder Legislativo en Santa Fe opuesto al escenario nacional, donde aún al cierre de esta edición se negociaba intensamente para que el oficialismo en la Casa Rosada obtenga su primera ley.

En la ciudad de Paraná es noticia, las escuelas secundarias de Entre Ríos incorporan contenidos con el fin de preparar a sus alumnos para cumplir con el rol que les reserva el juicio por jurados. Se estima que en el primer semestre del año habrá 26 procesos de este tipo en la provincia vecina y se sabe que durante el 2023 se llevaron a cabo 39.

Este año Santa Fe se sumó a la lista de provincias que disponen de ese sistema, al aprobarse la Ley 14.253 tras su debate en ambas Cámaras. En el Senado santafesino, otra iniciativa plantea seguir los pasos que -entre otros- han dado los entrerrianos.

A cuatro de las comisiones del Senado de la Provincia de Santa Fe fue derivado un proyecto de ley de Rubén Pirola (PJ- Las Colonias) que crea el programa "Ser Jurado", con "el objetivo de consolidar el sistema de juicio por jurados en la provincia de Santa Fe, a través del conocimiento y la difusión" de la norma sancionada el 21 de marzo.

El texto que se discutirá en las comisiones de Seguridad Pública; Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; Presupuesto y Hacienda; y de Asuntos Constitucionales y Legislación General, dispone que sea el Ministerio de Seguridad y Justicia la autoridad de aplicación, no el Ministerio de Educación. Ambos coordinarán la incorporación en la currícula escolar de las escuelas de nivel secundario del sistema educativo provincial de acciones de difusión del sistema de juicio por jurados.

Las acciones a realizar por el Poder Ejecutivo Provincial tendrán como fin: a) Resaltar el carácter democrático del juicio por jurados y el papel protagónico que detentan los ciudadanos en la administración de justicia; b) Crear conciencia ciudadana sobre la participación en el sistema de justicia, la carga pública de ser jurado y los derechos y obligaciones inherentes; c) Promover la realización de simulacros de juicios por jurados en las escuelas secundarias del sistema educativo provincial, en instituciones de la sociedad civil, universidades y colegios profesionales; d) Coordinar acciones y trabajos conjuntos con el Poder Legislativo y Poder Judicial, en el marco y alcance de las respectivas competencias; e) Difundir las experiencias de juicio por jurados llevados adelante en otras provincias; y f) Realizar las acciones establecidas en el artículo 94, segundo párrafo, de la Ley N.º 14253.

En los considerandos se recuerda que "Santa Fe se ha sumado a las provincias de nuestro país que han incorporado a su sistema de administración de justicia el instituto del juicio por jurados". Una lista de un mes atrás señalaba que otras once ya lo han hecho. Destaca que en el artículo 94, segundo párrafo, se autoriza al Ministerio de Seguridad y Justicia para la "suscripción de convenios con instituciones a los fines de realizar las capacitaciones a los operadores judiciales, la difusión entre la población, la realización de investigaciones empíricas sobre el funcionamiento del sistema de jurados¨.

El autor de la ley a debatir en el Senado agrega: "considero conveniente que las acciones de capacitación y de difusión que encomienda la Ley puedan ser realizadas en el marco de una ley específica, que permita llevar adelante un programa continuado y sostenido a los fines de consolidar el sistema de enjuiciamiento por jurados en nuestra provincia, que sin dudas constituye un gran paso en nuestro sistema de administración de justicia".

El presidente del bloque del justicialismo menciona "experiencias e iniciativas que han sido llevadas adelante en otras provincias para difundir y capacitar sobre juicios por jurados". Y recuerda que en Entre Ríos se "sancionó la Ley 10799, en diciembre de 2019, por la que se crea el Programa Ser Jurado con la 'función de formar a la ciudadanía en general y a los alumnos de los últimos años del secundario en particular, sobre qué significa ser jurado y cuál es el rol que le compete a cada uno de ellos' ".

Otro tanto, en Chaco su Ley 3292-E, que en diciembre de 2020, "creó el 'Programa Yo Jurado' para ser "incorporado en los diseños curriculares para los alumnos de 4° y 5° año del nivel secundario y en los institutos terciarios de formación docente de toda la Provincia, instituido por ley 2364-B".

"Resultaría útil adoptar una modalidad similar en nuestra provincia y jerarquizar las acciones de difusión", subraya Pirola en los fundamentos.

Luego de mantener reuniones con el directorio de la Empresa Provincial de la Energía y con la secretaria de la Energía de Santa Fe, Verónica Geese, la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe aprobó con media sanción su proyecto de ley para mantener el Fondo de Electrificación Rural (FER), que hoy representa el 1,5% de cada una de las tarifas.

Producto del debate en comisiones con el bloque del justicialismo y con el consenso de las autoridades del Poder Ejecutivo se dispuso que en lugar de 10 sean 12 años los de la prórroga, a partir de julio de este años, por lo que serán tres las gestiones involucradas en la norma que asegura que la masa de los recaudado en la totalidad de las boletas de la Epe tenga como destino el servicio eléctrico rural.

Se trata de un típico subsidio cruzado entre usuarios en un servicio público monopólico. Va del común de los clientes a los llamados usuarios potenciales, es decir, aquellos que aún no gozan de la prestación y que podrían hacerlo si se extienden las redes o mejora la infraestructura existente. Las áreas alejadas de los principales núcleos urbanos o las muy pequeñas localidades, con el norte de beneficiar a la producción guían las decisiones para esas inversiones.

El senador por San Cristóbal Felipe Michlig (UCR) es el autor de la iniciativa y quien lideró la media sanción. El presidente provisional de la Cámara debió hablar desde el estrado de la presidencia al conducir la sesión, en ausencia de la vicegobernadora Gisella Scaglia. Subrayo que todos sus pares del oficialismo y de la oposición acompañaron con su firma el expediente y que además del voto por unanimidad hubo aportes valiosos. Destacó especialmente los de Rubén Pirola (PJ-Las Colonias ) quien luego también habló de la norma.

La ley que renueva la vigencia del FER amplia su comisión de seguimiento que hasta ahora solo contaba con integrantes legisladores y ahora contará también con un representante de la compañía estatal, otro de las cooperativas eléctricas, lo mismo de la Secretaría de la Energía de la Provincia y de la Secretaría de Municipios y Comunas. Deberá rendir cuentas mensualmente de cómo se usan los recursos y reunirse también con esa periodicidad. Ese control pretende que el subsidio cruzado no pueda usarse para gastos corrientes de la empresa. La cuestión de los números no es menor, más en una compañía que no ha logrado superar su déficit. Su presidente Hugo Marcucci advirtió al asumir en diciembre del año pasado que las cuentas por entonces mostraban un rojo de 30 mil millones de pesos que aún cubre el tesoro provincial.

El texto estuvo en comisiones durante casi todo 2024 y fue habilitado por el gobernador Maximiliano Pullaro, durante las presentes sesiones extraordinarias que se han caracterizado por una actividad inusual para los meses de verano.

El FER es una política de Estado en Santa Fe. Nació durante las gestiones de gobernadores socialistas con el Senado como impulsor; siguió durante la gestión del peronismo en la Casa Gris y ahora es también apoyado por el radicalismo con mayoría en la Cámara alta y la conducción del gobierno provincial actual. Las últimas modificaciones al texto que tomó el dictamen de la Comisión de Economía se hicieron junto al ministro de la Producción, Gustavo Puccini. Como es casi habitual los jueves en la Legislatura, estuvo en los pasillos el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia.

La Ley Nº 13.414 fue sancionada en junio de 2014 y prorrogada mediante otra norma de 2019 hasta el 4 de julio de 2024. Todo indica que antes de que concluya su vigencia, la legislación que sostiene el FER será renovada y por el doble del período con que se inició, a la luz de sus resultados.

En su intervención, Michlig destacó que el uso de los aportes del conjunto de los santafesinos en sus facturas tiene control parlamentario, con la presencia de legisladores de todos los bloques con representación legislativa. Para el presente período los representes por la Cámara alta son los radicales Orfilio Marcón (General Obligado) y Esteban Motta (San Martín), así como el justicialista Hugo Sosa (Vera).

Hoy la norma prevé asistencia a pobladores rurales y productores agropecuarios y, también, a poblaciones de menos de 3.000 habitantes. Uno de los cambios propuestos es que se alcance a poblaciones de hasta 5.000 habitantes "para contemplar otras localidades excluidas".

Asimismo, la Epe podrá destinar sus recursos a compras e implementación de tecnología aplicada al servicio de distribución de media tensión; gestión de convenios de trabajo mutuo con Comunas; contratación de cuadrillas de trabajos a terceros; implementación de sistemas de generación mediante energías renovables en zonas inhóspitas; adquisición de móviles todo terreno; implementación de sistemas de medición a distancia; y realización de obras de electrificación en loteos comunales, cuya superficie sea inferior a los 100.000 metros cuadrados.

Un proyecto de ley del senador peronista Joaquín Gramajo (9 de Julio) ingresó este jueves 11 a la Cámara alta de la Legislatura, recibió la habilitación del Poder Ejecutivo Provincial para su tratamiento en sesiones extraordinarias y también el compromiso del tratamiento en la próxima sesión, para que Santa Fe comience a debatir la situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.

Se trata de una vieja iniciativa, que Gramajo (hoy electo por Unite y parte del interbloque del oficialismo) trajo al debate sin suerte durante la gestión de Miguel Lifschitz, cuando el déficit de la Caja era aún sensiblemente menor y llegaban (aunque mal y tarde) los correspondientes aportes del gobierno nacional.

Por aquel entonces su proyecto para crear una comisión y obtener un estudio de fondo sobre los números del sistema previsional fue mal interpretado. Lo rechazaron sectores gremiales e incluso por parte del oficialismo de entonces en Diputados, bajo la idea de que la iniciativa podría esconder una aviesa intención de privatización. Está claro que nunca esa opción fue parte de lo planteado por el legislador, y mucho menos por aquella gestión, pero el tema quedó en comisiones sin más firmas.

Hoy la situación política -acaso por la realidad contable de la Caja- es muy distinta. Ya han acompañado con sus rúbricas el expediente los senadores del radicalismo y los 5 del bloque PJ en minoría estudian un eventual apoyo. Se trata justamente de salvar al sistema previsional amenazado por la decisión ilegal del gobierno nacional de no enviar fondos de compensación dispuestos por leyes vigentes pero también de los desequilibrios propios de sus ingresos y egresos. En rigor, hoy es el conjunto de los santafesinos (beneficiarios o no de las jubilaciones y pensiones) quienes pagan el rojo. Los plazos de la norma están en duda: 60 días para que se convoque, contrate y produzca un informe de fondo sobre los números de la Caja parecen poco tiempo.

Luego de mantener reuniones con el directorio de la Empresa Provincial de la Energía y con la secretaria de la Energía de Santa Fe, Verónica Geese, la mayoría en el Senado de la Provincia busca aprobar con media sanción su proyecto de ley para mantener el Fondo de Electrificación Rural, que hoy representa el 1,5% de cada una de las tarifas.

Se trata de un subsidio cruzado del común de los usuarios a los llamados usuarios potenciales, es decir, aquellos que aún no gozan del servicio y que podrían hacerlo si se extienden las redes. También para mejorar los servicios existentes en áreas alejadas de los principales núcleos urbanos o en muy pequeñas localidades.

El senador por San Cristóbal Felipe Michlig es el autor de la iniciativa que busca sostener por diez años ese fondo, que tiene la ventaja de contar con un control externo para su ejecución, a cargo de los propios legisladores de ambas Cámaras para evitar que esos recursos sean utilizado con otros fines (como gastos corrientes) dentro de la empresa distribuidora estatal.

La cuestión de los números no es menor, más en una compañía que no ha logrado superar su déficit. Su presidente Hugo Marcucci advirtió al asumir en diciembre del año pasado que las cuentas por entonces mostraban un rojo de 30 mil millones de pesos que cubre el tesoro. Por eso es clave que el aporte de 1,5% de cada una de las boletas tenga la supervisión de una comisión bicameral específica.

El texto estuvo en comisiones durante casi todo 2024 y fue habilitado por el gobernador Maximiliano Pullaro, durante las presentes sesiones extraordinarias que se han caracterizado por una actividad inusual para los meses de verano. Desde que llegó a la Cámara alta el asunto impulsado por el presidente provisional radical (que preside el Comité Provincial de la UCR) dos hechos mostraron el consenso que despierta: primero fue firmado por todos sus pares del oficialismo y de la oposición; los 19 representantes de los departamentos acordaron la continuidad de esa política de Estado que se inició con los gobernadores socialistas, continuó con la gestión del justicialismo y ahora tiene fecha de vencimiento en junio. Por otra parte, en cada una de las sesiones de la Cámara alta se renovó la preferencia para su tratamiento sólo con el objetivo de agregar más opiniones y mejorar el texto inicial. Sin prisa, ni pausa, para que también la Cámara de Diputados tenga el tiempo necesario para que no haya cambios en la facturación de la empresa.

La Ley Nº 13.414 fue sancionada en junio de 2014 y prorrogada mediante otra norma de 2019 hasta el 4 de julio de 2024. Todo indica que antes de que concluya su vigencia, la legislación que sostiene el FER será renovada y por el doble del período con que se inició, a la luz de sus resultados.

En su intervención desde su banca, al presentar su proyecto, Michlig destacó que el uso de los aportes del conjunto de los santafesinos en sus facturas tiene control parlamentario, con la presencia de legisladores de todos los bloques con representación legislativa. Para el presente período los representes por la Cámara alta son los radicales Orfilio Marcón (General Obligado) y Esteban Motta (San Martín), así como el justicialista Hugo Sosa (Vera).

Hoy la norma prevé asistencia a pobladores rurales y productores agropecuarios y, también, a poblaciones de menos de 3.000 habitantes. Uno de los cambios propuestos es que se alcance a poblaciones de hasta 5.000 habitantes "para contemplar otras localidades excluidas".

Asimismo, la Epe podrá destinar sus recursos a compras e implementación de tecnología aplicada al servicio de distribución de media tensión; gestión de convenios de trabajo mutuo con Comunas; contratación de cuadrillas de trabajos a terceros; implementación de sistemas de generación mediante energías renovables en zonas inhóspitas; adquisición de móviles todo terreno; implementación de sistemas de medición a distancia; y realización de obras de electrificación en loteos comunales, cuya superficie sea inferior a los 100.000 metros cuadrados.

El otro tema pendiente para esta tarde es el de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe, que hoy padece la desfinanciación ilegal de su déficit por parte del gobierno nacional. La situación de hecho es que la Nación se niega a remitir los fondos que corresponden a Santa Fe por la transferencia de otras cajas provinciales que -desde la década de los ‘90- con la creación de las AFJP y su posterior estatización recae sobre los impuestos de todos los argentinos, los santafesinos incluidos.

Pero más allá de la incluso declamada idea de las autoridades de la Casa Rosada de no cumplir con su obligación legal de asistir a las cajas provinciales no transferidas (Córdoba sufre lo mismo), la Caja provincial santafesina tiene un déficit creciente que requiere de más fondos que los que debería aportar la Nación. (El gobierno nacional anterior difería pagos y remitía fondos con demoras o detracciones discutibles pero al menos no desconocía el derecho de Santa Fe a recibir una compensación por no haber transferido su organismo previsional, y su déficit, a las arcas nacionales como casi todas las provincias).

Del tema ya se había ocupado el senador peronista Joaquín Gramajo (9 de Julio) durante la gestión de Miguel Lifschitz. Pero su proyecto fue mal interpretado por sectores gremiales e incluso por parte del oficialismo de entonces en Diputados, bajo la idea de que la iniciativa de estudiar a fondo los números previsionales de los agentes del Estado provincial podría esconder una aviesa intención de privatización. Está claro que nunca esa opción fue parte de lo planteado por el legislador, y mucho menos por aquella gestión, pero el tema quedó en comisiones sin más firmas que las de Gramajo que tiene su propio bloque con Unite y está cerca del gobernador Maximiliano Pullaro.

Ahora ese texto vuelve a presentarse pero con más firmas del interbloque oficialista de Unidos por Santa Fe que integra el senador norteño, y que preside el radical Rodrigo Borla. Habrá que ver si a esas rúbricas se suman los de los cinco senadores del PJ por la minoría. Los plazos de la norma están en duda: 60 días para que se convoque, contrate y produzca un informe de fondo sobre los números de la Caja parecen poco tiempo.

En cualquier caso el ánimo que domina a la totalidad del cuerpo es el de cuidar el órgano de los pasivos públicos provinciales. Tanto de la arbitrariedad del gobierno nacional que eventualmente deberá ser resuelta por la justicia como de sus propios desequilibrios.

El representante departamental agradeció “al Gobernador Maxi Pullaro, al Ministro de Educación José Goity, a la Secretaría de Educación Carolina Piedrabuena y a la Secretaría de Coordinación y Gestión de Recursos María Martín, “por la celeridad de la respuesta y la atención inmediata brindadas en los establecimiento educativos”.

Luego -el Senador- concurrió a Villa Saralegui al acto de asunción del nuevo interventor comunal Jorge Daniel Piriz, designado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial en reemplazo de Walter Sola.

En la ciudad de Ceres, junto a la intendenta Alejandra Dupouy, visitaron en primer término la E.E.S.O. N° 418“Gral. San Martin” donde fueron recibidos por el Director Pedro Doueil y la Vicedirectora Mariela Bianco, a quienes le hicieron entrega de un aporte del Ministerio de Educación F.A.N.I. por un monto total de 15.647.637 pesos, para atender la reparación de techos y cielorrasos dañados en el último temporal.

En la institución asisten 490 alumnos y son 70 las personas que todos los días trabajan para garantizar la educación. En el emotivo acto desarrollado en el patio de la escuela el Senador Michlig destacó que “tenemos el honor de venir en nombre del Gobierno de la Provincia, junto a todo el equipo de trabajo, especialmente para seguir contrarrestando los efectos del último temporal. Hay un firme compromiso y un esfuerzo tremendo para dar respuesta en todos los niveles”, al momento que contó sobre su paso estudiantil a nivel secundario por Ceres, e instó a todos los alumnos presentes “a Seguir estudiando, porque la capacitación y el estudio son la llave al futuro”, dijo

La intendenta valoró las gestiones del Senador y de los directivos, poniéndose siempre a disposición de las instituciones educativas y contó que “estamos trabajando para generar un nuevo polo educativo en Ceres, para que los que no puedan seguir sus estudios afuera tengan distintas opciones en nuestra ciudad”.

Posteriormente las autoridades entregaron un aporte del PFI en la Escuela N° 6320 y otro a la ⁠Asociación Bomberos, recibido en este último caso por Viviana Serpentino y Oscar Michlig, para ser destinado al campamento de jóvenes bomberos.

En la sede de la Biblioteca Popular "Miguel Ángel Sosa", junto a Hugo Cortes y otros referentes locales se llevó a cabo una reunión con representantes de distintas instituciones que recibieron aportes del PFI, a saber:

-Club de Abuelos de Arrufó, recibido por la Sec. Azucena Michlig, quien detalló que “el aporte recibido será destinado a un evento que se realizará en el mes de mayo”.

-Centro de Jubilados, recibido por el Pte. Francisco Casales destinado "a un evento bailable que se realizará este próximo fin semana”.

-Biblioteca Popular “Miguel Ángel Sosa" recibido por Bibliotecaria Micaela Sala , Walter Martinuzzi, Y Andrés Braiero revisor de cuentas, aporte recibido para solventar gastos de viajes a la feria internacional del libro.

Junto al Pte.comunal Marcos Clausen mantuvieron una reunión con vecinos y entregaron aportes del PFI a las siguientes instituciones:

-Escuela N° 6320 Paraje el cóndor, recibido por Patricia Verón, destinado a arreglos edilicios. // -Escuela N° 6131 recibido por María Bolis de Cattaneo, destinado a cambios de iluminación recibido por integrantes de la cooperadora. //- Escuelita de fútbol del club atlético Colonia Ana, para indumentarias, recibido por padres de jugadores. -Escuelita de bochas, destinado a compra de indumentaria, recibido por comisión de padres.

En la oportunidad también se evaluaron proyectos en marcha de electrificación rural, a través del plan incluir que se está llevando a cabo en el distrito y otras obras locales. “Estamos orgullosos de la gestión de la comisión comunal que encabeza Marcos Clausen, siempre se están haciendo cosas para los vecinos y nosotros cada vez que nos convocan aquí estamos”, señaló Michlig.

En la Escuela N° 474 "Tambor de Tacuari”, el Delegado de la Regional de Educación IX Horacio Rigo, junto a la coordinadora Pedagógica Raquel Martini, Carolina Corona y los concejales, Edgardo Martino y Pablo Bonacina hicieron entrega de 2 F.A.N.I. y un aporte del PFI a las siguientes instituciones:

-Jardín de Infantes N° 189 “Clelio Pedro Villa Verde” F.A.N.I. recibido por la directora titular Roxana Vilches, destinado a la reconstrucción de un tapial perimetral del lado norte que fue destrozado por el temporal de meses pasados.

-EETP N°474 Tambor de Tacuarí, F.A.N.I. recibido por el director Héctor Medina y será destinado a la compra de inmobiliarios.

-Academia Folclórica "Alma y Pasión" aportes recibidos por integrantes y será destinado a un viaje a Cosquín en el mes de mayo.

En vísperas de Semana Santa, el Senado de Santa Fe aprobó cambios al Código Procesal Penal provincial. La iniciativa, que modifica más de 40 artículos, incorpora siete y deroga otros cinco de la Ley 12734, fue definida como una “herramienta necesaria y clave para la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico” por la senadora Leticia Di Gregorio.

La legisladora, sostuvo que de esta manera, “continuamos acompañando a la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro” en un contexto difícil que está atravesando particularmente la ciudad de Rosario. Además, recordó que en 100 días se aprobaron 31 leyes con sanción definitiva.

La representante del departamento General López, fue categórica al afirmar que “estamos decididos a no dar un paso atrás en la lucha contra la narcocriminalidad, que hoy por hoy nos toca a todos los santafesinos”. En esta línea, Di Gregorio ponderó el acompañamiento de ambas cámaras para aprobar esta ley que es “sumamente importante porque busca agilizar y mejorar los procesos penales en nuestra provincia”, donde se tomaron en cuenta las voces de jueces, fiscales y demás operadores del sistema judicial. 

Finalmente, la senadora Leticia Di Gregorio insistió en que “seguimos trabajando firmemente, dotando de herramientas a la justicia para luchar contra la delincuencia” y “buscando llevar mayor tranquilidad y seguridad a cada santafesino”. 

1) Ampliación del plazo de detención a 15 días, prorrogable por 15 días más en causas de criminalidad organizada.

2) Allanamiento fiscal en delitos de criminalidad organizada.

3) Se amplía el concepto de flagrancia.

4) Peligrosidad procesal: se agrega que la existencia de peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación se puede dar cuando ya hay personas privadas de la libertad.

5) Incorporación de técnicas especiales de investigación (arrepentido, informante, agente encubierto, agente revelador).

6) Modificación a la ley orgánica del personal policial: los efectivos no podrán detener o restringir la libertad corporal de las personas sin orden de autoridad competente. Excepcionalmente, podrán ser demorados en el lugar o dependencia policial.

7) La feria judicial no rige en materia penal.

Mediante una comunicación aprobada por unanimidad, el Senado de la Provincia de Santa Fe solicitó a las autoridades provinciales que procuren la ampliación del denominado Plan contra la Nacocriminalidad, de manera de que todo el Gran Rosario sea alcanzado por la llegada de más efectivos de la policía de santafesina, de móviles suministrados por la Provincia de Buenos Aires y por efectivos de fuerzas federales.

El texto fue votado por todos los bloques y sostiene que esa labor de seguridad no debe limitarse al ejido urbano de la ciudad de Rosario. "Nuestra pretensión es que las acciones de control se extiendan, coordinadamente, también a todas las localidades que componen el aglomerado urbano del Gran Rosario".

En ese sentido, cabe recordar que la población del departamento Rosario es de 1.348.725 habitantes, según los datos disponibles del Censo 2022. Y que el departamento San Lorenzo, cuya ciudad cabecera es parte de la misma mancha urbana, tiene 194.580. Se trata del distrito que más creció en la provincia de Santa Fe desde la medición de 2010, con un incremento del 23,7%.

La iniciativa fue presentada por el representante del departamento San Lorenzo, Armando Traferri que afirma en los considerandos que "no existe la menor duda de que la atención principal y prioritaria debe estar puesta en Rosario, es ahí donde se produjeron los aberrantes hechos en los que perdieron la vida los trabajadores taxistas, el colectivero y el playero de la estación de servicios y que llevaron la ola de violencia en las calles a un punto extremo e intolerable".

"En esta Cámara hemos manifestado de forma clara y sentida la sesión pasada, el inmenso dolor colectivo generado, el pesar de toda una sociedad nutrida esencialmente de gente de bien, que ve con impotencia como los grupos violentos que componen las bandas ligadas al narcotráfico ejecutan acciones despiadadas para infundir terror en la comunidad, desafiando abiertamente al orden institucional", siguen los considerandos del legislador justicialista.

"Corresponde decir también que con este proyecto no pretendemos abordar las causas de fondo por las que desde hace más de 10 años Rosario se ve asediada por las balaceras, el narcotráfico y la violencia urbana, que en muchos casos, lamentablemente, terminan en muerte. La pretensión es más coyuntural, es procurar adecuamos a las circunstancias por las que hoy estamos atravesando. Basamos este proyecto en un fenómeno que es bien conocido por la rama de la ciencia que estudia los fenómenos criminológicos, y que nos enseña que cuando se intensifica el control, la prevención y la vigilancia en un determinado territorio, el crimen organizado, no opta por cambiar de actividad o deponer su actitud, sino que, naturalmente tienden a desplazarse a otras zonas menos problemáticas para el ejercicio de su 'industria' ilícita", expresa.

"Consideramos se debe contemplar esta situación para adelantarse a la posibilidad de que las acciones violentas con epicentro en Rosario que por estos días ejecutan las bandas mafiosas, se trasladen a las localidades. vecinas, a consecuencia de la saturación de zonas que las fuerzas de seguridad están ejecutando", destaca.

"Si bien existe en cada localidad existe la presencia de la Policía Provincial, a través de comisarías y destacamentos, el objetivo que perseguimos es lograr que se contemple en el plan general de seguridad trazado, la cobertura de toda la zona que rodea la gran urbe con fuerzas federales, es de gran importancia la presencia de estos efectivos para reforzar la seguridad en nuestras comunidades. Ha tomado estado público la constitución de un comité de crisis presidido por la ministra de Seguridad de la Nación y copresidido por el gobernador de la provincia de Santa Fe, el cual también integran los titulares de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y del Servicio Penitenciario Federal, quienes ejecutarán el que denominaron 'Plan de refuerzo contra la narcocriminalidad' y reclamamos que este comité que conduce y coordina las acciones de las distintas fuerzas de seguridad, incluya en su alcance la cobertura de todo el aglomerado urbano del Gran Rosario".

El Senado santafesino completó el trámite legislativo iniciado por Diputados para beneficiar a 220 familias excluidas del barrio Los Humitos, en la ciudad de Rosario, donde el objetivo es la regularización dominial de las viviendas de unas 900 personas.

"Nuestro objetivo es el acceso pleno a una vivienda digna", recordó el senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas (Creo-Unidos para Cambiar Santa Fe), cercano al intendente Pablo Javkin.

El tema fue habilitado por el gobernador Maximiliano Pullaro, al permitir que en sesiones extraordinarias la Legislatura trate un proyecto de ley con media sanción de la Cámara de Diputados, que impulsó la diputada Mónica Peralta (Gen) a fines de 2022.

La sanción de la ley fue comunicada al Poder Ejecutivo para su promulgación y consiste en condonar la deuda en concepto de Impuesto Inmobiliario y sus adicionales a los lotes que conforman las manzanas 0552; 0553; 0554; 0555; 0556 y 0557; las que constan en el plano de mensura y subdivisión Nº 208713/2018 del barrio "Los Humitos", de la ciudad de Rosario.

La rápida habilitación en extraordinarias y la aprobación sobre tablas y por unanimidad del Senado, que agradeció Seisas a sus pares, permitió que el expediente no pierda estado parlamentario y se convierta en ley. Con la regularización dominial unas 220 familias "accederán a una vivienda digna y, hasta que se otorgue la correspondiente escritura traslativa de dominio, quedarán exentas del pago del Impuesto Inmobiliario y sus adicionales", se indica en los fundamentos de la norma.

El radicalismo y sus aliados en la Cámara de Senadores decidieron marcar este jueves 21 un punto de inflexión en el debate sobre las reformas al Código Procesal Penal que ha envidado el Poder Ejecutivo Provincial al iniciarse su gestión. El presidente del interbloque Rodrigo Borla (UCR) y el presidente provisional de la Cámara Felipe Michlig han expresado con toda claridad que deberán precipitarse las decisiones y plasmarse en un texto legal a votar el próximo miércoles 27 a las 11 horas.

El Senado provincial debatirá en día y horario extraños, en vísperas de un largo feriado y de la celebración religiosa de la Semana Santa, así como la conmemoración del Día de la Memoria del 24 de Marzo, un tema que desde hace tiempo con más o menos salpicaduras, olas, corrientes y contracorrientes divide aguas en el oficialismo de la provincia.

Lo dijeron Michlig y Borla: el miércoles se vota, y se dirimirá con el poder que otorgan los números dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe y los bloques de la oposición en minoría los cambios que esperan el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, y su par de Seguridad y Justicia, Pablo Cococchioni para que haya más herramientas de persecución penal.

El tema se reduce, en pocas palabras y en las de ambos senadores, a ponerle límites al garantismo. Pero quienes temen que una buena intención, la de perseguir al narcotráfico y los crímenes, pueda contener desprolijidades o errores que luego signifiquen nuevos problemas para el sistema. Dentro del oficialismo de Unidos para Cambiar Santa Fe las dudas abundan entre los socialistas, en especial en Diputados.

El Senado ha votado ya en numerosas oportunidades cambios normativos para que los procedimientos penales sean más efectivos, rápidos y puedan enfrentar con mayor eficacia al narcotráfico y su novedosa variante de sembrar terror. Pero también hay voces que prefieren no sacrificar las garantías constitucionales que cuidan a los ciudadanos de potenciales abusos desde el poder. Rubén Pirola (PJ-Las Colonias) se ocupó de dejar en claro que la oposición acompaña y respalda en todo lo posible las políticas provinciales e incluso las nacionales para que se supere la crisis en Rosario. El líder de la bancada en minoría recordó casos concretos de fiscales que han cometido graves abusos aún sin un marco legal que les otorgue más herramientas, como los casos en que jueces penales fueron engañados para interceptar conversaciones telefónicas de quienes no estaban bajo una causa judicial, en un caso emblemático aún en discusión, o el tragicómico caso de un miembro del MPA que usó su poder para controlar “con quién hablaba la novia” y fue apartado del órgano acusador.

Joaquín Gramajo habló en tono docente de qué significa la ley en su contexto histórico. Mencionó que por ejemplo el robo de autos debió tener penas mayores para que no fuera un simple hurto (en la década del ‘60) o que los secuestros merecieran otras tipificaciones para combatirlos (en los ‘80 y 90). La ley nada vale si no atiende el contexto social, indicó y lamentó la influencia de la corriente garantista que en rigor más que respetar las garantías constitucionales victimiza a los que quiebran la ley, explicó. Con más crudeza, Borla advirtió: “el garantismo les quemó la cabeza a muchos actores del sistema judicial”. Antes había reflexionado en profundidad: el gobierno de la provincia tuvo una primera respuesta política frente a la inseguridad y la impunidad, al “fusionar en un ministerio la Seguridad y la Justicia”, porque se trata de dar una respuesta unificada a ambas demandas sociales.

Michlig comenzó las exposiciones con una manifestación en la que confesó que no estaba conforme con la producción de la Legislatura al cabo de los primeros 100 días, pese a alto número de normas que se habían votado desde que asumió “mí amigo, Maxi Pullaro” como gobernador. Destacó que la respuesta más importante que debe dar el Estado provincial refiere a la lucha contra el narcotráfico. Trazó un panorama en el que “por primera vez nos apoyan y asesoran organismos internacionales especializados”, además de un cambio de actitud con las nuevas autoridades nacionales frente a la crisis en Rosario y del propio gobierno provincial y municipal a los que elogió.

La Cámara de Senadores de Santa Fe votó este jueves la intervención de la comuna de Villa Saralegui, en el departamento San Cristóbal, solicitada por el senador Felipe Michlig.

La propuesta encuentra fundamento en “una larga lista de sucesos que vienen produciéndose en la referida comuna y que desde hace un tiempo vienen poniendo en riesgo el normal funcionamiento y desarrollo institucional del ente local y, en consecuencia, la propia vida en comunidad de los vecinos y vecinas de la localidad”, dice el fundamento del proyecto.

Villa Saralegui escaló a los titulares periodísticos cuando Matías Gamboa (41), un vecino y residente del lugar, salvó su vida de milagro luego de ser blanco de un criminal atentado del que resultó con tres impactos de bala, por parte de un individuo que ya fue detenido.

Todo parece indicar que este episodio tiene como trasfondo cuestiones políticas que surgieron cuando Gamboa dejó de trabajar bajo las órdenes del actual jefe comunal de Villa Saralegui, Walter Sola, y se convirtió en opositor.

Desde entonces una serie de hechos violentos fueron escalando hasta llegar a su punto máximo el jueves 7 de marzo cuando Gamboa fue atacado a tiros. La víctima señala a Sola y si hijo Nicolás como instigadores de este episodio.

La intervención apunta a “normalizar la situación institucional subvertida actual del referido ente local”, que han merecido ya una serie de presentaciones ante el Poder Ejecutivo Provincial y el Ministerio Público de la Acusación.

Por unanimidad, sobre tablas y con discursos de apoyo desde el oficialismo y la oposición, la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe otorgó media sanción y pasó a Diputados la adhesión a la Ley Nacional 27424, de Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica.

El tema fue objeto de interminables diferencias políticas durante cuatro años en la Legislatura santafesina, que llegó a tener tres proyectos sobre ese tema (uno del gobierno, otro del ex senador provincial Marcelo Lewandowski y un tercero de la hoy presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García).

La legislación nacional data de 2017 y por ahora solo se produjeron sanciones parciales de proyectos de ley a nivel provincial. Ahora, la mayoría de 28 diputados provinciales hace prever que el mensaje del gobernador Maximiliano Pullaro logrará ser ley tras la aprobación sin disidencias en el Senado.

La norma fue parte de las políticas que, durante el gobierno de Mauricio Macri, impulsaron las energías verdes a nivel nacional, sector que experimentó un fuerte avance en inversiones que pronto hicieron que las renovables abandonaran su condición "testimonial" para contar por fin con una porción de la torta de la generación, donde la quema de gas natural está en primer lugar junto a las centrales hidroeléctricas.

Un informe de YPF Luz destaca que al terminar 2023 las energías renovables no convencionales representaron el 17,4% de la generación de energía eléctrica. Que crecieron 10,4% respecto de 2022. Y puntualiza que dentro de ellas, "la generación eólica es la principal fuente del país (69,4%), seguida por la solar (18,5%), la hidroeléctrica renovable (7,0%) y los biocombustibles (5,1%). El factor de capacidad medio país fue de 47,7% para el eólico y 29,6% para el solar".

Es a ese tipo de desarrollos en los hogares que apunta el programa de Prosumidores que se ha reflotado y que creó el gobierno de Miguel Lifschitz. Durante la gestión anterior, de Omar Perotti, se intentó cambiarlo por un plan que promueva la autogeneración en instituciones intermedias y Ongs, bajo el concepto siempre de la generación distribuida.

Más allá de los incipientes desarrollos de uno y otro programa, Santa Fe se rezagó respecto de otras provincias por no contar con los alicientes nacionales que promueve a la ley a la que ahora se está en vías de adherir. Sin embargo, en el marco del ajuste del gasto público que se observa a nivel nacional cuesta creer que esos incentivos puedan mantenerse al margen de los recortes.

La ley nacional citada tiene por objeto "fijar las políticas y establecer las condiciones jurídicas y contractuales para la generación de energía eléctrica de origen renovable por parte de usuarios de la red de distribución, para su autoconsumo, con eventual inyección de excedentes a la red, y establecer la obligación de los prestadores del servicio publico de distribución de facilitar dicha inyección, asegurando el libre acceso a la red de distribución, sin perjuicio de las facultades propias de las provincias", según el texto del decreto reglamentario que firmó el ex secretario de Energía de la Nación, Javier Iguacel. (El ex funcionario macrista fue mencionado como un eventual reemplazo del hoy titular de esa secretaría, Eduardo Rodríguez Chirillo, pero esas versiones fuertes de mediados de febrero no se concretaron. Más con el distanciamiento entre Macri y el presidente Milei).

Durante la sesión, el senador Esteban Motta (UCR-San Martín) afirmó que "esta ley tiene que ver con profundizar el trabajo de nuestra provincia en la Producción de energía renovable", al igual que su par Alcides Calvo (PJ-Castellanos) que destacó que "desde el Bloque del Justicialismo vamos a estar acompañando este proyecto que es de una actualidad muy cercana. Santa Fe siempre ha sido pionera en distintas leyes relacionadas a las energías renovables no convencionales y es un trabajo que debemos continuar".

Por otra parte, el presidente provisional de la Cámara, Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal), celebró la aprobación del proyecto y destacó "la reciente licitación de cuatro parques fotovoltaicos en distintos puntos de la Provincia". En un breve contacto con El Litoral, la secretaria de Energía de la Provincia de Santa Fe, Verónica Geese, apuntó lo mismo además de elogiar la media sanción del Senado: la norma viene a traer mayor seguridad jurídica e impulso a los parques solares.

Y sobre ese proyecto, el senador Joaquín Gramajo (Unite-9 de julio) expresó la necesidad de retomar el proyecto de creación de un parque fotovoltaico en la ciudad de Tostado, que se había gestado en la gestión de Lifschitz, de la que Geese fue también su secretaria de Energía.

Este miércoles finalizó el receso parlamentario y administrativo en la Legislatura y, en principio, habrá actividad en los recintos la semana próxima para avanzar en los temas pendientes que habilitó y remitió el Poder Ejecutivo.

El receso mensual de enero estuvo recortado: en la primera semana del primer mes del año hubo sesión en ambas cámaras, y en la siguiente reuniones con sectores que solicitaron exponer sus pareceres con los proyectos en discusión.

En esta última semana se agilizaron las reuniones entre senadores y diputados oficialistas tendientes a buscar puntos de entendimiento sobre los temas en agenda, especialmente los referidos a asuntos judiciales, entre ellos las reformas al Código Procesal Penal, al instituto de la Defensa Pública; la reglamentación del juicio por jurados así como la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial y al Código Procesal Civil y Comercial. El funcionamiento por ley del Gabinete Social y la expropiación de un terreno en Venado Tuerto completan el temario.

Voceros de Unidos para Cambiar Santa Fe -con mayoría en ambas cámaras- resaltaron que el Poder Ejecutivo se encuentra abocado a las distintas paritarias y al seguimiento del tratamiento en el Congreso de la llamada Ley Ómnibus.

A diferencia del Congreso Nacional donde ayer Diputados hizo la primera sesión y el Senado apenas una para designar autoridades, en la Legislatura, el oficialismo tuvo diciembre y la primera semana de enero para aprobar un paquete de temas enviados por el Poder Ejecutivo que apuntaron a fortalecer las herramientas para enfrentar al delito, fortificar finanzas y disponer varias emergencias que están vigentes: seguridad, penitenciaria, educativa, sanitaria y social.

En el primer mes, en los recintos, la mayoría de Unidos para Cambiar Santa Fe no mostró fisuras a la hora de votar los mensajes del Poder Ejecutivo. Las disidencias fueron dejadas para las discusiones internas dentro de los diferentes espacios y no afloraron a la superficie. Parte de algunas diferencias en las letras chicas de los proyectos se pusieron en la mesa durante el receso en algunas mesas políticas que hubo durante enero.

Los principales temas pendientes para la agenda de febrero y marzo son:

* Juicio por Jurados: el proyecto establece como modelo de jurado el popular integrado por doce ciudadanos y la obligatoriedad del enjuiciamiento de esta manera para ciertos delitos. Además incluye supuestos en donde se regula como un derecho a opción del acusado (como los de violencia institucional, enfrentamiento o de exceso en la legítima defensa). El mensaje postula que se requerirá unanimidad a la hora del veredicto pero, también, se incluye supuestos de mayoría agravada como los de criminalidad organizada.

* Reformas al Código Procesal Penal: Es una reforma para ordenar la normativa procesal a las leyes sancionadas en diciembre y se modifican todos los artículos que corresponden para otorgar coherencia a todo el sistema. También se establece la competencia policial para dejar aclarado y plasmada en el marco de la persecución penal la dirección jurídica de la investigación y la litigación de las causas (MPA) y la dirección técnico/científica (Policía). Regula las audiencias que no sea la de juicio con reformas tendientes a agilizar y optimizar recursos. Otro aspecto no menor es ampliación del plazo de detención a 15 días prorrogable por otro igual con control judicial de la misma. Se incorporan medios extraordinarios de investigación y prueba: informante, agente encubierto, agente provocador, entrega vigilada, imputado arrepentido. Además se suma al cese del estado antijurídico una regulación expresa para las investigaciones vinculadas al microtráfico para ordenarse el desalojo inmediato y por la fuerza pública de los intrusos (casos de extorsiones y usurpaciones en sentido amplio no el encuadre jurídico penal del delito) y la restitución del inmueble a quien aparezca verosímilmente como su legítimo tenedor o hubiera sido víctima de desplazamiento forzado. En las causas por infracción a la ley 23.737, podrá ordenarse la demolición o derrumbe de las construcciones precarias que hubieran sido montadas para el tráfico de estupefacientes o para actividades accesorias o complementarias de dicho tráfico, sin perjuicio de las acciones civiles a que hubiere lugar.

También prevé modificar el tratamiento de bienes decomisados quedando a disposición de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales, la que tendrá a su cargo la custodia, administración, conservación y disposición de los mismos estableciendo breve plazo para que el Poder Ejecutivo disponga. (6 meses). Postula modificar el juicio abreviado para casos de delitos contra la vida o la integridad sexual en los que la pena temporal deberá individualizarse dentro del tercio superior de la escala penal respectiva.

* Cambios en el Servicio Público Provincial de Defensa Penal: Apunta a transformar el sistema de prestadores que regula el cobro a la persona que necesita defensa penal y tiene recursos económicos para afrontarlos que deberá abonar los honorarios y gastos correspondientes. Una nueva redacción del artículo 32 determina el mecanismo para la tercerización de servicios de defensa, con el fin de delegar parcialmente la demanda en estudios jurídicos privados.

* Ley Orgánica del Poder Judicial: Pretende producir un cambio sustantivo en el procedimiento y trámite de las causas que se susciten por las cuestiones relativas al fuero de Familia y de Responsabilidad Extracontractual pasando de juzgados colegiados a unipersonales. También dotar a la justicia de Distrito Civil y Comercial, de mayor dinámica y agilidad procesal, incorporando nuevos Juzgados de Primera Instancia de Distrito Civil y Comercial y creando nuevas Salas, en la Circunscripción 1ª y Circunscripción 2ª de las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial. En el mismo sentido y atento a la incorporación de nuevos Juzgados de Primera Instancia Civil y Comercial, en la 1ª y 2ª Circunscripción, a fin de evitar acumulación de causas ante las Cámaras de Apelaciones de Santa Fe y Rosario, por un aumento excesivo de ingreso de expedientes a las Salas existentes; elimina las Cámaras de Circuito de Santa Fe y de Rosario, e incorpora una Sala más en ambas Circunscripciones, todo ello teniendo en cuenta las estadísticas elaboradas por el propio Poder Judicial.

Otro de los temas pendientes es el llamado Ley de Gobernanza e Información Pública donde el Poder Ejecutivo apuesta a transparentar el funcionamiento del Estado y agilizar trámites que realizan los ciudadanos. En el mensaje se habilitan además los proyectos de Ley de Acceso a la Información que no ha logrado apoyo parlamentario más allá de la constante iniciativa que se generó desde la Cámara de Diputados.

La Cámara de Senadores tiene previsto entre sus asuntos con pedido de tratamiento preferencial, un mensaje de ley de autorización para que Santa Fe tome un empréstito con la Agencia Francesa de Desarrollo (ADF) hasta la suma de 65 millones de euros o su equivalente en otra moneda, “para el financiamiento del proyecto de biodiversidad para la acción climática”.

El expediente proviene de la gestión gubernamental anterior y lo inició el ex gobernador Omar Perotti mediante el Mensaje 5059. Fue la Cámara de Diputados con su conformación anterior (que también contaba con mayoría de integrantes de Unidos para Cambiar Santa Fe) la que le dio media sanción hace ya más de un mes. Durante la última sesión del período prórroga de las sesiones ordinarias, la Cámara baja lo aprobó con votos en contra del justicialismo que calificó como una suerte de “cheque en blanco” las modificaciones que le hizo la mayoría que amplían las facultades para el endeudamiento.

El tema está en Senadores desde diciembre, cuando lo incluyó en el temario el gobernador Maximiliano Pullaro y curiosamente no ha prosperado en la Cámara donde el oficialismo tiene números muy cómodos: su interbloque suma 14 sobre 19 bancas.

Fuentes del minoritario bloque del PJ dejaron en claro que van a votar favorablemente, para acompañar la sanción de al norma. Explicaron que en su momento harían las salvedades que crean necesarias, eventualmente, en el tratamiento en particular o a la hora de argumentar.

La cuestión se ha postergado con renovaciones de preferencias que han sido pedidas siempre por el Ejecutivo, que puede perfectamente recurrir al tratamiento sobre tablas porque dispone de dos tercios.

La sesión del Senado que hasta ayer había sido convocada para las 15 se pasó a media mañana de este jueves 4 para las 13, por lo que aumenta la expectativa.

El proyecto prevé una línea de apoyo para ejecutar obras de infraestructura para la biodiversidad en diferentes localidades de la provincia. Entre los componentes principales del proyecto, se destacan la restauración de la biodiversidad provincial en áreas protegidas y ecoparques, el fortalecimiento de capacidades y seguimiento ecológico a través de la puesta en valor del Centro de Rescate e Interpretación de Fauna "La Esmeralda", y la construcción de centros de innovación climática para promover la investigación, desarrollo tecnológico y educativo en materia ambiental en los principales centros urbanos de la provincia.

Este proyecto incluye inversiones que permitirán generar sitios de conservación, sumar infraestructura al Parque Nacional Islas de Santa Fe y la zona de gestión Jaukanigaas, así como generar nuevos espacios para la investigación científica y la educación ambiental.

El crédito es a 10 años con una tasa de interés fija o variable, Euribor a 6 meses + 522 puntos básicos a lo que habrá que sumar una comisión de evaluación del 0,50% y otro porcentaje similar de compromiso.

En un año de cambios por donde se mire, en la Legislatura de la Provincia de Santa Fe el más profundo sucedió en el Senado. En vísperas de las Paso provinciales, para cuando cada corriente interna de las dos grandes coaliciones partidarias cerraba sus listas, 17 de los 19 representantes departamentales aspiraban a contar con un nuevo mandato. Ese era el panorama a fines de mayo, pero el 5 de diciembre solo pudieron jurar 13 de ellos.

Quien sólo entienda de matemáticas podrá decir que la enorme mayoría de los senadores provinciales lo logró y que tiene ahora un nuevo período por delante, con casos que van desde los cuatro mandatos hasta uno de ocho. Las cuentas del almacenero podrían habilitar la idea de continuidad, pero desde el punto de vista político los números son solo parte de lo que se debe leer.

De 1983 a hoy es una de las dos renovaciones de los miembros del cuerpo con un cambio de signo político. Sucedió en el 1987 cuando el radicalismo (opositor al gobierno de José María Vernet) perdió la mayoría a manos del justicialismo. Hoy sucede lo contrario.

Hay además 6 legisladores que comienzan a conocer (con un debut que fue realmente tenso) los pormenores de un cuerpo que acumula poder desde la sanción de la Boleta Única y el ejercicio de otorgar subsidios que la Constitución dispone y les permite a cada senador una agenda pública relevante, más en los lugares menos habitados donde los detalles definen una elección. Armando Traferri (PJ-San Lorenzo), el ex jefe del bloque Juan Domingo Perón, que actuó siempre con las ventajas que da conducir la bancada más numerosa, definió en términos muy justicialistas la importancia que ha cobrado el Senado en la última década: "tenemos independencia política", porque el sistema electoral terminó con la boleta sábana en la que importaba solo el nombre del gobernador y hoy es la figura del senador provincial tan relevante en las urnas como con los candidatos a cargos ejecutivos; e "independencia económica" porque el Programa de Fortalecimiento Institucional que comenzó con el gobierno de Antonio Bonfatti les permite otorgar ayudas monetarias a instituciones en cada distrito, con una particularidad: cada senador y el vicegobernador reciben la misma cifra, sin importar qué población tiene el departamento.

Con esas herramientas electorales y de permanente acción política "en el territorio" ganarle a un senador en ejercicio es visto en Santa Fe como una proeza electoral. Y sucedió en media docena de casos.

Los seis que cambiaron son de La Capital, Rosario, Garay, San Javier, San Martín y Belgrano. Tenían representantes del PJ y ahora forman parte del interbloque de Unidos para Cambiar Santa Fe, de mayoría radical. Los seis nuevos integrantes del cuerpo inician su primera experiencia como legisladores provinciales.

Rodrigo Borla (UCR-San Justo) preside a los 14 oficialistas en los que 8 tienen una importante experiencia acumulada, y votos, porque quien revise sus guarismos electorales verá cifras que rondan o superan largamente el 50% con extremos aún más altos, propios de un plebiscito.

Otros tres puntos a subrayar del cambio: 1) todos los senadores del radicalismo renovaron sus bancas; 2) son del nuevo oficialismo todos los que ingresaron y allí se cuentan las elecciones de Ciro Seisas en Rosario y de Julio Francisco Garibaldi en La Capital; y 3) solo el peronismo perdió lugares en el hemiciclo, nada menos que 6.

Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal), el presidente provisional del Senado lidera ese esquema del oficialismo que dispone de todos los resortes para aprobar cualquier expediente, ley, declaración o resolución sobre tablas, sin necesidad de pasar por comisiones si así lo cree necesario.

Es ciertamente el del Senado un cambio apalancado por el victoria de Maximiliano Pullaro y del frente de frentes en el que Michlig fue clave. Por eso su negativa a ser ministro de Gobierno del gobernador unos días antes de la foto con el gabinete en Cayastá fue una nota desafinada en la melodía triunfal que acompaña a la coalición de Juntos por el Cambio con las fuerzas que quedaban en el Frente Progresista en Santa Fe.

Es cierto, el "no" de Michlig fue cuidado y todo lo prudente que se pudo mostrar, para que no se lo lea como una ruptura ni mucho menos. Desde entonces abundaron los gestos de amistad y reconocimiento del titular de la Casa Gris a la labor partidaria del presidente del Comité Provincial de la UCR. La práctica ya demostró, también en diciembre, que no hay nada que se parezca a un quiebre, en todo caso no hasta que sea la hora -en un par de años- de volver a diseñar candidaturas y soñar con posibilidades de reforma de la Constitución Provincial o saltos al orden nacional, según lo indique el humor social nacional y de los santafesinos. Una señal: Pullaro no puso en la agenda de su discurso de asunción al cargo el tema de una actualización constitucional, que varios de sus antecesores impulsaron. Supo entender que no hay espacio para algo así en las horas dramáticas que vive la Argentina.

El peronismo ya no tiene "su" Cámara

El senador por Las Colonias Rubén Pirola aspira a liderar un proceso complejo, que está obligado a transitar el peronismo en el Senado santafesino. Es el presidente de la bancada del PJ que quedó en minoría y frente a una mayoría enorme.

Salvo entre 1983 y 1987, con dominio radical, siempre la Cámara alta estuvo en manos del justicialismo desde la recuperación de la democracia. Era vista como "su" Cámara. Hoy, hasta las cómodas oficinas que corresponden al bloque de la mayoría pasan a manos del interbloque con fuerte presencia radical.

Al peronismo derrotado tras cuatro años en la Casa Gris le quedan pocos espacios de poder en la provincia. Apenas un puñado de municipalidades de segunda categoría, pero es en el Senado donde podrá marcar la cancha con posiciones propias ante las políticas de gobierno que no le gusten.

Es curioso: el oficialismo de 14 que tiene todos los números a su favor ya le regaló una oportunidad al senador por Las Colonias, nada menos que una sesión especial horas antes de que jure como gobernador Maximiliano Pullaro, con la polémica licencia sin goce de dieta con la que Lisandro Enrico se convirtió en el primer senador y ministro al mismo tiempo. Solo Enrico (UCR-General López), ahora titular de Obras Públicas, se defendió en el recinto. Fuera de ese ámbito, en declaraciones periodísticas lo respaldaron Michlig y Borla.

Pirola advirtió que es inconstitucional, ilegal y "un error político" haber dado una licencia que no está prevista al senador y cerró su discurso con la lectura lisa y llana del artículo 52 de la Constitución de la provincia que define las incompatibilidades para ser legislador en Santa Fe.

También lamentó que se hiciera jurar "como en una suerte de interinato" a la senadora suplente Leticia Di Gregorio (UCR-General López). "Hay 20 senadores", graficó.

Las cámaras de Senadores y de Diputados fueron convocadas a sesionar este jueves quebrando una costumbre institucional de que en enero hay receso parlamentario. La decisión de los bloques oficialistas de Unidos para Cambiar Santa Fe es avanzar con el tratamiento de los mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo con el objetivo de mejorar la seguridad pública a partir del funcionamiento de operadores del área. Es más, en los pasillos legislativos se especula con la posibilidad también de convocar a las cámaras para el jueves venidero.

En Diputados, el eje de la semana está en la reforma a la ley 13.013 que es la que regula el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Se explicó desde el Ministerio de Justicia y Seguridad que el objetivo es potenciar a la Fiscalía General como máxima autoridad a través de facultades legales.

También apunta a reformas a la función de persecución penal modificando facultades, deberes, atribuciones y competencias de fiscales y policías en el marco de una investigación penal. La iniciativa del Ejecutivo establece en cabeza del MPA la dirección jurídica de la investigación y la litigación de las causas, y reserva para que la policía lleve adelante -mediante protocolos y directivas formales- la investigación técnica y científica.

El proyecto en discusión incorpora facultades para la Fiscalía General a fin de crear unidades especiales, emitir instrucciones particulares (en casos concretos poder instruir a los fiscales a cargo de las investigaciones), que la Junta de Fiscales tengan sólo una función consultiva y no poder de veto de las decisiones del Fiscal General.

También el cargo de fiscal general tendría facultades de intervención y reasignación en casos concretos, intervención en la designación de regionales y organismos de apoyo (se propone concursar primero el cargo de Fiscal General y que una vez designado participe en los concursos de los regionales y los órganos de apoyo a la gestión). Otro capítulo modifica el régimen de carrera y de sanciones disciplinarias en el MPA.

La iniciativa provocó reacciones diversas de los actores del sistema penal la mayoría de los cuales serán escuchados este miércoles por la comisión de Labor Parlamentaria de Diputados. Así fueron citados el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, el Colegio de Jueces Penales de Rosario; las asociaciones Fiscales y funcionarios del MPA de Rosario y de Santa Fe, el Sindicato de Trabajadores Judiciales y los colegios de abogados de Santa Fe y de Rosario.

El proyecto del Ejecutivo también tiene algunas objeciones en el seno del interbloque de Diputados que se discuten internamente y que no han salido a la luz pública. "Escucharemos a las entidades que pidieron ser escuchadas y después analizaremos si estamos en condiciones de avanzar en el tratamiento", dijo un vocero parlamentario oficialista.

Hasta el momento, el oficialismo -tanto en Diputados como en Senadores- trabajó en lograr la mayor cantidad de votos posibles a la hora de votar las leyes, no utilizando las mayorías propias en cada cuerpo y escuchando sugerencias de bloques opositores.

En el mientras tanto, el Sindicato de Trabajadores Judiciales envió una nota a Clara García, presidenta de la Cámara de Diputados advirtiendo que en el actual proceso penal acusatorio adversarial "todo cambio debe pensarse en pro de un sano juicio en el que se busque no la impunidad, sino el cumplimiento del debido proceso".

La entidad gremial cuestiona allí los efectos que tendría la reforma al MPA y al sistema de la Defensa Penal Pública. "La desjerarquización del Servicio Público provincial de la Defensa Penal tiene su contraste en el crecimiento del MPA con relación a una nueva carrera judicial para fiscales", agrega la nota de la entidad gremial que hoy la expondrá ante los propios legisladores.

De los 29 proyectos habilitados por el Poder Ejecutivo para Extraordinarias desde el 10 de diciembre, ya fueron aprobados 15 mientras que los 14 restantes se encuentran en comisiones de ambas cámaras.

El Senado tiene bajo análisis el mensaje remitido por el entonces gobernador Omar Perotti para autorizar la toma de un crédito con la Agencia Francesa para el Desarrollo por 65 millones de euros para destinarlos a iniciativas de biodiversidad para la acción climática, iniciativa ya votada en noviembre en Diputados incluso con el voto del actual gobernador, Maximiliano Pullaro.

Los proyectos para reglamentar el libre acceso a la información y los juicios por jurados para determinados hechos, en tanto, quedarán para el análisis a partir de febrero, se señala en ámbitos parlamentarios.

La senadora provincial Leticia Di Gregorio continúa adelante con la impronta de proximidad y cercanía con General López, algo que se viene implementando desde el 2011 en el sur santafesino y dejó una marca en la política sureña. 

Así, por ejemplo, acompañó en primer lugar la asunción de las nuevas autoridades en municipios, concejos y comunas del departamento, para luego adentrarse en el mano a mano con los referentes y vecinos de cada distrito. 

Entre otros ítems en su agenda, Di Gregorio se entrevistó con Juan Fetter, flamante presidente comunal de Maggiolo, para ponerse a disposición de su gobierno y de toda la comunidad. Luego en Sancti Spiritu, se reunió con el presidente comunal Cristian Vincenti, acompañada por los referentes de Vialidad Provincial en la región, Benjamín Gianetti y Gustavo Sánchez, sumado al coordinador regional Roberto “Tito” Vergé, para “hacer crecer esta localidad”, según afirmó la legisladora. 

“Escuchamos los proyectos y necesidades que hoy poseen, para afrontar cada uno de ellos a paso firme. Trabajaremos mancomunadamente en beneficio de cada vecino e institución de Sancti”, valoró la senadora Di Gregorio. 

Además, acompañó la “Navidad Blanca” firmatense, actividad impulsada por el Centro Comercial a Cielo Abierto Firmat (CCA), en forma conjunta entre el Centro Económico y la Municipalidad de esa ciudad. 

En la última jornada de viernes, Di Gregorio se dirigió a la localidad de Murphy para coordinar acciones conjuntas con el presidente comunal Ezequiel Rodriguez. 

Más tarde. En Chovet, anunció junto al presidente comunal Sergio Busquet, la constitución de una nueva institución, “El Cencerro”, para posteriormente entregar la subsistencia de la personería jurídica a la Biblioteca Popular “Alberto Chovet”. 

En la previa al año nuevo, la senadora Leticia Di Gregorio, junto al gobernador Maximiliano Pullaro estuvieron presentes en Venado Tuerto y Firmat, para cumplir con la entrega de escrituras a familias a través del Régimen de Regularización Dominial (Ley Pierri).

“Estamos trabajando fuertemente junto al equipo porque entendemos que el camino que se inició hace más de una década con Lisandro Enrico es el que la gente elije, que valora y somos respetuosos de todo lo logrado. Queda muchísimo por delante, sabiendo que el gobernador Maximiliano Pullaro nos necesita presentes, respondiendo y atendiendo las demandas sin distinción. Esa es nuestra responsabilidad y estamos orgullosos de hacernos cargo”, completó la senadora Leticia Di Gregorio.

Los bloques oficialistas de Unidos trabajan desde Senado y desde Diputados para sancionar este jueves dos leyes claves para el manejo económico y financiero de la provincia: Presupuesto General de Gastos y Recursos 2024 y Ley Tributaria para el ejercicio fiscal que se pondrá en marcha el próximo lunes.

La particularidad de este año es que el mensaje de Presupuesto fue elaborado por la gestión anterior, remitido a Legislatura con las firmas del entonces gobernador, Omar Perotti, y del ministro de Economía, Walter Agosto, que hoy votarían, ahora como legisladores, el texto que ya fuera aprobado por el Senado.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, sigue de cerca el tratamiento de la temática e incluso participa como invitado de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados que ahora preside la radical Jimena Senn.

La futura Tributaria está en Senado, lo tiene como tema preferencial, y en Diputados se ajustan las negociaciones para aprobarla sobre tablas este mismo jueves. La ley mantiene la estabilidad fiscal para pymes y prevé aumentos de alícuotas para Ingresos Brutos para algunos sectores, entre ellos el mutualismo financiero que tiene agendadas reuniones con los diferentes bloques políticas para exponer reparos al artículos.

“Sostener la estabilidad fiscal para las PyMES santafesinas; no incrementar la carga tributaria sobre las principales actividades productivas de la provincia como sector agropecuario, la industria, el transporte y el comercio y evitar - atenuar, la caída de participación de los tributos directos en el sistema tributario provincial” son los ejes del mensaje elaborado por el ministro de Economía, Pablo Olivares.

Las nuevas alícuotas de Ingresos Brutos previstas son del 5% para Comunicaciones y prevé cambios en lo referido a servicios vinculados a la actividad financiera. Así la nueva alícuota por retribución a emisores de tarjetas de crédito o compras pasa al 6,5% y al 8,5% para operaciones de préstamos de dinero, descuentos de documentos de terceros y demás operaciones financieras efectuadas por entidades no sujetas al régimen de entidades Financieras, incluidas las casas de préstamos.

En cuanto a entidades financieras la nueva alícuota pasa a ser del 6,25% y del 9% según el total de las sumas del haber de las cuentas de resultados. También incluye la posibilidad de deducción de la base imponible de los intereses percibidos por préstamos o asistencia financiera a Pymes radicadas en la Provincia de Santa Fe y/o por asistencias financieras al sector público provincial o municipal en la Provincia de Santa Fe. Con tope del 20% de la base imponible atribuible a Santa Fe.

Para casinos la nueva alícuota pasará al 10,50%. En los acopios por cuenta propia, la nueva alícuota es del 0,25% cuando los ingresos brutos anuales no superen los $200.000.000 y del 0,45 cuando los ingresos brutos anuales superen dicho monto.

El mensaje prevé la continuidad de los beneficios de estabilidad fiscal que rige desde el año 2018 (Leyes N° 13.749 y N° 13.750 y sus prórrogas). Además no contempla incrementos de alícuotas para actividades agropecuarias, industriales y comerciales.

En lo que hace a impuestos de emisión, en el caso del Inmobiliario Rural no tiene incremento en los casos de propietarios de hasta 50 hectáreas que las afecten directamente a la actividad agropecuaria; en cambio, el aumento previsto con respecto al 2023 es del 74% en los casos de propietarios de más de 50 hectáreas y hasta 100 hectáreas que las afecten directamente a la actividad agropecuaria. En los casos de propietarios de más de de 100 hectáreas y hasta 200 hectáreas destinadas a la actividad agropecuaria la suba es 103%.

En Patente Única sobre Vehículos, el tope anual está previsto en el 160%, excepto vehículos modelo 2023 y 2024 que tendrán una suba mucho mayor.

La ley contempla además beneficios fiscales para pagos contado y para contribuyentes que tienen buena conducta fiscal.