Analía De Luca

El Senado de la Nación aprobó este viernes el Presupuesto 2026, con 46 votos a favor, 25 votos en contra y una abstención. Ocurrió en una sesión especial dedicada a este proyecto, clave para el Gobierno de Javier Milei.

El Presupuesto llegó con media sanción de Diputados y necesitaba la mitad más uno de los votos para ser respaldado en la Cámara alta. Precisaba, luego, la aprobación de todos los capítulos para convertirse en ley.

Fuente: El Litoral

La Libertad Avanza contó con el apoyo del PRO y otros bloques aliados. El kirchnerismo y la izquierda, en cambio, rechazaron la sanción del Presupuesto 2026.

En Diputados, la oposición había conseguido bajar el cuestionado capítulo 11, que preveía la derogación de las leyes de financiamiento educativo universitario y la emergencia en discapacidad.

En el Senado, el radicalismo puso bajo la lupa al artículo 30, que elimina pasajes clave de leyes de Financiamiento Educativo, Educación Nacional, Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Educación Técnico Profesional.

Sin embargo, el oficialismo también logró la aprobación de ese punto, con 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones.

El debate inició pasado el mediodía con la vicepresidenta Victoria Villarruel como conductora de la sesión, pero que se ausentó antes de la votación por el Capítulo 2. Habitualmente, Villarruel no suele presidir aquellos momentos en las votaciones en los que la derrota merodea el campo libertario. Sin embargo, en este caso la taba cayó en favor del oficialismo.

La sesión estuvo plagada de cuestiones de privilegio, algo que no es habitual en la Cámara alta, pero que el kirchnerismo ya había alertado durante la reunión de Labora Parlamentaria. Una de las principales voces de la bancada fustigó fuertemente contra el Presupuesto libertario y fue el jefe del bloque del kirchnerismo, José Mayans.

Mayans señaló que “el primer punto del Presupuesto está totalmente desactualizado y no tiene nada que ver con la realidad que estamos viviendo”. “En primer lugar por la política cambiaria que el Gobierno cambió. Ahora dicen que van ajustar el dólar por inflación por exigencia exigencia del FMI”, siguió.

El formoseño también cuestionó la previsión de inflación prevista en el proyecto de Presupuesto, y explicó que “el problema está en la inconsistencia del programa económico”.

El senador de la UCR Maximiliano Abad, que votó en general a favor del Presupuesto, pero rechazó en particular el capítulo 2, dijo: “No podemos mirar para el costado, desentendernos, condenar a generaciones a no tener un futuro mejor, y especialmente no podemos condenar a la Argentina a la mediocridad”.

“Al artículo 30 yo lo llamo el artículo escoba porque barre los pisos de educación pero también las proyecciones en inversión que establecen las leyes de educación y ciencia en la Argentina”, consideró Abad.

La senadora tucumana de Independencia Beatriz Ávila remarcó que “el Presupuesto no es el ideal, pero sí da previsibilidad y es una herramienta para salir de un circulo vicioso que tenía el país” vinculado a la incertidumbre y la crisis económica.

“Aprobar el presupuesto no es un cheque en blanco porque tenemos nuestra función de contralor. ¿Pero cuál es la alternativa? ¿Quedarnos por tercer año sin presupuesto?”, cuestionó.

Como última oradora, la jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, sostuvo que el “Presupuesto no es solo una herramienta económica es un punto de partida para refundar una historia emocional de la Argentina”.

"Es un punto de partida para refundar una historia emocional de la Argentina”, dijo Bullrich.

“Un país que durante muchos años se acostumbró a sufrir, a resignarse, a vivir totalmente atrapado en ciclos tóxicos que se repetían una y otra vez y nos hicieron creer que la Argentina no tenía salida, que no tenía remedio, que el fracaso era el destino" agregó.

"Se instaló la idea de que el esfuerzo no valía la pena. Populismo, corrupción ,valijas llamadas obra pública, que trabajar, que producir, que ahorrar, que todo eso era absolutamente inútil", siguió la ex ministra de Seguridad, al tiempo que destacó que “hace dos años, después de pasar un gobierno terrible, los argentinos decidimos cambiar el sistema y enfrentar los problemas”.

“Sabíamos que iban a ser tiempos difíciles, que todos íbamos a tener que poner mucho esfuerzo para pensar en una Argentina distinta. De repente los argentinos volvimos a creer, a proyectar, a sanar, a sentir que hay futuro, que el esfuerzo tiene sentido”, expresó.

A su criterio, “el cambio no es más un eslogan, no es una palabra vacía, es algo que toca a cada argentino en su vida real, en la familia argentina”.

Eduardo Galaretto y Carlolina Losada (UCR) votaron a favor. En tanto, Marcelo Lewandowski (UxP) votó en contra del proyecto.

Un total de 24 senadores y senadoras jurarán este viernes a las 11 en la Cámara alta del Senado de la Nación. Son las autoridades electas el 26 de octubre en siete provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cumplimiento del artículo 56 de la Constitución argentina, que establece la renovación por tercios cada dos años.

Santa Fe no tendrá cambios en la composición de sus representantes porque en los últimos comicios sólo puso en juego 9 bancas de diputados que jurarán el 3 de diciembre a las 13. Pero ese es otro tema.

Volviendo al Senado, la sesión preparatoria está prevista para el último día hábil del mes, al filo del cierre del período ordinario de sesiones que culmina el 30 de noviembre.

Los nuevos representantes provinciales ocuparán sus bancas desde el 10 de diciembre bajo la dirección de Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación y, como tal, máxima autoridad del Senado.

La elección del resto de las autoridades, incluida la presidencia provisional, quedará para febrero, tal cual lo establece el artículo 1º del reglamento de la Cámara.

La norma expone que “el 24 de febrero de cada año o el día inmediato hábil anterior en caso que sea feriado, se reúne el Senado en sesiones preparatorias a fin de designar autoridades y fijar los días y horas de sesiones ordinarias, los que pueden ser alterados por decisión de la Cámara”.

El artículo 2º consigna que “acto continuo la Cámara hará sucesivamente y por mayoría absoluta la elección de un presidente provisional para que la presida en los casos determinados en el artículo 58 de la Constitución, un vicepresidente, un vicepresidente 1º y un vicepresidente 2º”.

Actualmente la presidencia pro témpore está a cargo del libertario Bartolomé Abdala (San Luis).

Si bien no está previsto el tratamiento de proyectos en el encuentro de este viernes, sí se espera debate. En particular sobre la situación de Lorena Villaverde (Río Negro), actual diputada nacional por LLA, quien viene siendo cuestionada por sus posibles vínculos con Antonio “Fred” Machado, investigado por lavado de activos y narcotráfico.

Los pliegos de la legisladora electa por la provincia patagónica fueron analizados, como el resto, por la Comisión de Asuntos Constitucionales y su aprobación final quedará en manos del cuerpo en la sesión de este viernes.

La Cámara alta que comenzará a funcionar de manera oficial el 10 de diciembre será más favorable al oficialismo, que pasará de tener 20 legisladores propios de los 6 que contaba hasta ahora.

En CABA tendrá a un alfil de peso: Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad, será la voz del oficialismo en el recinto.

A ellos se suman Agustín Monteverde (CABA), Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider (Chaco), Joaquín Alberto Benegas y Romina Almeida (Entre Ríos), Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita (Salta), Agustín Coto y Belén Monte de Oca (Tierra del Fuego), Nadia Márquez y Pablo Cervi (Neuquén) y la rionegrina Lorena Villaverde, si se aprueba su pliego.

Por el lado de la oposición, renuevan sus bancas Mariano Recalde (CABA) y Cristina López (Tierra del Fuego). En tanto, ingresan Gerardo Zamora, Elía Esther del Carmen Moreno y José Neder (Santiago del Estero), Martín Soria y Ana Marks (Río Negro), Adán Humberto Bahl (Entre Rios) y Jorge Capitanich (Chaco).

En representación de los gobernadores, estarán Flavia Royón (Salta) y Julieta Corroza (Neuquén).

Santa Fe seguirá representada por Eduardo Galaretto, Marcelo Lewandowski y Carolina Losada, con mandato hasta el 10 de diciembre de 2027.

En la previa del feriado y el cierre de alianzas de cara a las legislativas bonaerenses, el Congreso Nacional activó comisiones y anticipó debates de alto voltaje para los próximos días.

Para resumir, los proyectos de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario obtuvieron, este martes, sus respectivos dictámenes de mayoría en comisiones de Diputados y serán llevados a sesión cuando el cuerpo legislativo sea convocado.

En el Senado, en tanto, se espera una invitación formal a sesión para este jueves a las 14 a fin de tratar siete temas, uno más incómodo que el otro para el gobierno de Javier Milei. Al menos ese es el número de proyectos que impulsa la oposición e incluyen las dos iniciativas presentadas por los 23 gobernadores y el Jefe de Gobierno de CABA para redistribuir el impuesto a los combustibles y los ATN (Aportes del Tesoro Nacional), los proyectos con media sanción para recomposición y moratoria previsional, emergencia en discapacidad y el rechazo al veto del Ejecutivo a la ley que declaró la emergencia para Bahía Blanca tras la trágica inundación de marzo, entre otros.

Cuántos temas llegarán a tratarse es una incógnita. Por ahora, la atención está puesta en el quórum, porque no hay convocatoria oficial. Es decir que si se recorre la agenda de la Cámara alta prevista para este jueves, se verá que fuera de visitas guiadas y de la iluminación de balcones por el fallecimiento de Francisco Ramírez, no hay anuncio de actividad estrictamente parlamentaria.

La sesión se resolvió el lunes por la tarde cuando la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, recibió a jefes de los bloques que dicen asegurar el número necesario para abrir la sesión (la mitad más uno de los senadores). Para que se habiliten los temas que no tienen dictamen de comisión se requerirán dos tercios de los componentes de la Cámara. Por eso es que el número de temas que se podrán tratar es una incógnita, como también la cantidad de legisladores y legisladoras que ocuparán sus bancas en cada momento de la sesión.

En este punto, conviene no perder de vista que, más allá de las alianzas electorales (La Libertad Avanza cerró filas con el PRO para las legislativas de Buenos Aires del 7 de septiembre), todos los mandatarios provinciales acordaron reclamar los fondos que se les adeudan. Y el Senado es, por definición y composición, la representación federal en el Congreso; más allá de que el Presidente interprete que el objetivo de los gobernadores, entre quienes figuran aliados o al menos dialoguistas, es "destruir al gobierno nacional".

El martes hubo alta actividad en comisiones de la Cámara baja: primero para abordar la emergencia pediátrica, con presencia de trabajadores del Hospital Garrahan en el Congreso (hay prevista una gran movilización para el 17 de julio en el Palacio de las leyes), luego para recibir a una veintena de intendentes que reclamaron por el Fondo Federal de Compensaciones para el Interior, y a la tarde para discutir el financiamiento a las universidades públicas. En todas las reuniones hubo serios planteos al gobierno nacional y en el primero y último tema, se logró dictaminar.

Es más: las dos emergencias (salud pediátrica y universidades) requerían de una reunión conjunta de comisiones, incluida la de Presupuesto y Hacienda; la misma que preside el libertario José Luis Espert a quien se le cuestiona haber inmovilizado ese espacio durante varias semanas.

El saldo de la intensa jornada del martes fue que el plenario de Acción Social y Salud Pública, de Familias, Niñez y Juventudes, y Presupuesto y Hacienda, que había sido emplazada en la sesión especial de Diputados del 2 de julio, logró un dictamen de mayoría (otro de minoría) para declarar la emergencia de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud de la República Argentina por el término de un año. Además, ordena proteger los derechos a la salud y a la vida de niños, niñas y adolescentes.

En el debate previo, el diputado Pablo Juliano (Democracia para Siempre) hizo un llamado a todos los gobernadores al afirmar que "cuando los chicos del interior vienen a atenderse acá (por el Hospital Garrahan) no se pregunta si votaron a La Libertad Avanza, si votaron por Unión por la Patria, si vienen del norte, del sur o del este de nuestro país". Un aviso ante posibles fugas en el momento en que el proyecto llegue al recinto para su consideración. También será puesta en debate, en una futura sesión, la resolución 2109 del Ministerio de Salud que modificó las residencias por becas, cambio que viene siendo cuestionado por instituciones de salud, autoridades de distintas universidades y por los propios residentes, como también recibió críticas en el primer plenario del martes.

Por la tarde hubo una segunda reunión conjunta (Educación, y Presupuesto y Hacienda), esta vez para dar curso a otro emplazamiento de la Cámara para tratar el financiamiento a las universidades públicas, tema que motivó dos protestas masivas durante el año 2024 y que sigue siendo objeto de reclamo de las casas de altos estudios de todo el país, que recientemente unieron su postura en un documento avalado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Es la segunda vez que se intenta sacar adelante una ley en este sentido, luego de la norma que el Congreso sancionó el año pasado y fue vetada poco después por el Ejecutivo.

El santafesino Esteban Paulón defendió el dictamen de mayoría al postular que "en la defensa del presupuesto de las universidades va una buena parte de que Argentina sea un país con desarrollo, con igualdad, que garantice el sueño de la movilidad social ascendente".

Referentes de varias provincias y agrupaciones políticas hicieron oír su voz en defensa de la educación pública y de calidad, en tanto el dictamen mayoritario recogió 49 firmas: 34 de Unión por la Patria; 4 de Encuentro Federal; 6 de Democracia para Siempre; 2 de la Coalición Cívica; y 3 de Innovación Federal de la salteña Pamela Calletti y los misioneros Carlos Fernández y Yamila Ruíz. El Frente de Izquierda presentó un dictamen de minoría avalado por Christian Castillo y Vilma Ripoll, mientras que La Libertad Avanza, el Pro, Liga del Interior, el monobloque tucumano Creo, la bancada sanjuanina de Producción y Trabajo, el MID y el radicalismo no acompañaron los despachos, según detalla el sitio especializado Parlamentario.com.

Hasta aquí una síntesis de lo que pasó el día antes del 9 de julio. Por delante quedará descubrir lo que ocurra el jueves, a 14 horas del cierre de listas para la nacionalizada elección legislativa de Buenos Aires.

Mauro L. Muñoz

Pidió respeto, se levantó, tomó sus papeles y se retiró caminando del recinto. De forma abrupta concluyó la exposición del 143º informe de Gestión que este jueves realizó el jefe de Gabinete ante el Senado de la Nación.

Durante más de cuatro horas, Guillermo Francos protagonizó una jornada marcada por la defensa de la administración libertaria, respondiendo a las más de 900 preguntas presentadas previamente por escrito por senadores de todos los distintos bloques.

En su primer informe de gestión del año ante la Cámara alta, destacó los avances logrados en este año y medio de gestión, destacando la transformación de la Argentina bajo la presidencia de Javier Milei. Señaló que la macroeconomía está ordenada, con inflación en descenso, caída de la pobreza y recuperación del salario real. Afirmó también que "el Estado respalda al sector privado y promueve la libertad económica, lo que genera optimismo a futuro".

En otro tramo de su exposición, el Jefe de Gabinete apuntó contra el proyecto de ley que busca mejorar los haberes jubilatorios que tiene media sanción de Diputados y deberá ahora ser tratado ahora por el Senado. Advirtió que, de sancionarse, será vetado por el presidente. También se refirió al conflicto con los residentes del Hospital Garrahan, señalando que tiene una arista gremial que escapa al gobierno.

Pero la sesión tuvo un cierre abrupto que hizo escalar la tensión en el recinto. De manera intempestiva, Francos decidió retirarse aduciendo ser ofendido por ser calificado de “mentiroso” por una senadora opositora. Tras un cuarto intermedio, se decidió aplazarla para el próximo miércoles.

Antes de desembarcar en el recinto, Francos recibió 1.209 preguntas de legisladores y legisladoras, que quedaron agrupadas en 926 realizadas por 48 senadores. Entre las consultas se incluyen temas vinculados a Economía, Hacienda y Finanzas; Producción, Industria y Comercio; Infraestructura y Obras Públicas; Seguridad Social y Previsión; Relaciones Internacionales y Soberanía; Justicia y Sistema Penal; Educación, Salud y Políticas Sociales; Administración Pública y Empleo; Seguridad y Defensa; Ciencia, Tecnología y Ambiente; Inclusión y Transformación Digital, y Emergencias y Catástrofes.

Este jueves, desde las 11 de la mañana, el Senado retomó la actividad parlamentaria para la presentación oral del Informe de Gestión, en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional. Con una agenda recargada tras semanas de parálisis legislativa, la exposición de Francos se perfilaba como una oportunidad para que el oficialismo revalidara sus números y para que la oposición se hiciera escuchar.

El informe comenzó con un repaso de las principales variables macroeconómicas: inflación del 1,5% en mayo, la más baja en cinco años; superávit fiscal; baja del 0,3% en los precios mayoristas; y un acumulado del 13,3% en los primeros cinco meses del año.

Francos atribuyó estos logros a la “política monetaria innegociable” de Luis Caputo y a la decisión de eliminar controles de precios, emisión monetaria y regulaciones. “Logramos terminar con este flagelo sin Precios Cuidados, sin emisión, sin cepo cambiario y con una política clara concreta e innegociable: el equilibrio fiscal”, enfatizó.

En la primera ronda de preguntas, senadores de distintos bloques y diferentes provincias trasladaron a Francos reclamos sobre el estado de las rutas. El jefe de ministros admitió que la infraestructura está en mal estado, pero señaló que es parte de la herencia que recibieron. Ante la insistencia, resaltó el modelo de obra pública priorizada y anticipó que pronto habrá anuncias de nuevos inversiones.

Una de las más enfáticas en el reclamo fue la senadora por Santa Fe Carolina Losada, de la la UCR: “La gente me para en la calle por el estado de las rutas. Hay pozos que hacen las rutas intransitables”, sostuvo. También pidió respuestas concretas sobre obras prioritarias en su distrito. También Víctor Zimmermann, senador chaqueño, consultó sobre los avances en materia de obra pública. Lo propio hizo desde Río Negro, Mónica Silva, de Juntos, cuestionando la falta de inversiones: “En nuestra provincia no recibimos ninguna inversión”, afirmó.

Ante los reiterados cuestionamientos por la falta de obras viales y el deterioro de la infraestructura en varias provincias, Francos defendió el orden de prioridades establecido por el Gobierno. “El diálogo es importante, pero también es cierto que pasar de la situación recibida a la actual fue un cambio complejo”, sostuvo.

El jefe de Gabinete insistió en que el enfoque fiscal es central en el esquema de gestión. “Tenemos que comprender que el proyecto del Gobierno tiene etapas, y salir de la crisis es una de ellas. Entre esas etapas está cerrar todos los grifos y llevar al superávit”, afirmó. Y aseguró que el Gobierno no desconoce la situación de las provincias: “No es que estamos apartados de la realidad. Las conocemos”.

Sostuvo que hay 68 obras en rutas que fueron priorizadas. A ello, aseguró que se suma un plan de concesiones de toda la Red Federal, de un total de 9.000 kilómetros. Indicó que ya está en marcha la primera etapa que se extiende por 741 kilómetros: "se realizó una licitación pública nacional e internacional para construir, explotar, administrar y mantener los Tramos Oriental y Conexión que incluyen las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117 que atraviesan Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes, y el Puente Rosario-Victoria, que conecta Entre Ríos y Santa Fe”, dijo.

Para las etapas restantes (2 y 3) indicó que ya se convocó a las audiencias públicas correspondientes, previas al llamado a licitación. La etapa 2, de 4.400 kilómetros, incluye las rutas actualmente gestionadas por Corredores Viales SA, más otras que no estaban concesionadas, como la RN 33 en Santa Fe y Buenos Aires, la RN 35 en Córdoba y la RN 188 en Buenos Aires y La Pampa. La etapa 3 cuenta con un total de 3.984 kilómetros, divididos en diferentes tramos.

El momento más tenso de la jornada llegó cuando el jefe de Gabinete cargó contra el proyecto de ley aprobado en Diputados que propone aumentos en los haberes previsionales y un bono extraordinario.

Francos afirmó que esa iniciativa representa “un daño directo al equilibrio fiscal” y que sólo el cambio en la fórmula de movilidad y el bono implicarían un impacto del 0,8% del PBI. “Tenemos un sistema previsional deficitario e inviable. Hay más jubilaciones con moratorias que sin ellas. En una proporción de 2 a 1”, detalló.

Según los datos aportados, en la Argentina hay 1.862.000 jubilaciones otorgadas sin moratoria y 3.912.000 jubilaciones otorgadas con moratoria. El ministro puntualizó que hay “hay más jubilaciones por moratoria que por aportes, en una proporción de 2 a 1”. Si se suman las pensiones, hay 3.384.053 beneficiarios sin moratoria y 4.110.627 con moratoria.

“Las estadísticas nos demuestran con claridad que estamos ante un sistema deficitario e inviable”, sintetizó Francos, advirtiendo que “sólo entre la modificación de la fórmula jubilatoria y el incremento del bono, impactaría en un 0,8% del PBI”.

El texto aprobado prevé un incremento de todos los haberes previsionales del 7,2%; un bono extraordinario a $110.0000 y su actualización mensual por índice de movilidad; y la transferencia de fondos por parte de la ANSeS a las provincias con cajas previsionales no transferidas.

Por eso, Francos fue tajante en este tema y trasmitió un mensaje contundente: el presidente vetará la ley si llega al Poder Ejecutivo. También se rechazó la posibilidad de una nueva moratoria previsional y criticó el financiamiento planteado por la oposición, que incluye la eliminación de exenciones fiscales y reasignaciones presupuestarias.

Otro punto conflictivo fue el reclamo de los trabajadores del Hospital Garrahan. Francos se refirió a la situación de los residentes en huelga y sostuvo que “lo que reciben son becas, no sueldos”. Reconoció que “estaban bajas”, pero acusó al gremio de haber inflado la planta de trabajadores con 2.000 agentes durante la gestión anterior.

Sostuvo que el origen de la tensión está vinculado a decisiones administrativas adoptadas por el Gobierno. “Hay que ver las dos caras del Garrahan. Porque cuando se hizo el llamado a licitación más abierta para esos servicios se generó el problema gremial”, dijo. Y agregó: “No desconozco que tenemos dificultades, pero no son tan claras y transparentes”.

Sobre las desigualdades en los procesos de selección del sistema de residencias médicas, detalló que “la queja de los residentes argentinos era que las universidades argentinas son más exigentes que las extranjeras, y los promedios de los argentinos son más bajos que los que vienen con los extranjeros, donde son más flexibles”. Ante esa situación, Francos aseguró que el Ejecutivo intervino: “Modificamos eso y modificamos el puntaje. No es que no nos ocupamos del tema”.

Sin embargo, cuando promediaban las cuatro horas y cuarto de exposición, todo se precipitó. La senadora fueguina Cristina López (Unidad Ciudadana) tomó la palabra y llamó “mentiroso” al funcionario, aludiendo a las respuestas por escrito del informe.

“Para usted y Javier Milei, Tierra del Fuego es un punto en el mapa para negociar con las potencias extranjeras”, espetó López. “Poco les importa la soberanía, el Atlántico Sur, las Islas Malvinas, ni el futuro de la Antártida” , aseveró.

Francos pidió a la senadora fueguina se retracte de haberlo calificado de faltar a la verdad. Ante la insistencia de López que seguía reprochando desde el micrófono, el jefe de Gabinete se levantó y abandonó el recinto. El presidente provisional de la Cámara, Bartolomé Abdala, intentó sin éxito recomponer la sesión.

Mientras la legisladora fueguina redoblaba sus críticas, se decidió pasar a un cuarto intermedio. Sin embargo, pasados los minutos, Francos no regresó al recinto, dando por terminada la sesión de forma abrupta. Luego, se votó aplazar el encuentro para el próximo miércoles.

Los senadores nacionales por Santa Fe, Carolina Losada, Eduardo Galaretto y Marcelo Lewandowski, entregaron un diploma de reconocimiento a la Mesa del Diálogo Santafesino en homenaje a su labor sostenida en la promoción de la paz social y el fortalecimiento del tejido institucional durante más de dos décadas. El acto tuvo por escenario el salón Eva Perón en el histórico edificio del Congreso de la Nación.

Participaron del encuentro varios de los representantes de la Mesa de Diálogo como su presidente actual Eugenio Martín Depalma (rector de la Universidad Católica de Santa Fe); el secretario ejecutivo, Javier Francisco Aga (UNL); Martín Donnet (decano de la UTN - Santa Fe). También se sumaron Cintia Vaisman (DAIA), Walter Altare (pastor) y Marcelo Bertone (encargado de prensa del Arzobispado local). Del acto además tomaron Marwan Gill (Comunidad Musulmana Ahmadía), asiduo visitante a la ciudad y José Ignacio López, ex vocero presidencial y uno de los participantes en la Mesa del Diálogo nacional conformada a principios de siglo en medio de una serie crisis social y política. El entonces cardenal Jorge Bergoglio y Naciones Unidas fueron los impulsores de esa mesa.

En el acto en el Congreso, Losada destacó que "la Mesa de Diálogo Santafesina nació en 2003, tras la trágica inundación que afectó a la ciudad de Santa Fe. En ese contexto crítico, distintas instituciones se unieron para afrontar las consecuencias del desastre y abordar otras problemáticas sociales urgentes".

Agregó que "a 22 años de aquel hecho fundacional, la Mesa sigue desempeñando un rol clave en la construcción de consensos, el fortalecimiento del diálogo interinstitucional y la promoción de la paz social. Este reconocimiento es un homenaje a su compromiso constante con nuestra democracia y el desarrollo provincial".

Como cierre, la senadora santafesina expresó que "reconocer esta trayectoria no es solo un acto simbólico: es también un llamado a seguir trabajando juntos, desde todos los sectores, para construir una Santa Fe más justa, solidaria y democrática. El diálogo es el camino que nunca debemos abandonar".

La Mesa del Diálogo Santafesino tuvo el reconocimiento del Papa Francisco el año pasado donde destacó el espíritu de encuentro subrayando que "debería existir en el país". En su nota, el entones pontífice recordó el nacimiento de esas reuniones cuando Santa Fe sufría las consecuencias de la inundación de 2003 marcando que "los objetivos han dado los frutos". Precisamente monseñor José María Arancedo fue uno de los impulsores de la mesa que reúne no solo a los cultos sino también a las universidades y a las entidades empresariales y gremiales de la producción.

Escribió el Santo Padre a la Mesa que "ustedes supieron interpretar esa angustia social y, para ello, sabiamente decidieron crear un espacio plural de encuentro que permitiera superar las múltiples adversidades". Agregó que "a través del diálogo y del respeto mutuo promovieron una cultura del encuentro que necesita nuestra patria ante tanto antagonismo estéril que no resuelve los problemas estructurales que Argentina padece desde hace tiempo".

La vicepresidenta Victoria Villarruel anunció este jueves el congelamiento de las dietas de los senadores hasta el 31 de marzo, en respuesta a los cuestionamientos del oficialismo por los intentos de aumento salarial en la Cámara alta.

La decisión fue formalizada a través de un decreto firmado por Villarruel, quien explicó que la medida se mantendrá vigente hasta que pueda ser tratada en sesiones ordinarias.

"Congelé las dietas hasta el 31 de marzo para que lo traten en sesiones ordinarias", expresó la vicepresidenta en su cuenta de X (ex Twitter).

Villarruel destacó que la mayoría de los bloques del Senado respaldaron la iniciativa, con la excepción del kirchnerismo, que no adhirió a la propuesta.

El congelamiento llega luego de que desde el entorno del presidente Javier Milei se manifestaran en contra de cualquier suba en los salarios de los legisladores, en línea con la política de ajuste y recorte del gasto público que impulsa el gobierno.

El oficialismo y los bloques dialoguistas del Senado convocaron a una sesión especial para el jueves a las 11 con el objetivo de suspender hasta el 1 de marzo al senador Edgardo Kueider, en medio del escándalo de corrupción que lo envuelve.

Así lo pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas de fuentes parlamentarias, a pocos minutos de que se conociera la decisión de la bancada del PRO de ir al recinto a discutir el futuro de Kueider.

El decreto de convocatoria a la sesión se publicará en las próximas horas.

La decisión de inclinarse por la suspensión se arribó para esquivar la solicitud del interbloque peronista de expulsar legislador entrerriano, que fue detenido la semana pasada en Paraguay con 200 mil dólares en efectivo sin declarar.

El interbloque peronista que conduce José Mayans, y que tiene terminales en la ex presidenta Cristina Kirchner, aspiraba a destituir a Kueider con el objetivo final de robustecer su bancada con un senadora más.

Si se avanzara en la remoción del senador, el espacio de Mayans sumaría un escaño porque, en el lugar de Kueider, asumiría su coterránea Stefanía Cora, referente de La Cámpora. .

Kueider, que ingresó por el Frente de Todos en 2019, rompió lazos con el cristinismo a principios del 2023 y desde el desembarco del presidente Javier Milei se mantuvo con buena sintonía con la Casa Rosada y hasta acompañó proyectos como la Ley Bases.

Al acuerdo para la sesión del jueves se arribó con el objetivo de suspender a Kueider y esquivar la acción del kirchnerismo, aunque aquella intención necesitará de dos tercios, al igual que la remoción del cargo pretendida por el bloque K.

Kueider presentó este lunes de manera oficial su pedido de licencia, tras varios días de espera.

En el eventual caso de que los legisladores se inclinaran por aprobar esa licencia, solo necesitarían mayoría simple.

En tanto, el Consejo Provincial del PJ de Entre Ríos, provincia que representa Kueider, decidió este martes expulsar al dirigente de esa fuerza por "incumplimiento de las obligaciones partidarias, inconductas, indisciplinas y violación de principios y resoluciones de los organismos partidarios".

Más allá de la discusión sobre la integración y la edad máxima para los ministros de la Corte Suprema de Justicia, la Legislatura sancionó el último jueves la llamada Ley de prevención y abordaje integral de la ludopatía, norma que cobijó unos 20 proyectos y cuyo objetivo "es brindar herramientas destinadas a prevenir, abordar y concientizar sobre los riesgos que existen para las personas en relación a los juegos de azar y apuestas así como la promoción de la salud y el cuidado integral de las personas que atraviesan una situación de consumo problemático, estableciendo un marco regulatorio para la protección de los usuarios de juegos y apuestas en general".

El Senado había votado oportunamente un texto acordado entre los diferentes bloques y luego fue Diputados la Cámara que enfocó el debate de la problemática mediante reuniones en comisiones y en jornadas amplias convocadas desde el cuerpo. Finalmente, el dictamen de la Cámara Baja con algunos cambios respecto al votado por el Senado, fue aceptado en la Cámara Alta y ahora será el Poder Ejecutivo el que deberá empezar a aplicar herramientas preventivas, especialmente en poblaciones adolescentes.

"La ludopatía es una enfermedad según la Organización Mundial de la Salud y debemos darle el tratamiento como corresponde" afirmó el diputados Ariel Bermúdez (Creo-Unidos) al exponer en el recinto. "La cuestión nos trasciende como provincia pero no podemos mirar hacia otro lado, tenemos un problema serio de apuestas y adicciones especialmente en los menores" advirtió la socialista Gisel Mahmud.

"La ludopatía no es solo un problema de los jóvenes, los adultos no somos un buen ejemplo" señaló Claudia Balagué (Frente Amplio por la Soberanía) quien enseguida hizo notar que referentes del fútbol y los videojuegos son las puertas de entrada. La ex ministra de Educación valoró la tarea de docentes que son los que primero advirtieron desde este fenómeno social que perjudica el trabajo en el aula.

Lucila De Ponti (Santa Fe sin Miedo) lamentó no poder ir hacia una norma más de vanguardia y admitió que primó la decisión de lograr un acuerdo amplio "ya que hoy cada persona tiene un casino y un banco en su propio teléfono celular. Natalia Armas Belavi (Vida y Familia) hizo foco en la responsabilidad de los adultos e hizo notar que "la ludopatía es una adicción sin sustancia". Otra socialista, Varinia Drisun resaltó los aspectos de la norma que apuntan al trabajo interministerial para abordar la problemática. La última exposición en diputados fue de Walter Ghione (Uno - Unidos) para quien la ley es un punto de partida para construir políticas públicas ante el flagelo de las adicciones que mutando las formas, aunque consideró esencial la recuperación de la familia para evitar la profundización de estas conductas.

En el Senado, Ciro Seisas (Rosario) destacó que se logró un proyecto "reforzado por la mirada de todo el arco político", mientras que Germán Giacomino (Constitución) resaltó que se logró una ley "más integral" acerca de una problemática creciente en la ciudadanía. Rubén Pirola (Las Colonias) celebró que se tome "como política de Estado un tema crucial que afecta de manera global".

La Ley se fija como objetivos definir los lineamientos y pautas a seguir de las políticas de promoción de la salud, prevención de la ludopatía, promoviendo conductas responsables hacia el juego de azar y apuestas, y la difusión de información confiable y veraz sobre los efectos y riesgos que produce el juego cuando se torna problemático; implementar estrategias asistenciales de cuidado integral de las personas que se encuentran atravesadas por la problemática, de su entorno familiar y referentes afectivos; generar información para la gestión en el marco de la Dirección General de Estadística y la Subdirección Provincial de Gestión del Conocimiento e Información en conjunto con el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC); proporcionar un marco regulatorio para la protección de los usuarios de juegos de azar y sitios de apuestas, sean éstos en entornos tradicionales o en línea; eliminar la exposición de las niñas, niños y adolescentes a las prácticas de juego de azar y apuestas, garantizando su seguridad mediante barreras tecnológicas de protección activa, que limiten su acceso a contenidos inapropiados para su desarrollo integral; y promover el ejercicio de la ciudadanía digital.

En los siguientes artículos, la norma crea la Mesa de Coordinación Interinstitucional que será integrada por los Ministerios de Salud, Educación, Cultura, Igualdad y Desarrollo Humano y la Caja de Asistencia Social - Lotería de Santa Fe para desarrollar acciones de abordaje y prevención.

En el ministerio de Educación dispone crear el programa Educativo para la Prevención de la Ludopatía "cuyo objeto es la detección, prevención y cuidado integral de estudiantes que padecen consumos problemáticos relacionados a juegos basados en plataformas digitales, de azar y apuestas en línea y otras modalidades".

También la cartera educativa tendrá a su cargo la elaboración de un protocolo específico de intervención ante posibles situaciones de consumo problemático ligados a los juegos de azar y las apuestas.

En cuanto al ministerio de Salud conjuntamente con APRECOD y demás organismos competentes, diseñará y ejecutará estrategias específicas destinadas a la promoción de la salud y prevención de la ludopatía.

A efectos de promover el ejercicio de la ciudadanía digital, la Caja de Asistencia Social -Lotería de Santa Fe- deberá confeccionar y publicar en su página web información actualizada sobre juegos, páginas de apuestas y aplicaciones (apps), con sus características y riesgos, como así también formas de identificación de páginas de apuestas no oficiales y los mecanismos de denuncia.

Además ordena que "en los eventos masivos transmitidos por canales de televisión provinciales y los eventos deportivos de relevancia se deberá difundir una campaña de prevención que incluya la leyenda "Apostar no es un juego" y/o cualquier otro mensaje que la autoridad de aplicación proponga, con el objetivo de concientizar.

Por otra parte, en todas las dependencias públicas se deberán bloquear el acceso a las páginas de apuestas en línea mediante el bloqueo de las direcciones IP (protocolo de internet) indicadas por la autoridad competente, siendo prioritario en aquellos establecimientos de carácter educativo. El mismo bloqueo se aplicará para los sistemas de wifi públicos.

La Ley sancionada define a la ludopatía o consumo problemático de juegos de azar y apuestas como cualquier conducta compulsiva o que resulta difícil de controlar en un momento determinado, afectando negativamente la salud física, psíquica y las relaciones sociales, y generando un malestar clínico y deterioro que afecta aspectos de la vida personal, familiar, laboral, social y económica de quien la padece.

En cuanto a ludopatía en línea lo define como el impulso incontrolable a participar de los juegos de azar y de apuestas que se lleva a cabo a través de medios y plataformas digitales, electrónicas, informáticas, telemáticas, interactivas, de telecomunicación y a los que en el futuro se desarrollen.

El plenario de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales del Senado logró dictaminar en la tarde de este miércoles el proyecto que propone el abordaje integral del crimen organizado o "Ley Antimafias", y que ya cuenta con media sanción de la Cámara Diputados.

De esta manera, el oficialismo logró el apoyo de bloques aliados ante la ausencia y negativa del kirchnerismo que, sobre el final de la reunión, envió al senador Oscar Parrilli, quien mantuvo un acalorado intercambió de palabras con Carolina Losada, presidenta de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico.

La iniciativa fue promovida por el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, y la semana pasada habían pasado por el plenario para una reunión de carácter informativo al jefe de Asesores de esa cartera, Carlos Manfroni, y el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni.

El impulso del proyecto venía siendo limitado desde hacía varias semanas por la falta de quórum y la poca actividad parlamentaria en el cuerpo.

El presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Penales, Juan Carlos Pagotto, y Losada aspiraron, sin suerte, a dictaminarlo mucho antes.

Además del dictamen favorable para el proyecto de abordaje integral del crimen organizado, el plenario dio luz verde a otros dos proyectos: por un lado, el que propone modificar la ley que regula el desarmado de automotores y venta de sus autopartes; y por otro, el que dispone de un nuevo plazo al programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.

Cruce entre Losada y Parrilli

En el epílogo del plenario, mientras algunos senadores hacían cola en el escritorio para la firma del despacho, Parrilli pidió por la citación para otra reunión informativa, lo que generó un intercambio de palabras con Losada.

"Senador Parrilli, yo sé que ustedes estaban acostumbrados a que esta comisión no trabajara porque durante el 2023, casi que no hubo. Hubo tres reuniones a las que vinieron funcionarios. Esa etapa ya terminó y pasaremos a dictaminar", le espetó Losada, a lo que Parrilli respondió: "¿Democráticamente terminó la etapa? Gracias por su amplitud".

El cruce escaló hasta la mención de la ex presidenta Cristina Kirchner, a quien la Cámara de Casación Penal Federal ratificó este miércoles su condena a seis años de prisión en la causa Vialidad.

"Acá se trabaja, senador. Se terminó el Senado resguardado a la condenada dos veces. Ahora es un Senado que trabaja", disparó Losada, a lo que Parrilli le pidió que "deje de provocar".

Con información de la agencia Noticias Argentinas

El ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, expuso este miércoles sobre los alcances del proyecto de la ley “Antimafia” en el plenario de las comisiones de Seguridad Interior y de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara de Senadores de la Nación.

Al respecto, Cococcioni precisó que “nos citaron para hacer oír la opinión de la Provincia de Santa Fe en torno al proyecto de ley Antimafias, presentado por el Gobierno nacional a instancias de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich”. Luego destacó que “venimos a hacer un análisis del proyecto de ley, que estamos convencidos va a ser fundamental porque nos va a permitir luchar con mejores herramientas contra el crimen organizado”.

A continuación, detalló que la norma “crea un organismo para tener herramientas procesales amplificadas, es decir mayores facultades para hacer allanamientos y detenciones, en casos con este tipo de complejidad. Además, eleva las penalidades para las asociaciones ilícitas agravadas, y puntualmente le aplica la pena equivalente a la del delito más grave cometido por cualquiera de los miembros de la organización”.

“Es decir, quien toma parte de una organización criminal que comete homicidios calificados, recibirá la perpetua y no una pena menor como establece actualmente nuestra legislación”, ejemplificó el ministro.

Por último, señaló que “las expectativas son buenas porque hemos sido escuchados; nos han dado la oportunidad de venir a plantear que es lo que necesita la Provincia de Santa Fe; y los aspectos que hemos criticado o modificación que hemos propuesto al proyecto de ley original, lo han tomado. Se está trabajando en conjunto y esperamos, en muy poco tiempo, tener una verdadera ley Antimafia que nos devuelva la autoridad en la República Argentina”, destacó Cococcioni.

A continuación, el ministro indicó que “en toda la provincia, pero fundamentalmente en la ciudad de Rosario, hay un despliegue importante de fuerzas federales, a raíz del Plan Bandera, con la activación del Comité de Crisis y de un Comando Conjunto, y un despliegue policial coordinado entre Nación y Provincia”.

“Hoy la provincia de Santa Fe tiene prácticamente todos sus efectivos en calle; en la ciudad de Rosario de 20 patrulleros hemos pasado a tener 170, las 24 horas, a los que se suman un promedio de 70 más pertenecientes a las Fuerzas Federales. Con lo cual hoy la ciudad está cuidada, está atendida y queremos seguir por ese mismo camino. Estamos dando los primeros pasos para devolverle la tranquilidad a la provincia de Santa Fe”, concluyó.

El proyecto de ley Antimafia, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación, está siendo debatido en el plenario de las comisiones de Seguridad Interior y de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara de Senadores de la Nación.

La norma establece un abordaje integral del crimen organizado, y tiene como objetivo "brindar al Estado herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales". Además, contempla una pena más alta de prisión por la mera pertenencia a la asociación criminal.

La iniciativa busca desactivar las bandas dedicadas al narcotráfico, al lavado de activos, la extorsión y la trata de personas.

Tras el ida y vuelta en el aumento de las dietas de los senadores nacionales, Victoria Villarruel, vicepresidente de la Nación y presidenta del Senado, convocó a una sesión especial para este jueves a las 10.

En la misma, los propios senadores debatirán el aumento de sus sueldos, "De frente y en forma pública. Nominalmente y exponiendo sus posiciones", según el mensaje de la vicepresidenta.

"Así terminamos con las sobreactuaciones que parasitan a la política argentina en todos los órdenes y que nos tienen angustiados a los argentinos", escribió Villarruel en su cuenta de X.

Previo a la convocatoria, Villarruel se había desligado de la decisión de los senadores de aumentarse el sueldo y pasar a cobrar 9 millones de pesos.

“Es facultad de los senadores desengancharse o no de las paritarias de los trabajadores. Yo solo decido sobre las paritarias a los empleados”, planteó la titular del Senado desde una historia de su cuenta de Instagram tras el cuestionamiento de un usuario.

Según habían informado este lunes, el primer tramo del aumento se aplicaría en un 3,5% retroactivo al 1 de julio, mientras que el restante 3% se iba a efectuar tomando como punto de inicio el 1 de agosto.

“Es un aumento por paritaria para todo el Congreso. Esperamos 20 días para firmarlo. No queríamos firmar el aumento para todos los empleados del Congreso. Pedimos a los senadores que se desenganchen del aumento. Nos dijeron que no", indicaron.

Sin embargo, este martes, tras las críticas de Milei, Villarruel y gran parte de la sociedad argentina, los senadores decidieron dar marcha atrás con la medida.

Por César Rodríguez

El paro nacional no paralizó la actividad en el Senado, pero sí frenó el envión de la ley Bases y el paquete fiscal tras la media sanción que había conseguido en Diputados. Pese a las pretensiones del Ejecutivo de acelerar el tratamiento para lograr dictamen este jueves, se anunció un cuarto intermedio hasta el próximo lunes y se amplió la lista de oradores por cuestionamientos en puntos nodales de ambos proyectos.

Si bien era palpable la imposibilidad de conseguir los despachos para desembarcar en el recinto el jueves 16, el oficialismo trató de mantener a flote esta intención hasta último momento, pero terminó de hundirse en medio del paro general cuando la discusión volvió a extenderse al igual que en las primeras dos jornadas. Ante este nuevo escenario, La Libertad Avanza intentará ahora que las iniciativas lleguen al recinto el próximo jueves 23 de mayo, cuando restarán tan solo dos días para el Pacto de Mayo convocado por el presidente Javier Milei, en Córdoba.

De todas formas, los cuestionamientos elevados de los distintos sectores de la oposición vuelven cada vez más factible que ambas iniciativas deban regresar a la Cámara de Diputados tras eventuales modificaciones que puedan sufrir en el Senado. El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, el blanqueo de capitales y la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias son los capítulos que cosechan los mayores rechazos entre los senadores.

Ya el propio oficialismo dio algunas señales de considerar cambios que implicarían una segunda revisión en la Cámara baja. En ese sentido se especula que trabaja la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y al titular de Diputados, Martín Menem, adelantándose a un eventual regreso de las iniciativas, motivo que estaría detrás de las dos reuniones que mantuvieron de forma consecutiva con los principales diputados del bloque PRO.

En el rol clave de gestor, Guillermo Francos, también toma parte de las múltiples reuniones, buscando que la oposición dialoguista respalde las propuestas del Gobierno. Mientras la ley Bases y el paquete fiscal continuaban este jueves su hoja de ruta en el Senado, el Ministro del Interior recibió al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y al de Salta, Gustavo Sáenz, que tienen especial interés en el RIGI y el impuesto al tabaco. Otro gobernador que pasó por Casa Rosada fue Alberto Weretilneck (Río Negro), que impulsa el voto a favor en el Senado, pero con reparos sobre Ganancias, al igual que el resto de los mandatarios patagónicos.

Este jueves, el comienzo de la tercera reunión plenaria que la Cámara alta desarrolló este jueves tuvo la curiosa ausencia de los legisladores del bloque de Unión por la Patria, en adhesión al paro general de la CGT. Sin embargo, la asistencia de los demás senadores alcanzó para completar el quorum y dar inicio a la comisión de Presupuesto y Hacienda para comenzar a tratar el proyecto de ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes.

La reunión contó con la exposición del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, luego de que se pospusiera su presencia debido a la extensión en la defensa de los secretarios Eduardo Rodríguez Chirillo y Julio Cordero en temas Energía y Trabajo, respectivamente.

Guberman argumentó que el espíritu de las reformas fiscales es "ajustar algunas medidas tributarias que se modificaron en los últimos años para tener una especie de puente al momento que tengamos el proyecto de reforma tributaria, para poder avanzar en una reforma más de fondo".

Luego dio paso a las preguntas de los senadores. Las primeras fueron de Guadalupe Tagliaferri (PRO) y Martín Lousteau (UCR) que plantearon dudas sobre el "blanqueo", centralmente sobre la figura de los testaferros y la falta de prohibición de que puedan acogerse al beneficio hermanos de funcionarios.

"Esto no tiene nada que ver con el lavado de activos. Cumple con todas las normas que fija la UIF", replicó Guberman. "Estamos proponiendo un ordenamiento de los contribuyentes cumpliendo las normativas de prevención del lavado, no hay ninguna medida dentro del proyecto que vaya en contra de eso", fue una de las defensas de Guberman respecto a este tema.

Luego, la chubutense Andrea Cristina (Cambio Federal) y la rionegrina Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) se refirieron Ganancias, cuestión que monopoliza el debate en las provincias patagónicas.

Guberman precisó que "el nuevo régimen empieza a pagarse cuando entra en vigencia. No se generan obligaciones para atrás", que "se plantea la posibilidad de hacer un ajuste en el mes de septiembre considerando la inflación del trimestre previo" y que "ingresarían al sistema menos del 10% de los trabajadores formales de todo el país".

Próximos pasos

Al término del encuentro de Comisión de Presupuesto debían continuar las de Legislación General y Asuntos Constitucionales para continuar con el tratamiento de la ley Bases. Sin embargo, el presidente provisional Bartolomé Abdala anunció el pase a cuarto intermedio para el próximo lunes 13 a las 16 y que se aceptará convocar a más expositores en el caso de la ley Bases.

El calendario le jugará una mala pasada al oficialismo, ya que el miércoles 15 está previsto que exponga por primera vez en el recinto su informe de gestión el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Ante la consulta de los senadores por este tema, Abdala aseguró que no se cae la sesión informativa y quedaron establecidos el lunes, martes y jueves como potenciales fechas de la continuación del plenario que debate la ley Bases.

Por Gonzalo Delmonte - NA

El Senado de la Nación retomó ayer el tratamiento en comisión de la ley de Bases y el paquete fiscal en un mar de dudas con respecto a las posibilidades del oficialismo por conseguir un dictamen de mayoría hoy jueves que le permita desembarcar en el recinto el próximo jueves 16 de mayo, como dicta el cronograma diseñado de La Libertad Avanza.

La segunda jornada, ayer, inició pasadas las 10 con la exposición del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y del secretario de Trabajo, Julio Cordero, en el plenario de comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales. Estaba previsto que finalizara antes de las 14.30, hora en la que estaba establecida la reunión de la comisión de Hacienda y Presupuesto para tratar en soledad el paquete fiscal.

Sin embargo, la ronda de preguntas para los secretarios se extendió hasta pasadas las 20, en el Salón Azul del Congreso de la Nación, y entró en cuarto intermedio hasta hoy. Principalmente, el grueso de las consultas y cuestionamientos fueron direccionadas para Rodríguez Chirillo. El titular de la cartera energética recibió varios palos del kirchnerismo duro. Este escenario hizo que se posponga para hoy la comisión de Presupuesto y Hacienda, cuyo funcionamiento estaba previsto en principio para ayer.

Este nuevo panorama ajusta el calendario diagramado por La Libertad Avanza que, según pudo saber Noticias Argentinas de fuentes oficiales, todavía mantiene la esperanza por conseguir un dictamen de mayoría hoy mismo. De no concretarse, lo que se avizora como el panorama más lógico, la discusión continuaría la semana próxima. De ser así, el oficialismo recién podría llegar al hemiciclo del Senado el jueves 23, a solo dos días del Pacto de Mayo.

El senador y titular de la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau, lanzó una dura y clara advertencia a la intención de los libertarios por concretar el dictamen de mayoría: "Están tratando de hacer circular un dictamen para firmar hoy (por ayer, miércoles) o mañana (por hoy, jueves). Son los mismos que se quejaban del kirchnerismo y decían que usaba al Congreso de escribanía".

Si bien los dardos principales se los llevó Rodríguez Chirillo, antes, Cordero fue cuestionado por la senadora Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) y el senador Mariano Recalde (Caba), ambos kirchneristas, por la reforma laboral incluida de la ley de Bases.

Para Fernández Sagasti, el plan del Gobierno es la "flexibilización tributaria, laboral y ambiental" y continuó: "Se beneficia a los evasores, se les saca las multas, las demandas penales; se crea un sistema de blanqueo, pero se elimina la mal llamada moratoria jubilatoria".

Por su parte, Recalde fustigó contra Cordero y la reforma: "Buscan maximizar las ganancias y que los trabajadores no pidan nada. Como piensan que con el periodo de prueba, el quite de multas -como en los '90 que fracasó- van a conseguir resultados diferentes".

Mientras que Rodríguez Chirillo fue interpelado por el senador Edgardo Kueider (Entre Ríos) por la deuda que mantiene el Ejecutivo con las generadoras de energía y también recibió algunos dardos por parte del senador ultraK Oscar Parrilli (Neuquén) que aseguró que el titular de la cartera energética "no conoce nada del tema gas y petróleo en Argentina".

Hoy se reanuda la tercera jornada con la exposición del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, en la comisión Presupuesto y Hacienda. Guberman responderá por la restauración la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias. Se trata de uno de los capítulos sujetos a sufrir modificaciones ya que aglomera a gran parte de los gobernadores de la Patagonia.

A su vez, se tocarán otros ítems que consiguieron la luz de verde de Diputados como la moratoria tributaria, aduanera y de Seguridad Social; blanqueo de capitales; cambios en el régimen simplificado; eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas (ITI); y creación del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor.

La CGT realiza este jueves, con adhesión de las dos CTA, su segundo paro general desde la asunción de Javier Milei, en medio de una tirante relación con la gestión libertaria por sus políticas de ajuste para dejar atrás el déficit.

Tras no concretar ninguna medida de fuerza de este tipo durante los cuatro años de la gestión anterior de Alberto Fernández, la central obrera resolvió ir a un nuevo paro a sólo cinco meses de la llegada al poder de Milei, un reflejo de lo que viene sucediendo históricamente en la relación entre el sindicalismo y los gobiernos no peronistas.

La enorme mayoría de los sindicatos paran este jueves, ya que la medida de fuerza fue convocada por las tres centrales, por lo que se sentirá fuerte durante la jornada en casi todas las actividades, sin transporte ni atención en dependencias públicas y sólo se espera algo de actividad en algunos locales comerciales.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, volvió a criticar a la CGT en las horas previas a la nueva medida de fuerza y tildó a la central obrera como "los fundamentalistas del atraso", además de ratificar que "a los trabajadores estatales que paren se les descuenta el día".

Los gremialistas justificaron la huelga al rechazar las políticas de recortes de fondos para alcanzar un superávit y en su oposición a la Ley de Bases, que buscarán seguir podando en su inminente tratamiento en el Senado (sobre todo el apartado laboral), y el mega DNU.

"No podemos aceptar que todo se libere y que se pretenda que los salarios tengan límites. Somos organizaciones sindicales responsables y tenemos claros cuáles son los límites y las posibilidades de cada sector para llegar acuerdos", argumentó el cosecretario general de la CGT, Héctor Daer.

Por César Rodríguez

El destino del DNU 70/2023 depende ahora de Diputados. Por el momento, el corazón de las reformas libertarias sigue en pie pero, tras el rechazo del Senado, la Cámara baja deberá definir si lo aprueba o lo voltea en su totalidad. En la Casa Rosada se muestran entusiasmados con una aprobación, sumando votos del PRO, la UCR y aliados provinciales.

Aún sin fecha definida para su tratamiento, el gobierno ya ensaya estrategias políticas que aseguren la vigencia del mega decreto. Para ello, mantienen reuniones periódicas con los diferentes bloques opositores, reforzando los intentos por asegurar el apoyo necesario.

Este domingo, el presidente de Diputados, Martín Menem, adelantó que persiste la ilusión de mantener vigente el DNU, a partir del apoyo de "más de 130 ó 135 diputados que tienen la voluntad de ir hacia adelante". Incluso, se animó a minimizar las chances de que se caiga.

Menem hizo énfasis en "salir adelante" dejando de lado "de una vez por todas" aquellas políticas que a su juicio "tanto daño le hicieron a la Argentina". "Llevamos casi 14 años sin crecer, sin que crezca el empleo formal y con el poder adquisitivo que se cayó a pedazos. Por eso, el DNU es una parte necesaria para salir de esta situación", remarcó el presidente de la Cámara baja.

El titular de la Cámara baja se mostró confiado en que el oficialismo contará con el número necesario para poder aprobar las reformas incluidas en el DNU. El mensaje de Menem está dirigido a los legisladores del PRO, a sectores del radicalismo y de Hacemos Coalición Federal, junto a quienes evalúan distintas alternativas para congelar el debate sobre la legalidad del mega decreto y evitar así otra resonante derrota para el Gobierno.

"Veremos, esto es muy dinámico, también se puede dar que esté el número para aprobar el DNU. Es difícil, la política es el arte de lo posible dicen. Hay un número importante dentro de la cámara que piensa que el DNU se puede aprobar y otro que piensa que tiene que darle fuerza de ley", dijo, al tiempo que habló de entre 130 y 135 legisladores nacionales que creen que el contenido está bien, aunque cuestionan el "mecanismo" del decreto.

DNU / TOMEN NOTA (hilo)Fue en el año 1994 que se le dió rango constitucional a los DNU (decretos de necesidad y urgencia)Llama la atención que el jueves haya sido la primera vez en 30 años que una cámara (El Senado) rechaza un DNU.Muy loco no?Más aún cuando se trata de un…

"Se está viendo quién es quién, qué intereses defienden, si van a acompañar la política del Presidente más legitimado de la historia. Se están quedando en las formas cuando no existe ningún DNU que haya sido rechazado en plena vigencia a los dos meses de estar vigente, esto habla de quienes todavía defienden intereses o que protegen sus carreras políticas antes de pensar en el interés de 45 millones de argentinos que están esperando que las cosas empiecen a darse vuelta y empezar a caminar el sendero del crecimiento", sentenció el diputado de La Libertad Avanza.

Además, sostuvo que el kirchnerismo no tiene los números suficientes para poder dar de baja el decreto. "No hay lugar para tibios, cualquier decisión contra el DNU es hacerle juego al kirchnerismo. Y va a queda en claro a qué quiere jugar cada espacio político", afirmó en declaraciones radiales.

"Hay una clara y manifiesta decisión del Poder Ejecutivo de lo que está dispuesto a hacer para sostener el rumbo, no se negocia el objetivo que tenemos déficit cero y estabilidad monetaria. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer en pos del rumbo que nos hemos propuesto", asestó Menem.

Tras el cachetazo propinado por la oposición en el Senado, el pronunciamiento del diputado Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal, trajo algo de alivio en el gobierno.

Massot aclaró que no va a rechazar el mega DNU de Milei cuando el debate llegue a la Cámara de Diputados. "No voy a rechazar el DNU. Debemos aprobarlo por ley. Creo que el decreto fue una herramienta equivocada para reformas tan relevantes pero no podemos interrumpir la vigencia de algunas medidas importantes que volverían a afectar la vida diaria de la gente", resaltó en su cuenta de X.

No voy a rechazar el DNU. Debemos tratar su contenido por ley. Creo que el decreto fue una herramienta equivocada para reformas tan relevantes pero no podemos interrumpir la vigencia de algunas medidas importantes que volverían a afectar la vida diaria de la gente. Como hace… pic.twitter.com/0YRNOPCFJ7

"Como hace tiempo sostengo, creo que la solución es tratar legislativamente de manera inmediata los contenidos del decreto y entonces reemplazarlo por ley antes que derogarlo. Así, entre otras cosas, podremos dejar firme por ley la reforma laboral, que constituye el corazón del decreto y urge para la expansión del empleo entre industriales y emprendedores", completó el diputado nacional de Hacemos Coalición Federal .

El mensaje de Massot trae alivio no solo por su posicionamiento personal sino porque se interpreta como una línea que podría seguir su bloque, que está integrado por el diputado entrerriano Francisco Morchio, que responde al gobernador Rogelio Frigerio, el cordobés Oscar Agost Carreño, el economista Ricardo López Murphy, el bonaerense Florencio Randazzo y la misionera Florencia Klipawka también podrían inclinarse por validar el DNU.

Sin embargo, no es seguro que en el bloque de Hacemos haya una postura unificada, ya que por ejemplo los socialistas santafesinos Mónica Fein y Esteban Paulón podrían votar en contra, rememorando una situación similar a la que se vivió en el tratamiento de la ley ómnibus. Lo mismo se espera de la bonaerense Margarita Stolbizer y de los seis diputados de La Coalición Cívica.

De todas formas, en el gobierno, las dudas más grandes giran en torno de lo que harán los cinco diputados de la provincia de Córdoba: Ignacio García Aresca, Alejandra Torres, Carlos Gutiérrez, Natalia de la Sota y Juan Brügge.

La otra bancada que tiene una de las llaves para decidir el futuro del DNU en Diputados es la Unión Cívica Radical. Sin embargo, el centenario partido se encuentra desgarrado por una interna a carne viva tras la decisión de su titular, Martín Lousteau, de votar en contra del DNU 70/2023 en el Senado.

Los gobernadores de esa fuerza política cuestionaron la decisión del presidente del Comité de la UCR y respaldaron las medidas que impulsa el presidente Javier Milei, llamando al oficialismo a promover el diálogo sin "prolongar la narrativa electoral".

“El reciente posicionamiento de los cuerpos orgánicos partidarios como la Mesa del Comité Nacional y de la Convención Nacional sobre la inconstitucionalidad del DNU y los efectos concretos que produce en la vida de la ciudadanía, constituye una declaración contundente de revalidación de los principios y de la trayectoria institucional y republicana de la Unión Cívica Radical", planteó el comunicado, firmado por los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Valdes (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco) y los jefes de bloque radicales, Eduardo Vischi (Senado) y Rodrigo De Loredo (Diputados).

Si tenemos miedo a que nos digan algo en Twitter, nunca vamos a poder cambiar la Argentina. pic.twitter.com/ZQKpo4Iwj8

Por su parte, este fin de semana, Lousteau salió a defender su voto en contra del DNU y aseguró que no le "da miedo el gobierno" de Javier Milei -que lo culpabilizó por la derrota en el Senado- sino que le "da miedo que la sociedad tenga miedo y la única manera es que los argentinos vean que nosotros no tenemos miedo".

Quien también se expresó sobre el posicionamiento de Lousteau en la votación del Senado que derivó en el rechazo al DNU fue Martín Menem. El titular de la Cámara baja no se guardó críticas: "No me extraña de él. Fue empleado de Cristina Kirchner y llevó al país al borde de una guerra civil en 2009 con la 125. Está pensando en su carrera política y se olvida de la gente que lo votó", indicó.

La relación con Villarruel

Si bien desde el entorno de ambos aseguran que mantienen diálogo fluido, pero formal, la decisión de la vicepresidente y titular del Senado, Victoria Villarruel, de incluir el debate del DNU en el temario de la sesión especial en el la Cámara alta el pasado jueves no cayó bien en el Poder Ejecutivo, que buscaba dilatar el tratamiento hasta conquistar los números necesarios para su aprobación. Incluso, derivó en un fuerte comunicado del entorno de Javier Milei.

Frente a las especulaciones de crisis entre el Presidente y la vice, Menem descartó la posibilidad de un enfrentamiento, y atribuyó los rumores al "círculo rojo". "Están a la vuelta esperando que mal le puede pasar al Gobierno para sacar provecho", acusó.

“Creo que son muchas más especulaciones por parte del círculo rojo y de los que están a la vuelta esperando a lo malo que le puede pasar al Gobierno para sacar provecho”, sostuvo el titular de la Cámara baja.

“No hay que darle entidad, creo que se ha hecho un mundo de una situación que es de todos los días. Hay que bajarle el precio a esto”, siguió Menem en declaraciones radiales.

“La política naturalmente genera intercambio de opiniones. Hay consenso en algunas ideas y algún disenso, pero se charla, se discute, se acuerda y se sigue adelante en el marco interno. Me pasa a mí todos los días con diputados de La Libertad Avanza”, aseguró.

El presidente Javier Milei emitió un duro comunicado luego del rechazo del DNU en el Senado y apuntó nuevamente contra “la clase política” y consideró que esa situación es "como un intento de socavar el Pacto de Mayo".

"Que la clase política decida de qué lado de la historia quiere quedar", apuntó el mandatario. Asimismo, remarcó que el voto en el Senado pone en riesgo la convocatoria al Pacto de Mayo que realizó durante la Asamblea Legislativa.

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"Resulta imposible interpretar esta decisión de otra manera que como un intento de socavar el Pacto de Mayo, el Gobierno Nacional y el cambio elegido por los argentinos", precisó el comunicado de la cuenta oficial Oficina del jefe de Estado.

Y añadió: "El día primero de marzo de 2024, el Presidente de la Nación extendió una invitación, en un acontecimiento histórico sin precedentes, a todos los integrantes de la dirigencia política, sin distinción partidaria, para firmar el Pacto de Mayo".

Además, remarcó que "este pacto constituye un acuerdo fundacional destinado a establecer diez políticas de Estado que permitan edificar un nuevo orden económico, rescatando a Argentina de la senda del fracaso y reinsertándola en el camino necesario para volver a ser una potencia mundial".

"Este acuerdo, largamente demandado por la clase política durante décadas pero que nadie ha osado convocar, requiere necesariamente de la buena voluntad de todos los sectores de la vida política nacional", señaló.

Y advirtió: "Lo acontecido hoy en la Cámara de Senadores de la Nación atenta contra la convocatoria del Presidente. La misma Cámara que ha habilitado casi 500 Decretos de Necesidad y Urgencia del kirchnerismo, se ha encargado de rechazar el DNU del Presidente Javier Milei a solo 3 meses de su asunción".

Milei cerró el comunicado con críticas a la oposición al señalar: "Resulta imposible interpretar esta decisión de otra manera que como un intento de socavar el Pacto de Mayo, el Gobierno Nacional y el cambio elegido por los argentinos".

"En su discurso acerca del estado de la Nación, el Presidente planteó dos alternativas: el acuerdo o la confrontación. Ha llegado el momento de que la clase política decida de qué lado de la historia quiere quedar", precisó.

En una jornada cargada de tensiones, este jueves el Senado de la Nación trató y rechazó el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/23, impulsado por el presidente Javier Milei para reformar el Estado. Ahora, surge el interrogante sobre cuáles serán los próximos pasos tras la votación negativa en el recinto de la Cámara alta.

El mencionado decreto, formalmente titulado "Bases para la reconstrucción de la Economía Argentina" y rubricado por el Presidente el pasado 20 de diciembre, generó un amplio debate al modificar, sustituir o derogar más de cien leyes o decretos, entre ellos destacan la ley de Alquileres, la de Contratos de Trabajo y los aumentos de la medicina prepaga.

Si bien la aprobación del DNU en el Senado hubiera significado su plena vigencia, su rechazo no invalida sus efectos. De acuerdo con la Ley 26.122, que regula el régimen legal de los decretos presidenciales, para que un DNU deje de tener vigencia debe ser rechazado por ambas cámaras legislativas. Por lo tanto, tras el voto negativo en el Senado, la última palabra la tendrá la Cámara de Diputados.

Previo a la votación, desde el Gobierno destacaron que nunca en los 40 años de democracia el Congreso había rechazado un DNU, es decir, que ambas cámaras legislativas votaran en contra para darlo de baja. Además, subrayaron la magnitud de esta medida, que impactaría sobre numerosas leyes de manera simultánea.

Los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) son herramientas legislativas que otorgan al Poder Ejecutivo la capacidad de legislar en situaciones extraordinarias, sin pasar por el proceso tradicional del Congreso. El proceso se hace solo cuando el Presidente considera que la situación requiere medidas inmediatas para abordar problemas urgentes que no pueden esperar el tiempo que lleva el proceso legislativo regular.

En cuanto al procedimiento, tanto diputados como senadores deben tratar los decretos en su totalidad, sin introducir modificaciones, correcciones o nuevos artículos que no hayan sido incluidos en el texto original. Además, tanto la aprobación como el rechazo deben realizarse con la mayoría de cada recinto.

Ahora, tras el rechazo del Senado, la última palabra la tendrá Diputados. Históricamente, entre 1983 y 2018, solo hubo dos casos de rechazo de un DNU por la Cámara baja, y en ambas ocasiones se trató de decretos dictados durante el gobierno de Cristina Kirchner relacionados con la deuda pública. Por su parte, el Senado nunca había rechazado un DNU, por lo que desde el año 2006 ningún decreto fue derogado por la intervención del Congreso.

El DNU de Milei entró en vigencia el 29 de diciembre de 2023, ocho días después de su publicación en el Boletín Oficial el 21 de diciembre. Desde entonces, se han presentado varios amparos en la Justicia cuestionando su constitucionalidad, debido a la amplia gama de temas que aborda.

El primero fue impulsado por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, alegando ilegalidad y arbitrariedad; sin embargo, fue rechazado por falta de pruebas contundentes.

El segundo amparo fue promovido por la CGT y logró dejar sin efecto ciertos artículos referentes a una reforma laboral, argumentando que el Congreso estaba en funcionamiento y que la urgencia de la reforma no estaba justificada en el contexto económico descrito en el decreto.

Asimismo, esta semana, se la Justicia Federal hizo lugar al primer amparo colectivo contra el DNU, obligando a retrotraer aumentos en las prepagas.

También se han suspendido disposiciones que afectaban a entidades deportivas, evidenciando la controversia en torno a la constitucionalidad y aplicación de esta norma.

El presidente Javier Milei suspendió la habitual reunión con sus ministros y secretarios que suele encabezar cada martes y jueves de las semanas. Se trata de una jornada clave para el Gobierno debido a que desde las 11, la Cámara de Senadores debatirá el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, muy a pesar de las voluntades del mandatario.

Se trataría de una decisión que responde a incompatibilidades en la agenda de los funcionarios: “agenda full”. “Ya el martes fuimos pocos”, respondió un funcionario que participa de los encuentros.

Asimismo, tras la puja del Poder Ejecutivo para evitar dar tratamiento al DNU en la sesión convocada por la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, aseguran que “no hay crisis en el Gabinete”.

Cuando los relojes daban las 8.34, el Presidente cruzó el Salón de los Bustos de Casa Rosada y desde entonces se recluye en su despacho. Portando su habitual campera de cuero y pantalón cargo, el mandatario permanece en el Palacio de Gobierno de donde se espera que siga la sesión que parece encaminarse hacia una gran derrota.

Tras la convocatoria de Villarruel, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que alertó que el Gobierno espera que "el Poder Legislativo no se deje cautivar por el canto de sirena de quienes pretenden ´anotarse´ victorias de corto plazo en detrimento del futuro de los 45 millones de argentinos".

Por los pasillos de Casa Rosada admiten que no responde a la voluntad de Milei dar tratamiento al DNU “básicamente porque no están los números y lo van a rechazar”, pero entienden que “dentro del Congreso las cosas no son tan lineales”.

Lo cierto es que la relación entre el Presidente y su Vice no transita sus mejores épocas, pero esto no imposibilita que mantengan el diálogo fluido, aunque formal. Con el pasar de las semanas, Villarruel dejó de asistir con la frecuencia con la que lo hacía a las reuniones de Gabinete que se celebran en el salón Eva Perón y su participación se volvió cada vez más esporádica.

Su último presente data del jueves 7 de marzo, jornada en la que Milei debió ausentarse y el intercambio lo encabezó el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

La vicepresidente de la Nación y titular de Senado, Victoria Villarruel, se sumó a Martín Menem y retrotrajo el aumento del 30 por ciento en las dietas de los senadores, en medio de la polémica que escaló al Poder Ejecutivo y que terminó con el ministro de Trabajo, Omar Yasin, fuera del Gobierno.

De esta manera, Villarruel despejó la duda que merodeó durante todo el fin de semana sobre qué haría con respecto al incremento en los salarios de los legisladores. Desde su entorno especificaron que fue por un pedido expreso del presidente Javier Milei, que durante el fin de semana motorizó el despido de Yasin.

Según pudo saber Noticias Argentinas de fuentes cercanas a Villarruel, la abogada aspiraba a consensuar la decisión con los titulares de los bloques. Uno de los argumentos que esgrimían en sus filas es que fue otorgado en el marco de una paritaria. Eso hacía dudar a la vice.

La decisión fue comunicada a través de un documento conjunto con Menem en el que dejan sin efecto una resolución firmada por el ex vicepresidente de la Nación y titular del Senado Amado Boudou y el ex diputado y presidente de la Cámara baja Julián Domínguez, que otorgaba la equiparación y movilidad automática de la dieta.

La semana pasada, Menem y Villarruel acordaron otorgar un aumento de aproximadamente el 30% en las dietas de los legisladores nacionales, en línea con los incrementos que quedaron cristalizados en la paritaria de los trabajadores del Congreso de la Nación.

El desagregado comprendía un primer aumento retroactivo al 1 de enero de 2024 del 16%, y un 12% al 1 de febrero. Este 30% de incremento había sido dispuesto el 23 de febrero pasado a través de una resolución conjunta pero dejaba afuera a los parlamentarios nacionales, aplicando únicamente al personal de ambas casas legislativas.

Luego de esta equiparación a la paritaria del personal legislativo (gremio APL), el sueldo base de un diputado nacional quedaría cerca de la línea de los dos millones de pesos brutos por mes.

A esto había que agregarle el plus por desarraigo que perciben los diputados y senadores que no representan a la ciudad de Buenos Aires, ni a municipios cercanos del AMBA, sumado los pasajes de avión y ómnibus, y los gastos de representación.

Horas después de haberlo anunciado, y tras contradecir uno de las banderas de campaña de Milei, algo que enfureció al jefe de Estado, La Libertad Avanza presentó un proyecto de resolución para retrotraer estos incrementos suscriptos de manera entre Menem y Villarruel.

Luego de un extenso trabajo en comisiones, la Cámara de Senadores logró la unanimidad para la aprobación de una nueva versión de la ley que pone en marcha en Santa Fe los juicios por jurados, es decir, tribunales a cargo de ciudadanos que deberán juzgar ciertos delitos de orden penal.

El mayoritario oficialismo de Unidos para Cambiar Santa Fe aceptó el pedido del opositor bloque del Justicialismo para que antes de una aprobación apurada se escuchen en la Cámara objeciones y aportes de los actores del sistema, que dieron sus frutos.

La Cámara alta aprobó el mensaje del Poder Ejecutivo Provincial con sustanciales modificaciones en un artículo, el segundo, que enumera los delitos que irán a esos tribunales. Y tal como lo solicitaron los colegios profesionales de magistrados y de abogados se procuró que en esta primera etapa de aplicación sean bastantes menos que los propuestos por la versión original remitida a Diputados por el gobernador Maximiliano Pullaro.

Los cambios discutidos durante febrero en comisiones redujeron a cuatro las figuras delictivas en las que intervendrán los ciudadanos. Se trata de: "1. Homicidios calificados (art. 80 inc. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del CP); 2. Abusos sexuales seguidos de muerte (Art. 124 del CP); 3. Robo calificado por homicidio (Art. 165 del CP); y 4. El personal policial o penitenciario que hubiera actuado en situación enfrentamiento, incluso encontrándose retiro o franco de servicio".

La lista final de solo cuatro delitos fue el tema que más se trabajó en comisiones, pero no el que más discusiones provocó a la hora de llevar al recinto el proyecto. Una extensa reunión de labor parlamentaria demoró la sesión para resolver las posiciones del oficialismo y la oposición respecto de otro tema: si las deliberaciones de los jurados de una docena de ciudadanos deben o no alcanzar la unanimidad plena (sin votos en contra) o si es suficiente una mayoría calificada (de más de diez).

Se impuso el criterio de la mayoría de senadores del radicalismo y sus aliados para que baste con una fuerte mayoría en los tribunales populares para que se produzca un veredicto.

El miembro por la mayoría y jefe del bloque de Unidos, Rodrigo Borla, se refirió a las ventajas de la reforma a implementar y comparó su profundidad y alcance con la que tuvo lugar durante el segundo gobierno de Jorge Obeid cuando, por fin, Santa Fe adaptó sus procesos del juicio escrito al sistema oral con una clara división de roles entre acusadores y jueces, con fuertes cambios al Código Procesal Penal de la Provincia que hoy se aplican, e implicó la creación del Ministerio Público de la Acusación que reúne a los fiscales y del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal que lo hace con los defensores que provee el Estado.

El justicialismo necesitó de una abstención a la hora del tratamiento en particular para no tener que votar un texto con el que no está de acuerdo. Los senadores del justicialismo, según explicó Rubén Pirola (PJ-Las Colonias) sostienen que el criterio de unanimidad plena da más garantías de imparcialidad (los doce miembros de acuerdo). El texto finalmente votado (en el artículo 83) establece una serie de pasos para evitar que nos juicios fracasen y que sea suficiente una denominada mayoría calificada (de diez). Borla indicó que este último criterio debe ser "la excepción y no la regla", ante los cuestionamientos del líder de la bancada del peronismo, que citó autores y hasta un clásico del cine norteamericano que retrata los debates en los jurados populares de Estados Unidos: "Doce Hombres en Pugna".

La ley que consagra el juicio por jurados vuelve a Diputados con modificaciones. Fue votada en el Senado de Santa Fe en general por unanimidad y recibió apoyos y elogios de los jefes de los bloques del oficialismo y la oposición, Rodrigo Borla (UCR-San Justo) y de Rubén Pirola (PJ-Las Colonias), así como de Joaquín Gramajo (Unite-9 de Julio); del presidente provisional del Senado, Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal) y del representante por Rosario cercano al intendente Pablo Javkin, Ciro Seisas.

Por Gabriel Rossini

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, busca demorar el tratamiento en el Senado de la Nación del DNU 70/23 por lo que, prevén las fuentes consultadas, no hará lugar al pedido de sesión especial que el peronismo pidió para su tratamiento este jueves en la Cámara Alta.

"No sabe si tienen los números para aprobarlo, porque si estuviera segura que los tiene la convoca y lo aprueban, lo que además le haría ganar una batalla política importante en un contexto donde el Ejecutivo viene perdiéndolas todos los días", le dijo a Sur24 una fuente del Senado.

El interbloque del kirchnerismo en la Cámara alta, que comanda el formoseño José Mayans, pidió una sesión especial para el jueves 1 de febrero con el objetivo de rechazar el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno que desregula la economía y que, pese a fallos judiciales que frenaron alguno de sus capítulos, tiene vigencia en varios de sus artículos.

El bloque de Unión por la Patria tiene 33 senadores y necesita al menos 4 más para el rechazo. A juzgar por las declaraciones de los gobernadores de las distintas provincias, podrían conseguir que esos legisladores se sumen al bloque opositor, solo para rechazar el DNU. "Pero hay que esperar a que levanten la mano para ver cual es la decisión porque nadie puede asegurar nada", dijo la misma fuente.

El otro motivo que demorará el tratamiento del DNU en el Senado será la discusión esta semana de la ley ómnibus en Diputados, que anoche volvió una vez más a complicarse, pese a que por la tarde el ministro del Interior, Guillermo Francos, había acordado modificaciones con los gobernadores "dialoguistas" para votarla favorablemente.

"La votación de la norma va a servir para saber efectivamente cuantos legisladores tiene el oficialismo y cuanto la oposición, y sobre todo a que provincia representan y a que líder político responden porque hasta ahora nadie sabe exactamente que tiene cada uno", dijo la misma fuente.