Agustina Labath - María José Ramón

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de Santa Fe inició el análisis de un proyecto de ley que propone declarar la emergencia en salud mental en el ámbito provincial. Durante la última reunión, los legisladores recibieron a la autora de la iniciativa para discutir los alcances de una normativa que busca establecer prioridades en el abordaje de las problemáticas de salud mental y consumos.

La presidenta de la comisión es la diputada Varinia Drisun y explicó que el proyecto ingresó formalmente en la sesión pasada y que su tratamiento requiere un análisis integral del sistema sanitario.

"La salud mental es parte de la agenda, pero no hay abordaje posible si no hay un sistema de salud integral funcionando y en articulación con otros sectores", señaló la legisladora en declaraciones a CyD Litoral.

Ante los reclamos por la celeridad en la sanción de la ley, Drisun indicó que la iniciativa aborda dimensiones que afectan directamente el funcionamiento de los equipos de salud, incluyendo la intervención de trabajadores sociales y psicólogos en tareas específicas.

"Es un proyecto que tiene su complejidad; requiere afinar la punta del lápiz y va a requerir modificaciones en el caso de que haya consensos para avanzar", afirmó la diputada.

Asimismo, recordó que la Legislatura ya sancionó el año pasado una emergencia en salud y social, cuya prórroga podría ser discutida próximamente, lo que obliga a coordinar ambos marcos normativos para evitar superposiciones presupuestarias o administrativas.

La discusión se da en un escenario de creciente presión sobre el sistema público. Según datos aportados por la legisladora, se registra un incremento del 70% en las atenciones del sistema de salud provincial, derivado de personas que pierden su cobertura de obra social o no pueden afrontar los costos de coseguros y medicamentos.

En este contexto, Drisun manifestó su preocupación ante los anuncios del gobierno nacional sobre posibles modificaciones a la Ley Nacional de Salud Mental. "Aunque no hay un proyecto ingresado todavía, los anuncios generan preocupación en el sistema de salud todo por el impacto que tendrían en la provincia de Santa Fe", advirtió.

Finalmente, la legisladora subrayó que el abordaje de la salud mental excede la respuesta farmacológica o la internación. "Se trata de un tema complejo que tiene que ver con los vínculos y el modelo de sociedad. Hablar de una emergencia requiere responsabilidad legislativa, sanitaria y presupuestaria", concluyó.

El proyecto de reforma laboral consiguió en la Cámara de Diputados de la Nación 135 votos a favor y 115 rechazos en la votación en general, lo que permite desmenuzar qué sectores políticos ayudaron al Gobierno y quiénes se opusieron.

La iniciativa fue aprobada con el voto favorable de La Libertad Avanza, Fuerzas del Cambio (UCR, MID, y PRO), Innovación Federal, Producción y Trabajo, Independencia, un sector minoritario de Provincias Unidas, el MID y algunos diputados sueltos monobloquistas.

En cambio votaron en contra la totalidad de los diputados de Unión por la Patria, la gran mayoría de los diputados de Provincias Unidas, los cuatro integrantes del Frente de Izquierda, los tres miembros de Elijo Catamarca (que habían dado quórum) y los monobloques de Marcela Pagano, la cordobesa Natalia de la Sota y el puntano peronista Jorge Fernández.

Con voto dividido, seis integrantes del bloque de Provincias Unidas acompañaron al Gobierno, empezando por la jefa del bloque, la santafesina ex PRO y ex vicegobernadora Gisela Scaglia.

También se desmarcaron de la postura mayoritaria otros ex PRO como el rionegrino Sergio Capozzi y el santafesino José Núñez, además del radical jujeño Jorge “Colo” Rizzotti, los cordobeses peronistas Carlos Gutiérrez y Carolina Basualdo.

A favor

Bonacci, Rocío (La Libertad Avanza)

Bongiovanni, Alejandro (La Libertad Avanza)

Diez, Romina (La Libertad Avanza)

Mayoraz, Nicolás (La Libertad Avanza)

Montenegro, Juan Pablo (La Libertad Avanza)

Nuñez, José (Unidos)

Pellegrini, Agustín (La Libertad Avanza)

Ravera, Valentina (La Libertad Avanza)

Razzini, Verónica (La Libertad Avanza)

Tomassoni, Yamile (La Libertad Avanza)

Scaglia, Gisela (Unidos)

En contra

Borgatta, Alejandrina (Unión por la Patria)

Carignano, Florencia (Unión por la Patria)

Farías, Pablo (Unidos)

Giuliano, Diego (Unión por la Patria)

Martínez, Germán (Unión por la Patria)

Paulón, Esteban (Unidos)

Rossi, Agustín (Unión por la Patria)

Tepp, Caren (Unión por la Patria)

Dos comisiones de la Cámara de Diputados fueron citadas para este jueves a reunión conjunta a los efectos de avanzar en el tratamiento de proyectos que apuntan a modificar la integración de la Corte Suprema de Justicia de la provincia y otras reformas al funcionamiento del sistema judicial.

Se trata de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General que preside el socialista Pablo Farías, y la de Presupuesto y Hacienda que encabeza la radical Jimena Senn. El tema -comprende tres proyectos- tiene tratamiento con preferencia para el jueves venidero ya que esta semana no habrá reuniones plenarias en ninguna de las dos cámaras.

El primer proyecto con estado parlamentario lo ingresó en julio de este año Ariel Bermúdez (Creo - Unidos) y apunta únicamente a modificar el artículo 11 de la Ley 10.160 que determina el número de ministros de la Corte Suprema de Justicia y lo fija en seis. La Constitución de la provincia manda una Corte de al menos cinco integrantes y la Ley Orgánica del Poder Judicial lo estableció en seis.

"Modifíquese el artículo 11 de la ley provincial N° 10.160, el que quedará redactado de la siguiente manera: "Tiene asiento en la sede de la Circunscripción Judicial N° 1. Se compone con siete ministros y un procurador general;" dice el artículo primero. En el segundo faculta al Gobernador a proponer el nombramiento de un ministro con arreglo al procedimiento establecido por el decreto N° 0018/2007 dictado por Hermes Binner. El tercer punto establece que la composición de la Corte Suprema de Justicia establecida en el proyecto "no podrá ser alterada sino es por medio de una convención provincial constituyente".

"Con motivo del tratamiento de asuntos trascendentes para la vida institucional de la Provincia, se ha puesto en evidencia que la composición de seis miembros del tribunal supremo provincial conspira, aunque no de manera excluyente, contra la celeridad en la deliberación y toma de decisiones por parte de los jueces supremos, al generar en casos controversiales una deliberación que conduce hacia un empate en función de una integración con número par", expresa en parte de los fundamentos de Bermúdez.

El 20 de agosto, es Fabián Palo Oliver (Frente Amplio por la Soberanía) quien ingresa el proyecto para siete miembros y el procurador agregando el tema de la paridad de género. Más adelante establece el sistema de audiencias públicas antes de la designación de un ministro y establece en 75 años la edad máxima para ocupar el cargo en la Corte. "Al momento de alcanzar la edad de sesenta y cinco años, los magistrados deberán someterse a un nuevo nombramiento precedido por un acuerdo legislativo similar al alcanzado para su designación. Los nombramientos de magistrados que hayan alcanzado la edad indicada se concretarán por cinco años", establece la propuesta. Un artículo propone que los magistrados actuales que hayan sobrepasado los 75 años deberán someterse a un nuevo acuerdo legislativo.

"El texto legal proyectado pretende complementar la norma constituyente de manera tal de garantizar la vigencia del sistema de inamovilidad temporaria diseñado por los constituyentes como pilar fundamental del principio de independencia judicial", señaló Palo Oliver en los fundamentos.

Finalmente, el 17 de octubre encabezado en la firma por Joaquín Blanco los catorce integrantes de la bancada socialista ingresaron un proyecto más integral de reforma que contempla no solo el número sino otros aspectos del funcionamiento de la cabeza del Poder Judicial.

La propuesta apunta a modificar siete artículos. El primero lleva la Corte a siete miembros y el procurador general, cumpliendo el principio de paridad de género y reflejando las diversas especialidades del derecho y procedencia regional.

Dispone además que los ministros cesan automáticamente en sus funciones el día en que alcanzan los 75 años de edad. A partir de allí podrán renovar por cinco años pero siguiendo el trámite de nombramiento de un nuevo titular.

En otro artículo dispone que en materia jurisdiccional, la Corte forma quórum con la presencia de cinco integrantes. Para la emisión de un pronunciamiento válido, se requiere siempre un número de votos concordantes que representen la mayoría de los 7 ministros que la integran.

En materia de Gobierno, la Corte forma quórum también con la presencia de cinco de sus integrantes, pero las resoluciones podrán ser adoptadas por mayoría simple.

El artículo siguiente propone que los casos de interés y con el voto de cuatro integrantes, la Corte puede convocar a audiencias públicas "para profundizar el estado constitucional de derecho y acercar la labor del cuerpo al escrutinio público".

Otro artículo de la propuesta socialista habilita a la Corte a proponer al Poder Ejecutivo "previo concurso, la designación de los funcionarios y empleados del Poder Judicial y la remoción de ellos. Proponer también al Poder Ejecutivo el nombramiento de personal de gabinete para cumplir tareas específicas de asistencia a cada ministro, como su respectiva remoción. Dicho personal no integra ninguno de los escalafones, ni queda incorporado a la carrera judicial, sin embargo se encuentra alcanzado por las mismas inhabilidades, incompatibilidades, deberes y régimen disciplinario establecidos para los integrantes del Poder Judicial y tiene la jerarquía y remuneración correspondientes a los cargos a los que a tales fines se encuentren equiparados, de conformidad con la reglamentación que en torno al mismo dicte la Corte Suprema de Justicia."

También dispone el proyecto "presentar y publicar en el portal web del Poder Judicial, en el marco de los principios de transparencia, gobierno abierto y rendición de cuentas, un informe de gestión de su administración durante el año judicial, el que debe incluir información administrativa, contable, financiera y presupuestaria del Poder Judicial."

En otros artículos de la propuesta se reglamento el funcionamiento de las secretarías Técnica y de Gobierno que tiene la Corte; e instituye una "Plataforma de Información Judicial" con el objeto de difundir en forma abierta y pública la información contenida en el artículo 56 de la Ley Nº 14.256 y las decisiones judicial es de todas las instancias y fueros del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, modificando o ampliando a tal efecto el portal web para favorecer el acceso de la ciudadanía a esa información, fallos, documentación jurídica, doctrina y demás información relevante del quehacer judicial".

Por Alejandro Venzatti

La Cámara de Diputados de la Nación sesionó este miércoles y respaldó el veto de Javier Milei a la ley de Financiamiento universitario. Los votos afirmativos acompañaban la insistencia de la ley mientras que los negativos apoyaban el veto. Hubo 5 abstenciones y 8 ausencias. Así votaron los santafesinos.

Tal como se veía venir, los diputados santafesinos del PRO y del oficialismo acompañaron el veto mientras que los que forman parte de la UCR, Unión por la Patria y Encuentro Federal, optaron por insistir con la ley, hecho que no sucedió.

El voto de la diputada Germana Figueroa Casas era el que se mantenía en duda hasta este martes cuando los rectores santafesinos le pidieron a los 19 legisladores de la provincia que no apoyaran el veto. Finalmente, la diputada optó por rechazar la ley. Los demás votos estaban “anticipados”.

Cabe destacar, que en la sesión de este miércoles, los votos afirmativos o “a favor” eran para insistir con la ley de Financiamiento Universitario mientras que, los votos negativos o “en contra” apoyaban el veto presidencial a dicha ley.

De los 10 representantes de Santa Fe que rechazaron el veto, 6 son integrantes del bloque de Unión por la Patria: Germán Martínez, Florencia Carignano, Diego Giuliano, Magalí Mastaler, Roberto Mirabella, Eduardo Toniolli. El listado lo completan los legisladores de la Unión Cívica Radical Mario Barletta y Melina Giorgi, y los socialistas, que integran Encuentro Federal: Esteban Paulón y Mónica Fein.

Germán Martínez, jefe del bloque, manifestó en Diputados: "Mientras que al conocimiento y a la inteligencia con mayúsculas que brinda la universidad pública se le cortan los fondos, a la inteligencia con minúsculas, la de los espías, la conducida por Santiago Caputo y sus seguidores, que tenía un crédito inicial del año 2024 de 65 mil millones de pesos, tendrá el año que viene 350 mil millones de pesos". "Estamos discutiendo algo más grande que si me llevo bien o me llevo mal con un rector de una universidad", agregó.

"Me importa muy poco el mote que me pongan por la votación que haga. Yo voto pensando en la gente. Se busca dividir la sociedad para plantear una grieta entre el kirchnerismo y La Libertad Avanza", sostuvo por su parte Mario Barletta luego de la votación.

A su turno, en el debate, Mónica Fein expresó que "como socialistas, estamos convencidos que la Universidad pública es el camino del progreso social y del ascenso social, como también el camino de la real libertad". "Venimos a reafirmar nuestro compromiso de financiamiento con la misma", sentenció.

Por su parte, de los 9 diputados santafesinos que acompañaron el veto, 3 son integrantes de La Libertad Avanza: Nicolás Mayoraz, Romina Diez y Rocío Bonacci. Los seis restantes representan al PRO: Gabriel Chumpitaz, Luciano Laspina, Germana Figueroa Casas, Verónica Razzini, Alejandro Bongiovanni y José Núñez.

"En el PRO estamos convencidos de que no podemos resolver los problemas del país repitiendo los mismos errores que nos llevaron a esta crisis. No se puede mejorar la educación ni ninguna política pública si volvemos a quebrar al Estado Nacional", publicó el partido en su cuenta de X luego de la sesión.

Se abstuvieron en la votación de este miércoles, los diputados Carlos Fernández, Alberto Arrúa, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik, del partido Innovación Federal y el radical Pablo Cervi. Todos habían apoyado en agosto la ley de Financiamiento Universitario.

La catamarqueña Fernanda Ávila, el chubutense Jorge Ávila, la cordobesa Alejandra Torres, el formoseño Fernando Carbajal, el oriundo de Tierra del Fuego Héctor Stefani, los bonaerense Oscar Zago y Ricardo López Murphy fueron los ausentes en la sesión de este miércoles. Por su parte, la salteña Yolanda Vega, estuvo en el debate pero se retiró poco antes de la votación por una descompensación, según explicaron desde el bloque que representa. 

La diputada provincial Ximena García presentó un proyecto de Ley en la Cámara de Diputados de Santa Fe para la creación de la Oficina de Atención al Usuario de Servicios de Salud en los hospitales públicos de la provincia. Esta iniciativa tiene como objetivo central mejorar la calidad de la atención y la asistencia que se brinda a los usuarios y sus familias en los efectores públicos de alta complejidad, conocidos como hospitales polivalentes.

Según la propuesta, estas oficinas serían implementadas en los hospitales del tercer nivel de complejidad de la provincia. El propósito es jerarquizar la voz de las personas que asisten al hospital, ofreciendo un espacio de orientación y acompañamiento. La diputada García destacó que “lo que buscamos con el proyecto es asesorar, orientar y acompañar a las personas en situación de vulnerabilidad o de desconocimiento del funcionamiento y servicios del efector, garantizando el acceso a la información a través de una comunicación clara y fluida”.

Las Oficinas de Atención al Usuario de Servicios de Salud estarían ubicadas en los ingresos de cada hospital, siendo atendidas por personal capacitado para cumplir con estas funciones. “El equipo a cargo de cada oficina tendrá la responsabilidad de asesorar y guiar a los usuarios en sus trámites y diligencias, tanto en situaciones ambulatorias como de internación, promoviendo un entorno de respeto, dignidad y humanización”, explicó la legisladora.

La autora del proyecto puntualizó: “Resulta de vital importancia que los usuarios puedan dirigirse a esta oficina, cuando necesitan información sobre localización de servicios, orientación para trámites, gestión de consultas, horarios de visitas y de consultorios, gestionar copias de historias clínicas, solicitar asesoramiento sobre trámites de salud complejos, gestionar el alta, turnos y seguimiento por parte de especialistas, con especial atención en casos de pacientes vulnerables”.

Entre las funciones que cumpliría esta nueva oficina se incluyen la reducción de los tiempos de espera, la provisión de información clara y precisa, y el apoyo a personas con discapacidad Asimismo, se desarrollará señalética y material de apoyo adaptado para estas necesidades.

“Creemos que es fundamental trabajar en pos del reconocimiento de derechos fundamentales, creando herramientas que reafirmen la protección del ser humano, en su calidad de tal, y en relación a sus valores fundamentales: la dignidad, la vida y la salud”, concluyó García.

A 30 años de la reforma de la Constitución de 1994 en Santa Fe, se están realizando varias actividades en su conmemoración. Por esto, durante la mañana de este miércoles, se llevó a cabo una jornada en la Cámara de Diputados: “Esta es una fecha muy importante para rememorar lo que fue este evento tan importante y que puso a Santa Fe en el centro de la escena política e institucional del país”, destacó el diputado provincial Pablo Farías en diálogo con CYD Litoral.

El evento se desarrolló en base a un proyecto de la autoría de los diputados Giselle Mahmud y José Corral, “en esta jornada buscamos conectar lo que sucedió hace 30 años en la ciudad, volver al texto de la Constitución y buscar cómo se incorporaron cosas que fueron realmente novedosas y que aún hoy nos siguen marcando agenda”, explicó Farías.

Principalmente, en esta actividad, se enfocaron en derechos del consumidor y del usuario. Para esto, contaron con la participación de Gabriel Stiglitz, "padre" de los derechos de los consumidores en Argentina y autor del anteproyecto del artículo 42 de la reforma del ‘94 que recoge esta faceta del derecho que tiende a defender a las personas frente a relaciones de consumo y de usos de servicios.

Stiglitz expresó: “Es una emoción recordarlo en Santa Fe. Me conmueve estar aquí no solo porque fue el ámbito institucional de la Reforma, sino que como hoy recordamos mucho, desde la universidad pública, tanto la del Litoral, como la de Rosario, se generaron los primeros juristas que se fueron ocupando del derecho de consumidor antes que llegara normativamente”.

Con respecto a la jornada especial en la Cámara, “hubo un alto nivel académico y a la vez un enorme interés institucional como una importantísima convocatoria”, destacó el jurista y anheló que “esto pueda desembocar en algo que todos deseamos desde la comunidad académica que es una ley provincial santafesina, un código provincial de implementación de los derechos de los consumidores”.

A nivel nacional, hay un proyecto para codificar la defensa del consumidor. En varias provincias se adoptó a los efectos de la implementación de procedimientos administrativos y judiciales. “Estamos seguros que va a ocurrir también en Santa Fe”, afirmó Gabriel Stiglitz y destacó que “no solo tiene la virtud del consenso político, sino también de haber sido generado por una comisión de juristas de la Universidad Nacional del Litoral y de la Universidad Nacional de Rosario. Por lo tanto, los contenidos de sancionarse serían los más modernos, integrales y progresistas de todo el país”.

Con respecto a la instancia y el proceso actual del proyecto, el diputado Farías contó: “Ya hemos trabajado en dos reuniones con la comisión de juristas de la UNL y la UNR y ellos elaboraron un dictamen completo de código, no lo pusieron a disposición hoy y es el que estamos trabajando también en la Comisión de Asuntos Constitucionales. A su vez, se está compatibilizando con proyectos que hay con estado parlamentario en la Cámara de Diputados".

“Luego de la reforma del artículo 42 en el ‘94 veo que hay un enorme avance”, analizó Stiglitz, y si bien hay cuentas pendientes, el jurista consideró que “es un artículo muy importante porque verdaderamente en ese entonces era de lo más completo e integral a nivel casi mundial. Son pocas las constituciones de otros países que se refieren a los derechos de los consumidores de modo tan preciso y minucioso, en general son apenas meras declaraciones muy abiertas”.

De igual manera, resaltó que actualmente “los tres poderes públicos, tanto a nivel nacional como provincial, tienen el deber constitucional de generar instrumentos y herramientas para que los derechos de los consumidores lleguen cada vez más de modo real, efectivo y a gran escala”.

Con respecto a los consumidores, el especialista opinó que “hay un crecimiento en la protección desde el punto de vista normativo. Desde el Poder Judicial y la administración pública hay mucho por hacer para que la gente se sienta más consumidora y con derechos como consumidores”.

En la sesión del pasado jueves 21, la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe dio media sanción, por décima vez, al proyecto del diputado del Partido Demócrata Progresista, Gabriel Real, por el derecho al libre acceso a la información pública.

Es una iniciativa que históricamente ha impulsado el bloque del PDP y ha tenido en Diputados un acompañamiento por unanimidad, sin poder avanzar en el Senado. El proyecto inicial es de 2002 cuando lo presentó el entonces diputado Carlos Favario. "Buscamos promover el principio de transparencia de la actividad de los órganos del Estado. Luego de reiteradas presentaciones y aclarando que la Cámara aprobó por unanimidad esta propuesta, anexando proyectos similares, entendemos que debemos insistir con esta vieja demanda, aún no resuelta", dijo Gabriel Real.

Desde 2009 la provincia a través del Decreto 0692/2009 cuenta con una herramienta que permite de alguna manera acercarse al ideal que busca este proyecto. "Es limitada y existen barreras que no pueden ser salvadas sino a través de una ley, que consagre de una vez por todas la plena vigencia del derecho de acceso a la información pública", explicó el legislador del PDP.

El objetivo del proyecto de Ley es "que la información pública del Estado sea accesible para todas las personas; determina que las reglas del procedimiento deben facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública que debe ser publicada de forma completa, a través de la mayor cantidad de medios disponibles, en formatos electrónicos abiertos, que faciliten su procesamiento y se debe regir por los principios de igualdad de las personas que lo soliciten, con celeridad y de manera gratuita", desarrolló.

"La demanda social sobre este tema es evidente, la sociedad civil organizada se ha manifestado en la necesidad de contar con este derecho para los tres poderes del Estado y tuvimos expresiones contundentes en este sentido; como por ejemplo del Sindicato de Prensa de Rosario. Ojalá podamos avanzar y se logre la sanción definitiva; ahora queda en manos del Senado", finalizó Gabriel Real.

Este jueves, por décima vez en lo que va del siglo, la Cámara de Diputados dará media sanción a un proyecto de ley para regular y garantizar el derecho al libre acceso a la información pública "a los fines de promover el principio de transparencia de la actividad de los órganos del Estado". Así lo señala el artículo inicial de la iniciativa que impulsa Gabriel Real (PDP) y que como en las nueve ocasiones anteriores tendría el voto por unanimidad en el pleno del cuerpo.

El Diputado Provincial Gabriel Real, del Partido Demócrata Progresista.

El proyecto es uno de los once que tiene dictámenes de las comisiones y que está en el Orden del Día de la sesión ordinaria de esta semana. El proyecto inicial es de 2002 cuando lo impulsara el entonces diputado Carlos Favario. "Luego de reiteradas presentaciones y aclarando que la Cámara aprobó por unanimidad esta propuesta, anexando proyectos similares, entendemos que debemos insistir con esta vieja demanda, aún no resuelta", explicó Real a El Litoral. Reconoció que desde 2009 la provincia a través del Decreto 0692/2009 cuenta con una herramienta que permite de alguna manera acercarse al ideal que busca este proyecto, "no deja de ser limitada, pues existen barreras aún, que no pueden ser salvadas sino a través de una ley, que consagre de una vez por todas la plena vigencia del derecho de acceso a la información pública", acotó el legislador.

El objetivo del proyecto de ley es que la información pública del estado santafesino debe ser accesible para todas las personas; determina que las reglas del procedimiento deben facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y determina que la información "debe ser publicada de forma completa, con el mayor nivel de desagregación posible y por vía de la mayor cantidad de medios disponibles". Acota que esa información debe ser accesible en formatos electrónicos abiertos, que faciliten su procesamiento por medios automáticos que permitan su reutilización o su redistribución por parte de terceros y regirse por los principios de igualdad de las personas que lo soliciten y de celeridad y gratuidad.

Uno de los capítulos está destinado a los sujetos obligados a proporcionar la información. Son sujetos obligados el Poder Ejecutivo y los organismos o entes de la Administración Central; los organismos o entes descentralizados de la Administración Pública; el Poder Legislativo; el Poder Judicial; las Municipalidades, sus entes autárquicos o descentralizados y las Comunas; la Defensoría del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y el Ministerio Público; entes estatales autárquicos; empresas y sociedades del Estado; personas jurídicas públicas de carácter no estatal; sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y las organizaciones en las que el Estado tenga participación en el control de la voluntad social o en la formación de las decisiones societarias. También comprende a las organizaciones empresariales donde el Estado Provincial, por medio de su administración, tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones; asociaciones empresariales, sindicales y las personas jurídicas privadas que reciban subsidios o aportes creados por el Estado, en lo atinente a la utilización o actividades desarrolladas con esos subsidios o aportes; instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado; empresas privadas que prestan servicios públicos independientemente de la modalidad jurídica adoptada, o las que exploten bienes del dominio público, en relación a los servicios que prestan o la explotación que desarrollan; y, fideicomisos total o parcialmente constituidos con recursos o bienes del Estado.

Por primera vez en los 40 años de la vuelta a la vida democrática en Santa Fe, un gobernador electo es miembro de la Cámara de Diputados. Es el caso de Maximiliano Pullaro quien tiene mandato hasta el 10 de diciembre. Desde 1983 a la fecha hubo candidatos surgidos de la Cámara Baja pero ninguno fue electo ejerciendo el mandato. El socialista Antonio Bonfatti fue gobernador habiendo sido antes diputado, pero al sector electo se desempeñaba como ministro de Gobierno de Hermes Binner.

La Cámara de Diputados de Santa Fe ha reconocido a El Litoral a través de Bryan Mayer por su cobertura de la invasión rusa en Ucrania. Pablo Farías, presidente de la Cámara aseguró que: “Es un privilegio, un gusto que Bryan venga acá a contarnos su experiencia, experiencia valiosa y sobre todo con mucha enseñanza”

“La guerra lamentablemente siempre deja muchas enseñanzas, pero que son buenas aprovecharlas y él que ha tenido esta posibilidad apoyada por medios importantes como El Litoral para hacer esa cobertura, para nosotros es muy importante como Cámara de Diputados reconocerlo”, expresó Farías.

La iniciativa fue liderada por el diputado Pablo Pinotti, quien dijo: “Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Bryan. Es interesante reconocerlo, acercarlo y llevar sus experiencias a la sociedad”.

Previo a recibir el reconocimiento, Mayer agradeció a Pablo Pinotti y expresó que: “Es un reconocimiento al rostro que fue visible, pero en realidad a todo El Litoral que apostó permitir a los argentinos que siguieron la cobertura el año pasado y este año ver una realidad que nos parece lejana y ajena, así como a los propios ucranianos que la veían como lejana y ajena hace algún tiempo pero terminaron experimentándola”.

Así mismo, el periodista de El Litoral comentó: “Hoy podemos venir aquí, a la capital de mi provincia, donde fui al colegio secundario, donde estoy rodeado de familia, amigos, vecinos, miembros del ejército argentino, donde también estamos educando a los ciudadanos sobre lo que sucede en una sociedad que está en la peor de las crisis, que es una zona de guerra, así como cómo se despliegan las Fuerzas Armadas en ese momento y cómo encajan en la sociedad en ese sentido. Así que, además de la gratitud y el reconocimiento, hoy uno se siente en casa”.

Consultado acerca de lo más fuerte que le tocó ver o vivir en el frente de batalla, Mayer respondió:

“Ver la persistencia que tiene el ucraniano, esto lo digo sin marcar quién es bueno y quién es malo, en las guerras perdemos todos, pero lo que uno pudo ver es la historia, la perspectiva y el día a día de los ucranianos, entonces me tengo que basar en eso exclusivamente”, dijo.

Bryan Mayer, periodista de El Litoral, brindó una conferencia sobre su experiencia. Crédito: Guillermo Di Salvatore

En esa línea añadió: “Creo que la persistencia que ellos tienen de defender su identidad nacional de persistir cuando estábamos en la zona cero y estar allí con el sonar continuo o de las sirenas o de las detonaciones que caen y pronto ver que una persona sale en su bicicleta para ir a hacer las compras me parece que esto es también una locura y es distópico para lo que uno está acostumbrado entonces esa resistencia y la resiliencia que tiene el cuerpo humano para acostumbrarse prácticamente a cualquier cosa”.

Luego del reconocimiento, Bryan Mayer hizo una exposición en la Cámara de Diputados sobre su experiencia en las distintas aristas sociales, cívicas y también militares, de lo que significa el desarrollo en una guerra de estas características. El corresponsal de El Litoral viajó en dos oportunidades a tierras ucranianas para presenciar de cerca la invasión rusa.

La diputada provincial Silvia Ciancio, solicitará al Ejecutivo santafesino que brinde informes sobre la puesta en marcha de la Resolución Nº 322/2023 de la Agencia Nacional de Discapacidad, que modifica en algunos puntos el funcionamiento general de las juntas evaluadoras de discapacidad de cada una de las jurisdicciones. Además, pedirá conocer si los equipos interdisciplinarios de estos espacios, fueron notificados en tiempo y forma, y si se les ofreció alguna instancia de capacitación o formación respecto a las nuevas normativas.

Ciancio recordó que en marzo de 2023 se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina la Resolución Nº 322/2023 donde se establece que el Certificado Único de Discapacidad, se otorgará sin sujeción de plazos temporales, manteniendo plena vigencia y validez mientras que los criterios certificantes se mantengan.

“Esto quiere decir que los plazos de vigencia de los certificados se modificarán, estando sujetos a ‘actualización’. Esta última se implementará de acuerdo a criterios que aún se desconocen. Queremos decir que, esta resolución modificará, el modo de funcionamiento de las juntas evaluadoras de discapacidad”, explicó Ciancio.

La diputada, dijo que se verán compelidas en nuevas formas de trabajo y “aún no fueron convocadas (las juntas) a jornadas de capacitación o formación específicas para los trabajadores que son quienes sostienen la cotidianidad y la territorialidad del trabajo”. Asimismo, destacó que los usuarios están “acercándose a las juntas por su proximidad y relación profesional” a realizar consultas sobre estas situaciones y los trabajadores no saben qué responder al respecto.

“Esto genera mayores dificultades en las relaciones transferenciales -continuó-. Creo que resulta imprescindible la formación de los recursos humanos necesarios para sostener las juntas evaluadoras y que cuenten con saberes y conocimientos necesarios no solo para saber qué deben hacer sino para responder las demandas de usuarios”, aclaró.

Finalmente, añadió: “Lo que buscamos es acompañar a los trabajadores para que estén preparados ante la circulación de nueva información y que cuenten con herramientas a la hora de asesorar a las personas”.

La edil del PRO (Primero Venado), María Verónica Ruiz, presentó en el Concejo Municipal de Venado Tuerto, una resolución dirigida a la Cámara de Diputados de la Provincia, pidiendo un pronto tratamiento del proyecto de ley, que establece el “estado de emergencia en materia de prestaciones médicas a personas con discapacidad”, por el lapso de un año.

Al respecto, la concejal señaló: “Este proyecto surgió, a priori, en el marco del programa ‘Diputados por un día’, y de una propuesta de padres de personas con discapacidad de Venado Tuerto. Es vital asegurar el pleno goce de derechos a nuestros ciudadanos con discapacidad, garantizados por nuestro derecho positivo en el Artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional”.

La iniciativa busca asegurar el cumplimiento de la Ley Provincial N°13.853 a través de la adopción de medidas para solucionar los inconvenientes que padecen actualmente las personas con discapacidad para acceder a sus prestaciones, así como el atraso en el pago de los honorarios de los prestadores.

“Es necesaria una intervención urgente en este asunto, con el objetivo de dotar a las personas con discapacidad de medios para hacer valer sus derechos y alcanzar el efectivo reconocimiento de los mismos”, cerró Ruiz.