Mauro L. Muñoz

En la antesala de la jura del 10 de diciembre, la Cámara de Diputados anticipa su reconfiguración. La Libertad Avanza sumó a tres radicales y quedó a un paso de la primera minoría. Mientras, el peronismo busca evitar desgranamientos a manos de los gobernadores dialoguistas.

Mariano Campero (Tucumán), Luis Picat (Córdoba) y José Federico Tournier (Corrientes) confirmaron este miércoles su pase al bloque libertario. Este movimiento dejó al oficialismo en 91 diputados, una cifra más que importante para lo que viene.

Los tres radicales, que habían formado la bancada Liga del Interior tras su alejamiento de la UCR, venían trabajando previamente con el oficialismo, ayudando a sostener votaciones clave como los vetos presidenciales; de ahí el mote de “peluca” que les fue endilgado.

La bienvenida fue oficializada por el presidente del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, quien celebró el fortalecimiento con una publicación: “Seguimos sumando leones para aprobar las leyes que necesitamos. A partir de diciembre seremos el Congreso más reformista de la historia”, expresó junto a una foto con el titular de la Cámara, Martín Menem.

La publicación de Bornoroni en X.

Campero, por su parte, publicó fotos junto a la Ministra de Seguridad y senadora electa Patricia Bullrich dando las razones de su incorporación a LLA. "Hemos caminado junto al presidente Milei desde el primer día, cuando sólo había coraje y convicción. Llegamos al Congreso en 2023, junto a Bullrich para pelear la batalla que había que pelear. Hoy, damos un paso más: aceptamos la invitación de La Libertad Avanza porque sabemos que, si desde el Congreso sostenemos la gobernabilidad, la Argentina despega", expresó.

Si La Libertad Avanza crece, el peronismo corre el riesgo de achicarse. El bloque Unión por la Patria (Fuerza Patria desde diciembre) llegaría a la nueva composición con 96 diputados, pero ese número está bajo sospecha.

En los pasillos legislativos se habla que el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, evalúa conformar una bancada propia con cuatro legisladores de su provincia: Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega, Fernando Monguillot y Claudia Palladino.

El objetivo de Jalil, quien fue de los primeros gobernadores en reunirse con Manuel Adorni y Diego Santilli, es tener peso propio para negociar directo con el Ejecutivo nacional y preservar la interlocución provincial en un Congreso donde el peronismo ingresará fragmentado.

Jalil recibido en Casa Rosada por Santilli y Adorni.

Asimismo, se especula que podría confluir con el tucumano Osvaldo Jaldo (bloque Independencia) y con otros mandatarios del peronismo dialoguista para armar un interbloque que represente a las provincias.

De prosperar, sería un actor clave para negociar leyes económicas y de gobernabilidad. Ya se confirmó el pase del tucumano Javier Noguera al bloque Independencia. El puntano Jorge "Gato" Ferreyra también se irá allí. Y se espera definición del santiagueño Gerardo Zamora, tradicionalmente fluctuante entre el PJ y su armado provincial.

Si los catamarqueños efectivamente se van, el peronismo quedaría en 92 diputados y perdería su condición de primera minoría, habilitando a La Libertad Avanza a reclamar ese podio institucional.

La jura del próximo lunes todavía no ocurrió, pero el Congreso ya funciona como una maquinaria encendida. Las sillas todavía no tienen nombre, pero sus dueños sí sus afinidades.

Además de los tres radicales “peluca”, LLA sigue sumando miembros para su futuro bloque: primero, con el pase de 7 diputados PRO del ala de Patricia Bullrich y luego con el pase de la cordobesa Belén Avico también desde la bancada del partido amarillo que lidera Christian Ritondo.

Bullrich anunció la incorporación de Avico a La Libertad Avanza en Diputados.

La composición de los bloques será clave para la conformación de las comisiones y presidencias, pero sobre todo para defender el Presupuesto y las reformas laboral y tributaria que la administración libertaria enviará para su tratamiento en sesiones extraordinarias.

Así, en el oficialismo siguen trabajando para consolidar un bloque que supere los 97 diputados, cifra que anularía cualquier posibilidad de disputa interna por comisiones y reforzaría el control político en los debates más sensibles. Los libertarios buscan más pases en las bancas del PRO, la UCR y bloques provinciales.

La comisión investigadora que analiza el caso de la criptomoneda $LIBRA se reunió en la Cámara de Diputados sin la presencia de testigos citados. El encuentro abordó el avance de las indagaciones y el estado del expediente. En paralelo, el diputado Ferraro confirmó cuándo se presentará el informe final, lo que marca el próximo hito institucional en la pesquisa.

El encuentro, divulgado por la prensa oficial del cuerpo legislativo, se desarrolló con la asistencia de los miembros de la comisión y sin comparecencias públicas de partes convocadas. La decisión de continuar con la agenda sin testigos se inscribe en la etapa actual de recopilación de documentación y análisis técnico que la comisión lleva adelante para cerrar el instructivo.

La confirmación de Ferraro sobre la fecha de presentación del informe final surgió en una nota publicada en el ámbito parlamentario el 4 de noviembre de 2025, cuando el diputado explicó el cronograma previsto para la conclusión de la investigación. Ese anuncio fijó la expectativa institucional en torno a la entrega de conclusiones y posibles recomendaciones a otras instancias del Estado.

La comisión evaluó expedientes y audios recopilados en las etapas previas de la investigación, y organizó el orden de trabajo para la redacción del documento final. El cuerpo legislativo priorizó sintetizar los elementos técnicos vinculados a la operativa de la criptomoneda $LIBRA y la actuación de los actores involucrados.

La comisión siguió el análisis técnico del caso $Libra. Crédito: HCDN.

El órgano parlamentario explicó que la ausencia de testigos no impidió avanzar en la agenda prevista y que las tareas continuarán con el análisis de la documentación obrante en el expediente. De acuerdo a un comunicado de la Cámara de Diputados, los plazos y la metodología de trabajo se ajustaron a las necesidades del informe.

Los miembros de la comisión acordaron, además, intercambiar informes con equipos técnicos y solicitar asesoramiento específico cuando resulte necesario para completar las conclusiones. Ese intercambio apunta a reforzar la base técnica que sostendrá las recomendaciones que eventualmente contenga el informe final.

El diputado Ferraro informó que el cronograma para la presentación del informe final quedó definido y que la comisión avanza con la etapa de cierre. Ferraro indicó que el documento contendrá un diagnóstico y un conjunto de observaciones sobre la regulación y el funcionamiento de la plataforma vinculada a $LIBRA.

La comisión siguió el análisis técnico del caso $Libra. Crédito: HCDN.

La comunicación oficial publicada en el ámbito parlamentario consignó que la conclusión del trabajo se orienta a ofrecer a la Cámara una herramienta de evaluación sobre posibles pasos normativos y de control. De este modo, el informe buscará orientar la actuación de los poderes públicos ante incidentes que involucren criptoactivos.

El anuncio de la fecha por parte de Ferraro generó expectativas en los ámbitos institucionales que siguen el caso y en las áreas técnicas que colaboran con la comisión. Esa planificación permitirá a los distintos bloques preparar posicionamientos y eventuales propuestas de acción legislativa.

Con la reunión realizada sin testigos y la definición del calendario para el informe final, la comisión cerró una fase de recopilación y abrió la etapa de síntesis. Este tránsito implica que las conclusiones formales estarán disponibles en la fecha que Ferraro confirmó.

La presentación del informe tendrá efectos sobre la agenda parlamentaria inmediata, dado que los legisladores podrán debatir las recomendaciones y, en su caso, impulsar iniciativas vinculadas a regulación y control de criptoactivos.

El próximo paso verificable es la entrega del documento final ante la Cámara, tal como indicó Ferraro, lo que marcará la transición del trabajo investigativo a la discusión institucional sobre eventuales medidas

Mauro L. Muñoz

El miércoles 24 de septiembre, a las 13, es el día y la hora en que la Cámara de Diputados de la Nación dará el puntapié inicial para el tratamiento del Presupuesto 2026, enviado este lunes por el Ejecutivo.

A menos de veinticuatro horas de la presentación del presidente Javier Milei en cadena nacional, el llamado quedó formalizado en una citación instruida por el presidente de la la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, quien moderará el debate.

La sala de reuniones ubicada en el 2° piso del Edificio del Anexo “C” será el escenario donde oficialismo y oposición comiencen a medir fuerzas en torno al texto que fija el rumbo fiscal y económico para el próximo año.

El primer encuentro tendrá como objetivo consensuar el plan de trabajo y el esquema de reuniones que ordenarán la discusión del proyecto. El bloque libertario necesita enhebrar acuerdos con la oposición dialoguista y legisladores provinciales para emitir el dictamen de mayoría que le facilite su tratamiento en el recinto.

José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto de Diputados.

La discusión del Presupuesto se transformará en una nueva prueba de fuego para el Gobierno en su relación con la Cámara baja, donde viene sufriendo una serie de traspiés, en medio de la campaña electoral que definirá la conformación legislativa del próximo año.

Luego de este primer movimiento, comenzará la pulseada en la Comisión de Presupuesto y Hacienda para intentar aprobar la primera "ley de leyes" de la administración libertaria, luego de haber reconducido el presupuesto durante dos ejercicios consecutivos.

Está previsto que se discutan los números gruesos, pero también cada inciso que marque el reparto de recursos entre áreas y jurisdicciones. Por un lado, el oficialismo buscará defender el ajuste con promesas de aumentos en tanto se sostenga el equilibrio fiscal. Mientras que la oposición intentará marcar diferencias, introduciendo cambios y condicionando los fondos previstos para áreas sensibles.

El Presupuesto 2026 llegó acompañado de un mensaje que sienta la posición política del Gobierno. El proyecto fue definido como una pieza que profundiza la “transformación de la economía argentina” iniciada en diciembre de 2023, con el objetivo de "corregir los desequilibrios fiscales y macroeconómicos provocados por políticas erráticas del pasado".

El documento destaca que, por tercer año consecutivo, se prevé un superávit financiero del 0,3% del PBI y un resultado primario positivo. Según el Gobierno, esa consistencia fiscal es la base para sostener la reducción de la inflación y consolidar un marco de estabilidad que permita al sector privado desplegar inversiones y recuperar el crecimiento económico.

Milei presentó el Presupuesto este lunes en cadena nacional en un mensaje grabado, acompañado de Adorni, Caputo y Espert.

El proyecto subraya cinco ejes centrales. El primero es mantener el equilibrio fiscal con superávit sostenido, sin financiamiento del Tesoro vía emisión monetaria. El segundo, garantizar acompañamiento social directo, con foco en la AUH, programas alimentarios y transferencias sin intermediarios. El tercero, dotar de mayor equipamiento a las Fuerzas Armadas y de Seguridad. El cuart

o, acelerar la desregulación y la reestructuración del Estado, con privatizaciones en curso y disolución de organismos. Y el quinto, avanzar en la baja de impuestos a la producción y el comercio, incluyendo derechos de importación y exportación.

El mensaje al Congreso también plantea un diagnóstico sobre la economía. Según el Ejecutivo, se proyecta un crecimiento del PIB del 5,4% en 2025 y un 5,0% anual para los años 2026 a 2028; la inflación se estima en 24,5% para diciembre de 2025 y un 10,1% para diciembre de 2026; y el tipo de cambio nominal se proyecta en $1.325 para diciembre de 2025 y $1.423 para diciembre de 2026.

En cuanto al sector externo, se prevé que las exportaciones aumenten un 9,0% en 2025 y un 10,6% en 2026, mientras que las importaciones crecerían un 33,3% en 2025 y un 11,1% en 2026. La balanza comercial, se estima deficitaria en USD 2.447 millones para 2025 y USD 5.751 millones para 2026, impulsada por un mayor volumen de importaciones de bienes de capital necesarios para la "recapitalización" del país.

Para la Administración Nacional se calculan recursos totales por $146.564.832,3 millones (14,2% del PIB), lo que representa un incremento del 20,8% respecto a 2025. Los ingresos impositivos ($90.308.957,7 millones) y los aportes y contribuciones a la seguridad social ($47.652.939,7 millones) son los componentes más significativos, creciendo un 22,5% y 18,4% respectivamente.

En cuanto a los gastos previsto, el total asciende a $146.338.363,1 millones, un aumento del 20,6% en comparación con el ejercicio actual. La mayor proporción corresponde a los gastos corrientes (97,8%), destacándose las prestaciones de la seguridad social ($67.178.856,1 millones), que abarcan jubilaciones, pensiones y retiros, con un aumento del 21,5%. Le siguen las transferencias corrientes, que ascienden a $43.368.172,2 millones, con un incremento del 20,5%, destinadas principalmente a unidades familiares, universidades nacionales y empresas públicas. Mientras que los gastos de capital se incrementan en un 50,3%, alcanzando los $3.286.766,0 millones, enfocadas en obras viales, modernización ferroviaria, inversión energética y fortalecimiento de seguridad y defensa.

Mauro L. Muñoz

La noche se volvía madrugada y, en Diputados, lo que parecía ser una aprobación sin fisuras del proyecto de ley en Discapacidad comenzó a resquebrajarse cuando avanzaron al tratamiento por artículos.

Ya siendo jueves, cerca de la una de la mañana y habiendo pasado ya las doce horas de sesión, la Cámara baja aprobó con 148 votos afirmativos y 71 negativos el proyecto de ley que declara la Emergencia en Discapacidad hasta 2027.

Lo que debía ser un trámite tranquilo en la oposición, tras haber logrado la media sanción sobre el segundo proyecto de la jornada -antes había sido el aumento para jubilados y la prórroga de la moratoria- se alteró en la discusión en particular.

Fue en el capítulo IV, por la incorporación de un apartado que modificaba el articulo 87 de la ley 24.013, referido a una eximición de aportes patronales a empresas que contraten personas con discapacidad.

Desde el inicio de la sesión especial del miércoles al mediodía, la oposición había logrado marcar la agenda. Unión por la Patria, junto con la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Democracia Para Siempre, la izquierda y bloques provinciales.

Tras aprobar las reformas previsionales, dieron paso al debate sobre la Emergencia en Discapacidad. El proyecto contempla la actualización de aranceles, un nuevo esquema de pensiones no contributivas y compensaciones retroactivas para prestadores.

A lo largo de las exposiciones, a excepción de la bancada libertaria, los diputados presentes coincidieron en "alivianar el ajuste sobre los más vulnerables”. Peronistas, radicales, socialistas, de izquierda e incluso del PRO se expresaron sobre la situación que atraviesan instituciones y familias de personas con discapacidad y la falta de actualización de las prestaciones.

La votación en general reflejó el acuerdo de la oposición ampliada que marca la agenda de Diputados. Sin embargo, la discusión en particular tensó el consenso.

El autor del proyecto, Daniel Arroyo (UxP), realizó el anunció por la incorporación de un artículo proveniente de uno de los dictámenes de minoría, previamente acordados con el radicalismo.

Fue leído por la jujeña Natalia Sarapura: “los empleadores que contraten personas con discapacidad por tiempo indeterminado serán eximidos del pago del 50% de las contribuciones patronales por este tipo de contratos a las cajas de jubilaciones y INSSPJ, a la Caja de Asignaciones y Subsidios Familiares y al Fondo Nacional de Empleo”.

Lo que siguió fue un encadenamiento de objeciones de parte del propio bloque peronista, especialmente los de extracción sindical como Mario Manrique (SMATA) y Sergio Palazzo (La Bancaria), quienes advirtieron que la medida implicaba desfinanciamiento del sistema previsional.

Se sumaron voces de la izquierda rechazando de plano el incentivo fiscal. “No podemos seguir vaciando las cajas de asistencia social con el argumento de fomentar la inclusión. Esto es una farsa”, lanzó Vanina Biasi, del FIT.

También se sumaron voces reprochando el proceder técnico. Stolbizer planteó que era improcedente porque no se estaba votando el dictamen de minoría y Juan Manuel López sostuvo lo contrario, apelando al artículo 162 del reglamento.

La discusión se alteró de manera insospechada ya en horas de madrugada. Molesto, el presidente de la Cámara, Martín Menem, recriminó que intenten subsanar en el recinto lo que tendría que haberse hecho en comisión.

Martín Maquieyra (PRO). Foto: HCDN.

Arroyo intentó contener la controversia prometiendo la elaboración de un proyecto aparte sobre empleo en discapacidad. Pero el radical Martín Tetaz insistió en mantener la redacción, defendiendo el incentivo. Y se sumó Maquieyra, del PRO, pidiendo una redacción alternativa desde su propio dictamen de minoría, con una temporalidad limitada a tres años.

Las idas y vueltas se acumularon, hasta que Karina Banfi (UCR) presentó la moción para votar. Con 123 votos afirmativos, 82 negativos y 6 abstenciones, finalmente el artículo se incorporó al proyecto.

Finalmente, el proyecto fue aprobado y girado al Senado. Establece que las prestaciones serán actualizadas por el índice de movilidad jubilatoria, que contempla la inflación. Fija una compensación retroactiva desde diciembre de 2023, con impacto en las obras sociales, prepagas y el sistema público de salud; y crea una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo, con condiciones de corte vinculadas a ingresos mayores a dos salarios mínimos.

De acuerdo al cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal de la iniciativa oscila entre 1,8 y 3,6 billones de pesos, según distintos escenarios, principalmente por el ingreso de nuevos beneficiarios y la actualización de valores.

El bloque de La Libertad Avanza votó en contra, y desde el gobierno ratificaron que el presidente Javier Milei vetará la ley si también es sancionada por el Senado, al igual que en el proyecto de aumentos jubilatorios y renovación de la moratoria.

El eventual veto presidencial, dejaría el proyecto a merced de los 55 ausentes en la votación de este miércoles, entre los que se encuentran integrantes de "la UCR con peluca", el PRO que reforzó su alianza parlamentaria con LLA de cara a las elecciones legislativas y diputados que responden a gobernadores que tejen acuerdos provinciales con la Nación.

Por primera vez desde que asumió Javier Milei, el oficialismo enfrentó en el Congreso una interpelación directa por un escándalo que vincula al propio Presidente. A partir de las 14.22 de este lunes, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, compareció ante la Cámara de Diputados en el marco del caso $LIBRA, la criptomoneda que publicó Milei en sus redes sociales y que está bajo la lupa por presunta estafa.

La sesión, convocada a instancias de bloques opositores, se desarrolló en medio de tensiones reglamentarias, fuertes cruces políticos y múltiples cuestionamientos sobre el rol del Estado en la promoción del token digital.

Guillermo Francos en Diputados. Foto: Reuters

Durante su exposición inicial, Francos negó enfáticamente cualquier vínculo entre el Gobierno y los impulsores del criptoactivo. “El Presidente no mantiene ni mantuvo ningún vínculo con el proyecto Viva la Libertad o la moneda LIBRA”, aseguró. Y sostuvo que la publicación de Milei fue una difusión de una “iniciativa privada” sin consecuencias institucionales ni compromisos económicos.

Además, el jefe de Gabinete justificó que el mandatario borrara su tuit sobre la criptomoneda tras la repercusión pública: “Cuando vio la magnitud que tenía el hecho, decidió bajarlo”, explicó. También aclaró que no hubo una investigación previa sobre las personas con las que Milei se reunió en el Tech Forum, donde conoció la propuesta. “El Presidente no es un empresario”, respondió.

La interpelación estuvo marcada por momentos de alta tensión. El diputado Nicolás Massot (Encuentro Federal) apuntó directamente contra Karina Milei y el vocero presidencial Manuel Adorni: “Deberían estar sentados acá porque son quienes autorizaron el ingreso de los estafadores a Casa Rosada”.

Por su parte, legisladores de Unión por la Patria, como Itai Hagman y Sabrina Selva, cuestionaron una posible coordinación entre la publicación del tuit presidencial y la creación del pool de liquidez de la criptomoneda. “Diez minutos antes de que se publique el tuit de Milei, se habilitaron las primeras compras. Eso no es casualidad”, planteó Selva. Francos, sin embargo, insistió: “El Presidente se limitó a difundir información pública”.

El diputado Juan Marino preguntó si consideraba correcto que Milei promoviera una iniciativa sin consulta previa a organismos del Estado. Francos evitó una definición ética: “No soy quien para decir si eso es correcto. No está reglado”.

Hacia el cierre de la rueda de preguntas, la Cámara baja pasó a un nuevo cuarto intermedio para que los jefes de bloque definan cómo continuará la interpelación. Previamente, Francos protagonizó un cruce irónico con el diputado Juliano, de Democracia para Siempre, quien le reprochó no responder las preguntas. “¿Le gusta el mar o la montaña? Porque no respondió nada”, chicaneó. El jefe de Gabinete respondió: “Me gusta más el mar porque soy nadador”.

La jornada comenzó con reclamos por la ausencia de los ministros Luis Caputo (Economía) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia), lo que motivó un pedido de moción de censura impulsado por el bloque Democracia para Siempre. La diputada Cecilia Moreau también exigió un cuarto intermedio para reprogramar una nueva citación, lo que derivó en fuertes cruces con el presidente de la Cámara, Martín Menem. “No me están dejando opción que apartarnos del reglamento”, reconoció el titular del cuerpo, visiblemente molesto.

La estéril discusión se extendió por un lapso de dos horas y generó el malestar de Francos, quien se quedó esperando detrás de las cortinas del recinto.

“Nunca en mi vida he hecho esperar a alguien dos horas en una reunión. Debo decir que es una falta de respeto”, se quejó sin disimulo.

Minutos más tarde, el funcionario cuestionó la estrategia de la oposición de interpelar funcionarios e impulsar una comisión investigadora, y lo asoció al “montaje de un tribunal mediático cuya única finalidad es el rédito político y la especulación electoral”.

Al respecto, el funcionario reclamó que la comisión investigadora “no extralimite sus funciones” ni se transforme en un “órgano paralelo de Justicia” arrogándose “atribuciones que la Constitución reserva exclusivamente al Poder Judicial”.

La mesa directiva de la Convención Nacional de la UCR resolvió suspender preventivamente la afiliación partidaria de Mariano Campero, Martín Arjol, Luis Picat y Pablo Cervi, los cuatro diputados nacionales que, en representación del radicalismo, cambiaron su voto y respaldaron el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria.

Pero según supo la Agencia Noticias Argentinas, el presidente del bloque de diputados de la UCR, Rodrigo de Loredo, intentará contenerlos dentro del bloque. "Hay que sumar diputados, no podemos darnos el lujo de perderlos", señalaron las fuentes consultadas de la conducción partidaria.

En realidad fueron cinco los diputados del bloque que votaron a favor del Gobierno y en contra del proyecto que había impulsado la UCR junto a otros bloques, pero Federico Tournier queda al margen de la sanción ya que es un extrapartidario. El correntino se sumó a la bancada que conduce De Loredo por su vínculo con el gobernador Gustavo Valdés, pero pertenece a otro partido político.

Hay otros dos diputados cuyos casos también serán elevados al Tribunal de Ética para ser investigados: se trata de la santacruceña Roxana Reyes y el chaqueño Gerardo Cipolini, quienes se ausentaron al momento de la votación luego de haber argumentado a favor de la postura del Gobierno durante el debate.

En el caso de ellos dos, no fueron suspendidos preventivamente del partido como los anteriores cuatro, que marcaron su voto en contra del proyecto del radicalismo.

La medida disciplinaria contra Campero, Arjol, Picat y Cervi se aprobó por 10 votos contra 2 en la mesa directiva de la Convención Nacional, que es encabezada por Gastón Manes y Hernán Rossi. Solamente votaron en contra de la sanción los representantes de Mendoza (que responden al gobernador Alfredo Cornejo) y Misiones.

📝 Resolución de la Mesa Directiva de la Honorable Convención Nacional de la UCR ante las Conductas de Diputados Nacionales pic.twitter.com/miCAotBFJV

Más allá de este castigo contra los cuatro radicales "violetas" que cambiaron su voto, De Loredo agotará los medios para que no peguen el portazo del bloque. La bancada de la UCR se reunirá este martes a las 18 para definir la situación interna.

La resolución firmada por la Convención Nacional señala que "al tratarse el veto presidencial, cuatro Diputados Nacionales afiliados a la Unión Cívica Radical e integrantes de nuestro Bloque se apartaron de lo que ellos mismos habían sostenido en la primera votación y acompañaron el veto presidencial, incurriendo en una grave inconducta partidaria, y generando un grave daño a la credibilidad y honor de nuestro partido".

"Aún más graves fueron los argumentos esgrimidos durante la sesión y en los medios de comunicación, en el sentido de que se habían equivocado en los cálculos, y que su brusco cambio de opinión se fundaba en la necesidad de garantizar el equilibrio fiscal", se agrega.

Al hacerse eco de esta decisión partidaria, la diputada de la UCR Pamela Verasay despotricó contra Martín Lousteau, quien preside el Comité Nacional de la UCR y apoya la suspensión de los cuatro diputados radicales.

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"Presidir la UCR debería tratarse de escuchar la voluntad de la sociedad, construir consensos y comprender realidades territoriales, no utilizar una conducción transitoria y débil para imponer un pensamiento disfrazado de verdad absoluta", disparó la mendocina.

El Tribunal de Ética de la UCR está integrado por Alicia Tate, de la provincia de Santa Fe; Juan Pedro Tunessi, de Buenos Aires, y Ricardo Barrios Arrechea, de Misiones, quienes tendrán en sus manos la decisión definitiva.

El gobierno de Javier Milei logró frenar este miércoles frenar la iniciativa de la oposición de rechazar en el Congreso el veto por la ley jubilatoria. La votación finalizó con 153 a favor, 87 en contra y 8 abstenciones.

La sesión arrancó minutos después de las 11, una vez obtenido el quórum, pero hacen falta dos tercios de los votos para insistir con la norma en contra de la voluntad presidencial. Y el oficialismo, en alianza con el bloque PRO, bloques aliados y media docena de diputados radicales, consiguió los números para evitarlo.

La Cámara de Diputados inició la sesión especial con 131 legisladores presentes, y con la jura de la diputada Nancy Ballejos, que reemplaza en la banca por Entre Ríos al radical Pedro Galiberti, y se suma al bloque del PRO.

Las deliberaciones comenzaron con un fuerte clima de tensión, mientras en las afueras del Congreso se desarrolla la manifestación convocada por agrupaciones kirchneristas y de izquierda, con un fuerte operativo de seguridad.

Ante la perspectiva de un rechazo del veto, en el radicalismo analizaban solicitar una insistencia parcial, limitada a la recomposición del 8,1 % de los haberes jubilatorios por la inflación de enero pasado. Para eso era necesario que se decidiera votar artículo por artículo.

Uno de los artículos más resistidos por el Gobierno es el que propone un aumento anual adicional en marzo según la diferencia entre el índice Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC). También el que prevé la cancelación de deudas que mantiene la Anses con las cajas previsionales no transferidas.

Más de 40 trabajadores despedidos de distintas regiones del país, en su mayoría del sector estatal, fueron recibidos este jueves en la Cámara de Diputados de la Nación y expusieron contra las políticas del gobierno de Javier Milei.

En una audiencia pública organizada el Frente de Izquierda y Unión por la Patria, hubo trabajadores despedidos del Hospital Posadas, el INTI, Ministerio de Trabajo, la Agencia Nacional de Discapacidad, Sitios de Memoria, INCAA, Aerolíneas Argentinas, Jumbo, Siat, Secco.

Las palabras introductorias estuvieron a cargo de los diputados Alejandro Vilca (Frente de Izquierda) y Sergio Palazzo (Unión por la Patria), integrantes de la comisión de Legislación del Trabajo, quienes repasaron los proyectos de ley para declarar la emergencia ocupacionales a raíz del vendaval de despidos que hubo en los últimos meses, que hizo engrosar la tasa de desocupación al 7,7%.

El líder de La Bancaria reclamó que "se frene esta sangría de despidos que se están produciendo producto de las políticas que lleva a cabo este gobierno tanto en materia pública como privada”.

“Hemos intentado en varias ocasiones que el presidente de la comisión invite a los compañeros despedidos a una reunión, pero hasta ahora no lo ha convocado”, expresó Palazzo.

Por su parte, Vilca aseguró que “lamentablemente las autoridades de la Comisión no acceden a tratar este tema y no se puede esperar más”. “Por eso estamos acá escuchando la voz de los trabajadores despedidos y de los sindicatos que están peleando por la reincorporación”, expresó el jujeño.

“Entendemos que a este plan de ajuste de Milei hay que enfrentarlo en las calles, peleando por una gran movilización y un plan de lucha con paro nacional”, exhortó.

El primer orador invitado fue el delegado de Jumbo Pilar Jesús Giménez, quien denunció que fue “despedido sin causa” en enero de este año y atribuyó esa decisión de la empresa a su actividad sindical.

Según advirtió, la Ley Bases “permite a las empresas despedir a delegados con fueros gremiales dejando a los trabajadores en un estado de mayor vulnerabilidad”.

A su turno, el trabajador de ANSES Carlos Ortega señaló que fueron 1.300 despedidos, lo que representa un 10% del personal del organismo previsional. “Iniciamos los juicios correspondientes y hubo 20 restituciones. El ANSeS durante años pudimos incluir a millones de personas que fueron despedidos durante el menemismo”, destacó.

“Hay que luchar en las calles de una vez por todas para que este Gobierno se vaya por más que nos digan golpistas por un gobierno que no es democrático, porque este gobierno no es democrático es autoritarismo. Esto recién empieza, pero vamos a triunfar”, culminó.

Adolfo González Dardik, de la secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf) indicó que en ese área desvincularon a 343 trabajadores que “tenían como misión y función garantizar los derechos de niños y adolescentes".

"No nos van a ver nunca de rodillas. En nosotros van a encontrar un bastión de resistencia y dignidad que será así hasta que logremos la victoria echando a este gobierno de cipayos”, finalizó.

Además de Vilca y Palazzo, estuvieron presentes los diputados nacionales Paula Penacca, Nicolás del Caño, Mario Manrique, Daniel Arroyo, Esteban Paulón, Germán Martínez, Julia Estrada, Hugo Yasky, Christian Castillo, Mónica Schlotthauer, Vanina Biasi, Carlos Castagnetto, Juan Marino, Daniel Gollán, Carolina Yutrovic, Eduardo Toniolli, Vanesa Siley, Myriam Bregman (mandato cumplido).

La Cámara de Diputados buscaba aprobar una nueva ley de movilidad jubilatoria este martes. Luego de alcanzar el quórum en el recinto, se inició pasadas las once el debate con el impulso de la oposición.

Contribuyeron al quórum tanto el bloque de Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal como el Frente de Izquierda. No bajaron al comienzo La Libertad Avanza y el PRO.

La nueva fórmula de movilidad contó con cinco dictámenes de comisión, pero Unión por la Patria (UxP) que llegó al recinto con el despacho de mayoría buscaba acercar posiciones con los bloques dialoguistas para lograr una mayoría, aunque con una diferencia sustancial en el FGS de la Anses.

Para las 14 estaba citada otra sesión por temas educativos, solicitada por UxP. Ante la extensión de la primera reunión, el kirchnerismo intentó sumarlos, pero no tuvo respaldo de la UCR, que anunció otra sesión para estos mismos temas el próximo el 3 de julio.

Tras más de siete horas de debate, de las cuales cinco abarcaron cuestiones de privilegio, los bloques continuaban las negociaciones para consensuar un dictamen común sobre la movilidad jubilatoria.

Los principales puntos en común entre UxP, la UCR, Innovación Federal y la izquierda es otorgar una recomposición a los haberes jubilatorios por la inflación reciente; una nueva fórmula que actualice mensualmente los ingresos según la inflación; y garantizar un piso del haber mínimo jubilatorio, no menor al valor de una canasta básica de adulto mayor, actualmente de $250.286 mensuales.

Sin embargo, la gran diferencia entre los primeros dictámenes se encuentra en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Desde Unión por la Patria se inclinan por mantener la intangibilidad: “El Fondo de Garantía de Sustentabilidad se utiliza para muchas cosas, proyectos, inversiones; ninguna solución puede pasar por tocarlo”, defendió Carlos Heller. Mientras que la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación proponen volcarlo al pago de los juicios previsionales y las deudas con las cajas jubilatorias provinciales no transferidas.

La propuesta de Unión por la Patria establece una recomposición del 30 por ciento por lo perdido entre diciembre del 2023 y febrero del 2024, teniendo en cuenta que la inflación en ese período fue de casi un 60 por ciento.

En ese lapso, los jubilados no recibieron ningún ajuste. Recién llegó en marzo por un decreto del Gobierno que dispuso incrementos mensuales en base al IPC (12 por ciento en marzo, liquidado en abril). Es decir, no alcanza en términos reales a la pérdida que sufrieron las jubilaciones.

Sin embargo, la propuesta del kirchnerismo no prosperó y se plegaron a la de los dialoguistas, que proponen una recomposición del 20,6%.

Así las cosas, de conseguir luz verde en la Cámara baja y en el Senado, la jubilación mínima podría quedar en $285.000. En junio, los jubilados cobrarán un bono de refuerzo de 70.000 pesos, sumado al medio aguinaldo.

Por su parte, el dictamen de LLA ratifica el DNU 274/24 del Poder Ejecutivo que impulsó el presidente Javier Milei en marzo pasado. El oficialista Julio Ovalle expresó en la sesión: "Para no alterar el equilibrio fiscal logrado y la baja de la inflación, debemos ratificar el DNU 274/2024 con todos sus artículos, contemplados en el dictamen de nuestro bloque".

El despacho del Pro también ratifica el decreto presidencial, pero suma el pedido de una recomposición del 8,1%. "Nuestro dictamen establece por ley la fórmula del DNU. Da facultad al Gobierno para pagar el aumento del 8% de enero sin alterar la meta de déficit cero. Además, deroga las jubilaciones de privilegio para presidente y vice", resaltó María Eugenia Vidal.

Por último, el dictamen del Frente de Izquierda plantea que ningún jubilado gane menos que la Canasta Básica del Adulto Mayor y contempla el 82% móvil.

El presidente Javier Milei tomó la definición de suspender la habitual reunión de Gabinete, que se realiza los martes y jueves en Casa Rosada, para seguir de lleno a seguir lo que queda del debate y la votación de la Ley Bases en el Congreso.

Se trata de una jornada clave para la administración libertaria que busca conquistar la media sanción en la Cámara de Diputados del nuevo proyecto de ley. Para eso, monitoreó la votación general que se aprobó por 142 votos a favor, 106 en contra y 5 abstenciones, y el debate por cada artículo del mismo.

Al momento de la votación general, el mandatario se mostró muy activo en redes sociales dando like y compartiendo mensajes de diputados del PRO como Fernando Iglesias y Hernán Lombardi, quienes desde sus cuentas de X, ex Twitter celebraron la aprobación.

Si bien tiene previsto trasladarse a Casa Rosada durante el transcurso del día, el mandatario optó por suspender el intercambio entre ministros y secretarios para que sus funcionarios puedan dedicarse a asegurar los respaldos negociados en la previa y evitar desenlaces como el del martes 6 de febrero, cuando el Gobierno tuvo que retirar la ley por primera vez por falta de apoyos.

Por estas horas, se encuentra en el recinto el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, ubicado en uno de los palcos desde donde escuchó atentamente el cierre y presenció la aprobación general.

Anoche, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, uno de los funcionarios más dedicados a torcer voluntades legislativas, visitaron a los diputados del bloque de La Libertad Avanza (LLA).

La hermana y mano derecha del mandatario asistió al recinto para darle "ánimo" al bloque de La Libertad Avanza, y para reunirse con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, tras las primeras horas del debate.

El diputado nacional electo por La Libertad Avanza (LLA) Alberto "Bertie" Benegas Lynch afirmó este domingo que “la reforma del Estado y la reforma fiscal” serán las prioridades legislativas del Gobierno de Javier Milei.

En declaraciones a Radio La Red, Benegas Lynch dijo que su trabajo en enfoca en la actualidad en la futura agenda parlamentaria y a la espera de "las sesiones extraordinarias que sugiera Javier (Milei) con las prioridades y batallas que él quiera dar y que necesite someter a consideración del Poder Legislativo”.

Al marcar las prioridades, el diputado electo puntualizó que se trata de “la reforma del Estado y la reforma fiscal”.

Agregó que otro eje inicial será “desregular y modernizar el mercado laboral y luego, abrirse al mundo, competir, y en paralelo la reforma monetaria”.

“Ese es el plan de gobierno de Javier Milie al corto plazo, empezando por presentar en el Congreso la reforma del gasto de la política y la reforma fiscal”, agregó.

Resaltó que el presidente electo “ha hecho una presentación formal del plan de Gobierno y ha proyectado la Argentina de acá a 35 años, con tres generaciones de reformas”.

En esa línea, precisó que “las reformas de tercera generación, de acá a 20 años, como es el caso de los vouchers de educación, no son un tema para tratar ahora”, y que “en cambio, la prioridad en el tema educación es la desregulación burocrática y de contenidos, y es a través de sacarle la burocracia y la cosa verticalista desde un Ministerio de Educación.

Benegas Lynch dijo que el foco no estará puesto en dar de baja los planes sociales, a los que describió como "la herramienta climax de feudalismo político para tener asistencialismo y a la gente totalmente dependiente del Estado, pero en la situación en la que estamos (los beneficiarios de planes sociales) son las víctimas, y el victimario es el Estado”.

Sobre la posibilidad de derogar la actual ley de alquileres en el corto plazo, Benegas Lynch manifestó que -a su entender- no va a estar dentro de las primeras medidas que tomará el presidente electo Javier Milei tras asumir el 10 de diciembre próximo.

“No creo que sea incluida dentro de esto, no se pueden dar todas las batallas, hoy las prioridades son bajar el tema de la obra pública, transferencias discrecionales a provincias, subsidios, empresas estatales y jubilaciones de privilegios”, subrayó el dirigente libertario.

No obstante, Benegas Lynch calificó a la ley de alquileres como un “disparate” y que muestra "dónde están parados los políticos, que quieren controlar, gravar y estar encima de cada paso que da el contribuyente".

Por César Rodríguez

La Asamblea Legislativa, compuesta por Senadores y Diputados de la Nación, se reunirá este jueves en la Cámara baja para proclamar las dos fórmulas presidenciales que competirán en el balotaje presidencial el próximo domingo 19 de noviembre: la que integran Sergio Massa y Agustín Rossi (Unidos por la Patria), y la de Javier Milei y Victoria Villarruel (La Libertad Avanza).

En este último caso, está la particularidad de que los dos componente de una fórmula integran la Cámara de Diputados, una de las que debe consagrar esa y la otra fórmula.

Ambas duplas resultaron las más votadas en los comicios generales del 22 de octubre, pero ninguna alcanzó el porcentaje necesario para consagrarse como presidente y vice en primera vuelta.

La reunión fue convocada para las 14, en un trámite que se enmarca en el artículo 120 del Código Electoral. Éste dispone que es competencia de la Asamblea Legislativa "hacer la sumatoria (de votos) para determinar si se deberá realizar una segunda vuelta electoral conforme lo dispuesto en el artículo 96 de la Constitución Nacional".

Una vez que la Asamblea Legislativa avale los resultados surgidos del escrutinio definitivo, la Presidencia del Senado comunicará al presidente Alberto Fernández que ningún candidato alcanzó en la primera vuelta electoral los porcentajes que establece la Constitución Nacional para ser proclamado como mandatario nacional por los próximos cuatro años.

Transcurrida esa instancia, Unión por la Patria y La Libertad Avanza tendrán un plazo de cinco días para confirmar o declinar la voluntad de participar en el balotaje.

No es el único tema en la agenda de la Cámara Baja nacional que será sede de la Asamblea Legislativa. Un par de horas antes, al mediodía, se reunirá para aceptar las renuncias de legisladores y tomar la jura de sus reemplazantes.

Uno de los que hará efectiva su renuncia el jueves será Claudio Poggi (Avanzar San Luis - Juntos por el Cambio), quien fue elegido gobernador de su provincia en las elecciones del 12 de junio pasado. Su banca, cuyo mandato tiene vigencia hasta 2025, será ocupada por el dirigente del Partido Demócrata Ricardo Arancibia Rodríguez.

También renunciará a la banca la intendenta electa de la ciudad de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla (Frente de Todos), quien asumió su nuevo cargo como jefa comunal de la capital tucumana este domingo. Será reemplazada por la intendenta de Aguilares, Elía Mansilla, quien completará el mandato de Chahla hasta diciembre de 2025.

Por último, se le tomará juramento a la tucumana María Marcela Herrera (Frente de Todos) en sustitución de su coprovinciano Mario Leito, quien asumirá una banca en la Legislatura tucumana.

La Cámara de Diputados aprobó este martes por la noche y envió al Senado los proyectos de ley que modifica el Impuesto a las Ganancias, la creación de cinco universidades y el programa de empleo ‘Mipyme’, que busca regularizar a los trabajadores no registrados.

La sanción de estas iniciativas se efectuó en una sesión especial que se extendió 13 horas, que tuvo como tema central la reforma de ganancias que elimina la cuarta categoría y crea un tributo cedular para los altos ingresos superiores a 15 Sueldos Mínimo, Vital y Móvil.

Luego del tratamiento del proyecto sobre Ganancias, la Cámara sancionó la creación de cinco universidades: la de Madres de Plaza de Mayo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la del Delta, la de Pilar y la de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires y la de Río Tercero, en Córdoba.

También se aprobó el proyecto de ley enviado por el ministro de Economía Sergio Massa, mediante el cual se establece la creación del Programa de Generación y Fortalecimiento del Empleo Argentino "Empleo Mipyme".

Cámara de Diputados de la Nación este martes por la noche. Crédito: Télam

En el inicio de la sesión se realizaron una serie de homenajes, entre los que se destacaron uno sobre la noche de los lápices, otro relacionado con la Conadep, la conmemoración de la desaparición de Julio Jorge López y un recordatorio al fallecido exdiputado Oraldo Britos.

En el último tramo de la sesión se aprobó el proyecto que busca instituir el 15 de noviembre de cada año como el Día Nacional por la Memoria de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan.

También se sancionó un proyecto para declarar al 17 de junio como el Día Nacional de los Trabajadores Desaparecidos en el Mar, en memoria de las víctimas del hundimiento del buque Repunte y de todas las víctimas de tragedias mientras desarrollaban sus actividades laborales embarcados.

También se aprobó Monumento Histórico Nacional al complejo "Monte Calvario"; la transferencia de un inmueble a la Municipalidad de Viedma; establecer al 4 de agosto como Día de la Soberanía Continental y declarar al 31 de octubre como Día de las Iglesias Evangélicas, ya que el 31 de octubre de 1517 Martín Lutero dio a conocer las 95 tesis que iniciaron la Reforma Protestante.

El Bloque Socialista presentó en el Congreso un proyecto para mejorar las condiciones laborales de enfermeros y enfermeras. Desde la bancada proponen que se apruebe y ratifique el Convenio 149 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el empleo y condiciones de trabajo y de vida del personal de enfermería, de forma de dar un marco normativo que proteja a dicho sector y termine con la precarización laboral.

Al respecto, la diputada nacional y presidenta del PS Argentina, Mónica Fein, opinó: “Necesitamos avanzar en una mejor legislación que otorgue mayor protección a enfermeros y enfermeras. La pandemia puso de relieve la enorme importancia del personal de salud, que estuvo en la primera línea en la lucha contra el Covid-19, pero también desnudó las inequidades del sistema”.

Dicho convenio de la OIT que el Socialismo busca incorporar establece normas laborales que regulan aspectos como las condiciones de trabajo, la seguridad y la salud en dicho ámbito, mecanismos de resolución de conflictos, educación y formación apropiada para el ejercicio de las funciones, entre otras.

“Si bien enfermeros y enfermeras han puesto y ponen el cuerpo y el compromiso en su labor diaria, se trata de un sector que está sobreexigido por la pandemia y que sufre precarización laboral; debido a los magros salarios muchos tienen pluriempleo o turnos extensísimos, lo que aumenta el agotamiento y el riesgo a contagiarse de Covid”, explicó la legisladora nacional.

Por eso, este proyecto busca que el personal de enfermería goce de condiciones equivalentes a las de los demás trabajadores del país, en lo que respecta a horas de trabajo, incluidas la reglamentación y la compensación de las horas extraordinarias, el trabajo por turnos, descanso semanal, vacaciones anuales pagadas, y licencias de enfermedad, educación y maternidad.

“Es imperativo discutir una agenda de salud desde una visión integral y con perspectiva de futuro, y para ello se torna fundamental que se garantice a los trabajadores un piso de derechos. Nuestro país debe contar con una fuerza de trabajo sólida, estable y bien remunerada en el sector de la salud como parte de un sistema eficaz y resistente”, resaltó Mónica Fein.

Por último, la ex intendenta de Rosario señaló: “Los legisladores de todo el arco político debiesen hacerse eco de esta iniciativa que impulsamos desde el Bloque Socialista, y que ya fue presentada en otras dos ocasiones –en 2008 y 2010- pero nunca se le dio efectivo tratamiento”.

En la sesión de este miércoles del Concejo Municipal, el bloque del Partido Justicialista, integrado por Pablo Rada, Emilce Cufre y Patricio Marenghini, presentó un proyecto de resolución solicitando a la Cámara de Diputados de la Nación el pronto tratamiento de la “Ley de etiquetado frontal de alimentos” que cuenta con media sanción del Senado. En este marco, plantearon que la normativa busca “prevenir la malnutrición de la población argentina”.

Para dar mayores precisiones sobre la importancia de esta ley que está en debate en la Legislatura nacional, se hizo presente en el recinto el médico Mauro Tortolo, quien explicó las virtudes de conocer qué es lo que comemos y que estamos llevando al momento de adquirir un producto en las góndolas.

“Estudios de la Organización Panamericana de la Salud, muestra que alrededor del 44% de las muertes en América –cerca de 3,1 millones- son causadas por la hipertensión arterial, la hiperglucemia en ayunas, y la obesidad y el sobrepeso, y la mala alimentación. Esto se debe, en gran medida, a la amplia disponibilidad y comercialización de alimentos y bebidas procesados y ultra-procesados que tienen un contenido excesivo de azúcares, grasas y sodio”, manifestó Rada, considerando que el consumo excesivo de azúcares, grasas y sodio debe ser reconocido y tratado como un problema de salud pública.

Asimismo remarcó que, según el Programa Venado Tuerto 1; 2; y 3 (iniciativa que se sostiene desde hace más de 20 años), el 70% de los habitantes de Venado Tuerto tienen sobrepeso, el 36% sufre obesidad; y el 22% diabetes o pre-diabetes. “En realidad el concepto de obesidad como masa corporal excesiva es lo menos importante, el verdadero problema es que la obesidad actual se asocia a numerosas complicaciones para la salud. Obesidad es diabetes, actual o futura, obesidad es futuro infarto cardíaco o AVC, obesidad es futuro cáncer de mama, colon, riñón (y por confirmarse el vínculo con tantos otros tumores), obesidad es futuro Alzheimer (sabiamente denominada “Diabetes Tipo 3” para resaltar una de sus raíces fundamentales), obesidad es dolor crónico, obesidad es depresión, obesidad es pérdida de años de vida, en cantidad, pero especialmente en calidad”, puntualizó el edil.

“Tenemos la chance de trabajar en una mejor calidad de vida para nuestros hijos e hijas, y es el momento de hacerlo, siendo el principal objetivo del proyecto de Ley de etiquetado frontal de alimentos en la República Argentina, dejar a la vista de todas y todos los consumidores la presencia en alimentos y bebidas de altos niveles de los denominados ‘nutrientes críticos’ (grasas totales, grasas saturadas, sodio, azúcares y/o calorías) y resguardando los derechos de los y las consumidores, a partir de información clara oportuna y veraz”, exclamó.

Cabe señalar que, en caso de aprobarse la ley, los productos que sobrepasen los límites fijados por el organismo deberán tener en el frente de sus envases una etiqueta octogonal negra, con borde y letras de color blanco, que advierta sobre el exceso del nutriente crítico que corresponda en cada caso, a partir de información clara, oportuna y veraz.

El objetivo es promover la prevención de la malnutrición en la población y la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles, debiéndose colocar leyendas como ‘Exceso en azúcares’, ‘Exceso en sodio’, ‘Exceso en grasas saturadas’, ‘Exceso en grasas totales’, o ‘Exceso en calorías’, o en caso de contener edulcorantes, una leyenda precautoria inmediatamente por debajo de los sellos de advertencia con la leyenda: ‘Contiene edulcorantes, no recomendable en niños’, así mismo, en caso de contener cafeína, en todos los alimentos y bebidas alcohólicas envasados y comercializados en la Argentina.

Situación legislativa

La iniciativa recibió media sanción en la Cámara de Senadores en octubre de 2020, donde de los 72 senadores nacionales, se aprobó con 64 votos a favor y 3 en contra (de tres partidos diferentes).

El martes 13 de julio de 2021 el proyecto tuvo dictamen de mayoría en comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación y quedó en condiciones de ser tratado en el recinto.

El proyecto de Ley sobre Etiquetado Frontal de Alimentos de Argentina replica esquemas similares que ya se aplican en otros países como Chile (2016), Uruguay (2018), Perú (2019) y México (2020).

Según el análisis realizado por el diputado nacional santafesino Germán Martínez, el Gobierno nacional prevé gastar 548.000 millones de pesos en forma directa en territorio santafesino durante 2022, de acuerdo al proyecto de presupuesto presentado en las últimas horas a la Cámara baja. Esta cifra es un 45% más que lo aprobado en el presupuesto vigente para el 2021.

Según la iniciativa presentada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, de los $ 548.000 millones que la Nación va a gastar en Santa Fe, unos $ 509.000 millones corresponden a erogaciones corrientes y $ 39.000 millones a gastos de capital.

Uno de los puntos claves son las obras viales, donde la inversión alcanzaría los $ 13.000 millones. Entre otras cosas, hay partidas para sostener el ritmo de obras en la doble traza de la ruta 33, entre San Eduardo y Rufino. Asimismo, se incluye la partida inicial para las obras del tercer carril de la Autopista Buenos Aires-Rosario, entre la A-012 y la Circunvalación de Rosario (A-008), por casi $ 1.100 millones. En tanto, unos $ 630 millones de pesos irán a obras de saneamiento (agua y cloaca), entre ellas las plantas depuradoras de Rafaela y Reconquista, y las obras cloacales de Cañada de Gómez.

En el proyecto de presupuesto figuran también las solicitudes de endeudamiento para financiar obras importantes, tales como la autopista Rosario-Rufino (u$s 1.150 millones), acueducto Gran Rosario (u$s 40 millones) y la ampliación de la planta potabilizadora Santa Fe (u$s 40 millones).

Por otra parte, de acuerdo al proyecto de ley de presupuesto para el año 2022, Santa Fe va a recibir por coparticipación federal unos $ 390.000 millones. A eso se suman otras transferencias automáticas.