La Cámara de Diputados de Santa Fe reservó ocho proyectos de ley con tratamiento preferencial para la sesión de este jueves, todos temas deben ser dictaminados por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General que se reunirá ese día, en horario matutino, para decidir la suerte de las iniciativas.

Más allá de esos proyectos, para el interbloque mayoritario de Unidos será central trabajar para votar sobre tablas la validación del acuerdo entre la provincia y Anses para saldar parte de la deuda del organismo previsional para con la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia. El Senado lo votó ya por unanimidad el mismo día que el Mensaje entró a Legislatura.

Para ello, este miércoles, Fabián Bastia, Jorge Boasso y Julia Tonero asistirán a una reunión con diputados interesados en la cuestión para intentar disipar dudas. El interbloque justicialista anticipó que después de la reunión con funcionarios del Poder Ejecutivo definirá la postura sobre el acuerdo.

Entre los ocho proyectos reservados con preferencia para esta semana se encuentra un mensaje del Poder Ejecutivo remitido en noviembre pasado vinculado con la creación de una persona jurídica no estatal denominada "Ente Administrador de Proyectos de Impacto Urbano de Rosario".

El objetivo del Ente sería "llevar adelante las funciones de planificar, ejecutar o administrar proyectos culturales, deportivos, comerciales, industriales y urbanísticos en la ciudad de Rosario en los que concurran intereses públicos provinciales y municipales por encontrarse involucrados bienes o inversiones de ambas jurisdicciones en el ámbito de esa ciudad.

El tema no tiene acuerdo interno en Unidos que viene postergando su tratamiento desde entonces. Es uno de los pocos mensajes del Ejecutivo que no avanzó en el tratamiento parlamentario.

Los otros proyectos que están con tratamiento preferencial son:

El gobernador Maximiliano Pullaro validó -ad referéndum de la Legislatura- dos convenios firmados por el ministro de Educación, José Goyti el mes pasado. Uno de ellos fue firmado con Asociación Civil Faro Digital, representada por Felipe Sala, y el otro con la Asociación Civil Grooming Argentina, representada por Hernán Gabriel Navarro.

El acuerdo con Faro Digital es a fin de desarrollar acciones conjuntas destinadas a fortalecer la educación y ciudadanía digital en el sistema educativo provincial, especialmente mediante la capacitación de docentes y equipos directivos. Es un convenio por nueve meses y en el cual Faro se compromete a diseñar y desarrollar las instancias de capacitación previstas, aportar contenidos pedagógicos, materiales formativos y acompañamiento técnico especializado, así como brindar los recursos necesarios para la implementación de las actividades acordadas.

En el caso Grooming, se apunta a establecer un marco de cooperación institucional entre las partes para desarrollar acciones conjuntas de prevención, sensibilización, formación y promoción del uso seguro de internet y las tecnologías digitales en el ámbito educativo.

El compromiso asumido por dicha organizar es aportar su experiencia técnica en la temática, colaborar en el diseño de programas y materiales educativos, participar en actividades de capacitación y sensibilización, desarrollar y poner a disposición aplicación móvil para prevenir, denunciar y recibir ayuda frente a casos de grooming.

En comunicación oficial a la Cámara de Diputados de la provincia, el Senado de la Nación informó que el 14 de mayo, desde las 11 se realizará la audiencia pública para considerar el acuerdo para tres pliegos de magistrados federales para la provincia de Santa Fe.

Se trata de los casos de Emilio Rosatti, Walter Rodríguez y Santiago Joaquín Saux, para el Tribunal Oral Federal I; juzgado federal número 2 de Santa Fe y juzgado federal de Rafaela, respectivamente.

La nota del Senado da cuenta que el plazo para presentar preguntas y formular observaciones a las calidades y méritos del aspirante será hasta el jueves 23 de abril, inclusive.

Las presentaciones podrán realizarse en forma digital, a través del sitio web institucional, o en forma presencial ante la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, Hipólito Yrigoyen 1702, 6º piso, Oficina 606, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas.

Por Mario Cáffaro(El Litoral)

La bancada socialista de Diputados ingresó un proyecto de comunicación para invitar a autoridades de los siete municipios más poblados de la provincia para abrir -con datos- la discusión en la Cámara sobre los proyectos vinculados a la actividad de los cuidacoches o trapitos.

Encabezado con la firma de Lionella Cattalini pero con el respaldo de los otros 13 integrantes, entre ellos la presidenta de la Cámara, Clara García, la propuesta es invitar a autoridades de los municipios de las ciudades de Rosario, Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto, Reconquista, Villa Gobernador Gálvez y Santo Tomé, a participar de una reunión en el ámbito de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara.

La bancada socialista pretende que el tema sea votado la semana próxima para que la Comisión de Seguridad que preside el radical Martín Rosúa arme la reunión. El tema, ya votado por el Senado con sugerencias del Poder Ejecutivo, debe pasar en Diputados por el tamiz de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

El objetivo socialista de citar a municipios tiene fundamentos en la necesidad de acceder a información. Los puntos propuestos por la minuta son:

* Cantidad estimada de personas que desarrollan actividades de cuidado informal de vehículos en la vía pública dentro de cada jurisdicción.

* Registros, relevamientos o censos municipales sobre dicha actividad, indicando fecha de realización y metodología utilizada.

* Las ordenanzas vigentes en cada localidad que regulen o establezcan condiciones para el ejercicio de dicha actividad.

* Medidas adoptadas por cada municipio en relación a la actividad de cuidacoches, incluyendo acciones de control, programas de inclusión social, reconversión laboral o asistencia.

* Intervención de áreas municipales vinculadas a desarrollo social, seguridad, empleo o economía social en relación a esta problemática.

* Cantidad de actas de infracción, procedimientos administrativos e intervenciones de la Justicia de Faltas vinculadas a esta actividad en los últimos tres años, en cada municipio.

* Si se han implementado programas de capacitación, empleo o inclusión destinados a personas que desarrollan esta actividad, detallando alcance y resultados.

* Toda otra información que se considere relevante para la evaluación de políticas públicas vinculadas a la regulación de esta actividad.

Catallini admitió ante El Litoral que "el tratamiento legislativo de iniciativas vinculadas a la actividad de cuidacoches exige contar con información precisa, actualizada y territorialmente diferenciada sobre la situación existente en los principales centros urbanos. Se trata de una problemática compleja que involucra dimensiones vinculadas a la seguridad pública, el uso del espacio público, el trabajo informal, la vulnerabilidad social y las políticas de inclusión laboral".

Para la socialista "las respuestas estatales no pueden basarse exclusivamente en medidas de carácter punitivo, sino que deben sustentarse en diagnósticos adecuados y en estrategias integrales".

Para el socialismo los municipios poseen información relevante sobre la magnitud del fenómeno, las modalidades de intervención y las políticas implementadas en sus respectivas jurisdicciones. Los gobiernos locales son los niveles de gobierno que han desarrollado, en muchos casos, experiencias regulatorias diversas, que pueden constituir insumos valiosos para la toma de decisiones legislativas a nivel provincial.

"Contar con datos sistematizados permitirá evaluar el impacto potencial de las medidas propuestas, identificar buenas prácticas y diseñar políticas públicas que contemplen tanto la convivencia urbana como la inclusión social de las personas involucradas en esta actividad", añadió Cattalini.

El expediente votado por el Senado consiste en una modificación del Código de Convivencia. Su nuevo Artículo 66° bis ordena: "Quien, sin contar con autorización de la autoridad competente y cuando se encuentre prohibido por normativa local vigente, ofreciera a cambio de percibir algún beneficio o retribución económica ya sea voluntaria o no, espacios físicos destinados al estacionamiento de vehículos en la vía pública, como así también su guarda, cuidado, lavado o limpieza, se encuentren éstos estacionados o no, será reprimido con trabajo comunitario de dos a diez días y con prohibición de concurrencia al lugar donde se haya cometido la contravención conforme artículo 19 de la presente ley. En caso de reincidencia la pena será arresto de diez a veinte días".

En tanto, el Artículo 66 ter que "La sanción establecida en el artículo 66 bis se elevará al doble en todos sus mínimos y máximos cuando la conducta tipificada sea realizada: a) Con violencia o amenazas hacia personas o bienes; b) En zonas de estacionamiento tarifado o gestionadas por entidades o personas debidamente autorizadas por la autoridad competente; c) En las inmediaciones de hasta 20 cuadras de eventos públicos masivos, durante las dos horas previas y una hora posterior al mismo; d) Con aprovechamiento de una situación de desigualdad de género, edad, discapacidad o de otras circunstancias que afectando a la víctima la coloquen en situación de vulnerabilidad y sean aprovechadas en su perjuicio. e) En horario nocturno (entre las 18.00 h y las 6.00 h) y/o zona escolar, bancaria, comercial o de edificios públicos".

El arresto podrá hasta cuadruplicarse en casos de concurrencia en la falta de más de una persona, algo similar a como se agravan penas por delitos bajo concurso de una asociación ilícita.

Los municipios, según el texto, "podrán solicitar la intervención policial, por la vía ministerial respectiva, a fin de que cese del estado antijurídico mediante el desplazamiento de los presuntos infractores del espacio público en el que se desarrollaba la actividad".

En la Cámara de Diputados hay proyectos de legisladores sobre la temática que se deberán ser compatibilizados con lo acordado en Senado. Uno de ellos lleva las firmas de los oficialistas Walter Ghione (Uno), Astrid Hummel (Pro) y los radicales Ximena García, José Corral, Germán Scavuzzo y Sofía Galnares.

Un plenario de tres comisiones de la Cámara de Diputados definirá el método de trabajo para avanzar con la futura Ley Orgánica de Municipios que tiene fijado un tratamiento preferencial para la sesión que se realizará el 9 de abril.

La presidenta de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Jimena Senn (UCR) convocó para este miércoles a un plenario junto a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General y de Gobiernos Locales a las cuales les fue girado el expediente votado -por unanimidad- por el Senado el pasado jueves. Para la reunión fue reservado el propio recinto de la Cámara.

El propósito de Unidos era sancionar la norma este jueves, pero a pedido de la bancada justicialista, se acordó un tratamiento preferencial para la sesión a convocarse para el 9 de abril. Es más, si en Diputados el oficialismo aceptara cambios en el texto, el objetivo es acordarlos con el Senado para que esa misma tarde los ratifique.

La media sanción del Senado, en base al mensaje del Poder Ejecutivo más proyectos de legisladores, es un texto de 111 artículos. "Todo núcleo de población organizado como comunidad con vida propia se organiza como municipalidad, con el objeto de llevar adelante el gobierno y la administración de los intereses locales con la estructura institucional y con las facultades previstas en la Constitución y la presente ley", marca el artículo inicial.

La nueva Constitución santafesina determinó que las 365 localidades sean municipios.

"Todo núcleo de población organizado como comunidad con vida propia se constituye como municipio y se gobierna por sí mismo con arreglo al ordenamiento jurídico. La Provincia reconoce a los municipios como base de su organización territorial y democrática; y garantiza su autonomía en los órdenes institucional, político, administrativo, económico y financiero, de conformidad con lo previsto en esta Constitución.

La ley establece la delimitación territorial de los municipios y resuelve los casos de fusión y segregación". Así lo dispone el artículo 154 de la Constitución. El texto dispone que los municipios que tengan más de diez mil habitantes pueden dictar sus propias cartas orgánicas. El resto serán regidos por la ley a dictarse.

Más allá del proyecto del Senado, en la Comisión de Gobiernos Locales que encabeza Dionisio Scarpin (UCR) están en tratamiento otros dos proyectos sobre la materia. Una firmado por Celia Arena (PJ) sobre la misma materia y otro de Verónica Porcelli Baró Graf que versa sobre autonomía.

La reunión de este miércoles será únicamente de las tres comisiones de Diputados y allí se resolverá la mecánica de tratamiento o incluso la posible citación a foros de intendentes partidarios o bien a funcionarios del Poder Ejecutivo.

El texto aprobado por el Senado, en líneas generales, tuvo el aval de los diputados de Unidos que participaron de las conversaciones con senadores y con funcionarios del Poder Ejecutivo, especialmente el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia quien junto a colaboradores estuvo el pasado jueves en dependencias de la presidencia del Senado.

La sanción de la nueva Ley para Municipios con las derogaciones de las vigentes leyes 2439 (comunas) y 2756 (municipios) es una manda constitucional. En el oficialismo se aspira a terminar el trámite legislativo en abril para luego poner en discusión la futura Ley Electoral donde -por ahora- hay reuniones informales pero todavía no se avanzó en la redacción del primer borrador.

Sin sorpresas, con amplio respaldo de votos, la Cámara de Diputados ratificó su mesa directiva para el período ordinario que abrirá el domingo el gobernador Maximiliano Pullaro. Así la socialista Clara García seguirá en la presidencia secundada por el radical José Corral y la justicialista Sonia Martorano.

Con la excepción de los cuatro integrantes del bloque Somos Vida y de los tres reelectos que pidieron abstenerse, el resto de la Cámara levantó la mano para confirmar sus autoridades en la primera preparatoria realizada en febrero. El adelantamiento de la fecha -hasta el año pasado fue abril- obedece al cambio dispuesto por la Constitución reformada que estableció que el período ordinario de Legislatura va desde el 15 de febrero al 30 de noviembre.

"Crece la democracia porque crece el período en que puede expresarse la voz del pueblo" había señalado el socialista Joaquín Blanco al postular la reelección de la mesa y subrayar la ampliación del período ordinario.

"No por repetida esta elección deja de ser emotiva y al mismo tiempo nos compele a trabajar aún más", remarcó García al término de la sesión. Como había marcado en el recinto subrayó que "somos personas que venimos de una trayectoria que nos enorgullece y más estar en un lugar como la presidencia de la Cámara de Diputados en un año que va a ser tan vibrante", en alusión a sus compañeros de mesa.

Recordó la socialista que en la actual Cámara de Diputados "tuvimos un primer año muy marcado por las reformas estructurales que el gobernador nos envió y que nos hizo protagonistas" marcó que el propio Pullaro destaca "las leyes de la Legislatura lo permitieron". En cuanto al segundo año, dijo "estuvo muy signado por la reforma constitucional que aquí se llevó adelante. Fuimos la casa anfitriona. Ahora en 2026 nos lleva a la responsabilidad de darle vida a esta suerte de esqueleto que es en la nueva Constitución provincial".

Lo dijo en alusión a la serie de leyes pendientes que se derivan de la nueva Carta Magna. "Es un gran desafío porque no hace solo a la cantidad de normas, sino a la calidad parlamentaria con que lo hagamos", destacó.

Como cada sesión preparatoria, la presidencia recae generalmente en el legislador con mayor experiencia como presentó Blanco a Antonio Bonfatti. El ex gobernador solicitó, como es de rigor, las propuestas y fue el propio Blanco quien abrió la lista de oradores proponiendo la reelección de la mesa. "Es darle continuidad a la mesa elegida en diciembre de 2023 y que en estos dos años ha estado a la altura de los desafíos que tuvimos".

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El socialista no dejó de mencionar que García es la primera mujer en presidir la Cámara de Diputados y también ahora le corresponde ser la primera elegida en febrero. La radical Silvana Di Stefano y la justicialista Celia Arena hicieron los aportes desde sus miradas. "Son compromiso de trabajo" dijo la primera y Arena destacó la importancia de la mujer encabezando el cuerpo más allá de las diferencias en las diferentes temáticas.

Emiliano Peralta, desde Somos Vida explicó la abstención de los cuatro integrantes del bloque por entender que le corresponde al sector la vicepresidencia segunda por haber sido la tercera fuerza. "Nuestra abstención no es contra los nombres" aclaró el reconquistense.

Después, la votación por signos, el juramento de cada uno de los tres reelectos y las palabras de agradecimiento de la socialista quien convocó públicamente al cuerpo para el domingo, a las 8.30, para la primera sesión ordinaria, luego constituir la Asamblea Legislativa y esperar el mensaje del gobernador.

El cuerpo legislativo ratificó sus autoridades antes del mensaje del gobernador Maximiliano Pullaro.

Sin acuerdo para votar los dos proyectos de ley que tenían preferencia, Diputados realizó una última reunión de Extraordinaria votando proyectos de comunicación y de resolución para el funcionamiento interno. Además fueron ingresados una serie de proyectos de ley, entre ellos de la socialista Lionella Cattalini para modificar la ley orgánica del Poder Judicial.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, fue consultada sobre el conflicto de la semana entre un sector de la fuerza policial y el gobierno santafesino. "Destacar la tarea del ministro (Pablo) Cococchioni y del gobernador Maximiliano Pullaro al frente de una conflictividad en la cual sentimos que el reclamo era válido, debía atenderse. Esa fue la decisión que se tomó, pero que también fue muy estricto en cuanto a una suma de definiciones en favor de la fuerza policial que estaban tomadas pero que de manera inmediata debía recomponerse el servicio en la calle".

Acotó la socialista que "en una ciudad compleja en términos de seguridad como Rosario, aún con la dificultad de este conflicto, tuvo en la calle más vehículos y más patrullaje del que veníamos teniendo antes de asumir". Rosarina ella marcó que en la tardecita del miércoles "se podían ver las 250 unidades en los sistemas de control".

Más adelante reflexionó que "como de toda experiencia conflictiva, por supuesto que hay que aprender, hay que escuchar y eso me parece más que positivo. La fuerza policial ha dado todo, hombres y mujeres, mucha gente joven que vienen de otras localidades, han dado muchísimo. El gobernador lo sé, lo ha vivido paso a paso a su lado, en su rol de ministro de Seguridad primero y en su rol de gobernador tiene una enorme valoración por la fuerza policial y penitenciaria. Creo que el tema es un hito en el cual se mira hacia adelante".

Durante 2025, la diputada provincial Fernanda Castellani desarrolló una tarea legislativa sostenida, con un hilo conductor reconocible: transformar demandas concretas del territorio en iniciativas parlamentarias. A lo largo del año, combinó la presentación de proyectos con una presencia activa en distintos puntos de la provincia, en diálogo permanente con comunidades, instituciones y sectores productivos.

El campo y la industria ocuparon un lugar central dentro de ese trabajo legislativo. Castellani impulsó proyectos sobre seguridad rural, ligados a las condiciones de trabajo, el cuidado de la producción y la vida cotidiana en el interior provincial. Presentó propuestas sobre la circulación y el tránsito asociadas a la logística, el transporte y la infraestructura necesaria para el desarrollo de la actividad productiva. Además, planteó la situación del sector agropecuario y de la industria del interior frente al esquema nacional aduanero y de derechos de exportación que alcanza a los granos. En esa misma línea, impulsó medidas orientadas a fortalecer la industria y las economías regionales, acompañando a las PyMEs, la producción local y el agregado de valor en los territorios.

“El campo es trabajo, comunidad y vida cotidiana. Las políticas públicas tienen que partir de esa realidad para fortalecer el arraigo y el desarrollo en el interior de la provincia”, señaló Castellani.

En ese mismo recorrido, Castellani presentó iniciativas orientadas a fortalecer la participación juvenil, como el programa Diputados por un día, y promovió un proyecto de ley sobre educación ética y ciudadana, que pone el foco en la formación, la convivencia democrática y el compromiso cívico. Estas propuestas dialogan con una agenda sostenida de trabajo con estudiantes secundarios y con instituciones educativas, incluidas escuelas y colegios agrotécnicos, que formaron parte del entramado territorial desde el cual se construyeron muchas de estas iniciativas.

“Acompañar la formación de los jóvenes desde una mirada productiva y territorial es parte de mi compromiso como legisladora y una apuesta al futuro de la provincia”.

El liderazgo de las mujeres aparece también como uno de los aspectos más relevantes de su tarea legislativa durante el año. En este sentido, Castellani impulsó un proyecto de ley orientado a reconocer y fortalecer el rol de las mujeres en espacios de decisión, especialmente en ámbitos productivos, sociales y comunitarios, poniendo en valor liderazgos que ya están presentes en el territorio.

“Las mujeres ya están liderando en muchos ámbitos del territorio. El desafío es que ese liderazgo tenga el lugar que merece en las políticas públicas”.

En paralelo, Castellani impulsó iniciativas orientadas a abordar problemáticas concretas que atraviesan a comunidades del interior provincial. El acceso al agua segura ocupó un lugar central, con la presentación de proyectos vinculados a la reducción de arsénico y nitratos en el agua de consumo, a través de propuestas de implementación experimental de tecnologías de tratamiento. Estas iniciativas buscan generar evidencia técnica y sanitaria que permita evaluar alternativas viables y avanzar en políticas públicas que mejoren la calidad del agua y la salud de la población, especialmente en ámbitos rurales.

“El acceso al agua segura impacta de manera directa en la calidad de vida de las personas y en el desarrollo de las comunidades. Contar con información clara y actualizada es fundamental para cuidar la salud de la población y para que el Estado pueda dar respuestas donde más se necesitan”.

El trabajo legislativo de Castellani se completó con la presentación de resoluciones orientadas a reconocer iniciativas educativas, comunitarias y de interés social y territorial, que ponen en primer plano temas y situaciones que atraviesan la vida cotidiana de las comunidades.

“La tarea parlamentaria es cotidiana y exige constancia y compromiso. Cada proyecto forma parte de un proceso que se construye con tiempo, con diálogo y con responsabilidad. Así entiendo mi rol como diputada, y es una tarea que se va a intensificar en el próximo año”, afirmó la diputada.

El año consolida una forma de trabajo sostenida en el tiempo, con presencia territorial y vocación de escucha. Una construcción que integra producción, educación y participación, y que proyecta hacia 2026 la continuidad de un trabajo legislativo comprometido con la vida comunitaria de Santa Fe, con impacto directo en la vida de las santafesinas y los santafesinos.

Para los primeros lectores de esta columna, según se llegue aquí el domingo 20 o el lunes 21, ya habrá pasado una semana desde que comenzó la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe, o se estará en la primera jornada de la segunda semana.

En cualquier caso, se trata, en definitiva de advertir que ha pasado ya una octava parte de los 60 días fijados por la Ley 14.384, a cuya letra -y sobre todo al proceso político único en la provincia previo a su sanción- es siempre conveniente volver cuando se tienen dudas. Y en estos siete días se plantearon con más gestos ampulosos y shows que con argumentos de fondo.

El cronograma que se había imaginado se cumple, es cierto, pero fueron muchos los esfuerzos de cada jornada para alcanzar la unanimidad, que es siempre una palabra relevante en política. Han sido necesarias la mañana, el mediodía, la siesta y la tarde (y hasta noche en un caso) de las dos sesiones que hasta aquí establecieron todo lo que necesitan los lamentablemente 68 convencional y no 69, votados por los santafesinos. (1)

El paso del tiempo no asusta en los ámbitos parlamentarios, pero como dijo un convencional experimentado muy temprano el martes 15, en un diálogo informal y reservado, "la Convención es efímera", se agotará muy pronto. Todo lo contrario de la eternidad con la que parecen convivir cómodamente legisladores, concejales, miembros de comisiones comunales cuando saben que siempre habrá una próxima sesión para volver sobre algún tema, como pasa con las preferencias que se renuevan tantas veces. En los cuerpos parlamentarios todo lleva mucho más tiempo. Esta semana, lo que se estableció fue eso: cómo se organizará lo (poco) que resta para completar las ocho semanas que cambiarán la Carta Magna de Santa Fe. Son horas históricas, propias de un momento extraordinario desde el punto de vista de las instituciones. Y sin embargo requiere de agotadores tiempos muertos.

Sucedió en las dos sesiones celebradas: hubo unas interminables reuniones a puertas cerradas, afuera del recinto ampliado de la Cámara de Diputados entre todos los líderes de cada fuerza política. Al iniciarse las reuniones públicas fueron tensas, cargadas de cuestionamientos desde la oposición ultra (de derecha y extrema derecha). Y tanto el lunes como el miércoles pasados se pasó al cuarto intermedio que permitió que se ordenaran las cosas en Labor Parlamentaria, entre los jefes de los bloques. Las bancadas y las fuerzas políticas son anteriores a la discusión fundacional de la Convención.

Un observador atento al espacio que comparten medios de comunicación y redes sociales -la arena política de hoy- observó que coinciden las cámaras encendidas de profesionales o de los celulares, con esas estridencias opositoras. "Vienen por sus segundos en el noticiero o por sus reeles en sus cuentas", abundó.

El razonamiento es que a mayor atención social sobre el debate de la reforma habrá más complicaciones. La primera semana le ha dado la razón. Habrá que ver qué sucede en la segunda cuando las comisiones se echen a andar con otra dinámica y (según aquella teorización) bajo el ritmo de las opacas biromes sobre las libretas de apuntes sin destellos de los cronistas parlamentarios, que buscan conceptos más que imágenes para unos segundos.

Sí, lo que se desea desde quienes van a ir a cubrir los debates de comisiones es "mucho texto", oír y contar todo. Ese es el rol central de los periodistas de la prensa (en especial de la gráfica), que ya han pedido por vía de sus representaciones gremiales que haya consagración constitucional del libre acceso a la información, además de la Ley de Gobernanza ya sancionada en Santa Fe. La libertad de prensa en el constitucionalismo nació como "libertad de imprenta".

El gobernador en su discurso de inauguración (criticado por todo el arco opositor porque en rigor es ahora "uno más" de los convencionales) acertó sin embargo en su rico contenido. Erró tal vez la forma al comportarse como si fuera el inicio de un período ordinario de sesiones, antes del acto de jura. Maximiliano Pullaro dijo desde el estrado que la reforma "es un hecho político", no técnico. Y que la reforma soñada "no es neutra, produce realidad distribuye poder". Que hay decisiones a tomar en poco tiempo donde se "consagran y amplían derechos o se los restringe, y conservan privilegios", se "consolidan corporaciones e invisibilizan diferencias o por el contrario es una plataforma de transformaciones positivas que contengan a todos y nos pongan con herramientas de cara al futuro".

Michlig preside las sesiones convencionales. Foto: Flavio Raina

Luego de sus palabras y de la jura de los convencionales, el corte para debatir entre jefes de bancadas y la sesión retomada, hubo más definiciones. Desde el peronismo que participó de la sanción de la norma para declarar la necesidad de la reforma se le insistió en que será necesaria la amplitud de la mayoría para que, al expresarse y participar las minorías, se concedan sus pedidos y propuestas para el texto constitucional.

Siempre con lo acordado: reelección para el gobernador y cláusula transitoria para el actual jefe del Poder Ejecutivo. Así se expresaron con más o menos literalidad sobre estos puntos de consenso Juan Monteverde, Diego Giuliano y Lucila De Ponti. Obviamente, no anticiparon posiciones sobre cómo votarán, explicaron en qué consiste el acuerdo político que a unos y otros los trajo hasta aquí. Y el convencional Pullaro parece haber tomado en cuenta las palabras que llegaron desde Más para Santa Fe, al no integrar ninguna de las comisiones. El gobernador Pullaro hubiera tenido, claro, enormes dificultades para participar de esos debates. Otra vez, una cuestión vinculada a lo finito del tiempo.

La Cámara de Diputadas y Diputados realizó la Sesión Preparatoria en el marco de la cual Clara García (Bloque Socialista - Frente Unidos) fue reelegida como presidenta del cuerpo de cara al inicio del 143º Período Ordinario, el próximo 1° de mayo.

También fueron reelectas las demás autoridades del cuerpo. Así la vicepresidencia 1º del cuerpo seguirá siendo ejercida por José Corral (Bloque UCR - Frente Unidos) y la vicepresidencia 2º por Sonia Martorano (Bloque Hacemos Santa Fe - Juntos Avancemos).

A propuesta de Rubén Galassi, la Sesión Preparatoria fue presidida por Antonio Bonfatti por ser el decano del cuerpo. Luego Joaquín Blanco fue el encargado de proponer los nombres para conducir la Cámara baja.

Tras jurar y asumir nuevamente en el cargo, García resaltó el hecho de que “la mayoría de los legisladores haya elegido a las mismas autoridades por tercera vez” para conducir la Cámara baja. “Me atrevo a hablar en nombre de José y Sonia en el agradecimiento a todo el cuerpo, con la convicción de haber puesto lo mejor de nosotros mismos. En ese camino nos comprometemos a continuar con más diálogo, más consenso y más apertura”.

“Este año que pasó –señaló- hemos logrado aprobar la mayor cantidad de leyes en la historia de la Cámara. No solo eso, sino que muchos proyectos aprobados han sido leyes de peso, de gran trascendencia, indispensables para nuestra provincia. El 75% de las leyes se aprobó por unanimidad, y la mayoría por amplias votaciones”, celebró la legisladora, aunque agregó: “Siempre se puede más y a eso nos comprometemos”.

En ese marco, agradeció el compromiso y entrega del personal de la Cámara baja.

De cara a la futura reforma constitucional, García felicitó a las diputadas y diputados que han sido electos como convencionales y confió en que será “la última vez que la Legislatura inicie un período ordinario de sesiones recién el 1º de mayo, dentro de muchos otros cambios que surgirán de la Convención Constituyente. Como legisladores estamos orgullosos de haber sido artífices de modificaciones como la eliminación de los fueros, la inclusión de la ficha limpia, la transformación de la justicia para hacerla más transparente y cercana”, enumeró.

“Seguiremos trabajando por una Santa Fe que sea faro en la construcción de la Argentina que queremos”, finalizó.

La Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe llevó adelante este miércoles un acto de reconocimiento a mujeres y organizaciones que se han destacado en la defensa de los derechos de las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad. La ceremonia, encabezada por la presidenta del cuerpo, Clara García, contó con la presencia de legisladores, autoridades provinciales y municipales, representantes de instituciones académicas y miembros de asociaciones civiles.

Durante el acto, se puso en valor el rol de la mujer en ámbitos políticos, empresariales, sociales y culturales. También se subrayó la necesidad de seguir avanzando en políticas públicas con perspectiva de género.

En este marco,  dos referentes de Venado Tuerto por su destacada labor en la comunidad:  Rut Bruera de Covernton y Alba Nivea Perillo. Ambas han dedicado su vida al servicio de los demás, dejando una huella imborrable en la ciudad y la región.

"Es un honor reconocer a mujeres que con su trabajo diario generan cambios reales en la vida de muchas personas", expresó la presidenta de la Cámara, Clara García, durante la entrega de las distinciones.

El reconocimiento a María Rut Bruera de Covernton, fue impulsado por la diputada Fernanda Castellani y tuvo como fin destacar su amplio trabajo social.

La reconocida venadense es bioquímica y catequista, con una extensa trayectoria docente y un fuerte compromiso social. En 2008, fundó la Asociación Civil Maná, donde funciona un Centro Conin, un espacio dedicado a combatir la desnutrición infantil y promover la inclusión social.

Su labor ha sido clave en la construcción de espacios comunitarios como el playón deportivo de la Plaza de los Sueños, en el barrio Esfuerzo Propio, un punto de encuentro para niños y jóvenes.En 2019, Covernton fue distinguida durante el aniversario número 135 de Venado Tuerto como Ciudadana Notable.

Otra de las mujeres homenajeadas fue Alba Nivea Perillo, a través de un proyecto presentado por la diputada Sofía Galnares.

Tras años de trabajo en PAMI, Alba decidió volcar su vida al servicio de los sectores más vulnerables a través de la Iglesia Catedral de Venado Tuerto.

Su labor social ha impactado en numerosas familias, brindando acompañamiento y asistencia en momentos críticos.

Alba también es Ciudadana Notable de Venado Tuerto y dicho reconocimiento le fue otorgado en 2023, en el 139° aniversario de la ciudad.

Vale destacar que entre las homenajeadas estuvo María Carina Ayub, quien nació en Amenábar y hoy es líder empresarial en el sector de energías renovables.

Entre las homenajeadas se encontraron empresarias, científicas, docentes, activistas, políticas y representantes de organizaciones sociales. Ellas fueron:

• Beatriz Argentina Boquete• Mirta Susana Giménez• Patricia Beatriz Giraudo• Andrea González• Mariana Isabel Magliarense• Ana María de los Ángeles Meiners• Lidia Beatriz Catalina Menapace• Sonia Liliana Motta• María Victoria Noriega  Sánchez• Josefa Paredes• Erika Pasero Proske• María Cecilia Ribecco• Alcira Virginia Sánchez• Gabriela Sosa• Silvina Tamous• Berta Leonor Temporelli• Andrea Paola Travaini

Además, fueron distinguidas asociaciones como:

• Voluntarias de la Maternidad Martin• Mujeres de la Asociación Conciencia Sede Santa Fe• Colectiva de Abogadas Translesbofeministas• Cooperativa de Trabajo Manos Libres Limitada• Red Mujeres para la Justicia

El evento cerró con una fuerte reflexión sobre el papel de las mujeres en la construcción de una sociedad más equitativa. "Las mujeres hemos demostrado que juntas somos más fuertes. La historia nos ha enseñado que la lucha es el único camino para garantizar derechos", se expresó en el discurso final.

Con este reconocimiento, la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe reafirmó su compromiso con la equidad de género y la importancia de seguir visibilizando el trabajo de mujeres que, desde distintos ámbitos, siguen transformando la realidad.

El diputado Martín Rosúa (UCR) ingresó un proyecto para sumar un artículo al Código Procesal Penal e incorporar la figura del juicio en ausencia para determinados delitos "una vez declarada la rebeldía del imputado". El objetivo es incluir el artículo 125 en la norma santafesina.

La iniciativa fue ingresada a las pocas horas de la sanción de una norma nacional en la materia, ley promulgada este viernes en el Boletín Oficial de la Nación bajo el número 27.784.

"El proyecto tiene como objetivo poder lograr el juzgamiento de los presuntos autores de una serie de hechos ilícitos, considerados como los más gravosos del Código Penal de la Nación, y así evitar la impunidad por el transcurso del tiempo en los casos que los imputados se sustraigan al proceso y permanezcan prófugos", señaló Rosúa a El Litoral.

El actual código de procedimiento penal provincial indica la necesidad que el imputado se haya encontrado presente - como mínimo hasta la primera audiencia posterior a la apertura del juicio oral-, caso contrario el juicio oral y público no podrá realizarse en su contra.

Esta circunstancia es la que pretende modificar el proyecto de ley, intentando incorporar el juicio en ausencia, es decir, la posibilidad de que en ciertos casos y bajo ciertas condiciones, el juicio oral y público pueda realizarse aun encontrándose el imputado prófugo de la justicia.

El proyecto establece las circunstancias que ameritarían la realización de este tipo de juicios:

La redacción propuesta por Rosúa para este artículo advierte que en los casos previstos "en cualquier etapa del proceso, el imputado tiene derecho a designar un abogado defensor a través de los mecanismos establecidos en el presente código de procedimientos, caso contrario el juez de oficio designará un defensor oficial quien lo representará hasta la finalización del proceso".

Acota que "en caso de comparecencia personal posterior a una sentencia condenatoria, el condenado podrá presentarse y ejercer todas las defensas que estime oportunas ante juez competente de primera instancia, quien deberá ordenar fa elevación de la causa para ser revisada por un Tribunal de Apelación".

"Este último, correrá traslado de esa presentación al Ministerio Público Fiscal, y fuego decidirá si confirma o revoca la sentencia de primera instancia, o en su caso considera necesario la reapertura de la causa y la realización de un nuevo juicio; todo ello en base a las pruebas que aporte en el imputado al momento de formalizar su comparencia", agrega.

"Son numerosos los casos de delitos graves donde el imputado o bien se mantiene fugitivo desde la génesis del proceso, o - analizando las altísimas probabilidades de condena y la pena de cumplimiento efectivo -- se fuga antes del inicio de las audiencias del juicio oral y público; logrando no solo la impunidad con el paso del tiempo, sino la revictimización de la víctima y sus familiares", suma.

El diputado explicó a El Litoral que "ello se hubiese evitado en caso de existir esta posibilidad de realizar un juzgamiento en ausencia al menos para esta clase de delitos que son, a mi entender, los más graves del Código Penal".

Días atrás, un proyecto de similares características fue sancionado por el Congreso que incorporó el art. 190 bis al Código Procesal Penal de la Nación, haciendo posible el juzgamiento en ausencia de los delitos comprendidos en el estatuto de Roma y/o la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad.

Al igual que en proyecto sancionado en la Nación, la incorporación del instituto de juicio en ausencia no se encuentra en pugna con los principios y preceptos de la Constitución Nacional, ni con los tratados internacionales con jerarquía constitucional.

Se intenta que la norma garantice a los imputados su representación en juicio con un defensor particular u oficial, prevé la revisión de la sentencia, y en su caso la reapertura y realización de un nuevo juicio cuando el Tribunal de Alzada así lo requiera.

"Por lo tanto, el derecho de defensa como el derecho a ser oído se encuentran sólidamente garantizados y pueden ser ejercidos en su plenitud", aclaró.

La Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe cerró el período legislativo 2023-2024 con la aprobación de 157 leyes, en su mayoría por unanimidad o amplias mayorías, y coronó la última sesión con la sanción de la Ley de Necesidad de la Reforma Constitucional, después de 62 años. “Son números que dan cuenta de un trabajo sostenido durante todos estos meses en las reuniones periódicas de las comisiones y de labor parlamentaria, donde se discutieron, mejoraron y acordaron las propuestas para llevar al recinto”, resaltó la presidenta del cuerpo, Clara García, primera mujer en ocupar ese cargo en la provincia.

“De la totalidad de proyectos aprobados, 117 (75%) fueron votados por unanimidad, lo que expresa la voluntad de diálogo y la búsqueda de consensos que nos propusimos desde el primer día que asumimos en la Presidencia de la Cámara, y que fue acompañado por el conjunto de legisladoras y legisladores”, afirmó García. “Hemos aprobado leyes urgentes y otras que abordaron cuestiones de fondo; mensajes del Ejecutivo proyectos del Senado e iniciativas de las diputadas y diputados”, describió la legisladora, destacando en particular la reciente la sanción de la norma que inicia el proceso de reforma constitucional con 37 votos a favor sobre 50, después de sintetizar en un dictamen común los 9 proyectos presentados por miembros de distintos bloques. “Es un claro ejemplo de la manera en que trabajamos a lo largo de este primer año, que cierra con una ley de trascendencia histórica y refleja el cambio de época que vive la provincia”, resumió. En esa línea, también destacó La aprobación del Presupuesto 2025 con 44 votos positivos en la última sesión.

El trabajo legislativo arrancó en diciembre de 2023 con una batería de iniciativas impulsadas por el gobernador Maximiliano Pullaro para atender diversas urgencias. “Ese paquete de 26 proyectos aprobados en extraordinarias tuvo que ver fundamentalmente con la seguridad y la justicia, es decir, con un fuerte compromiso para devolverle la tranquilidad a la gente y para marcar un claro freno a la impunidad. La Ley de Emergencia en Seguridad permitió, al agilizar procedimientos administrativos, la incorporación de 1.000 móviles para garantizar el patrullaje en las principales ciudades y allí donde fuera necesario”, señaló García.

“Con la ley de narcomenudeo los fiscales provinciales hoy pueden llevar adelante investigaciones, derrumbar búnkeres y ordenar detenciones. Antes era una atribución de la justicia federal, con la falta de resultados que ya conocemos”, resaltó al tiempo que añadió la reforma al Ministerio Público de la Acusación, que permitió al organismo fijar una política más eficiente para perseguir el delito.

La titular de la Cámara baja también mencionó la modificación de la norma que regula las penas de las personas condenadas a fin de separar a los presos más peligrosos, que pasaron a estar bajo un régimen más estricto y restrictivo. Y la nueva ley de inteligencia, que permite gestionar información para prevenir el delito y dar batalla al crimen organizado. “En conjunto, estas herramientas fueron decisivas para mejorar las condiciones de seguridad, en especial en Rosario, lo que no marca un punto de llegada sino un camino que seguimos recorriendo y revisando”, aclaró.

Se sumó la emergencia en materia social, educativa y sanitaria con el objetivo de dar respuesta inmediata a los sectores más necesitados en un contexto de altos niveles de pobreza e indigencia, y poner en marcha distintos programas con la mayor celeridad. De la misma manera, con la emergencia hídrica y ambiental se atendió a localidades afectadas por distintos fenómenos climáticos.

“En esta Legislatura nos hemos animado a generar cambios fundamentales –continuó García-, como la reforma judicial, que se concretó a través de un trabajo puramente legislativo y contó con el aporte de varios bloques. El objetivo es lograr una justicia más cercana a la sociedad, más abierta, eficiente y con mayor legitimidad”, dijo. La iniciativa lleva la composición de la Corte Suprema de seis a siete miembros, fija la edad límite para el cargo y detalla el mecanismo para la renovación, además de establecer otros lineamientos que apuntan a dotar de mayor transparencia al Poder Judicial.

Otra iniciativa surgida en la Cámara baja y que logró amplios consensos, fue la ley para la prevención de la ludopatía, una problemática que atraviesa a miles de familias y que con la pandemia y el acceso a la tecnología está causando graves problemas, sobre todo en los jóvenes. La norma, pionera en el país, establece un marco regulatorio para proteger a los usuarios y regular la industria del juego, tanto en entornos tradicionales como digitales. Fue la síntesis de proyectos de distintas bancadas y audiencias realizadas en el recinto.

“Tampoco esquivamos las cuestiones más complejas que imponen este momento del país y este gobierno nacional”, aseguró García en referencia a la reforma previsional impulsada por el Poder Ejecutivo: “Se conformó una comisión integrada por diputados, senadores, representantes del Poder Ejecutivo y trabajadores estatales que elaboraron un dictamen que mejoró la propuesta original. Hemos actuado con un gran sentido de la responsabilidad, salvaguardando los derechos e intereses de los santafesinos en el presente, pero también a futuro”.

La apertura y convocatoria de la Cámara fue permanente para abordar diferentes temáticas. Se realizaron innumerables reuniones con actores de la sociedad civil para abordar cuestiones como la prestación de servicios públicos, el estado de las rutas nacionales, las reformas a la justicia, y la situación de la educación pública y las universidades, entre otros temas.

“En 2025 aspiramos a seguir con este ritmo, coordinando el trabajo legislativo con el gobierno y el Senado para hacerlo más eficiente y avanzar con leyes que la provincia necesita a fin de mejorar la seguridad, garantizar la educación y la salud, el desarrollo y las obras de infraestructura para convertirse definitivamente en el motor productivo de la Argentina”, concluyó García.

En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, la diputada provincial y presidente de la Comisión de Ambiente de la Cámara baja de Santa Fe, Sofía Galnares, participó de dos importantes encuentros diplomáticos.

Con la embajadora de Costa Rica, Ginnette Campo Rojas, conversó acerca de la experiencia de cooperación internacional de ese país en materia de Turismo Sostenible y formación ambiental que tienen disponibles. Además, actualizaron información referida al análisis que se desarrolló para concretar el plan de turismo sostenible para la Reserva Natural Laguna El Hinojo, que contó con la colaboración del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) de ese país.

“Estoy impulsando una agenda de Relaciones Internacionales porque creo firmemente que los vínculos con el mundo son fundamentales para el desarrollo de nuestra provincia y región. Santa Fe tiene un enorme potencial tanto para Argentina y como para el resto del mundo”, manifestó Galnares. Y agregó: “Es muy importante poder dialogar con los embajadores, ya que son los representantes de los intereses de toda una nación”.

Más tarde, la diputada se reunió con el embajador de Irlanda Gerard McCoy, acompañada por Hernán Rossi, representante de Santa Fe en CABA, con quien dialogaron sobre la importancia de recuperar los lazos históricos que unen a los irlandeses con los santafesinos, y avanzar en proyectos educativos, especialmente para la provincia de Santa Fe.

Para finalizar, participó de un Seminario en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, en conmemoración de los 40 años de la firma del Tratado de Paz y Amistad con Chile, que pusiera fin al conflicto del Canal de Beagle.

“Durante muchos años hemos estado de espaldas al mundo, es hora de avanzar, de desarrollarnos, de construir puentes. Para eso son las relaciones internacionales, promueven la cooperación en áreas como el comercio, la educación y la cultura, y permiten abordar soluciones para problemas globales, como el cambio climático y el ambiente”, concluyó Galnares.

Sobre tablas, por unanimidad, la Cámara de Diputados dio más plazo al uso de vehículos para el transporte de pasajeros, ya sea a demanda o en servicios regulares, a nivel provincial y giró el expediente para su posible sanción por parte del Senado.

De prosperar la iniciativa, el régimen de excepción permitirá la incorporación y permanencia en servicio de vehículos al parque móvil de aquellos servicios de transporte de pasajeros caracterizados como regulares y a demanda de jurisdicción provincial conforme el siguiente detalle: hasta 12 años de antigüedad máxima para incorporación de unidades al servicio con vigencia hasta el 31/12/2025; y hasta 15 años de antigüedad máxima para permanencia en servicio de las unidades habilitadas que se encuentren en período de prórroga superando los 10 años de antigüedad.

El proyecto aprobado es de la Comisión de Transporte de la Cámara que preside Lucila De Ponti (Santa Fe Sin Miedo) y es consecuencia de reuniones que mantuvieron en el norte santafesino con trabajadores del sector del transporte a demanda. También hubo contactos informales con las cámaras empresariales que reúnen a los servicios de pasajeros provinciales.

Este tipo de transporte de pasajeros se encuentra definido en la ley 14080, dictada en 2022, como "aquel servicio de transporte de pasajeros que, con carácter oneroso, se efectúa a los fines de satisfacer necesidades de traslado específicas o estacionales, destinadas al turismo, recreación y esparcimiento o razones personales; al transporte de personal de empresas, órganos y entes estatales o al transporte de escolares, deportistas y estudiantes, a demanda de un grupo determinable".

En Reconquista, la comisión de Transporte escuchó a representantes del sector que presentaron un diagnóstico de situación de la realidad actual del servicio. Allí se manifestó la persistente dificultad de recuperación de la actividad luego de la pandemia por el COVID-19. Una de las expresiones versó en torno a las dificultades logísticas y económicas que devienen de la obligación de realizar la Revisión Técnica Vehicular cada tres meses como requisito provincial y cada cuatro meses como requisito nacional, redundando en siete revisiones anuales para quienes realizan recorridos que exceden el territorio santafesino. Por otra parte, la antigüedad de los coches habilitados se vio modificada por el régimen de excepción establecido por la ley 14080, pero esta excepción ya venció. El proyecto votado atiende las situaciones planteadas ante una situación económica delicada del país y de la región, explicó De Ponti. Firmaron además el texto Carlos del Frade (FAS), Rubén Galassi (PS), María del Rosario Mancini (PS) y Edgardo Porfiri (Somos Vida).

El texto pasó por comisiones y llegó al recinto el dictamen de Asuntos Constitucionales donde determina que las unidades que superen los diez años de antigüedad tendrán que realizar la revisión técnica obligatoria cada cuatro meses.

Por otra parte, se determinan que los colectivos modelo año 2011 podrán circular hasta el 28 de febrero 2027; los modelos 2012 hasta el 28 de febrero de 2028 y los modelos 2013/14 y 15 hasta el 28 de febrero de 2029.

La Cámara de Diputados fijó tratamiento preferencial para tres proyectos de ley que apuntan a transformar en impar el número de ministros de la Corte Suprema de Justicia, entre otros aspectos. La preferencia fue fijada para dos sesiones y recaerá en la primera sesión de noviembre, el último del período ordinario de sesiones.

El proyecto de los 14 diputados socialistas ingresado en la sesión de este jueves se adjunta a los expedientes sobre la temática ingresados por Ariel Bermúdez (Creo) y Fabián Palo Oliver (FAS). Las tres iniciativas serán consideradas en dos comisiones: Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales.

“Es imprescindible recorrer los pueblos y ciudades para conocer sus realidades y brindar soluciones concretas. Lo hace el gobernador (Maximiliano) Pullaro todo el tiempo y desde la Cámara de Diputadas y Diputados también estamos al lado de los gobiernos locales, que tienen un rol muy importante porque son los primeros en poner la cara con la gente. Ese es nuestro modelo de gestión; no se puede legislar sin conocer el territorio”, sostuvo Clara García, presidenta de la Cámara baja, en declaraciones periodísticas durante una recorrida que incluyó localidades de los departamentos Castellanos, San Cristóbal, San Justo y Vera.

En tal sentido, la legisladora advirtió que “viene el tratamiento de la ley de presupuesto para el próximo año y toda la información que recogemos es esencial para definir un proyecto que dé respuestas a los intendentes y presidentes comunales que son la voz de los vecinos y vecinas”.

En Castellanos, García se reunió con el intendente de Sunchales, Pablo Pinotti, y su gabinete. Además, participó de la apertura de la Fiesta Nacional de Fútbol Infantil. Luego pasó por Rafaela donde mantuvo contacto con medios locales, acompañada por Alejandro Ambort, coordinador de Políticas Metropolitanas del municipio, y la exconcejala Natalia Enrico.

Más tarde se trasladó a Suardi, donde entre otras actividades mantuvo un encuentro con el intendente Hugo Boscarol y parte de su gabinete. La recorrida continuó en San Guillermo y San Cristóbal, donde asistió a la Fiesta Nacional del Caballo junto a la diputada provincial Sofía Masutti y los concejales Agustín Peretti (Suardi) y Maximiliano López (San Cristóbal), y el diputado provincial Pablo Farías.

En San Justo, García visitó un emprendimiento productivo en La Penca y luego el Club Deportivo Unión de Gobernador Crespo, para finalizar la gira en La Gallareta (departamento Vera), donde compartió con el presidente comunal, Fernando Nicola, la 39º Fiesta Provincial del Amigo.

“Hoy los municipios y comunas tienen que enfrentar cuestiones que, si bien son de resolución provincial o nacional, los atraviesan en el día a día porque son los primeros en recibir los reclamos”, valoró García y en ese sentido mencionó desde “las cuestiones productivas, de empleo, de créditos para emprendimientos y las industrias”, hasta “las necesidades sociales, que son muchas, y las de seguridad, donde si bien han mermado de manera notoria los homicidios, todavía persisten los robos y delitos menores, que afectan a las localidades más pequeñas”.

La titular de la Cámara baja fue categórica a la hora de referirse a la gestión de gobierno: “Defiendo lo que estamos haciendo en la provincia de Santa Fe en un escenario nacional muy malo, malísimo, donde al que piensa distinto se lo agrede, se le falta el respeto, se le cierra la institución a la que pertenece. Buscamos soluciones en un escenario complejo –describió-, donde la Nación no solo dejó de cumplir con los aportes para nuestra Caja Previsional sino que cortó los recursos para el transporte de pasajeros, el Fondo de Incentivo Docente, los comedores escolares, los medicamentos de alta complejidad, la obra pública. Eso hoy lo cubre la provincia. No se puede hacer cargo de todo lo que la Nación deja de cubrir, pero hay una enorme vocación de diálogo y voluntad de resolver cada problema”, aseguró.

Consultada sobre el presente de Unidos, en tanto, explicó que es “un frente electoral que siempre tuvo claro que tenía que convertirse en un frente de gobierno y hoy se ve en una gestión sólida y en una convivencia muy fluida de todas las fuerzas que lo integran tanto en el gobierno que encabeza la UCR, de donde proviene el gobernador, como en la Legislatura y en la gestión de muchos intendentes y presidentes comunales. Nosotros defendemos a Santa Fe; eso siempre está primero y es lo que hace a la convivencia dentro de Unidos”, afirmó.

Por Mario Cáffaro

La socialista Clara García es la primera mujer en presidir la Cámara de Diputados en Santa Fe y con El Litoral evaluó el primer semestre de la tarea y trazó los desafíos para la segunda etapa del año, siendo muy cauta en las definiciones a adoptar en el tema previsional. En cambio, está decidida a avanzar con una reforma constitucional a la que considera necesaria en Santa Fe. Más allá de la lesión en uno de sus pies de comienzo de año, la socialista no para de recorrer la provincia y acompañar al gobernador Maximiliano Pullaro en los principales actos, recordando que ambos tuvieron la escuela del ex mandatario Miguel Lifschitz. En el receso parlamentario, García también tiene agenda a tiempo completo.

- Terminó la primera etapa del año legislativo donde el oficialismo concluyó votando casi todos los mensajes del Poder Ejecutivo. ¿Qué espera para el resto del año, donde se aguardan debates sobre varios temas, entre ellos la reforma previsional?

- Primero, fortalecer algo que decíamos en campaña: qué importante que es la elección de diputadas y diputados, porque por nuestro sistema electoral es el ámbito donde un gobernador puede tener el apoyo para obtener las leyes que necesita. En este caso fue así y con creces, porque hemos tenido una cantidad inédita de leyes votadas, un récord, pero además una calidad parlamentaria interesante porque la gran mayoría de esas leyes surgieron con votos que no eran sólo del frente Unidos, sino que abrimos a otras miradas, a la riqueza que dan las opiniones diversas. Tomo de este primer semestre ese aprendizaje para fortalecerlo y continuarlo, más allá de que pueda haber otros temas en los cuales tengamos divergencias.

Por otro lado, es cierto que las leyes sancionadas apoyaron y mucho la gestión de gobierno. Tomemos el ejemplo de la inseguridad. Varias normas tuvieron que ver con la policía, el Servicio Penitenciario, con la justicia como ordenador y acción de persecución penal y han dado muy buen resultados. Son aprendizajes organizacionales muy buenos en política y en gestión. Entender cuánto desde un legislativo podés apalancar la gestión del Ejecutivo, que por otra parte es muy activo, muy presente territorialmente y con muchos proyectos. Se vienen ahora momentos en los cuales pesan más los proyectos de los propios legisladores y quizás otros temas que son los que interesan, temas de fondo como la futura ley de Educación, el Presupuesto 2025, donde vamos a marcar prioridades para ese año; temas que hacen a la producción y el empleo. Será un semestre muy activo y más diversificado que el comienzo, en el que eran mensajes, la mayoría relacionados con seguridad y justicia.

- Uno de los temas de agosto será la reforma previsional, tema donde van a tener la presión de los gremios estatales.

- El proceso para la reforma de la caja de previsión de los empleados públicos ha sido importante en varios sentidos. Primero porque quedó en claro que la órbita de la Caja sigue siendo el estado provincial. Lo incorporamos en la Cámara de Diputados en la ley y realmente es fruto de esa convicción.

Lo segundo, es la insistencia ante la Nación de la cobertura de aquellos recursos que nos corresponden por ley, que hay que decirlo, también el gobierno nacional anterior había demorado. Es decir, hay una deuda importante del gobierno nacional anterior pero que este gobierno, a través de un DNU, da por tierra con esa cobertura. Sobre este tema, en la ley incorporamos en la Cámara de Diputados la exigencia de fortalecer que el Ejecutivo haga la presentación administrativa en lo que se pueda, pero también de ser necesario que judicialice ese reclamo.

Lo tercero tiene que ver con una mesa, esta comisión, enormemente amplia y abierta a todos los gremios que tienen relación directa con la caja, también municipios y especialistas, e intentar un acomodamiento que no lesione derechos adquiridos, que tenga gradualidad en el tiempo, porque nunca se puede solucionar todo de entrada.

Una cuarta consideración es el esquema político regional. Una de las actividades más importantes de la Región Centro de este año ha sido que los tres gobernadores fortalezcan su postura respecto a la exigencia de que la Nación cubra estos recursos. Recordemos que cuando allá por los años 90 muchas provincias cedieron la caja a la Nación, se desligaron de este costo. Aquellas que no la cedimos, la Nación tiene la obligación de resarcir hasta el límite de lo que se hubiera compatibilizado con el sistema nacional. Eso cubrió durante muchos años un porcentaje muy alto del déficit y es de justicia hacia las provincias como Córdoba y Entre Ríos, que no lo cedimos.

- La mayoría de los santafesinos no tienen por qué subsidiar un sistema previsional del cual no son beneficiarios.

- Es el sistema de los empleados públicos de órbita provincial, muchos de órbita municipal también que, por supuesto, tienen derechos adquiridos. Reivindicamos el porcentaje de jubilación, ha sido una bandera de nuestros propios gobiernos, y quizás haya que tener en cuenta algunos puntos para equilibrar estos números.

- También asoma en la agenda la reforma constitucional. El Poder Ejecutivo ha dicho que es un tema de la Legislatura. En la cámara que preside hay varios proyectos. ¿Está definido el camino que van a tomar este año?. Ustedes como socialistas tienen experiencia, incluso Miguel Lifschitz siendo gobernador logró que el tema llegue al recinto de Diputados, donde no logró la mayoría especial necesaria.

- Estamos transitando un buen camino político para llegar a esa definición, con diálogos, con búsqueda de acuerdos. Hay varios proyectos de los más diversos espacios políticos. En el socialismo, como nos gusta ser serios, hemos creado una mesa específica que además dirige Raúl Lamberto, un histórico de nuestro espacio socialista, abogado, colaborador de Estévez Boero cuando fue convencional constituyente hace ya 30 años. Justamente para que tengamos una propuesta de temas a llevar a la mesa. Es un camino político que estamos transitando.

- ¿Qué se transita este año también?

- Creo que es un buen año para transitarlo, sí.

- Generalmente en estos temas, más allá de institutos nuevos, lo que siempre ha trabado todo es la posibilidad de abrir la reelección al gobernador.

- Es el único cargo en toda la provincia que no tiene reelección. La tienen los legisladores, diputados y senadores, la tienen los intendentes y presidentes comunales, la tienen los concejales. Los dos únicos cargos que no tienen reelección son el de gobernador y vicegobernador. Vamos por los acuerdos. Son temas que todavía no han sido tratados y definidos. Hay muchos otros temas de nuestra Constitución para mirar. No tener fueros en la política; abrir a realidades de minorías y de diversidades que no existían en 1962; abrir a qué Consejo de la Magistratura queremos e incorporarlo a nuestro plexo constitucional.

Allá por el 2018 cuando Miguel Lifschitz hizo la propuesta de necesidad de la reforma, me tocó tomar la palabra y lo dije en ese momento y lo repito: de los 60 convencionales constituyentes había sólo una mujer, una abogada rafaelina. Eso te da cuenta de una pintura de época tan diferente a la nuestra. Fue votada incluso esa Constitución fortaleciendo la democracia, que estaba en peligro. Había un golpe de estado en ciernes. Me parece que nos debemos la reforma, y somos una de las pocas provincias, que no se ha adecuado al cambio constitucional nacional.

- ¿Cómo imagina el año que viene el marco de Unidos en la provincia y lo que pasa en la política nacional? Los socialistas son los más críticos al gobierno central, dentro de la alianza de gobierno de Santa Fe. Los diputados nacionales de su espacio no han votado la ley Bases.

- Primero, la experiencia de Unidos en Santa Fe. Cuando demoramos en darle formalidad a aquel frente de frentes tenía que ver con estar seguros de que íbamos a encontrar puntos de acuerdo que sirvieran no solo para ganar una elección, sino para gobernar. Creo que fue un tiempo muy útil. Fue una inversión ese año, porque cuando llegamos a Cayastá, el lugar simbólico donde hicimos el acuerdo y donde comenzó a llamarse Unidos, teníamos limadas las diferencias. No porque no existieran, sino porque nos habíamos dedicado a fortalecer todas aquellas cuestiones que nos unían para el bien de Santa Fe. Y así fue.

Nos quedaba claro que en la órbita nacional íbamos a tener diferencias. Las hay dentro incluso de los propios partidos. No todos los legisladores han votado de la misma manera en ninguno de los partidos que conforman el frente Unidos. Como experiencia, es positiva, y es una experiencia que puede replicarse en la órbita nacional. Encontrar los puntos de acuerdo y hacerlo en favor de Santa Fe. Yo creo que es un modelo. Cuando yo te decía, el modelo que como presidenta de la Cámara comparto con mis pares es de respeto, de escucha, de mucho trabajo y de que cuando hay diferencias no van por la violencia verbal, ni por la descalificación del otro. Ojalá la Argentina tome ese modelo también.

- ¿Usted cree que Unidos puede mantenerse unido, pese a la misión nacional que viene?

- Es una buena expectativa de que así ocurra. Con los vaivenes de la política nacional cuesta pensar cuál va a ser el escenario. Pero la gente nos pide, dejen de lado las diferencias. Y trabajen en favor de la vida de todos. Es cierto que tenemos pertenencias políticas diferentes, ahora, cuando hubo que decir no a las retenciones que querían ponerse, tuvimos una única voz. Cuando hubo que oponerse a la quita de subsidios al transporte, tuvimos una única voz. Cuando hay recorte de la obra pública, allá vamos juntos a pedirle a la nación que revierta esa decisión. A la hora de gobernar te unen las decisiones en favor de la provincia.

- Usted, socialista preside Diputados; Scaglia Pro, vicegobernadora; Michlig, radical, preside el Senado. No ve incompatibilidades, se sienten cómodos...

- Nos sentimos muy cómodos porque, como digo, era una condición que entendíamos iba a ocurrir desde el minuto cero. Nuestra unidad en favor de Santa Fe, divergencias a la hora de la mirada nacional. Convivimos con respeto en esas divergencias.

"Es el amor al propio grupo lo que determina la posibilidad de transferir el amor al resto de la humanidad. El problema son los que odian a todos". Silvia Bleichmar

Por Alejandra Rodenas (*)

El 23 de abril probablemente será una fecha histórica. Por eso, en el marco de la sesión parlamentaria del 17 de abril pasado, en la Cámara de Diputados de Santa Fe puse de manifiesto la necesidad de adherir a la Marcha Federal Universitaria Nacional. No será una marcha más. Será (y es) una forma de defender en las calles el complejo entramado del sistema universitario científico tecnológico que este gobierno ataca de manera frontal.

La pavorosa desfinanciación es apenas la punta del iceberg. Porque lo que se busca es desguazar este sistema y toda una tradición y un presente vinculados al conocimiento, el activo más importante de cualquier nación soberana. Lo que está en juego es el concepto mismo de democracia, de institucionalidad, el rol del Estado y los ciudadanos y ciudadanas como sujetos que ejercemos nuestro pensamiento crítico. En ese marco, circula la idea de que en las aulas existe algo llamado "adoctrinamiento". Resulta insultante como concepto, entre otras razones, porque desconoce el complejo entramado histórico y social sobre el que se asienta la educación.

Lo digo como legisladora, pero también como docente de la Facultad de Derecho. Y como la estudiante que fui a comienzos de los años 80, cuando ir a la universidad era un modo de escapar del oscurantismo. Porque allí nos volvíamos a encontrar desde una diversidad de ideas que la dictadura había pretendido exterminar. Aquello sí había sido adoctrinamiento, pagado con silencio y, lo que es peor, con miles de vidas cuyo destino se desconoce aún.

Discutíamos el derecho y nuestros derechos. Escuchamos dictar clase a los que aún justificaban la legitimidad de un sistema dictatorial y a los que volvían de la persecución y del dolor; nunca más justo recordar al maestro Juan Carlos Gardella en esta reflexión. Escuchamos a los solemnes y a los poderosos. A los burócratas del texto de memoria y a los que entre líneas te permitían pensar y repensar. Reflexionar. Discernir. Discrepar. Coincidir.

Estos son los verbos que siguen conformando la maravillosa maquinaria que le da vida a una de las instituciones más valiosas de la democracia. La misma que puede habitar un sujeto cuando una vocación lo atraviesa y sabe -porque lo siente en el alma y en el cuerpo- que el deseo es más fuerte que cualquier obstáculo, que cualquier decisión tomada desde el escritorio de los que creen que pueden decretar que tu vida transcurra entre restricciones y rivalidades hostiles y meritocráticas.

Ellos odian lo diverso porque la diversidad y el pluralismo atentan contra su proyecto de país. La universidad no adoctrina. En la Universidad las doctrinas coexisten y tensan el campo del conocimiento porque todos sabemos que no existe lo absoluto, ni lo eterno, ni lo inmutable en este plano en el cual la ciencia no compite con la fe ni con las creencias religiosas. Si algo sostiene el proceso de enseñanza y de aprendizaje es la certeza de que los matices, las búsquedas, la diversidad, la tolerancia y el respeto es lo único que nos puede convertir en sujetos libres de elegir.

Libres. Situados y libres. Solidarios y libres. Respetuosos y libres.

Así tal cual lo define el propio concepto de Universidad. Tomo como referencia a la Reforma de 1918, al paradigma de la libertad de Cátedra que se amplía con la inclusión y la gratuidad universitaria, que luego sería también parte de la gesta del peronismo que este año celebra 75 años. Y cito aquí a Liliana Herrero, quien por estos días advierte de la necesidad de hablar de "Universidades", en tanto la creación de nuevas Casas de estudio en todo el país conforma un renovado modelo de justicia social. Liliana, maestra, amiga y compañera, a quien tuve el honor de acompañar en Introducción a la Filosofía y a las Ciencias Sociales como ayudante de cátedra en el CBC del año 1986, cuando en la Facultad de Derecho, de la mano del decano normalizador Carlos Lorenzo y de su secretario académico, Oscar Blando, se instituyeron las Cátedras Paralelas.

Por esa facultad donde me formé como abogada, donde fui docente, donde encontré maestros y maestras como los que se mencionan arriba, siguen transitando quienes creen que el derecho es producto de la voluntad divina y los que creen que un legislador es un sujeto aislado e imparcial que construye las normas jurídicas en un laboratorio ajeno a la sociedad en la que vive. También la habitamos los que creemos que el derecho es una práctica social y por ende, nunca neutral y siempre anclada en las demandas sociales que lo preceden.

Porque el juicio crítico se construye a partir de esas tensiones. Esa herramienta poderosa y constituyente es la que inspira y motiva a quienes -vaya paradoja- clausuran el debate de ideas, lo vacían y lo desnaturalizan hasta hacerlo caer en un campo árido de verdades prefabricadas por algoritmos e inspectores del pensamiento.

Desde ese lugar tejen un nuevo campo de disciplinamiento social: el que acude a verdades absolutas sin verificación, a definiciones grandilocuentes y a mensajes deshabitados de toda consideración ética y política. Porque en definitiva de eso se trata: de instalar la fe en una política sin política, sin debate, sin argumentación.

Es tiempo de revisar cómo construimos una estrategia colectiva para poner a salvo nuestro porvenir. El porvenir de una racionalidad democrática que vuelva a abrir la puerta sin restricciones, sin atajos, con escalones que garanticen esa movilidad social ascendente tan propia del sistema social argentino. El conocimiento que surge de la construcción conjunta y de la rebeldía frente a la opacidad que trae el oportunismo de un slogan que debemos sacudir de su propia modorra.

El adoctrinamiento es justamente creer en el adoctrinamiento. Por eso, la marcha será un acto de libertad democrática y de soberanía. Y de amorosa confianza en lo que somos capaces de construir como sociedad enlazada con las vivencias que nos han brindado las Universidades públicas a todos y a cada uno. Porque no hay política sin historia, sin memoria, sin ese temblor personal de las evocaciones que nos trajeron hasta acá. Las mismas vivencias personales y colectivas que hoy nos devuelven a las calles. Allí nos vemos.

(*) Diputada provincial de Santa Fe

El diputado Walter Agosto (Hacemos Santa Fe) ingresó el pasado jueves un pedido de informes referido a la relación entre nación y provincia por el sistema previsional santafesino ante la decisión del gobierno federal de dejar de transferir los recursos prometidos e incluso los alcances de Decreto de Necesidad y Urgencia número 280 que también compromete esos fondos.

La minuta comienza por preguntar "si el Poder Ejecutivo Nacional, a través de Anses, ha remitido los fondos correspondientes para el financiamiento de la Caja de Jubilaciones y Pensiones durante el año 2024, indicando en ese caso los montos mensuales". Después pasa a preguntar para el caso de no haber percibido la provincia dichos recursos, "qué acciones administrativas y/o judiciales ha llevado adelante el Poder Ejecutivo provincial para preservar los derechos de la provincia". Enseguida reclama conocer "qué acciones ha llevado a cabo el Poder Ejecutivo, a partir del 12 de diciembre pasado, para dar continuidad a la demanda interpuesta en sede judicial por la provincia al Gobierno Nacional, el 26 de septiembre de 2023, en reclamo de los fondos no transferidos por Anses". La presentación de septiembre la realizó el fiscal de Estado de entonces, Rubén Weder, a instancias del gobernador Perotti para lo no remitido hasta esa fecha.

En el último punto, Agosto solicita conocer "cuáles son las acciones llevadas a cabo por el Poder Ejecutivo provincial en virtud del dictado del DNU 280/24, teniendo en cuenta que el mismo en su artículo 18º establece que los artículos 92, 93 y 94 de la Ley Nº 27. 701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2023 no se encuentran comprendidos en la prórroga dispuesta por artículo 1 ° del Decreto Nº 88/23, con el perjuicio que dicha norma conlleva para los recursos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia". Precisamente en esos artículos de la Ley de Presupuesto vigente se disponía la transferencia de recursos a cajas no transferidas el día 20 de cada mes.

En los fundamentos, Agosto recuerda que "entre 1994 y 1997, a partir del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento celebrado entre el Estado Nacional y los estados provinciales, suscripto el 12 de agosto de 1993, un conjunto de provincias transfirieron al sistema público nacional de previsión social sus cajas de jubilaciones y pensiones". Dichos traspasos fueron formalizados a través de convenios suscriptos entre cada gobierno provincial y el gobierno nacional, que posteriormente se ratificaron por medio de leyes provinciales y decretos del Poder Ejecutivo Nacional.

El legislador señaló que "esta situación generaba inequidad con aquellas provincias que decidieron preservar sus sistemas jubilatorios en sus esferas locales para mantener autonomía en las decisiones de la política previsional. Ello, dado que, en 1992, a partir del Acuerdo entre el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales, todas las provincias se habían comprometido a aportar un 15% de la masa de recursos coparticipables para financiar el sistema previsional nacional. Para resolver esta disparidad, en el marco del Compromiso Federal firmado por la Nación y las provincias en diciembre de 1999, ratificado mediante la Ley Nacional NO 25.235/99, se incluyó el artículo 12 el cual establece que: "El Estado Nacional financiará con recursos provenientes de Rentas Generales los déficits globales de los sistemas previsionales provinciales no transferidos hasta la fecha del presente convenio en función de los regímenes actualmente vigentes".

Santa Fe estuvo en las provincias que no transfirió su sistema previsional juntamente con otras 12 jurisdicciones, y acordó con Nación la transferencia de fondos. "Dichos acuerdos han sido incumplidos reiteradamente por el Gobierno Nacional, lo que ha originado reclamos formales por parte de la provincia solicitando su efectivo cumplimiento", subraya Agosto. Ahora agregó tres artículos en el DNU 280 que parecen querer eximir al gobierno nacional de cumplir los compromisos asumidos, de allí la presentación del pedido de informes.

El jueves al mediodía, la Cámara de Diputados realizará la sesión Preparatoria para elección de autoridades ante el Período Ordinario que abrirá el gobernador Maximiliano Pullaro el miércoles venidero. No se esperan cambios en la mesa de conducción de la Cámara que fuera elegida en diciembre último. Así Clara García seguirá en la presidencia acompañada por José Corral y Sonia Martorano como vices, primero y segundo.

La Cámara de Diputados completó la sanción de la ley creando el Gabinete Productivo que estará coordinado por el Ministerio de Desarrollo Productivo. El mensaje del Poder Ejecutivo no fue acompañado por Natalia Armas Belavi (Vida y Familia) por entender "que no es tiempo de crear nuevas estructuras en el Estado".

La finalidad del gabinete será la de definir los lineamientos estratégicos y acciones coordinadas en materia de política de desarrollo productivo en el territorio provincial, a través de la participación conjunta de todos los Ministerios que lo integran. La ley determina que ese gabinete estará integrado permanentemente por las carteras de Desarrollo Productivo, Gobierno e Innovación Pública, Economía, Educación, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Obras Públicas, Ambiente y Cambio Climático y la Secretaría General de Gobernación.

Entre las funciones que le asigna la ley está la coordinar y articular las acciones y herramientas para lograr el cumplimiento de los lineamientos estratégicos y acciones que se definan; elaborar un sistema de metas e indicadores que permita evaluar los resultados obtenidos; coordinar acciones en materia de desarrollo productivo con intendentes, presidentes comunales y legisladores provinciales y nacionales; articular con los diversos actores del sector productivo santafesino acciones que contribuyan al desarrollo productivo y el desarrollo de exportaciones e inserción internacional, pudiendo convocar a tales efectos a asociaciones cooperativas, del comercio, la industria, el agro, las pequeñas y medianas empresas con personería jurídica en el ámbito de la Provincia. También está facultado para constituirse en Gabinetes de Crisis ante determinadas emergencias, en este caso por convocatoria del gobernador; elaborar estrategias que contribuyan a la generación de empleos genuinos; y elaborar propuestas legislativas que considere elevar al gobernador.

El mensaje del Ejecutivo había sido aprobado en febrero por el Senado y ahora pasó a promulgación del Ejecutivo.

Este jueves, por unanimidad, la Cámara de Diputados sancionó la adhesión de la provincia a la Ley Nacional Nº 27.424 que estableció el Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica y también fijó los términos y las condiciones que tendrá el programa santafesino.

Esta Ley, sancionada en Diputados, fue un proyecto enviado por el gobernador Maximiliano Pullaro a la legislatura para su tratamiento.

La presidente de la Comisión de Ambiente, diputada Sofía Galnares manifestó: "Prosumidores nos permitirá entender al usuario residencial, a la industria o comercio, no solo como un consumidor de energía, sino también como productor de energía renovable que puede ser inyectada a la red eléctrica y obtener a cambio una compensación en la tarifa de la luz”.

“Hay tres aspectos fundamentales que esta Ley incentiva. En primer lugar, la previsibilidad en el sistema de generación distribuida de energía/s renovable/s. Segundo, el cálculo de recupero, la ecuación de retorno entre lo que se invierte y lo que se recupera, que se estima se reduzca a máximo 4 años. Tercero y último, los incentivos fiscales para los proveedores de paneles y calefones solares”.

“Es muy importante que desde la legislatura estemos legislando sobre energía, sobre el modelo de desarrollo productivo de la provincia, que nos anticipemos hacia una transición energética”, señaló.

Por unanimidad, la Cámara de Diputados sancionó la adhesión de la provincia a la Ley Nacional Nº 27.424 que estableció el Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica y también fijó los términos y las condiciones que tendrá el programa santafesino.

"Gracias a todos por apoyarlo!!" escribió en X, la secretaria de Energía, Verónica Geese quien trabajó el tema ya en la gestión de Miguel Lifschitz. En el hilo de la red social agradeció a Clara García, presidenta de la Cámara de Diputados, por haber mantenido el tema en agenda; al ministro Gustavo Puccini y al gobernador Maximiliano Pullaro "por haberlo considerado tan importante como para darle esta prioridad. Santa Fe va a aprovechar esta oportunidad en grande", adelantó la funcionaria apenas la Cámara de Diputados concluyó la votación.

Diputados había aprobado un texto sobre programa Prosumidores durante la gestión de Miguel Lifschitz pero no tuvo eco en el Senado. La gestión Pullaro hizo el camino inverso, empezó por Senado y concluyó con la sanción en Diputados, previo paso de Geese por la Comisión de Obras y Servicios Públicos donde fundamentó el proyecto, respondió inquietudes legislativas y se explayó sobre los alcances.

Ayer en el recinto, el socialista Pablo Farías fue la voz informante de Unidos pero también sumaron aportes los radicales Sofía Galnares y Dionisio Scarpin así como la justicialista Sonia Martorano.

El neologismo prosumidor es una combinación de las palabras productor y consumidor. Así un prosumidor es una empresa o individuo que no solo consume productos o servicios, sino que también participa activamente en su creación, promoción y mejora. A fines de 2019, eran unos 500 los santafesinos incluidos en el programa, destacó Farías.

La legislación nacional data de 2017 y se advirtió en el recinto que algunos de los incentivos previstos fueron afectados por el DNU 70 de la gestión de Javier Milei. Esa norma fue parte de las políticas que, durante el gobierno de Mauricio Macri, impulsaron las energías verdes a nivel nacional, sector que experimentó un fuerte avance en inversiones que pronto hicieron que las renovables abandonaran su condición "testimonial" para contar con una porción de la torta de la generación, donde la quema de gas natural está en primer lugar junto a las centrales hidroeléctricas.

Un informe de YPF Luz destacó que al terminar 2023 las energías renovables no convencionales representaron el 17,4% de la generación de energía eléctrica. Que crecieron 10,4% respecto de 2022. Y puntualiza que dentro de ellas, "la generación eólica es la principal fuente del país (69,4%), seguida por la solar (18,5%), la hidroeléctrica renovable (7,0%) y los biocombustibles (5,1%). El factor de capacidad medio país fue de 47,7% para el eólico y 29,6% para el solar".

Es a ese tipo de desarrollos en los hogares que apunta Prosumidores que se ha reflotado y que creó el gobierno de Lifschitz. Durante la gestión de Omar Perotti se intentó cambiarlo por un plan que promueva la autogeneración en instituciones intermedias y Ongs, bajo el concepto siempre de la generación distribuida.

Fue Farías la voz oficialista en defensa del futuro del programa al que definió como "un paso importante ante el calentamiento global y la necesidad de generar energías alternativas que dejen de lado la quema de fósiles o la construcción de represas. Cada uno tiende a generar la energía que consume", vaticinó el socialista. Subrayó que también en Santa Fe hay unas 60 empresas que participan de este tipo de iniciativas. Destacó que la suba del costo de energía hace que la inversión que antes demandaba ocho años de amortización, hoy es de apenas cuatro. La norma prevé además beneficios de subsidios de tasas de bancos.

Para Galnares, prosumidor es un paradigma en la transición energética y destacó la necesidad de incentivar también a los proveedores de equipos para calefacción solar y eólica en la provincia. Martorano hizo notar que ya son quince las provincias que adhirieron a la norma nacional e instó a que haya una muy buena comunicación sobre las ventajas del sistema.

Sobre el final, Scarpin, presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, habló de las ventajas ambientales, del desarrollo productivo, de la igualdad de oportunidades y la posibilidad de que las familias tengan la posibilidad de generar sus propios recursos para sumarlos al sistema provincial.

"Todo usuario de la red eléctrica de distribución pública tiene derecho a generar energía eléctrica a partir de fuentes renovables e inyectarla a la citada red, debiendo cumplir los requerimientos técnicos que determine la distribuidora de energía eléctrica y lo establecido en la reglamentación de esta ley", señala el artículo 4 de la norma.

Entre los beneficios promocionales de la ley, está la eximición del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a los ingresos obtenidos por la actividad de inyección a la red de excedentes de energía eléctrica; también de Sellos a los instrumentos que se suscriban para el desarrollo de la actividad de generación eléctrica.

Farías destacó que la ley santafesina dispone que a partir de la entrada en vigencia, los proyectos de construcción de edificios públicos provinciales deberán contemplar la utilización de algún sistema de generación de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables. Es decir que cada edificio escolar, sanitario y de seguridad deberá prever algún tipo de generación propia de energía ya sea solar, eólica o bien por tratamiento de residuos.

Con la sesión de este jueves, la Cámara de Diputados terminó el período Extraordinario de sesiones que habilitó el gobernador Maximiliano Pullaro en diciembre. La Cámara hará el jueves próximo, al mediodía, la sesión preparatoria donde será reelecta la mesa de conducción que encabeza la socialista Clara García acompañada por el radical José Corral y la justicialista Sonia Martorano.

También el Senado hará el jueves próximo la Preparatoria, aunque previamente realizó la última sesión del período Extraordinario.

Luego, las cámaras quedarán al aguardo del mensaje del gobernador del 1 de Mayo para iniciar el período Ordinario, el primero de la actual composición legislativa.

"El Estado puede y debe hacer obra pública porque genera calidad de vida y empleo. El ministerio se llama de Obras Públicas porque reivindica el concepto", dijo Lisandro Enrico al presentarse ante la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Cámara de Diputados, invitado para exponer el cuadro de situación en la provincia, especialmente aquellos trabajos financiados por el gobierno central.

En casi dos horas de una tranquila reunión, el ministro expuso cómo encontró la cartera, relató los primeros pasos realizados, señaló que en el ámbito nacional hay funcionarios cordobeses que conocen del tema aunque no tienen fondos asignados por Economía y postuló posibles vías de financiamiento privado o internacional para llevar adelante trabajos en Santa Fe.

Dionisio Scarpin, presidente de la Comisión y otros catorce diputados participaron del informe de Enrico y fueron solicitando información puntual. En diciembre, el ministro dijo haberse encontrado con trabajos paralizados, ralentizados o neutralizados; alta inflación; deuda con contratistas así como con municipios y comunas de obras transferidas y sumando a ello la decisión del gobierno nacional de paralizar totalmente la obra pública. "Hoy la adjudicada reparación del Puente Carretero que se pondrá en marcha la semana próxima es la primera y única obra de Nación en territorio santafesino", señaló.

En 60 días, con el pago de 39 mil millones de pesos a contratistas y a municipios y comunas se ordenó el sector, se comenzó a trabajar en algunos frentes y le permitió afirmar que en 120 días hay 185 obras en marcha que desplegó en un mapa con cada uno de los trabajos, que dejó para los integrantes de la comisión. "Son todos trabajos que venían de la gestión anterior", admitió. El objetivo es tener 220 en marcha al terminar el primer semestre. En la cifra incluyó trabajos viales, de aguas y saneamiento o de Assa.

Habló el ministro del trabajo que vienen realizando con la Bolsa de Comercio de Rosario para emitir bonos que permitirían realizar cinco obras claves para mejorar la llegada de las cargas a los puertos del sur santafesino. Mencionó allí el acceso al puerto de Timbúes y el tercer carril en un tramo de la autopista; el intercambiador de tránsito en ruta 91 y 11; camino de la Cremería y el camino del Mozo.

Parte de la reunión se la llevó el tema de la salida de Nación de las obras en Santa Fe y la posibilidad de que el propio fisco santafesino reanude algunas de ellas. Hubo coincidencias en la necesidad de que Nación debe cuidar y mejorar las rutas 11, 33, 34, 178 y la vieja ruta 9. Juan José Piedrabuena quiso saber si el Puente Carretero podrá tener circulación normal y qué pasará con los socavones en cloacas en esta capital. Enrico le recordó que unos trabajos parecidos a los licitados en esta ocasión en el Carretero se realizaron en 1977 y ahora habrá que esperar los 150 días de trabajo que tendrá la firma rosarina contratada. Con respecto a los socavones dijo que en días más habrá una radiografía sobre los trabajos necesarios.

Santa Fe está cruzada por 2.800 kilómetros de rutas nacionales, hoy prácticamente abandonadas en su mantenimiento. El ministro dijo que están planteando a Nación que finalice la obra de la cascada Saladillo de Rosario y que Santa Fe terminaría algunos trabajos suspendidos por el gobierno central como 180 viviendas del programa Casa Propia; varios de los centros de infancia; defensa de la localidad de Los Amores; la iluminación de la circunvalación de Santa Fe; la mejora en el cruce de las rutas A0 12 y la 18 así como una rotonda en la ruta nacional 34 y la intersección de la 39.

Enrico admitió que la obra de la defensa de la ciudad de San Javier, con financiamiento externo del CAF ya aprobado, está en peligro porque el gobierno nacional está bloqueando la llegada de esos fondos.

La diputada provincial y presidenta del Bloque de la UCR, Silvana Di Stefano, participó en la ciudad de San Lorenzo del II Foro Regional, Provincial, Nacional e Internacional “La Hidrovía que proyectamos”, durante el cual propuso trabajar en “una agenda común”, con eje en la “planificación y el desarrollo”, para mejorar “la vida de vecinas y vecinos, así como la producción y el transporte”.

“La Hidrovía es nuestra conexión con el mundo, es la ruta de salida de todas las exportaciones y necesitamos que sea ciento por ciento operativa. Para lograrlo debemos trabajar en conjunto entre todos los estamentos del Estado y articular políticas claras con el sector privado”, propuso la legisladora durante la actividad organizada por la Unión de Comerciantes e Industriales del departamento San Lorenzo.

“Tenemos una condición geográfica privilegiada para el desarrollo del comercio fluvial, conectando el interior productivo con el mundo”, dijo Di Stefano a los presentes en el auditorio del Complejo Museológico San Lorenzo, y sumó: “Es importante darle visibilidad al potencial que nuestra provincia tiene y poner en valor las ventajas con las que contamos para ser día a día más competitivos”.

Por otra parte, el vencimiento de la concesión del dragado y balizamiento de la vía navegable troncal abre un debate sobre el modelo de gestión y el rol del Estado en la administración de la hidrovía.

“Creemos que es de vital importancia tener un lugar preponderante en la Mesa Nacional para tratar todos los temas trascendentes y no quedar al margen de la futura licitación”, propuso la diputada.

En este sentido, Di Stefano señaló que el Gobierno de la provincia de Santa Fe al que representa, está “absolutamente comprometido en trabajar con las cámaras, los puertos y los actores claves para asegurar la cooperación regional, la evaluación del impacto ambiental, el uso de tecnologías sostenibles, la participación comunitaria, el monitoreo continuo y la educación ambiental, mejorando la infraestructura”.

Finalmente, indicó: “Para acompañar el crecimiento necesitamos soluciones sustentables, equilibradas, sostenidas en el tiempo y con ese fin, todos y cada uno de nosotros, desde nuestro lugar, debemos comprometernos, trabajar codo a codo con transparencia y responsabilidad, promover la participación activa de todos los actores involucrados públicos y privados, y apoyar al Estado provincial en las iniciativas que emprenda para definir el complejo portuario que queremos y que las y los santafesinos merecen”.