La agenda de la Cámara de Diputados de Santa Fe tiene, entre los proyectos con preferencia, dos temas que ofrecen controversias y cuya definición resolverá el interbloque de Unidos en reunión plenaria, previa a las reuniones de las comisiones centrales del cuerpo: Presupuesto y Hacienda, y Asuntos Constitucionales y Legislación General.

Se trata de la norma futura que definirá los alcances del proceso en lo contencioso administrativo y la iniciativa originada en la Mesa del Diálogo para declarar a Santa Fe como territorio libre de discursos de odio, establecer medidas de prevención y concientización y promover la convivencia democrática basada en el respeto a la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación.

Sobre el procedimiento contencioso la Legislatura discute en base a un mensaje del Poder Ejecutivo. Primero Diputados votó, por unanimidad un texto fruto del trabajo de las comisiones. Luego, el Senado votó otro texto, también por unanimidad. Ahora, la Cámara Baja debe definir si respeta el acuerdo interno que le valió la unanimidad o acepta la reforma del Senado. En el medio, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, solicitó se escuche la postura de ese municipio uno de los más implicados en dicho fuero.

Javkin avala el proyecto votado por el Senado y dio explicaciones ante integrantes de la Cámara Alta, entre ellos el presidente provisional del cuerpo, Felipe Michlig.

La ley de procedimiento completa el cuerpo legal emanado desde el Ejecutivo para darle un nuevo contenido al fuero, especialmente después de la sanción de la reforma de la Constitución. Ya hay Código del fuero, otra ley creó el Colegio de jueces y hasta el viernes inscriben en el Consejo de la Magistratura a los postulantes a ocupar las vacantes. Todas las demandas contra el Estado se tramitarán ante el fuero y de allí la importancia de la norma sobre procedimiento.

En cuanto al proyecto sobre territorio libre de discursos de odios, hay posturas contrarias del bloque Somos Vida que conduce Amalia Granata y de algunos sectores del justicialismo como Miguel Rabbia.

La iniciativa fue presentada por la Mesa del Diálogo en sintonía con la ordenanza ya dictada en el ciudad de Santa Fe. El Senado lo votó en forma inmediata por unanimidad y Unidos le dio dictamen en dos comisiones, en una de ellos acompañados por la justicialista Celia Arena.

La libertaria Silva Malfessi es quien más ha expuesto su rechazo al proyecto y lo vinculó a la posibilidad de que haya censura desde el Estado santafesina al darle herramientas en la ley para que pueda ser sancionado el que opina diferente. Postura similar expresó Rabbia y, en la última sesión de la Cámara, fue Natalia Armas Belavi (Vida y Familia) la que advirtió sobre lo peligroso de la norma cuando un legislador oficialista refutó su postura sobre temas electorales.

"A los efectos de esta ley, se entiende por discurso de odio toda expresión -verbal, escrita, simbólica, audiovisual o digital- que incite, promueva, justifique o naturalice la discriminación, la hostilidad, la violencia o el menosprecio hacia una persona o grupo de personas en razón de su raza, color, origen étnico o nacional, nacionalidad, religión o creencias, género, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad, condición socioeconómica, estado de salud, edad u otras personalísimas", marca el artículo 2 del proyecto.

En el artículo 4 se incluye en el Código de Convivencia el artículo 62 bis con la siguiente redacción: Discursos de odio. Los que individualmente o en grupo incurrieran en conductas calificadas como discursos de odio serán reprimidos con una multa de hasta 60 jus, que podrá ser conmutada por la realización de un curso de abordaje interdisciplinario sobre los mismos. Para la ejecución de la instrucción o el abordaje, la autoridad de aplicación será el Ministerio de Cultura o el que en el futuro lo reemplace.

Otros tres proyectos de ley tienen también tratamiento preferencial esta semana, entre ellos uno del jefe de la bancada socialista Joaquín Blanco creando la estructura tarifaria llamada "Tarifa de Movilidad Eléctrica" de la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe destinada a la carga de vehículos eléctricos e híbridos enchufables en instalaciones de usuarios encuadrados como pequeñas demandas residenciales y no residenciales (comerciales, industriales, generales y de servicios) tanto en el ámbito urbano como rural.

Blanco enmarca el proyecto en la Ley Provincial N.º 13.781, que promueve la industrialización y el uso de vehículos eléctricos e híbridos en la provincia.

En tanto, un tema encabezado por Granata pero con otros ocho proyectos sobre la materia, apunta a crear un sistema digital para el control y responsabilidad alimentaria de funcionarios públicos. El quinto es una iniciativa de Beatriz Brouwe (Unite) para la promoción y apoyo a la industria audiovisual "Santafecine".

Las cámaras de Senadores y de Diputados fueron convocadas a una sesión conjunta con dos temas en agenda. Por un lado, votar acerca de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la fiscal del Ministerio Público de la Acusación María Verónica Ballari.

Por el otro, para resolver la situación del suspendido fiscal adjunto de San Jorge, Diego Gustavo Rodríguez y Barros quien ya fuera suspendido por la Legislatura. El proceso disciplinario contra el funcionario del MPA abarca presuntas causales de mal desempeño e irregularidades, entre las que se incluyen una causa por simulación de robo / tentativa de estafa a una compañía de seguros y denuncias posteriores sumadas al expediente.

Ya Rodriguez y Barros hizo su descargo ante la Comisión de Acuerdos y este jueves se resolverá su situación. El designado instructor de la causa, el diputado Marcos Corach, propondría la destitución y tendría el aval de varios sectores políticos.

11 pliegospara elMPA

Este jueves, está convocada la Asamblea Legislativa para considerar once postulantes al Ministerio Público de la Acusación los que no tenían mayores objeciones así como un pliego para juez penal.

Los casos de fiscales, son todos adjuntos subrogantes, varios de ellos para la regional con cabecera en Reconquista.

En el caso del pliego de juez, el Ejecutivo propone a Leandro Maximiliano Martín como juez penal de segunda instancia para los tribunales de Venado Tuerto.

Para la Regional I del MPA, el Ejecutivo propone a Luciana Violeta Chiavarini quien hoy ejerce ese cargo en Reconquista.

Para la Regional III los nombres son Adolfo Germán Pisani y Antonela Santamaria.

Para la Regional IV, Juan Pablo Malberti; Rita María Llamas, Valentina Alesso, Leandro Leonel Arraga y Eduardo Sequeira Alegre.

En tanto, para la Regional V los propuestos son Ricardo Milton Kettler, Natalia Viviana Andrione y Paola Sofía Pradolini.

Un prolongado plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de Santa Fe avanzó con un dictamen sobre el futuro Código Electoral y ley de partidos políticos de la provincia que tiene preferencia para la sesión de este jueves.

El plenario fue avanzando en base al proyecto ingresado por la bancada socialista, tal cual informó El Litoral la semana pasada. En el plenario, la bancada del Frente Amplio por la Soberanía dejó su dictamen de minoría y se retiró de la reunión por entender que todavía Unidos no había acordado un texto.

En el encuentro de legisladores, Unidos y la interbancada justicialista fueron buscando puntos de entendimiento aunque quedaron para minutos antes de inicio de la sesión temas claves como el cuerpo de boletas a utilizar en la elección general, el piso para ingresar al sistema D'Hont de repartos de bancas así como otros aspectos de la futura legislación.

La bancada socialista propuso que en las PASO un candidato a gobernador pueda compartir distintas fórmulas aunque no sumar sus votos, sino simplemente habilitar a que compitan los vices, tema que generó fuertes debates internos entre legisladores de Unidos.

El plenario de las dos comisiones fue encabezado por Lionella Cattalini (PS) y Jimena Senn (UCR) en sus calidades de titulares de Asuntos Constituciones y de Presupuesto y Hacienda.

Uno de los temas acordados con el justicialismo es que en 2027 la autoridad electoral seguirá siendo el Tribunal Electoral con una cláusula transitoria. Es que desde 2029, la tarea estará a cargo de un juzgado electoral cuya titularidad recaerá, por sorteo, en un juez en lo Contencioso Administrativo de primera instancia. La apelación estará también a cargo de tres jueces de ese fuero aún no integrado. De allí la novedad de dejar su actuación hasta 2029.

También las partes dejaron para discutir antes de ingresar al recinto la posibilidad de que el secretario electoral tenga o no acuerdo legislativo cada cuatro años.

El futuro Código Electoral tendrá una base de 260 artículos divididos en cinco libros donde en gran parte se ordena parte de la legislación vigente intentado superar algunas antinomias presentes en la normativa, especialmente en materia de vacancias, financiamientos, vedas electorales, etc.

En cuanto a las diferencias a acordar antes de ingresar al recinto serán los pisos para las PASO (sería 1% del padrón) y para las generales (entre 4 y 5%) más la cantidad de cuerpos de la boleta única en la general.

En el futuro código se respetan institutos como la PASO, Boleta Única, Paridad, Ficha Limpia y se ordena la legislación electoral vigente así como también la de partidos políticos.

Se encuentra en la Cámara de Diputados de Santa Fe un proyecto de ley que amplia al uso ferroviario, naval y aeronáutico a los biocombustibles, una producción en la que la Provincia de Santa Fe es líder a nivel nacional.

Se trata de un proyecto de ley con media sanción del Senado que se aprobó por unanimidad en la la sesión del 30 de agosto, cuyo autor es el representante por Castellanos, Alcides Calvo. El expediente modifica el artículo 1ro de la la Ley 14.010 con que se creó, en noviembre de 2020, el "Programa Provincial de Uso Sustentable de Biocombustibles".

La norma que ahora está en discusión viene proponer cambios a nivel provincial sobre un programa de desarrollo que también nació en la Legislatura. Seis años atrás, la Legislatura aprobó esa norma impulsada por el senador Armando Traferri, que recibió aportes de la Cámara de Diputados de otro expediente, durante el gobierno de Omar Perotti.

Ahora, en medio de una discusión de fondo para el sector en el Congreso de la Nación, el tema vuelve oportunamente a la agenda provincial, al advertir que además del corte obligatorio en el diésel, existen otros posibles usos para el transporte por aire, agua o vías férreas.

Sobre el proyecto de ley que el oficialismo pretende aprobar a nivel nacional, los productores medianos y pequeños de la Provincia de Santa Fe tienen objeciones que ya ha sido expuestas por este diario.

Calvo subraya que en el mundo los biocombustibles tienen un papel cada vez más relevante en la transición hacia un modelo energético de menores emisiones de carbono y por eso plantea la habilitación de más usos en la Provincia de Santa Fe, en el marco del programa santafesino que surgió en 2020.

La iniciativa actual tiene como objetivo "avanzar hacia una utilización cada vez más extendida de biodiésel, bioetanol y otros combustibles renovables, en estado puro o con el mayor nivel posible de mezcla con combustibles fósiles, incorporando nuevos sectores y actividades dentro de la política provincial, en este caso trata de ampliar el uso a sectores como el aéreo, fluvial y ferroviario, sumados a la actividad agrícola y ganadera, el transporte de cargas y pasajeros, las flotas de transporte al gobierno provincial y municipal, empresas de logística, obras y servicios públicos, la posibilidad de generación eléctrica".

La propuesta "también pone en valor el rol estratégico que tiene Santa Fe en la producción de biocombustibles, una actividad que generó importantes inversiones, crecimiento regional, agregado de valor, exportaciones y miles de puestos de trabajo".

Se espera profundizar el desarrollo de "una industria vinculada directamente con la producción agroindustrial santafesina, promoviendo nuevas oportunidades para la generación de empleo y el desarrollo tecnológico", subrayó el autor del proyecto.

Calvo agregó que "con esta modificación estamos ampliando las posibilidades de un sector en crecimiento, sabemos que el Gobierno provincial está trabajando intensamente en el incremento de los cortes de biocombustibles porque, como muchas veces decimos, mientras que en el sur del país la riqueza se encuentra en la extracción, aquí nosotros la tenemos en la generación y la producción".

Santa Fe "tiene un rol central en la producción de biocombustibles junto al sector privado en el polo industrial del Gran Rosario, por ello el Estado debe acompañar las encuentros y generar valor agregado a la producción primaria y debemos aprovechar esa fortaleza para avanzar hacia una transición energética que también genere producción y trabajo".

La Cámara de Diputados completó la sanción de la adhesión santafesina a la Ley Nacional n° 26.944 que establece el régimen de responsabilidad del Estado y la giró al Poder Ejecutivo -autor de la iniciativa- para su promulgación.

Con la abstención de los tres diputados del bloque del Frente Amplio por la Soberanía, la Cámara avanzó con la aprobación que había realizado el Senado a principios de junio y dejó de lado proyectos propios de adhesión que se completaban con algunas disposiciones.

Se trata de los proyectos presentados por los oficialistas Lionella Cattalini y por Martín Rosúa. La primera fue quien fundamentó la necesidad de adherir a la norma, una de las mandas derivadas de la nueva Constitucional sancionada en septiembre pasado.

Después del receso, la Cámara de Diputados volvió a sesionar y sancionó varias leyes, por unanimidad, todas antes aprobadas por el Senado y que mayormente responden a expropiaciones y fiestas en localidades del interior santafesino.

"Estamos sancionada una importante ley y no es ante una demanda coyuntural sino para cumplir con uno de los mandatos derivados de la Constitución santafesina" dijo Cattalini. "Es una norma que servirá para ordenar y fortalecer al Estado y significará mayor seguridad jurídica en Santa Fe", agregó.

"El proyecto tiene por objeto dotar a la Provincia de Santa Fe de un régimen orgánico de responsabilidad del Estado, armonizando la normativa provincial con los principios constitucionales y con la evolución del derecho público contemporáneo. La regulación propuesta se inspira en la consolidada doctrina de la responsabilidad estatal por falta de servicio, desarrollada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación; la sistematización legislativa introducida por la Ley 26.944; la jurisprudencia del fuero contencioso administrativo provincial; y criterios interpretativos sostenidos por la Fiscalía de Estado en dictámenes y actuaciones administrativas", explicó.

Acotó que el proyecto consagra los principios clásicos del derecho público argentino: responsabilidad por falta de servicio, reparación por sacrificio especial en actividad legítima, responsabilidad directa del Estado por hechos de sus agentes, exclusión de la aplicación automática del derecho civil y la preservación del principio de igualdad ante las cargas públicas.

"Se procura otorgar previsibilidad jurídica, seguridad institucional y coherencia al régimen de responsabilidad estatal, fortaleciendo al mismo tiempo la tutela de los derechos de los particulares frente a la actuación del Estado", remarcó.

La sanción de la norma a nivel nacional representó un cambio de paradigma en el ordenamiento jurídico, ya que sacó definitivamente los reclamos contra el Estado del ámbito civil para enmarcarlos exclusivamente en el derecho público. Santa Fe se encamina a esa experiencia y para ello fortalece el fuero Contencioso Administrativo y para cual fin ya dictó dos leyes específicas para crear el Colegio de Jueces y el Código restando aún el procedimiento.

Palo Oliver pidió la abstención de los diputados de izquierda entendiendo que nada aporta a los ciudadanos la simple adhesión. "El Estado debe tutelar más derechos y no limitarlos", marcó.

Bandera a media asta en la sesión de la Cámara de Diputados por el fallecimiento en Estados Unidos de Gabriel Real, cuatro veces diputado provincial por el Partido Demócrata Progresista y secretario de Asuntos Legislativos. "Era el diputado 51" recordó Clara García, presidente de la Cámara.

La sesión se inició con un sentido homenaje desde diferentes sectores políticos que coincidieron en remarcar el compromiso y la militancia del dirigente fallecido y cuyos restos llegarán este domingo a Firmat, la localidad en la que nació y vivía.

La lista de reconocimiento la abrió el socialista Rubén Galassi, la cerró Carlos Del Frade y ambos finalizaron emocionados y quebrados en la voz. "Aguerrido y amigo amable que sabía salir con humor de las discusiones más fuertes" marcó el socialista. "Con Real se va parte de la generación que alumbró la democracia en los 80", acotó.

Walter Ghione (Uno), Ariel Bermúdez (Creo), Lucila de Ponti (PJ), Sofía Galnares (UCR) y Leonardo Calaianov (PS) completaron la lista, en muchos casos recordando ricas anécdotas de la política santafesina.

Dirigentes demoprogresistas estuvieron en el recinto especialmente invitados, entre ellos Guillermo Rey Leyes, Florencia Barcarolo y Abel Siebenhaar.

La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe fue convocada a sesión ordinaria para este jueves 30 de julio con pocos temas fuertes inmediatos, aunque en su agenda de trabajo para lo que resta del período ordinario de sesiones contenga asuntos muy relevantes, entre ellos, la reforma electoral que implicará la sanción de un código en la materia.

Para esta primera sesión tras el receso, a 48 horas de la reunión, todo indica que lo más interesante serán seguramente las reflexiones que en torno a las figuras de dos ex gobernadores y sus condiciones de estadistas.

El recinto de la Cámara alta fue restaurado en su mobiliario y renovados sus sistemas de audio e imagen y se le impondrá el nombre de "Aldo Tessio y Jorge Obeid" al hemiciclo de las 19 bancas, que vuelven a lucir sus nobles maderas.

El acto será presidido por el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, está programado para las 15 horas y han sido invitados familiares y personalidades políticas cercanas al radical y el justicialista.

Más allá de esa interesante actividad, que cobra mayor valor al ir a contrapelo de las grietas nacionales, el cuerpo volverá a sesionar luego de 4 semanas al cabo del receso legislativo y los últimos trabajos de la mencionada mejora. Y volverá antes a los temas que dejó pendientes el 2 de julio en su cuadernillo de preferencias o en la actividad de la otra cámara.

El futuro Código Electoral tiene el visto bueno dentro de Unidos a nivel de sus principales dirigentes y lo que resta por añadir o quitar es relativamente poco para una norma más que extensa. Hay como se sabe tantos proyectos presentados como fuerzas políticas componen el oficialismo.

Por ahora no ha tenido lugar una reunión en la que los senadores y diputados acuerden cómo seguir, más allá de que todo indica que serán los senadores quienes inicien la discusión y la negociación.

De Diputados está en el Senado con media sanción y una fuerte presión por su tratamiento la media sanción para que se agregue la actividad de los cuidacoches o "trapitos" a lo que está penado por la ley.

El proyecto que nació en el Senado a raíz de una iniciativa del rosarino Ciro Seisas recibió fuertes modificaciones por los bloques de diputados mayoritarios y ahora la Cámara alta podría imponer su número pero por ahora no hay consenso.

La Casa Gris ha impugnado las dos versiones con que el tema prosperó en sendas cámaras porque poner en calidad penal esa (hasta ahora) falta municipal podría distraer recursos en un área más sensible: la seguridad.

En el despacho aprobado por unanimidad por los senadores se daban herramientas legales para una actuación más dura de los agentes municipales de las guardias de seguridad urbana, pero entre los cambios plasmados en Diputados se crea incluso una instancia de revisión de esos procedimientos a nivel judicial.

Por ahora, solo hay condiciones como para que ese expediente no logre más que renovar su preferencia (comprometer un futuro eventual tratamiento) y acaso ni eso. En cambio, con las reformas penales de fondo que pretende el gobierno provincial hay más razones para suponer que la demanda para que el tema avance es mucho mayor.

Se trata de agravar sanciones y penas, y de dotar de más poder a la policía incluso para los allanamientos sin orden judicial ni comunicación a fiscalía. Para unos la manera de terminar con la "puerta giratoria" de los delincuentes, para otros un "populismo punitivo", según las calificaciones y descalificaciones más repetidas en Diputados donde se encuentra el tema.

En comisiones de esa Cámara está el mensaje con las "Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública", que impulsa el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni. La iniciativa ha sido objetada por actores judiciales e incluso los ministros de la Corte que advierten que al menos cinco puntos podrían ser objetados por inconstitucionalidad.

En las últimas horas del martes falleció Gabriel Real, uno de los principales referentes del Partido Demócrata Progresista y dirigente con una extensa trayectoria legislativa, partidaria e institucional.

Nacido en Firmat, Real tenía 68 años y actualmente ocupaba la Secretaría de Asuntos Legislativos de la provincia. Además, conducía la Junta Ejecutiva Provincial del PDP durante el período 2024-2026. A lo largo de su carrera fue elegido diputado provincial en cuatro oportunidades.

Una descompensación antes de regresar al país

De acuerdo con la información oficial a la que accedió Sur24, el dirigente se encontraba desde hacía unas semanas en Estados Unidos, adonde había viajado para presenciar la Copa del Mundo de fútbol.

Durante la noche del martes estaba junto a su familia en el aeropuerto de Nueva York y se preparaba para abordar el vuelo de regreso a la Argentina cuando sufrió una descompensación. Según las fuentes consultadas, Real murió en el lugar.

La noticia causó una profunda conmoción en Firmat y dentro del arco político santafesino, donde el dirigente era reconocido por su experiencia parlamentaria, su capacidad para construir acuerdos y su presencia permanente en el territorio.

Cuatro períodos en la Legislatura provincial

Abogado de profesión, Gabriel Real desarrolló buena parte de su vida pública dentro del Partido Demócrata Progresista. Desde el regreso de la democracia ocupó diferentes responsabilidades partidarias e institucionales y consolidó una fuerte representación en el departamento General López.

Fue diputado provincial durante cuatro períodos. Desde la Cámara baja participó en debates relacionados con el fortalecimiento institucional, la transparencia, la seguridad vial, la educación y el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil.

También tuvo una participación relevante en la construcción territorial del Frente Progresista, Cívico y Social, la coalición que en 2007 llevó a Hermes Binner a la Gobernación y puso fin a más de dos décadas de administraciones justicialistas en Santa Fe.

En los últimos años, su experiencia política y jurídica lo llevó a desempeñarse como secretario de Asuntos Legislativos. Desde esa función trabajaba en la articulación entre el Poder Ejecutivo, la Legislatura y las diferentes fuerzas políticas provinciales.

Las iniciativas que marcaron su trayectoria

Entre los proyectos asociados a su trabajo parlamentario se encuentra la Ley Provincial N.º 12.969, que regula la organización, misión y funcionamiento de las asociaciones de Bomberos Voluntarios y el sistema de Protección Civil de Santa Fe. También impulsó modificaciones destinadas a incrementar los recursos disponibles para los cuarteles.

Real fue, además, uno de los legisladores que respaldó el proyecto del medio boleto estudiantil, convertido en ley en 2010. La normativa estableció una reducción del 50% en el transporte interurbano para estudiantes secundarios, terciarios y universitarios.

Otro de los ejes de su labor fue el acceso a la información pública. Desde el bloque del PDP insistió durante años con una normativa destinada a garantizar la transparencia de los organismos del Estado provincial, iniciativa que obtuvo reiteradas medias sanciones en Diputados.

Su agenda también estuvo atravesada por los reclamos del sur santafesino. En diferentes oportunidades exigió obras y medidas de seguridad vial sobre la Ruta Nacional 33, especialmente en el tramo comprendido entre Rosario y Rufino.

Una referencia política y social de Firmat

Más allá de su carrera institucional, Real mantenía una intensa participación en la vida comunitaria de Firmat. Era reconocido por su cercanía con las instituciones locales y por su vínculo con el Firmat Foot Ball Club, entidad de la que era un activo simpatizante.

Desde su ciudad natal construyó una estructura política que le permitió convertirse en uno de los dirigentes de mayor influencia del extremo sur provincial. Ese trabajo territorial lo transformó, además, en una figura central para el armado del PDP en municipios y comunas de General López.

En el plano personal, se presentaba como esposo y padre de Delfina y Pablo. En su perfil partidario destacaba que su familia era el principal motivo para sostener una política comprometida con las próximas generaciones.

Últimas declaraciones

Una de sus últimas intervenciones públicas se produjo el 24 de junio de 2026, durante el Congreso del Partido Demócrata Progresista.

Bajo el título “La sociedad necesita una mejor política”, Real planteó la necesidad de recuperar la confianza ciudadana, reducir la confrontación y fortalecer el diálogo como instrumento para resolver los problemas concretos de la sociedad.

En aquella reflexión sostuvo que la política debía recuperar su vocación de servicio, actuar con responsabilidad y mantener coherencia entre los discursos y las acciones. También defendió la construcción de acuerdos y el respeto por las instituciones como herramientas indispensables para el futuro democrático.

La muerte de Gabriel Real deja una ausencia significativa en el Partido Demócrata Progresista, en la administración provincial y en la política del sur santafesino. Su trayectoria quedará vinculada a la defensa de las instituciones, el trabajo legislativo y una extensa militancia desarrollada desde Firmat hacia toda la provincia.

La Cámara de Diputados dio media sanción a la prorroga por otros cinco años de la vigencia de la Ley 13.385 que determinó el sistema de distribución de las utilidades por la explotación de los tres casinos y bingos autorizados por la provincia en Rosario, Santa Fe y Melincué.

En la última sesión y en votación dividida por tres abstenciones y tres votos de rechazo, la Cámara Baja avaló un proyecto del socialista Joaquín Blanco para llevar hasta octubre de 2030 el reparto de esas utilidades.

La ley vigente prevé este porcentaje de distribución:

* 5%: a políticas activas de promoción turística en todo el territorio provincial;

* 10%: a Municipalidades y Comunas, conforme el régimen de distribución de la coparticipación provincial para el Impuesto Inmobiliario;

* 4%: a los fines establecidos en la Ley Provincial de Discapacidad N° 9.325;

* 4%: a los fines establecidos en la Ley N° 11.264 de Donación, Ablación e Implante de Órganos;

* 4%: a los fines establecidos en la Ley N° 12.967 de Protección integral de Niñas, Niños y Adolescentes;

* 3%: para el funcionamiento de los cuerpos de bomberos voluntarios;

* l%: destinado a erogaciones de infraestructura, equipamiento, mantenimiento y funcionamiento del Laboratorio de Especialidades Medicinales Sociedad del Estado;

* 69%: a los fines sociales establecidos en la Ley N° 5.110.

"El propósito es mantener una distribución solidaria de los recursos provenientes de los fondos obtenidos de los resultados de la explotación o el concesionamiento de las modalidades de juego regulados por la Ley 11. 998 de Casinos y Bingos", explicó Blanco.

En 2001, se dictó la llamada Ley de Casinos y Bingos que previó una distribución modificada, en el año 2013 por la Ley 13.385, entendiéndose que era necesario ampliar las áreas del Estado provincial que deben ser destinatarias de los fondos, en virtud de la priorización de temas o problemas sociales.

Esa reforma asignó recursos específicos al cumplimiento de la Ley 12.967 (de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes), a la integración de Fondo establecido por la Ley 10.554 (Ley Provincial del Deporte), y a erogaciones de infraestructura, equipamiento, mantenimiento y funcionamiento del Laboratorio de Especialidades Medicinales Sociedad del Estado que funciona en Rosario.

Cuando se dictó la Ley 13.385 se estableció un período de vigencia de cinco años, cuyo vencimiento operó en el año 2018. Allí fue prorrogada por una nueva ley (Nº 13.867) sancionada en noviembre de ese mismo año por un tiempo de tres años.

El 5 de octubre de 2022, la Legislatura sancionó la Ley 14.131, promulgada en el Boletín Oficial en fecha 11 de octubre del mismo año, prorrogó por el término de tres años la distribución de utilidades, ley que tendrá vencimiento el mes venidero y por lo tanto se votó darle vida por otros cinco años.

También la Cámara votó en la última reunión un proyecto del radical Germán Scavuzzo para que el Poder Ejecutivo arbitre las medidas necesarias para implementar la notificación de avisos de vencimiento, avisos de deuda, avisos de infracciones y multas y notificaciones de apertura de expediente administrativo y toda otra notificación pertinente a través del domicilio fiscal electrónico.

"Actualmente hasta que el contribuyente no solicita la baja de un impuesto o la prescripción, no se informa de la existencia de deuda, multas y/o infracciones ni se intima a su cancelación por parte del fisco, esto deriva en una postergación del cobro de los recursos por parte del Estado Provincial y por otro lado un desconocimiento integral de su situación fiscal para el contribuyente", explicó el diputado radical.

Para el legislador, la implementación de la notificación facilitará a los contribuyentes la regularización de su situación con el fisco provincial agilizando la recaudación.

En la última sesión, la Cámara de Diputados votó los integrantes del cuerpo para comisiones especiales derivadas de leyes recientemente sancionadas y que apuntan a ejercer un control ante facultades especiales delegadas al Poder Ejecutivo. En todos los casos, Unidos se quedó con dos de las tres sillas lo que motivó algún cruce de opiniones en la comisión de Labor Parlamentaria pero en el recinto se votaron sobre tablas, sin discurso alguno.

Es un clásico en la historia legislativa que ante el tratamiento de proyectos de emergencia en determinadas áreas o temas controversiales, los oficialistas de turno colocan en la mesa de negociación la conformación de comisiones de seguimientos generalmente integrada tanto por Senadores como por Diputados.

Son pocos los casos en que esas comisiones especiales produjeron los pronunciamientos que les encomendaba la ley. Hoy, en la propia página web de la Cámara de Diputados aparecen varias comisiones creadas a lo largo de la historia que no fueron derogadas y que incluso no tienen miembros designados.

En la última sesión, designó la Cámara Baja a los cinco integrantes que junto a cinco senadores integrarán la comisión Permanente de Coordinación y Control de la Gestión y Ejecución del endeudamiento autorizado de hasta mil millones de dólares autorizados por la Legislatura.

Además nominó a la socialista Gisel Mahmud como integrante de la Cámara ante el Consejo del Servicio Público Provincial de la Defensa Pública. El radical Martín Rosúa, en tanto, será miembro suplente.

Ximena García (UCR), Rubén Galassi (PS) y Celia Arena (PJ) fueron nominados para integrar la Comisión Bicameral del Seguimiento del estado de emergencia en Seguridad. El Senado tiene otros tres lugares en esa comisión. La ley fue sancionada en diciembre de 2023, prorrogada el año pasado y su vigencia vencerá a fines de este año.

El jueves último también se definieron los tres integrantes de Diputados para el seguimiento de una ley sancionada en los meses finales de la gestión de Omar Perotti. Se trata de la Ley N° 14.214 que creó el Plan de Conectividad Vial 100% Pavimento que apunta a garantizar que la vinculación vial de todas y cada una de las localidades de la provincia de Santa Fe se realice íntegramente mediante rutas pavimentadas. El radical Dionisio Scarpin, el socialista Leonardo Calaianov y la libertaria Silvia Malfesi estarán en los sillas de este mecanismo de control.

Sobre otra ley votada sobre fines de 2023, inicio de la gestión de Maximiliano Pullaro, es la 14.240 que habilita el uso gastos reservados o especiales que se destinan exclusivamente a solventar gastos para la realización de investigaciones criminales complejas que no puedan ser financiadas con gastos ordinarios o que se encuentran vinculados con la preservación de la vida o integridad física de personas relacionadas a dichas investigaciones. Pablo Farías (PS), Silvana Di Stefano (UCR) y Lucila De Ponti (PJ) integrarán la bicameral de control y uso de esos gastos reservados.

En la página oficial de la Cámara de Diputados están además de las comisiones internas, las distintas clases de comisiones que deben integrarse. Se destaca la comisión especial de Acuerdos donde ocho integrantes de la Cámara Baja y cuatro del Senado conforman el grupo encargado de radiografiar a los candidatos a cargos de la justicia, el Tribunal de Cuentas y otros organismos que requieran acuerdo legislativo. Pero además esta comisión tiene el juzgamiento de la conducta de fiscales y defensores del sistema penal. En este año la presidencia -rotativa entre cámaras- es ejercida por la socialista Lionella Cattalini.

Por otra parte, hay 12 bicamerales; 36 comisiones especiales; 9 creadas por decretos del Poder Ejecutivo; otras 14 por resoluciones del cuerpo y 4 especiales de representación regional.

Como cada 1° de mayo en la Provincia de Santa Fe, este jueves se llevará adelante la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial con el discurso del gobernador Maximiliano Pullaro.

En primer lugar, a las 10.30 se realizará en el recinto del Senado la Sesión Ordinaria N° 1, que será presidida por la vicegobernadora, Gisela Scaglia. Posteriormente, la vicegobernadora presidirá la Asamblea Legislativa en el recinto de la Cámara de Diputadas y Diputados donde se designarán las Comisiones de Interior y de Exterior que recibirán al Gobernador, mientras que la presencia y posterior mensaje de Maximiliano Pullaro está pautado minutos después las 11.

En la jornada de este jueves habrá un puesto de acreditación en el que se corroborarán los datos y se entregará una pulsera para aquellos periodistas y trabajadores de medios que hayan completado el proceso de acreditación. Con ella podrán acceder a un sector delimitado exclusivo para la prensa en la explanada y a los lugares habilitados dentro del Palacio Legislativo. El horario de ingreso será desde las 8.30 por 4 de Enero.

Cabe aclarar que quienes asistan a cubrir el evento y se acrediten podrán ingresar a la Sala de Periodistas de la Cámara de Diputados, ubicada en una de las barras del recinto correspondiente. Como la capacidad es limitada, se solicita a quienes quieran acceder a esa sala llegar con la antelación debida. 

Además, se encontrará habilitada la sala de periodistas de la Cámara de Senadores, ubicada en la planta baja del edificio, para quienes deseen seguir desde allí la transmisión de la Asamblea.

En una nota de apenas cuatro líneas dirigida a la Secretaria Parlamentaria de Diputados, María Paula Salari, los diputados Omar Paredes y Edgardo Porfiri anunciaron la constitución de un nuevo bloque en la Cámara que llevará por nombre Unidad por Santa Fe.

Ambos legisladores llegaron en la lista de Somos Vida que encabezó Amalia Granata y fueron expulsados del sector por avalar la ley que declaró la necesidad de la reforma constitucional.

Pero además, la decisión implicó un movimiento en la ocupación de bancas ya que ambos legisladores optaron por estar alejados de Granata y su bloque por lo que fueron ubicados en el ala izquierda del cuerpo, detrás de la bancada justicialista.

La ley que declarará hasta el 31 de diciembre de 2024 "en estado de emergencia a la prestación del servicio público de agua potable, desagües y saneamiento por parte de Aguas Santafesinas S.A. en el ámbito de la provincia de Santa Fe", sería sancionada este jueves por la Cámara de Diputados. La declaración de emergencia "tiene como fin atender en forma urgente la grave situación deficitaria que atraviesa Aguas Santafesinas S.A. de modo de propender a la preservación de la sostenibilidad ambiental, social y económico-financiera de la prestación del servicio, asegurando su continuidad, regularidad, generalidad y obligatoriedad", señala el artículo primero del mensaje del Poder Ejecutivo.

Voceros parlamentarios del bloque de diputados de Unidos para Cambiar Santa Fe dieron por descontada la sanción del proyecto que se inició en el Senado y que tiene como comisión de cabecera a Obras y Servicios Públicos, la cual lidera el radical Dionisio Scarpin. Dicha comisión está citada para este miércoles, a las 17 con temas que tienen preferencia para la sesión del jueves: la emergencia y el proyecto de María Fernanda Castellani (Pro) para convocar a una audiencia pública, jornada de trabajo y debate por el estado de deterioro de la calzada de la ruta nacional N° 33, entre Rufino y Rosario. "El objeto de la reunión es lograr visibilizar la problemática ante las autoridades nacionales", dijo la autora.

Semanas atrás, la Comisión de Obras y Servicios Públicos recibió al directorio completo de ASSA que encabeza Anahí Rodríguez para analizar el alcance de la iniciativa que motoriza el Ejecutivo.

En el tema sanitario, el radical José Corral señaló que están trabajando con los diferentes bloques el dictado de una resolución - que también se votaría el jueves- para ordenar una transición en aquellos municipios y comunas que adeudan facturas a ASSA o que no estén cobrando los servicios a los usuarios. La resolución -cuyos alcances serán definidos el jueves- apuntan a tranquilizar a los gobiernos locales prestadores de servicios de agua. El justicialista Marcos Corach viene advirtiendo sobre "la injusta e inconstitucional pretensión de hacer responsablemente solidarios a los municipios de las deudas de cooperativas con la empresa estatal Assa. Y por si fuera poco, el gobierno provincial también se arroga a partir de esta norma el poder de retener compulsivamente hasta un 5% de la coparticipación de los municipios y comunas para saldar deudas futuras y pasadas". El legislador mantuvo reuniones con varias cooperativas prestadoras del servicio en el interior santafesino.

El proyecto prevé prórroga de esta emergencia hasta diciembre de 2025 y en dicho período el Poder Ejecutivo quedará facultado "a determinar el régimen tarifario del servicio público de agua potable, desagües y saneamiento en el ámbito de la concesión definido por el artículo 3 de la Ley N° 11.220". Para fijar el nuevo cuadro tarifario, el Poder Ejecutivo "deberá tender a la sostenibilidad ambiental, económica y social del servicio" y más adelante señala que "deberá garantizar los derechos de usuarios del servicio, para lo cual se deberán desarrollar audiencias públicas de modo previo a la determinación de la tarifa y se deberán explicitar en cada caso los fundamentos de las decisiones que se tomen en materia tarifaria".

El otro aspecto que prevé la ley es la delegación a ASSA de la operación, mantenimiento, administración y explotación del sistema de acueductos implementado en el marco del "Programa de Grandes Acueductos de la Provincia de Santa Fe" creado por la Ley N ° 12.668.

El último punto del proyecto refiere a la elaboración por parte del Ejecutivo de una propuesta de nuevo marco regulatorio del servicio público de agua potable, desagües y saneamiento que deberá ser elevado a la Legislatura de la Provincia de Santa Fe para su tratamiento. El plazo de presentación vencerá junto a la emergencia.

Suelos

La Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados fue citada para este miércoles para empezar a considerar un proyecto de ley para implementar en la provincia políticas integrales de buenas prácticas para la producción agropecuaria sostenible.

A la primera reunión del grupo que preside el radical Marcelo González fueron invitados a exponer los integrantes de la Fundación Barbechando. Se trata de una sociedad civil que trabaja junto a diputados y senadores nacionales para incidir positivamente en leyes y políticas públicas para el desarrollo del sistema agrobioindustrial. La entidad dice aportar información, propuestas y conocimiento técnico sobre los proyectos. Barbecheando se formó en el 2008 en el contexto de la Resolución 125, cuando un grupo de productores, defensores de los valores republicanos, comenzaron a caminar los pasillos del Congreso a explicar y esclarecer las características del interior productivo, para pasar del reclamo a la propuesta. El contacto con el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados se producto en la muestra activa de San Nicolás y acordar venir a exponer sobre el proyecto en cuestión

El socialista Joaquín Blanco explicó que "a través de la implementación de buenas prácticas agropecuarias se pretende: a) promover que los productos agropecuarios no hagan daño a la salud humana y animal ni al medio ambiente; b) proteger la salud y la seguridad de los trabajadores; y, c) procurar el buen uso y manejo de los insumos agropecuarios. De allí, que resulte imprescindible contar políticas públicas integrales dirigidas a lograr tales objetivos, en un contexto de cambio permanente tanto de las condiciones sociales, económicas y ambientales vinculadas a la producción agropecuaria, como de las maneras e insumos utilizados para producir y procesar los productos agropecuarios".

La Cámara de Diputados avanzaría en la tarde de este jueves en aprobar dos mensajes del Poder Ejecutivo que quedaron pendientes de diciembre, temas ambos que tienen historia en ese cuerpo. El propósito del oficialismo es lograr dictamen al mediodía y aprobar por la tarde instaurar el juicio por jurado y el proyecto de Gobernanza de Datos y Acceso a la Información Pública. También está en carpeta el mensaje del Ejecutivo para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código Procesal Civil y Comercial.

El mensaje del Juicio por Jurados abreva en el proyecto que enviara el ex gobernador Miguel Lifschitz, el cual ha sido actualizado y modificado en algunos artículos. Establece la competencia de los juicios por jurados, la cual, a diferencia de proyectos anteriores, ha sido ampliada, existiendo delitos donde es obligatoria su conformación y otros casos, en los que es optativa, a pedido del acusado. También aclara la oportunidad procesal para solicitarlo cuando la competencia es optativa.

Entre las novedades, el panel de jurados titulares y suplentes debe garantizar la paridad de género.

La Cámara de Diputados, con conformaciones diferentes votó en dos ocasiones iniciativas sobre la materia que nunca fueron acompañadas por el Senado.

En cuanto al mensaje sobre Gobernanza de Datos y Acceso a la Información Pública, señala en los fundamentos que en la actual era digital, la Provincia de Santa Fe “tiene ante sí una oportunidad inigualable de modernizar y optimizar su gestión pública mediante la incorporación de tecnologías emergentes y exponenciales de la Revolución 4.0, en línea con lo propuesto por la Carta Iberoamericana de Innovación en la Gestión Pública. La innovación pública, entendida como la introducción de nuevos procesos, productos o servicios que agregan valor y responden a desafíos colectivos, es esencial para mejorar la satisfacción ciudadana y la productividad de la administración estatal, tal como se reconoce en diversos documentos oficiales y bibliografía relevante”, acota.

Según el Poder Ejecutivo, la gobernanza de datos emerge como un elemento crucial para una gestión responsable y ética de los datos generados y gestionados por las entidades públicas, asegurando la transparencia, la privacidad y la protección de los datos personales, alineado con los principios de gobernanza democrática y gobierno abierto. La información pública se convierte en el marco de un Estado innovador, en un activo crítico cuyo acceso se erige en un derecho ciudadano que requiere tanto promoción como un marco explícito de protección de otros derechos vinculados.

Se entiende por Innovación Pública al desarrollo, implementación, mejoramiento y/o incorporación de nuevas soluciones, procesos o abordajes que mejoren las respuestas y las capacidades de acción y adaptación del Estado a los dinámicos y cambiantes desafíos colectivos, mejorando la calidad y efectividad de las intervenciones, la participación ciudadana y la calidad democrática, dice el artículo 1 del proyecto.

Hasta este miércoles por la noche existían negociaciones entre diputados y senadores oficialistas para en caso de aprobarse en una cámara, avanzar con la sanción en la revisora. También el miércoles por la noche, los senadores oficialistas, en tanto, tuvieron una extensa reunión de trabajo con el gobernador Maximiliano Pullaro y algunos de sus ministros para repasar la situación de la provincia.

La agenda semanal de la Cámara de Diputados tiene como primer tema definir las autoridades de cada una de las comisiones internas y luego dictaminar los tres mensajes del Poder Ejecutivo que tienen fijado un tratamiento preferencial para este jueves. La semana pasada, el pleno pudo votar los integrantes de cada comisión de trabajo los que desde este miércoles comenzaron a definir sus presidentes, vice y secretario.

La decisión de la mayoría de Unidos para Cambiar Santa Fe es tener la mayoría de integrantes en las comisiones claves como es de práctica legislativa, especialmente en Asuntos Constitucionales y en Presupuesto y Hacienda, último filtro de los proyectos de leyes que llegan al recinto.

Entre los tres temas con tratamiento preferencial está el Presupuesto General de Gastos y Recursos 2024 y dos de los mensajes que forman parte del paquete de temas de seguridad: Ley de ejecución de la Pena Privativa de la Libertad y la Ley con las bases jurídicas, orgánicas y funcionales de la actividad de producción y gestión de información para la prevención del delito.

En el caso del Presupuesto, la postura del interbloque de Unidos sería esperar la llamada Ley Tributaria 2024 que ingresa este miércoles a Legislatura para hacer un tratamiento conjunto. "Los temas hacendales son para el último jueves del año" se dijo a El Litoral uno de activos diputados oficialista que afina la agenda legislativa. El Presupuesto ya tiene la media sanción del Senado y fue remitido a Legislatura el 14 de noviembre por el entonces gobernador Omar Perotti y el ministro de Economía, Walter Agosto. Hoy, ambos son diputados justicialistas. Es más, Agosto es uno de los legisladores que designará la Cámara para participar de la comisión de Análisis Tributario. Los otros son la radical Jimena Senn y el socialista Mariano Cuvertino.

En los temas de seguridad pública, el propósito del oficialismo es sancionar la norma sobre ejecución de la pena privativa de la libertad y darle media sanción a la norma sobre inteligencia en prevención del delito. Para este miércoles por la tarde están previstas nuevas reuniones entre legisladores oficialistas y funcionarios del Poder Ejecutivo especialmente de los ministerios de Justicia y Seguridad y de Gobierno y Gestión Pública para avanzar en la letra chica de los proyectos en tratamiento.

El ministro Cococcioni ha explicado que la futura Ley de Ejecución de la pena privativa de libertad apunta llenar el vacío normativo que tiene Santa Fe en la materia. En la norma -ya votada por el Senado- regula los institutos propios del régimen de progresividad de la pena, incluso las salidas transitorias y semilibertad. Crea la Cámara de Apelaciones de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria, cuerpo que concentrará las apelaciones en materia de ejecución penal y hábeas corpus, pero además tendrá competencia consultiva para anticipar criterios de interpretación y aplicación de la ley penal-ejecutiva. Incorpora en un capítulo el régimen de internos de alto perfil, que hasta ahora tiene una base normativa de carácter meramente reglamentario. "La condición de interno de alto perfil será determinada por el Ministerio de Justicia y Seguridad, a propuesta de la administración penitenciaria, sin recurso alguno. Regirá en todo ámbito institucional de detención o internación, incluyendo los espacios policiales, penitenciarios, sanitarios, educativos o de otro tipo, y durante los traslados", reza el artículo 50.

Por su parte, la norma sobre producción y gestión de la información para la prevención del delito establece un sistema para la obtención, reunión, sistematización, análisis y difusión oportuna que posibilite la toma de decisiones para prevención del delito y una eficaz gestión de los recursos. "El objeto de la presente Ley es establecer las bases jurídicas, orgánicas y funcionales que regulen la actividad de producción y gestión de información para la prevención del delito" señala el artículo primero. En el siguiente "se entiende por producción y gestión de información para la prevención del delito a la actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información, referida a los hechos, amenazas, riesgos y conflictos que puedan afectar la seguridad de la Provincia, sus habitantes, empresas e instituciones para producir conocimiento destinado a orientar la formulación y ejecución de políticas en materia de seguridad pública y ciudadana.

Este jueves se reunirá la Asamblea Legislativa que preside la vicegobernadora Gisela Scaglia para dar acuerdo al fiscal de Estado, Domingo Rondina. Previamente deberán integrar la Comisión de Acuerdos con representantes del Senado y de Diputados que son los encargados de emitir los respectivos dictámenes.

Entre hoy y mañana, las comisiones internas de la Cámara de Diputados dejarán conformadas sus autoridades en base a los acuerdos internos alcanzados la semana pasada.

Este jueves, el socialista Pablo Farías será elegido presidente de Asuntos Constitucionales y Legislación General mientras que la radical Jimena Senn en Presupuesto y Hacienda, ambas comisiones con once integrantes.

Otras dos comisiones con once integrantes son Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión que encabezará el socialista Joaquín Blanco así como Obras y Servicios Públicas que presidirá el radical Dionisio Scarpin.

Las restantes presidencias serían las siguientes: Varinia Drisun (PS) en Salud Pública; Gisel Mahmud en Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; Amalia Granata (Unite) en Promoción Comunitaria; Celia Arena (PJ) en Seguridad Social; Scarpin en Asuntos Comunales; Marcelo González (UCR) en Agricultura y Ganadería; Lionella Cattalini (PS) en Industria, Comercio y Turismo; Lucila De Ponti (PJ) en Transporte; Rosanna Bellati (PS) en Vivienda y Urbanismo; María del Rosario Mancini (PS) en Cultura y Medios de Comunicación Social; Silvana Di Stefano (UCR) en Juicio Político; Walter Ghione (UNO) en Derechos y Garantías; Ximena García (UCR) en Seguridad Pública; Sofía Galnares (UCR) en Medio Ambiente y Recursos Naturales y Alejandra Rodenas (PJ) en Género, Mujeres y Diversidades.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en la primera sesión extraordinaria de este jueves un paquete de leyes importantes en materia de seguridad enviadas por el Ejecutivo provincial, entre ellas la emergencia en seguridad pública para toda la provincia y la adhesión de Santa Fe a la ley nacional de narcomenudeo.

“La lucha contra el narcotráfico y el delito requiere acciones concretas, y así lo viene demostrando el gobernador Maxi Pullaro a pocos días de asumir la gestión. Nuestro compromiso desde la Legislatura es trabajar para recuperar la paz en la provincia y estas leyes que aprobamos brindan herramientas concretas al gobierno de Unidos para ir a fondo en la lucha contra las mafias y el delito en general”, expresó la diputada Rosana Bellatti. 

La Ley nacional N°26.052 de Narcomenudeo permite a las fuerzas provinciales –fiscales y policías– investigar y desmantelar puntos de venta de drogas en pequeñas cantidades. En tanto, la emergencia otorga al gobierno provincial recursos económicos y administrativos para agilizar trámites, “como por ejemplo la compra de inhibidores para las cárceles y terminar con la impunidad de que sigan cometiendo delitos tras las rejas”, aclaró la legisladora. Durante la sesión, también se aprobó la ley orgánica del Servicio Penitenciario que resguarda los derechos de los trabajadores penitenciarios.

"¡Sí, juro! Por la Patria, por su honor, por las juventudes y por una provincia socialmente justa, inclusiva y progresista, desempeñar fielmente el cargo de diputado de esta Cámara y obrar en un todo de conformidad con lo que prescriben las constituciones nacional y provincial", con esas palabras el venadense Leo Calaianov tomó juramento como diputado de la provincia de Santa Fe en el acto que se realizó este jueves.

En ese sentido, vale destacar que la socialista Clara García fue elegida por sus pares como presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, cargo que ejercerá a partir del 10 de diciembre próximo. Precisamente, Calaianov formó parte de la lista de García que se impuso en las elecciones generales del 10 de septiembre pasado.

Luego de tomar juramento, Calaianov recordó la figura de los ex gobernadores Miguel Lifschitz y Hermes Binner: "La mejor manera de honrar el legado de nuestros líderes es debatiendo y trabajando en cuestiones trascendentes para todos los santafesinos".

"La gente hoy tiene enormes dificultades, sin embargo confió su voto en un gobierno y en legisladores que pretenden un cambio significativo para la provincia. Por ellos, por su amplio respaldo y por la Santa Fe que nos merecemos vamos a trabajar a partir del 10 de diciembre", concluyó Calaianov.

La diputada socialista reelecta juró este miércoles en la legislatura provincial “por la Patria, los derechos de las mujeres, infancias y las personas con discapacidad”, renovando su compromiso con el pueblo santafesino.  

“Asumo una nueva etapa de trabajo con la responsabilidad y el compromiso de siempre. Es un orgullo enorme poder continuar representando a los santafesinos. Estos cuatro años fueron de mucho aprendizaje y hoy estoy mejor preparada para afrontar los desafíos que vienen”, expresó Rosana Bellatti, que integra la bancada oficialista dentro del Frente Unidos para Cambiar Santa Fe.

En su primera gestión, la diputada de Venado Tuerto desarrolló una intensa labor legislativa y territorial, con fuerte presencia en los departamentos Constitución, Caseros y General López. Esa impronta de trabajo y cercanía le valió el reconocimiento de autoridades locales, referentes institucionales y de la ciudadanía en general.

“El 10 de diciembre comienza un nuevo gobierno. Desde la Legislatura vamos a acompañar al gobernador Maxi Pullaro y a trabajar sin descanso para dar respuesta a las problemáticas que hoy atraviesa la provincia”, sostuvo Bellatti.

Durante la sesión preparatoria celebrada en horas del mediodía, además de la asunción de los 50 diputados y diputadas electas, se eligieron las nuevas autoridades de la Cámara. Por decisión mayoritaria del cuerpo legislativo la presidencia recayó en la socialista Clara García, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia.

Antes de finalizar su primer mandato como diputada, Rosana Bellatti rindió cuentas de su trabajo. Desde que asumió la banca en diciembre de 2019, presentó cerca de 400 proyectos en la legislatura provincial y realizó un fuerte acompañamiento a escuelas, clubes, instituciones y familias de Venado Tuerto y la región.

En este sentido se destacan iniciativas tendientes a garantizar el acceso al suelo y a la vivienda propia; las gestiones para lograr mayor seguridad; el acompañamiento a personas con discapacidad y sus familias; y el mejoramiento de la atención y cobertura del Iapos.

Otro de los puntos sobresalientes fue el apoyo permanente a emprendedores, las becas estudiantiles y los cursos de capacitación gratuitos para jóvenes en robótica e impresión 3D. También el abordaje integral por violencia de género, la ley contra la violencia obstétrica, el parto respetado y la implementación de un sistema único de talles para la fabricación de ropa acorde a la diversidad de cuerpos.

Toda la información detallada se encuentra en su página www.rosanabellatti.com.ar y en redes sociales de la diputada.

Maximiliano Pullaro, gobernador electo de Santa Fe, convocará a Extraordinarias la semana próxima, ni bien asuma el cargo, e incluirá entre los temas ya anunciados de adhesión a la ley de narcomenudeo, norma Tributaria para el 2024 así como otras referidas al tema seguridad. Pero también habilitará el tratamiento en el Senado -ahora con mayoría de Unidos para Cambiar Santa Fe- de dos temas votados por la Cámara de Diputados el pasado jueves.

Se trata de la autorización para la toma de un empréstito con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), de hasta 65.000.000 de euros para financiamientos del proyecto Biodiversidad para la Acción Climática y la reforma a una ley de financiamiento de corto plazo para el Poder Ejecutivo. Ambos temas surgen de mensajes del gobernador Omar Perotti pero que terminará ejecutando Pullaro. Es más, el mensaje de endeudamiento fue modificado por el bloque Evolución en la Cámara de Diputados para ampliar las condiciones y por eso no fue acompañado por la bancada justicialista. "No se puede empezar a dar cheques en blanco" advirtió Leandro Busatto en una de sus últimas intervenciones como legislador provincial.

El crédito francés fue aprobado semana atrás y directora de la Agencia, Lorena Chara, fue quien anunció la autorización de la línea de crédito para Santa Fe ante Perotti en una reunión en Casa de Gobierno. Al día siguiente, la francesa fue hasta la Cámara de Diputados y se reunió con el gobernador electo, Pullaro, para confirmar la decisión y coordinar que una comisión técnica brinde detalles de la negociación y los alcances a los funcionarios del nuevo gobierno. Por eso, cuando Perotti mandó el mensaje, el bloque radical pidió tratamiento sobre tablas y fue Oscar Martínez (Frente Renovador) quien pidió antes pasarlo por dos comisiones para analizar los alcances. Al día siguiente fue aprobado en comisiones y en el recinto.

El proyecto prevé una línea de apoyo para ejecutar obras de infraestructura para la biodiversidad en diferentes localidades de la provincia. Entre los componentes principales del proyecto, se destacan la restauración de la biodiversidad provincial en áreas protegidas y ecoparques, el fortalecimiento de capacidades y seguimiento ecológico a través de la puesta en valor del Centro de Rescate e Interpretación de Fauna "La Esmeralda", y la construcción de centros de innovación climática para promover la investigación, desarrollo tecnológico y educativo en materia ambiental en los principales centros urbanos de la provincia.

Este proyecto incluye inversiones que permitirán generar sitios de conservación, sumar infraestructura al Parque Nacional Islas de Santa Fe y la zona de gestión Jaukanigaas, así como generar nuevos espacios para la investigación científica y la educación ambiental.

El crédito es diez años con una tasa de interés fija o variable, Euribor a 6 meses + 522 puntos básicos a lo que habrá que sumar una comisión de evaluación del 0,50% y otro porcentaje similar de compromiso.

El otro texto apunta a modificar la Ley 13501 dictada durante la gestión de Antonio Bonfatti que autorizaba un endeudamiento en pesos (hasta dos mil millones) en el corto plazo mediante letras, pagarés u otro mecanismo. La norma entonces sirvió para atenuar la situación económica financiera en la transición entre Bonfatti y Miguel Lifschitz. Perotti, a mediados de año, propuso actualizar hasta 20 mil millones de pesos. En el mensaje, se hace notar que entre la sanción de la ley (17 de septiembre de 2015) y el envío del mensaje (16 de junio de 2023) hubo una inflación del 2016,7%. La saliente administración pedía elevar la autorización a 20 mil millones indicando que la cifra era mucho menor a la suba de los precios.

El Senado, al votar el proyecto lo llevó a un porcentaje del presupuesto de bienes de capital. La modificación introducida la semana pasada en Diputados autoriza a realizar operaciones de financiamiento por un valor nominal en circulación de hasta 3,5% del total de recursos del Presupuesto vigente de la Administración Provincial. Además agrega la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento legislativo la que tiene por objeto el estudio sobre las deudas que pueda tome el Poder Ejecutivo. Tres senadores y tres diputados conformarán esa comisión "respetando la pluralidad y proporcionalidad de las representaciones partidarias de cada una de ellas".

Con la nueva mayoría de Unidos para Cambiar Santa Fe, ambos temas tendrán rápido tratamiento en el Senado y serán dos fuentes de recursos para la administración entrante.

También Diputados votó la aprobación de dos nuevos municipios que -todo parece indicar- Senado sancionará a partir de mayo con la nueva mayoría. Son los casos de Helvecia en el dpto Garay, único departamento que no tiene ciudades y Alvear, en Rosario, sede de la planta de General Motors.

El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia de Santa Fe resolvió, por unanimidad la destitución de Ileana Judith Sínchez, jueza de Primera Instancia de Distrito de Familia de los Tribunales de Reconquista.

La extensa resolución encuadra su conducta en "ignorancia manifiesta del Derecho o carencia de alguna otra aptitud esencial para el ejercicio de la función judicial, reiteradamente demostrada" e "incumplimiento reiterado de las obligaciones del cargo impuestas por la Constitución, leyes o reglamentos, acordadas o resoluciones judiciales, o infracción de sus normas prohibitivas".

El Tribunal fue encabezado por Daniel Erbetta, presidente de la Corte, e integrada por los ministros Roberto Héctor Falistocco, Eduardo Guillermo Spuler, Rafael Francisco Gutiérrez, Mario Luis Netri, y María Angélica Gastaldi. Además integran el tribunal dos legisladores: Joaquín Raúl Gramajo (en representación del Senado) y Georgina Orciani (en representación de la Cámara de Diputados); y por los abogados de la matrícula Miguel Murtagh y Lilia Sosa Gerelli.

En el caso ofició como acusador el Procurador General de la Corte Suprema, Jorge A. Barraguirre; mientras que la Defensa Técnica de la magistrada sometido a enjuiciamiento estuvo a cargo de Marcelo Parachú Marcó y Esteben J. Romero abogados del foro local.

La Cámara de Diputados terminó su tarea sancionando el nuevo Código Procesal Penal Juvenil para la provincia que deberá entrar en vigente dentro de seis meses, de acuerdo a lo marcado en el artículo 74 aunque brinda la posibilidad de una única y fundamentada prórroga de tres meses. La sanción -dividida- pone fin a un proceso de doce años de idas y venidas entre ambas cámaras sobre cómo procesar con los menores de 16 y 17 años en conflicto con la ley penal. Proyectos garantistas en Diputados, conservadores o derechistas en Senado parecieron marcar la imposibilidad de reemplazar el Código actual también votado sobre el final de un período ordinario pero en 1996.

El proyecto actual se originó en un mensaje del Poder Ejecutivo que fue considerado en una comisión bicameral ad hoc que trabajó durante dos años el texto tratando de acercar posiciones y con mirada también de actores del Poder Judicial, de la cátedra y de la propia Secretaría de Justicia. El Senado -como informó El Litoral- lo votó en forma unánime en la semana anterior y estaba el compromiso de que lo hiciera Diputados. Sin embargo, el miércoles los jefes de bloque acordaron dejar de lado el tema por las dudas que había en sectores políticos sobre los alcances de la iniciativa. No obstante, el jueves hubo una ofensiva de los defensores del texto más un guiño del gobernador electo, Maximiliano Pullaro, de tener un instrumento para encauzar el proceso penal en esa franja de adolescentes. De nada valieron observaciones de la Defensora General de la provincia, Estrella Moreno Robinson, o alguna gestión de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación.

El tema fue llevado al recinto y votado sobre tablas con la abstención de Fabián Palo Oliver (Alfonsinismo Auténtico) y la socialista Claudia Balagué y el rechazo de Matilde Bruera (Lealtad Kirchnerista) y de Carlos Del Frade y Dámaris Pachiotti (Frente Social y Popular). Después en la votación en particular la bancada justicialista votó en contra en 10 artículos y la bancada socialista se abstuvo en cuatro. Oscar Martínez (Frente Renovador) rechazó tres artículos. Tras la sanción llegaron los discursos de los objetores del proyecto, en especial Bruera quien definió al Código como inquisitivo y criminaliza la pobreza infantil.

"La nueva ley otorga un marco de responsabilidad penal mayor para los menores de edad. Así como el Estado debe garantizar sus derechos, los jóvenes también deben hacerse responsables de los delitos que cometen. De esta manera, nuestra provincia tendrá un sistema penal juvenil más justo, que escuche a las víctimas, y con mayores garantías para una sociedad que hace tiempo solicita cambios y reclama justicia frente a los jóvenes que delinquen" escribió en redes el senador Lisandro Enrico (UCR - General López) cuando se pronunciaba la Cámara de Diputados. Es más, en el Senado hubo aplausos por la sanción.

"Este Código da por tierra con todos los estándares en derechos humanos" agregó Bruera en el recinto. Hoy la abogada rosarina es presidenta de la agrupación Justicia Legítima y habló de fuerte retroceso institucional de la provincia no dejando de marcar que habrá cuestionamientos internacionales al texto.

Uno de los que apoyó y trabajó para la sanción fue Oscar Martínez para quien es "muy importante que aunque con matices esta Legislatura cumpla con una deuda que tenía con los santafesinos de dictar un Código como éste. Una deuda que tiene 27 años y que fue producto de un reclamo generalizado respecto de un cambio de sistema".

Aclaró que "este nuevo Código aplica solo en aquellos casos donde las penas sean mayores a dos años. No estamos hablando de delitos menores, lesiones leves, hurtos, amenazas, daño, etc". Enseguida acotó que "este Código no viene ni pretende venir a resolver todas las cuestiones pendientes que tiene la democracia y el Estado con la minoridad. Sería irracional imaginar que un Código de procedimiento penal pueda dar respuesta a esas situaciones. Pero esto no inhabilita a que debamos rendir cuentas a la sociedad que eso espera, y avanzar en esta normativa."

Después explicó el artículado. "Hay una atribución de responsabilidad al menor que viola la ley penal. El texto está constituido sobre la base de tres elementos: la franja etaria a la que pertenece el presunto autor; el tipo de delito cometido, y el monto de la pena". Afirmó que "la criminalización de las infancias y adolescencias de la que hablaron algunos diputados no es un concepto que se pueda sostener".

En los hechos ante el cometido de un delito, el adolescente tendrá un proceso penal similar a los mayores, es decir con investigación de un fiscal; posibilidad de usar defensa pública y garantizado el procedimiento por un juez y un colegio de jueces.

El justicialismo votó en contra y el socialismo se abstuvo en los cuatro artículos referido a a los adolescentes que no han alcanzado la edad mínima de responsabilidad penal.

Ahora falta la promulgación que seguramente realizará la gestión Pullaro debido a que el texto debe ser girado al Poder Ejecutivo para su promulgación en una semana con apenas cuatro días hábiles.

La Cámara de Diputados completó la sanción de leyes para transformar en municipios a las actuales comunas de San José de la Esquina (dpto Caseros) y Teodelina (General López) con la presencia en el recinto de los actuales presidentes comunales, Ezequiel Ruani y Joaquín Poleri, respectivamente.

Los proyectos eran de los senadores de esos departamentos (Rosconi y Enrico) y ambos municipios elegirán intendentes y concejos municipales en 2025.

En tanto, Diputados aprobó y giró al Senado los proyectos para transformar en municipios a Helvecia (Garay) y Alvear (Rosario).

Con la aprobación de las dos nuevas ciudades ya son 62 las localidades con ese estatus en la provincia.

En la última sesión de Diputados, el presidente de la Cámara, Pablo Farías, en nombre de la Cámara entregó a Clara García y a los hijos de Miguel Lifschitz una placa recordatoria de su paso por el cuerpo. Un cerrado aplauso coronó la sencilla ceremonia.

Lifschitz presidió la Cámara en su formación en 2019 hasta su fallecimiento, víctima del Covid, hasta mayo de 2021. La semana próxima, en la Preparatoria del nuevo cuerpo sería García presidenta del cuerpo.

"Nos cambiaron las reglas de juego. Es de tal gravedad la actuación de Daniel Erbetta que es pasible de juicio político" advirtió Fabián Palo Oliver (Alfonsinismo Auténtico). "Es contradictorio hablar de despojo político los que dijeron haber sido despojados cuando estaban en nuestra situación" respondió Rubén Giustiniani (Igualdad).

El contrapunto ocurrió ayer en el cierre de la primera sesión de la Cámara de Diputados tras las elecciones provinciales del pasado 10 de septiembre y es el marco de la disputa de una de las 22 bancas por la minoría de la integración del futuro cuerpo, a partir de diciembre.

El cruce fue al momento de las manifestaciones y primero habló Palo Oliver y luego el rosarino en medio del silencio del resto de los legisladores presentes en el recinto. El segundo habló de un momento desagradable dado que ambos estuvieron trabajando codo a codo en varios temas en los últimos cuatro años. Palo Oliver es el tercero de la lista del Frente Amplio Progresista y Giustiniani el primero en la lista de Igualdad. El sábado sobre el mediodía, el Tribunal Electoral dio cuenta de la distribución de las bancas y ubicó en el lugar 13 de la minoría a Giustiniani no tomando en cuenta el piso electoral del 3% del padrón que establece un decreto (9280) del último gobierno militar. Palo Oliver reclama ese lugar y entiende que está vigente ese decreto y que al no llegar Igualdad a los 85.000 votos quedó fuera de la distribución de bancas.

El radical admitió que Erbetta les había anunciado el 11 de septiembre que iba a hacer la distribución de bancas sin tener en cuenta el piso electoral siguiendo lo que fue su posición histórica en la Corte Suprema de Justicia cuando debió fijar postura sobre el tema. Detalló los pasos seguidos por su espacio político ante el Tribunal Electoral y afirmó que la Ley 12.367 que en 2004 estableció el sistema de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias en la provincia no derogó el decreto 9.280. "El 9.280 es una norma complementaria a todos los regímenes electorales que hemos tenido en la provincia de Santa Fe desde 1983 hasta esta parte. Con cada régimen electoral que hemos tenido se aplicó. Es la primera vez que el Tribunal Electoral -desconociendo las jurisprudencias del propio Tribunal Electoral y de la Corte Suprema de Justicia- emite una nómina de candidatos sin respetar este piso del 3% del padrón electoral" enfatizó el legislador. Mencionó los cinco casos en que la Corte no aceptó planteos y ratificó el umbral electoral. "Acá está la gravedad de la actitud del presidente del Tribunal Electoral que a nuestro entender es pasible de pedido de juicio político" desafió. "Erbetta debió haber aplicado la jurisprudencia de la propia Corte Suprema de la provincia de Santa Fe. La gravedad es que siendo presidente de la Corte no observa esa jurisprudencia que la propia Corte ha producido en las cinco ocasiones que distintos ciudadanos se dirigieron en queja por inconstitucionalidad" añadió. También cuestionó que la decisión adoptada no está fundamentada.

"Nos cambiaron la regla de juego. Todos y todas los que somos candidatos y participamos de este proceso electoral sabíamos que ese piso del 3% es necesario para distribuir las bancas de diputados y de concejales en cada una de las jurisdicciones de la provincia de Santa Fe" finalizó marcando Palo Oliver.

"Es bastante triste que a 40 años de la democracia todavía estemos discutiendo si un decreto de la dictadura militar está vigente o no está vigente" sostuvo Giustiniani. "Es notable que estemos discutiendo sobre un decreto de la dictadura militar cuando en la reforma constitucional de 1994 estableció cuatro excepciones a los decretos de necesidad y urgencia, entre ellos toda la materia electoral. Nosotros sustentamos el valor de los 71.000 votos de santafesinos que acompañaron la lista de Igualdad, que acompañaron nuestro trabajo legislativo, nuestro trabajo político y la confianza que nos depositaron". También llamó a seguir los trabajos de constitucionalistas santafesinos todos los cuales coinciden en afirmar que el decreto 9.280 está derogado.

Por otra parte, Giustiniani recordó el respaldo que en 2011 hizo él como senador nacional y presidente del Partido Socialista al reclamo del entonces candidato Carlos Del Frade, representado por Domingo Rondina, que "con toda razón y legitimidad reclamaba esa banca por haber obtenido 60 mil votos. Nos movilizamos en aquel momento en apoyo al reclamo y calificamos como despojo la decisión del Tribunal". Por último habló de las contradicciones de aquellos que antes reclamaban que no existan umbrales y hoy los exigen.

En sus exposiciones, ambos legisladores advirtieron quedarse con argumentos para no mostrar todas las cartas en un debate que amenaza seguir en el Tribunal Electoral y en la Corte Suprema de Justicia de la provincia.

El presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías, hizo leer al secretario parlamentario, Gustavo Puccini, la nota enviada en el mediodía por el Poder Ejecutivo con las firmas del gobernador Omar Perotti y el ministro de Economía, Walter Agosto. En esa nota -acordada con el futuro gobernador- se solicitó formalmente una prórroga hasta el 15 de noviembre para la presentación ante las cámaras del proyecto de Presupuesto 2024.

Por primera vez en los 40 años de la vuelta a la vida democrática en Santa Fe, un gobernador electo es miembro de la Cámara de Diputados. Es el caso de Maximiliano Pullaro quien tiene mandato hasta el 10 de diciembre. Desde 1983 a la fecha hubo candidatos surgidos de la Cámara Baja pero ninguno fue electo ejerciendo el mandato como ocurrió el pasado 10 de septiembre. El socialista Antonio Bonfatti fue gobernador habiendo sido antes diputado, pero al ser electo se desempeñaba como ministro de Gobierno de la gestión de Hermes Binner.

El jueves, Pullaro participó de la sesión, la primera tras ser electo y fue saludado por varios de sus pares. En la sesión se votaron una docena de proyectos de comunicación, algunas resoluciones y más de dos docenas de proyectos de ley que venían con dictámenes de comisiones y estaban incluidos en dos ordenes del Día.

La actual diputada provincial Rosana Bellatti renovará su banca por un nuevo período a partir del 10 de diciembre. La venadense ocupaba el cuarto lugar en la lista que encabezaba Clara García, luego de acompañar en la PASO -en segunda ubicación- la propuesta que lideró el exgobernador Antonio Bonfatti.

Si bien su continuidad prácticamente no estaba en discusión, el triunfo de Unidos para Cambiar Santa Fe en esta categoría le permitirá a Acuerdo Progresista (línea interna del Partido Socialista) tener un bloque fuerte con cinco escaños, donde además de Bellatti y Bonfatti, ingresarán Rubén Galassi, Varinia Drisun y Sergio “Chiqui” Rojas.

En este marco, la legisladora sostuvo que vivieron una elección con mucha intensidad, porque “entendíamos que era vital que Clara García ganara la categoría y que se imponga frente a la lista que tenía como principal postulante al actual gobernador Omar Perotti, para poder acompañar la gobernación de Maximiliano Pullaro”, resaltando que “trabajamos incansablemente para que este triunfo pueda darse”.

Asimismo mostró su felicidad por los resultados de los comicios del domingo en todas las categorías y en especial porque “Venado Tuerto y el sur santafesino tendrán 4 representantes en la Cámara baja”, agregando que, por primera vez, el departamento Vera, en el norte santafesino, tendrá representación con el ingreso del Chiqui Rojas.

Bellatti también consideró que la nueva conformación de Diputados tendrá “pesos pesados” de la política y esto “da tranquilidad”, sobre todo a Pullaro, porque habrá dirigentes que tienen una gran trayectoria en el ámbito legislativo y ejecutivo, como los casos de “Antonio Bonfatti y Rubén Galassi”, indicó.

Para la diputada será una Cámara de “mucho diálogo” y con un “fuerte respaldo al Ejecutivo, a diferencia de lo que sucedió en estos cuatro años, porque Perotti, más allá de tener minoría, no recurrió a este ámbito”. Ahora, “se viene un nuevo período, donde nos tendremos que sentar a hablar entre todos los que formamos parte del bloque Unidos”, señaló.

Por otro lado y ante la consulta sobre el manejo de los egos individuales de cada uno de los diputados electora, la tratarse muchos de ellos de dirigentes con peso propio, Bellatti respondió: “Los egos se dejaron de lado cuando se declinaron los nombres personales en función de la U, donde lo importante era votar al frente Unidos más allá de quienes encabezaban las propuestas. Esa es una muestra clara de unión y de como se trazan objetivos comunes. Sí creo que se vendrán discusiones densas porque habrá legisladores con conocimiento, bagaje y recorrido”.

“Claramente estamos viviendo un cambio de época. Observamos que ciudades como Rafaela, Villa Ocampo, Murphy y otras donde históricamente triunfaba el justicialismo eligieron otras alternativas, sobre todo las que puso a consideración el frente Unidos, muestran que hay formas de gestionar o fórmulas agotadas, que la gente busca otra cosa”, exclamó.

En este sentido consideró que, a diferencia de lo que se vivió en las PASO nacionales, en Santa Fe “ganó la política, ganó la importancia de sentarnos, debatir, ponernos de acuerdo”. Y disparó: “En nuestra provincia se apostó a perfiles y personas que vienen con trayectoria en la política, como el caso de Maxi Pullaro, quien fue ministro de Seguridad, diputado y viene trabajando desde hace tiempo para aportar mejoras sustanciales a nuestro territorio”.