Mauro L. Muñoz

La citación formal para la sesión informativa terminó de ponerle día y hora a una jornada que despierta expectativas tanto en el oficialismo como en la oposición.

Manuel Adorni dará este miércoles 29 de abril desde las 10.30 su primer informe de gestión como jefe de Gabinete en la Cámara de Diputados.

La sesión llega en un complejo contexto para el funcionario que, hasta hace semanas, el Gobierno buscaba blindar con centralidad política, pero que ahora deberá sentarse frente a una oposición que ya afila preguntas sobre su patrimonio, la gestión y varios de los temas más sensibles para la Casa Rosada.

Adorni llega cuestionado en torno a su patrimonio, con causas judiciales por enriquecimiento ilícito, aunque el oficialismo intentará capitalizar que fue archivado el caso del viaje de su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial a Estados Unidos. La oposición, en tanto, se espera que haga caso omiso a esa decisión.

La citación se emitió este lunes y fijó la sesión informativa para el miércoles a las 10.30. En los pasillos de la Cámara se especula con que Adorni llegará alrededor de media hora antes, acompañado por el presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y un grupo de ministros que se ubicarían en los palcos del primer piso del recinto.

No es habitual la presencia del mandatario en estas exposiciones; tradicionalmente, el jefe de Gabinete absorbe parte del costo político sin necesidad de comprometer la gestión del presidente. Esta vez ocurre al revés: Milei pone el cuerpo, al menos simbólicamente, para respaldar a su funcionario más cuestionado del momento. “No me lo pierdo, ahí estaré”, aseguró en sus redes sociales.

Asimismo, el oficialismo ya dejó trascender el organigrama de la sesión y resolvió que no habrá reunión de Labor Parlamentaria, el encuentro que suele reunir al presidente de la Cámara baja con los jefes de bloque para coordinar la dinámica del debate. Ese plan de trabajo prevé una jornada de unas seis horas. La primera hora sería para la exposición de Adorni. Después comenzará la ronda de preguntas, con una lógica de bloques y tiempos asignados. Arrancarán las bancadas más chicas, luego los espacios intermedios y más tarde llegará el turno de los bloques grandes, con Unión por la Patria sobre el tramo final, y La Libertad Avanza cerrando la secuencia.

Se presume que la oposición no limitará sus preguntas al reporte. Habrá consultas sobre el rumbo político y económico del Gobierno y también planteos vinculados a la situación personal de Adorni. A eso se suman otros frentes que varios diputados no quieren dejar pasar: el caso $LIBRA, las presuntas coimas en ANDIS y la negativa de algunos ministros —como Luis Caputo, Sandra Pettovello o Mario Lugones— a asistir a las comisiones del Congreso pese a la insistencia de los legisladores.

Adorni asumió el 4 de noviembre de 2025 como jefe de Gabinete. Por calendario, podría haber concurrido al Congreso ese mismo mes, aunque el oficialismo decidió no apurar su presentación. Ahora debutará en el informe número 145 desde la creación de la figura, pero lo hará cuando la crisis que lo tiene como protagonista ya lleva más de un mes y medio de desgaste público.

Así las cosas, se especula que el miércoles habrá dos informes superpuestos: el formal, sobre la gestión del Poder Ejecutivo; y el político, sobre la situación del propio funcionario. La oposición no piensa separar ambas cosas. Así lo dejó trascender Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria: “Lo de Manuel Adorni es un meme ... Hay un componente de rutina institucional, pero lo que no se puede negar ahora es el contexto. Llegará en el peor momento de relación de un jefe de Gabinete con el Congreso”.

Los diputados, según circuló en sitios especializados, enviaron alrededor de 4.800 preguntas, que habrían sido sistematizadas en menos de la mitad. Las respuestas deberán llegar por escrito antes de la sesión, aunque en los informes anteriores fueron remitidas el mismo día, apenas horas antes del inicio. Ese detalle condiciona la preparación opositora y alimenta un clima de recelo que ya viene en aumento.

Los bloques opositores tendrán 48 horas para terminar de ordenar una estrategia común o, al menos, compatible. En varios despachos ya se repite la consigna de “ir al hueso”, aunque también circula un ruego interno para no caer en provocaciones libertarias ni regalarle al oficialismo la escena del escándalo buscado.

En ese marco, también creció un rumor en las últimas horas sobre la presunta intención del oficialismo de hacer ingresar militantes a los balcones del recinto para respaldar a Adorni. Ante esa posibilidad, se elevaron solicitudes a la Presidencia de la Cámara que no autorice esos ingreso. Lo cierto es que flota en el Parlamento una sensación de que la sesión derive en show premeditado.

Como antecedente se recuerda la última sesión de este tipo en junio del año pasado con Guillermo Francos todavía en el cargo. Al elevarse la confrontación, el ex ministro de ministros manifestó su ofensa y abandonó el recinto. Se especula que Adorni podría replicar esta estrategia si el debate se torna demasiado áspero.

Luego de más de once horas de debate, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó en la madrugada de este jueves la reforma de la Ley de Glaciares, con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones.

La votación se concretó cerca de las 2.30, tras una jornada atravesada por tensiones políticas, cuestionamientos reglamentarios y un fuerte debate sobre el equilibrio entre desarrollo productivo y protección ambiental.

La sesión contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien siguió el desenlace desde uno de los balcones del recinto. El oficialismo logró avanzar con el proyecto gracias al respaldo de bloques aliados, en un escenario donde no cuenta con mayoría propia.

El resultado de la votación reflejó una coalición amplia en respaldo de la iniciativa impulsada por el espacio del presidente Javier Milei. Además de La Libertad Avanza, acompañaron el PRO, la UCR, Innovación Federal y bloques provinciales, junto con legisladores de distintos espacios que aportaron votos individuales.

Incluso, el oficialismo logró sumar apoyos provenientes de sectores de la oposición, como dos diputados de Unión por la Patria. En tanto, las abstenciones correspondieron a representantes del MID y de fuerzas provinciales.

En contra de la reforma se expresó la mayoría de Unión por la Patria, junto con legisladores de la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y algunos integrantes de bloques federales. También hubo rechazos individuales dentro de espacios no alineados plenamente con el oficialismo.

Durante la jornada, el tratamiento legislativo estuvo precedido por varios intentos de la oposición de introducir otros temas en el debate mediante mociones de apartamiento de reglamento.

Entre ellos, se incluyeron propuestas vinculadas a pedidos de informes, interpelaciones a funcionarios y posicionamientos sobre política exterior, que no lograron reunir los votos necesarios para su incorporación.

El eje central de la discusión giró en torno a los cambios introducidos en la normativa vigente desde 2010. La reforma redefine los alcances de protección de los glaciares y de las zonas periglaciales, y habilita condiciones más flexibles para el desarrollo de actividades productivas, especialmente en regiones cordilleranas.

Desde el oficialismo, los miembros informantes defendieron el proyecto al sostener que busca “clarificar conceptos” y armonizar la legislación nacional con las facultades de las provincias sobre sus recursos naturales. En esa línea, remarcaron que la iniciativa no implica un retroceso en la protección ambiental, sino una actualización del marco regulatorio.

También destacaron que la modificación permite a las provincias avanzar en estudios más detallados sobre sus territorios, en casos donde organismos técnicos nacionales no han completado relevamientos específicos.

Por el contrario, legisladores opositores cuestionaron la iniciativa al advertir que podría debilitar los controles sobre áreas sensibles. Señalaron que la ley podría habilitar la exclusión de ciertos cuerpos del inventario oficial de glaciares, lo que implicaría riesgos para reservas estratégicas de agua dulce.

Durante el debate, se plantearon críticas sobre la base técnica del proyecto y sobre el proceso de discusión previo en comisiones. Algunos diputados anticiparon que la norma podría ser judicializada, al considerar que vulnera principios ambientales establecidos en la legislación vigente.

En paralelo, también se expusieron posturas intermedias. Algunos legisladores que acompañaron en general la iniciativa señalaron reparos puntuales, especialmente en relación con la posibilidad de modificar el inventario de glaciares o ampliar la intervención provincial en la evaluación de áreas protegidas.

El cierre del debate estuvo marcado por posicionamientos contrapuestos sobre el rol del Estado nacional y de las provincias en la gestión de los recursos naturales. Mientras el oficialismo defendió una mayor autonomía provincial para definir políticas de desarrollo, la oposición insistió en la necesidad de mantener criterios uniformes de protección ambiental a nivel nacional.

Con la sanción de la reforma, el Gobierno logró avanzar en uno de los proyectos incluidos en su agenda legislativa. No obstante, el tema seguirá generando debate en distintos ámbitos, tanto por su impacto en la actividad económica como por sus implicancias en la preservación de los recursos naturales.

Pasó el receso, terminaron las extraordinarias y a un mes de inicio del período formal de sesiones, el Congreso Nacional sigue adelante en la conformación de comisiones.

Por el lado de Diputados este será un súper martes en el que se integrarán y se dispondrán autoridades de ocho grupos de trabajo, uno de ellos clave. Se trata de Juicio Político que en los dos años y cuatro meses de presidencia de Martín Menem en la Cámara baja no se llegó a conformar y La Libertad Avanza podría reclamar para Lilia Lemoine.

Pero eso será a la tarde, como última reunión del día.

Antes, a las 12.30, está convocada la Comisión de Economías y Desarrollo Regional.

A las 13.15 será el turno de Comunicaciones e Informática; 45 minutos después, Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico y, más tarde, Peticiones, Poderes y Reglamento.

A las 15.30 está agendada la cita para otra comisión clave en los proyectos del gobierno nacional: Minería.

Para las 16.15 queda la conformación y elección de autoridades de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia.

A las 17, llegará el turno de Libertad de Expresión para culminar la jornada, tres cuartos de hora después, con Juicio Político.

Esta comisión tuvo un arranque accidentado y un funcionamiento trunco en abril de 2024, cuando fue electa presidenta Marcela Pagano (entonces integrante de LLA) con el aval, según se aseguraba, del propio titular del Ejecutivo Javier Milei.

Como ya se informó, una orden del presidente de la Cámara, Martín Menem, desconoció el nombramiento luego de argumentar errores en la convocatoria.

Una semana después fracasó el segundo intento por conformar la comisión, una de las más importantes de la Cámara, que se mantuvo hasta ahora en un limbo y que, de acuerdo a la convocatoria oficial, quedará resuelta en la jornada de hoy.

De hecho, para encontrar una reunión concreta hay que ir hacia muy atrás cuando en noviembre de 2023 la comisión, presidida por Ana Gaillard convocaba a debatir el Juicio Político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en ese momento tenía cuatro integrantes, por mal desempeño de sus funciones.

El calendario de comisiones se retomará el martes 7 de abril a las 15 para constituir Derechos Humanos y Garantías.

Pero el tema no termina aquí. Diputados del interbloque Unidos reiteraron su reclamo a las autoridades de ambas cámaras para que se conformen dos comisiones bicamerales: la Permanente de Trámite Legislativo y la de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.

Según informa el sitio especializado Parlamentario.com, “desde el 2 de enero está vigente el DNU 941/2025 que modificó más de 30 artículos de la Ley de Inteligencia Nacional, habilitó a agentes de inteligencia a efectuar detenciones y legislar en materia penal, algo expresamente vedado por la Constitución”, plantean los argumentos del bloque.

El pedido fue cursado al titular de Diputados, Menem y a la vicepresidenta y titular de la Cámara de Senadores, Victoria Villarruel.

“La demora en la integración y puesta en funcionamiento de estas comisiones no constituye una mera cuestión administrativa o reglamentaria, sino que afecta de manera directa el adecuado funcionamiento del Congreso de la Nación”, advirtieron los autores del pedido.

Mientras tanto, La Libertad Avanza obtuvo hasta ahora el 48,5% de las presidencias y el 37% de las vicepresidencias de las comisiones, una cifra que asciende al 57,14% si se suman los cargos en manos de aliados al gobierno nacional.

María José Valdéz

La Cámara de Diputados pone en marcha una audiencia pública decisiva para el futuro de la Ley de Glaciares, en un contexto atravesado por tensiones políticas y cuestionamientos al mecanismo de participación. Aunque más de 105 mil personas se inscribieron para intervenir, solo 360 fueron seleccionadas para exponer, lo que desata críticas de sectores opositores y organizaciones ambientales que advierten sobre restricciones en el acceso al debate.

El esquema diseñado por el oficialismo establece dos jornadas intensas, con exposiciones presenciales el miércoles y modalidad virtual el jueves. Cada participante contará con apenas cinco minutos para fijar posición, en un formato que, según estimaciones, extenderá las sesiones durante más de 15 horas por día. La dinámica anticipa un tratamiento acelerado de un tema sensible, con impacto directo en la política ambiental y en la administración de recursos naturales.

Desde el oficialismo sostienen que el criterio de selección prioriza la representación federal, con participantes de todas las provincias. Sin embargo, la oposición cuestiona la metodología y advierte que el procedimiento limita la participación real de la ciudadanía en una discusión de alto impacto institucional.

El inicio del debate llega acompañado de una fuerte ofensiva opositora. Legisladores de distintos bloques preparan una impugnación formal contra la audiencia, al considerar que el esquema adoptado vulnera normas constitucionales y tratados internacionales vinculados al acceso a la información y la participación pública en cuestiones ambientales.

En ese planteo, se señala que la modalidad implementada resulta incompatible con el Acuerdo de Escazú y con la Ley General del Ambiente, al restringir el derecho a intervenir de manera efectiva. Además, advierten que el procedimiento contradice acuerdos previos alcanzados en comisiones y podría derivar en una serie de presentaciones judiciales si el proyecto avanza hacia su aprobación definitiva.

El oficialismo, por su parte, se apoya en un reciente fallo judicial que rechazó una medida cautelar que buscaba suspender la audiencia. Aunque la resolución no se pronuncia sobre el fondo del planteo, sirve como respaldo político para avanzar con el cronograma previsto. La discusión, sin embargo, permanece abierta y promete trasladarse también al terreno judicial.

Más allá de la disputa por la audiencia, el proyecto en discusión introduce cambios de fondo en el esquema de control ambiental. Uno de los puntos más sensibles es la redefinición del rol del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), organismo clave en la elaboración del Inventario Nacional de Glaciares.

La iniciativa otorga mayor protagonismo a las provincias en la delimitación de áreas periglaciares y en la evaluación de los estudios de impacto ambiental. Este cambio se fundamenta en el principio constitucional que reconoce el dominio originario de los recursos naturales a las jurisdicciones provinciales, pero genera preocupación en sectores científicos y ambientales que advierten sobre posibles flexibilizaciones en los controles.

En este escenario, el oficialismo busca acelerar el tratamiento legislativo con el objetivo de llevar el proyecto al recinto en las próximas semanas. Con un respaldo que estiman suficiente para su aprobación, la reforma avanza en medio de un clima de alta conflictividad política, donde el debate técnico convive con una disputa más amplia sobre el modelo de desarrollo y la protección del ambiente.

El diputado nacional Pablo Farías (Provincias Unidas) fue elegido para presidir la comisión de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara de Diputados de la Nación, en la reunión constitutiva que se llevó a cabo este martes.

El responsable de presentar ante la comisión la propuesta del bloque Provincias Unidas para la presidencia de Farías fue el diputado bonaerense Pablo Juliano, quien sostuvo que debido a su trayectoria en la gestión pública y legislativa ha impulsado "iniciativas vinculadas a la radicación de empresas en las zonas industriales y al desarrollo del área portuaria de la ciudad de Santa Fe”, como también le ha tocado ser interlocutor y llevar adelante “la relación inmediata y la interacción del gobierno provincial con instituciones intermedias”.

Además, Juliano destacó la capacidad de Farías de “cultivar el diálogo y las buenas relaciones entre el Estado y la sociedad civil”.

Al dirigirse a los integrantes de la comisión, Farías expresó que “como santafesino, conozco la importancia de las pymes para la economía, pero, sobre todo, el esfuerzo que realizan todos los días por sostener sus actividades y mantener las fuentes de trabajo”.

Pablo Farías, diputado nacional.

“Estamos atravesando un momento difícil para las industrias del país, -continuó el diputado- , particularmente para el sector que involucra a la temática de la comisión, que son las pequeñas y medianas empresas”.

“Un sector que es importantísimo a la hora de pensar el desarrollo del país. Aproximadamente el 75% de los empleos privados de nuestro país dependen de pequeñas y medianas empresas. Más allá de la caída que ha habido en los últimos meses, siguen siendo un factor importante de la economía, más de 500 mil empresas hoy reciben esta calificación, de ser pequeñas y medianas”, resaltó.

En este sentido, Farías subrayó que “aún así, en el país y la región nos falta mucho por desarrollar. La cantidad de empresas por habitante que tiene la Argentina está todavía por debajo de países como Chile, Uruguay, Brasil, ni hablar si nos comparamos con cualquier país desarrollado. Seguramente aquí podremos dar algunos debates que van a ser fundamentales en la búsqueda de un cambio en ese sentido”.

Para finalizar, el recién electo presidente de la comisión de pymes expresó su apertura para generar los espacios de diálogo y trabajo que propongan las diferentes fuerzas políticas y su “compromiso de diálogo y respeto hacia todos, más allá de las diferencias”.

A la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas le compete el estudio y la implementación de las medidas que tiendan a la protección y desarrollo de dicho sector productivo, a través de una adecuada legislación en materia impositiva, crediticia y de promoción de sus actividades, así como también dictaminar en todo proyecto en que las pequeñas y medianas empresas se encuentren involucradas por sus implicancias en cualquiera de los aspectos antes especificados.

Con ayuda de bloques aliados, el oficialismo aprobó este jueves en Diputados la baja de la edad de imputabilidad. De esta manera, el gobierno logra imponer la agenda de las sesiones extraordinarias, luego de la media sanción conseguida este miércoles por la reforma laboral.

El nuevo Régimen Penal Juvenil alcanzó 149 votos afirmativos y 100 negativos, sin que hubiera abstenciones. Junto a La Libertad Avanza se pronunciaron a favor el PRO, la UCR, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal, Encuentro Federal y Por Santa Cruz. En tanto que Unión por la Patria y la izquierda lo rechazaron y apuntaron al “marketing” y al enfoque punitivo.

El Gobierno, a través de un comunicado difundido en redes sociales, agradeció a los diputados que votaron a favor de la Ley Penal Juvenil propuesta por el oficialismo. El texto firmado por Javier Milei destaca que el proyecto “establece un principio básico de cualquier sociedad ordenada: quien comete un delito, debe responder ante la Justicia, independientemente de su edad”.

Diputados aprobó la baja de la imputabilidad juvenil a 14 años con 149 votos afirmativos y 100 negativos.

"Durante más de cuarenta años la dirigencia política evitó enfrentar esta discusión. Se presentaron más de 37 proyectos de reforma sin que ninguno fuera tratado. Mientras tanto, la realidad avanzó: el delito se volvió más violento, más organizado y más precoz (...) Este proyecto pone fin a esa distorsión", se lee en el comunicado.

"El Presidente agradece a los diputados que acompañaron esta media sanción y dieron respuesta clara frente a una de las principales preocupaciones de los argentinos: la inseguridad. El gobierno nacional confía en que en el Senado de la Nación trate esta reforma con la urgencia que la situación exige", agrega el texto.

El comunicado de la Oficina de Presidencia.

También celebró el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. “Se le ha dado media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil. Un paso más cerca de terminar con la puerta giratoria: delito de adulto, pena de adulto. Dios bendiga a la República Argentina. Fin”, expresó.

Lo propio hizo la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sostuvo que la media sanción de la ley de la baja de la imputabilidad a 14 años "pone fin a la impunidad de los menores que cometen delitos graves".

El posteo de Bullrich en X.

Por su parte, el ministro del Interior Diego Santilli se pronunció breve pero marcadamente sobre la media sanción que logró este jueves en Diputados el proyecto de ley para reformar el Código Penal Juvenil. "Delito de adulto, pena de adulto. Media sanción, ¡dale que falta menos!".

En la misma línea, la senadora Patricia Bullrich celebró la media sanción del proyecto que la tuvo como una de las impulsoras. “Mientras las familias lloran y vuelven a sus casas sin justicia, los menores que delinquen salen libres, sin antecedentes y sin consecuencias. Eso se termina. El menor que mata, paga. El que roba, responde. Es el primer paso para que nunca más la edad sea una excusa para el crimen”, escribió la ex ministra de Seguridad.

Además, el bloque de diputados del PRO que lidera Cristian Ritondo se expresó por la media sanción en términos positivos a la aprobación en la Cámara baja del proyecto de ley de Reforma Penal Juvenil, impulsado por el oficialismo pero consensuado con sectores dialoguistas.

"Celebramos la media sanción a la baja de la edad de imputabilidad a 14 años. Desde el PRO impulsamos esta reforma durante años, con una propuesta clara: responsabilidad penal, infraestructura propia y reinserción. Valoramos que el Gobierno haya incorporado estos aportes", escribieron desde la cuenta oficial del bloque .

Mauro L. Muñoz

Con 149 a favor, 100 en contra y cero abstenciones quedó aprobado en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto que baja la edad de imputabilidad a los 14 años y lo giró al Senado para su sanción definitiva.

Tras unas diez ocho horas de debate, la Cámara baja dio media sanción en la tarde de este jueves al nuevo Régimen Penal Juvenil que reduce la punibilidad de 16 a 14 años y establece un nuevo esquema de sanciones, medidas socioeducativas y reglas de detención diferenciada para adolescentes en conflicto con la ley penal.

Diputados aprobó la baja de la imputabilidad juvenil a 14 años con 149 votos afirmativos y 100 negativos.

El oficialismo de La Libertad Avanza, con el acompañamiento de bloques dialoguistas, consiguió con holgura los votos necesarios para aprobar la iniciativa que el Ejecutivo introdujo en el temario de extraordinarias tras el crimen de Jeremías Monzón ocurrido en la ciudad de Santa Fe a manos de tres menores.

El tratamiento se dio en una sesión extraordinaria que arrancó a las 11.18, con una jornada larga y cargada de tensión, donde se colaron cuestiones de privilegio entre tandas de oradores, y con el telón de fondo de un caso que el Ejecutivo.

Luego de la votación en general, el diputado Pablo Farías pidió modificar el artículo 1 del primer capítulo de la Ley para que se reduzca a la mitad la escala de la pena cuando el imputado sea un menor de catorce años y a dos tercios cuando sea un menor de 15. Sin embargo, la propuesta de Provincias Unidas no fue aceptada. Luego, fueron aprobados a mano alzada y sin modificaciones los capítulos 1, 2 y 3 del proyecto.

El quórum de 129 presentes se alcanzó con una combinación quirúrgica de bancas: 95 diputados de La Libertad Avanza; 20 del interbloque Fuerza del Cambio (PRO, UCR, MID y aliados); 7 de Innovación Federal; 3 del bloque Independencia; 3 de Elijo Catamarca; y la exlibertaria Lourdes Arrieta.

En el arranque del debate, la diputada oficialista Laura Rodríguez Machado sostuvo que el nuevo Régimen Penal Juvenil será “un gran paso para Argentina” y defendió que el sistema vigente es “ineficiente”, no resocializa y tampoco repara a las víctimas. Su línea fue clara: aún con pocos casos, el Estado “tiene que actuar”, y el argumento de que la incidencia juvenil es baja le pareció “cruel”.

Enfrente, Victoria Tolosa Paz (UxP) lo calificó como “mamarracho jurídico” y acusó al oficialismo de sostener una consigna marketinera —“delito de adulto, pena de adulto”— para un tema que, dijo, exige proporcionalidad y dispositivos especializados “no durlock en cárcel de adultos”. Insistió en que el problema “no se soluciona con marketing” ni “cambiando la edad como si fuera un juego de póker”.

El jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, apuntó a un “vacío de política pública” sobre los niños y adolescentes no punibles, y cuestionó que aportes de la Iglesia, UNICEF y la Sociedad Argentina de Pediatría “no fueron tenidos en cuenta”. También remarcó que el abordaje presupuestario es “ínfimo” y que no incluye con claridad el impacto provincial.

Diputados aprobó la baja de la imputabilidad juvenil a 14 años con 149 votos afirmativos y 100 negativos. Foto: HCDN.

Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman endureció el rechazo: “el que le vote que sienta vergüenza”, dijo, y advirtió que bajar la edad no resuelve y que la criminalización recae sobre los sectores populares. Romina del Plá sumó otra alerta: que las bandas narco “vayan a buscar como soldaditos” a chicos aún más chicos, de 10, 11 y 12, si el sistema cambia el umbral.

Del lado oficialista, el libertario Santiago Santurio defendió que se están debatiendo “delitos graves” y que el Estado debe dar respuesta. “No es la solución definitiva, pero es una respuesta fundamental”, planteó.

Entre los respaldos, Miguel Pichetto se mostró a favor de bajar a 14 años, pero dejó una advertencia que atravesó a varios dialoguistas: descree que el Gobierno “ponga el presupuesto” real para infraestructura y ejecución del régimen. Incluso puso un número gráfico en la discusión: el metro cuadrado de construcción para encierro “cerca de 7.000 dólares”, y reclamó una cláusula que contemple las condiciones efectivas de implementación en provincias.

Cristian Ritondo (PRO) defendió que se trata de un debate “necesario” y “postergado”, con una ley de casi 50 años frente a una “violencia desbordada”. Y marcó una línea que sintetizó el consenso: “es prudente” dejar la edad en 14 porque no hay “consenso científico” para ir más abajo y por la “capacidad real del Estado”.

En clave santafesina, la diputada Gisela Scaglia apoyó el régimen y puso el foco en una preocupación que atraviesa el territorio: el narcotráfico como red de captura. Dijo que Santa Fe “reclama” un régimen penal juvenil y planteó que la punibilidad puede funcionar como resguardo para evitar que los narcos “agarren” a los chicos. Pero sumó un límite: la inversión social “tiene que darse en conjunto” y no puede recaer solo en las provincias.

La iniciativa, ya con media sanción, pasó al Senado. Allí el oficialismo buscará repetir la fórmula: aliados, poroteo fino y un debate que, aunque tenga décadas, en año electoral siempre se siente como si fuera la primera vez.

La Cámara de Diputados de la Nación oficializó la convocatoria a sesión especial para este jueves a las 11, a fin de tratar dos temas pedidos para extraordinarias por el gobierno nacional: La Ley Penal Juvenil y el acuerdo comercial Mercosur-UE.

Si bien el primero de los temas tiene dictamen de comisiones desde mayo del año pasado, se anticipa un fuerte debate en el recinto, tanto por la oportunidad de llevarlo a sesión con poco tiempo de debate previo, al menos en la nueva constitución de las cámaras, como por los distintos posicionamientos que existen en la materia.

En concreto, se sabe que el oficialismo impulsa un piso mínimo de 13 años para declarar imputable a una persona, en tanto que la posición mayoritaria es llevarlo a 14. Aunque subsisten posiciones que insisten en sostener un mínimo de 16.

El gobierno nacional ingresó el lunes un proyecto propio que pocas horas después fue retirado. Allí se insistía con el piso de 13 años que fue reconsiderado a fin de lograr consenso con los espacios dialoguistas.

El proyecto oficial también incluía la asignación de fondos a la Defensoría General y al Ministerio de Justicia para que procuren el financiamiento para la efectiva implementación de la ley. Se espera que este texto ingrese en as próximas horas.

Mientras tanto, son 15 iniciativas sobre el mismo tema las que figuran en la convocatoria del jueves, incluido el mensaje 46 del Ejecutivo, presentado en julio de 2024 sobre Régimen Penal Juvenil.

Este martes quedaron constituidas siete comisiones, algunas de las cuales tendrán en debate los dos temas sobre los que sesionará Diputados en la primera extraordinaria del año.

Con polémica por el número de lugares asignados a las fuerzas intermedias de la oposición “dialoguista”, el oficialismo buscaba en las últimas horas apurar a los bloques para que comunicaran a más tardar el fin de semana los nombres de los diputados que integrarán las comisiones de trabajo que funcionarán durante el período de sesiones extraordinarias.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, adoptó el sistema de distribución proporcional D'Hont para decidir cuántos lugares les correspondía a cada espacio político en las cinco comisiones que trabajarán durante el verano: Presupuesto, Legislación Penal, Asuntos Constitucionales, Legislación del Trabajo y Recursos Naturales.

El número reservado para cada una de las fuerzas políticas fue comunicado a lo largo de esta semana a los jefes de bloque por el presidente de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni, con un nivel de aceptación dispar por parte de la oposición.

Gisela Scaglia, Provincias Unidas.

Si bien el sistema D'Hont es considerado uno de los criterios más objetivos, al ser pocas las sillas que están en juego es inevitable que algún espacio político se sienta desfavorecido en el loteo final, porque una mínima disparidad de tamaño entre dos fuerzas legislativas puede determinar la diferencia entre tener un representante más o un representante menos en una comisión.

Provincias Unidas (la bancada mayoritaria del flamante interbloque “Unidos” que preside la santafesina Gisela Scaglia) quedó profundamente insatisfecha porque le otorgaron tres lugares en la crucial comisión de Presupuesto, uno menos que lo que le asignaron al interbloque del PRO, la UCR y el MID.

Si bien ambos interbloques arrancan con 22 integrantes, a Menem no se le escapó el detalle que el ex gobernador cordobés Juan Schiaretti no pudo asistir a la sesión preparatoria para jurar como nuevo diputado de Provincias Unidas.

“Teníamos ese dilema porque nos quedaban siete lugares para repartir entre Provincias Unidas y el PRO-UCR. Y había que definir de alguna manera. Lo de Schiaretti fue lo que encontramos como para zanjar la cuestión”, explicaron fuentes de la Presidencia de la Cámara baja.

A nadie se le escapa el hecho de que el interbloque del PRO, la UCR y el MID (alianza parlamentaria que todavía no comunicó su nombre formal) tiene un perfil mucho más amigable y funcional al oficialismo que el de Provincias Unidas, que a priori se ubica en cuadrante de la oposición moderada.

“Rechazamos la composición que nos proponen desde Presidencia. Teniendo 21 o 22 integrantes, la cuenta da siempre 4 (representantes para la comisión de Presupuesto”, recriminó una importante diputada de Provincias Unidas en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

El oficialismo insiste en que este mismo viernes por la noche todos los bloques deben notificar los nombres de los representantes para cada una de las cinco comisiones (de acuerdo al número que se le asignó oportunamente a cada uno), pero admiten que producto de las desavenencias cuantitativas, habrá un “período de gracia” que se extenderá durante todo el fin de semana hasta el lunes mismo en que están previstas las reuniones constitutivas de Presupuesto y Legislación Penal.

En la sesión preparatoria, La Libertad Avanza ratificó la condición de nueva primera minoría que le arrebató a Unión por la Patria (UxP), que fue el espacio más numeroso en los primeros dos años de Gobierno de Javier Milei.

El oficialismo debuta en esta nueva etapa con 95 miembros, dejando atrás al peronismo que redujo su tropa a 93 integrantes producto de la salida de los diputados catamarqueños que reportan al gobernador Raúl Jalil.

La Libertad Avanza responde al presidente Javier Milei.

De esta manera, La Libertad Avanza se queda con la porción más grande de la torta de las comisiones.

Según transmitieron altas fuentes de la Presidencia de la Cámara baja a las que la Agencia Noticias Argentinas tuvo acceso, al oficialismo le tocarán 20 sillas de las 49 disponibles en la comisión de Presupuesto, mientras que a UP se le reservaron 18 lugares.

Entre los dos bloques más grandes acapararán 38 de los 49 lugares en las comisiones, lo que perfila un formato marcadamente bipartidista para el debate de la decisiva Ley de Presupuesto 2026.

Para las fuerzas que flotan en el medio quedan apenas 11 lugares disponibles, y es allí donde aparecen las discrepancias y las acusaciones de discrecionalidad contra Menem, especialmente de Provincias Unidas, pero también de la izquierda, que pujó sin éxito para colocar a Myriam Bregman en la comisión de Legislación Penal y a Nicolás del Caño en la de Presupuesto.

Según informó NA, al Frente de Izquierda se le asignó una silla en la comisión de Legislación del Trabajo (que será ocupada por Néstor Pitrola) y otra en la comisión de Recursos Naturales (Romina del Plá).

En la comisión de Legislación Penal, de 35 integrantes, La Libertad Avanza detentará 15 lugares, en tanto que Unión por la Patria tendrá una docena.

Provincias Unidas ("Unidos") se hará de tres sillas, igual cifra que el interbloque del PRO y la UCR; mientras que quedarán dos lugares disponibles para fuerzas legislativas más chicas.

"Tiene que funcionar como un reloj”, justificaron las fuentes parlamentarias consultadas del oficialismo para explicar los motivos de la exclusión de la izquierda de la comisión en las que se pretende avalar en tiempo récord los proyectos de Inocencia Fiscal y la ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

En Unión por la Patria, en principio, no discuten la cantidad de lugares que les adjudicaron en cada una de las cinco comisiones que trabajarán en extraordinarias ("no es tan distinto de los números que nosotros teníamos", admitió a NA un diputado clave en el bloque peronista), pero sospechan que La Libertad Avanza estará sobre representado al haberse atribuido más sillas de las que les correspondería, en detrimento de otras fuerzas de la oposición dialoguista.

El oficialismo necesita confirmar cuanto antes los nombres designados por cada una de las fuerzas para poder anunciar las reuniones constitutivas de Presupuesto y Legislación Penal, previstas para el próximo lunes, aún sin horario asignado.

El objetivo es dictaminar los proyectos el martes que viene, de manera tal de llevarlos al recinto entre el miércoles y el jueves para obtener las medias sanciones y girarlos al Senado.

Mauro L. Muñoz

Intensas negociaciones en la previa a la sesión que este miércoles tendrá la Cámara de Diputados de la Nación. Peronistas y libertarios llegan prácticamente cabeza a cabeza por la primera minoría, mientras que el PRO y la UCR pergeñan un nuevo interbloque por la tercera fuerza.

Antes de los “sí, juro”, la Cámara baja está convocada a las 11 a una sesión especial para aceptar una batería de renuncias: diputados que saltan a otros cargos, electos que dejan mandatos anteriores inconclusos, candidaturas testimoniales que no se materializarán en una banca.

Después, desde las 13, llegará la sesión preparatoria con la jura de los nuevos diputados terminará de mostrar qué bloque se queda con la primera minoría y quién se acomoda en el rol de tercera fuerza. De esos números dependerá el reparto de comisiones, lugares en la conducción de la Cámara y poder de veto en cada votación importante.

Este martes, tres de los cuatro diputados de Catamarca confirmaron que se irán de Unión por la Patria. La confirmación llegó, mientras el bloque estaba reunido para elegir sus autoridades.

Por orden del gobernador Raúl Jalil, Sebastián Nóblega, Fernando Monguillot y Fernanda Ávila abandonaron la bancada peronista. No estuvieron presentes en la reunión de UxP y formalizaron la conformación de un nuevo bloque, “Elijo Catamarca”, que ya notificó al presidente de Diputados, Martín Menem. Nóblega será el titular y Monguillot su vice.

La decisión no fue improvisada. Jalil venía participando de negociaciones con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y otros mandatarios del Norte Grande para construir un espacio parlamentario propio, con agenda más regional y menos concentrada desde Buenos Aires.

Dentro de Unión por la Patria quedó solo una catamarqueña: Claudia Palladino, que se mantuvo en la bancada, habló ante sus compañeros y fue aplaudida. Detrás, una figura de peso interno: la senadora Lucía Corpacci, autoridad del PJ nacional, que empujó para sostener al menos una representante del distrito dentro del espacio.

Con esa sangría, el peronismo pasó de tener 96 escaños a quedar en 94. Y según cómo se ubique el puntano Jorge “Gato” Fernández, el número podría ser 93. En declaraciones a la prensa local, Fernández había anticipado que no se sumaría al bloque por considerar que no atiende la problemática de San Luis. Sin embargo, este martes “pasó” por la reunión de UxP, detalle que alimentó las especulaciones hasta último momento.

Del otro lado, La Libertad Avanza contabiliza 94 diputados confirmados. Si Fernández se mantiene fuera de UxP y los libertarios suman algún último pase sobre la hora, el oficialismo podría consolidarse como primera minoría. Los números definitivos se verán este miércoles.

Pese al golpe catamarqueño, Unión por la Patria eligió evitar la crisis abierta puertas adentro. En la larga reunión de este martes se ratificó el trío de conducción: el santafesino Germán Martínez como presidente del bloque, Cecilia Moreau como vice y Paula Penacca como secretaria parlamentaria.

En la sesión preparatoria, además, se buscará que Moreau conserve la vicepresidencia de la Cámara que le corresponda a la principal bancada opositora. Los rumores que habían circulado sobre un eventual reemplazo de Martínez no prosperaron. El reclamo de un sector por “mayor escucha” a las provincias y una agenda menos porteñocéntrica quedó, por ahora, encapsulado.

Resta definir si el bloque peronista definirá si mantiene su nombre o se rebautiza —la opción “Fuerza Patria” está sobre la mesa—, en línea con la reconfiguración que también vive en el Senado. Pero esa discusión quedó en segundo plano frente a la urgencia de sostener volumen político y no ceder el primer lugar en la Cámara baja.

Mientras el peronismo hacía cuentas para no caer del primer escalón, La Libertad Avanza jugó a sumar. Desde que ganó las elecciones, el oficialismo logró incorporar a más de una docena de diputados de otros espacios; entre ellos, dos santafesinos: Verónica Razzini y Alejandro Bongiovanni.

Esta semana se agregó otro movimiento clave: la confirmación de la renuncia de Silvia Lospennato a su banca para asumir en la Legislatura porteña. En su lugar entrará la bullrichista Lorena Petrovich, que ya avisó que acompañará a los libertarios.

El objetivo del oficialismo es claro: arrebatarle al PJ la condición de primera minoría y llegar con una base más robusta a la discusión de autoridades, comisiones y, más adelante, de las reformas que el Ejecutivo buscará tratar en extraordinarias. Desde la presidencia de la Cámara, Martín Menem, y desde el Senado, Bullrich, empujan en la misma dirección.

Mientras peronistas y libertarios se trenzan por el primer puesto, otra pelea corre por carriles menos visibles pero igual de relevante: quién será la tercera fuerza del recinto.

En las últimas horas, bloques aliados del oficialismo trabajan para armar un interbloque que los coloque como tercer jugador en Diputados, un lugar que cotiza alto a la hora de negociar comisiones y espacios de poder.

Del lado de lo que fue Juntos por el Cambio, avanzan conversaciones entre el Pro y un sector de la UCR. Los amarillos podrían quedar en 14 bancas, con alguna baja pero también con un regreso; y se proyecta que unos 6 radicales se sumen a ese armado. A ellos se buscaría agregar a dos diputados del MID y a dos de Producción y Trabajo. Con esos números, el eventual interbloque podría superar a otros.

Enfrente aparece Provincias Unidas, la fuerza impulsada en las elecciones de octubre por gobernadores como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz) e Ignacio “Nacho” Torres (Chubut).

A ese espacio podrían sumarse diputados de la Coalición Cívica (Maximiliano Ferraro y Mónica Frade) y de Encuentro Federal (Miguel Pichetto y Nicolás Massot). Según trascendió, la presidencia del interbloque podría quedar en manos de la saliente vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia.

Antes de que los nuevos diputados levanten la mano para jurar, una sesión especial aceitará el mecanismo de recambios. Varias renuncias se pondrán a consideración del cuerpo para habilitar la llegada de sus reemplazantes.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Diego Santilli. El actual ministro del Interior presentó su renuncia el 7 de noviembre, pero como no hubo sesión desde entonces, nunca se formalizó su salida. Recién ahora se aceptará su dimisión y se habilitará el ingreso de Rubén Darío Torres, dado que el reemplazante original, Nelson Marino, también resultó electo en octubre y renunció al mandato 2025-2029.

También se tratarán las renuncias de las libertarias Nadia Márquez y Emilia Orozco, que se mudarán al Senado y serán reemplazadas hasta 2027 por Gabriela Muñoz, Natalia Chemor y Eliana Bruno, respectivamente. Desde UxP, el rionegrino Martín Soria renunció tras ser electo senador y su lugar será ocupado por Marcelo Mango.

Habrá otros movimientos cruzados: la tucumana Gladys Medina, que tenía mandato hasta 2027, será reemplazada por Elia Fernández de Mansilla, pero asumirá un nuevo período hasta 2029 tras haber integrado la lista encabezada testimonialmente por el gobernador Osvaldo Jaldo. En su lugar entrará Javier Noguera.

En una jugada preventiva, la rionegrina Lorena Villaverde presentó una nota para retirar su renuncia a la banca de Diputados. Con su título de senadora impugnado y devuelto a la Comisión de Asuntos Constitucionales, se anticipó a la posibilidad de quedar sin ningún asiento legislativo hasta que se resuelva su situación en la Cámara alta.

El jefe del bloque Coherencia, Carlos D’Alessandro, dejará su banca para asumir como legislador provincial de San Luis y será reemplazado por Claudio Álvarez. El vicegobernador sanjuanino Fabián Martín, que había sido candidato en octubre, no asumirá; lo hará en su lugar Carlos Jaime.

La política argentina ingresa a la última semana de una extensa campaña electoral para renovar parte del Congreso Nacional y donde La Libertad Avanza aspira a garantizarse los tercios en las cámaras para aguantar los vetos y alejar todo intento de juicio político al presidente o a sus ministros.

Pero también espera conocer el nuevo mapa político para armar la agenda pendiente donde será clave el nuevo Congreso de acuerdo a los compromisos que parecen emerger del respaldo que ha logrado del gobierno de Donald Trump.

La provincia de Santa Fe designará el domingo nueve diputados para los próximos cuatro años. En esta ocasión tampoco corresponde renovar las bancas de los tres senadores. Eso recién ocurrirá en el próximo turno electoral, en octubre de 2027.

Si bien son diez y seis las listas que están en la Boleta Única Papel que debutará en la categoría diputados nacionales por Santa Fe, son tres los sectores que parecen acaparar la atención del electorado al decir de las encuestas que se conocieron en las últimas semanas. Otros dos sectores -a izquierda y derecha- también pretenden ingresar a la discusión por el reparto de bancas.

La eliminación de la Primaria Abierta, Simultánea y Obligatoria (Paso) hace que la navegación de los candidatos sea a ciegas, sin base de referencia. Esa falta de Paso hace que todos los anotados estén en la instancia final sin tener que pasar el piso fijado en la norma electoral vigente, hoy puesta entre paréntesis por una ley acordada entre las principales fuerzas políticas.

La Libertad Avanza y Fuerza Patria protagonizarán el principal duelo electoral nacional. En Santa Fe, se suma Provincias Unidas, alianza motorizada por un grupo de gobernadores, entre ellos Maximiliano Pullaro.

Las tres listas encabezadas por Agustín Pellegrini, Caren Tepp y Gisela Scaglia parecen tener el protagonismo principal de la contienda. El primero, desde redes sociales y con la bandera del gobierno nacional; las dos mujeres con una decisión de peinar el territorio con recorridas diarias para fidelizar el voto propio y generar empatía con los sectores independientes.

Las nueve bancas a elegir serán para reemplazar las cinco que obtuvo hace cuatro años Juntos por el Cambio; las tres del Frente para la Victoria y la restante del socialista Esteban Paulón acompañando entonces la postulación presidencial de Juan Schiaretti. Parece una foto sepia.

De los nueve electos entonces solo Gabriel Chumpitaz y Melina Giorgi aspiran a seguir. El primero ya no en el Pro sino encabezando un frente llamado Compromiso Federal. La segunda en el tercer lugar de Provincias Unidas. Paulón, en tanto, ensayará suerte como candidato a senador por CABA.

Las encuestas marcan una elección con preponderancia de esos tercios. Encuestadores nacionales y provinciales parecen estar de acuerdo en ese concepto e incluso en que la candidata de Fuerza Patria, Tepp, tendría una leve ventaja sobre Scaglia (Provincias Unidas) y Pellegrini (La Libertad Avanza).

Las diferencias que marcan los encuestadores están dentro de los márgenes de error de los sondeos y por lo tanto el resultado final es abierto. La última semana será muy especial para definir un comicio con diferentes expectativas para los tres sectores.

Pullaro necesita hacer una buena elección para ratificar su liderazgo en el territorio pero además para continuar sentado a la mesa de Provincias Unidas para definir el 2027. El gobernador no tiene aspiración presidencial para esa fecha y su apuesta será ir por la reelección como lo habilita la nueva Constitución.

Después de la elección nacional se habla de un relanzamiento de gestión donde será clave la lectura del resultado electoral. El propio Pullaro admitió que el Ejecutivo se sentará con los gremios estatales para compensar la política salarial cerrada para fin de año.

El justicialismo, ahora Fuerza Patria, necesita un triunfo para también pararse para 2027 en la provincia y para sumar musculatura en el futuro Congreso donde es la primera fuerza en ambas cámaras. La presencia de Caren Tepp (Ciudad Futura) refrescó la imagen de la fuerza en una lista donde los principales actores provinciales del PJ (el perottismo y los senadores) sólo acompañan.

El panorama de tercios entusiasma a actores del justicialismo porque entienden que la fuerza volverá a ser competente en la carrera para la Casa Gris.

LLA tiene todo para ganar. No pone bancas en juego aunque sí necesita triunfar para tener alguna expectativa en 2027 para gobernar Santa Fe. Hoy rinde más el nombre de la alianza, el color violeta, que los dirigentes. No obstante, desde diciembre tendrá presencia en varios concejos municipales, entre ellos Rosario y Santa Fe. La suerte política santafesina estará atada a la suerte de Milei.

Es ante esta situación que el equipo de campaña sueña con que el propio Milei cierre en Rosario la campaña electoral.

Justicialistas y radicales se distribuyeron la mayor cantidad de diputados nacionales por Santa Fe entre 1983 y 2023. Sin embargo hoy sus dirigentes no encabezan las listas de Fuerza Patria ni de Provincias Unidas. Nuevos tiempos políticos.

También de los nuevos tiempos políticos es la apatía electoral para concurrir a votar por tercera vez en el año en Santa Fe. El responsable de una consultora rosarina no había podido terminar la proyección electoral de octubre por la falta de datos de Rosario y de Santa Fe.

"No logramos que nos contesten encuestas y no podemos terminar el relevamiento", admitió. En cambio reconoció que en las ciudades del resto de la provincia la situación es diferente y hay otro ánimo ante los encuestadores.

El domingo próximo, Santa Fe definirá representantes en el nuevo Congreso y el resultado empezará a proyectarse en el territorio sabiendo que es el último test electoral antes del 2027 donde se renovarán las autoridades del Ejecutivo y del Legislativo santafesino con el formato de la nueva Constitución.

Mauro L. Muñoz

En la maratónica sesión especial de este miércoles, Diputados trató la designación de María Paz Bertero como titular de la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, junto a Matías Robledo y Héctor Vito como defensores adjuntos en primer y segundo orden, respectivamente.

El tema no era menor ya que buscaba cerrar el concurso público de antecedentes y oposición iniciado meses atrás por la Comisión Bicameral Permanente del Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, que preside la diputada jujeña por la UCR Natalia Sarapura.

La votación se saldó con 156 votos afirmativos, 44 negativos y 4 abstenciones. La terna fue aprobada y girada al Senado para que logre la sanción definitiva de la propuesta. Sin embargo, el tratamiento tuvo un encendido debate, con fuertes acusaciones desde la bancada libertaria en la voz del santafesino integrante de la Comisión, Nicolás Mayoraz.

Los cruces se activaron incluso antes de que se abriera la discusión formal. En la votación del plan de labor parlamentaria, Mayoraz exigió explicaciones sobre el pedido de que el tratamiento de la Defensoría se hiciera “sin discursos” para acortar los tiempos de la sesión. “¿A qué le tienen miedo? ¿A que se conozcan las irregularidades del proceso? Esto es ilegal. No se puede proponer a los tres integrantes de la comisión. Quieren seguir como cuando gobernaba el kirchnerismo”, disparó desde su banca.

Desde la otra punta del hemiciclo, Sarapura pidió la palabra y salió al cruce con dureza. “Acá no hay diputados que le tengamos miedo a nada. Pero hay algunos que están acostumbrados a hacer del Congreso un circo. No saben sumar, solo restar. Les restan calidad institucional al debate”, lanzó. Y apuntó contra los libertarios: “Desde que llegaron traban las comisiones que no presiden. No están defendiendo la institucionalidad; están haciendo campaña”.

Horas más tarde, luego de que se apruebe con cambios la reforma a la ley de DNU, llegó finalmente al recinto el proyecto de resolución con la propuesta para la nueva conducción de la Defensoría de la Niñez.

Sarapura tomó la palabra como presidenta de la Bicameral. Se plantó en el centro del recinto y leyó parte de la Ley 26.061, que regula la designación. “La bicameral se integró el 6 de marzo y trabajó sin pausa, con compromiso y con convicción democrática”, arrancó.

Enumeró las etapas del concurso: la publicación de la convocatoria, las 231 postulaciones de 19 provincias, la valoración de antecedentes, los exámenes anónimos, las audiencias públicas y las ponderaciones finales. “Todo se hizo con transparencia, con escribano público y la participación de legisladores de todas las fuerzas”, subrayó.

Para la radical, los cuestionamientos fueron políticos antes que técnicos. “Si tenían candidatos que no pasaron, no tengo la culpa. Si los que aprobaron son de otra afinidad política, no es mi responsabilidad. En todo caso, mándenlos a estudiar a sus candidatos”, ironizó, provocando algunos aplausos.

También rechazó las acusaciones de irregularidades: “Se dijo que hubo impugnaciones no tratadas, y es mentira. Se revisaron exámenes, participaron los asesores, se aplicó el reglamento que ya estaba aprobado. Hay quienes critican porque no les gustó el resultado, no porque el proceso haya sido irregular”.

La diputada jujeña aprovechó, además, para recordar que los mismos legisladores que hoy denunciaban irregularidades habían acompañado parte del proceso: “La Libertad Avanza votó ternas en la bicameral. Cuando quieren, se suman. Cuando pierden, lo cuestionan”.

Y cerró con un mensaje político directo al presidente de la Cámara: “Usted debería preocuparse por la calidad institucional y no permitir que cuando no presiden una comisión, algunos ensucien el trabajo de otros. Aprendan a ser una minoría respetuosa”.

Luego de que la diputada del PRO y secretaria de la Bicameral, Natalia Sotolano, se expresara en apoyo a lo resuelto en la Comisión, el titular de la Cámara Martín Menem le cedió la palabra a Mayoraz pese a que no había sido lo acordado. En tono encendido, el libertario retrucó el procedimiento defendido por Sarapura: “Dicen que están eligiendo tres candidatos por una excepción. ¿Se dan cuenta de lo que dicen? Se creen por encima de la ley. El artículo 61 es claro: los adjuntos deben ser propuestos por el defensor, no por esta Cámara”.

El santafesino apuntó una y otra vez contra la presidenta de la Bicameral: “Hay un fallo judicial que dijo que el reglamento del concurso estaba mal porque ocultaba los exámenes. Y esta señora los sigue ocultando. Algunos concursantes nunca pudieron verlos. Cuando finalmente accedí, encontré un montón de irregularidades, exámenes mal corregidos, arbitrariedades y favoritismos”.

Fue más allá citando los casos de los designados: “Eduardo Robledo, propuesto como adjunto, quedó entre los cuatro últimos en el examen escrito. Pero mágicamente, en la ponderación final, aparece primero. Y María Paz Bertero, que había quedado a mitad de tabla, terminó cuarta. Todo esto es un escándalo”.

Luego, aludió al perfil ideológico de la propuesta como Defensora. “Eligieron una militante kirchnerista, una activista de género. Su único mérito es ser parte de su espacio político. Van a convertir a la Defensoría del Niño en otro botín partidario”, lanzó.

La réplica de Sarapura apuntó a la “alusión moral” del diputado Mayoraz: "¿saben por qué fue que pude ver la calificación del diputado? Porque él me mandó su planilla, donde les puso cero a candidatos solo por su filiación política. Así que, antes de hablar de irregularidades, revise su conciencia”, contestó.

La Cámara ardía. El presidente del cuerpo debió intervenir varias veces para ordenar el debate. Finalmente, se procedió a votar y la discusión se saldó con el tablero electrónico proyectando el resultado: 156 votos afirmativos, 44 negativos y 4 abstenciones.

Ahora, será girado al Senado, que deberá completar el trámite para oficializar la designación. De prosperar, María Paz Bertero asumirá por un mandato de cinco años, en reemplazo de Marisa Graham, la primera en ocupar ese cargo tras más de una década de demora institucional.

Mauro L. Muñoz

La Cámara de Diputados tratará este miércoles los vetos de Javier Milei a la ley de presupuestos universitarios y a la emergencia en pediatría con fondos para el Hospital Garrahan, mientras en las afueras del Congreso se espera una masiva movilización.

La sesión fue citada para las 13 con temario amplio. En los hechos, los movimientos ya empezaron con distintas estrategias: el oficialismo intenta fijar el tercio que le permita dejar firme el veto, mientras que la oposición busca garantizar los votos que le permitan insistir con las leyes.

El procedimiento no deja margen para interpretaciones: para insistir y dejar firmes ambas leyes, la oposición necesita reunir dos tercios de los votos de los presentes. Si lo logra, las normas pasarán al Senado, que también deberá alcanzar los dos tercios para convertir en letra viva lo que la Casa Rosada decidió vetar.

Del otro lado, La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados sólo necesitan asegurarse un tercio de los votos para sostener los vetos. El número depende directamente de las presencias: cuanto más lleno esté el recinto, más alto es el umbral opositor y, a la vez, más grande debe ser el bloque de contención oficialista.

Los antecedentes recientes ofrecen una brújula. En el caso de Universidades, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto con 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones. Según el conteo opositor, faltó apenas un voto para llegar a los dos tercios sobre los presentes de aquella jornada. En Garrahan, el resultado fue todavía más cómodo: 159 afirmativos, 67 negativos y 4 abstenciones, con margen sobre el umbral de los dos tercios.

La premisa del oficialismo es que con dos o tres sillas vacías y abstenciones estratégicas se alcanzaría a defender los vetos, manteniendo el tercio original. Mientras que la oposición apuesta a consolidar los mismos votos más alguna recuperación de ausentes y dos o tres abstenciones convertidas en afirmativas para la insistencia en el financiamiento a las Universidades y el Garrahan.

En el poroteo se cuela el antecedente de la insistencia sobre ley de Emergencia en Discapacidad, vetada por el mandatario, que logró 172 votos a favor, 73 en contra y dos abstenciones en Diputados. Distinta suerte corrió el aumento a jubilaciones, que no logró los dos tercios que necesitaba para dar vuelta la decisión del presidente Javier Milei, con 160 votos a favor, 83 en contra, 6 abstenciones y 8 ausentes. Mientras que se optó por levantar la sesión antes del tratamiento del veto a la prórroga de la moratoria de Anses.

El poroteo opositor tiene un primer casillero claro: los cinco abstencionistas de la votación original de Universidades. Allí aparecen legisladores del PRO (con diferentes grados de cercanía al Gobierno), un republicano liberal y figuras que, por aquella fecha, aún orbitaban en espacios en reconfiguración. El segundo casillero es el de los ausentes (hubo alrededor de 18), entre los que se cuentan cuatro misioneros alineados a Carlos Rovira, dirigentes del MID y referentes provinciales que responden a Torres, Cornejo y Orrego.

Con este panorama, el foco vuelve a posarse sobre legisladores que responden a gobernadores con alianzas con la Rosada. En las votaciones originales, Mendoza (Cornejo), Chubut (Torres), Misiones (Rovira) y San Juan (Orrego) aportaron ausencias y abstenciones. También hubo movimientos internos en el MID, en Coherencia (el novel bloque de exlibertarios) y en fragmentos del PRO donde conviven halcones oficialistas y dialoguistas federales.

En el caso de los 19 diputados nacionales por Santa Fe, estuvo repartido el voto en las votaciones originales.

A favor del financiamiento universitario votaron Florencia Carignano, Diego Giuliano, Germán Martínez, Magalí Mastaler y Eduardo Toniolli (Unión por la Patria); Roberto Mirabella (Defensores de Santa Fe); Mónica Fein y Esteban Paulón; Mario Barletta (Unidos); y Melina Giorgi (Democracia para Siempre).

En contra del Financiamiento Universitario lo hicieron Rocío Bonacci, Romina Diez y Nicolás Mayoraz (LLA); y, desde el PRO Luciano Laspina, José Núñez, Verónica Razzini y Alejandro Bongiovanni. Mientras que Germana Figueroa Casas (PRO) eligió abstenerse y Gabriel Chumpitaz (Futuro y Libertad) estuvo ausente.

En cuanto a los fondos para el Garrahan votaron afirmativamente los mismos diez legisladores. Pero en contra votaron, además de los tres libertarios, Figueroa Casas y Chumpitaz, junto con Bongiovanni y Núñez; en tanto que Laspina se ausentó en esa votación.

Con ese historial, las miradas se posan sobre los casilleros que no votaron alineados como Figueroa Casas, que se abstuvo en Universidades y votó en contra en Garrahan; y Chumpitaz que estuvo ausente en la primera votación de Universidades y se expresó en contra en Garrahan.

El resto de la delegación muestra posiciones consistentes con su alineamiento nacional o provincial y no exhibe, hasta ahora, señales públicas de cambio. En todo caso, el dato político a seguir es el equilibrio que buscará Pullaro entre su agenda de Provincias Unidas (con reclamos explícitos en financiamiento universitario y sanitario) y la convivencia con sectores del PRO que acompañaron los vetos o se ausentaron.

En paralelo al tratamiento, se espera una gran movilización en las afueras del Congreso. Agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales realizarán la tercera Marcha Federal para protestar contra los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento educativo y de emergencia pediátrica.

La concentración en Santa Fe será a las 17 horas, en avenida de los Siete Jefes y bulevar Gálvez, mientras que el gremio de la docencia universitaria, convoca una hora antes en el mismo lugar, además de anunciar que ese día habrá paro docente.

De allí partirá la movilización hacia el Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), donde se desarrollará el acto central desde las 18 horas. El mismo incluirá la entonación del Himno Nacional y la lectura de un documento unificado elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de las Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA).

A esta altura, hablar de semana clave ya es una redundancia. Todas las semanas son claves desde hace meses para el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, los mercados y, especialmente, la gente de a pie, que sigue en vilo los vaivenes de la economía micro, de entrecasa, mientras la gestión presidencial insiste en poner el foco en la macro: equilibrio fiscal a rajatablas, pero ¿a qué costo?

Este lunes a las 21 se espera el mensaje grabado del presidente Javier Milei que, en cadena nacional, anunciará el envío del proyecto de Presupuesto de Gastos y Recursos para el año 2026, luego de sostener una gestión económica compleja con una ley reconducida por dos años consecutivos: toda una novedad, aún para la Argentina.

Para el miércoles, la oposición ampliada en Diputados tiene un pedido de sesión especial a fin de llevar al recinto una agenda bien cargada, que incluye el rechazo a los vetos a la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica (Ley Garrahan) y al financiamiento universitario.

Por todo ello se espera una masiva concentración fuera del Congreso, que reunirá a estos sectores y se sumará a la ya habitual, y cada vez más poblada, marcha de los jubilados.

La sesión del miércoles fue pedida por los bloques de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y Encuentro Federal. Si prospera, se aguardan varias horas de debate sobre una amplia lista de temas, todos incómodos (otro lugar común a estas alturas) para el gobierno de Javier Milei. El Presidente está lanzado de lleno a la campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre, mientras intenta digerir la derrota del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, donde Fuerza Patria obtuvo un contundente triunfo.

Hay una tercera ley que el mandatario nacional vetó en apenas dos días: la que establece nuevas reglas para la distribución de los ATN que fue impulsada y presentada por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de CABA. Desde el sector lanzado con el nombre de Provincias Unidas (Santa Fe, Córdoba, Jujuy, Tierra del Fuego, Chubut y Corrientes) ya anticiparon su posición a favor de insistir con la ley, mientras se posicionan como una alternativa política al mileísmo para octubre y, a más largo plazo, para 2027. También se presentan como una opción al kirchnerismo, según dejaron en claro el viernes en Río Cuarto.

Es interesante seguir de cerca la posición que adoptarán los gobernadores que tienen en el Congreso la extensión de sus ideales y políticas: con un gobierno nacional empecinado en retacear fondos y paralizar obras en las provincias en pos del "déficit cero", puede ocurrir que los apoyos de antes se conviertan en rechazos en el futuro inmediato. Volviendo a la reunión de Provincias Unidas en Río Cuarto, se planteó seriamente la casi nula incidencia que significaba en el PBI la emergencia pediátrica, en tanto nadie refutó la importancia de las universidades públicas en el desarrollo del país y como garantía de ascenso social.

En una suerte de ajedrez en el que la gestión de Milei busca a toda costa preservar a la dama ("el Jefe", en realidad), las piezas se van moviendo con cuidado: el gobierno nacional convocó a una mesa federal sin mostrar el menú del convite que, hasta el momento, no llegó de manera formal. Solo hubo encuentros del flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, con los gobernadores de Entre Ríos, Chaco y Mendoza, aliados a La Libertad Avanza. El resto espera, pero también prepara su propio repertorio de demandas. Algo dejaron en claro: no van a aceptar una reunión para la foto.

Mientras tanto, Provincias Unidas ya anticipa agenda en otros territorios: el 30 de septiembre en Chubut, el 9 de octubre en Jujuy y el 15 de octubre en Ciudad de Buenos Aires. Y no descarta sumar a más gobernadores a sus filas.

La derrota electoral en Buenos Aires no fue el único revés reciente para el gobierno nacional. El Senado confirmó hace poco más de una semana y por una amplísima mayoría la ley de Emergencia en Discapacidad que debería comenzar a regir en los próximos días.

¿Habrá un anuncio al respecto en la cadena nacional de este lunes? Por el momento no trascendieron detalles del discurso que será grabado durante la tarde en Casa Rosada.

Sí está previsto que en Diputados se impulsen proyectos con pedidos de informes verbales: dos contra Karina Milei, secretaria general de Presidencia de la Nación; y uno contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, relacionadas con la investigación que se sigue sobre supuestas irregularidades en torno a las contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Así lo anticipa el sitio especializado Parlamentario.com, que suma a esta agenda el pedido de emplazamiento a la Comisión de Asuntos Constitucionales para dictaminar sobre la modificación a la Ley 26.122 de marco regulatorio a los decretos de necesidad y urgencia. Habrá más emplazamientos, un recurso que se volvió frecuente ante la falta de convocatoria a comisiones lideradas por el oficialismo en temas claves. En este caso apunta a la creación de la comisión investigadora sobre el fentanilo contaminado para lo que se pedirá una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento.

Si prosperan los pedidos de la oposición, habrá más emplazamientos:, varios competen a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario José Luis Espert, por la ley de emergencia en el sistema de ciencia y técnica; ley de Alzheimer; y planes de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia.

Todo esto mientras sigue adelante el trabajo de la Comisión Investigadora del caso $Libra, otro tema sensible para el gobierno de Javier Milei. Todo indica que por delante quedan varias semanas cruciales, una vez más, para el gobierno nacional, las provincias, los mercados y para la gente de a pie.

Feriado no, día no laborable. Así lo interpretaron 35 diputados y diputadas que el viernes ingresaron un pedido de sesión para este miércoles a las 12. La convocatoria quedó oficializada en la agenda de la Cámara baja este lunes.

Si los bloques que impulsan la apertura del recinto logran reunir quórum, se llevaría a debate una larga lista de temas incómodos para la agenda del gobierno nacional: vetos, comisión $Libra y los proyectos impulsados por la totalidad de los gobernadores y CABA que ya tienen media sanción del Senado.

Entre otras firmas, el pedido incluye al presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez; de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, y de Democracia para Siempre, Pablo Juliano.

El temario abarca prácticamente una docena de asuntos, entre ellos los cuatro vetos del Ejecutivo: contra la Emergencia por Discapacidad, la recomposición a jubilados, moratoria previsional y declaración de emergencia para Bahía Blanca luego de la trágica inundación del 7 de marzo pasado. Este último veto ya fue rechazado por el Senado.

También volverá al recinto de sesiones el tema de la comisión $Libra, esta vez para poner en debate los dictámenes obtenidos en la última reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales que preside el santafesino Nicolás Mayoraz (LLA). Allí se lograron impulsar dos iniciativas, una por mayoría (38 adhesiones) y otro de minoría (con 13 firmas). La primera fija un nuevo criterio para la elección de autoridades (cuestión que trabó el efectivo funcionamiento de la comisión) y dispone que en caso de empate, la presidencia deberá surgir de aquellos bloques que tengan mayoría en el pleno de la Cámara. Fija también un nuevo plazo de funcionamiento de la comisión hasta noviembre.

Por otro lado, se espera que a la sesión lleguen los dos proyectos de ley que ya tienen media sanción de la Cámara alta y fueron impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de gobierno de CABA: el primero para modificar la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el otro, que aplica cambios al Impuesto a los Combustibles Líquidos.

Por último, se incluyó el tratamiento de una modificación de la Ley 24.769, de Régimen Penal Tributario, modificando la actualización de montos por el delito de evasión tributaria.

En el Senado nacional se espera una interesante actividad a partir de este martes. Desde las 15 habrá una reunión conjunta de la comisión de Salud de Población y Desarrollo Humano, y Presupuesto y Hacienda para analizar el proyecto de ley con media sanción de Diputados sobre emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud.

A las 16.30 volverá a reunirse Presupuesto y Hacienda pero con Educación y Cultura para analizar distintos proyectos vinculados al financiamiento universitario y la recomposición del salario docente.

Para el miércoles a las 11 se prepara otro plato fuerte. Se hará un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, en este caso para analizar la ampliación en el número de integrantes de la Corte Suprema de la Nación y la paridad de género en su composición. Entre las y los expositores, se contará con la presencia de la santafesina María Eugenia Chapero, jueza de Cámara de Santa Fe y presidenta de Red Mujeres para la Justicia.

Apenas unas horas después, a las 15, volverá a ser convocada Asuntos Constitucionales para debatir proyectos de modificación a la ley 26.122 de régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia, delegación legislativa y promulgación parcial de leyes.

En la previa del feriado y el cierre de alianzas de cara a las legislativas bonaerenses, el Congreso Nacional activó comisiones y anticipó debates de alto voltaje para los próximos días.

Para resumir, los proyectos de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario obtuvieron, este martes, sus respectivos dictámenes de mayoría en comisiones de Diputados y serán llevados a sesión cuando el cuerpo legislativo sea convocado.

En el Senado, en tanto, se espera una invitación formal a sesión para este jueves a las 14 a fin de tratar siete temas, uno más incómodo que el otro para el gobierno de Javier Milei. Al menos ese es el número de proyectos que impulsa la oposición e incluyen las dos iniciativas presentadas por los 23 gobernadores y el Jefe de Gobierno de CABA para redistribuir el impuesto a los combustibles y los ATN (Aportes del Tesoro Nacional), los proyectos con media sanción para recomposición y moratoria previsional, emergencia en discapacidad y el rechazo al veto del Ejecutivo a la ley que declaró la emergencia para Bahía Blanca tras la trágica inundación de marzo, entre otros.

Cuántos temas llegarán a tratarse es una incógnita. Por ahora, la atención está puesta en el quórum, porque no hay convocatoria oficial. Es decir que si se recorre la agenda de la Cámara alta prevista para este jueves, se verá que fuera de visitas guiadas y de la iluminación de balcones por el fallecimiento de Francisco Ramírez, no hay anuncio de actividad estrictamente parlamentaria.

La sesión se resolvió el lunes por la tarde cuando la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, recibió a jefes de los bloques que dicen asegurar el número necesario para abrir la sesión (la mitad más uno de los senadores). Para que se habiliten los temas que no tienen dictamen de comisión se requerirán dos tercios de los componentes de la Cámara. Por eso es que el número de temas que se podrán tratar es una incógnita, como también la cantidad de legisladores y legisladoras que ocuparán sus bancas en cada momento de la sesión.

En este punto, conviene no perder de vista que, más allá de las alianzas electorales (La Libertad Avanza cerró filas con el PRO para las legislativas de Buenos Aires del 7 de septiembre), todos los mandatarios provinciales acordaron reclamar los fondos que se les adeudan. Y el Senado es, por definición y composición, la representación federal en el Congreso; más allá de que el Presidente interprete que el objetivo de los gobernadores, entre quienes figuran aliados o al menos dialoguistas, es "destruir al gobierno nacional".

El martes hubo alta actividad en comisiones de la Cámara baja: primero para abordar la emergencia pediátrica, con presencia de trabajadores del Hospital Garrahan en el Congreso (hay prevista una gran movilización para el 17 de julio en el Palacio de las leyes), luego para recibir a una veintena de intendentes que reclamaron por el Fondo Federal de Compensaciones para el Interior, y a la tarde para discutir el financiamiento a las universidades públicas. En todas las reuniones hubo serios planteos al gobierno nacional y en el primero y último tema, se logró dictaminar.

Es más: las dos emergencias (salud pediátrica y universidades) requerían de una reunión conjunta de comisiones, incluida la de Presupuesto y Hacienda; la misma que preside el libertario José Luis Espert a quien se le cuestiona haber inmovilizado ese espacio durante varias semanas.

El saldo de la intensa jornada del martes fue que el plenario de Acción Social y Salud Pública, de Familias, Niñez y Juventudes, y Presupuesto y Hacienda, que había sido emplazada en la sesión especial de Diputados del 2 de julio, logró un dictamen de mayoría (otro de minoría) para declarar la emergencia de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud de la República Argentina por el término de un año. Además, ordena proteger los derechos a la salud y a la vida de niños, niñas y adolescentes.

En el debate previo, el diputado Pablo Juliano (Democracia para Siempre) hizo un llamado a todos los gobernadores al afirmar que "cuando los chicos del interior vienen a atenderse acá (por el Hospital Garrahan) no se pregunta si votaron a La Libertad Avanza, si votaron por Unión por la Patria, si vienen del norte, del sur o del este de nuestro país". Un aviso ante posibles fugas en el momento en que el proyecto llegue al recinto para su consideración. También será puesta en debate, en una futura sesión, la resolución 2109 del Ministerio de Salud que modificó las residencias por becas, cambio que viene siendo cuestionado por instituciones de salud, autoridades de distintas universidades y por los propios residentes, como también recibió críticas en el primer plenario del martes.

Por la tarde hubo una segunda reunión conjunta (Educación, y Presupuesto y Hacienda), esta vez para dar curso a otro emplazamiento de la Cámara para tratar el financiamiento a las universidades públicas, tema que motivó dos protestas masivas durante el año 2024 y que sigue siendo objeto de reclamo de las casas de altos estudios de todo el país, que recientemente unieron su postura en un documento avalado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Es la segunda vez que se intenta sacar adelante una ley en este sentido, luego de la norma que el Congreso sancionó el año pasado y fue vetada poco después por el Ejecutivo.

El santafesino Esteban Paulón defendió el dictamen de mayoría al postular que "en la defensa del presupuesto de las universidades va una buena parte de que Argentina sea un país con desarrollo, con igualdad, que garantice el sueño de la movilidad social ascendente".

Referentes de varias provincias y agrupaciones políticas hicieron oír su voz en defensa de la educación pública y de calidad, en tanto el dictamen mayoritario recogió 49 firmas: 34 de Unión por la Patria; 4 de Encuentro Federal; 6 de Democracia para Siempre; 2 de la Coalición Cívica; y 3 de Innovación Federal de la salteña Pamela Calletti y los misioneros Carlos Fernández y Yamila Ruíz. El Frente de Izquierda presentó un dictamen de minoría avalado por Christian Castillo y Vilma Ripoll, mientras que La Libertad Avanza, el Pro, Liga del Interior, el monobloque tucumano Creo, la bancada sanjuanina de Producción y Trabajo, el MID y el radicalismo no acompañaron los despachos, según detalla el sitio especializado Parlamentario.com.

Hasta aquí una síntesis de lo que pasó el día antes del 9 de julio. Por delante quedará descubrir lo que ocurra el jueves, a 14 horas del cierre de listas para la nacionalizada elección legislativa de Buenos Aires.

Mauro L. Muñoz

Minutos después de las 12, con 136 diputados sentados en sus bancas y quórum holgado, comenzó este miércoles la sesión especial con amplio temario, en el que se destacaba el financiamiento universitario y la emergencia del Hospital Garrahan. A poco de llegar a las 17, Martín Menem dio por terminado el debate intempestivamente.

Ambas iniciativas fueron rechazadas para el tratamiento sobre tablas, al no alcanzar los dos tercios de los votos de los presentes necesarios. Sin embargo, la oposición logró emplazar a las comisiones para buscar emitir la próxima semana dictámenes.

Otro tema que estaba en el orden del día, era la iniciativa para tratar una iniciativa que busca poner límites a los DNU. Además, un régimen de promoción de la salud cerebral, proyectos de ayuda fiscal a las PyMEs, retenciones agropecuarias, juicio por jurados y modificaciones a los husos horarios.

Con esta amplitud y rango temático, se especulaba con que la sesión pudiese extenderse por más de 24 horas. Sin embargo, la sesión tuvo un abrupto final luego de una larga discusión sobre el reglamento parlamentario.

El fallo de la justicia de Estados Unidos contra el Estado argentino por la expropiación de YPF se metió en el inicio de la sesión. Todo comenzó la cuestión de privilegio del diputado del Damián Arabia, quien apuntó contra Axel Kicillof, pero le siguió también un legislador libertario, con más críticas al kirchnerismo.

Más adelante, el santafesino Esteban Paulón (Encuentro Federal) se hizo eco de las agresiones e insultos del presidente Javier Milei contra los periodistas a través de sus redes sociales y pidió la remoción de la diputada Orozco de la comisión de Libertad de Expresión.

Luego, la diputada de Unión por la Patria Luana Volnovich realizó una cuestión de privilegio por las detenciones a militantes K tras la vandalización con caca a la casa del diputado Espert. "Es persecución política", dijo y amplió que Argentina no se respeta "un Estado de derecho".

Después de tres horas de cuestiones de privilegios en los que hubo pases de facturas y chicanas por temas varios, el cuerpo procedió a tratar los expedientes que conformaban el temario del día.

El primer eje fueron los proyectos para incrementar el financiamiento de las universidades nacionales. Con 142 votos afirmativos, 90 negativos y 3 abstenciones, Diputados rechazó el tratamiento en el recinto.

A continuación, la entrerriana Blanca Osuna, vicepresidenta de la Comisión de Educación, planteó la moción para emplazar al plenario de las comisiones de Educación, y Presupuesto y Hacienda el próximo martes 8 de julio a las 16 para tratar los siete proyectos de ley puestos a consideración sobre este tema. La moción resultó aprobada con 161 votos afirmativos, 68 en contra y 0 abstenciones.

Luego, siguió la emergencia de la salud pediátrica y la declaración del Hospital Garrahan como referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad.

La Cámara baja también votó por rechazo por 146 votos afirmativos, 85 negativos y 1 abstención, ya que las iniciativas tampoco tenía despacho de comisión y necesitaba los dos tercios de los votos.

En el mismo sentido, se votó afirmativamente el emplazamiento para el próximo 8 de julio a las 12 a las comisiones de Presupuesto y Hacienda, que preside José Luis Espert, a la de Acción Social y Salud, que preside Pablo Yedlin, y a la de Familia Niñez y Juventudes, que preside Roxana Reyes, para intentar tener dictamen y avanzar en el proyecto en una próxima sesión.

La moción planteada por el tucumano Yedlin se aprobó con 164 votos a favor, 66 en contra y 0 abstenciones. A quienes votaron en contra el primer emplazamiento, se sumaron el santafesino Gabriel Chumpitaz de Futuro y Libertad y el neuquino Pablo Cervi de Liga del Interior.

La sesión derivó transcurrió luego en un largo discurrir de interpretaciones del reglamento de labor parlamentaria, ante la moción del diputado Maximiliano Ferraro (CC-Ari) para modificar el funcionamiento de la comisión investigadora $Libra.

Esto es el kirchnerismo. pic.twitter.com/AObvDZtICp

Avanzó durante media hora entre chicanas los cruces entre oficialistas aliados y opositores. Pero la sesión se terminó de desmadrar cuando Cecilia Moreau (UxP) apuntó contra La Libertad Avanza, acusándolos de “meterse la Constitución Nacional en el culo”.

Las respuestas de los libertarios por fuera del uso de la palabra, desde la bancada de Unión por la Patria se levantaron de sus para increpar al diputado José Luis Espert, apuntado a lo largo de toda la jornada por "bloquear los debates en la comisión de Presupuesto, que preside", según la oposición.

Intempestivamente, sin encontrar consenso para continuar con el plan de labor parlamentaria acordado en la previa de la sesión, el presidente del cuerpo, Martín Menem, dio por finalizado el debate argumentando falta de quórum.

Durante la última semana de mayo se anticipó, con insistencia, en la sesión que la Cámara de Diputados de la Nación tendrá el próximo miércoles, a pedido de varios bloques opositores, para declarar la emergencia en discapacidad. Hasta el primer día de junio no figuraba la convocatoria oficial en la agenda de la Cámara baja. Sí, en cambio, aparece para este martes a las 12.30, una reunión de comisión de Acción Social y Salud Pública para abordar varios proyectos que expresan, cuanto menos, "preocupación" por la situación del Hospital Garrahan.

Es que la salud pública estuvo en el centro del debate durante la última semana y los reclamos se hicieron bien visibles con marchas en todo el país, por discapacidad, y en CABA por la suerte del hospital pediátrico, referente en la Argentina y el mundo.

Mientras tanto, los bloques opositores confían en sancionar este miércoles con una amplia mayoría un proyecto para declarar la emergencia en discapacidad, que es rechazado de plano por el Gobierno Nacional debido al impacto fiscal que, aseguran, tiene esa iniciativa.

No es el único tema que está en la lista: Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, y Democracia para Siempre pidieron la sesión para tratar, además, el aumento de las jubilaciones del 7,2 por ciento, y del bono de los que cobran la mínima, luego de la frustrada sesión del 21 de mayo que no reunió quórum para debatir este tema. Si el debate llega finalmente al recinto, será el mismo día en que el sector pasivo se volverá a movilizar, como cada semana, al Congreso.

Sobre la sesión que se anuncia ahora, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, quien debería oficializar la convocatoria en las próximas horas, acusó a los bloques opositores de "intentar romper el equilibrio fiscal" con la intención de aprobar aumentos en jubilaciones y de las pensiones y prestaciones de discapacidad ya que implican un costo de unos 12000 millones de dólares. Se sabe que esta gestión nacional tiene al "déficit cero" por encima de toda política, aunque esta implique recomponer la mínima de jubilaciones que apenas supera los 300 mil pesos con un bono congelado desde hace meses en 70 mil pesos.

Menem dijo, a través de su cuenta en X, que "una vez más, el kirchnerismo con sus actuales aliados con falsa demagogia y total irresponsabilidad, proponen una sesión con proyectos de ley que, de aprobarse, tendrían un costo fiscal de más de 12.000 millones de dólares (1.8% del PBI)."

De acuerdo a la información publicada por la agencia Noticias Argentinas, el proyecto impulsado por Unión por la Patria y aliados tiene tres ejes: declarar la emergencia en discapacidad hasta diciembre del 2027, un aumento de las prestaciones mensuales de acuerdo a la inflación, y fija que deberán tener un valor equivalente al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio.

La Oficina de Presupuesto del Congreso determinó que el impacto fiscal por el aumento de las pensiones significa un refuerzo fiscal de 1.889.371 millones de pesos y 3,627.495 millones.

Esta diferencia entre 1,8 billones de pesos y 3,6 millones de pesos se debe al número de beneficiarios "por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios" que podrían suceder con la nueva ley.

En tanto, según el mismo informe, la compensación por el desfasaje entre el valor de la prestación y la inflación del 2024 tiene un costo $278.323 millones y el refuerzo para los talleres de producción de 7,160 millones de pesos.

En cuanto a la emergencia por discapacidad, para la sesión del miércoles hay cuatro dictámenes promovidos por UP-CC-EF y la izquierda; por el sector del PRO macrista; Democracia para Siempre y la UCR.

El oficialismo, aliados provinciales, y el PRO que responden a Patricia Bullrich, los radicales peluca (Liga del Interior) no presentaron ningún despacho con lo cual rechazan de plano todas las iniciativas.

Las principales diferencias están centradas en la extensión que tendrá la emergencia ya que UP propone que se establezca hasta el 31 de diciembre del 2027, y DPS y la UCR en un año, mientras que el PRO considera que haya una emergencia vigente.

Otro de los puntos centrales está en las prestaciones ya que el dictamen de mayoría y de Democracia Para Siempre fija que se debe compensar la diferencia entre los valores establecidos desde fines de diciembre del 2023 hasta fines del año pasado, mientras que el PRO y la UCR no contemplan esta diferencia y solo el mecanismo que se aplicará desde la sanción de la ley.

En ese punto todos los proyectos comparten en establecer que las prestaciones se actualicen con el aumento de la inflación desde la sanción de la ley.

El tema más controvertido es el aumento de las pensiones ya que el dictamen de mayoría propone que se pague el 70 por ciento del haber mínimo y ese punto no es respaldado por los radicales de DPS, la UCR ni el PRO.

Uno de los legisladores que se mostró más optimista sobre la posible media sanción de la ley es el presidente de la comisión, Daniel Arroyo, quien aseguró que el dictamen de mayoría "tiene acompañamiento de Unión por la Patria, de la izquierda, del Bloque de Encuentro Federal, de Innovación Federal, que son diputados de provincias que en general acompañan al gobierno, de la Coalición Cívica, con lo cual deberíamos claramente tener quórum y poder empezar la sesión"

El dictamen de mayoría tuvo 59 firmas, y los despachos de minoría del PRO reunieron 9 firmas, el de DpS 8 firmas y el de la UCR 7 rúbricas.

A todo esto, la comisión de Acción Social y Salud Pública que preside el diputado Pablo Yedlin, convocó a reunión para el martes a las 12.30.

El temario está bien claro: un proyecto de resolución de Micaela Morán (UxP) que expresa preocupación por la política de desfinanciamiento del Hospital Nacional de Pediatría "Prof. Dr. Juan P. Garrahan".

Otra iniciativa similar de los socialistas santafesinos Mónica Fein y Esteban Paulón. Y una más encabezada por Ana Carla Carrizo (Democracia Para Siempre).

A su vez Yedlin y legisladores de UxP, entre ellos Cecilia Moreau, impulsan un proyecto para declarar, por dos años, la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud.

Más allá de lo que ocurra en la comisión y de la suerte del proyecto mencionado , se descuenta que en la sesión del miércoles, si finalmente se confirma, el tema estará presente en discursos e intervenciones de las y los legisladores que desde diversos sectores (no solo la oposición dura) salieron a reclamar por la situación de uno de los centros de salud de mayor prestigio, de los profesionales que allí trabajan y, obviamente, de la incertidumbre que genera esta situación para los pacientes y sus familias.

Este martes se oficializó la convocatoria a una nueva sesión especial de Diputados de la Nación que se realizará el miércoles al mediodía, a pedido de integrantes de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre.

Entre los temas que se prevén llevar al recinto figura una de las cuestiones más sensibles de esta gestión: la previsional. La sesión se hará justo en el día habitual de reclamo del sector pasivo fuera del Congreso Nacional que en las últimas marchas obtuvo el apoyo de distintos sectores: hinchas de clubes de fútbol, sindicatos, organizaciones sociales y representantes de la iglesia. Y que vienen siendo foco de un gran despliegue de fuerzas de seguridad y de violentos choques con los manifestantes, incluidos heridos y detenidos.

Mientras tanto, el temario de la sesión incluye dictámenes vinculados a prorrogar la moratoria previsional vencida el 23 de marzo pasado, avalado solo por Unión por la Patria; y el incremento del bono para los jubilados, consensuado entre los espacios firmantes.

El pedido de sesión lleva las firmas de Germán Martínez, Cecilia Moreau, Paula Penacca y María Parola de Unión por la Patria; Nicolás Massot, Emilio Monzó y Oscar Agost Carreño de Encuentro Federal; y Pablo Juliano, Fernando Carbajal, Carla Carrizo y Marcela Coli de Democracia para Siempre.

En concreto, si se consigue el quórum necesario, se debatirá sobre el incremento excepcional y de emergencia, equivalente al 7,2%, para las jubilaciones y pensiones abonadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social; el Plan de Pago de Deuda Previsional y la modificación de la ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados.

Por su parte, legisladores de La Libertad Avanza y algunos del Pro pusieron su firma en un proyecto que solo busca disponer la creación de la "Comisión para la elaboración del proyecto de ley de reforma integral del sistema previsional argentino", cuya misión sería trabajar durante ocho meses (a partir de la eventual aprobación de la ley), para exponer conclusiones sobre los posibles cambios en materia previsional. Luego, tendrían 30 días corridos (o 90, si media una prórroga), para presentar "propuestas concretas", en un anteproyecto de ley "acompañado de sus fundamentos técnicos, jurídicos y económicos" y de una estimación del impacto presupuestario que tendría su aplicación.

Por otra parte, en la agenda de este miércoles figuran varios pedidos (con matices) para la declaración de la emergencia económica, social, productiva y habitacional durante el término de 180 días a la provincia de Buenos Aires, especialmente a los municipios de Zarate, Campana, Arrecifes, Salto, San Antonio de Areco, y a aquellos otros municipios gravemente afectados en razón de las inundaciones registradas durante el mes de mayo de 2025.

Será la primera sesión de la Cámara baja luego de los comicios que se celebraron el domingo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y si bien las elecciones fueron para cargos locales (renovación de 30 bancadas de legisladores de CABA), la expectativa está puesta en el impacto que tendrá el resultado a favor de LLA, con un justicialismo en segundo lugar aunque como primera mayoría, y un tercer puesto, muy atrás, para el PRO.

Habrá que ver si se producen nuevos alineamientos o desvinculaciones entre el oficialismo nacional y sus aliados estratégicos (al menos hasta ahora) del partido amarillo.

Por lo pronto, no estaría presente en este encuentro el debate por la titularidad de la comisión del caso $Libra donde, por ahora, hay un empate entre 14 oficialistas y la misma cantidad de opositores para nombrar a quien estará a cargo de la investigación por la promoción de la criptomoneda el pasado 14 de febrero.

En un calculado intercambio epistolar, la oposición presiona al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para que garantice la comparecencia del ministro de Economía, Luis Caputo, su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y del titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva, a la sesión pedida para este miércoles con el objetivo de que sean interpelados por el cripto escándalo $Libra.

La ausencia de los funcionarios interpelados vaciaría de sentido la convocatoria al recinto, por lo que los diputados de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda exigen precisiones en medio de un hermetismo total.

La reprogramación de las interpelaciones de Caputo, Cúneo Libarona y Silva fue acordada en la sesión informativa del 29 de abril pasado en medio de la presentación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien trasladó la postura oficial sobre las responsabilidades en el caso Libra.

Pese a que las citaciones de rigor fueron cursadas por la Presidencia de la Cámara baja a los funcionarios, ninguno de ellos se notificó, y a medida que se acerca la fecha, la incertidumbre va creciendo.

El trascendido de que la totalidad de los ministros del Gabinete asistiría este miércoles al acto de cierre de campaña porteña de La Libertad Avanza, que tendrá las presencias del primer candidato a legislador, Manuel Adorni y del presidente Javier Milei, no hizo más que sumar al desconcierto.

La oposición camina a ciegas hacia una sesión que podría volverse estéril en el caso de que los ministros y el titular de la CNV se ausenten.

Los bloques necesitan conocer la voluntad de los funcionarios para que el esfuerzo de reunir quórum no termine siendo inútil.

Es por eso que el viernes pasado, los jefes de bloque y secretarios parlamentarios de cada una de estas bancadas iniciaron un canal de diálogo formal a través de una nota electrónica dirigida a Menem en la cual le solicitaron que informara sobre si se habían cursado las citaciones y cuál había sido la respuesta.

Firmaban la misiva Germán Martínez y Paula Penacca de Unión por la Patria, Miguel Pichetto y Oscar Agost Carreño de Encuentro Federal, Pablo Juliano y Carla Carrizo de Democracia para Siempre, Juan Manuel López y Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, y Vanina Biasi y Vilma Ripoll del Frente de Izquierda.

La respuesta no tardó en llegar por la misma vía electrónica: el secretario parlamentario, Adrián Pagan, contestó que efectivamente las citaciones habían sido cursadas pero que al momento no se había registrado respuesta de parte de ninguno de los funcionarios implicados.

Al mismo tiempo, hacían saber que la convocatoria a la sesión se efectivizará una vez que los diputados nacionales la pidiesen formalmente.

Este lunes, se reanudó la comunicación y los diputados de la oposición de los mismos bloques (a excepción de la izquierda) redoblaron la presión a Menem para que informe qué harán Caputo, Cúneo Libarona y Silva este miércoles.

"Le requerimos que arbitre los medios necesarios para cerciorarse de su efectiva comparecencia ante la H.C.D.N. para la sesión comprometida para el día 14 de mayo de 2025 a las 12 hs. Para el caso de que no aseguren su comparecencia requerimos comunique a los distintos Bloques a los efectos de tomar las medidas que estimen corresponder", advirtieron.

En caso de que persista la incógnita, la oposición le recordará a Menem que al tratarse de una interpelación, si los funcionarios no cumplen con su obligación de concurrir para rendir cuentas, se expondrán a sanciones.

Además, le exigirán que tome medidas para que garantice la comparecencia. "No queremos llegar el miércoles para escuchar a Menem leyendo una nota diciendo que los ministros no vendrán", señaló a la agencia Noticias Argentinas uno de los diputados nacionales que articula la estrategia opositora.

La oposición camina a ciegas hacia una sesión que podría volverse estéril en el caso de que los ministros y el titular de la CNV se ausenten.