La Cámara de Diputados aprobó el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar el régimen de zona fría y reducir el alcance de los subsidios al consumo de gas. La iniciativa consiguió media sanción con 132 votos afirmativos, 105 negativos y cuatro abstenciones, y ahora deberá ser debatida en el Senado.

De obtener la aprobación definitiva, el nuevo esquema limitará el beneficio únicamente a hogares ubicados en regiones de frío extremo como la Patagonia, Malargüe y la Puna. En consecuencia, alrededor de 1.600.000 usuarios perderán el subsidio, mientras que otros 1.800.000 continuarán dentro del sistema con descuentos superiores al 75% durante el invierno.

En Santa Fe, el impacto podría sentirse especialmente en el sur provincial, donde miles de hogares dejarían de recibir el beneficio.

El ingeniero José Stella explicó que el principal efecto en la provincia será el fin del descuento para unos 550.000 hogares.“Esto involucra más o menos 1.700.000 personas, van a dejar de tener este subsidio por zona fría y van a pagar la factura de gas por redes plena”, señaló en diálogo con CyD Litoral.

El especialista estimó que las boletas podrían aumentar entre un 30 y un 40% en el sur provincial.

Según detalló, la medida afectará principalmente a localidades del sur santafesino, incorporadas al régimen durante la ampliación aprobada en 2021. “El impacto en la factura va a ser entre el 30 y el 40% adicional a lo que hoy están pagando”, advirtió.

Uno de los cambios centrales del proyecto establece que el subsidio dejará de aplicarse sobre el total de la boleta y se limitará exclusivamente al consumo de gas natural.

Además, Stella remarcó que quienes no reciben el beneficio actualmente seguirán financiando el fondo de zona fría mediante un cargo incluido en la factura. “Si vemos el último renglón dice subsidio zona fría, nos siguen cobrando un 7,5% porque esta ley sí financia esta zona fría”, explicó.

Sin embargo, sostuvo que ese dinero ya no tendría como destino principal sostener el régimen ampliado, sino cubrir compromisos del sistema energético. “Vamos a seguir pagando ese 7,5% nosotros que no tenemos subsidio, pero no va a ir al fondo para seguir subsidiando”, afirmó.

La propuesta forma parte de la estrategia oficial para reducir subsidios y avanzar en el equilibrio de las cuentas públicas. Según Stella, el recorte en este punto representaría aproximadamente 272 mil millones de pesos. “Fundamentalmente lo que está buscando es superar el déficit fiscal”, sostuvo.

El proyecto obtuvo media sanción en Diputados y ahora deberá ser tratado por el Senado.

En paralelo, explicó que algunos sectores vulnerables podrán mantener asistencia mediante un esquema focalizado. Los hogares cuyos ingresos no superen tres canastas básicas —alrededor de 4.500.000 pesos por grupo familiar— podrán acceder al programa de subsidios energéticos. “Dejan de tener el subsidio zona fría pero pueden seguir subsidiados pero con mucho menos”, indicó.

El factor del gas importado y el invierno

Stella también advirtió que el impacto económico podría sentirse aún más durante los meses fríos, especialmente por el costo del gas importado. “No lo van a cobrar ahora en la factura, sino que lo vamos a pagar en seis cómodas cuotas a partir de noviembre”, explicó.

Mientras tanto, sostuvo que los usuarios seguirán enfrentando facturas elevadas debido al incremento del consumo estacional y los ajustes tarifarios. “Vamos a seguir pagando alto hasta pasado el 2026”, concluyó.

El gobernador Maximiliano Pullaro remarcó que “no se puede retroceder ni ser blandos con quienes matan o están armados en la calle preparados para hacer daño”.

A través de sus redes sociales, el mandatario se refirió a la nueva detención del menor de 17 años acusado de participar en los asesinatos de los taxistas Héctor Raúl Figueroa y Diego Celentano, y del playero Bruno Bussanich, en marzo de 2024 en Rosario.

“El Gobierno de Santa Fe viene haciendo un gran esfuerzo para cuidar a los santafesinos. Rosario está recuperando la paz y los espacios públicos, pero no podemos retroceder o ser blandos con quienes matan o están con armas en la calle preparados para hacer daño”, sostuvo.

El adolescente fue detenido nuevamente en la zona norte de Rosario luego de un operativo policial motivado por denuncias de disturbios y presuntos disparos. Según explicó el ministro de Seguridad y Justicia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, el joven estaba junto a otros dos menores y tenía un arma cargada al momento de la aprehensión.

En sintonía con ello, Pullaro marcó que “fuimos claros en la necesidad de bajar la edad de imputabilidad, porque sabemos con lo que nos enfrentamos y tenemos que ser claros en defender medidas que vayan en esa dirección”.

“En este caso el gobierno hizo todo lo que la ley obligaba, incluso más, pero la policía lo detiene una y otra vez y no es suficiente. La justicia necesita más herramientas para que no recupere rápidamente la libertad”, añadió.

“El Gobierno de Santa Fe viene haciendo un gran esfuerzo para cuidar a los santafesinos", dijo Pullaro.

Los dichos del gobernador se producen en momentos en que la Legislatura santafesina comienza a discutir una nueva serie de reformas en materia de seguridad pública, en un debate que se anticipa intenso a nivel político e institucional.

Tal como informó El Litoral, el mensaje ingresado a la Cámara de Diputados prevé once modificaciones sustanciales a seis leyes, entre ellas, el Código de Procedimiento Penal.

Entre las disposiciones, se restituye la figura de la declaración informativa ante la Policía y sin la obligación de que esté presente un abogado defensor; se habilita allanamientos sin orden judicial en determinados casos y se incorporan expresamente las actividades de espionaje digital y electrónico al repertorio de fuentes del sistema de inteligencia.

Por otra parte, se avanza sobre la Ley Penitenciaria (con medidas de aislamiento y control de los contactos del interno), procedimientos contravencionales por decreto o medidas coercitivas en manos de fiscales, y ampliación de la política de recompensas.

Al respecto, y en sintonía con los conceptos vertidos por el gobernador, el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni consignó que “no es momento de aflojar, es momento de profundizar las reformas”.

Cococcioni defendió la iniciativa oficial de modificar leyes. Foto: Flavio Raina.

En declaraciones periodísticas formuladas en Rosario, el funcionario defendió el nuevo paquete de medidas de endurecimiento con el argumento de que “hay una visión exacerbada de las garantías constitucionales. El proyecto no viola ninguna garantía constitucional, sino algunos prejuicios o preconceptos”, explicó.

En palabras de Pullaro, “todos debemos saber lo que estamos enfrentando y las herramientas que necesitamos. Estamos demostrando que se los podía hacer retroceder, pero todavía no ganamos: falta mucho y siguen ahí, intentando recuperar el poder que les sacamos”.

(Por Agustín Aranda) - La semana pasada el Concejo Municipal aprobó la regulación de las bolsas de nicotina prohibiendo su comercialización a personas menores de 18 años. Este nuevo producto llega en un descenso del consumo de tabaco en forma de cigarrillo en Rosario, pero con un aumento de personas, incluso menores de edad, que empezaron a vapear. “El vapeo disfrazado con gustos y aromas atractivos se visualiza como algo inofensivo o como una ayuda para dejar de fumar cuando la realidad es que más dañino que el cigarrillo y lo muestran como si fuera una golosina”, dice a Mirador Provincial, Alejandra Rigalli, del programa de prevención del tabaquismo de la Municipalidad de Rosario.

En noviembre la Cámara de Diputados de Santa Fe avanzó con la media sanción de una ley que incorpora por primera vez al vapeo dentro de la normativa antitabaco. La iniciativa busca cerrar un vacío legal frente a dispositivos que se expandieron con rapidez, sobre todo entre adolescentes, y que ahora quedarían alcanzados por las mismas restricciones que el cigarrillo tradicional, incluyendo la prohibición de uso en espacios cerrados y la venta a menores.

El diagnóstico desde la Municipalidad de Rosario coincide con ese movimiento legislativo. “Hoy falta regular mejor el uso del vapeo. Con el tabaco se trabajó muy bien, pero hay que profundizar las estrategias para estos dispositivos. No está siendo visto como un problema”, dice Rigalli.

El dato no es menor en un país donde el tabaquismo sigue causando cerca de 45.000 muertes anuales. Pero, a diferencia de hace una década, el eje ya no está solo en el cigarrillo.

“El consumo de tabaco bajó mucho en los últimos diez años, pero vemos el crecimiento del vapeo. Y también aparecen otros productos como las bolsitas de nicotina. No son tan frecuentes como el vaper, pero el problema es cómo se presentan”, señala la psicóloga que traba en los cursos para dejar de fumar del municipio.

Ahí aparece uno de los cambios más profundos: la representación social del consumo. “Hace 15 años era normal ver a alguien fumando en cualquier lugar. Las publicidades lo mostraban como algo asociado a la belleza o a la aventura. Hoy eso cambió completamente. Las políticas públicas lograron que el cigarrillo genere rechazo”, cuenta Rigalli.

Sabores frutales, formatos pequeños y una estética amigable. Así se presentan las bolsitas de nicotina y los vapeadores, que con estas características, empujaron la edad de inicio al tabaquismo en la ciudad de los históricos 14 o 15 años a los 10 o 12 años. “Cuando vamos a las escuelas vemos chicos de primaria vapeando. Con las bolsitas pasa algo parecido: son productos con sabor muy rico, que no se perciben como peligrosos”, dice Rigalli.

Esa baja percepción de riesgo es, según los equipos de salud, uno de los factores que explican su expansión. “Muchos adultos creen que el vapeo es el camino para dejar de fumar. Pero vapear es fumar y tiene daños más severos. Conserva todo el mecanismo de la adicción”, sostiene Rigalli.

El problema, entonces, no es solo sanitario, sino también cultural. Mientras el cigarrillo quedó asociado al daño, el vapeo y otros productos emergentes todavía circulan en una zona gris. “Con el tabaco hubo campañas, legislación, restricciones. Eso cambió la mirada social. Con el vapeo eso todavía no pasó”, insiste la psicóloga.

En ese contexto, las nuevas regulaciones —tanto la ordenanza local como el proyecto provincial— aparecen como intentos de cerrar esa brecha entre percepción y riesgo. La media sanción santafesina, de hecho, reconoce el consumo problemático al vapeo como un problema de salud y propone campañas específicas en escuelas y espacios comunitarios.

El municipio sostiene cursos y talleres gratuitos para dejar de fumar o vapear, con entrevistas individuales y encuentros grupales coordinados por equipos interdisciplinarios, que van desde profesionales en medicina, psicología y hasta nutrición. “El proceso de dejar de fumar  tiene etapas. Hay personas que pasan años pensando en dejar y no logran hacerlo. Pero cuando empiezan, los beneficios aparecen rápido. Con acompañamiento, entre el 45 y el 50% logra dejar de fumar”, dice Rigalli sobre la tasa de éxito en Rosario..

Consultada por si el contexto económico de crisis influye en el consumo de tabaco, la psicóloga dijo: “Es una gran discusión. Los fumadores se la rebuscan buscando cigarrillos más baratos. Cuando hay problemas económicos se fuma más. Es lo que vemos. No es el motivo por el que la persona deja. Alguien deja de fumar porque tiene miedo o quiere mejorar su calidad de vida”.

Para más información sobre el programa antitabaco del municipio es posible contactarse al correo electrónico dejardefumar@rosario.gov.ar, llamar al 3415 21-7734 o ingresar a este sitio web. 

Antes de fin de año, durante el periodo de extraordinarias, y ya con el ciclo de sesiones ordinarias iniciado (el 1º de marzo), la Cámara de Diputados de la Nación conformó 43 de sus 46 comisiones permanentes, incluida la de Juicio Político, que estuvo en una suerte de limbo desde abril de 2024 y no llegó a funcionar en los dos primeros años de gestión del actual presidente Javier Milei. Desde este martes, este espacio estratégico está a cargo de Lilia Lemoine, ferviente defensora de las ideas de La Libertad Avanza.

Mientras tanto, resta poner nombre y apellido a otras tres: Derechos Humanos y Garantías, que está convocada para el martes a las 15; Seguridad Interior, y Previsión y Seguridad Social. Todas anticipan, una vez constituidas, debates interesantes y de alto voltaje.

Por otra parte, la oposición salió a reclamar en los últimos días la convocatoria a dos comisiones Bicamerales (integradas por Diputados y Senadores). Se trata de la Permanente de Trámite Legislativo, y la de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.

El pedido, que encabeza Maximiliano Ferraro (CC) con la adhesión de varios legisladores, se funda en la necesidad de darle curso al debate sobre el DNU 941/25, que el Ejecutivo firmó al límite del año pasado y está vigente desde el 2 de enero, cuando fue publicado en el Boletín Oficial.

¿Qué dispone? Reforma una treintena de artículos de la Ley de Inteligencia Nacional Nº 25.520, habilita a agentes de inteligencia a efectuar detenciones y legisla en materia penal, "algo expresamente vedado por la Constitución para un DNU", tal cual expresa el legislador.

Por razones bien prácticas, varias de las comisiones fueron constituidas días antes de finalizar 2025. Por ejemplo, Presupuesto y Hacienda, a cargo de Bertie Benegas Lynch (LLA-Buenos Aires), justamente para tratar la "ley de leyes" en diciembre, luego de dos años de prórroga de la que fuera sancionada en 2023 bajo la administración de Alberto Fernández.

Lo mismo ocurrió con Legislación de Trabajo, con Lisandro Almirón (LLA-Corrientes) al frente, para analizar la reforma laboral, cuya sanción se logró el 27 de febrero de este año, luego de que el Senado convalidara cambios introducidos por la Cámara baja.

Las tres mencionadas (Juicio Político, Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo) no son las únicas comisiones presididas por referentes del oficialismo. Luego de las elecciones legislativas de octubre de 2025, que elevó de manera significativa el número de bancas del partido gobernante (a las que se sumaron pases y aliados), varias quedaron en manos de La Libertad Avanza.

Dos de ellas están a cargo de santafesinos: Asuntos Constitucionales con Nicolás Mayoraz en la presidencia, y Peticiones, Poderes y Reglamento, con Alejandro Bongiovanni al frente.

Por otra parte, Pablo Farías (Provincias Unidas) es el tercer santafesino que preside, hasta el momento, una comisión: se trata de Pequeñas y Medianas Empresas.

También lideran referentes libertarios a Legislación General (Santiago Santurio-Buenos Aires), Relaciones Exteriores y Culto (Juliana Santillán-Buenos Aires), Justicia (Álvaro Martínez-Mendoza), Acción Social y Salud Pública (Manuel Quintar-Jujuy), Familias, Niñez y Juventudes (María Gabriela Flores-Salta), Legislación Penal (Laura Rodríguez Machado-Córdoba), Defensa Nacional (Carlos Zapata-Salta) Finanzas (Santiago Pauli- Tierra del Fuego), y Energía y Combustibles (Facundo Correa Llano-Mendoza).

A estas se suman Comunicaciones e Informática (Damián Arabia-CABA), Intereses Marítimos, fluviales, pesqueros y portuarios (César Treffinger-Chubut), Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano (José Peluc-San Juan), Libertad de Expresión (Guillermo Montenegro-Buenos Aires) y Discapacidad (Gerardo Huesen-Tucumán).

Damián Arabia fue electo oportunamente presidente de Mercosur, con el fin de dar curso al acuerdo con Unión Europea. Sin embargo, la titularidad volvería a manos de Unión por la Patria.

Precisamente a la principal oposición le corresponden, hasta el momento, Cultura (Lorena Pokoik-CABA), De las Personas mayores (Pablo Todero-Neuquén), Obras Públicas (Martín Aveiro-Mendoza), Economías y Desarrollo Regional (Luis Basterra-Formosa), Vivienda y Ordenamiento urbano (Itai Hagman-CABA) y Turismo (Gabriela Pedrali-La Rioja).

A estas se suman Economía (Julia Strada-Buenos Aires), Prevención de Adicciones y Control de Narcotráfico (Victoria Tolosa Paz-Buenos Aires), Análisis y seguimiento del cumplimiento de Normas tributarias y previsionales (Ariel Rauschenberger-La Pampa), Población y Desarrollo Humano (Estela Neder-Santiago del Estero), Deportes (Jorge Chica-San Juan), Asuntos Cooperativos, mutuales y Organizaciones no Gubernamentales (Aldo Leiva-Chaco), Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia (Hugo Yasky-Buenos Aires) y Mujeres y Diversidad (Gabriela Estévez-Córdoba).

El PRO se reservó Educación (Alicia Fregonese-Entre Ríos), Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Martín Yesa-Buenos Aires), y Agricultura y Ganadería (Martín Ardohain-La Pampa), Provincias Unidas lidera, además de Pequeñas y Medianas Empresas, Comercio (Juan Brügge-Córdoba), Transportes (Jorge Rizzotti-Jujuy) y Asuntos Municipales (Carolina Basualdo-Córdoba). Por último, Industria está a cargo de José Luis Garrido (Por Santa Cruz-Santa Cruz) y Minería, de Fernanda Avila (Elijo Catamarca-Catamarca).

Aún sin sesión confirmada en la Cámara Baja, la semana próxima arrancará con más novedades en materia de comisiones. Al menos de constitución. Luego será el turno de analizar su desempeño, a la luz de los proyectos enviados y por enviar por parte del Ejecutivo y los temas que impulsa la oposición.

La reforma laboral aprobada por la Cámara de Diputados, a la espera del tratamiento en el Senado, incorpora un cambio sustancial en el funcionamiento del fuero del trabajo: los jueces deberán aplicar de manera obligatoria los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y podrán ser removidos por mal desempeño si se apartan de ellos sin fundamento.

La disposición está contenida en el artículo 89 del proyecto, que sustituye el artículo 124 de la Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo N° 18.345. Hasta ahora, los fallos del máximo tribunal eran aplicados "caso por caso" y en forma "difusa".

El nuevo texto deja de lado el esquema anterior, que remitía a las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para regir la validez y aplicación de fallos plenarios.

Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, los tres actuales integrantes de la Corte Suprema. Archivo El Litoral.

Y establece una obligación categórica: “Los jueces que resuelvan causas de índole laboral deberán, de forma obligatoria, adecuar sus decisiones a los precedentes establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia”.

El artículo 90, complementario, advierte explícitamente que "el apartamiento infundado de los magistrados respecto de dichos criterios configurará una causal de mal desempeño en sus funciones".

La reforma busca, según interpreta el oficialismo, fortalecer la posición del Estado frente a futuras impugnaciones de la Confederación General del Trabajo (CGT) y otros sindicatos, que ya anticiparon estrategias judiciales orientadas a cuestionar la validez constitucional de la medida.

El Gobierno y sectores aliados en el empresariado sostienen que esta herramienta resultará en el combate contra la llamada “industria del juicio”, que consideran distorsiva para la actividad económica.

En realidad, la norma viene a fijar algo que, en alguna medida, ya ocurría en los hechos. La jurisprudencia de la Corte no opera como una imposición para los tribunales inferiores, pero sí como un parámetro orientativo, en la medida en que permite conocer de antemano cuál será la resolución de la causa cuando llegue a la instancia final.

En función de ello, contradecir el criterio ya establecido por el Máximo Tribunal implica arriesgarse a un prácticamente seguro rechazo, siempre y cuando las circunstancias entre un caso y el precedente sean coincidentes o equiparables, y no existan argumentos diferenciados en el abordaje.

Sería una suerte de versión autóctona del Stare decisis (en latín, "mantenerse firme en lo decidido") del derecho anglosajón que obliga a los tribunales a seguir los precedentes establecidos en casos anteriores, especialmente los de tribunales superiores. Esto garantiza la predictibilidad, consistencia y equidad en el sistema legal.

Claro que esto que ahora impulsa el oficialismo no se corresponde con el comportamiento tradicional del propio Estado que, tal como expresara en reiteradas oportunidades el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, sistemáticamente apela todas las sentencias favorables a jubilados de Anses, aún a sabiendas de que se topará con un rechazo, y más como una maniobra dilatoria.

Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema. Archivo El Litoral.

“El 60% de las causas que nosotros resolvemos, provienen del Estado que cuestiona en materia previsional lo que la Corte ya dijo cómo es”, sostuvo oportunamente el magistrado. Y añadió: “¿Sabe lo que significaría para nosotros tener 60% de trabajo menos y no decir siempre lo mismo? Y decimos siempre lo mismo. Funciona así”.

En una entrevista con El Litoral, Rosatti recordó en su momento que la obligatoriedad de los criterios de la Corte estaba en la Constitución de 1949. “La Corte unificaba la interpretación en temas constitucionales, y operaba como una especie de casación”, sostuvo.

Por otra parte, aclaró que actualmente “en esto no hay unanimidad. Un sector de la doctrina, e incluso de la judicatura, reivindica la independencia de criterio de los jueces. Eso se advierte como una especie de garantía. Para otros el sistema tiene que funcionar integrado, si es un sistema. De todos modos, en el caso de la Argentina la cuestión está muy dispersa”.

En otra entrevista, al ser consultado sobre la eventual inclusión de una cláusula que establezca que los fallos de la Corte sean de cumplimiento obligatorio, afirmó: “Como poder podrían. Eso sería cuestionado y llegaría a la Corte. Y la Corte diría: ¿esa norma que incorporaron los legisladores es constitucional o no es constitucional?”.

Y agregó que, si el máximo tribunal avalara esa norma, “ya no se discutiría cada caso concreto, sino si es constitucional o no el eventual seguimiento obligatorio”.

Otro integrante de la Corte, Ricardo Lorenzetti, fijó postura en una de sus obras (“Teoría de la decisión judicial”), donde se refiere a la obligación que tienen todos los tribunales de adecuar sus pronunciamientos a situaciones idénticas a las que se hubiesen presentado con anterioridad en la justicia.

En ese sentido, la sitúa como el segundo de los tres controles que debe hacer el juez, luego de considerar la norma ajustable al caso: jerarquía normativa, resoluciones dictadas con anterioridad, consecuencias del pronunciamiento.

Entre quienes se expresaron ahora sobre ese cambio puntual en cuanto al ordenamiento de los juicios laborales fue Daniel Funes de Rioja, abogado laboralista y ex titular de Copal y de la UIA, para quien la aplicación mandatoria de los fallos de la Corte “es absolutamente razonable”.

Daniel Funes de Rioja, de la UIA. Archivo El Litoral.

“El acatamiento de los fallos de la Corte Suprema, que es un tribunal de última instancia, tiene toda lógica. Muchas empresas no pueden seguir procesos judiciales tan extensos. Para una pyme es imposible llegar a la Corte”, subrayó, en declaraciones publicadas por Infobae.

Otro de los que avaló la iniciativa fue el especialista en derecho laboral Juan Etala, también de la UIA. “Lo que dice la ley significa poner un límite a lo que estaba sucediendo, de que algunos tribunales no acataban la decisión del tribunal de última instancia. Parece lógico no tener que ir a la Corte Suprema de Justicia para que diga 500 veces lo mismo”, sostuvo.

En lo que sí coinciden la mayoría de los consultados es sobre las dificultades que puede tener el artículo 90, que establece la posibilidad de remoción por mal desempeño para los magistrados que no sigan los lineamientos del máximo tribunal.

La reforma legislativa no se limita a la obligatoriedad respecto a los fallos de la Corte. Avanza además en viabilizar el traspaso del fuero laboral a la CABA, con implicancias en la estructura del Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de proponer, sancionar y destituir jueces.

El artículo 91 del proyecto legitima el “Acuerdo de Transferencia de la función judicial en materia laboral”, recientemente firmado por el Gobierno nacional y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Este acuerdo se complementa con la Ley 6.789 sancionada por la Legislatura porteña en diciembre de 2024, que reorganiza la estructura de la justicia laboral en la ciudad, y con la Ley 6.790, que introduce un nuevo Código Procesal del Trabajo.

Como resultado de estas normas, se creó una nueva Cámara de Apelaciones especializada con seis jueces y diez juzgados de primera instancia, cuyos cargos se concursarán según los procedimientos habituales.

La transferencia institucional incluyó un compromiso del Ejecutivo nacional de traspasar los recursos materiales y financieros necesarios, asegurando el funcionamiento transitorio del fuero nacional mientras se completa el proceso de integración.

Mauro L. Muñoz

Este jueves desde las 14 habrá sesión extraordinaria en Diputados para tratar el proyecto de Modernización Laboral, luego de que el oficialismo lograra dictamen de mayoría en un plenario de comisiones atravesado por el paro general de la CGT como telón de fondo.

La citación fue rubricada por Martín Menem, titular de la Cámara baja, mientras se realizaba el Plenario de las comisiones de Legislación y Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, que tuvo en primera instancia la exposición de invitados y luego la discusión de los legisladores.

En lo que se espera será una jornada maratónica, el objetivo del Gobierno es dejar aprobado el proyecto para devolverlo al Senado y ratificar el texto, de manera que la ley quede lista antes del 1° de marzo, cuando Javier Milei pretende exhibirla como “promesa cumplida” en la apertura de ordinarias del Congreso de la Nación.

En el arranque del plenario de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda, el jefe de bloque libertario Gabriel Bornoroni anunció que el dictamen de mayoría replicaría la media sanción del Senado “con la excepción de la eliminación del artículo 44 sobre licencias por enfermedad”, un punto que detonó rechazo durante el fin de semana largo y empujó al Gobierno a ceder para no perder apoyos.

Así, del proyecto de 219 artículos que fue aprobado en la Cámara alta, el despacho mayoritario lo dejó en 218. La consecuencia reglamentaria indica que si Diputados aprueba esa versión, el proyecto deberá volver al Senado para su sanción definitiva. De suceder de esa manera, la intención del oficialismo sería sesionar el viernes de la próxima semana.

Lisandro Almirón y "Bertie" Benegas Lynch presidieron el plenario de las comisiones de Trabajo y Presupuesto previo a la sesión. Foto: HCDN.

El dictamen de mayoría reunió 44 firmas de La Libertad Avanza, la UCR, Innovación Federal, Producción y Trabajo e Independencia. El PRO y el MID acompañaron, pero en disidencia por un capítulo que siguen queriendo reabrir: la posibilidad de pagar salarios a través de billeteras virtuales. Por el contrario, Unión por la Patria y la izquierda presentaron dictámenes propios, al igual que Encuentro Federal y la Coalición Cívica.

El oficialismo estima que contará con la asistencia de los bloques que firmaron la convocatoria, que le permitiría asegurarse una base de quórum de 130 diputados. Del otro lado, avisaron que no darán quórum Unión por la Patria y el Frente de Izquierda; mientras que el interbloque Unidos sugirió que no prestará asistencia en el llamado.

El proyecto de modernización laboral avanza en Diputados, pero enfrenta oposición por la eliminación del artículo sobre licencias por enfermedad. Foto: HCDN.

En el bloque libertario aseguraron que no cederán cambios en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), pensado para asistir a empleadores en el pago de indemnizaciones y otras obligaciones, que se nutriría con contribuciones mensuales del 1% de las remuneraciones brutas por trabajador en grandes empresas y 2,5% en PyMEs. Ese punto es otro de los que concentra objeciones de aliados y dialoguistas, como también la derogación de estatutos profesionales.

En tanto, desde Unión por la Patria, Germán Martínez describió el trámite como “desprolijo” y advirtió: “Quieren evitar que este tema tenga la discusión pública que tiene que tener”. La izquierda directamente habló de “ley esclavista”. Y, desde el universo judicial, se anticipó un complejo escenario post sanción: “Si se aprueba la reforma, las disputas se trasladarán a los tribunales”.

La jornada estará marcada por el paro nacional convocado por la CGT, cuyos popes prometieron que se va a "sentir fuerte". A eso se suma que desde sectores de izquierda llamaron a movilizarse al Congreso, que estará rodeado por efectivos de seguridad con la aplicación del protocolo antipiquetes, con un protocolo especial dedicado a la prensa, según adelantó el Ministerio de Seguridad.

Al plenario asistieron los tres secretarios generales de la CGT —Jorge Solá, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello— ratificaron la huelga y cuestionaron una reforma a la que calificaron de “regresiva”. Solá apuntó contra el concepto de modernización: “¿Qué moderniza? No se habla de robótica, de nuevas tecnologías o IA, ni de nuevos modos de relaciones de trabajo. Se habla de quita de derechos y de debilitamiento de derechos colectivos”. Y luego apuntó al Fondo de Asistencia Laboral (FAL): “Se bajan los aportes patronales y se crea el FAL, implica una transferencia de $ 6.000 millones anuales”.

El debate sobre la reforma laboral también enfrenta reproches por la derogación de estatutos profesionales, la contemplación de trabajadores de plataformas y el pago de salarios vía billeteras virtuales. Foto. HCDN.

El plenario transcurrió casi ninguna alocución del oficialismo, solo con la excepción de Lilia Lemoine cargando contra expositores. Los principales cruces se dieron al discutir sobre los trabajadores de plataformas. El director de Asuntos Corporativos de Rappi, Gabriel Buenos, definió a los repartidores como “independientes” y dijo que el proyecto otorga "cobertura y un piso para toda la actividad” con “la posibilidad de elegir el día, la hora y el lugar de conexión es el principal atributo” garantizando así "la soberanía del tiempo". Esto le valió las críticas de los referentes de la CGT por fuera de los micrófonos.

También se refirió al respecto el presidente de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, Roberto Pompa: "Los rappi según esta ley son emprendedores, pero yo lo único que veo en la calle son personas en muchos casos mayores de edad que andan en bicicleta por la calle con una caja y sin ningún tipo de protección... Esto parece más una vuelta a la esclavitud que una ley de modernización laboral", manifestó y generó los reproches a viva voz de parte del bloque libertario.

En otro tramo, Mariano Biocca, director Ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech, se refirió al artículo que quedó excluido en el Senado y por el cual insiste el bloque del PRO. “Argentina necesita una modernización laboral profunda, alineada con la realidad productiva y económica del siglo XXI. Sin embargo, resulta contradictorio que en ese mismo proceso haya quedado excluido del debate un artículo que introducía mayor libertad y competencia: la libre elección de acreditación salarial”, sostuvo.

Otro artículo que fue discutido fue el que impulsa la derogación seis meses después de sancionada la ley de los estatutos profesionales, entre ellos el del periodista profesional, principalmente por parte de los legisladores de Unidos. “No nos da ninguna garantía que se vaya a derogar el estatuto y nos deje sin ninguna protección. La prórroga aparece como una manera de los diputados y senadores de no hacerse cargo de lo que votan”, acusó la representante de los trabajadores de prensa, Carla Gaudensi.

La iniciativa recibió respaldo de parte de Santiago Mignone, presidente de IDEA, el instituto para el desarrollo empresarial de la Argentina. “Este proyecto no enfrenta al capital y el trabajo, sino que los une en un mismo objetivo: crear y producir”, evaluó. “Esperamos que este proyecto pueda ser aprobado y dar un paso hacia la modernización laboral”, cerró.

La diputada provincial por Unidos Ximena García, junto a los diputados Walter Ghione y Germán Scavuzzo y al senador Ciro Seisas trabajan en un proyecto de ley que busca prohibir la actividad de cuidacoches en toda la provincia de Santa Fe: la propuesta surge como respuesta a una problemática que combina inseguridad y uso indebido del espacio público, transformando una ayuda informal en situaciones de presión, extorsión y violencia para los vecinos. La iniciativa la acompañarán otros legisladores de Unidos: Martin Rosúa, Astrid Hummel, Sofia Galnares y José Corral.

“El espacio público es de todos los santafesinos y no de quienes pretenden adueñarse de la calle mediante la amenaza. No podemos seguir permitiendo que el vecino se sienta rehén en su propia ciudad”, sentenció García, quien destacó que el proyecto busca terminar con la "doble imposición" de pagar estacionamiento medido y, a la vez, un aporte informal forzado. El límite legal y la necesidad de una norma provincial

La iniciativa no parte de cero, sino que busca dar un marco legal homogéneo y efectivo integrando iniciativas de los diputados Walter Ghione y Germán Scavuzzo, y el senador Ciro Seisas. Además, toma como referencia la experiencia de la ciudad de Santa Fe impulsada por el intendente Juan Pablo Poletti y el secretario de Gobierno Sebastián Mastropaolo.

Además, García destacó que la propuesta fue trabajada en articulación con el Gobierno Provincial, que se puso a disposición desde el inicio y aportó acompañamiento técnico para su desarrollo. En ese sentido, remarcó que la Provincia viene trabajando de manera mancomunada con el Municipio desde hace tiempo para abordar la problemática y fortalecer herramientas que permitan una intervención efectiva en el espacio público.

“Estamos sumando fuerzas para que la provincia cuente con una norma clara. Hoy los municipios encuentran límites: cuando hay reincidencia o violencia, la intervención termina en una demora breve y la persona vuelve a la calle a las pocas horas. En Rosario pasa lo mismo: hay operativos, pero sin una ley provincial el abordaje queda incompleto”, explicó García.

El proyecto incorpora una respuesta gradual, proporcional y aplicable en la práctica para ordenar la convivencia en el espacio público, siempre que la conducta no constituya un delito. La sanción prioriza el trabajo comunitario como primera medida y prevé arrestos contravencionales para los casos de reincidencia.

Es importante aclarar que la sanción contravencional se aplica únicamente cuando la actividad esté expresamente prohibida por la normativa local vigente, de modo que cada municipio mantiene la facultad de regular el uso del espacio público según su realidad respetando la autonomía consagrada en la Constitución Provincial.

García aclaró que la ley no ignora la vulnerabilidad de fondo. Por ello, la norma prevé un programa provincial de inclusión y formación laboral, junto con la creación de un registro e incentivos para que el sector privado incorpore a quienes decidan dejar la calle.

“Esta ley combina la firmeza necesaria para recuperar el orden con las herramientas para que quien quiera trabajar de verdad tenga una oportunidad formal. Se trata de brindar un marco jurídico que permita actuar con coherencia, firmeza y sensibilidad social en toda la provincia”, concluyó.

Mauro L. Muñoz

La ley que el Gobierno quiere mostrar como trofeo el 1° de marzo ingresó a Diputados con un asterisco. El artículo 44 de la reforma laboral condiciona los tiempos del oficialismo en el Congreso.

La Cámara de Diputados retoma actividad este miércoles a las 14 cuando está convocado un plenario de las comisiones de Trabajo y Presupuesto para tratar la media sanción del proyecto de Modernización Laboral que llegó desde el Senado de la Nación. De conseguir el dictamen, la sesión está prevista para el jueves 19 desde las 14, donde se espera otro debate maratónico.

Tras el feriado largo de Carnaval, el oficialismo concentra en los últimos días hábiles de febrero sus principales ejes de extraordinarias: reforma laboral y régimen penal juvenil. Pretende que las leyes queden listas para que Javier Milei la exhiba como “promesa cumplida” en la apertura de ordinarias del domingo 1° de marzo.

Si sale con cambios, el plan B ya está sobre la mesa: devolverla al Senado y forzar una última sesión de cierre antes de que se apague febrero. Para eso, la pieza administrativa fundamental llegó el viernes a la noche: se extendieron las sesiones extraordinarias hasta el sábado 28 de febrero, un día más que el cierre original. La comunicación fue suscripta por el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Guillermo Ignacio Debitt.

El principal escollo al que se enfrenta el oficialismo en la Cámara baja para aprobar la reforma laboral es el artículo 44, que modifica el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo y recorta las remuneraciones previstas para las licencias por accidentes o enfermedades ajenas al ámbito laboral.

Tal como salió del Senado, el artículo 44 fija que el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración si la imposibilidad de trabajar fue producto de “una actividad voluntaria y consciente” que implicara riesgo en la salud, por tres meses (o seis si tiene personas a cargo). Y eleva ese monto al 75% si no se trató de una conducta voluntaria sobre el riesgo. La redacción, además, no distingue de manera explícita entre un cuadro leve y enfermedades graves o degenerativas.

La reacción, esta vez, no llega solamentedesde la oposición más dura. Los bloques aliados que el Gobierno necesita para que la reforma no se convierta en un boomerang, slaieron a expresar su disconformidad con la redacción.

Este martes por la tarde, el jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, lo dejó escrito en sus redes sociales: “La mejor manera de lograr la ley de modernización laboral es dando de baja el artículo 44”, posteó.

Ritondo del PRO y Zago del MID expresaron sus diferencias en X.

En el mismo sentido se expresó Oscar Zago, del MID: “Hay artículos que se aprueban con una velocidad admirable… casi tanto como el silencio posterior”, dijo y agregó: “La reforma laboral necesita modernización urgente y el MID va a acompañar, siempre y cuando se elimine el artículo 44. Modernizar no es votar a libro cerrado”.

Asimismo, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, fue más explícito todavía sobre el impacto humano del texto: “Nadie elige accidentarse o enfermarse”, sostuvo al anticipar que los diputados de Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca “no van a votar” ese artículo. Y completó el diagnóstico con una línea que duele en un debate laboral: “Tenemos la responsabilidad y obligación de dar garantías y certezas con esta nueva ley y no generar incertidumbre y angustia a los trabajadores”.

Sáenz aclaró que los diputados salteños de su partido no convalidarán el artículo 44.

En el oficialismo, lo que al principio fue una defensa cerrada del artículo empezó a ceder con el paso de las horas. La jefa del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, tuvo que salir a reconocer un traspié, pocas horas después de haber argumentado su redacción. “Tuvimos un error, porque la ley original no distingue entre enfermedades, lo reconozco”, dijo en una entrevista televisiva. Y amplió, con crudeza de quirófano: “Nos pasó, porque tomamos la estructura de la vieja que no distingue entre un esguince y un cáncer”.

El reconocimiento fue la muestra de la salida práctica que ensayará el oficialismo: corregir el artículo y sostener el resto del texto. Así, el cambio buscaría excluir expresamente a las enfermedades “graves o degenerativas”. En la entrevista, Bullrich adelantó que el Gobierno evalúa sostener la licencia con goce de sueldo, pero condicionada a una “corroboración concreta y fehaciente”, terminando con "la mafia de los certificados truchos".

En términos reglamentarios, el conflicto del artículo 44 amenaza con volver atrás el proyecto, extendiendo su tratamiento en el Congreso. Es que, si Diputados modifica el texto, debería volver al Senado y proteger “el trazo grueso” del proyecto. Por eso, el Gobierno buscará que ceder en esa única modificación, consensuada en el plenario del miércoles y refrendada el jueves en el recinto.

De prosperar, la hoja de ruta propuesta es convocar un plenario en el Senado para emitir un nuevo dictamen inmediatamente el texto regrese y dejarla lista para una sesión final antes del cierre de extraordinarias. Sin embargo, el debate en Diputados también tiene otros menesteres. Por ejemplo el PRO insiste desde hace tiempo con la incorporación de billeteras virtuales como método de pago de salarios en el artículo 35.

De todas formas, el oficialismo se declara optimista para sancionar la ley sin otras modificaciones. Sabe que el problema no son los aliados “principales”, sino que aparezcan voluntades de la oposición dura para abrir el texto y sumar cambios en cadena.

En ese sentido, el titular del bloque peronista, Germán Martínez recalcó que si Diputados introduce cambios en el artículo sobre licencias por enfermedad, el proyecto deberá regresar al Senado. "Es una ley negativa que no tiene un artículo a favor de los trabajadores (...) el resto de la ley es tan horrible como el artículo de las licencias por enfermedad", dijo.

Y rechazó las estrategias que el Gobierno ensaya para obviar una eventual ratificación: "Pueden decir que el Gobierno se comprometió a vetar. Si alguien le cree al Gobierno que va a vetar un artículo porque salga (Manuel) Adorni, (Julio) Cordero, alguien a anunciarlo, me parece un despropósito. A este gobierno no se le puede creer nada".

El clima de confrontación entre el sindicalismo y el Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo de urgencia. La decisión de los cotitulares de la CGT Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (Vidrio), de adelantar el encuentro de consejo directivo responde a la presión de diversos sectores gremiales que consideran que las movilizaciones callejeras ya no son suficientes para frenar la Reforma Laboral en el Congreso.

Tras obtener la media sanción en el Senado, el proyecto comenzará a tratarse en la Cámara de Diputados. Entre los puntos que mayor rechazo generan, se destaca un artículo que permitiría reducir el salario de los trabajadores entre un 25% y un 30% en caso de licencia médica. Asimismo, a la central obrera le preocupa el impacto en las indemnizaciones, la jornada laboral, las vacaciones y la regulación del derecho de huelga.

Jorge Sola, secretario general de la CGT. Reuters/Tomas Cuesta

En el encuentro virtual del lunes se terminará de pulir la estrategia. Según trascendió, la intención de los sectores más duros es concretar la medida de fuerza el mismo día en que el debate llegue al recinto, barajándose como fechas tentativas el miércoles 18 o el jueves 19 de febrero.

Con este adelantamiento, la cúpula busca dar un mensaje de unidad y evitar que la iniciativa del paro quede en manos de sectores externos a la conducción oficial.

Manifestantes en protesta organizada por la CGT contra la reforma laboral propuesta por el gobierno. Reuters/Tomas Cuesta

Los dirigentes coinciden en que el debate en Diputados representa una instancia crítica que afecta directamente la estructura del convenio colectivo y los derechos adquiridos en materia de cese laboral. Además del rechazo a la quita salarial por enfermedad, monitorean las modificaciones en las multas por falta de registro laboral, punto que consideran una "invitación a la precarización".

Finalmente, desde la cúpula sindical se ha dejado trascender que el éxito del paro dependerá de la adhesión de los gremios del transporte, quienes ya manifestaron malestar por el impacto de la reforma en sus regímenes especiales. La reunión definirá si se opta por una huelga total de 24 horas o una movilización con cese parcial, buscando influir en los legisladores antes de la votación definitiva.

Ya con el documento oficial del proyecto de ley de Modernización Laboral aprobado este jueves en la madrugada por el Honorable Senado de la Nación, se oficializa el avance de los cambios.

Con una serie de modificaciones que sobrevivieron y otros 28 puntos que fueron acordados previamente entre el gobierno nacional y diferentes estratos opositores, el texto baja a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

El texto votado habilita la negociación de condiciones laborales a nivel de empresa por encima de los acuerdos sectoriales, introduce un tope a las indemnizaciones por despido y permite la creación de un banco de horas para compensar jornadas mayores con períodos de menor carga laboral. Además incorpora cambios en los períodos de prueba y en los regímenes de registración y sanciones por empleo no registrado.

La votación en el Senado. Crédito: Senado

Se fijó un límite en las indemnizaciones: la base de cálculo excluye aguinaldo y bonos, y el tope no podrá superar tres veces el salario promedio mensual previsto en el convenio colectivo aplicable. También se prevé la actualización por inflación más un 3% anual y la posibilidad de pago en cuotas según el tamaño de la empresa.

La iniciativa contempla la creación de Fondos de Asistencia Laboral administrados por entidades habilitadas, destinados a garantizar el pago de indemnizaciones mediante aportes obligatorios de los empleadores; estos fondos serían inembargables y operarían como respaldo financiero, sin cubrir la informalidad.

El proyecto modifica reglas sobre vacaciones, estableciendo el período entre el 1 de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de acuerdos escritos para otra fecha y fraccionamiento en tramos de siete días. En materia de jornada, permite compensaciones mediante bancos de horas sin superar los topes semanales legales y mantiene descansos mínimos de doce horas entre jornadas y 35 horas semanales de descanso.

En casos de enfermedad o accidente no vinculados al trabajo se definieron compensaciones que van del 50% al 75% del salario por entre tres y seis meses, según la naturaleza del hecho y la situación familiar del trabajador, con intervención prevista de una Junta Médica ante discrepancias en certificaciones.

El texto incluye un anexo para transferir progresivamente la competencia de la Justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires y procura opciones para homologar acuerdos laborales ante autoridades, con límites en honorarios y mecanismos para reducir la reapertura de reclamos judiciales.

Para conseguir el respaldo en la Cámara Alta, el oficialismo incorporó múltiples cambios al proyecto original. En el recinto la votación quedó registrada con 42 votos a favor y 30 en contra, según el recuento publicado por la prensa.

El Congreso de la Nación. Crédito: Fernando Nicola

Sectores sindicales y parte de la oposición cuestionaron que las modificaciones puedan fragmentar la negociación colectiva y debilitar protecciones ante cesantías, mientras que el gobierno defendió el paquete como una modernización que buscaría mayor flexibilidad y formalización del empleo.

La norma ahora debe ser debatida en la Cámara de Diputados, donde se aguarda un tratamiento intenso y negociaciones sobre eventuales modificaciones; en paralelo, la cobertura registró movilizaciones y enfrentamientos en las inmediaciones del Congreso que derivaron en detenciones durante la jornada.

Mauro L. Muñoz

El bloque de La Libertad Avanza con apoyo de aliados logró dictamen de mayoría para las dos iniciativas centrales de la agenda en Diputados y las llevará este jueves al recinto para ser votadas: el proyecto que baja la imputabilidad en menores de 16 a 14 años y la ratificación del acuerdo Mercosur-UE.

Luego de los plenarios de comisión, el presidente Javier Milei celebró los despachos a través de su cuenta de la red social X: “TENEMOS DICTAMEN PARA LA BAJA DE EDAD DE IMPUTABILIDAD. Fin.”.

Tanto la reforma al Régimen Penal Juvenil como la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea serán tratados en la sesión especial citada para dar comienzo desde las 11 de mañana, bajo la presidencia del titular de la Cámara baja, Martín Menem.

En un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda, el oficialismo junto a sus aliados se alzó con el dictamen de mayoría del nuevo Régimen Penal Juvenil, con el rechazo de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. La reunión se hizo desde las 10.30 en el segundo piso del Anexo “C”, con picos de tensión y un telón de fondo que ya asoma al recinto: bajar la edad, fijar cómo se encierra, y discutir cuánto cuesta.

La presidenta de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, abrió el juego recordando que “son más de 20 proyectos” incorporados al temario y que todos “versan sobre la temática”. La mayoría se cerró con 81 firmas de La Libertad Avanza, PRO, UCR, Innovación, Independencia, Producción y Trabajo, MID y Provincias Unidas.

El libertario Manuel Quintar defendió el tratamiento exprés con un argumento que repitió más de una vez: “Es un tema que se trabajó muchísimo” y que ya se escuchó “a una enorme cantidad de expositores” e incluso a la Iglesia. En esa línea, pidió avanzar “rápidamente en el dictamen” porque “es un tema que la sociedad está reclamando”, y cargó contra la oposición al hablar de “mezquindades políticas” y un “show con gritos”.

Se definió que el proyecto bajará la edad de imputabilidad a 14 años en la sesión especial este jueves. Foto: HCDN.

En la vereda opuesta, Victoria Tolosa Paz apuntó a la legitimidad del texto del Ejecutivo y a su oportunidad política. Recordó que “24 de 31 expositores” se negaron al proyecto oficial y cuestionó el tono de campaña: con “esta frase tan marketinera de Patricia Bullrich de que ‘igual delito, igual pena’”. También denunció que en “24 horas” el Gobierno cambió el mensaje de envío y la partida presupuestaria: “cambiaron el artículo presupuestario con 23 mil millones de pesos como si eso fuese la solución”, dijo, y lanzó una definición que buscó dejar marca: “Los Centros Especializados Socioeducativos no son más que cárceles para niños”.

La libertaria Silvana Giudici contestó con el eje de la “implementación” y el agregado presupuestario, al sostener que el dictamen incluye una asignación para “empezar a desplegar el régimen”, aunque reconoció que “en un año no estará completado” porque hacen falta “establecimientos” y “profesionales multidisciplinarios”. También rechazó el encuadre punitivo: “Nadie habla de castigos… ni de negar derechos”, planteó, y defendió que “adecua los parámetros penales” a la Convención de Niños y Adolescentes.

"No pueden tratar con tanta liviandad un tema tan trascendental", cuestionó Tolosa Paz. Foto: HCDN.

Giudici llevó el debate a la comparación regional: afirmó que Chile y Colombia fijan la imputabilidad en 14 años, Brasil en 12 y Uruguay en 13, y dijo que en esos casos “la reincidencia bajó muchísimo”. Del otro lado, Myriam Bregman (FIT) le respondió sin anestesia: pidió explicar el lema “delito de adulto, pena de adulto” y lo calificó como “tan marketinero y falso”. Además sostuvo que la baja de edad no reduce delito y que, al contrario, “los únicos que van a llenar cárceles o institutos van a ser los hijos de la clase trabajadora”.

El PRO también decidió pararse sobre el relato de “deuda de la democracia”. Su jefe de bloque, Cristian Ritondo, celebró el avance: “Estamos dando un paso importante”, dijo, y recordó que desde 1983 se presentaron “más de 90 proyectos” en el mismo sentido. Subrayó que “a los 14 años cualquier chico tiene comprensión del acto ilegal”, aunque insistió en la necesidad de un régimen específico entre los 14 y los 18.

Desde la UCR, Diógenes González respaldó el texto al considerarlo “la herramienta adecuada para este momento” y reclamó crear “una zona de protección entre los 14 y los 18 años, con estándares internacionales”. Y desde Provincias Unidas, Pablo Farías apoyó la necesidad de legislar, pero dejó planteadas “disidencias con el dictamen de mayoría”, una señal fina a las modificaciones en particular que pueden aparecer mañana.

En paralelo, otro plenario —Relaciones Exteriores y Culto, y Mercosur— dictaminó el proyecto para aprobar el Acuerdo interino de comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, suscripto el 17 de enero en Asunción. La apuesta del oficialismo fue acelerar: pasarlo a firma hoy y llevarlo mañana al recinto, con Unión por la Patria advirtiendo que la velocidad puede salir cara.

El oficialismo, en los fundamentos, defendió que el acuerdo busca “un marco previsible” para impulsar comercio e inversión, y que permitirá reducir obstáculos “arancelarios y no arancelarios”. También sostuvo que Argentina sumará instrumentos comerciales con países que representan “más del 30% del PBI mundial” y accederá a un mercado de “más de 450 millones de personas”.

Juliana Santillán y Damián Arabia presidieron el plenario de comisiones que trató el acuerdo Mercosur-UE. Foto: HCDN.

La presidenta de Relaciones Exteriores, Juliana Santillán Juárez Brahim (LLA), explicó que lo que se trata es el “acuerdo interino” focalizado en cuestiones comerciales, y diferenció del acuerdo de asociación más amplio, cuya aprobación en Europa es “más compleja” porque exige el visto bueno de los 27 estados miembros. Subrayó que, por eso, el interino puede aplicarse de manera “provisoria” y en forma “bilateral” una vez ratificado.

El titular de la Comisión del Mercosur, Damián Arabia, lo definió como un “momento histórico” tras “prácticamente tres décadas” de negociación y habló de “la zona de libre comercio más importante del mundo”. Silvana Giudici, otra vez como voz del oficialismo, agregó que se trata de un acuerdo “estratégico” para “expandir fronteras” y destacó el trabajo técnico de Cancillería: “esas 500 páginas hoy tengan el marco de legalidad”. Incluso justificó el tratamiento en extraordinarias como una ventana de oportunidad: “El Congreso puede ser el primer Parlamento que apruebe el acuerdo” y eso daría “ventajas competitivas”.

Unión por la Patria intentó bajarle el martillo a ese apuro. Su jefe de bloque, Germán Martínez, advirtió que “es de una enorme irresponsabilidad política” dictaminar de ese modo: “Pasaron 19 días hasta que ingresó el proyecto y acá lo quieren tratar en 72 horas”, cuestionó, y pidió la presencia del canciller Pablo Quirno para dar detalles.

Germán Martínez cuestionó la ausencia del Canciller Quirno para explicar el acuerdo y que no hubo un debate adecuado sobre los alcances del tratado. Foto: HCDN.

El diputado Eduardo Valdés expresó una crítica que resume el tono del bloque: “Me gustaría acompañarlo. Ahora, no puede ser que sea una carrera de vivos, que el que primero lo aprueba se lleva los beneficios”. Y comparó con Uruguay y Brasil, donde —según relató— se abrieron plazos de debate hasta fines de febrero para escuchar a sectores productivos y cámaras empresariales.

En el PRO, Martín Ardohain pidió “ratificar el acuerdo” y sostuvo que “permite solucionar diferencias” dentro del Mercosur. En la misma línea, Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) lo calificó como “el mayor acuerdo comercial” firmado por el bloque regional desde su creación, y Esteban Paulón (Provincias Unidas) afirmó que “favorece la integración”.

(Por Mauro Muñoz) - La Libertad Avanza impulsa la aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado antes de fin de año, buscando evitar que el proyecto de «ley de leyes» regrese a la Cámara de Diputados. Para alcanzar este objetivo, el oficialismo resignó el polémico capítulo 11, cuya readecuación se realizará por vía administrativa. Sin embargo, el peronismo y bloques federales centran su atención en el artículo 30, el cual prevé recortes en las metas de inversión para educación, ciencia y defensa.

El Gobierno nacional acelera las gestiones para lograr la sanción de la Ley de Presupuesto General para el Ejercicio Fiscal 2026 antes de que finalice el año. La vicepresidenta Victoria Villarruel convocó a una sesión especial en el Senado de la Nación para el viernes 26 de diciembre a las 12 horas, priorizando el tratamiento del proyecto de ley presupuestaria y, en segundo término, la denominada Ley de «Inocencia Fiscal». Esta convocatoria se da tras la emisión de los despachos de comisión y la reunión de Labor Parlamentaria, evidenciando la urgencia del Poder Ejecutivo para cerrar el ciclo legislativo con una de sus herramientas de gestión más importantes aprobada.

En Casa Rosada, la estrategia es clara: evitar cualquier modificación al texto proveniente de la Cámara de Diputados. El oficialismo ha decidido resignar una potencial «revancha» por el Capítulo 11 del proyecto, que había sido rechazado en la votación en particular en Diputados. Dicho capítulo contenía el artículo 75, que proponía la derogación de leyes clave como la de Financiamiento Universitario y la de Emergencia en Discapacidad, además de incidir en ítems sensibles como los subsidios energéticos, la actualización de asignaciones familiares, la coparticipación para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y los fondos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La premura radica en el calendario legislativo: cualquier alteración en la Cámara Alta obligaría al proyecto a regresar a Diputados, dejando al oficialismo sin margen de tiempo en los dos días hábiles restantes del año para una nueva discusión y sanción. El objetivo es mostrar rápidamente a los mercados un aval del Congreso a la hoja de ruta económica, aun cuando el presidente Javier Milei y su Gabinete ya han ratificado que reasignarán partidas presupuestarias por vía administrativa para alcanzar el objetivo de déficit cero.

El ministro del Interior, Diego Santilli, se manifestó este martes a favor de la aprobación del presupuesto tal como fue girado, calificándolo como «un gran paso». En diálogo con El Observador, Santilli remarcó que la eventual sanción le otorgará «previsibilidad y ordenamiento a Argentina», siendo el primero en los tres años de gestión libertaria. El presidente Javier Milei ha sostenido públicamente que no vetará la Ley de Presupuesto si el Senado la aprueba sin modificaciones. El mandatario insistió en el «déficit cero» como «mantra libertario», asegurando que «vamos a buscar la forma por todos los medios de conseguir el déficit cero sin subir impuestos, corrigiendo por la vía de la reasignación de gastos en el resto del presupuesto o de la reformulación de los recursos en las propias áreas». Santilli complementó esta visión, explicando que el presupuesto se compone en un «85% de jubilaciones, AUH, salud, educación, discapacidad», lo que deja un «margen fino de maniobra para tener el presupuesto equilibrado». Además, afirmó que el proyecto contempla incrementos por encima de la inflación en «temáticas centrales» como educación, discapacidad y salud.

Para lograr el quórum y los votos necesarios, el oficialismo, con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al frente de las negociaciones, evalúa cuidadosamente la composición de fuerzas en la Cámara Alta. La Libertad Avanza (LLA) cuenta con 19 senadores, incluyendo a Enzo Fullone, reemplazante de Lorena Villaverde. A ellos se suma Luis Juez, quien recientemente dejó el PRO. Las alianzas con los 10 integrantes de la Unión Cívica Radical (UCR) y los 3 del PRO son consideradas una base sólida. En la búsqueda de acuerdos, se contemplan legisladores provinciales como el correntino «Camau» Espínola (Unidad Federal), la tucumana Beatriz Ávila (Independencia), Julieta Corroza (Neuquén), la salteña Flavia Royón, la chubutense Edith Terenzi y los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.

La oposición, en tanto, ha focalizado su discusión en el artículo 30 del proyecto. Este artículo plantea la derogación de diversas normativas que afectan el financiamiento educativo, científico y de defensa. Entre ellas, se menciona el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, los artículos 5, 6 y 7 del Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el artículo 52 de Educación Técnico Profesional, y el inciso 1 del artículo 4 de la Ley 27.565 del Fondo Nacional de la Defensa. Desde el bloque peronista, liderado por el senador José Mayans, ya se adelantó la intención de buscar reformas para revertir lo que consideran un retroceso en materia educativa. En este contexto, se llevó a cabo una reunión en el Congreso entre senadores y diputados de la oposición con estudiantes, para articular el rechazo al mencionado artículo. Participaron por el Senado Jorge Capitanich, Carlos Linares y Mariano Recalde, y por Diputados Julia Strada, junto al exdirector del INET Gerardo Marchesini y alumnos de escuelas técnicas y agrotécnicas.

El frente opositor no presenta una postura monolítica. El bloque Convicción Federal había dejado trascender la posibilidad de votar afirmativamente el Presupuesto, generando una fisura en la unidad. Sin embargo, este miércoles el escenario se tornó más incierto con la declaración del senador puntano Fernando Salino, quien advirtió sobre una posible división en la bancada. «Creo que la Argentina necesita Presupuesto, en el bloque Convicción Federal estamos viendo la posición de cada uno de los cinco, cada uno representa a provincias distintas», sostuvo el jefe del bloque, integrado también por Carolina Moisés (Jujuy), Fernando Rejal (La Rioja), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán). Salino fue categórico sobre su voto individual: «Yo voy a votar en contra del Presupuesto». En declaraciones radiales, anticipó que «seguramente no tendremos una posición uniforme» y criticó el trámite exprés del proyecto, señalando que «en la Comisión de Presupuesto hubo un atropello, esperábamos un tratamiento mucho más profundo y equitativo. Nuestras preguntas no han sido del todo respondidas». El senador puntano también lamentó que el oficialismo «no terminó de resolver las diferencias que tiene» en torno al Capítulo XI caído en Diputados, advirtiendo que si el Ejecutivo presiona para reponerlo, «se le va a dificultar», mientras que si se vota el texto sin cambios, «aparentemente los votos están». Salino se plantó firmemente contra el artículo 30, argumentando su trayectoria como «ministro de Educación de San Luis» y «rector de la Universidad de la Punta«, lo que le impide aprobar la medida. Finalmente, consideró un «error garrafal» del Ejecutivo el «tendría que tener otro diálogo con los legisladores», recordando que «en definitiva somos quienes tenemos que votar».

La Legislatura validó -con algunas reformas- la solicitud del Poder Ejecutivo de prorrogar una parte de la situación de emergencia en Seguridad pública, específicamente lo que hace al personal policial y del Servicio Penitenciario.

Votación dividida en el paso por la Cámara de Diputados y unanimidad en la revisión en el Senado, todo votado en la tarde del jueves.

"Declárase la emergencia en materia de recursos humanos de las fuerzas de seguridad comprendidos en el escalafón del personal Policial, del Servicio Penitenciario y del Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias, con los alcances específicos en esta materia previstos en la Ley 14237, por el plazo de doce meses de promulgada la presente ley. El Poder Ejecutivo podrá prorrogar por única vez y por igual plazo esta declaración si subsisten las circunstancias fácticas que lo motiven", marca el primer artículo de la norma que pasó a la promulgación del Poder Ejecutivo.

Después prorroga la vigencia de cuatro artículos de la Ley de Emergencia que pierde caducidad. Se trata del capítulo específico sobre Recursos Humanos. Así habilita otorgar asignaciones y/o suplementos a quieres se desempeñen en funciones caracterizadas fundadamente como críticas y/o a afectar en forma transitoria o definitiva a personal que se desempeñe en cualquiera de los órganos del Estado Provincial para realizar tareas de apoyo administrativo.

La prórroga fue aprobada primero en Diputados y luego ratificada por unanimidad en Senado.

También permite reincorporar al servicio activo a personal retirado con una retribución equivalente al doble del importe que perciban en su calidad de retirados. La reincorporación está prohibida para personal que haya sido exonerado de la fuerza policial o de la Administración Pública Provincial y/o Nacional "o se encuentre con auto de procesamiento en causas vinculadas con delitos de lesa humanidad o condenado en causa penal, aún cuando hubiese cumplido la totalidad de la pena".

El otro artículo prorrogado es el que permite un ascenso extraordinario al personal reincorporado y que haya cumplido 18 meses de trabajo "demostrando un desempeño ejemplar en el ejercicio de sus funciones".

El artículo clave dispone que la ley aplicable a los beneficios jubilatorios del personal reincorporado al servicio efectivo o que se reincorporen a partir de la vigencia de la presente con los alcances previstos en los artículos precedentes, se determinará de conformidad a la ley vigente a la fecha del primer cese de la prestación de servicios.

"A los fines del cálculo del haber de retiro se computarán los nuevos servicios prestados acorde a la situación de revista al momento del cese en el marco del presente régimen, pudiendo incrementar su porcentual, si hubieran obtenido ascenso durante este período", acota.

En comisiones, la Cámara de Diputados agregó tres artículos. El primero creó una Comisión de Seguimiento integrada por tres senadores y tres diputados. Dispone la obligación de informar a los órganos que realicen contrataciones en el marco de la emergencia deberán enviar un informe de las gestiones realizadas y de la ejecución presupuestaria y suministrar toda la información de que dispongan a la Comisión de Seguimiento, como mínimo, cada sesenta días.

En el restante artículo marca que el análisis de legalidad estará a cargo del Tribunal de Cuentas. Se refiere a los actos con contenido hacendal control que deberá efectuarse en el plazo máximo de diez días de comunicados con sus antecedentes. "No obstante, dicho plazo no condiciona la ejecución del acto", se aclaró.

Diputados incorporó una comisión bicameral para controlar la ejecución del régimen.

En Diputados, fueron 31 los votos afirmativos de Unidos y sus aliados más la justicialista Alejandra Rodenas que se diferenció de los pares de su bancada que optaron por la abstención. "Voy a acompañar porque estamos en emergencia ya que no se resolvió el problema de la inseguridad en la provincia" afirmó. Antes, la justicialista Celia Arena fue la que informó sobre la decisión del bloque de abstenerse e indicar que no parece lo más importante la reincorporación de personal retirado.

La radical Ximena García, presidenta de la Comisión de Seguridad, fue quien presentó el tema y recordó la reunión que los integrantes de ese grupo mantuvieron con el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, quien les había informado sobre la decisión de no insistir con la emergencia en materia de compras y contrataciones por entender que ya se pueden hacer dentro de los márgenes de la ley de Administración. El cierre del debate fue para el socialista Rubén Galassi quien respondió algunos de los cuestionamientos opositores a la norma.

La norma aprobada apunta especialmente a mantener la situación de 86 retirados que fueron reincorporados por esta emergencia y uno en el servicio penitenciario. Para el Frente Amplio para la Soberanía la falta de claridad sobre las funciones de esos 86 reincorporados fue uno de los fundamentos para rechazar la ley.

"No saben cómo resolver el vínculo laboral con esos agentes" afirmó Natalia Armas Belavi que al igual que Juan Domingo Argañaraz votaron en contra.

Por su parte, Amalia Granata (Somos Vida) también pidió autorización para abstenerse junto a su bloque. Entre este bloque y el justicialismo fueron once las abstenciones.

El expediente fue girado esa tarde al Senado que lo ratificó por unanimidad.

La norma sostiene la situación de 86 policías y un penitenciario reincorporados.

La Cámara de Diputados otorgará un Diploma de Honor a la Persona Ilustre, a María Inés Franck por su reconocida trayectoria académica en la formación educativa para la prevención de abuso en niños y adolescentes a fin de generar ambientes seguros para esta población.

El reconocimiento fue propuesto por Natalia Armas Belavi y votado por el plenario el último jueves.

Franck es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Abogada y Licenciada en Derecho Canónico de la UCA. Además es diplomada en Protección de los Menores (Universidad Pontificia de México y Pontificia Universidad Gregoriana).

Actualmente es miembro y secretaria del Consejo Pastoral de Protección de Menores y Adultos Vulnerables (Conferencia Episcopal Argentina) y coordinadora de la Comisión para la Protección de los Menores de la Arquidiócesis de Paraná.

La Cámara de Diputados realizará una jornada de presentación del libro "Constitución de la Provincia de Santa Fe 2025. Comentarios a la Reforma", cuyo autor es Oscar M. Blando. Se considera que la obra es relevante aporte académico, institucional y ciudadano al análisis, comprensión y difusión de la nueva Constitución sancionada en septiembre de este año.

La realización de la jornada fue presentada por Claudia Balagué (Frente Amplio por la Soberanía) aunque la realización fue dejada en manos de la presidencia de la Cámara y se realizará en los primeros meses del año venidero.

El gobernador Maximiliano Pullaro expresó este jueves su satisfacción por la elección de Gisela Scaglia como presidenta del bloque Provincias Unidas en la Cámara de Diputados de la Nación. “Estoy muy contento. Van a ser alrededor de 25 diputados y nuestra vicegobernadora -cargo que ocupa hasta pasado mañana- llevará adelante la mirada del interior: del interior productivo, de las pymes, de las clases medias urbanas del interior de la Argentina, no del conurbano. Y nos va a ir a defender”, afirmó sobre el rol de Scaglia y el perfil del interbloque.

Durante una ronda con la prensa en Rosario, Pullaro señaló que acompañó a Scaglia en diversas reuniones con legisladores y subrayó el salto político que representa esta conformación parlamentaria para Santa Fe. “Hasta hace unos días había un solo diputado nacional que respondía al gobierno provincial. Hoy vamos a tener más de 20, y eso realmente cambia nuestra posición ante el Gobierno nacional”, sostuvo.

Consultado sobre una eventual reforma laboral, Pullaro explicó que el miércoles mantuvo una reunión con la CGT y que existe “coincidencia en algunos planteos”, entre ellos la necesidad de modificar normativas que “dejan a muchas personas fuera del mercado formal”.

Insistió en que la postura de Santa Fe y del bloque Provincias Unidas será “una mirada Pyme, no una mirada de las grandes industrias”, orientada a generar condiciones para que las pequeñas y medianas empresas puedan sostener y ampliar el empleo. “Se trata de cómo fortalecemos a la Pyme, cómo mejoramos el capital y, fundamentalmente, el empleo; y así generamos crecimiento económico”, afirmó.

Pullaro enfatizó que el desafío del país es avanzar hacia “una modernización laboral que permita a las Pyme sostener los puestos de trabajo y que muchas personas que hoy están en negro puedan pasar al empleo formal”.

Con la designación de Scaglia en el Congreso, el gobernador consideró que Santa Fe gana una voz decisiva para defender los intereses productivos de la provincia en el nuevo escenario nacional.

La diputada provincial María Fernanda Castellani presentó un proyecto de comunicación mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo de Santa Fe que implemente, de manera experimental, un sistema innovador desarrollado por científicos del Conicet para reducir la presencia de arsénico y nitratos en el agua de consumo.

La iniciativa propone utilizar carbón vegetal tratado química y térmicamente, capaz de disminuir en más de un 50% la concentración de estos contaminantes en pruebas de laboratorio.

Castellani explicó que la propuesta busca “acercar una solución concreta, accesible y comprobada científicamente a comunidades que hoy no pueden acceder a agua segura”, y que la provincia “tiene la obligación de explorar todas las alternativas disponibles para mitigar un problema que afecta a miles de santafesinos, especialmente en localidades pequeñas y rurales”.

La preocupación surge a partir del reciente relevamiento del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), que volvió a exponer la situación crítica de la región: el sur de Santa Fe se encuentra entre las zonas más vulnerables del país respecto de la presencia de este elemento natural en el agua subterránea.

“Este proyecto busca unir educación, producción y territorio. Queremos que nuestras escuelas rurales y agrotécnicas sean protagonistas del desarrollo local, brindando a los jóvenes herramientas reales para su futuro laboral”, expresó Castellani.

El arsénico, altamente tóxico en su forma inorgánica, puede causar efectos graves sobre la salud humana ante consumos prolongados, incluidos cáncer y enfermedades crónicas, según advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El mapa del ITBA señala que las áreas con niveles iguales o superiores a 50 partes por billón (ppb) abarcan gran parte de la llanura Chacopampeana: Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y el sur de Santa Fe.

En nuestra provincia, el Enress registraba en 2021 un total de 52 localidades en nivel 6, la categoría más crítica. Tres años después, tras obras y ampliaciones de acueductos, la cifra se redujo a 47, pero la situación sigue siendo alarmante.

Todas estas localidades que se encuentran principalmente en el oeste provincial y desde el departamento San Cristóbal hacia el sur continúan sin agua para el consumo.

Entre las ciudades y pueblos afectados figuran: Alcorta, Arequito, Berabevú, Bombal, Cañada Rosquín, Carcarañá, Chañar Ladeado, Chovet, Christophersen, Colonia Belgrano, Correa, Cululú, Felicia, Hughes, Labordeboy, Las Petacas, Los Molinos, Máximo Paz, Murphy, Oliveros, Progreso, Pueblo Andino, Ricardone.

“Este proyecto busca unir educación, producción y territorio. Queremos que nuestras escuelas rurales y agrotécnicas sean protagonistas del desarrollo local, brindando a los jóvenes herramientas reales para su futuro laboral”, expresó Castellani.

Además San Gregorio, San José de la Esquina, Santa Isabel, Serodino, Soledad, Teodelina, Villa Eloísa, Zenón Pereyra, entre otras.

La Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo contaminado y/o adulterado creada en el ámbito de la Cámara de Diputados llegará a su fin luego de dos meses y medio de arduo trabajo.

Creada por unanimidad a mediados de septiembre, comenzó a funcionar un par se semanas después bajo la presidencia de la socialista Mónica Fein y este martes, desde las 9, presentará las conclusiones y recomendaciones a partir de los datos recopilados y los testimonios que fueron presentados en la misma sede de la comisión.

Alrededor de 20 resoluciones integrarán el informe del equipo compuesto por legisladoras y legisladores de todas las bancadas. Hasta el 9 de diciembre se podrán incorporar nuevas observaciones.

“Seguramente, será la hoja de ruta de la próxima Cámara” confió la legisladora rosarina. Es que al día siguiente jurarán los legisladores electos el 26 de octubre y el Congreso tendrá una nueva integración.

Sin embargo, la gravedad del hecho que se investiga, y que ubica la cifra de muertes en un número muy superior al centenar, permite anticipar que el tema seguirá en la agenda parlamentaria.

La comisión funcionó con regularidad cada semana e incluyó una sesión especial en la ciudad de Rosario, una de las más afectadas por al cantidad de casos. Fue en los primeros días de noviembre, a pedido de las familias de las víctimas que en todo momento presenciaron las reuniones y se convirtieron en verdaderos motores de la investigación.

Una de las características de la comisión es su pluralidad política: como se dijo, está integrada por referentes de todas las bancadas y el triunvirato que la presidió durante todo este tiempo estuvo conformado, además de Fein, por la libertaria Silvana Giúdici y Victoria Tolosa Paz (UxP).

Entre otros testimonios, recibió los de las máximas autoridades del Hospital Italiano de La Plata, donde se registró el primer brote de afectados por el fentanilo contaminado o adulterado; de referentes del Instituto Malbrán, cuyo trabajo fue destacado en más de una oportunidad por quienes investigan el caso, y del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak.

El magistrado, cuya actuación se inició en mayo a partir de una denuncia realizada por Anmat, seguida por un alerta nacional, explicó en detalle cómo se hizo la investigación que reveló irregularidades en la producción del Laboratorio HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

“Nuestra posición, avalada por doctrina calificada, es que la contaminación por medio de las bacterias incrementó el riesgo de muerte", fue una de las definiciones ante legisladores y familiares.

La minuciosa tarea del juzgado incluye el análisis particular de decenas de historias clínicas (ya se evaluaron 40), tarea que continuará aún durante la feria judicial, con el objetivo, con mucho viento a favor, de llevar el caso a juicio en el año 2026.

El juez contó también que no hubo trazabilidad de los medicamentos y que la Anmat desconocía la ubicación de las ampollas que se investigaban como contaminadas. Ni Anmat ni el ministro de Salud de la Nación Mario Lugones asistieron a las reuniones a las que fueron convocados, cuestión que fue comunicada a la Presidencia de la Cámara baja, a cargo de Martín Menem.

Mientras tanto, la tarea desarrollada por la comisión fue bien ponderada por sus propios integrantes y los familiares de las víctimas, que se convirtieron en impulsores de la investigación.

Al nuevo Congreso que iniciará sus funciones el 10 de diciembre le quedará por delante la tarea de seguir de cerca el proceso y dictar las normas necesarias para que no se repita un hecho similar.

Entre las prioridades habrá que establecer un marco normativo para la Anmat, creada por decreto en agosto de 1992 luego de otra tragedia: la que derivó en la muerte de seis personas por el consumo de productos de propóleo contaminado.

También habrá que establecer mecanismos para asegurar la trazabilidad de los medicamentos desde su producción hasta su aplicación. El lote contaminado incluyó 154 mil ampollas que fueron distribuidas a distintos centros de salud y cuya localización, al momento de conocerse los casos fatales, era desconocida por los organismos nacionales.

(Por Fiorella Carrión y Gustavo Ocampo) - El miércoles marcará un nuevo capítulo en la trayectoria política de Pablo Farías. El dirigente santafesino asumirá formalmente como diputado nacional e iniciará una etapa que, según adelantó, estará atravesada por debates “fundamentales” para el futuro del país. En diálogo con Primera Mañana, anticipó que el Congreso tendrá una agenda intensa desde el primer día.

El 3 de diciembre realizará el juramento formal previo a la asunción y que, a partir del 10 de diciembre, comenzará oficialmente sus tareas como integrante de la nueva composición de la Cámara de Diputados.

Farías adelantó que uno de los primeros grandes temas será el presupuesto nacional, una discusión postergada desde el inicio del gobierno de Javier Milei. “Lo primero con lo que vamos a debutar durante el mes de diciembre va a ser el tratamiento del presupuesto nacional”, señaló.

El diputado remarcó la necesidad de restablecer el diálogo pleno entre Nación y provincias. Crédito: Flavio Raina.

En este sentido, aseguró por qué esta instancia será decisiva: “Las partidas que así están previstas son absolutamente irrisorias para los montos que se tienen hoy, y esto produce que se gestione prácticamente con libertad y disponibilidad de los fondos por sobre lo que está previsto”.

El análisis económico no se reducirá a diciembre. Farías remarcó que, apenas comience el 2026, llegarán debates estructurales: la reforma laboral y la reforma tributaria. “Creo que son temas muy importantes para el argentino”, destacó, subrayando que la discusión fiscal y la reorganización del empleo serán centrales en el próximo ciclo legislativo.

Sin embargo, también marcó un punto crítico en la dinámica política reciente. “Hasta ahora el presidente solo ha abierto parcialmente el diálogo, y digo parcialmente porque no con todas las provincias ha actuado de la misma manera”. El diputado insistió en que la búsqueda de consensos será una prioridad de su trabajo y del espacio al que representará.

Farías reconoció las dificultades que atravesó Santa Fe en su relación con la Nación durante los últimos dos años, al tiempo que destacó la importancia del bloque Provincias Unidas, que está próximo a conformarse. Con la presencia de Gisela Scaglia en ese armado, remarcó la necesidad de “un ida y vuelta” que permita instalar la agenda provincial en el escenario nacional.

El diputado electo fue contundente al definir cuáles serán sus prioridades: “Vamos a ir a defender los intereses de la provincia, ir a poner sobre la mesa la palabra, el diálogo, la búsqueda de los consensos en todo lo que sea posible”. Y dejó claro que el objetivo no será confrontar, sino lograr resultados.

Uno de los reclamos centrales será el cumplimiento de las obligaciones financieras que el gobierno nacional mantiene con la provincia. “Santa Fe no necesita que el Gobierno Nacional salga a poner fondos para salvarla. Lo que necesita es que le lleguen los fondos que le corresponden”, dijo.

Y enumeró: deuda por el sistema previsional, falta de inversión en infraestructura, ausencia de subsidios al transporte y demoras en la distribución de impuestos nacionales como el impuesto al cheque y el impuesto al combustible. “No están llegando en la forma que debieran”, remarcó.

Farias también valoró los avances en infraestructura que estuvieron en marcha durante los últimos años y que requieren continuidad. Entre ellos, resaltó el hospital de Rafaela, que calificó como “un hospital de primer nivel de altísima tecnología", que "fue posible por la continuidad de políticas públicas iniciadas por Hermes Binner".

Farías anticipa un período legislativo marcado por debates sobre presupuesto, reformas y federalismo. Crédito: Flavio Raina.

Finalmente, elogió el rápido avance del nuevo puente Santa Fe – Santo Tomé. “Pensemos que hace 1 año se inició esa obra y probablemente para este mes, el año que viene, se esté inaugurando”, cerró.

La diputada provincial Sofía Galnares tomó posición en torno a la media sanción del proyecto “Hora Silenciosa”, una iniciativa que propone un horario con reducción de estímulos en los comercios para garantizar accesibilidad a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) e hipersensibilidad sensorial.

“Hora Silenciosa” se enmarca en los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, orientada a la autonomía, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad. Galnares afirmó que “esta media sanción demuestra que existe una barrera de accesibilidad que puede superarse con facilidad, lo que abre la puerta a múltiples beneficios y asegura el ejercicio de derechos. Con acciones sencillas podemos colaborar con que aquello tan simple para algunos —ir a comprar algo— deje de ser una pesadilla o un impedimento para otros”.

El proyecto, impulsado por el diputado Dionisio Scarpín y acompañado por el bloque de la UCR, establece un período con menor intensidad lumínica y menos ruido en los establecimientos comerciales, generando entornos más adecuados para personas autistas. Según Galnares, esta medida “apunta a crear condiciones más equitativas en espacios de uso cotidiano”.

La diputada también señaló que la propuesta implica un ajuste razonable, sin costos asociados para los comercios, y que amplía derechos, facilitando el acceso a toda la población a algo tan sencillo como salir de compras. Además, promueve ambientes más respetuosos para quienes enfrentan dificultades en contextos altamente estimulantes.

“Avanzar en la eliminación de barreras es un paso hacia adelante en derechos, y esta media sanción va en esa dirección”, valoró la diputada provincial Sofía Galnares.

Si las elecciones legislativas del 26 de octubre representaron un momento “bisagra” para el gobierno nacional y para los partidos políticos, con un triunfo del 41 % del oficialismo en todo el país, el 10 de diciembre lo será en las Cámaras legislativas.

Un poco es por lógica consecuencia: el oficialismo logró más bancas en Diputados y en el Senado. Y otro poco porque el movimiento de alianzas, pases, cambios y ruptura de bloques está (y seguirá) en plena efervescencia.

Todo indica que el gobierno va a lograr su objetivo de llevar el Presupuesto 2026 al recinto con las dos cámaras parcialmente renovadas, pero con mucho más a su favor respecto de la constitución actual que lo tiene en minoría.

En tanto, dejaría para febrero el debate de las reformas de segunda generación: laboral, tributaria y penal. Es decir, la idea es pisar a fondo el acelerador antes de fin de año y dejar el mes de enero libre, lo que no siempre significa tomarse vacaciones. La rosca política, se sabe, no tiene vacaciones.

Para este lunes a las 21 se anuncia el discurso grabado con el que el presidente Javier Milei presentará el proyecto de Presupuesto de Gastos y Recursos para 2026. Será por cadena nacional.El presidente Milei presentó los lineamientos del Presupuesto 2026 el 15 de septiembre, por cadena nacional.

“Esta semana tendremos mejor definición; desde el bloque se está tratando de construir una sesión con temas pendientes para el 19”, sostienen desde un sector de Unión por la Patria.

Desde otras bancadas, directamente se descarta cualquier posibilidad de una reunión en el recinto para antes del recambio.

Si el tema central de las extraordinarias de diciembre es el Presupuesto 2026, las conversaciones que Casa Rosada emprendió con gobernadores (por ahora, con excepción del justicialismo) resultan claves.

El gobierno necesita apoyos de los mandatarios, muchos de los cuales reclamaron a viva voz recursos y obras antes del 26 de octubre. La meta es tener el mayor consenso posible para la hoja de ruta que impulsa para su tercer año de gestión.

Como ya se dijo, será el primer presupuesto propio del gobierno de Javier Milei, luego de prorrogar por dos períodos consecutivos el que fuera sancionado en 2023, durante la gestión de Alberto Fernández.

Casa Rosada inició una ronda de consultas con mandatarios aliados, dialoguistas o cercanos, según cómo se vayan ubicando en el nuevo esquema político tras las intermedias de octubre.

Incluso arrancó con integrantes de Provincias Unidas, quienes durante la campaña formularon durísimos planteos sobre la política económica del gobierno central, en particular por la falta de obras públicas y mantenimiento de rutas nacionales.

Entonces, para diciembre se reservará el debate del Presupuesto, que ya tiene cuatro dictámenes de comisión aunque el oficialismo obtuvo el de mayoría. También se llevaría al recinto de sesiones el proyecto de Responsabilidad Tributaria.

Para febrero se trasladarían las discusiones por las “reformas de segunda generación” que incluyen cambios en la ley laboral, la tributaria y la penal; sin dudas temas centrales que ameritarán un fuerte debate, no solo entre legisladores y gobierno sino también entre los sectores involucrados.

A todo esto, sigue el funcionamiento de comisiones que incluyen dos investigadoras: una sobre fentanilo que tiene previsto reunirse este jueves, y otra sobre el caso $Libra, que fijó cita el 18 de noviembre a las 16, a fin de aprobar el informe final que será elevado a la Cámara de Diputados.

La última sesión fue el 8 de octubre, cuando se pidió informes al ministro de Economía Luis Caputo sobre las negociaciones por fondos con Estados Unidos. También se trató la nulidad del artículo que dejó en suspenso la aplicación de la Emergencia por Discapacidad.

Además, se declaró la emergencia del sistema nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y se debatió la convocatoria a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del ministro de Salud, Mario Lugones, para que den explicaciones sobre el caso ANDIS, luego de los audios sobre supuestos pagos ilegales.

A la luz del reacomodamiento de los boques y del propio gobierno, todos esos temas están en suspenso.

Parece que entre ese momento y el actual hubiese pasado mucho más que un mes y días. Tanto que por entonces se pedían informes al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que, en este lapso, renunció a su cargo y fue reemplazado por el vocero Manuel Adorni, al tiempo que Diego Santilli (ex PRO) asumió como ministro de Interior.

Todo es así hasta ahora y la mayor certeza es que probablemente cambie mañana.

La Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción al proyecto de ley “Santa Fe: un millón de árboles”, que impulsa la plantación y conservación de nuevos ejemplares en todo el territorio provincial. La meta es alcanzar un millón de árboles en la próxima década.

El autor de la iniciativa, el diputado Rubén Galassi, destacó que se trata de un programa que apunta a la mitigación del cambio climático, la mejora del hábitat urbano y rural, y la participación ciudadana. El proyecto articula acciones entre Provincia, municipios, comunas, escuelas, empresas y organizaciones sociales.

Durante la presentación en el recinto, Galassi explicó que la propuesta refuerza la Ley 13.836 de Arbolado Público, sancionada en 2018 por impulso del exgobernador Miguel Lifschitz. Entre otras cosas, amplía facultades de la autoridad de aplicación y prioriza especies nativas.

La norma incorpora un sistema de monitoreo quinquenal del arbolado, con indicadores sobre captura de CO₂, reducción de temperatura urbana y tasa de supervivencia de ejemplares. Además, se suma el programa “Un egresado, un árbol”, que vincula educación y ambiente.

Al detallar los costos, Galassi comparó que plantar 100 mil árboles equivale a repavimentar unos cinco kilómetros de ruta. “Bienvenidas las rutas, pero también hay que invertir en mejorar nuestro ambiente”, sostuvo. Planteó que puede escalarse con apoyo de municipios y escuelas.

Mencionó que si el 10 % de los 5.000 establecimientos educativos de Santa Fe produce 100 plantines por año, se generarían entre 30.000 y 50.000 árboles para distribuir. También valoró el rol de universidades, el INTA y organizaciones ambientales.

Galassi recordó que Rosario ya impulsó planes similares, y citó casos internacionales como Ciudad de México (Reto Verde, 10 millones de árboles), Bogotá (670 mil árboles entre 2020 y 2023), y Milán, que proyecta plantar 3 millones de ejemplares para 2030.

“Plantar árboles es una acción concreta frente al calentamiento global. Mejora el aire, regula la temperatura, infiltra agua, protege al ganado y ofrece sombra en zonas productivas y urbanas”, destacó el legislador socialista.

Finalmente, Galassi vinculó la propuesta con el derecho a la ciudad incorporado al texto de la nueva Constitución santafesina. “El árbol es una herramienta ambiental que garantiza acceso equitativo al verde y mejora la calidad de vida”, cerró.