El mega DNU 70/2023 volvió a instalarse en el centro de la agenda política nacional. Tras el rechazo inicial del Senado en 2024, la oposición en la Cámara de Diputados intensificó las gestiones para lograr su derogación definitiva. Este movimiento ocurre en un escenario de alta tensión entre los poderes del Estado y ante la proximidad de la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre.

La atención legislativa se incrementó luego de que la Corte Suprema de Justicia revocara un fallo que declaraba inconstitucional el artículo del decreto que derogaba la Ley de Tierras. Si bien el máximo tribunal no se expidió sobre el fondo de la cuestión, su resolución reactivó el debate sobre la vigencia del instrumento dictado por el presidente Javier Milei.

La oposición solicitó una sesión especial para el 15 de octubre con el objetivo de tratar la derogación del decreto, además de proyectos sobre morosidad y la Ley de Discapacidad. Por su parte, el oficialismo intenta evitar que la convocatoria alcance el quórum necesario, apostando a una sesión posterior el 21 de octubre que incluya el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

El Congreso Nacional atraviesa semanas de intensa actividad en comisiones. En la Cámara alta, el presidente pro témpore Bartolomé Abdala ha ganado protagonismo en la sucesión presidencial, mientras que figuras como Patricia Bullrich mantienen una agenda activa con el sector empresarial. La incertidumbre persiste hasta el 30 de noviembre, fecha en la que concluirá el período de sesiones ordinarias.

El decreto 70/23, que acumula más de dos años de vigencia, regula aspectos clave como alquileres, prepagas, actividad aerocomercial y el régimen laboral. La posibilidad de que sea rechazado por ambas cámaras parlamentarias, tal como ocurrió en septiembre de 2024 con el DNU 656 sobre fondos reservados de la SIDE, mantiene en alerta al Poder Ejecutivo frente a un Congreso que busca limitar sus atribuciones.

La iniciativa propone un mecanismo sencillo y discreto: cuando una mujer se siente en riesgo, puede acercarse al personal del establecimiento y preguntar si está “Ángela”. Esa frase activa un protocolo de acompañamiento y protección para evitar que quede sola y garantizar una salida segura.

El proyecto contempla la capacitación del personal de los locales, la articulación con los municipios y la creación del “Sello Seguro” para reconocer a los espacios que implementen la herramienta. Ante situaciones graves, prevé la intervención de la Policía o de los servicios de emergencia.

“Queremos cuidar a nuestras hijas. Que puedan salir, disfrutar, encontrarse con sus amigas y volver a casa seguras. Ese es el sentido de este proyecto”, expresó Bellatti.

Desde su presentación oficial en noviembre de 2025, sumó el acompañamiento de localidades, instituciones, organizaciones y empresarios de la noche, además del respaldo del gobierno provincial.

“Esta media sanción significa un paso enorme. Una iniciativa que nació en nuestro sur provincial puede transformarse en una política pública para toda Santa Fe”, destacó la legisladora.

Con la aprobación de Diputados, el proyecto espera ahora su tratamiento en el Senado provincial para convertirse en ley y extender esta herramienta de prevención y cuidado en todo el territorio.

El proyecto de ley de Defensa de Soberanía Nacional comenzó este miércoles su debate en la Cámara de Diputados, al menos en un plenario de comisiones al que fueron invitadas autoridades del gobierno nacional.

Se trata de Paula Taddei, secretaría Legal y Técnica; Juan Ignacio Stampalija, Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía y el Gral. Jorge Puebla, Secretario de Estrategia y Asuntos Militares.

El plenario reúne a las autoridades e integrantes de Defensa Nacional, de Legislación Penal y de Relaciones Exteriores y Culto; las tres presididas por legisladores de La Libertad Avanza.

Se trata de la primera reunión informativa luego del ingreso del extenso proyecto de ley que presentó el propio presidente Javier Milei en cadena nacional el 3 de septiembre.

El tratamiento del tema fue pedido con urgencia por el presidente Javier Milei, quien confía en lograr adhesión a un tema que considera de suma urgencia para el país. La gestión nacional insiste en un escenario actual de amenazas y riesgos para la seguridad nacional, cuestión que se suma al conflicto suscitado por la explotación de petróleo en aguas argentinas por parte del Reino Unido.

Sin embargo, son más de 130 artículos distribuidos en 8 títulos que establecen una amplísima lista de temas: desde sanciones mayores a las previstas por la explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina hasta multas por operar con empresas no autorizadas. Desde la creación de un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el mandatario hasta cambios en el régimen de financiamiento de los partidos políticos.

Si bien el punto de partida es la reivindicación de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur como parte del territorio nacional, son varias leyes las que se derogan o modifican y no parece que el debate fluya sin sobresaltos para el oficialismo.

Según consignan medios especializados, la intención del oficialismo es emitir dictamen el martes 6 de octubre para que el proyecto pueda ser debatido en una sesión prevista para el día siguiente.

Varios artículos suscitaron particular escozor: uno de ellos es el 111 que incorpora al Código Penal una nueva figura delictiva vinculada a la denominada injerencia extranjera en la vida política e institucional argentina.

En concreto, y según detalla el sitio especializado Parlamentario.com, crea el artículo 225 bis y establece penas de 5 a 12 años de prisión para quien, actuando por cuenta, bajo órdenes o con financiamiento total o parcial de un Estado, organización o agente extranjero, impulse acciones destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva, o bien promueva o financie actos de violencia o sabotaje contra el Estado argentino o sus habitantes

En cuanto al Consejo de Seguridad Nacional, tendrá como miembros permanentes al el presidente de la Nación; el jefe de Gabinete; el ministro de Relaciones Exteriores; el ministro de Defensa; el ministro de Economía; el secretario de Inteligencia de Estado (SIDE), y el titular de la Secretaría Legal y Técnica. De algunas de esas reparticiones surgen los invitados al plenario de este miércoles.

Uno de los temas más trágicos en materia sanitaria que atravesó el año 2025 fue la muerte de decenas de personas por el uso de fentanilo adulterado o contaminado. Fue a partir de un brote inusual de infecciones intrahospitalarias y neumonías graves en el Hospital Italiano de La Plata y derivó en el retiro del mercado, prohibición de uso y allanamientos a los laboratorios implicados, señalados como HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo.

Esto ocurrió luego de establecer que la sustancia que había causado los decesos y que se utiliza como potente analgésico además de anestésico, estaba afectada por bacterias multirresistentes.

La investigación del caso quedó a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak que hasta el momento constató la existencia de 90 víctimas y 44 sobreviviente con secuelas, según surge del expediente.

En paralelo, entre septiembre y diciembre, funcionó en la Cámara de Diputados de la Nación una comisión investigadora que estuvo presidida por la rosarina Mónica Fein (mandato cumplido) junto a Silvana Giúdici (LLA) y Victoria Tolosa Paz (UxP).

Luego de varios meses de reuniones en las que se escuchó la voz de familiares de las víctimas, de las autoridades del hospital donde se detectó el primer brote, especialistas y al propio juez del caso, la tarea se coronó con un completo informe que incluyó recomendaciones; entre ellas, la trazabilidad de los medicamentos críticos desde su compra hasta su derivación a centros de salud.

Sobre ese tema fue convocada para este martes a las 15 la Comisión de Acción Social y Salud Pública que preside el diputado Manuel Quintar (LLA-Jujuy). Será una reunión informativa en la que se expondrán distintos proyectos sobre el tema elaborados, precisamente, por integrantes de aquella comisión investigadora.

Uno de ellas lleva la firma de Giúdici, junto a otros legisladores, y establece la creación por ley de un Sistema nacional de alerta y trazabilidad de eventos críticos en Salud (Snatecs).

El segundo está encabezado por Pablo Juliano (Provincias Unidas-Buenos Aires) y dispone un Régimen de trazabilidad unitaria y digital de medicamentos de alto riesgo en el ámbito de la Anmat. Uno más, de Marcela Pagano (Coherencia-Buenos Aires) procura un Sistema integrado de control de importación y trazabilidad de sustancias farmacológicas críticas.

El último proyecto que integra la convocatoria de este martes es de Tolosa Paz y dispone un Sistema nacional de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo y de sus ingredientes farmacéuticos activos.

Mientras todo esto ocurre, la investigación judicial sigue adelante y en los últimos días se conoció el procesamiento a la ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías (ANMAT) Nélida Agustina Bisio y la ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) Gabriela Mantecón Fumadó.

La medida fue dispuesta por el juez Kreplac e incluye un embargo de 500 millones de pesos, la continuidad de la prohibición para salir del país y la inhibición de general de bienes para las dos ex funcionarias.

La causa de fentanilo contaminado es considerada la investigación penal más extensa en materia sanitaria de la historia argentina.

En diciembre pasado, la Comisión especial de seguimiento e investigación sobre los hechos relacionados con la comercialización y/o utilización en el sistema de salud del fentanilo contaminado y/o adulterado y sus consecuencias presentó su informe final y una serie de recomendaciones que contemplan medidas de control, como también la creación por ley de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat) que hoy se rige por un decreto del año 1992.

También se pidió entonces establecer criterios de idoneidad y antecedentes para los titulares y responsables técnicos de los laboratorios de producción de derivados de opioides o fentanilo, como también la declaración de origen de los fondos o aportes patrimoniales destinados a la inversión, construcción o ampliación del establecimiento.

En segundo término, se recomendó fortalecer los controles sobre las transferencias comerciales de laboratorios que adquieren habilitaciones o licencia para la elaboración de inyectables de drogas exigibles de trazabilidad para uso hospitalario.

En abril, la Anmat dio de baja de forma definitiva las habilitaciones y legajos de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, señalados por la producción de fentanilo contaminado. Foto: Archivo.

El listado incluye un esquema de auditorías de buenas prácticas de manufacturas basadas en un escalonamiento proporcional al tamaño, nivel de riesgo y capacidad operativo de los laboratorios; un sistema de monitoreo digital que obligue a los laboratorios a la carga en tiempo real de los registros de lote con carácter preventivo a la producción de derivados de fentanilo, y el fortalecimiento de los mecanismos de control, fiscalización y sanción para los efectores de salud públicos y privados que incumplan la obligación de notificar en el SISA situaciones de contaminación como las que se presentaron en este caso.

Eso entre otros puntos, que también apuntan a fortalecer el sistema de trazablidad, es decir, el eje de la reunión prevista para este martes.

Entre la Cámara de Diputados y la de Senadores suman casi 60 proyectos de ley relacionados con la problemática que por estos días ocupa buena parte de la atención pública y política: la morosidad, que se traduce en un alto nivel de endeudamiento familiar.

Tras la última sesión de la Cámara baja, una variopinta representación opositora pidió una sesión especial para el 9 de septiembre a fin de emplazar a las comisiones lideradas por La Libertad Avanza para que inicien el tratamiento de un tema que preocupa a millones de personas.

Al día siguiente se conoció la convocatoria de la comisión de Finanzas hacia la que tienen giro la mayoría de los proyectos presentados. El grupo está bajo la presidencia de Santiago Pauli (LLA-Tierra del Fuego) y recibirá la exposición de autores de las distintas iniciativas (34 figuran en el temario), de las cuales varias pertenecen a legisladores de Santa Fe. Entre ellos, Caren Tepp, Esteban Paulón, Diego Giuliano, Germán Martínez y Agustín Rossi.

Algunos proyectos tienen giro a la comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y la Competencia, que lidera Hugo Yasky (UxP-Buenos Aires) y ya organizó jornadas para escuchar opiniones de organismos y damnificados por lo que se descuenta que no recibirán objeciones. Otros, los menos, deberá pasar por Presupuesto y Hacienda donde el presidente es Bertie Benegas Lynch (LLA-Buenos Aires) que, al menos de momento, no fue convocada.

De todos modos, el objetivo de buena parte de los diputados es impulsar medidas que no impliquen un costo fiscal, de manera de no recibir el rechazo del gobierno que sostiene el principio de equilibrio fiscal por encima de todo compromiso, aún si fuera establecido por ley.

Todo esto ocurre mientras el presidente de la Nación Javier Milei consideró que el endeudamiento es un tema “entre privados”, concepto que fue ratificado este lunes por el titular de la Cámara baja, Martín Menem, quien no cree “necesario” que el Estado intervenga, “porque cada vez que intervino en algo las cosas terminaron peor".

“La mora de la que vienen hablando ya empezó a bajar, esto es dato. Yo veo que detrás de algunas buenas intenciones está siempre un sector de la política tratando de buscar algún efecto desestabilizador", siguió el riojano, en línea con la postura del gabinete nacional.

Precisamente, en la provincia de los Menem, el gobernador Ricardo Quintela anunció la puesta en marcha de un paquete de medidas financieras a través del banco provincial, destinadas a contener el endeudamiento de las familias.

La iniciativa, que se presenta bajo el marco de una emergencia crediticia por 180 días contra los denominados "abusos financieros", busca dar respuesta a la progresiva erosión en la capacidad de pago de los hogares, de acuerdo a lo replicado por la agencia Noticias Argentinas.

Al respecto, Quintela expresó que “en un contexto económico nacional que viene deteriorando la capacidad de pago de los hogares y llevando a muchas familias a recurrir al crédito para afrontar gastos cotidianos o cubrir compromisos anteriores, continuamos acompañando con medidas concretas”.

El programa de asistencia del Banco Rioja se compone de tres herramientas concretas.Por un lado, la entidad dispondrá una baja de 20 puntos en la tasa de interés de sus préstamos personales. El beneficio alcanzará tanto a la solicitud de nuevos créditos como a las refinanciaciones de pasivos de aquellos clientes que se encuentren al día.

Además, se establecerán condiciones especiales de regularización dirigidas de manera específica a las personas que acumulen un atraso de 90 días o más en el cumplimiento de sus obligaciones financieras.

Por último, se implementará un plan de reestructuración para saldos de la tarjeta de crédito Mastercard del Banco Rioja que permitirá financiar las deudas en hasta 36 cuotas mensuales con tasas fijas.

Esta iniciativa se suma a otras que adoptaron, con matices, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, CABA, Misiones, Corrientes, Chubut y Santa Cruz.

Los proyectos para abordar este tema en el Congreso se cuentan por decenas, incluyendo los de ley y sumando aquellos de declaración, comunicación y resolución.

No solo en la Cámara baja: en el Senado hay 7 iniciativas de ley, incluidas dos de autoría de otro santafesino, Marcelo Lewandowski (Justicialista); una establece un régimen especial de regularización y asistencia para personas físicas que se encuentren en situación de mora con deudas por tarjetas de crédito, y otra para modificar la Ley 25.065 de Tarjetas de Crédito y reducir tasas de interés.

De acuerdo a los datos difundidos en las últimas semanas, cerca de 20 millones de personas mantienen algún tipo de crédito o financiamiento formal, mientras que el 70% de la población considera que su nivel de endeudamiento aumentó significativamente durante el último año.

Entre los jóvenes de 18 a 29 años, casi cuatro de cada diez se encuentran en situación de mora, impulsados principalmente por el uso de créditos digitales y billeteras virtuales.

Según información del Banco Central, la morosidad del crédito al sector privado pasó del 1,6% en diciembre de 2024 al 5,5% un año después. En el caso de las familias, el salto fue todavía más pronunciado: del 2,5% al 9,3% en apenas doce meses.

Durante 2026 la tendencia continuó agravándose y los registros alcanzaron niveles superiores al 12%, los más elevados en décadas según diversos análisis económicos, de acuerdo a lo publicado por Parlamentario.com que realiza un pormenorizado relevamiento de los proyectos presentados en el Congreso Nacional.

Luego de la conferencia de prensa del vocero Adrián Ravier, la Mesa Política del Gobierno volverá a reunirse este martes a las 13 horas, en la previa de una sesión clave en la Cámara de Diputados de Nación. El objetivo será repasar, como cada semana, el estado de cada proyecto y se prevé la presencia de un ministro para evaluar ejes de gestión.

Este martes habrá análisis de la agenda parlamentaria antes de la sesión del miércoles a las 12 horas.

En dicho debate en el recinto, habrá discusión de cinco iniciativas: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el proyecto de Inocencia Fiscal II, el Acuerdo de Libre Comercio MERCOSUR-Singapur, la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y el texto que propone reducir del 21% al 10,5% el IVA que grava la fécula y la harina de mandioca.

En el oficialismo señalan que “están los votos” con apoyos de aliados sólidos y descartan un escenario similar al que ocurrió en la previa del debate en el Senado de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

En aquella oportunidad, fuentes libertarias aseguraban que contaban con el respaldo de la oposición dialoguista para avanzar con la normativa. Pero ese escenario no se convirtió en realidad.

Por otro lado, en la Casa Rosada anticiparon que es muy probable que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, esté en el encuentro.

La funcionaria podría estar, si su agenda lo permite, dispuesta a dar detalles de su plan de trabajo, con ejes como educación, trabajo y las distintas áreas de gestión de su cartera.

La idea del Gobierno es que todas las semanas esté presente un ministro distinto para que dé cuenta del rumbo de su área.

Estos cónclaves están encabezados por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

El presidente Javier Milei encabezó este lunes por la mañana una nueva reunión de Gabinete para exponer las claves del programa económico y disertar en torno a los altos indicadores de mora que refleja la sociedad.

El mandatario retomó la actividad en Casa Rosada, luego de 24 días de reclusión en la quinta de Olivos, con agenda privada. Esta lunes, a las 9.25, el libertario ingresó por el patio de los Bustos y esperó la llegada de sus ministros y secretarios que se reunieron por casi tres horas.

En otro pasaje de la reunión, el mandatario habló del escenario político y pidió contrarrestar "los discursos que buscan generar incertidumbre y temor en la sociedad y en los mercados" con los logros de la gestión.

La hoja de ruta legislativa fue parte del temario del intercambio que tuvo entre sus presentes al titular de la Cámara Baja, Martín Menem, y a los senadores Patricia Bullrich y Bartolomé Abdala.

Entre las bajas solo figuran las ministras Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Sandra Pettovello (Capital Humano). Tampoco el asesor presidencial, Santiago Caputo.

La reforma electoral aprobada este jueves en la Cámara de Diputados ratifica el sistema de Boleta Única papel como método de votación en la provincia de Santa Fe, pero incorpora modificaciones que impactarán esencialmente en la elección general.

Si la norma es sancionada el próximo jueves por el Senado, uno de los cambios más sustanciales que se registrarán es que en el box de votación ya no habrá cinco boletas (una por cada categoría a renovar), sino tres. Una, agrupará las categorías gobernador y vice, más diputados; otra, contendrá solamente la de senador departamental; y la restante, asociará las categorías locales de intendente y concejales.

En términos gráficos y de diseño, la boleta en la elección general será de lectura horizontal. Y otra de las novedades será la posibilidad de escoger la opción "Voto lista completa". Si la cruz se dibuja en ese casillero, el elector habrá emitido el sufragio a favor de una fórmula gubernamental con su respectiva lista de diputados. En línea horizontal, sin embargo, también tendrá la opción de votar solamente por la fórmula, o únicamente por la lista de diputados, puesto que todas esas posibilidades estarán contenidas en el mismo renglón.

Ahora bien; si el elector no escoge la opción "Voto lista completa" y deja alguno de los casilleros (o los dos) de las restantes opciones sin marca, será considerado voto en blanco. Asimismo, si se votara "lista completa" y en paralelo, otra fórmula para la gobernación o alguna de las listas de diputados que aparecen en el menú, se considerará nulo el voto que repite categoría (si se vota lista completa y una de diputados, por ejemplo, el que se anula es el voto a la categoría diputados).

Según la nueva ley, cada Boleta Única se divide en filas horizontales de igual dimensión, correspondiendo una a cada agrupación política que cuente con listas de candidatos oficializadas. Las filas contienen, de izquierda a derecha, una primera columna destinada a la identificación de la agrupación política; y las restantes, a las opciones electorales comprendidas en cada Boleta Única.

Cada una de ellas, además, identifica en su encabezado las columnas que la integran. Así, en la correspondiente al tramo provincial se leerá "Voto lista completa", "Gobernador y vice" y "Diputados provinciales". En la correspondiente al tramo distrital, en tanto, dirá "Senador departamental"; y en la correspondiente al tramo municipal, se leerá "Intendente y concejales"; o "Intendente y vocales municipales", para el caso de municipios con comisión municipal.

Para la Boleta Única correspondiente al tramo provincial, la primera columna contiene el número de orden asignado a la agrupación política, su símbolo o figura partidaria y la denominación utilizada en el proceso electoral.

La segunda contiene un casillero en blanco para que el elector exprese mediante una única marca su opción por todas las categorías incluidas en la misma fila; y la fotografía color, apellido y nombre completos de las personas candidatas a gobernador y vicegobernador, y de la persona que encabeza la lista de candidatos a diputados provinciales.

La tercera columna contiene un casillero en blanco para efectuar la opción electoral correspondiente y la fotografía color, apellido y nombre completos de las personas candidatas a gobernador y vicegobernador.

La cuarta contiene un casillero en blanco para efectuar la opción electoral correspondiente, la fotografía color, apellido y nombre completos de la persona candidata que encabeza la lista de diputados provinciales, y los apellidos y nombres de las dos personas candidatas titulares siguientes.

La reforma incorporó la posibilidad de elegir en los comicios de 2027, a los futuros estatuyentes que dictarán las cartas orgánicas de las diferentes ciudades. Será la única instancia en la que se permitirán dobles candidaturas.

En los distritos en los que se elijan estatuyentes, se presentarán seis boletas en el momento de las primarias (las cinco categorías que se renuevan en toda la provincia, más la de estatuyentes) y cuatro en la elección general.

La diputada provincial Sofía Galnares concretó este martes una nueva edición del programa "Diputados por un Día" en la Legislatura santafesina, junto a estudiantes y profesores de 12 escuelas secundarias de Villa Cañás, Wheelwright, Murphy, Carreras, San Eduardo y Venado Tuerto.

Los jóvenes asumieron por un día el rol de legisladores, presentando, debatiendo y votando proyectos vinculados a distintas problemáticas e inquietudes de sus comunidades.

La diputada Galnares remarcó que “hubo proyectos muy interesantes, los cuales vamos a trabajar y a analizar” para agregar luego que “es muy valioso que la mayoría de los proyectos estuvieran vinculados a temáticas ambientales, las energías renovables, pero también a la salud mental", resaltó.

En esta línea, la legisladora afirmó que "el programa permite a los jóvenes conocer de cerca cómo trabajamos en la Legislatura, hacer preguntas, presentar sus ideas y participar”. “Para nosotros también es una buena oportunidad para escucharlos", valoró Galnares.

Una experiencia para aprender participando

El programa tiene como objetivo establecer un vínculo permanente entre la Cámara de Diputados y la comunidad educativa de la provincia, acercando a los jóvenes al trabajo legislativo y promoviendo el valor de la política como herramienta para transformar la realidad.

Antes de la sesión, los participantes reciben una capacitación sobre el funcionamiento del Poder Legislativo, el proceso de elaboración de leyes y la confección de proyectos legislativos. Luego, en el recinto de la Cámara de Diputados, desarrollan una sesión con las mismas características que una ordinaria, donde presentan, debaten y votan sus iniciativas.

Al finalizar la jornada, los proyectos elaborados son incorporados al circuito legislativo como propuestas ciudadanas y pueden ser retomados por los diputados para convertirse en proyectos de ley.

En la última sesión de la primera parte del año legislativo, en la Cámara de Diputados fueron presentados cuatro proyectos de ley para el futuro Código Electoral y el funcionamiento de los partidos políticos. A la anunciada decisión de los diputados de la UCR de sumar un texto similar al ingresado por los senadores partidarios se sumaron las bancadas socialista y del Frente Amplio por la Soberanía y del monobloque de UNO.

Las cuatro iniciativas se suman al ingresado la semana pasada por Mesa de Entradas por la mayoría de los diputados justicialistas encabezados por Celia Arena.

En tanto, los bloques de Pro y de Creo trabajan en presentar aportes en la materia electoral e incluso harían lo propio otras fuerzas sin representación parlamentaria.

Con todas estas iniciativas, más las tres ingresadas en Senado, tras el receso invernal, la Legislatura buscará un acuerdo para sancionar no más allá de agosto toda la normativa electoral, como obligación de la nueva Constitución sancionada y jurada en septiembre del año pasado.

En todos los casos, el concepto básico es compilar en un solo texto las hoy vigentes 15 leyes en material electoral más varios decretos. Hasta el momento, en todos los proyectos se mantiene el sistema de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias y el de Boleta Única aunque con diferencias en la elección general donde la UCR propone una boleta única para candidatos provinciales y otra para municipales, o el socialismo que postula cuatro, unificando en un solo cuerpo intendente y concejales. En el caso de UNO propone tres boletas y el FAS mantiene las cinco.

La iniciativa socialista tiene 270 artículos; en el caso de UCR son 199; el FAS 105 y el de UNO son apenas siete artículos.

En la presentación de la Boleta Única para las elecciones generales, en los pisos de votos a lograr tanto en la PASO como en la general para discutir cargos en cuerpos legislativos y en definir la autoridad electoral pasan las mayores diferencias en las ponencias.

"La codificación constituye una decisión institucional. Reunir en un único cuerpo normativo la totalidad del régimen electoral y de partidos políticos permite otorgar coherencia al sistema, eliminar contradicciones, sistematizar principios comunes y facilitar el conocimiento de las reglas por parte de la ciudadanía, las agrupaciones políticas, la administración electoral y los órganos jurisdiccionales" exponen en su fundamento los 14 diputados socialistas firmantes del texto.

"El proyecto consiste en la consolidación normativa de las leyes vigentes en materia electoral y de partidos políticos en la Provincia de Santa Fe", se aclara. "Éste proyecto, concretamente, persigue adaptar las normas electorales a los parámetros legales fijados por la nueva constitución provincial, para evitar cualquier desajuste normativo", señaló Walter Ghione, de UNO sobre el proyecto.

Los proyectos del PJ, UCR y PS se detienen en todo lo que significa el financiamiento electoral, mantiene el aporte del Estado en la publicidad en toda la provincia. También se adecuan algunas normativas a lo dispuesto por la Constitución del 2025 que suma el joven joven y a los extranjeros empadronados en la votación provincial cuando hasta el año pasado los extranjeros solo votaban en comicios municipales.

En materia de autoridad electoral, en Diputados predomina la decisión de que sea un juez del fuero Contencioso Administrativo el encargado de presidir el Tribunal Electoral, cargo hoy ocupado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia.

En tanto, la sanción de la ley con el procedimiento del fuero Contencioso Administrativo fue postergado casi en forma simultánea al tema cuidacoches o trapitos en el Senado. La negociación de los interbloques de Unidos del miércoles habían acordado la sanción de ambas leyes.

Trascendió sobre alguna conversación en el mediodía del jueves entre el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y autoridades legislativas. Allí el rosarino habría expuesto diferencias especialmente en el tema del procedimiento contencioso administrativo, fuero donde tienen fuerte incidencia en la litigiosidad del municipio del sur.

Así para evitar roces en el seno de la coalición oficialista de Unidos, la opción fue postergar ambos temas para la vuelta del receso y en el medio buscar alternativas para satisfacer tanto al Ejecutivo municipal como provincial.

Hasta el momento, la Legislatura ya sancionó las leyes sobre el Código Contencioso Administrativa y otra que crea el Colegio de Jueces del fuero que tendrá a su cargo la tarea judicial en todo el territorio provincial. De prosperar la intención de Unidos, un juez de este fuero será el encargado de presidir el Tribunal Electoral, tema que se definirá recién en agosto.

En tanto, en el Consejo de la Magistratura se ultiman detalles de la convocatoria a concurso para designar los futuros nuevos jueces de este fuero.

La diputada provincial Sofía Galnares encabezó este jueves una nueva edición del Mes del Ambiente en la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, consolidando por tercer año consecutivo este espacio de encuentro y reflexión impulsado desde la Legislatura para promover el debate sobre la biodiversidad, el bienestar animal y la conservación de la fauna silvestre santafesina.

Bajo el lema “Una oportunidad para dar voz a la naturaleza”, la jornada reunió a referentes de la política, la gestión pública, el ámbito científico y el arte, con el objetivo de poner en agenda el cuidado de la fauna, la convivencia responsable y el vínculo entre las personas y la naturaleza. Durante la actividad se desarrollaron dos bloques temáticos dedicados a los animales de compañía y a la fauna silvestre.

“Poner en agenda el ambiente también es hablar de biodiversidad, de bienestar animal y de la manera en que nos vinculamos las personas con la fauna en cada ciudad, en cada parque y en cada plaza. Son temas que deben formar parte de las políticas públicas porque hacen al presente y al futuro de nuestra provincia”, expresó Galnares durante la apertura.

El primer bloque estuvo dedicado a reflexionar sobre el lugar que ocupan los animales de compañía en la sociedad.

Durante el encuentro se compartieron datos que reflejan esa realidad: ocho de cada diez argentinos conviven con al menos un perro o un gato, y el 94% los considera parte de la familia.

En ese marco, Eduardo Burgos, del Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA), presentó la experiencia de los talleres de convivencia responsable que el organismo desarrolla en escuelas, clubes y centros de jubilados. Junto a “Juan Carlos”, su compañero de cuatro patas, compartió el trabajo que realizan para promover el respeto hacia todas las formas de vida.

También expuso el diputado Carlos Del Frade, autor del proyecto de ley que propone reconocer a los animales como seres sintientes, capaces de experimentar dolor y bienestar, otorgándoles un mayor reconocimiento dentro del marco legal provincial.

Por su parte, Galnares presentó el proyecto de ley del bloque radical para incorporar un nuevo título específico sobre protección y bienestar animal al Código de Faltas de Santa Fe. La iniciativa propone un cambio de paradigma al dejar de considerar a los animales como cosas para reconocerlos como sujetos de derecho, incorporando sanciones frente al maltrato, acciones de prevención, el deber de asistencia a un animal herido, educación y un registro de infractores.

El segundo bloque estuvo orientado a la educación y protección de la fauna silvestre y al papel que cumple la biodiversidad en el equilibrio de los ecosistemas.

La diputada Sonia Martorano presentó su proyecto para prevenir el atropellamiento de fauna silvestre en rutas provinciales mediante la identificación de corredores biológicos, la instalación de señalización específica, la construcción de pasafaunas y campañas de concientización.

La jornada también incluyó la presentación de “Los Siete del Litoral”, una muestra creada por Sebastián Palomeque que combina arte, ingeniería e inclusión mediante réplicas en 3D de especies autóctonas elaboradas con materiales reciclados y de baja huella de carbono. Las piezas fueron diseñadas para que también puedan ser exploradas por personas con discapacidad visual, buscando acercar el conocimiento de especies que forman parte del patrimonio natural del litoral.

El cierre estuvo a cargo del secretario de Biodiversidad de Santa Fe, Alejandro Luciani, quien aportó la mirada del Gobierno provincial sobre los desafíos de la conservación y la protección de la fauna.

Al finalizar la jornada, Galnares agradeció la participación de los expositores y del público, y reafirmó el compromiso de seguir sosteniendo este espacio en la Legislatura. “Un ambiente sano, equilibrado y sostenible obligatoriamente integra la protección animal y la convivencia responsable. Nos volveremos a encontrar el próximo Mes del Ambiente para seguir dándole voz a la naturaleza”, concluyó.

Por Ricardo Roccaro

Las declaraciones formuladas por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, respecto de su declaración jurada patrimonial y el reconocimiento de haber mantenido durante años parte de sus ahorros fuera de los circuitos formales volvieron a colocar en el centro del debate una cuestión que trasciende largamente a un funcionario y a una administración determinada.

Lo que se encuentra en discusión no es únicamente el origen de un patrimonio ni la consistencia de una declaración jurada, sino una cuestión más profunda: la relación entre las convicciones ideológicas, la ética pública y la calidad institucional.

La controversia adquiere una relevancia especial por la jerarquía del cargo involucrado. El jefe de Gabinete de Ministros no es un funcionario más. La reforma constitucional de 1994 le otorgó, a través del artículo 100 de la Constitución Nacional, la responsabilidad de ejercer la administración general del país.

Se trata de uno de los cargos de mayor importancia del esquema institucional argentino y, por lo tanto, de uno de los principales depositarios de la confianza pública aunque no haya sido elegido por el pueblo.

Precisamente por ello, los estándares de transparencia que recaen sobre quien ocupa esa función son necesariamente más exigentes. En las democracias republicanas, la autoridad política no se sostiene solamente sobre la legitimidad electoral, sino también sobre la capacidad de quienes gobiernan de demostrar, sin ambigüedades, la regularidad y trazabilidad de su patrimonio.

Las explicaciones brindadas por el hasta ahora jefe de Gabinete, acerca del origen de sus bienes y del mantenimiento de ahorros no declarados, generaron una intensa discusión pública. Pero también pusieron bajo la lupa ciertas contradicciones señaladas entre algunas de sus declaraciones periodísticas y las respuestas ofrecidas posteriormente durante su exposición ante la Cámara de Diputados.

Esas diferencias, más allá de las interpretaciones que puedan suscitar, forman parte de aquellos aspectos que la sociedad y los organismos de control observan cuando se trata de evaluar la transparencia de quienes ejercen responsabilidades públicas. Sin embargo, el caso no puede analizarse de manera aislada del contexto político en el que se desarrolla.

Desde su llegada al poder, el oficialismo construyó buena parte de su legitimidad sobre la promesa de impulsar una transformación cultural y moral de la política argentina.

La reivindicación de la austeridad, la transparencia y la recuperación de determinados valores republicanos fue presentada por el actual presidente y por sus principales colaboradores como uno de los pilares fundamentales del cambio propuesto.

En numerosas oportunidades, dirigentes del actual oficialismo sostuvieron que la Argentina necesitaba recuperar la moral como política de Estado, argumentando que la decadencia económica y social del país no podía separarse de un prolongado deterioro ético e institucional.

En ese contexto, las controversias vinculadas con las declaraciones patrimoniales de uno de los principales funcionarios del Gobierno inevitablemente adquieren una dimensión superior. Porque cuanto más elevada es la exigencia moral que un espacio político plantea hacia el sistema y hacia sus adversarios, mayor es también la expectativa social respecto del comportamiento de sus propios dirigentes.

La situación adquiere una complejidad adicional cuando se consideran algunas definiciones históricas del propio presidente. Mucho antes de llegar al poder sostenía, desde una visión filosófica vinculada al liberalismo más radical, que quien evade impuestos frente a una presión fiscal considerada confiscatoria podía ser visto como un "héroe".

La frase fue objeto de intensos debates. Sus partidarios la interpretaron como una crítica al tamaño del Estado y a la carga tributaria; sus detractores, en cambio, entendieron que podía transmitir señales ambiguas respecto del cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Pero las ideas y las discusiones filosóficas adquieren otra dimensión cuando se pasa del terreno teórico al ejercicio concreto del poder. Gobernar implica administrar recursos públicos y actuar dentro del marco de las normas vigentes. En ese sentido, la responsabilidad institucional exige estándares que trascienden las preferencias ideológicas de quienes circunstancialmente ejercen el gobierno.

Otro dato significativo es que los pedidos de claridad y transparencia no provinieron exclusivamente de la oposición. Dirigentes pertenecientes al mismo universo político que acompaña al Gobierno, entre ellos, la senadora Patricia Bullrich y el ex presidente Mauricio Macri, plantearon la necesidad de despejar cualquier duda y de ofrecer explicaciones exhaustivas.

Lejos de interpretarse necesariamente como una fractura política, esas posiciones pueden ser entendidas como una señal de que la rendición de cuentas debería constituir una exigencia transversal y no una bandera reservada únicamente para las disputas partidarias.

Por supuesto, el debate público tampoco debe transformarse en una condena anticipada. El respeto por las garantías constitucionales y por los procedimientos administrativos y judiciales constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho. La transparencia no implica sustituir a los organismos competentes ni reemplazar las pruebas por las presunciones.

Pero tampoco puede ignorarse que la confianza pública se construye sobre la coherencia entre las palabras y los hechos. Las contradicciones no necesariamente constituyen irregularidades, pero suelen afectar uno de los activos más valiosos de cualquier gobierno: su credibilidad.

La Argentina arrastra una larga historia de crisis económicas, inflación e informalidad estructural. Durante décadas, millones de ciudadanos desarrollaron mecanismos de supervivencia condicionados por la desconfianza hacia el Estado y por las distorsiones acumuladas del sistema económico.

Esa realidad explica muchas conductas que terminaron naturalizándose con el paso del tiempo. Sin embargo, aquello que puede resultar relativamente frecuente en la esfera privada adquiere una dimensión distinta cuando involucra a quienes tienen la responsabilidad de administrar el Estado.

Porque la función pública exige algo más que capacidad técnica o respaldo electoral. Exige ejemplaridad. Y cuanto mayor es la responsabilidad institucional, mayor es también el deber de rendir cuentas. Las democracias no se debilitan porque existan investigaciones, cuestionamientos o controversias.

Por el contrario, esos mecanismos forman parte de la normalidad republicana. Lo verdaderamente preocupante aparece cuando las exigencias éticas dejan de ser universales y pasan a depender de la identidad política de quien debe ofrecer las explicaciones.

La historia argentina muestra que ninguna fuerza política ha estado exenta de esa tentación. La doble vara, aplicada alternativamente por oficialismos y oposiciones, ha sido una de las causas que más contribuyeron al deterioro de la confianza ciudadana en sus dirigentes.

Las instituciones no se fortalecen cuando se exigen explicaciones a los adversarios. Se fortalecen cuando esas mismas exigencias alcanzan a quienes representan nuestras propias ideas y nuestras propias expectativas.

Al final, la prueba de la coherencia no la enfrenta solamente un funcionario, ni siquiera un gobierno, la enfrenta la sociedad en su conjunto. La decadencia de una república no comienza cuando aparecen las contradicciones; comienza cuando los ciudadanos dejan de exigir que quienes ejercen el poder vivan de acuerdo con los mismos principios que proclaman.

Por lo tanto, las preguntas más importantes que deja este episodio quizás no sean ¿qué hará el gobierno? o ¿qué resolverán los organismos de control? Sino... ¿qué clase de ciudadanía queremos tener?

¿Una sociedad que adapta sus principios a sus preferencias políticas partidarias, o una comunidad dispuesta a defender las mismas reglas y los mismos valores, incluso cuando resultan incómodos para aquellos en quienes eligió confiar?

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar el régimen de zona fría y reducir el alcance de los subsidios al consumo de gas. La iniciativa consiguió media sanción con 132 votos afirmativos, 105 negativos y cuatro abstenciones, y ahora deberá ser debatida en el Senado.

De obtener la aprobación definitiva, el nuevo esquema limitará el beneficio únicamente a hogares ubicados en regiones de frío extremo como la Patagonia, Malargüe y la Puna. En consecuencia, alrededor de 1.600.000 usuarios perderán el subsidio, mientras que otros 1.800.000 continuarán dentro del sistema con descuentos superiores al 75% durante el invierno.

En Santa Fe, el impacto podría sentirse especialmente en el sur provincial, donde miles de hogares dejarían de recibir el beneficio.

El ingeniero José Stella explicó que el principal efecto en la provincia será el fin del descuento para unos 550.000 hogares.“Esto involucra más o menos 1.700.000 personas, van a dejar de tener este subsidio por zona fría y van a pagar la factura de gas por redes plena”, señaló en diálogo con CyD Litoral.

El especialista estimó que las boletas podrían aumentar entre un 30 y un 40% en el sur provincial.

Según detalló, la medida afectará principalmente a localidades del sur santafesino, incorporadas al régimen durante la ampliación aprobada en 2021. “El impacto en la factura va a ser entre el 30 y el 40% adicional a lo que hoy están pagando”, advirtió.

Uno de los cambios centrales del proyecto establece que el subsidio dejará de aplicarse sobre el total de la boleta y se limitará exclusivamente al consumo de gas natural.

Además, Stella remarcó que quienes no reciben el beneficio actualmente seguirán financiando el fondo de zona fría mediante un cargo incluido en la factura. “Si vemos el último renglón dice subsidio zona fría, nos siguen cobrando un 7,5% porque esta ley sí financia esta zona fría”, explicó.

Sin embargo, sostuvo que ese dinero ya no tendría como destino principal sostener el régimen ampliado, sino cubrir compromisos del sistema energético. “Vamos a seguir pagando ese 7,5% nosotros que no tenemos subsidio, pero no va a ir al fondo para seguir subsidiando”, afirmó.

La propuesta forma parte de la estrategia oficial para reducir subsidios y avanzar en el equilibrio de las cuentas públicas. Según Stella, el recorte en este punto representaría aproximadamente 272 mil millones de pesos. “Fundamentalmente lo que está buscando es superar el déficit fiscal”, sostuvo.

El proyecto obtuvo media sanción en Diputados y ahora deberá ser tratado por el Senado.

En paralelo, explicó que algunos sectores vulnerables podrán mantener asistencia mediante un esquema focalizado. Los hogares cuyos ingresos no superen tres canastas básicas —alrededor de 4.500.000 pesos por grupo familiar— podrán acceder al programa de subsidios energéticos. “Dejan de tener el subsidio zona fría pero pueden seguir subsidiados pero con mucho menos”, indicó.

El factor del gas importado y el invierno

Stella también advirtió que el impacto económico podría sentirse aún más durante los meses fríos, especialmente por el costo del gas importado. “No lo van a cobrar ahora en la factura, sino que lo vamos a pagar en seis cómodas cuotas a partir de noviembre”, explicó.

Mientras tanto, sostuvo que los usuarios seguirán enfrentando facturas elevadas debido al incremento del consumo estacional y los ajustes tarifarios. “Vamos a seguir pagando alto hasta pasado el 2026”, concluyó.

El gobernador Maximiliano Pullaro remarcó que “no se puede retroceder ni ser blandos con quienes matan o están armados en la calle preparados para hacer daño”.

A través de sus redes sociales, el mandatario se refirió a la nueva detención del menor de 17 años acusado de participar en los asesinatos de los taxistas Héctor Raúl Figueroa y Diego Celentano, y del playero Bruno Bussanich, en marzo de 2024 en Rosario.

“El Gobierno de Santa Fe viene haciendo un gran esfuerzo para cuidar a los santafesinos. Rosario está recuperando la paz y los espacios públicos, pero no podemos retroceder o ser blandos con quienes matan o están con armas en la calle preparados para hacer daño”, sostuvo.

El adolescente fue detenido nuevamente en la zona norte de Rosario luego de un operativo policial motivado por denuncias de disturbios y presuntos disparos. Según explicó el ministro de Seguridad y Justicia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, el joven estaba junto a otros dos menores y tenía un arma cargada al momento de la aprehensión.

En sintonía con ello, Pullaro marcó que “fuimos claros en la necesidad de bajar la edad de imputabilidad, porque sabemos con lo que nos enfrentamos y tenemos que ser claros en defender medidas que vayan en esa dirección”.

“En este caso el gobierno hizo todo lo que la ley obligaba, incluso más, pero la policía lo detiene una y otra vez y no es suficiente. La justicia necesita más herramientas para que no recupere rápidamente la libertad”, añadió.

“El Gobierno de Santa Fe viene haciendo un gran esfuerzo para cuidar a los santafesinos", dijo Pullaro.

Los dichos del gobernador se producen en momentos en que la Legislatura santafesina comienza a discutir una nueva serie de reformas en materia de seguridad pública, en un debate que se anticipa intenso a nivel político e institucional.

Tal como informó El Litoral, el mensaje ingresado a la Cámara de Diputados prevé once modificaciones sustanciales a seis leyes, entre ellas, el Código de Procedimiento Penal.

Entre las disposiciones, se restituye la figura de la declaración informativa ante la Policía y sin la obligación de que esté presente un abogado defensor; se habilita allanamientos sin orden judicial en determinados casos y se incorporan expresamente las actividades de espionaje digital y electrónico al repertorio de fuentes del sistema de inteligencia.

Por otra parte, se avanza sobre la Ley Penitenciaria (con medidas de aislamiento y control de los contactos del interno), procedimientos contravencionales por decreto o medidas coercitivas en manos de fiscales, y ampliación de la política de recompensas.

Al respecto, y en sintonía con los conceptos vertidos por el gobernador, el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni consignó que “no es momento de aflojar, es momento de profundizar las reformas”.

Cococcioni defendió la iniciativa oficial de modificar leyes. Foto: Flavio Raina.

En declaraciones periodísticas formuladas en Rosario, el funcionario defendió el nuevo paquete de medidas de endurecimiento con el argumento de que “hay una visión exacerbada de las garantías constitucionales. El proyecto no viola ninguna garantía constitucional, sino algunos prejuicios o preconceptos”, explicó.

En palabras de Pullaro, “todos debemos saber lo que estamos enfrentando y las herramientas que necesitamos. Estamos demostrando que se los podía hacer retroceder, pero todavía no ganamos: falta mucho y siguen ahí, intentando recuperar el poder que les sacamos”.

(Por Agustín Aranda) - La semana pasada el Concejo Municipal aprobó la regulación de las bolsas de nicotina prohibiendo su comercialización a personas menores de 18 años. Este nuevo producto llega en un descenso del consumo de tabaco en forma de cigarrillo en Rosario, pero con un aumento de personas, incluso menores de edad, que empezaron a vapear. “El vapeo disfrazado con gustos y aromas atractivos se visualiza como algo inofensivo o como una ayuda para dejar de fumar cuando la realidad es que más dañino que el cigarrillo y lo muestran como si fuera una golosina”, dice a Mirador Provincial, Alejandra Rigalli, del programa de prevención del tabaquismo de la Municipalidad de Rosario.

En noviembre la Cámara de Diputados de Santa Fe avanzó con la media sanción de una ley que incorpora por primera vez al vapeo dentro de la normativa antitabaco. La iniciativa busca cerrar un vacío legal frente a dispositivos que se expandieron con rapidez, sobre todo entre adolescentes, y que ahora quedarían alcanzados por las mismas restricciones que el cigarrillo tradicional, incluyendo la prohibición de uso en espacios cerrados y la venta a menores.

El diagnóstico desde la Municipalidad de Rosario coincide con ese movimiento legislativo. “Hoy falta regular mejor el uso del vapeo. Con el tabaco se trabajó muy bien, pero hay que profundizar las estrategias para estos dispositivos. No está siendo visto como un problema”, dice Rigalli.

El dato no es menor en un país donde el tabaquismo sigue causando cerca de 45.000 muertes anuales. Pero, a diferencia de hace una década, el eje ya no está solo en el cigarrillo.

“El consumo de tabaco bajó mucho en los últimos diez años, pero vemos el crecimiento del vapeo. Y también aparecen otros productos como las bolsitas de nicotina. No son tan frecuentes como el vaper, pero el problema es cómo se presentan”, señala la psicóloga que traba en los cursos para dejar de fumar del municipio.

Ahí aparece uno de los cambios más profundos: la representación social del consumo. “Hace 15 años era normal ver a alguien fumando en cualquier lugar. Las publicidades lo mostraban como algo asociado a la belleza o a la aventura. Hoy eso cambió completamente. Las políticas públicas lograron que el cigarrillo genere rechazo”, cuenta Rigalli.

Sabores frutales, formatos pequeños y una estética amigable. Así se presentan las bolsitas de nicotina y los vapeadores, que con estas características, empujaron la edad de inicio al tabaquismo en la ciudad de los históricos 14 o 15 años a los 10 o 12 años. “Cuando vamos a las escuelas vemos chicos de primaria vapeando. Con las bolsitas pasa algo parecido: son productos con sabor muy rico, que no se perciben como peligrosos”, dice Rigalli.

Esa baja percepción de riesgo es, según los equipos de salud, uno de los factores que explican su expansión. “Muchos adultos creen que el vapeo es el camino para dejar de fumar. Pero vapear es fumar y tiene daños más severos. Conserva todo el mecanismo de la adicción”, sostiene Rigalli.

El problema, entonces, no es solo sanitario, sino también cultural. Mientras el cigarrillo quedó asociado al daño, el vapeo y otros productos emergentes todavía circulan en una zona gris. “Con el tabaco hubo campañas, legislación, restricciones. Eso cambió la mirada social. Con el vapeo eso todavía no pasó”, insiste la psicóloga.

En ese contexto, las nuevas regulaciones —tanto la ordenanza local como el proyecto provincial— aparecen como intentos de cerrar esa brecha entre percepción y riesgo. La media sanción santafesina, de hecho, reconoce el consumo problemático al vapeo como un problema de salud y propone campañas específicas en escuelas y espacios comunitarios.

El municipio sostiene cursos y talleres gratuitos para dejar de fumar o vapear, con entrevistas individuales y encuentros grupales coordinados por equipos interdisciplinarios, que van desde profesionales en medicina, psicología y hasta nutrición. “El proceso de dejar de fumar  tiene etapas. Hay personas que pasan años pensando en dejar y no logran hacerlo. Pero cuando empiezan, los beneficios aparecen rápido. Con acompañamiento, entre el 45 y el 50% logra dejar de fumar”, dice Rigalli sobre la tasa de éxito en Rosario..

Consultada por si el contexto económico de crisis influye en el consumo de tabaco, la psicóloga dijo: “Es una gran discusión. Los fumadores se la rebuscan buscando cigarrillos más baratos. Cuando hay problemas económicos se fuma más. Es lo que vemos. No es el motivo por el que la persona deja. Alguien deja de fumar porque tiene miedo o quiere mejorar su calidad de vida”.

Para más información sobre el programa antitabaco del municipio es posible contactarse al correo electrónico dejardefumar@rosario.gov.ar, llamar al 3415 21-7734 o ingresar a este sitio web. 

Antes de fin de año, durante el periodo de extraordinarias, y ya con el ciclo de sesiones ordinarias iniciado (el 1º de marzo), la Cámara de Diputados de la Nación conformó 43 de sus 46 comisiones permanentes, incluida la de Juicio Político, que estuvo en una suerte de limbo desde abril de 2024 y no llegó a funcionar en los dos primeros años de gestión del actual presidente Javier Milei. Desde este martes, este espacio estratégico está a cargo de Lilia Lemoine, ferviente defensora de las ideas de La Libertad Avanza.

Mientras tanto, resta poner nombre y apellido a otras tres: Derechos Humanos y Garantías, que está convocada para el martes a las 15; Seguridad Interior, y Previsión y Seguridad Social. Todas anticipan, una vez constituidas, debates interesantes y de alto voltaje.

Por otra parte, la oposición salió a reclamar en los últimos días la convocatoria a dos comisiones Bicamerales (integradas por Diputados y Senadores). Se trata de la Permanente de Trámite Legislativo, y la de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.

El pedido, que encabeza Maximiliano Ferraro (CC) con la adhesión de varios legisladores, se funda en la necesidad de darle curso al debate sobre el DNU 941/25, que el Ejecutivo firmó al límite del año pasado y está vigente desde el 2 de enero, cuando fue publicado en el Boletín Oficial.

¿Qué dispone? Reforma una treintena de artículos de la Ley de Inteligencia Nacional Nº 25.520, habilita a agentes de inteligencia a efectuar detenciones y legisla en materia penal, "algo expresamente vedado por la Constitución para un DNU", tal cual expresa el legislador.

Por razones bien prácticas, varias de las comisiones fueron constituidas días antes de finalizar 2025. Por ejemplo, Presupuesto y Hacienda, a cargo de Bertie Benegas Lynch (LLA-Buenos Aires), justamente para tratar la "ley de leyes" en diciembre, luego de dos años de prórroga de la que fuera sancionada en 2023 bajo la administración de Alberto Fernández.

Lo mismo ocurrió con Legislación de Trabajo, con Lisandro Almirón (LLA-Corrientes) al frente, para analizar la reforma laboral, cuya sanción se logró el 27 de febrero de este año, luego de que el Senado convalidara cambios introducidos por la Cámara baja.

Las tres mencionadas (Juicio Político, Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo) no son las únicas comisiones presididas por referentes del oficialismo. Luego de las elecciones legislativas de octubre de 2025, que elevó de manera significativa el número de bancas del partido gobernante (a las que se sumaron pases y aliados), varias quedaron en manos de La Libertad Avanza.

Dos de ellas están a cargo de santafesinos: Asuntos Constitucionales con Nicolás Mayoraz en la presidencia, y Peticiones, Poderes y Reglamento, con Alejandro Bongiovanni al frente.

Por otra parte, Pablo Farías (Provincias Unidas) es el tercer santafesino que preside, hasta el momento, una comisión: se trata de Pequeñas y Medianas Empresas.

También lideran referentes libertarios a Legislación General (Santiago Santurio-Buenos Aires), Relaciones Exteriores y Culto (Juliana Santillán-Buenos Aires), Justicia (Álvaro Martínez-Mendoza), Acción Social y Salud Pública (Manuel Quintar-Jujuy), Familias, Niñez y Juventudes (María Gabriela Flores-Salta), Legislación Penal (Laura Rodríguez Machado-Córdoba), Defensa Nacional (Carlos Zapata-Salta) Finanzas (Santiago Pauli- Tierra del Fuego), y Energía y Combustibles (Facundo Correa Llano-Mendoza).

A estas se suman Comunicaciones e Informática (Damián Arabia-CABA), Intereses Marítimos, fluviales, pesqueros y portuarios (César Treffinger-Chubut), Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano (José Peluc-San Juan), Libertad de Expresión (Guillermo Montenegro-Buenos Aires) y Discapacidad (Gerardo Huesen-Tucumán).

Damián Arabia fue electo oportunamente presidente de Mercosur, con el fin de dar curso al acuerdo con Unión Europea. Sin embargo, la titularidad volvería a manos de Unión por la Patria.

Precisamente a la principal oposición le corresponden, hasta el momento, Cultura (Lorena Pokoik-CABA), De las Personas mayores (Pablo Todero-Neuquén), Obras Públicas (Martín Aveiro-Mendoza), Economías y Desarrollo Regional (Luis Basterra-Formosa), Vivienda y Ordenamiento urbano (Itai Hagman-CABA) y Turismo (Gabriela Pedrali-La Rioja).

A estas se suman Economía (Julia Strada-Buenos Aires), Prevención de Adicciones y Control de Narcotráfico (Victoria Tolosa Paz-Buenos Aires), Análisis y seguimiento del cumplimiento de Normas tributarias y previsionales (Ariel Rauschenberger-La Pampa), Población y Desarrollo Humano (Estela Neder-Santiago del Estero), Deportes (Jorge Chica-San Juan), Asuntos Cooperativos, mutuales y Organizaciones no Gubernamentales (Aldo Leiva-Chaco), Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia (Hugo Yasky-Buenos Aires) y Mujeres y Diversidad (Gabriela Estévez-Córdoba).

El PRO se reservó Educación (Alicia Fregonese-Entre Ríos), Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Martín Yesa-Buenos Aires), y Agricultura y Ganadería (Martín Ardohain-La Pampa), Provincias Unidas lidera, además de Pequeñas y Medianas Empresas, Comercio (Juan Brügge-Córdoba), Transportes (Jorge Rizzotti-Jujuy) y Asuntos Municipales (Carolina Basualdo-Córdoba). Por último, Industria está a cargo de José Luis Garrido (Por Santa Cruz-Santa Cruz) y Minería, de Fernanda Avila (Elijo Catamarca-Catamarca).

Aún sin sesión confirmada en la Cámara Baja, la semana próxima arrancará con más novedades en materia de comisiones. Al menos de constitución. Luego será el turno de analizar su desempeño, a la luz de los proyectos enviados y por enviar por parte del Ejecutivo y los temas que impulsa la oposición.

La reforma laboral aprobada por la Cámara de Diputados, a la espera del tratamiento en el Senado, incorpora un cambio sustancial en el funcionamiento del fuero del trabajo: los jueces deberán aplicar de manera obligatoria los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y podrán ser removidos por mal desempeño si se apartan de ellos sin fundamento.

La disposición está contenida en el artículo 89 del proyecto, que sustituye el artículo 124 de la Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo N° 18.345. Hasta ahora, los fallos del máximo tribunal eran aplicados "caso por caso" y en forma "difusa".

El nuevo texto deja de lado el esquema anterior, que remitía a las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para regir la validez y aplicación de fallos plenarios.

Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, los tres actuales integrantes de la Corte Suprema. Archivo El Litoral.

Y establece una obligación categórica: “Los jueces que resuelvan causas de índole laboral deberán, de forma obligatoria, adecuar sus decisiones a los precedentes establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia”.

El artículo 90, complementario, advierte explícitamente que "el apartamiento infundado de los magistrados respecto de dichos criterios configurará una causal de mal desempeño en sus funciones".

La reforma busca, según interpreta el oficialismo, fortalecer la posición del Estado frente a futuras impugnaciones de la Confederación General del Trabajo (CGT) y otros sindicatos, que ya anticiparon estrategias judiciales orientadas a cuestionar la validez constitucional de la medida.

El Gobierno y sectores aliados en el empresariado sostienen que esta herramienta resultará en el combate contra la llamada “industria del juicio”, que consideran distorsiva para la actividad económica.

En realidad, la norma viene a fijar algo que, en alguna medida, ya ocurría en los hechos. La jurisprudencia de la Corte no opera como una imposición para los tribunales inferiores, pero sí como un parámetro orientativo, en la medida en que permite conocer de antemano cuál será la resolución de la causa cuando llegue a la instancia final.

En función de ello, contradecir el criterio ya establecido por el Máximo Tribunal implica arriesgarse a un prácticamente seguro rechazo, siempre y cuando las circunstancias entre un caso y el precedente sean coincidentes o equiparables, y no existan argumentos diferenciados en el abordaje.

Sería una suerte de versión autóctona del Stare decisis (en latín, "mantenerse firme en lo decidido") del derecho anglosajón que obliga a los tribunales a seguir los precedentes establecidos en casos anteriores, especialmente los de tribunales superiores. Esto garantiza la predictibilidad, consistencia y equidad en el sistema legal.

Claro que esto que ahora impulsa el oficialismo no se corresponde con el comportamiento tradicional del propio Estado que, tal como expresara en reiteradas oportunidades el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, sistemáticamente apela todas las sentencias favorables a jubilados de Anses, aún a sabiendas de que se topará con un rechazo, y más como una maniobra dilatoria.

Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema. Archivo El Litoral.

“El 60% de las causas que nosotros resolvemos, provienen del Estado que cuestiona en materia previsional lo que la Corte ya dijo cómo es”, sostuvo oportunamente el magistrado. Y añadió: “¿Sabe lo que significaría para nosotros tener 60% de trabajo menos y no decir siempre lo mismo? Y decimos siempre lo mismo. Funciona así”.

En una entrevista con El Litoral, Rosatti recordó en su momento que la obligatoriedad de los criterios de la Corte estaba en la Constitución de 1949. “La Corte unificaba la interpretación en temas constitucionales, y operaba como una especie de casación”, sostuvo.

Por otra parte, aclaró que actualmente “en esto no hay unanimidad. Un sector de la doctrina, e incluso de la judicatura, reivindica la independencia de criterio de los jueces. Eso se advierte como una especie de garantía. Para otros el sistema tiene que funcionar integrado, si es un sistema. De todos modos, en el caso de la Argentina la cuestión está muy dispersa”.

En otra entrevista, al ser consultado sobre la eventual inclusión de una cláusula que establezca que los fallos de la Corte sean de cumplimiento obligatorio, afirmó: “Como poder podrían. Eso sería cuestionado y llegaría a la Corte. Y la Corte diría: ¿esa norma que incorporaron los legisladores es constitucional o no es constitucional?”.

Y agregó que, si el máximo tribunal avalara esa norma, “ya no se discutiría cada caso concreto, sino si es constitucional o no el eventual seguimiento obligatorio”.

Otro integrante de la Corte, Ricardo Lorenzetti, fijó postura en una de sus obras (“Teoría de la decisión judicial”), donde se refiere a la obligación que tienen todos los tribunales de adecuar sus pronunciamientos a situaciones idénticas a las que se hubiesen presentado con anterioridad en la justicia.

En ese sentido, la sitúa como el segundo de los tres controles que debe hacer el juez, luego de considerar la norma ajustable al caso: jerarquía normativa, resoluciones dictadas con anterioridad, consecuencias del pronunciamiento.

Entre quienes se expresaron ahora sobre ese cambio puntual en cuanto al ordenamiento de los juicios laborales fue Daniel Funes de Rioja, abogado laboralista y ex titular de Copal y de la UIA, para quien la aplicación mandatoria de los fallos de la Corte “es absolutamente razonable”.

Daniel Funes de Rioja, de la UIA. Archivo El Litoral.

“El acatamiento de los fallos de la Corte Suprema, que es un tribunal de última instancia, tiene toda lógica. Muchas empresas no pueden seguir procesos judiciales tan extensos. Para una pyme es imposible llegar a la Corte”, subrayó, en declaraciones publicadas por Infobae.

Otro de los que avaló la iniciativa fue el especialista en derecho laboral Juan Etala, también de la UIA. “Lo que dice la ley significa poner un límite a lo que estaba sucediendo, de que algunos tribunales no acataban la decisión del tribunal de última instancia. Parece lógico no tener que ir a la Corte Suprema de Justicia para que diga 500 veces lo mismo”, sostuvo.

En lo que sí coinciden la mayoría de los consultados es sobre las dificultades que puede tener el artículo 90, que establece la posibilidad de remoción por mal desempeño para los magistrados que no sigan los lineamientos del máximo tribunal.

La reforma legislativa no se limita a la obligatoriedad respecto a los fallos de la Corte. Avanza además en viabilizar el traspaso del fuero laboral a la CABA, con implicancias en la estructura del Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de proponer, sancionar y destituir jueces.

El artículo 91 del proyecto legitima el “Acuerdo de Transferencia de la función judicial en materia laboral”, recientemente firmado por el Gobierno nacional y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Este acuerdo se complementa con la Ley 6.789 sancionada por la Legislatura porteña en diciembre de 2024, que reorganiza la estructura de la justicia laboral en la ciudad, y con la Ley 6.790, que introduce un nuevo Código Procesal del Trabajo.

Como resultado de estas normas, se creó una nueva Cámara de Apelaciones especializada con seis jueces y diez juzgados de primera instancia, cuyos cargos se concursarán según los procedimientos habituales.

La transferencia institucional incluyó un compromiso del Ejecutivo nacional de traspasar los recursos materiales y financieros necesarios, asegurando el funcionamiento transitorio del fuero nacional mientras se completa el proceso de integración.

Mauro L. Muñoz

Este jueves desde las 14 habrá sesión extraordinaria en Diputados para tratar el proyecto de Modernización Laboral, luego de que el oficialismo lograra dictamen de mayoría en un plenario de comisiones atravesado por el paro general de la CGT como telón de fondo.

La citación fue rubricada por Martín Menem, titular de la Cámara baja, mientras se realizaba el Plenario de las comisiones de Legislación y Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, que tuvo en primera instancia la exposición de invitados y luego la discusión de los legisladores.

En lo que se espera será una jornada maratónica, el objetivo del Gobierno es dejar aprobado el proyecto para devolverlo al Senado y ratificar el texto, de manera que la ley quede lista antes del 1° de marzo, cuando Javier Milei pretende exhibirla como “promesa cumplida” en la apertura de ordinarias del Congreso de la Nación.

En el arranque del plenario de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda, el jefe de bloque libertario Gabriel Bornoroni anunció que el dictamen de mayoría replicaría la media sanción del Senado “con la excepción de la eliminación del artículo 44 sobre licencias por enfermedad”, un punto que detonó rechazo durante el fin de semana largo y empujó al Gobierno a ceder para no perder apoyos.

Así, del proyecto de 219 artículos que fue aprobado en la Cámara alta, el despacho mayoritario lo dejó en 218. La consecuencia reglamentaria indica que si Diputados aprueba esa versión, el proyecto deberá volver al Senado para su sanción definitiva. De suceder de esa manera, la intención del oficialismo sería sesionar el viernes de la próxima semana.

Lisandro Almirón y "Bertie" Benegas Lynch presidieron el plenario de las comisiones de Trabajo y Presupuesto previo a la sesión. Foto: HCDN.

El dictamen de mayoría reunió 44 firmas de La Libertad Avanza, la UCR, Innovación Federal, Producción y Trabajo e Independencia. El PRO y el MID acompañaron, pero en disidencia por un capítulo que siguen queriendo reabrir: la posibilidad de pagar salarios a través de billeteras virtuales. Por el contrario, Unión por la Patria y la izquierda presentaron dictámenes propios, al igual que Encuentro Federal y la Coalición Cívica.

El oficialismo estima que contará con la asistencia de los bloques que firmaron la convocatoria, que le permitiría asegurarse una base de quórum de 130 diputados. Del otro lado, avisaron que no darán quórum Unión por la Patria y el Frente de Izquierda; mientras que el interbloque Unidos sugirió que no prestará asistencia en el llamado.

El proyecto de modernización laboral avanza en Diputados, pero enfrenta oposición por la eliminación del artículo sobre licencias por enfermedad. Foto: HCDN.

En el bloque libertario aseguraron que no cederán cambios en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), pensado para asistir a empleadores en el pago de indemnizaciones y otras obligaciones, que se nutriría con contribuciones mensuales del 1% de las remuneraciones brutas por trabajador en grandes empresas y 2,5% en PyMEs. Ese punto es otro de los que concentra objeciones de aliados y dialoguistas, como también la derogación de estatutos profesionales.

En tanto, desde Unión por la Patria, Germán Martínez describió el trámite como “desprolijo” y advirtió: “Quieren evitar que este tema tenga la discusión pública que tiene que tener”. La izquierda directamente habló de “ley esclavista”. Y, desde el universo judicial, se anticipó un complejo escenario post sanción: “Si se aprueba la reforma, las disputas se trasladarán a los tribunales”.

La jornada estará marcada por el paro nacional convocado por la CGT, cuyos popes prometieron que se va a "sentir fuerte". A eso se suma que desde sectores de izquierda llamaron a movilizarse al Congreso, que estará rodeado por efectivos de seguridad con la aplicación del protocolo antipiquetes, con un protocolo especial dedicado a la prensa, según adelantó el Ministerio de Seguridad.

Al plenario asistieron los tres secretarios generales de la CGT —Jorge Solá, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello— ratificaron la huelga y cuestionaron una reforma a la que calificaron de “regresiva”. Solá apuntó contra el concepto de modernización: “¿Qué moderniza? No se habla de robótica, de nuevas tecnologías o IA, ni de nuevos modos de relaciones de trabajo. Se habla de quita de derechos y de debilitamiento de derechos colectivos”. Y luego apuntó al Fondo de Asistencia Laboral (FAL): “Se bajan los aportes patronales y se crea el FAL, implica una transferencia de $ 6.000 millones anuales”.

El debate sobre la reforma laboral también enfrenta reproches por la derogación de estatutos profesionales, la contemplación de trabajadores de plataformas y el pago de salarios vía billeteras virtuales. Foto. HCDN.

El plenario transcurrió casi ninguna alocución del oficialismo, solo con la excepción de Lilia Lemoine cargando contra expositores. Los principales cruces se dieron al discutir sobre los trabajadores de plataformas. El director de Asuntos Corporativos de Rappi, Gabriel Buenos, definió a los repartidores como “independientes” y dijo que el proyecto otorga "cobertura y un piso para toda la actividad” con “la posibilidad de elegir el día, la hora y el lugar de conexión es el principal atributo” garantizando así "la soberanía del tiempo". Esto le valió las críticas de los referentes de la CGT por fuera de los micrófonos.

También se refirió al respecto el presidente de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, Roberto Pompa: "Los rappi según esta ley son emprendedores, pero yo lo único que veo en la calle son personas en muchos casos mayores de edad que andan en bicicleta por la calle con una caja y sin ningún tipo de protección... Esto parece más una vuelta a la esclavitud que una ley de modernización laboral", manifestó y generó los reproches a viva voz de parte del bloque libertario.

En otro tramo, Mariano Biocca, director Ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech, se refirió al artículo que quedó excluido en el Senado y por el cual insiste el bloque del PRO. “Argentina necesita una modernización laboral profunda, alineada con la realidad productiva y económica del siglo XXI. Sin embargo, resulta contradictorio que en ese mismo proceso haya quedado excluido del debate un artículo que introducía mayor libertad y competencia: la libre elección de acreditación salarial”, sostuvo.

Otro artículo que fue discutido fue el que impulsa la derogación seis meses después de sancionada la ley de los estatutos profesionales, entre ellos el del periodista profesional, principalmente por parte de los legisladores de Unidos. “No nos da ninguna garantía que se vaya a derogar el estatuto y nos deje sin ninguna protección. La prórroga aparece como una manera de los diputados y senadores de no hacerse cargo de lo que votan”, acusó la representante de los trabajadores de prensa, Carla Gaudensi.

La iniciativa recibió respaldo de parte de Santiago Mignone, presidente de IDEA, el instituto para el desarrollo empresarial de la Argentina. “Este proyecto no enfrenta al capital y el trabajo, sino que los une en un mismo objetivo: crear y producir”, evaluó. “Esperamos que este proyecto pueda ser aprobado y dar un paso hacia la modernización laboral”, cerró.

La diputada provincial por Unidos Ximena García, junto a los diputados Walter Ghione y Germán Scavuzzo y al senador Ciro Seisas trabajan en un proyecto de ley que busca prohibir la actividad de cuidacoches en toda la provincia de Santa Fe: la propuesta surge como respuesta a una problemática que combina inseguridad y uso indebido del espacio público, transformando una ayuda informal en situaciones de presión, extorsión y violencia para los vecinos. La iniciativa la acompañarán otros legisladores de Unidos: Martin Rosúa, Astrid Hummel, Sofia Galnares y José Corral.

“El espacio público es de todos los santafesinos y no de quienes pretenden adueñarse de la calle mediante la amenaza. No podemos seguir permitiendo que el vecino se sienta rehén en su propia ciudad”, sentenció García, quien destacó que el proyecto busca terminar con la "doble imposición" de pagar estacionamiento medido y, a la vez, un aporte informal forzado. El límite legal y la necesidad de una norma provincial

La iniciativa no parte de cero, sino que busca dar un marco legal homogéneo y efectivo integrando iniciativas de los diputados Walter Ghione y Germán Scavuzzo, y el senador Ciro Seisas. Además, toma como referencia la experiencia de la ciudad de Santa Fe impulsada por el intendente Juan Pablo Poletti y el secretario de Gobierno Sebastián Mastropaolo.

Además, García destacó que la propuesta fue trabajada en articulación con el Gobierno Provincial, que se puso a disposición desde el inicio y aportó acompañamiento técnico para su desarrollo. En ese sentido, remarcó que la Provincia viene trabajando de manera mancomunada con el Municipio desde hace tiempo para abordar la problemática y fortalecer herramientas que permitan una intervención efectiva en el espacio público.

“Estamos sumando fuerzas para que la provincia cuente con una norma clara. Hoy los municipios encuentran límites: cuando hay reincidencia o violencia, la intervención termina en una demora breve y la persona vuelve a la calle a las pocas horas. En Rosario pasa lo mismo: hay operativos, pero sin una ley provincial el abordaje queda incompleto”, explicó García.

El proyecto incorpora una respuesta gradual, proporcional y aplicable en la práctica para ordenar la convivencia en el espacio público, siempre que la conducta no constituya un delito. La sanción prioriza el trabajo comunitario como primera medida y prevé arrestos contravencionales para los casos de reincidencia.

Es importante aclarar que la sanción contravencional se aplica únicamente cuando la actividad esté expresamente prohibida por la normativa local vigente, de modo que cada municipio mantiene la facultad de regular el uso del espacio público según su realidad respetando la autonomía consagrada en la Constitución Provincial.

García aclaró que la ley no ignora la vulnerabilidad de fondo. Por ello, la norma prevé un programa provincial de inclusión y formación laboral, junto con la creación de un registro e incentivos para que el sector privado incorpore a quienes decidan dejar la calle.

“Esta ley combina la firmeza necesaria para recuperar el orden con las herramientas para que quien quiera trabajar de verdad tenga una oportunidad formal. Se trata de brindar un marco jurídico que permita actuar con coherencia, firmeza y sensibilidad social en toda la provincia”, concluyó.

Mauro L. Muñoz

La ley que el Gobierno quiere mostrar como trofeo el 1° de marzo ingresó a Diputados con un asterisco. El artículo 44 de la reforma laboral condiciona los tiempos del oficialismo en el Congreso.

La Cámara de Diputados retoma actividad este miércoles a las 14 cuando está convocado un plenario de las comisiones de Trabajo y Presupuesto para tratar la media sanción del proyecto de Modernización Laboral que llegó desde el Senado de la Nación. De conseguir el dictamen, la sesión está prevista para el jueves 19 desde las 14, donde se espera otro debate maratónico.

Tras el feriado largo de Carnaval, el oficialismo concentra en los últimos días hábiles de febrero sus principales ejes de extraordinarias: reforma laboral y régimen penal juvenil. Pretende que las leyes queden listas para que Javier Milei la exhiba como “promesa cumplida” en la apertura de ordinarias del domingo 1° de marzo.

Si sale con cambios, el plan B ya está sobre la mesa: devolverla al Senado y forzar una última sesión de cierre antes de que se apague febrero. Para eso, la pieza administrativa fundamental llegó el viernes a la noche: se extendieron las sesiones extraordinarias hasta el sábado 28 de febrero, un día más que el cierre original. La comunicación fue suscripta por el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Guillermo Ignacio Debitt.

El principal escollo al que se enfrenta el oficialismo en la Cámara baja para aprobar la reforma laboral es el artículo 44, que modifica el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo y recorta las remuneraciones previstas para las licencias por accidentes o enfermedades ajenas al ámbito laboral.

Tal como salió del Senado, el artículo 44 fija que el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración si la imposibilidad de trabajar fue producto de “una actividad voluntaria y consciente” que implicara riesgo en la salud, por tres meses (o seis si tiene personas a cargo). Y eleva ese monto al 75% si no se trató de una conducta voluntaria sobre el riesgo. La redacción, además, no distingue de manera explícita entre un cuadro leve y enfermedades graves o degenerativas.

La reacción, esta vez, no llega solamentedesde la oposición más dura. Los bloques aliados que el Gobierno necesita para que la reforma no se convierta en un boomerang, slaieron a expresar su disconformidad con la redacción.

Este martes por la tarde, el jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, lo dejó escrito en sus redes sociales: “La mejor manera de lograr la ley de modernización laboral es dando de baja el artículo 44”, posteó.

Ritondo del PRO y Zago del MID expresaron sus diferencias en X.

En el mismo sentido se expresó Oscar Zago, del MID: “Hay artículos que se aprueban con una velocidad admirable… casi tanto como el silencio posterior”, dijo y agregó: “La reforma laboral necesita modernización urgente y el MID va a acompañar, siempre y cuando se elimine el artículo 44. Modernizar no es votar a libro cerrado”.

Asimismo, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, fue más explícito todavía sobre el impacto humano del texto: “Nadie elige accidentarse o enfermarse”, sostuvo al anticipar que los diputados de Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca “no van a votar” ese artículo. Y completó el diagnóstico con una línea que duele en un debate laboral: “Tenemos la responsabilidad y obligación de dar garantías y certezas con esta nueva ley y no generar incertidumbre y angustia a los trabajadores”.

Sáenz aclaró que los diputados salteños de su partido no convalidarán el artículo 44.

En el oficialismo, lo que al principio fue una defensa cerrada del artículo empezó a ceder con el paso de las horas. La jefa del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, tuvo que salir a reconocer un traspié, pocas horas después de haber argumentado su redacción. “Tuvimos un error, porque la ley original no distingue entre enfermedades, lo reconozco”, dijo en una entrevista televisiva. Y amplió, con crudeza de quirófano: “Nos pasó, porque tomamos la estructura de la vieja que no distingue entre un esguince y un cáncer”.

El reconocimiento fue la muestra de la salida práctica que ensayará el oficialismo: corregir el artículo y sostener el resto del texto. Así, el cambio buscaría excluir expresamente a las enfermedades “graves o degenerativas”. En la entrevista, Bullrich adelantó que el Gobierno evalúa sostener la licencia con goce de sueldo, pero condicionada a una “corroboración concreta y fehaciente”, terminando con "la mafia de los certificados truchos".

En términos reglamentarios, el conflicto del artículo 44 amenaza con volver atrás el proyecto, extendiendo su tratamiento en el Congreso. Es que, si Diputados modifica el texto, debería volver al Senado y proteger “el trazo grueso” del proyecto. Por eso, el Gobierno buscará que ceder en esa única modificación, consensuada en el plenario del miércoles y refrendada el jueves en el recinto.

De prosperar, la hoja de ruta propuesta es convocar un plenario en el Senado para emitir un nuevo dictamen inmediatamente el texto regrese y dejarla lista para una sesión final antes del cierre de extraordinarias. Sin embargo, el debate en Diputados también tiene otros menesteres. Por ejemplo el PRO insiste desde hace tiempo con la incorporación de billeteras virtuales como método de pago de salarios en el artículo 35.

De todas formas, el oficialismo se declara optimista para sancionar la ley sin otras modificaciones. Sabe que el problema no son los aliados “principales”, sino que aparezcan voluntades de la oposición dura para abrir el texto y sumar cambios en cadena.

En ese sentido, el titular del bloque peronista, Germán Martínez recalcó que si Diputados introduce cambios en el artículo sobre licencias por enfermedad, el proyecto deberá regresar al Senado. "Es una ley negativa que no tiene un artículo a favor de los trabajadores (...) el resto de la ley es tan horrible como el artículo de las licencias por enfermedad", dijo.

Y rechazó las estrategias que el Gobierno ensaya para obviar una eventual ratificación: "Pueden decir que el Gobierno se comprometió a vetar. Si alguien le cree al Gobierno que va a vetar un artículo porque salga (Manuel) Adorni, (Julio) Cordero, alguien a anunciarlo, me parece un despropósito. A este gobierno no se le puede creer nada".

El clima de confrontación entre el sindicalismo y el Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo de urgencia. La decisión de los cotitulares de la CGT Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (Vidrio), de adelantar el encuentro de consejo directivo responde a la presión de diversos sectores gremiales que consideran que las movilizaciones callejeras ya no son suficientes para frenar la Reforma Laboral en el Congreso.

Tras obtener la media sanción en el Senado, el proyecto comenzará a tratarse en la Cámara de Diputados. Entre los puntos que mayor rechazo generan, se destaca un artículo que permitiría reducir el salario de los trabajadores entre un 25% y un 30% en caso de licencia médica. Asimismo, a la central obrera le preocupa el impacto en las indemnizaciones, la jornada laboral, las vacaciones y la regulación del derecho de huelga.

Jorge Sola, secretario general de la CGT. Reuters/Tomas Cuesta

En el encuentro virtual del lunes se terminará de pulir la estrategia. Según trascendió, la intención de los sectores más duros es concretar la medida de fuerza el mismo día en que el debate llegue al recinto, barajándose como fechas tentativas el miércoles 18 o el jueves 19 de febrero.

Con este adelantamiento, la cúpula busca dar un mensaje de unidad y evitar que la iniciativa del paro quede en manos de sectores externos a la conducción oficial.

Manifestantes en protesta organizada por la CGT contra la reforma laboral propuesta por el gobierno. Reuters/Tomas Cuesta

Los dirigentes coinciden en que el debate en Diputados representa una instancia crítica que afecta directamente la estructura del convenio colectivo y los derechos adquiridos en materia de cese laboral. Además del rechazo a la quita salarial por enfermedad, monitorean las modificaciones en las multas por falta de registro laboral, punto que consideran una "invitación a la precarización".

Finalmente, desde la cúpula sindical se ha dejado trascender que el éxito del paro dependerá de la adhesión de los gremios del transporte, quienes ya manifestaron malestar por el impacto de la reforma en sus regímenes especiales. La reunión definirá si se opta por una huelga total de 24 horas o una movilización con cese parcial, buscando influir en los legisladores antes de la votación definitiva.