La Cámara Baja de la Provincia de Santa Fe dio media sanción este jueves al proyecto de Salud Mental Perinatal, trabajado en el último tiempo por Ximena García, diputada provincial por Unidos. La iniciativa promueve una nueva política pública que apunta a abordar la salud materna, infantil y comunitaria.

Un concepto reciente que de a poco se está incorporando en la agenda de salud de Argentina: implica un enfoque completo que pone la atención en la conexión que se genera entre entre la mujer embarazada o puérpera y el niño hasta los primeros 2 años, abarcando el bienestar emocional, psicológico y relacional de ambos, las familias y la comunidad.

También destacar que es una etapa de gran vulnerabilidad, pero también de enorme potencial, siendo esencial para el desarrollo psíquico y de los vínculos afectivos.

La invisibilización del tema se traduce en serias dificultades para la detección temprana de los padecimientos emocionales en las mujeres durante el embarazo y el período postparto, como también por la ausencia de ámbitos accesibles para el acompañamiento.

Ante esto, García aseguró que “nuestro proyecto promueve el cuidado integral de la salud mental de mujeres, niños y niñas desde el embarazo hasta los dos años”. A su vez, sostuvo que la implementación se va a llevar a cabo mediante acciones de promoción, prevención, atención y acompañamiento interdisciplinario e intersectorial, que fortalezcan los vínculos familiares y comunitarios.

La falta de atención a la salud mental perinatal genera impactos significativos que pueden resumirse en tres grandes ejes: las consecuencias directas en la madre, en el niño o niña, y en las repercusiones con el entorno familiar.

Para la madre, las consecuencias incluyen el desarrollo de depresión posparto, el incremento de problemas de salud mental preexistentes a la gestación, ansiedad y trastornos del sueño, sumados al aislamiento social.

Para el niño o niña, los efectos se manifiestan en el impacto del vínculo afectivo, ya que la ausencia de una conexión emocional estable puede dificultar el desarrollo de un apego seguro. Además, existen problemas en el desarrollo que surgen por la falta de estimulación y cuidado sensible, y un mayor riesgo de problemas de salud mental en el futuro, debido a la exposición temprana a un entorno emocionalmente inestable.

En la pareja y el entorno: La desatención provoca conflictos en la pareja y un consecuente desgaste familiar generalizado.

Es importante mencionar que García estuvo construyendo dicha propuesta con distintos actores que se dedican a trabajar con el tema en Santa Fe. Entre ellos podemos destacar al equipo de Salud Mental del Hospital Oncológico Ex Iturraspe, a la subsecretaría de Salud Mental de la Provincia de Santa Fe, al equipo de consumo problemático de la Municipalidad de Santa Fe.

Como también al equipo de Psicología Perinatal Santa Fe, a especialistas de la Universidad Nacional del Litoral, a Maternidad, Neonatología, Pediatría y equipo de Salud Mental del Hospital Iturraspe Nuevo y a la secretaría de Educación de la MCSF.

Los empleados de la Cámara de Diputados de la Nación se llevaron una inesperada sorpresa este miércoles al revisar sus cuentas bancarias. En muchos casos, detectaron la acreditación de un monto adicional que alcanzaba los $699.177,82, una cifra que no figuraba en ninguna comunicación oficial previa.

El pago aparecía bajo el concepto “rendición en pesos”, lo que llevó inicialmente a varios trabajadores del Congreso a interpretar que se trataba de un bono extraordinario de fin de año. Sin embargo, la expectativa duró poco: con el correr de las horas, se confirmó que el depósito había sido producto de un error bancario.

Ante la confusión generada, las autoridades de la Cámara de Diputados difundieron un mensaje interno dirigido a todo el personal, en el que explicaron que el depósito correspondía a una equivocación del Banco Nación, entidad encargada de las cuentas sueldo.

“Hay un depósito a favor en el banco de $699.177,82, pero se trata de un error bancario”, señalaba la comunicación oficial. Además, se pidió expresamente a los empleados que no utilizaran el dinero, ya que el viernes sería descontado automáticamente.

“Por favor no lo utilicen porque eso es un error del banco y el viernes lo descuentan”, indicaron, al tiempo que solicitaron reenviar el mensaje entre los distintos sectores para evitar inconvenientes.

El error se produjo en un contexto sensible, ya que los empleados del Congreso habían cobrado recientemente un bono junto con el aguinaldo, cuyos montos oscilaron entre los $150 mil y los $300 mil, según la categoría laboral. Además, el martes percibieron sus haberes correspondientes al mes de enero, debido a que el último día hábil de diciembre coincidió con el cierre del mes.

Esta sucesión de pagos contribuyó a que, en un primer momento, el depósito fuera interpretado como un beneficio adicional no anunciado.

Por otra parte diputados de distintos bloques confirmaron que el error no alcanzó a los legisladores, cuyas dietas se liquidan mediante un sistema separado. Sin embargo, reconocieron que algunos empleados recibieron montos acreditados en dólares: se detectaron casos por USD 290, USD 114 e incluso uno por USD 6.

El episodio también generó repercusiones políticas. El diputado santafesino Esteban Paulón ironizó sobre lo ocurrido a través de sus redes sociales.

“Parece que el Banco Nación está tan ocupado en acelerar la implementación de la ‘inocencia fiscal’ que repartió por error un bono de 700k en las cuentas sueldo. Para quienes pensaron que había una buena de parte del gobierno de Milei, no”.

Mientras tanto, desde la Cámara reiteraron que se trató de un error administrativo sin consecuencias disciplinarias para los empleados, y que el dinero será revertido en los próximos días.

El proyecto de ley impulsado por bloques opositores al Gobierno de Javier Milei en la Cámara de Diputados obtuvo media sanción. La norma propone un aumento del 7,2% sobre los montos actuales y una suba del bono previsional a $110.000. Esta iniciativa, que contó con apoyo mayoritario en el recinto, avanza en paralelo al rechazo explícito del Poder Ejecutivo, que anticipó su veto en caso de aprobación definitiva.

Con este esquema se busca, por un lado, recomponer la pérdida de los 8,1 puntos porcentuales que no fueron concedidos de la inflación de enero de 2024 en la fórmula que puso Milei por Decreto el año pasado y recomponer la pérdida real del refuerzo de ingresos por $70.000, que se mantenía congelado dese marzo del año pasado.

La jubilación mínima alcanza $304.723,93 en junio, la máxima llega a $2.050.503,62, y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $243.779,14, todos antes de aplicar los descuentos correspondientes a la obra social.

Actualmente, los beneficiarios reciben un bono previsional de $70.000, lo que lleva el ingreso total de una jubilación mínima a $374.723,93, el de la jubilación máxima a $2.120.503,62 y el de la PUAM a $313.779,14. La propuesta opositora eleva el bono a $110.000, lo que impacta directamente en el ingreso disponible de los beneficiarios.

Con la aplicación del incremento del 7,2% sobre los haberes base, la jubilación mínima ascendería a $326.648,01, la jubilación máxima a $2.197.140,00, y la PUAM a $261.330,24. Al sumar el nuevo bono, los ingresos totales quedarían configurados de la siguiente manera:

Jubilación mínima total: $436.648,01Jubilación máxima total: $2.307.140,00PUAM total: $371.330,24

El impacto de la medida no se limita al aspecto económico: también tiene implicancias fiscales, presupuestarias y políticas.

El aumento de los haberes y el bono fue aprobado con 142 votos afirmativos, 67 en contra y 19 abstenciones. Fue una contundente mayoría conformada por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Democracia para Siempre e Independencia. En contra votaron LLA, el PRO y bloques provinciales. La UCR se abstuvo.

En este marco, el oficialismo rechazó el proyecto y definió la propuesta como una “irresponsabilidad política”. Según declaraciones del vocero presidencial, el Gobierno considera que el esquema propuesto por la oposición no tiene sustento presupuestario y atenta contra el objetivo de mantener el equilibrio fiscal. La vocería presidencial explicó que, en caso de ser aprobado en el Senado, el presidente vetará la ley, manteniendo así la política de ajuste vigente.

El aumento del bono a $110 mil, y su posterior actualización por inflación, tendría un costo fiscal de alrededor de 0.26% del PBI, ya que la Oficina del Presupuesto del Congreso había calculado que el impacto fiscal sería de 0.23% si se llevaba a $105 mil y de 0.30% si quedaba en $115 mil. Finalmente la oposición terminó consensuando una cifra intermedia entre los dos dictámenes.

Según un informe elaborado por el Palacio de Hacienda, el aumento del 7,2% para las jubilaciones y pensiones abonadas por la ANSES tendrá un costo de 0,20% del PBI para el 2025 y del 0,42% para 2026. En total acumulan un 0,7% del PBI.

El proyecto aprobado además incluye una oficialización por ley de la actual fórmula de movilidad jubilatoria que rige por Decreto de Necesidad y Urgencia desde abril del año pasado. Por otro lado, también establece que los giros a las cajas jubilatorias provinciales -no transferidas- se realicen de forma automática y se actualicen por inflación, un reclamo de los gobernadores.

Ahora se espera que en el Senado, donde el peronismo solo necesita sumar tres votos para tener mayoría, los proyectos sean ratificados. Luego el presidente Javier Milei podría vetarlos y, en ese caso, el Congreso intentará insistir con dos tercios de los votos. “Van a cobrar los jubilados o van a cobrar los gobernadores”, ironizó un diputado dialoguista en referencia a la necesidad que tendrá la Casa Rosada de convencer a los mandatarios provinciales para que le permitan al oficialismo llegar al tercio (87) que sostenga los vetos.

“Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el DÉFICIT CERO”, desafió el Presidente en las redes sociales tras la votación.

Mauro L. Muñoz

En un Congreso blindado por las movilizaciones en las calles reclamando aumentos para jubilados, el debate adentro del recinto se saldó en favor del gobierno. Pese a los gritos y acusaciones que dominaron la sesión, la Cámara de Diputados terminó convalidando el DNU del presidente Javier Milei que habilita a firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

La iniciativa fue aprobada por 129 votos a favor, 106 en contra y 6 abstenciones. Además de los diputados del oficialismo, recibió el apoyo de Pro, la UCR, la Coalición Cívica, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Innovación Federal, parte de Encuentro Federal, un puñado de los radicales de Democracia y diputados aliados a gobernadores.

De acuerdo a lo que indica la Ley 26.122, la aprobación en Diputados del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 179/25 habilita al gobierno argentino para avanzar en las negociaciones con el FMI, sin necesidad de que sea tratado en el Senado, donde las posibilidades de rechazo eran mayores debido a que la oposición encabezada por el bloque de Unión por la Patria ostenta una clara mayoría.

El DNU autoriza al gobierno argentino a firmar operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas con un plazo de amortización de 10 años y con un período de gracia de cuatro años y seis meses.

Si bien no se conocen los detalles del programa, en palabras del Ministro de Economía, el acuerdo con el FMI permitiría al país pagar parte de la deuda en letras intransferibles en dólares del Tesoro al Banco Central y renegociar los vencimientos que el país mantiene con el organismo durante los próximos años.

En tanto que la urgencia del acuerdo fue fundamentada en la necesidad de acumular reservas internacionales, fundamentales para sostener la política económica y cambiaria implementada por la administración libertaria, que necesita exhibir solidez ante la volatilidad que los mercados mostraron durante las últimas jornadas.

Tras la aprobación del DNU, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que celebró la decisión del Congreso, en el que manifiesta que "Milei agradece a los 129 diputados que apoyaron la medida", destacando que "la lucha contra la inflación es una política de Estado en nuestro país".

Se estimaba que la sesión iba a ser tensa, luego de la abrupta interrupción en el debate de la semana pasada, donde diputados oficialistas se tomaron a golpes de puño en una esquina del recinto y legisladoras libertarias se insultaron a viva voz en sus bancas.

La sesión comenzó con un clima similar al del último miércoles. La Cámara baja se reunió este miércoles después de las 10 de la mañana y logró alcanzar el quórum necesario con 131 diputados presentes, mientras afuera del Congreso comenzaba a desplegarse un intenso operativo de seguridad, a la espera de una nueva movilización en defensa de los jubilados.

La apertura del debate estuvo a cargo del diputado libertario Lisandro Almirón, quien había protagonizado la pelea a golpes de puño con Oscar Zago durante la sesión anterior. “Zago, perdón, ¿querés que te dé un pico?”, gritó el legislador fuera de lugar cuando se le reclamó un pedido de disculpas por lo ocurrido la semana anterior.

Los gritos y la crispación fueron en aumento. En la primera alocución del jefe de bloque de UxP, Germán Martínez, se cruzó con el presidente de la Cámara, Martín Menem, ante un reclamo precoz por el tiempo de la exposición. "Pero, ¿qué tiempo le estoy quitando a mi bloque? Vení a laburar. Quedate a laburar, porque después vos pedís respeto y después no lo cumplís", le gritó el legislador nacional.

En esos primeros minutos, Menem fue destinatario de un surtido menú de dardos provenientes de ajenos y propios. Luego de Martínez, tomó la palabra Vanina Biasi, del FIT, a quien el libertario le pidió de forma reiterada que plantee la moción, destinada a detener el operativo policial. "No se haga el gil presidente. Entre nosotros no nos hagamos los giles presidente, saquen la represión preparada afuera, se termina de resolver y volvemos a este recinto", planteó a los gritos.

El clima continuó caliente con una intervención de la diputada Cecilia Moreau, quien le reprochó a Menem la falta de orden en la sesión. "A mi no me pelotudees", le gritó en medio de los abucheos de la bancada de La Libertad Avanza debido a los insultos.

Más adelante, se vieron las esquirlas de la interna de La Libertad Avanza en Diputados. Marcela Pagano acusó a Menem de presionarla para que renuncie a la presidencia de la comisión de Juicio Político -hecho que había desencadenado la pelea con la libertaria Lilia Lemoine. Pagano sacó un megáfono para reprocharle la conducción a Menem y tildó de "fascista".

La mecha la había encendió la diputada Biasi cuando intentó difundir en el recinto una serie de audios de WhatsApp que se le adjudican al riojano en el que supuestamente convoca a su bloque de La Libertad Avanza a "gritar" desde sus bancas durante la sesión.

Casi dos horas después, la máxima autoridad de la cámara logró recompone el debate y continuó la sesión.

Durante la discusión en el recinto, la diputada Vanesa Siley (UxP) rechazó el acuerdo al asegurar que “es inconstitucional”. Sostuvo que “no se puede contraer un empréstito de sin conocerse ni los montos, ni las condicionalidades, ni las condiciones financieras, ni las metas… Literalmente esto es votar un cheque en blanco”. Y señaló que el día anterior, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, no había podido contestar las preguntas que le hicieron, sobre todo cuál es el monto de la deuda.

Desde el bloque CREO, la diputada Paula Omodeo afirmó: "Acompaño el acuerdo con muchísima convicción”. “Este acuerdo busca endeudarse para sanear las cuentas. Por primera vez el destino de los fondos está claramente detallado: robustecer al Banco Central y bajar el riesgo país”, argumentó

Por su parte, Juan Manuel López (Coalición Cívica) ratificó el apoyo de su bloque, al argumentar: “Somos responsables a lo largo de los años y queremos que esto se solucione”. “En esta votación no nos va a unir el amor, nos va a unir el espanto a los que muchas veces quieren desestabilizar la Argentina", agregó.

En otro sentido, el diputado de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, hizo hincapié en que “Todos sabíamos que íbamos a ir a un reordenamiento de la deuda”, al tiempo que enfatizó: “Vamos a votar positivamente, y lo hacemos pensando en la Argentina”.

De todas formas, Pichetto se quejó por la falta de información sobre el acuerdo al Parlamento. “No informaron porque le tienen miedo al mercado”, dijo, para caer luego sobre Luis Caputo: “El ministro de Economía, que tendría que haber estado acá, estuvo paseando por todos los canales de televisión y le gusta ir a reuniones con el círculo rojo, y le aclaro que sus palabras de ayer en un programa de televisión por la mañana movieron el dólar para arriba, y el Banco Central tuvo que vender. El señor Caputo tiene que plantearse e ir a ver al analista, a ver qué pasa con el Congreso… Este desprecio, la política del desprecio no va más; la política de que venga el presidente y nos agreda vilmente, no va más…”.

En representación del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, puntualizó: “Nuestro bloque, una vez más, viene a ayudar a un gobierno, sin especulación y con una actitud de sensatez, de razonabilidad, de equilibrio, de cooperación, de coherencia y de institucionalidad, para evitar que Argentina tenga peores consecuencias, concediéndole un nuevo acuerdo con el FMI”.

Para culminar las intervenciones de cada bloque, por Unión por la Patria habló Máximo Kirchner, quien renunció a la jefatura del bloque cuando el gobierno de Fernández debatió el anterior acuerdo con el FMI, y señaló: “El Congreso le da este acuerdo a un presidente que no reconoce una estafa a dos centímetros de su nariz”.

“Esto va a fracasar y ustedes lo saben y lo que están haciendo diputados que nos daban clases de instrucción cívica de cómo se debía gestionar la república apoyando este DNU es sacarse de encima", aseveró Kirchner, quien también indicó que "cuando los dirigentes se sacan los problemas de encima le caen por la cabeza a la gente".

Para culminar, enfatizó: "Tiene que ser seria la discusión. Tenemos que encontrar la forma de que nuestro país pueda pagar. Así no va a poder pagar nunca y mientras más tiempo transcurra sin poder pagar, más agarrado del pescuezo nos van a tener”.

Por su parte, el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, apuntó contra la gestión kirchnerista y manifestó que “evitaron tratar 237 DNUs teniendo mayorías en Diputados y en el Senado”. Luego, señaló que “hicieron uso y abuso entre Alberto Fernández y Néstor Kirchner desde que la reforma del 94 introdujo esta herramienta”.

Reafirmó el compromiso del Pro con el presidente de la Nación, y cerró: “La Argentina va en el camino correcto y estamos comprometidos con la Argentina”. “Vamos a estar firmes apoyando lo que hay que apoyar”, reiteró.

Por el oficialismo, el presidente de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni, afirmó que es la “primera vez en la historia que se llega a un acuerdo con el Fondo Monetario sin tener crisis en la Argentina”.

Interrumpido por los gritos de UP, el diputado cordobés relató que es el “momento excelente para sentarnos a negociar con el Fondo”, y en el final de todo el debate, defendió la gestión del actual gobierno: “Lo que hace el presidente Milei es a favor de los argentinos, se va a sanear el BCRA y darles fortaleza a las reservas”.

La Cámara de Diputados aprobó el emplazamiento de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento para tratar y dictaminar los proyectos de ley que plantean pedidos de informes, interpelaciones de funcionarios del Poder Ejecutivo y la creación de una comisión investigadora sobre la promoción del criptoactivo $LIBRA que involucra al presidente Javier Milei.

Con 134 votos positivos y 94 negativos, quedó aprobada la moción para que el próximo martes 18 de marzo a las 13 se traten los expedientes en el plenario de comisiones y el miércoles 19 a la misma hora se desarrolle una segunda reunión para pasar a la firma de los dictámenes.

Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y un sector de la UCR impulsan las iniciativas para investigar las implicancias y responsabilidades políticas de Milei y los funcionarios que hubieren participado en eventuales hechos delictivos derivados del lanzamiento de Libra.

El dirigente bonaerense del PRO Javier Sánchez Wrba asumió como diputado nacional en reemplazo de Hernán Lombardi, quien fue designado como ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, informaron fuentes parlamentarias

Sanchez Wrba es una joven dirigente de Trenque Lauquen que se venía desempeñando como prosecretario parlamentario del PRO del bloque del Senado, y desde esa función mantenía un contacto permanente con la prensa acreditada en el Congreso Nacional.

El dirigente del PRO figuraba en el lugar 17 de la lista y en la elección del 2021 Juntos por el Cambio obtuvo 16 de las 35 bancas que estaban en juego.

Sanchez Wrba debe completar el mandato de Lombardi que vence el 9 de diciembre de este año. El dirigente bonaerense es licenciado en Ciencias Políticas y desarrolló su militancia cerca del ex ministro de Educación, Esteban Bullrich.

Luego de que la oposición consiguiera el quórum reglamentario, la Cámara de Diputados inició la sesión especial .

Con 130 diputados, la oposición consiguió a las 12.20 el número necesario para habilitar la sesión, pese a que el grueso de la UCR no contribuyó con el quórum.

Ayudaron a dar luz verde a la sesión Unión por la Patria, Democracia para Siempre, una mayoría de Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda.

En cambio, apenas dos diputados de la UCR (Karina Banfi y Fabio Quetglas) se sentaron en sus bancas al horario indicado, mientras que La Libertad Avanza, el PRO e Innovación Federal no dieron quórum.

La legislatura de Santa Fe convirtió en ley el proyecto de la diputada provincial del Partido Socialista (PS), Varinia Drisun que establece un régimen de promoción de proyectos culturales (creación, producción, difusión e investigación) o de preservación del patrimonio santafesino a través de aportes privados.

Se trata de un sistema de mecenazgo mediante el cual personas o empresas pueden destinar recursos económicos para apoyar proyectos culturales y recibir beneficios fiscales, en este caso, a través de una deducción del impuesto a los ingresos brutos.

“Es una propuesta que tiende a ampliar el acceso a la cultura de los santafesinos y santafesinas, y una forma de ordenar de manera transparente y efectiva la inversión del sector privado”, describió Drisun.

El proyecto que este viernes el Senado convirtió en ley había obtenido media sanción en la sesión del jueves 15 de agosto en la Cámara de Diputados y sintetiza los alcances de otros tres proyectos similares presentados por los diputados Germán Scabuzzo, Fabián Palo Oliver y Juan Argañaraz. Asimismo, la diputada Varinia Drisun valoró “el trabajo en conjunto que realizamos junto a los equipos de los Ministerios de Cultura y Economía del Gobierno de Santa Fe con el objetivo de enriquecer su alcance y que el proyecto aprobado pueda aplicarse en la realidad de nuestra provincia”.

La ministra de Cultura de Santa Fe, Susana Rueda también se refirió a la aprobación del proyecto: “Estamos satisfechos con la sanción de esta ley de mecenazgo. Desde nuestro lugar, pudimos participar de la elaboración de la norma para que se convierta en una eficiente herramienta jurídica para la participación de actores privados en la defensa, el sostenimiento de nuestra cultura y nuestro patrimonio en todos los territorios de la provincia de Santa Fe”.

“Santa Fe tiene empresas muy poderosas –continuó la ministra Rueda- y esta es una herramienta que le permite a las empresas hacer aportes genuinos a la cultura y hacerse además de un crédito fiscal. Tiene un impacto objetivo que es económico y un impacto subjetivo que es la defensa y el amor por el patrimonio santafesino”, cerró.

Los aportes del sector privado, que podrán ser devengados de los impuestos sobre los ingresos brutos, pueden ser destinados a artes escénicas, plásticas y visuales; espectáculos; patrimonio material; formación cultural; libros y publicaciones; producción y edición musical, audiovisual y contenido digital, entre otros.

Además, se establece que el Ministerio de Cultura será el organismo de aplicación, y deberá proveer instalaciones, personal y equipamiento para el funcionamiento del programa, además de verificar la ejecución de los proyectos.

Entre los artículos del proyecto también se establece que podrán ser beneficiarios quienes tengan domicilio y desarrollen su proyecto cultural en el territorio provincial, mientras que los aportantes podrán ser todos los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que estén al día con sus obligaciones tributarias.

“El mecenazgo cultural es una forma de apoyo que permite a los patrocinadores contribuir a la vida cultural de su comunidad mientras obtienen beneficios. De esta forma, se genera un impacto social, que resulta clave para el crecimiento de la sociedad”, destacó la diputada Drisun.

“Santa Fe es una provincia que se destaca por sus políticas públicas culturales que se despliegan a lo largo y a lo ancho de su territorio y este proyecto busca que se sigan sumando iniciativas, además de fortalecer el rol del estado como promotor de la actividad cultural”, finalizó la diputada del PS

La Cámara de Diputados de la Nación comenzó este mediodía el debate de dos proyectos esenciales para el gobierno del Presidente Javier Milei: la Ley de Bases y Puntos de partida para la Libertad de los argentinos (conocida como ley ómnibus) y la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes (paquete fiscal).

Y son esenciales, básicamente, porque se convertirían en las dos primeras en obtener media sanción por parte de la Cámara baja. Si esto ocurre, quedará por delante el trámite en la Cámara de Senadores para que el gobierno nacional cuente, finalmente, con sus dos primeras leyes aprobadas por el Congreso.

Finalizada la reunión de labor parlamentaria que presidió el oficialista Martín Menem, en la que se acordaron las modalidades de debate y votación de los proyectos, se aguarda que antes del tratamiento de los proyectos, se presenten cuestiones de privilegio por parte de los distintos bloques (tres por cada uno). Sin embargo, según se anticipó, este trámite se cumpliría en distintos momentos de la extensa reunión: algunos al comienzo, otros luego del tratamiento de la primera ley y otros al final.

Según señalan medios nacionales, la intención del oficialismo es completar en esta primera jornada el tratamiento en general de ambos proyectos y completar el martes, en una segunda parte de una sesión maratónica, el tratamiento en particular: ¿capítulo por capítulo? Según se supo, esa fue la alternativa definida en labor parlamentaria pero está por verse, teniendo en cuenta que hay temas que llegan al recinto con apoyo en general pero con disidencias en particular.

El tratamiento por capítulos le otorgaría más agilidad a la reunión y, espera La Libertad Avanza, garantizaría un apoyo a los proyectos, pero no está dicha la última palabra. Está fresco aún el recuerdo de la sesión del 6 de febrero, primer intento por lograr la aprobación de la ley ómnibus, que se cayó en medio del abordaje, por incisos, del proyecto oficial.

Lo cierto es que el objetivo del oficialismo es llegar al 1º de Mayo con la media sanción asegurada para los dos proyectos y cursar rápidamente los textos a la Cámara de Senadores. Esto, no obstante el debate que, como se dijo, será intenso en varios de sus capítulos, como la reforma laboral, privatizaciones y reforma del Estado (en la ley Bases) y Ganancias, Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (Rigi), Bienes Personales y Blanqueo en el paquete fiscal.

En medio de un fuerte operativo de seguridad dispuesto por el Ministerio a cargo de Patricia Bullrich ante la decisión de organizaciones sociales y piqueteras de marchar ante el Congreso, la sesión promete fuertes cruces, más allá de las febriles negociaciones que realizó el gobierno en las últimas jornadas para hacerse, al fin, de sus primeras conquistas legislativas.

La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García, puso de relieve la sanción del proyecto por el cual la provincia de Santa Fe establece un marco para los usuarios santafesinos que produzcan electricidad para inyectar a la red de distribución y adhiere a la ley nacional de generación distribuida de energía renovable.

Un proyecto similar de su autoría presentado en 2020 había obtenido media sanción en la Cámara baja. Ahora finalmente se formaliza una política iniciada en 2016 por el exgobernador Miguel Lifschitz, junto a su por entonces secretaria de Energía, Verónica Geese, quien hoy vuelve a ocupar ese lugar en la gestión de Maximiliano Pullaro.

“Con la sanción de esta ley, Santa Fe da un paso fundamental para iniciar la transformación de su matriz energética de modo de producir cada vez más energía de manera sostenible y amigable con el ambiente. Llegamos hasta el día de hoy con 1.300 prosumidores que han sido verdaderos pioneros porque tomaron riesgo y pusieron en marcha sus proyectos. A partir de ahora, hay una política de Estado que pone a resguardo sus inversiones y asegura a los que vienen que podrán amortizar en el tiempo el costo de los paneles solares instalados en sus techos o en sus emprendimientos”.

Además, García destacó el rol fundamental que tuvo la Empresa Provincial de la Energía (EPE) para que Santa Fe pueda iniciar este proceso innovador, y explicó: “En la gestión del exgobernador Lifschitz, el programa Prosumidores pudo ponerse en marcha porque la EPE fue la primera empresa energética del país en contar con un protocolo de interconexión que permitía a quien quisiera generar energía, conectarse a la red. Sin dudas, contar con una empresa energética pública es un factor fundamental darle un fuerte impulso a los programas que el gobierno provincial lleve adelante para promover la generación de energías renovables, y que cada vez haya más prosumidores”.  

“La posibilidad de que los consumidores sean al mismo tiempo productores –prosiguió- significa un cambio de paradigma trascendental en el sistema energético de nuestra provincia porque permitirá redistribuir los ingresos de la industria y, a la vez, promover la creación de empleos verdes en un rubro innovador”. Los futuros prosumidores también podrán asociarse para la generación por medio de instalaciones comunes.

García destacó el inmediato impulso que le dio el gobernador Pullaro al proyecto. “Prosumidores está fuertemente vinculado al futuro de Santa Fe y esa relevancia hace que desde el Poder Ejecutivo se haya priorizado su sanción, que se produjo de manera unánime”, sostuvo. A partir de ahora, esta política pública del Estado santafesino quedará bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe, a cargo de Gustavo Puccini, en particular, de de la Secretaría de Energía, conducida por Geese.

La legisladora recordó que Santa Fe fue la primera provincia en instrumentar un programa de generación de energías renovables distribuida en 2016, un año antes de la sanción de la Ley Nacional N°27.424, a la que ayer se adhirió.  

Otra ley federal (N°27.191) establece que para 2025, el 20% de la matriz nacional de energía eléctrica sea aportada por fuentes de energías renovables.

La norma declara de interés provincial la generación de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables ya que tiene como objetivo la eficiencia energética  así como la reducción de pérdidas en el sistema interconectado y de costos para el sistema eléctrico en su conjunto. También la protección ambiental y de los derechos de los usuarios en cuanto a la equidad, no discriminación y libre acceso a los servicios e instalaciones de transporte y distribución de electricidad, entre otros.

A partir de la entrada en vigencia de la ley, los proyectos de construcción de edificios públicos provinciales deberán contemplar la utilización de algún sistema de generación de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables, salvo los casos que se determinen en la reglamentación de la norma.

La autoridad de aplicación recaerá sobre el Ministerio de Desarrollo Productivo, que deberá disponer de los mecanismos necesarios para tramitar la autorización de instalaciones de generación de energía eléctrica; y articular con la autoridad de aplicación de la Ley Nacional Nº27.424 y las distribuidoras de energía eléctrica para agilizar la autorización de conexión de sistemas de generación eléctrica distribuida a la red. También garantizar el cumplimiento de la ley por parte de los distribuidores de energía eléctrica en la provincia de Santa Fe; y diseñar el esquema de facturación para usuarios generadores según su categorización en todo el territorio provincial.

Un capítulo de la norma prevé beneficios promocionales, como la eximición del pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos a los ingresos obtenidos por la inyección a la red de excedentes de energía eléctrica generada; y del impuesto de sellos a los instrumentos que se suscriban para la generación eléctrica de origen renovable para autoconsumo o eventual inyección de excedentes a la red.

Asimismo, las empresas dedicadas al diseño e instalación de equipamiento para la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables radicadas en la provincia de Santa Fe gozarán de los beneficios promocionales de exención y/o reducción y/o diferimiento de los impuestos de Sellos y a los Ingresos Brutos y según lo establezca la reglamentación.

"El gobierno tiene todas las intenciones de trabajar el fin de semana y todas las intenciones de que lo mas rápido posible se avance con la aprobación de la ley", dijo este viernes el vocero presidencial Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada. La definición llegó pocas horas después de que se conocieran detalles de las reuniones que sostuvieron referentes del gobierno nacional con legisladores y legisladoras de bloques "dialoguistas", es decir aquellos que pertenecen a la oposición pero están dispuestos a apoyar, con cambios, el texto de la ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" : PRO, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal.

En efecto, este jueves por la tarde se sucedieron encuentros en el despacho del presidente de la Cámara, Martín Menem, de los que participaron el ministro del Interior Guillermo Francos, y Santiago Caputo, figura muy allegada al presidente Javier Milei.

Allí, el gobierno presentó un borrador con las modificaciones que estaría dispuesto a introducir en el mega proyecto de ley, a la espera de la palabra final que tendría este viernes el mandatario nacional quien ya regresó de Davos.

No queda claro por el momento cuáles son los plazos que se dará Diputados para seguir adelante el proceso de dictamen y posterior tratamiento del texto en el recinto de sesiones: la intención del gobierno es apurar el tratamiento de la ley y lograr su media sanción antes del paro confirmado por la CGT para el 24 de enero.

Según publican medios nacionales, desde los bloques de la Cámara baja que participaron en las reuniones del jueves a última hora se advirtió sobre la inconveniencia de apostar a una sesión el sábado por cuanto no se conoce aún el texto definitivo con las reformas. Si se sigue ese camino, se podría tener un dictamen el martes para sesionar a partir del jueves 25

Como se sabe, el Presidente convocó a sesiones extraordinarias hasta el 31 de enero, un plazo perentorio para abordar un proyecto de ley que tiene 660 artículos y abarca materias muy disímiles; así quedó demostrado en la presentación que hicieron las más de 200 organizaciones que desfilaron por el plenario de comisiones a fijar su posición sobre los alcances de la norma.

En este sentido, un grupo de diputados nacionales de un sector del radicalismo, encabezados por Fernando Carbajal (Formosa), le enviaron una carta al presidente de la Nación, Javier Milei, para que disponga de la prórroga de las sesiones extraordinarias hasta el 29 de febrero del 2024. El mismo escrito le fue enviado al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. En ambas notas, se explica que "la finalidad central de este requerimiento es dar el debido y adecuado tratamiento a la iniciativa legislativa "Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos" y tratamiento del DNU 70/2023".

"Es contrario a la lógica, al sentido común y a elementales reglas de racionalidad, pretender que un Parlamento (de cualquier lugar del mundo) estudie, analice, acuerde, redacte, corrija y apruebe un texto legislativo que contiene 350 páginas, 663 artículos, y algunos cientos más de los anexos", cuestionaron desde el radicalismo, a la vez que propusieron una prórroga de extraordinarias hasta el 29 de febrero.

Como es sabido, el gobierno nacional evita el término "negociación" a la hora de referirse a los cambios que podría introducir al proyecto de ley original. "Clarificaciones" los denomina el ministro del Interior Guillermo Francos.

En esa misma línea, el vocero presidencial Manuel Adorni insistió: "Nosotros no negociamos, nos sentamos con todos los sectores a escucharlos y a recibir toda sugerencia que se pueda hacer

No modificamos la ley a cambio de… No negociamos como habitualmente puede suponer una tarea legislativa en otros tiempos de la Argentina".

Lo cierto es que hay una oposición "amigable", necesaria para conseguir los votos que hacen falta para asegurar la media sanción, que venía planteando objeciones al texto original. Estas estaban relacionadas con las retenciones a las economías regionales, privatizaciones, fórmula jubilatoria y delegación de facultades al presidente. Se desconoce si estos son los temas que modificará el Ejecutivo para acelerar el tratamiento de la ley.

En este sentido, el vocero agradeció el trabajo de la Cámara de Diputados, "especialmente de un sector de la oposición que de una manera razonable nos ha alcanzado un sinfín de mejoras para hacerle a la ley". "Cuando esté plasmado en un papel (el nuevo texto redactado) serán los legisladores quienes lo darán a conocer".

La Cámara de Diputados aprobó este martes la reforma del Impuesto a las Ganancias que presentó el candidato presidencial de Unión por la Patria y ministro de Economía, Sergio Massa, para eliminar la cuarta categoría y llevar el piso a 1.770.000 pesos.

La votación se dio pasadas las 21.30 y arrojó 135 respaldos, 103 rechazos y ninguna abstensión. Entre los votos afirmativos se contaron los oficialistas, los del bloque de Javier Milei, el peronismo federal y el Frente de Izquierda, entre otros legisladores de las provincias.

En los palcos estuvo Massa junto a los líderes de la CGT, Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña, con quienes se abrazó tras la victoria en el recinto.

La sesión especial convocada por el oficialismo comenzó a las 13.13, cuando el bloque liderado por Germán Martínez consiguió reunir el quórum con el acompañamiento de diputados de la oposición.

Los diputados del bloque del Frente de Todos (Unión por la Patria) hicieron hincapié en el beneficio que representa para ese grupo de trabajadores de altos ingresos que estaba alcanzados y chicanearon a los de JxC por haber presentado proyectos sobre el tema en el pasado y no haber avanzando con el tema cuando fueron oficialismo.

El frente opositor, por su parte, calificó la medida de Massa de "electoralista", y la mayoría de los expositores de la bancada señalaron que llevará a más desiquilibrio económico y estimaron que incluso podría desembocar en "una hiperinflación".

El proyecto de ley de reforma del Impuesto a las Ganancias apunta a que los cambios puedan implementarse a partir del 2024 y, entre otras cuestiones, busca la eliminación de la cuarta categoría del gravamen y la creación, en reemplazo, de un impuesto cedular que fija el pago del tributo únicamente para los ingresos superiores a 15 salarios mínimos mensuales, que hoy representan más de $1.770.000, pero llegaría a $2.000.000 con el ajuste que se debatirá la semana próxima en la reunión del Consejo del Salario.

Ese nuevo gravamen tendrá una alícuota progresiva sobre el excedente, que va de 27% a 35%, y que se actualizará con el valor del salario mínimo dos veces por año. Así, sólo pagarán Ganancias 88.000 contribuyentes, menos del 1% del total de las remuneraciones, jubilaciones y pensiones, de acuerdo con los cálculos oficiales.

El proyecto no incluye a cargos de alta responsabilidad en empresas, como directores de sociedades anónimas, CEOs, gerentes y subgerentes. También se excluyen las pensiones de privilegio y funcionarios políticos.

Para los empleados en relación de dependencia, jubilados y pensionados que vivan en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones, habrá un tratamiento especial.

El primer diputado en tomar la palabra una vez iniciada la sesión fue el oficialista Carlos Heller, quien defendió el proyecto para reformar Ganancias: "Las políticas públicas deben apuntar a que los que más tienen aporten para resolver la situación de los que menos tienen. Es un proyecto virtuoso", dijo.

Por su parte, el opositor Luciano Laspina, de JxC, criticó la medida por "electoralista" y sostuvo que "la campaña electoral de Massa es la más cara del mundo", en referencia a su costo fiscal, en tanto que señaló que por la emisión monetaria se pone en marcha al país hacia "una hiperinflación".

El también economista definió esta clase de medidas como las de "un Gobierno en retirada", detalló que "es una ley que beneficia a 800 mil tipos, y perjudica a 47 millones de argentinos poniendo al país al borde de la hiperinflación".

Además consideró que el proyecto "es una conseción a los jerarcas sindicales", mientras que agregó: "Lo que estamos votando es inmoral".

Poco después, su par de Unión por la Patria, Sergio Palazzo, de extracción sindical ya que lidera el gremio Asociación Bancaria, reividicó el proyecto y le contestó a Laspina por lo que dijo de la campaña de Massa.

"La de Massa no es la campaña más cara del mundo, la de Macri fue la mas cara porque había 43 mil millones de dólares en las reservas y cuando se fue dejaron 23 mil", sostuvo el gremialista.

Y agregó: "Celebro ser del espacio político que va a lograr lo que el ex presidente Macri incumplió, que es que ningún trabajador pague Ganancias. Veo que algunos están preocupados por el impacto fiscal. ¿Eso es porque es para los trabajadores? Porque no estaban tan preocupados cuando bajaban las retenciones".

A su turno, el diputado y candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, adelantó su voto a favor del proyecto impulsado por Massa, al señalar que "los impuestos son un robo y cualquier iniciativa que conste de bajarlos voy a estar de acuerdo".

"Los impuestos son una rémora de la esclavitud, bajarlos es devolver libertad a los ciudadanos. Es un delirio descomunal tratar al salario como ganacia, es inmundo, y tiene que ser eliminado", insistió el libertario.

Sobre el contexto en el que se presenta este proyecto, Milei agregó que el Gobierno "va intentar sacar un rédito electoral, van a creer que la gente es tonta, es subestimada por la casta política, pero está reaccionando y entendiendo de que se trata esto".

Myriam Bregman, del bloque del Frente de Izquierda-Unidad, anunció el voto a favor de su espacio al proyecto y criticó al oficialismo, a JxC y a Milei. "Acá hay un reconocimiento del fracaso: el salario cayó el 42% y no vimos la fuerza de los sindicalistas en la calle que tendrían que haber estado defendiendo", dijo sobre los primeros, mientras que de los segundos sostuvo que "cuando es el bolsillo de los trabajadores les agarran las ganas de cuidar las arcas del Estado".

Y, aludiendo a Milei, agregó: "Sí hay que meterse con los banqueros, las cerealeras, los que se la vienen llevando en pala. Ya hubo un gobierno que sostuvo la teoría del derrame, el menemismo".

Posteriormente tomó la palabra José Luis Espert, de JxC, dijo que la iniciativa "no es una baja de impuestos, es una estafa electoral que se pagará con inflación porque no está balanceada con baja de gasto público".

"Cuesta la friolera de $375 mil millones, acompañada de otras medida de más emisión. Si se la vota, vamos a estar instaurando el Día Nacional de la Hiperinflación", cerró.

Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) respaldó el proyecto al tomar la palabra porque "el salario nunca debió estar en ninguna cuarta categoría, esa es la virtud que tiene esta legislación".

El oficialista Marcelo Casaretto apuntó contra Cristian Ritondo, jefe de bancada del PRO, por haber retrotraído su voto, luego de pedirle a Massa que "presente el proyecto" para poder votarlo. "Acá está el proyecto que pedían y lo venimos a votar", insistió el entrerriano.

Al ser aludido, Ritondo pidió la palabra y le respondió al entrerriano: "Cuando anuncia un Gobierno que va a enviar un proyecto uno interpreta que lo va a hacer con la lógica del equilibrio que había anunciado cuando subió el ministro Massa", contestó.

"Esto como si alguien le dice ‘te voy a regalar un auto’ y cuando viene y preguntas por los papeles y te dicen ‘lo choreamos en la esquina’", agregó.

El diputado de JxC Martín Tetaz denunció "un pacto político entre Javier Milei y Sergio Massa". "Hoy tenemos la confirmación de que Milei va a votar en contra de sus palabras y se está viralizando un video en el cual Milei dice que votar una baja de impuestos sin una baja del gasto que la acompañe es demencial. Acaba de decirnos que va a votar con Sergio Massa una baja de impuestos que es demencial", remarcó.

El radical Marcos Carasso, a su turno, se cruzó a los gritos con los sindicalistas que desde los palcos lo abucheaban: "Ustedes no represetan a la gente, se represetan a ustedes", disparó.

Por Gabriel Rossin

La primera candidata a diputada provincial por Unidos para Cambiar Santa Fe, se propone desde la Cámara de Diputados recuperar el diálogo político con la oposición para tratar los temas que requiera el Ejecutivo; cosa que considera se ha perdido en la actual gestión. Advirtió sobre la bronca y la decepción de la gente con las cuestiones a las que la política no pudo dar respuestas y criticó con dureza el retiro del Estado de las zonas más vulnerables: " Perotti ha logrado que los delincuentes tengan cada vez más poder y que la gente haya perdido libertad en la calle".

"Hemos puesto muchísimo trabajo en la campaña, como lo hemos hecho cada vez que fuimos candidatos. En rigor, desde la campaña de 2021 a senador nacional no paramos porque recorrer cada pueblo y ciudad de la provincia es para nosotros la manera de hacer política. Por supuesto que este último tramo es más intenso, quizá tiene mucho más contacto con los medios de comunicación porque hace a la manera de llegar a más gente, pero el ritmo es de mucho trabajo", dice Clara García.

- ¿Qué diferencia encuentra entre esta campaña y la de las internas abiertas?

- Que después del gran respaldo que nos dio la gente el 16 de julio estamos muy unidos y somos más. Nos hemos organizado a veces para estar juntos con Maximiliano Pullaro, otras veces repartiéndonos en distintos lugares, pero con una campaña muy enfocada, muy productiva, de mucha escucha.

- ¿Qué le dice la gente?

- Uno advierte preocupación, además de una suerte de bronca y decepción con las cuestiones a las que la política no le dio respuestas. El tema seguridad es sin duda el que más cruza a toda la provincia, en distintos niveles. En algunas ciudades con la tragedia de la violencia, como Rosario, que vive el año más dramático de su historia en términos de homicidios; pero en toda la provincia por haberse modificado una calidad de vida que era la de la convivencia con tranquilidad en muchas localidades, incluso en los ámbitos rurales, donde hoy el robo, el arrebato, hasta las balaceras en algunas comunidades más chicas, las amenazas, han pasado también a interferir en la calidad de vida. Ahora, hay otros temas también. La educación es uno de los que más preocupa a las familias.

- ¿El tema de la violencia se impuso a otros como que son tan importantes, sobre todo en el medio y en el largo plazo, como es el de la educación y la salud pública?

- Y te diría que no están tan distantes la educación y la salud pública de la inseguridad. Este retiro del gobierno de Perotti de los territorios más vulnerables y que más necesitan de la educación pública y de la salud pública, hizo que ganaran terreno los delincuentes. Siempre que el Estado pierde presencia, que no es regalar plata, sino que es estar presente con el centro de salud abierto todo el tiempo, con los trabajadores sociales alerta a los movimientos del barrio que puedan dar la pauta de que puede venir un estado de violencia. Por supuesto que la escuela es el gran contenedor, donde hoy muchos niños y niñas van a recibir el único alimento nutritivo del día y por el cual el gobierno estaba pagando hasta hace quince días 130 pesos por ración. Ese estado retirado de la educación y de la salud como dos contenciones básicas a las personas más vulnerables también permite la ramificación del delito. Perotti ha logrado que los delincuentes tengan cada vez más poder y que la gente haya perdido libertad en la calle.

- ¿Qué dos o tres políticas considera que debe aplicar desde el primer día Maximiliano Pullaro en caso de ganar las elecciones?

- Las conversamos porque viajamos mucho y las compartimos. Por supuesto que, en seguridad, hay que volver a tener un plan, recuperar el control de las fuerzas de seguridad para orientarlas hacia un objetivo de pacificación. Es cierto que hay policías que han cruzado la raya y como tal hay que tratarlos, que fue lo primero que hicimos en el gobierno donde Maxi fue ministro de Seguridad. Ahora, hay una grandísima mayoría de muchachos y chicas, muchos de lugares lejanos, que hacen un gran esfuerzo, que ponen el cuerpo en una policía que no tiene órdenes claras, no tiene un plan, no compran los patrulleros necesarios, no tienen chaleco antibalas, ni armamento, ni elementos de comunicación, ni estrategia. Que han dejado de hacer investigación criminal y salen a la calle sin estas herramientas estratégicas de persecución penal. En mi caso, tengo la total tranquilidad del enfoque que Pullaro y los equipos están haciendo en recobrar todo esto".

- ¿Cuál otras considera necesarias?

-En educación, un mínimo de 180 días de clases, que los docentes vuelvan a tener el poder para evaluar. No podemos permitir como sociedad que los niños más pequeños no estén alfabetizados o que los adolescentes más grandes a veces no terminen la secundaria o la terminen con dificultades de comprensión de texto, de entendimiento de las herramientas tecnológicas básicas. Recobrar en la educación el diálogo con los docentes y los directivos. Nunca más medidas tipo Hora 25 la de No repitencia, absolutamente no consensuadas, no trabajadas, no llevadas adelante en un proceso. Y en tercer lugar te diría los edificios escolares. Cuando hoy uno entra a una escuela pública y está en buen estado, es porque tiene cooperadoras de mamás y papás que pueden sostenerla. Si no, ves un abandono y un deterioro total.

- Los gobiernos del Frente Progresista tuvieron políticas de intervención barriales que fueron exitosas.

-Multiagenciales les llamábamos. Es una palabra un poco difícil. ¿Qué quiere decir? Que llegábamos al territorio todos al mismo tiempo. Primero, provincia y municipio. Con las fuerzas más duras de prevención policial y de investigación, pero con la presencia del municipio abriendo calles, iluminando, con la contención social. Juntos, trabajando, como digo, en la inteligencia preventiva. Cuando en un barrio, por ejemplo, hay departamentos tomados por los delincuentes, tienen que entrar juntos porque esa familia tiene mucho miedo. No es solo una intervención policial, ni es solo una intervención social. O cuando, por ejemplo, se sabe que un preso de alto perfil sale de la cárcel y vuelve al barrio. Allí vas a tener una contienda de bandas. Digo, ese trabajo conjunto tiene que volver y hacerce. Es más, Maximiliano Pullaro había presentado como ley los procesos de llegada, de abordaje.

-El más conocido fue el Plan Abre.

-Así es, que logró en algunas barriadas muy violentas contener a casi cero los homicidios. Justamente por esto. Por la labor de persecución penal, pero preventiva al mismo tiempo. Y vuelvo a insistir sobre el trabajo social del Estado, que no es repartir dinero porque sirve para muy poquito y se diluye en el momento, sino de una intervención inteligente y sensible por lo que viven esas familias vulnerables. Y en Santa Fe tenemos que pensar en construir viviendas. ¿Cuánto hace que no tenemos planes para los más necesitados o para los chicos de clase media que recién empiezan? Que además generan empleo, que es la otra pata que les permite a los más vulnerables tener un empleo con la dignidad que eso otorga.

- ¿Cuál es la mirada que tiene sobre el sector productivo de la provincia?

- Creo que se ha perdido o al menos ha disminuido mucho la relación con los sectores productivos. Yo recuerdo aquel Consejo Económico y Social que Miguel sostenía con mucha asiduidad, y con un plan de trabajo que había proyectado cuestiones que después se interrumpieron. Digo, la fortaleza de los parques industriales con todos los servicios que requiere para una mejor producción como la electricidad o el gas, que allí quedaron; o el emplazamiento de nuevos para fortalecer el enclave productivo. Yo tengo claro cuál era el proyecto para darle vitalidad la puerto de Santa Fe, volver a que la hidrovía tuviera aquí un punto jerárquico. A eso no lo estamos viendo. Y no te digo la falta de apoyo a los productores agropecuarios que han sido impactados por la sequía con el impacto que ha tenido en la agroindustria. Y de hecho es lo que estamos padeciendo.

-De repetirse los resultados de julio, usted va a tener un rol muy importante en la Cámara de Diputados donde, más allá de la mayoría, deberá tener un rol de articuladora de diferentes temas con la oposición política como, por ejemplo, un acuerdo para abordar el tema de la seguridad, como vienen planteando desde hace unos años.

-El de la inseguridad sin dudas. Lo que Maximiliano Pullaro va a requerir, lo que el gobierno de Unidos va a requerir es desde la Cámara de Diputados un apoyo a las leyes que se propongan para encarar cambios estructurales, para aprobar el presupuesto que se requiera y también en el diálogo político. Nos hemos mal acostumbrado a esta vieja y mala práctica de la política que impuso Perotti de que un proyecto de ley, un mensaje del Ejecutivo ingrese por mesa de entrada como si fuera una oficina de un despacho, sin convocar a las fuerzas políticas que no son del Gobierno, que un ministro lo explique en la Legislatura, que se avengan a un cambio que lo enriquezca. Esa es la construcción política. Sentarse en una mesa oficialistas y opositores, explicar el proyecto y llegar a un acuerdo. Por supuesto que cada partido va a mantener su propia identidad y en todo caso hará las críticas que considere, pero nos tenemos que poner serios en la seguridad, en la educación. No tenemos ley de educación en la provincia, un déficit imperdonable. También en la prioridad de las obras públicas en los presupuestos, vamos por las obras públicas para la producción. No sirve imponer las mayorías, es de vuelo muy corto porque la política no es sólo una concreción donde lo miras sobradamente al que le ganaste. Esa es una finalidad muy escasa. Yo confío que las miradas diversas enriquecen. Nosotros aspiramos a tener mesas de diálogo multipartidarias, serias, productivas.

- ¿Cuánto impactó la campaña nacional en la provincia?

-Creo que son dos escenarios diferentes que coinciden en un punto que es la decepción y la bronca con los oficialismos que han sido muy castigados. Massa como representante de Alberto y Cristina, Perotti en su propia persona, sacando menos de la mitad de los votos que había obtenido siendo gobernador. La gente ya dio ese paso y dio el veredicto. A diferencia de la nacional, aquí en Santa Fe hay una opción política muy seria, muy comprometida, muy de equipo, que ha tenido casi un millón de votos en julio. Así que sentimos por un lado un gran orgullo y por el otro lado una gran responsabilidad.

- ¿Cuánto influye en los que tienen que gobernar el malestar de la gente, el humor inestable de la sociedad?

-Tiene que influir y mucho. Si uno no es sensible y si no tiene claro el sentir de la gente, corre el riesgo de ir por un andarivel que no es el que la sociedad necesita. Por supuesto que hay proyectos muy agradables de llevar adelante, si querés ver un gobierno. Ahora, si lo que la gente está necesitando son cosas muy urgentes e inmediatas e importantes, como es la seguridad, como es la educación, bueno, en todo caso, buscarles allí siempre la respuesta a lo que la sociedad pide.

Tras conocerse que el gobierno de Santa Fe busca eliminar desde el año que viene la repitencia en el nivel secundario, el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Maximiliano Pullaro, salió a cuestionarlo enfáticamente: “No vamos a resignarnos ni aceptar la cultura del menor esfuerzo, donde parece que se impone la idea del “regalo de materias”, generando un mensaje confuso a los jóvenes. El gobierno parece haber renunciado a una enseñanza de calidad pero somos muchos los que no estamos dispuestos a aceptarlo porque creemos que el camino es la evaluación”.

En relación a los números de la educación en Santa Fe, el referente radical señaló que los resultados de las pruebas Aprender, un dispositivo que se realiza sistemáticamente en todo el país para evaluar los aprendizajes, “confirman que el desempeño de los estudiantes cayó en todos los niveles socioeconómicos, con mayor énfasis en los sectores más bajos”.

En ese mismo sentido el legislador destacó que: “entre 2018 y 2021 en lengua y matemáticas la disminución fue de un 52 y un 26%, respectivamente. Perotti y el Kirchnerismo reducen la educación a la idea de la contención social, sin poner énfasis en la inclusión que implica el conocimiento y la escuela como ámbito de aprendizaje”.

Finalmente Pullaro remarcó que “la no repitencia parece ser una maniobra desesperada y demagógica destinada a esconder lo que las pruebas vienen demostrando, el fracaso de la gestión”, tras lo cual agregó: “Voy a hacer todo lo posible para frenar esta iniciativa y, es más, si soy gobernador y está vigente, lo primero que hago es derogarla”.