El hecho ocurrió en plena madrugada en el recinto de Diputados, cuando el oficialismo decidió avanzar con la designación pese a que la cuestión no formaba parte de la convocatoria realizada por el Poder Ejecutivo. Terminó en enojo de bloques aliados y una ruptura con el PRO.

Promediando las 3 de la mañana de este jueves, luego de más de doce hora de debate sobre el Presupuesto, el oficialismo propuso en el recinto que se vote la designación de tres auditores por la Cámara baja para la Auditoría General de la Nación.

Tras la propuesta del jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, la moción para que se nombren a los auditores se aprobó por 186 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.

Rita Mónica Almada, de La Libertad Avanza al momento de jurar tras la designación.

La terna está conformada por Rita Mónica Almada por La Libertad Avanza, Juan Ignacio Forlón por el peronismo y la ex diputada nacional salteña Pamela Calletti por Innovación Federal.

Los cargos quedaron repartidos para La Libertad Avanza, Unión por la Patria e Innovación Federal. Minutos después de la votación, los tres legisladores prestaron juramento para ocupar responsabilidades en el organismo de control.

El trámite estaba postergado desde abril de 2024, cuando vencieron los mandatos de los representantes. Desde La Libertad Avanza se argumentó que se esperó al recambio parlamentario para tener lugares dentro del organismo de control.

El momento en que los bloques de la oposición cercanos al oficialismo abandonaron la sesión.

Los votos afirmativos correspondieron: 86 a La Libertad Avanza, 86 a Unión por la Patria, 7 de Innovación Federal (cuya exjefa de bloque, la salteña Pamela Calletti, fue una de las auditoras designadas), 3 de Elijo Catamarca, 2 tucumanos de Independencia, la neuquina Karina Maureira y el santacruceño José Luis Garrido (interbloque Fuerza del Cambio).

Hubo, además, 3 abstenciones de los sanjuaninos de Producción y Trabajo Nancy Picón Martínez y Carlos Jaime; y de un integrante de LLA, el último en sumarse al bloque, el entrerriano Francisco Morchio.

Bloques opositores como el PRO, Provincias Unidas y Frente de Izquierda denunciaron que el oficialismo buscó "devolver favores" y señalaron que lo actuado era ilegal porque no estaba incluido en el temario de sesiones extraordinarias que había enviado el presidente Javier Milei al Congreso.

Para no convalidar el procedimiento, estas fuerzas políticas se levantaron de sus bancas y dejaron que los espacios beneficiados por el acuerdo se votaran a sí mismos en soledad, dejando en evidencia el carácter de “casta” con el que se habían conducido.

Cristian Ritondo adelantó que el PRO apelará ante la Justicia y explicó que la designación de auditores generales “no es de competencia” del pleno reunido en extraordinarias porque no había sido incluido en el temario del Poder Ejecutivo. Además, trató de "sin códigos" al titular de la Cámara, Martín Menem.

Por su parte, Myriam Bregman (Frente de Izquierda) acusó al oficialismo de “estar apurado en devolver favores” y consideró que “por eso empiezan a repartir carguitos”. “Nunca vi algo más de casta que lo de recién. Nos parece bochornoso”, completó la jefa del bloque de izquierda".

Pablo Juliano (Provincias Unidas) dijo que “no hay un tema más por la ventana que nombrar a trres personas a las 3 de la mañana”. “Es más casta que la casta. Nosotros nos vamos a retirar. Se ve que no hay vocación de seguir con la orden del día”, protestó el radical bonaerense.

El bloque de diputados del PRO emitió este viernes un comunicado denunciando una “grave violación a la Constitución Nacional” y adelantó que iniciará acciones judiciales.

Remarcaron en ese sentido que la objeción fue advertida primero de manera informal, luego en el recinto y finalmente al momento de intentar consumar la designación, situación que quedó asentada en el Diario de Sesiones. Recordaron que el artículo 63 de la Constitución Nacional establece que durante las sesiones extraordinarias el Congreso solo puede tratar los asuntos incluidos en la convocatoria.

Los diputados del PRO rechazaron la designación y manifestaron que no la convalidan, al considerarla “nula de nulidad absoluta por incompetencia constitucional”, y anunciaron que promoverán acciones judiciales para restablecer la legalidad y el respeto institucional.

El bloque remarcó que la Auditoría General de la Nación es un órgano constitucional de control y que su integración no constituye una cuestión administrativa interna del Congreso. En ese sentido, afirmaron que avanzar en su designación fuera del temario “no fortalece el control del Estado, lo deslegitima”.

El oficialismo de la Cámara de Diputados logró este miércoles a la madrugada, con el respaldo de bloques opositores dialoguistas, emitir un dictamen favorable al proyecto de ley "Bases", con lo cual esa iniciativa estará habilitada para ser debatida en una sesión maratónica que se realizará este jueves y viernes.

El despacho se trataba en una tensa reunión plenaria de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales, y Presupuesto y Hacienda, conducida por los libertarios Guillermo Bornoroni y Nicolás Mayoraz, y José Luis Espert de Avanza La Libertad.

En una sala colmada de diputados, asesores y periodistas del Anexo de Diputados, los legisladores trataron esta iniciativa que contempla una emergencia pública, privatizaciones, limitaciones a la protesta, aumento en retenciones, blanqueo de capitales y una reforma del Estado.

El oficialismo necesitaba tener mayoría en cada una de las tres comisiones que totalizan 115 miembros, con lo cual necesitaban que 57 diputados firmen algunos de los dictámenes, que finalmente consiguieron.

Bornoroni informó que el dictamen de mayoría cosechó unas 55 firmas de la Libertad Avanza, del Pro, de la UCR, Hacemos Coalición Federal, pero los bloques dialoguistas lo hicieron con disidencia parcial.

La bancada de UXP presentó un dictamen de minoría con 45 firmas en rechazo el proyecto oficial..

Las disidencias de los legisladores opositores dialoguistas que totalizaron 34 están centradas en el aumento de las retenciones, el sistema de actualización de jubilados, el financiamiento político, y el mecanismo de las privatizaciones.

Estas diferencias pueden poner en riesgo la aprobación de varios artículos centrales de la ley, en la votación en particular, como en el caso del ajuste de las jubilaciones, o el aumento de las retenciones agropecuarios del trigo, maíz, carne, soja, e industriales.

Las iniciativas se aprueban en general pero luego cada articulo debe ser aprobado en la discusión en particular.

Los legisladores de la Coalición Cívica, del socialismo y del Gen, que integran Hacemos, presentaron dictámenes de minoría al rechazar los acuerdos con la Libertad Avanza.

La izquierda también presentó su propio despacho contra la iniciativa.

Tras la firma del dictamen, el oficialismo pedirá una sesión especial para debatir desde el jueves el proyecto de ley.

"Tenemos que hacer lo que la Argentina necesita, entendemos la necesidad de la aprobación de este dictamen ahora y comenzar un proceso que deje atrás la decadencia en lo que los metió la política y empecemos un proyecto de crecimiento?, dijo, al abrir el debate, el libertario bonaerense Santiago Santurio.

El legislador agregó: "Nosotros no creemos que la política va a ser la solución, creemos que la solución son los ciudadanos. Necesitamos que el Estado nos quite el pie de encima a los argentinos, para que podamos trabajar, para que podamos emprender".

Por su parte, Martín Tetaz, de la UCR, expresó: "Tienen que haber muchas reformas pero debemos discutirlas con la profundad que se requieren".

"Tal vez hay formas distintas de expresarlo a lo largo de esta reunión, y en la forma de la firma o acompañamiento distinto del dictamen, pero estamos todos convencidos de apoyar las reformas que necesita el Gobierno al mismo tiempo que mantenemos nuestra posición muy firme en defensa de los jubilados, de los sectores productivos de la Argentina, de la división de poderes y el sistema republicano de Gobierno", agregó.

Por la Coalición Cívica, dentro del bloque Hacemos Coalición Federal, Juan Manuel López apuntó: "No pudimos dar el debate porque la ley es inabordable en sesiones extraordinarias, por todo lo que propone, y por cosas que no propone y que queremos proponer. (Juan Bautista) Alberdi fue sabio, nos puso el artículo 29 de la Constitución para evitar la suma del poder público".

Por su parte, el presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, remarcó: "Estamos en presencia de la delegación de facultades más escandalosa que un congreso ha hecho a un ejecutivo. Esta ley tiene el impacto de 8 ley Dromi."

"El corazón de este proyecto son las facultades delegadas, y todo lo que sacó Milei, lo va a poder hacer en función de las facultades delegadas.", agregó y señaló que "con esta ley pueden intervenir todo."

Desde la izquierda, Miriam Bregman dijo que en las últimas horas les entretuvieron haciendo "creer que hay una discusión entre el gobierno nacional y las provincias. Acá lo que se busca es gobernadores cómplices del Gobierno nacional. Acá la perjudicada va a ser la clase trabajadora del país, las niñeces que pierden derechos con esta ley. No hay un debate acá sobre gobernadores que pelean".

El sindicalista y diputado de Uxp, Sergio Palazzo, dijo que el oficialismo "necesita la oscuridad de la noche para llevar a cabo el robo más grande de la Argentina. Decidieron poner a la Argentina en venta. Reflexionen, ganar una elección no es una patente de impunidad para hacer lo que uno quiera", dijo el gremialista bancario".

En tanto, el radical Lisandro Nieri, dijo que "estamos procurando dotar al Poder Ejecutivo de las herramientas que demanda para salir de esta tremenda crisis que le tocó al asumir el gobierno del país" y dijo que "afortunadamente se retiraron casi 140 artículos, muchos de los cuales podrán tener un tratamiento en ordinarias".

Por su parte, la diputada de Hacemos Coalición Federal, Margarita Stolbizer, dijo que"no vamos a acompañar el dictamen presentado por el oficialismo, el respaldo ciudadano no es un cheque en blanco. Algunos creen en las fuerzas del cielo, nosotros creemos en la política, en el Estado, en las instituciones y en el comportamiento democrático par cumplir con el mandato social que es encontrar la solución a los problemas de los argentinos

El acuerdo es el corolario de una jornada plagada de reuniones de los bloques opositores dialoguistas que mantuvieron encuentros para analizar los diferentes escenarios, donde hasta esta tarde parecía que se inclinaban a presentar un dictamen propio que luego se desactivó con el consenso logrado con el oficialismo.

El acuerdo entre el Gobierno y la oposición se destrabó tras las conversaciones emprendidas entre el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien propuso seis puntos de reforma al proyecto oficialista en nombre de la decena de gobernadores.

En el caso de la suba de retenciones agropecuarias e industriales, la discusión se producirá cuando se revise en particular ese capítulo del dictamen de más de 500 artículos.

La Libertad Avanza aceptó modificar el artículo sobre blanqueo de capitales que establecía que la recaudación se iba a destinar a las arcas nacionales y ahora se eliminó la asignación específica y se distribuirá por el mecanismo de coparticipación federal.

Otro punto clave está referido al Fondo de Garantía de Sustentabilidad y allí se acordó que cuando se liquiden los activos del FGS esos recursos se destinarán a saldar las deudas de las cajas provinciales.

Otro punto acordado con el Gobierno está referido a la paritaria docente y allí se acordó que el Consejo Federal de Educación -en consulta con los Ministerios de Economía nacional, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, y también con el asesoramiento de una comisión del Consejo Federal de Inversiones- será quien encarará las negociaciones con los gremios docentes.

Además, se mantienen el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), que tiene por objetivo asistir financieramente a las Provincias, el Estado Nacional y CABA, brindando financiamiento para obras de infraestructura económica y social; y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP) que asiste y financia programas de desarrollo.

En el dictamen de mayoría se mantiene el ajuste trimestral a los jubilados en marzo, respetando la fórmula actual, pero con actualización automática por inflación mensual a partir de abril; reduce el plazo de las delegaciones legislativas a un año; y elimina a YPF de la lista de empresas sujetas a privatización, entre otros puntos.

En cuanto a las privatizaciones, se eliminó del listado de empresas sujetas a privatización a la petrolera YPF, en tanto que para Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa.

En cuanto al sistema electoral, "se pasó para la discusión de ordinarias la reforma de las circunscripciones uninominales, las PASO y la actualización de la composición de la Cámara de Diputados".

De todos modos, el capítulo sobre financiamiento electoral se mantuvo en el borrador de dictamen promovido por el oficialismo que tiene objeciones de algunos de los bloques opositores.

El oficialismo mantiene su propuesta para regular la protesta al establecer que se prohíbe el corte del transito y de rutas, y se establece que se deberá pedir autorización para cualquier manifestación mayor de treinta personas e un espacio público, en lugar de cuando se reúnan tres personas como establecía la iniciativa original.

También se sostiene la propuesta de permitir la legítima defensa cuando una persona fuera atacada en un caso de agresión ilegítima.

En torno a Bienes Personales, se establece un beneficio para sujetos cumplidores y se modificó el artículo 24, que había sido objetado por la oposición.

(Télam) - El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem (La Libertad Avanza-La Rioja), afirmó que se inicia "un proceso de revisión" en la Cámara baja para recortar gastos y aseguró que "se respira un aire de apoyo" dentro de ese cuerpo legislativo."Hemos tomado algunas decisiones. A partir de esta gestión no va a haber más pauta publicitaria y pasan a revisión todos los viajes al exterior que se venían haciendo para ver cuáles son realmente los que tienen alguna trascendencia importante para el Poder Legislativo y cuáles no", afirmó Menem en declaraciones a radio CNN.Sobre su función como titular de la Cámara Baja, Menem añadió que "se inicia un proceso de revisión" en el organigrama y otros datos para "ver dónde se puede achicar y recortar el gasto."No obstante, el legislador aclaró que se tendrá en cuenta a "mucha gente que trabaja y presta un servicio espectacular dentro del Poder Legislativo".Además, Menem sostuvo que, por un lado, estará enfocado en "ser el árbitro en los debates de las leyes" que se tratarán en la Cámara baja, y por el otro en "administrar los recursos que recibe el Poder Legislativo de parte de la Nación"."Se respira un aire de apoyo. Tengamos en cuenta que es la Cámara de Diputados más fragmentada de la historia. Hay voluntad de apoyar las reformas económicas que plantea el Poder Ejecutivo porque todos saben que el camino que venía llevando adelante la Argentina es el que nos trajo hasta acá", afirmó.Por otro lado, sostuvo que la gestión de Milei recibió "una bomba de tiempo", pero aseguró que la convicción del Presidente "es terminar con la inflación" y anticipó que las consecuencias de la gestión anterior "las estamos pagando ahora y las vamos a pagar los próximos 18 o 24 meses".En tanto, destacó que "es la primera vez que el Gobierno está haciendo un ajuste que va a arriesgar en una gran parte en el sector público, muy por encima del sector privado" y que las medidas tomadas que perjudican al sector privado "van a ser transitorias".

Foto: archivo."La protesta es un derecho constitucional, pero no debe colisionar con otros derechos establecidos también en la Constitución, como es transitar libremente por el país. Hay que ser respetuoso de la voluntad popular", expresó.Agregó que el presidente "tiene una legitimación política total" ya que la mayoría de los argentinos "no eligió ir a manifestarse a la plaza" sino que "eligió a Javier Milei y una transformación" y que lo electores "sabían que era duro"."Ojalá que todo sea de manera pacífica y que la Argentina se encamine rápidamente hacia las reformas que tenía que hacer para salir adelante", subrayó.Finalmente señaló que su tío y expresidente, Carlos Saúl Menem, "estaría muy contento" por la reivindicación de su figura y aseguró que "no hubiera tenido ninguna duda " de votar a Javier Milei" y que el modelo de país que plantea "es el correcto"."Milei tuvo que aplicar medidas de emergencia. Era un paciente que entró en la guardia con todos los males que puede tener y hay que atacar rápidamente la enfermedad para salir adelante. Va a llevar tiempo, sí. Duele, sí sabemos que duele, pero la convicción es lo más importante que tiene el presidente. A la larga va a terminar beneficiando a todos los argentinos", completó.

Tal y como ocurre con la Cámara de Diputados de Santa Fe, el Senado provincial tendrá una nueva composición desde diciembre próximo. No sólo habrá nuevos legisladores sino que además, Unidos consiguió la mayoría del cuerpo con 13 bancas.

Como primer dato de la conformación venidera, se puede mencionar el cambio de color político en los departamentos La Capital y Rosario. Julio “Paco” Garibaldi y Ciro Seisas, de Santa Fe y Rosario, respectivamente, ganaron sus respectivas elecciones y consiguieron las bancas para Unidos.

Una situación similar ocurrió en el departamento Garay, San Javier, San Martín y Belgrano que cambiaron de partido político. Unidos le quitó la banca al PJ, con lo que el gobierno de Maximiliano Pullaro tendrá mayoría en ambas cámaras de la legislatura.

Por último, vale la pena destacar quienes continuarán en su banca. Es el caso de Giacomino, Marcón, Rasetto, Diana, Borla, Rosconi, Calvo, Pirola, Traferri, Sosa y Gramajo. Así como también, cabe mencionar que Felipe Michlig y Lisandro Enrico formarán parte del gabinete de Pullaro, con lo cual asumirán las suplentes, María Paula Salari (San Cristóbal) y Leticia Di Gregorio (General López).

De acuerdo a los resultados de este domingo de elecciones primarias, aunque será casi imposible retener los cinco diputados provinciales residentes en General López (Gabriel Real, Rosana Bellatti, Paola Bravo, Georgina Orciani y Silvia Ciancio), al menos son cuatro los que podrían ingresar si en las generales del 10 de septiembre venciera en esa categoría Unidos para Cambiar Santa Fe, cuya lista será liderada por la socialista Clara García, aunque el radical José Corral hasta el mediodía de este lunes insistía en atribuirse el número uno.

Más allá de esos debates a esclarecer en el escrutinio definitivo, lo cierto es que el probable escenario es muy beneficioso para el sector que impulsa a Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia para la Gobernación, porque contendría entre los 28 titulares a los socialistas Rosana Bellatti y Leonardo Calaianov, y a las radicales Sofía Galnares y María Fernanda Castellani.

Si bien la alineación no es la definitiva, Bellatti (del sector de Antonio Bonfatti) estaría en las cercanías del puesto 4, Calaianov (Clara García) del 18, Galnares (José Corral) del 19, y la rufinense Castellani (Dionisio Scarpin), del 24, según estimaciones de los propios sectores integrantes del frente Unidos.

Esta situación dentro de Unidos es una mala noticia para Juntos Avancemos, al menos en el sureño General López, porque al cabo de las primarias, se quedó sin postulantes a la Cámara baja entre sus 28 titulares, es decir que ni siquiera triunfando la nómina que ahora encabeza Omar Perotti, habrá hombres y mujeres de la región, dejando al desnudo un marcado desequilibrio territorial en los armados. De hecho, Jesica Montoya, la venadense mejor ubicada en la lista Elijo Hacer, llevaba el número 24 en la interna, designación simbólica que no despertaba ninguna ilusión.

Además, Julio Eggimann ocupaba el quinto lugar en la lista Podemos Más del massista Oscar “Cachi” Martínez, y la rufinense Cecilia Righetti, el séptimo en Sumando Fuerzas, encabezada por la rossista Norma López, pero a ninguno de ellos le alcanzaron los votos para ascender a puestos expectantes.

Así las cosas, si la lista ganadora fuera Juntos Avancemos (en la suma de las internas perdió por unos 90 mil votos), las hipótesis proyectan una sola banca para General López en la Cámara baja (para un postulante de Unidos).

En este marco, se descuenta que el discurso de los candidatos de Unidos, además del más elemental de garantizar gobernabilidad desde la Cámara baja a una eventual gestión del hughense Maxi Pullaro, será el de asegurar diputados provinciales para la defensa de la región. Y no sólo que nos los tendrá el armado peronista, sino que, si bien es esperable la reelección de Carlos del Frade (Frente Amplio por la Soberanía) y Rubén Giustiniani (Igualdad y Participación), resulta improbable que las venadenses Mercedes Meier y Ana Silvia Narvaiz, cuartas en las listas de Del Frade y Giustiniani, respectivamente, puedan obtener una banca, en función de los votos cosechados el domingo 16, aunque, obviamente, todo puede cambiar.

Otro venadense, Eduardo Pagnone, ocupaba el cuarto puesto en la lista del Frente de la Esperanza liderada por la casildense Claudia Giaccone, y competía con otras dos ofertas, pero no alcanzaron el mínimo y están afuera de las generales de septiembre.

Cabe recordar que la boleta naranja de diputados provinciales contenía 30 listas, correspondientes a 11 agrupaciones: Coalición Cívica (1); Escucharte (1); Frente Amplio por la Soberanía (1); Frente de Izquierda y de Trabajadores (2); Frente de la Esperanza (3); Igualdad y Participación (1); Juntos Avancemos (8); Partido Moderado (2); Unidos para Cambiar Santa Fe (7); Unite (1) y Viva la Libertad (3).

El presidente Alberto Fernández incluyó el proyecto de “ley Lucio” en el temario de la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso, para que sea aprobado por el Senado. El texto establece un plan de capacitación de funcionarios públicos para actuar en situaciones de violencia contra menores, como sucedió con el asesinado niño Lucio Dupuy. Las sesiones iniciaron el lunes y se extienden hasta el 28 de febrero.

La decisión se oficializó a través del decreto 45/2023 publicado durante la madrugada en el Boletín Oficial. Con la firma del Presidente y su jefe de Gabinete, Juan Luis Manzur, se agregó al temario de sesiones extraordinarias el proyecto de creación del “Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niños, niñas y adolescentes”.

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La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, había pedido este martes al Presidente que incorporara en el temario de sesiones extraordinarias, para que sea aprobado por el Senado, el proyecto de “ley Lucio”.

En una nota enviada al mandatario, Moreau solicitó que se incorpore esa iniciativa aprobada con amplio consenso por la Cámara baja.

El Presidente @alferdez me acaba de comunicar que, cumpliendo con el compromiso asumido con los familiares de Lucio Dupuy, tomó la decisión de ampliar el temario de extraordinarias e incorporará el proyecto. #LeyLucioYa https://t.co/rdp90ZjAdi

— Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) January 26, 2023

El proyecto, sancionado por 228 votos en la sesión del 9 de noviembre, establece la capacitación obligatoria en materia de derechos de la infancia y violencias contra niñas, niños y adolescentes para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

El Poder Ejecutivo nacional, en coordinación con el Poder Judicial, elaborará un protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad, organismos administrativos de niñez y jueces con competencia en familia.

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Algunos de los principios fundamentales de la ley son velar por el respeto de la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional y por las disposiciones de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

También busca promover los espacios y metodologías necesarias para garantizar el derecho a ser oídos de las niñas, niños y adolescentes en todos los procesos administrativos y judiciales.

La autoridad de aplicación de la ley será la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la cual, entre otras cosas, deberá elaborar los contenidos del Plan Federal de Capacitación en articulación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (Cofenaf).

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Lucio Dupuy fue asesinado en noviembre de 2021 en La Pampa y por ese crimen están siendo juzgadas su madre, Magdalena Espósito, y la pareja de la mujer, Abigail Páez; el veredicto se conocerá el próximo 2 de febrero.

La convocatoria del Poder Ejecutivo a sesiones extraordinarias del Congreso ingresó formalmente el 16 de enero último para el período comprendido entre el 23 de este mes y el 28 de febrero próximo, y contempla un paquete de 27 iniciativa entre las que se encuentra el proyecto de pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema.

Cerrando su tercer año de gestión en la Cámara baja santafesina, la legisladora del Partido Socialista presentó 69 proyectos, alcanzando una producción de más de 200 iniciativas desde que asumió su mandato en diciembre de 2019.

“Creo en la participación y las construcciones colectivas, por eso recorro mucho la región. Dialogar con vecinos y vecinas, instituciones, con presidentes comunales e intendentes, es la mejor manera de conocer la realidad de nuestra provincia y trabajar juntos por una mejor calidad de vida”, sostuvo Bellatti, quien culmina otro periodo con fuerte presencia territorial, fundamentalmente en los departamentos General López, Caseros y Constitución.

La diputada comentó que “fue un año de mucho trabajo, donde vimos repetidamente la ausencia del gobierno provincial de Perotti y la falta de inversión en áreas muy sensibles como Salud, Educación y Seguridad”. Y agregó: “Desde la Cámara, no solo elevamos pedidos de informe y expusimos las carencias de un gobierno que no tiene problemas económicos sino incapacidad de gestión, también fuimos propositivos presentando iniciativas innovadoras y acompañando con responsabilidad muchas otras”.

De la totalidad de proyectos presentados durante el año en curso, 22 fueron leyes de las cuales 5 resultaron aprobadas. El resto se compone por 44 comunicaciones, 2 declaraciones y 1 resolución.

Recientemente, recibió media sanción el Sistema Provincial de Ordenamiento Territorial, un mecanismo “para garantizar el acceso a la tierra mediante loteos sociales, aumentar la construcción de viviendas y posibilitar el otorgamiento de créditos para lograr el sueño de la casa propia, buscando un desarrollo territorialmente equilibrado, socialmente justo y ambientalmente sostenible en toda la provincia”, afirmó la legisladora.

También tuvo visto bueno la propuesta de un plan de adecuación de complejos habitacionales para el acceso universal y libre tránsito de personas con movilidad reducida, un problema recurrente en viejas edificaciones construidas con fondos provinciales y nacionales.

Otra iniciativa, fue el pedido de instalación de una oficina de atención regional de Vivienda en Venado Tuerto, “para atender consultas de la ciudadanía y posibilitar la realización de trámites provinciales; este proyecto lo trabajamos conjuntamente con el concejal Nahuel Pasquinelli”, remarcó.

Además, impulsó un Registro de Empresas Constructoras de Viviendas Industrializadas, con la finalidad de promover controles estatales para evitar estafas y proteger a las familias santafesinas.

Un elemento distintivo en la gestión de la diputada es el fuerte apoyo a emprendimientos locales. A los 90 subsidios entregados para la adquisición de equipamiento y materia prima, se sumaron encuentros de trabajo y capacitaciones.

Conjuntamente con la ONG Impulsar, se dictaron cursos de fotografía con celular y manejo de redes sociales para potenciar los canales de venta de sus productos. Por otro lado, buscando permanentemente un perfil innovador, se realizaron cursos de impresión 3D y de robótica inicial de forma gratuita para todos los participantes.

También se entregaron alrededor de 150 becas para estudiantes de nivel medio, de enfermería, expresiones culturales y deportivas, y capacitación en oficios.

Tras diferentes gestiones provinciales y el pedido formal ingresado en la Cámara baja, la diputada logró que se reabra el Centro Socioeducativo de Puertas Abiertas de Venado Tuerto, una institución que trabaja con jóvenes en conflicto con la ley y se encontraba cerrada desde principio de 2020. En el mismo sentido, reclamó la reapertura del Centro de Alojamiento transitorio.

En reiteradas oportunidades solicitó a la provincia que interceda por la obra de la autopista Rufino-Rosario y el mantenimiento de la ruta nacional 33. También sostuvo el reclamo durante casi 3 años para el cerramiento de la obra del viejo hospital Gutiérrez y que se retome el proyecto del Centro de Justicia Penal, hoy en etapa de licitación pública.

Además colaboró con la seguridad de clubes deportivos y monitoreo de calles en municipios y comunas del sur provincial con la compra de cámaras de videovigilancia e iluminación led.

Como lo viene haciendo desde que asumió como diputada provincial, Bellatti elevó múltiples reclamos al IAPOS para garantizar la cobertura de prestaciones y medicamentos a las y los afiliados de la obra social provincial.

También fue un año de fuerte acompañamiento en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad. Participó de marchas, se reunió con familiares y presentó un proyecto para declarar la emergencia en materia de prestaciones médicas, pidiendo la actualización de aranceles de las obras sociales y el cumplimiento de pagos atrasados para que no se corten tratamientos. Asimismo volvió a insistir en la creación de un registro de transporte para que puedan elegir libremente empresa y choferes.

Otro proyecto ingresado fue la creación de un régimen de protección integral para las infancias y adolescencias que padezcan cáncer y sus familias, una iniciativa que prevé la continuidad escolar del paciente, transporte gratuito, recursos económicos y hasta vivienda transitoria para sus allegados directos hasta la finalización del tratamiento.

En las últimas semanas, Bellatti se hizo eco de la falta de mantenimiento de los hospitales Dr. Alejandro Gutiérrez de Venado Tuerto y Centenario de Rosario, reclamando al gobernador y la ministra de salud la reparación inmediata de los sistemas de aires acondicionados, ya que pacientes y trabajadores afrontan con dificultad las olas de calor con ventiladores de pie.

Bellatti sostuvo reiterados encuentros y capacitaciones en la ciudad y la región para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres desde un abordaje integral.

Tuvo media sanción el proyecto de ley para prevenir, denunciar, sancionar y penalizar a quienes ejerzan la violencia obstétrica en el ámbito de la salud. “Esta iniciativa fue trabajada territorialmente a través de diferentes encuentros con mujeres para escuchar sus experiencias personales y promover el derecho al parto respetado”, aclaró.

Financiado por la legisladora, por estos días también estará culminado un curso de formación “Doula” para el acompañamiento a la mujer embarazada. En total son 20 las becadas de la región que egresarán en esta primera etapa de capacitación.

Otra iniciativa aprobada este año es la de otorgar la titularidad exclusiva de vivienda de planes provinciales y nacionales a mujeres que sufren la violencia machista.

También reclamó en la legislatura la implementación y adhesión a la Ley nacional que establece un sistema único normalizado de identificación de talles, para la fabricación de indumentaria en empresas industriales radicadas en la provincia.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación le tomará juramento este miércoles a los cuatro diputados nacionales elegidos para representar a la Cámara baja en el Consejo de la Magistratura de la Nación, al considerar correcta su designación inicial y aseverar, además, que tiene “el deber constitucional de adoptar las medidas apropiadas para evitar la eventual paralización” de ese órgano encargado de administrar el Poder Judicial, proponer jueces y controlar su conducta.

Los diputados elegidos, propuestos por sus respectivos bloques, son Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley, del Frente de Todos (FdT); y Alvaro González, del PRO, y Roxana Reyes, de la UCR.

La Corte consideró válida la resolución parlamentaria que designó a esos legisladores propuestos por los respectivos bloques y elevados oportunamente al Consejo para que les tomara juramento el presidente del organismo, Horacio Rosatti, también titular del máximo tribunal de Justicia.

Tras esta jura, el órgano que selecciona y remueve a los jueces tendrá quorum para funcionar. Esto dado que ya juraron los nuevos consejeros académicos Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit; los abogados Miguel Piedecasas (UCR), Héctor Recalde (Frente de Todos), Jimena de la Torre (Pro) y Fernanda Vázquez; los jueces Diego Barroetaveña y Agustina Díaz Cordero (de la lista Bordó, crítica del Gobierno), Alberto Lugones (de la lista Celeste, más cercana al kirchnerismo) y Alejandra Provítola (Compromiso Judicial). También juró nuevamente Gerónimo Ustarroz, representante del Poder Ejecutivo.

La jura de los senadores quedó bloqueada luego de que la Corte considerase “inoponible” a los efectos del cómputo de mayoría y minorías la división en dos del bloque del Frente de Todos que dispuso Cristina Kirchner, para quedarse con tres de los cuatro consejeros por la Cámara alta. Pese al fallo, el oficialismo volvió a elegir, además de los dos senadores por la mayoría, al camporista Martín Doñate como representante de la segunda minoría del Senado, un lugar que reclama el PRO y para el que escogió al cordobés Luis Juez. El asunto volvió a ser tratado por la Corte, pero no se llegó a una decisión, por lo que pasaría para el año próximo.

En una acordada emitida el pasado 15 de diciembre, la Corte dispuso que “el señor Presidente del Tribunal reciba de los consejeros y consejeras Vanesa Raquel Siley, Rodolfo Tailhade, Álvaro González y Roxana Nahir Reyes el juramento de ley para su incorporación al Consejo de la Magistratura en representación de la H. Cámara de Diputados de la Nación”, se indicó en el texto difundido en el Palacio de Justicia.

“El acto tuvo como antecedente la resolución (parlamentaria) R.P. N°1608/22 de la Presidencia de esa cámara, mediante la cual se designó a los mencionados diputados y diputadas como miembros titulares del referido órgano”, añadió.

También recordó que el 30 de noviembre el secretario parlamentario remitió a Rosatti copia de la resolución R.P. N°1634/22 de la Presidencia de la Cámara baja que dejaba sin efecto la resolución anterior, tras conocerse un fallo del juez de primera instancia Diego Martín Cormick que había anulado la designación de Reyes como consejera dispuesta en abril de 2022 y ahora postulada para la reelección en la Magistratura.

La suspensión de la lista, dispuesta por la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, sobrevino a una apelación a la medida del juez Cormick, lo que generó el rechazo de la oposición y, además, derivó en una serie de incidentes que hicieron frustrar una sesión el 1 de diciembre.

“Ante todo (…) este Tribunal tiene el deber constitucional de adoptar las medidas apropiadas para evitar la eventual paralización del Consejo de la Magistratura y, en ese sentido, debe propender a la integración y funcionamiento del órgano de conformidad con la Constitución Nacional en el menor tiempo posible y garantizando la seguridad jurídica”, sostuvo la Corte.

“Asimismo -dijo-, los distintos estamentos que conforman el Consejo de la Magistratura tienen el deber constitucional y legal de designar a sus respectivos representantes, y la demora o el incumplimiento de ese deber no pueden retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento de dicho órgano constitucional”.

La acordada fue firmada por Rosatti y los ministros Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.

Los integrantes de la Corte sostuvieron que la resolución 1608/22 de la Presidencia de Diputados que designó a los legisladores “fue dictada teniendo en cuenta las propuestas elevadas por los distintos bloques parlamentarios”.

“Una vez comunicada al Consejo de la Magistratura, dicho órgano remitió los títulos a este Tribunal y solicitó que se dispusiera lo necesario para proceder a recibir los respectivos juramentos de ley, lo cual fue ordenado por esta Corte en la citada Acordada 31/2022”, añadió.

Esa resolución, destacó entonces, “cumplió todos los pasos establecidos para la designación de los representantes” de Diputados “y se cumplieron también los trámites posteriores tendientes a la incorporación al cuerpo de los miembros designados, restando únicamente el ya ordenado juramento de Ley”.

Por ello, sostuvo la Corte, esta medida “no puede verse alterada por la posterior resolución 1634/22, en tanto fue dictada sin cumplir el procedimiento” establecido por la Ley del Consejo de la Magistratura, pues “se trata de una decisión tomada por la Presidencia de la H. Cámara de Diputados de la Nación sin la propuesta de los respectivos bloques”. De tal manera, se refiere a la decisión de Moreau de suspender el envío de la nómina tras la apelación al fallo del juez Cormick.

La Corte aclaró “lo que aquí se dispone es sin perjuicio de lo que pudiera decidirse en definitiva en las causas” impulsadas mediante apelaciones y amparos por el presidente del bloque de diputados del FdT, Germán Martínez, y el diputado del PRO Álvaro González, referidas al proceso judicial en que quedó envuelto el trámite.

(Por Ivana Fux) – Leandro Busatto volvió a ser crítico de la gestión de Omar Perotti; le reprochó la falta de diálogo y de participación de todos los sectores del peronismo en su gobierno. El legislador -lanzado ya como precandidato a gobernador en 2023- preside la menguada bancada de diputados peronistas en la Cámara baja, después de que se quebrara por la decisión de Matilde Bruera y Paola Bravo de constituir su propio bloque. El hecho generó un cimbronazo en el peronismo que atraviesa un proceso de fragmentación y tensión desde hace tiempo. De allí, algunos gestos que se vieron durante la asamblea legislativa el 1 de mayo, como los débiles y escasos aplausos, o el saludo negado del presidente del PJ, Ricardo Olivera, al diputado nacional Roberto Mirabella.

– ¿El clima de la Asamblea es referencia del clima que se vive hoy en el peronismo de Santa Fe? – preguntó El Litoral a Busatto-

– Yo creo que el tema interno tiene que afianzarse sobre la base de las coincidencias. El problema es que para coincidir, primero hay que hablar. Y acá el gobierno habla poco con nosotros; ésa es la verdad. La vez que nos hablan es para justificarnos por qué nos rompen el bloque o porque hay situaciones que tienen que ver con la política y que todo el tiempo nos dejan afuera. De hecho, el gobernador anunció el domingo el envío a la Legislatura de tres proyectos de ley sobre los que el peronismo tiene ya iniciativas presentadas. Yo soy autor del Código Procesal Juvenil que nunca se revisó, y ahora se manda un nuevo proyecto cuando tiene estado parlamentario el nuestro. Soy autor de otro proyecto para un seguro que cubra las pérdidas de los productores y mandan un mensaje al respecto. Entonces, si falta diálogo en estos lugares en los que tenemos roles institucionales, imagínense lo que falta en el plano partidario.

– ¿Esto es anticipo y efecto de la discusión electoral 2023, o es una manera de gestionar?

– Eso deberían responderlo quienes están en el entorno del gobernador. Lo que yo digo es que el peronismo es mucho más amplio que el gobierno. A mí me preocupa que este gobierno sea demasiado monocromático con respecto a lo que el peronismo aspiraba. Nosotros aspirábamos a un gobierno mucho más multicolor y con mayor participación de todos los sectores. Y hay muy poquitos sectores participando de la vida institucional de la provincia, y eso no es bueno ni siquiera para el gobernador.

– ¿Cuáles serían los diputados identificados en la Cámara con Omar Perotti?

– No sé si Matilde Bruera o Paola Bravo están dispuestos a defenderlo. Yo, cuando me han convocado, he defendido muchas cosas que este gobierno ha querido. Pero según donde uno se pare, creo que más que defender a Perotti, lo que hay que defender son algunas ideas que el gobierno ha llevado adelante bien, y preocuparnos por otras que el gobierno todavía no ha podido impulsar.

– ¿Comparte el reclamo formulado por el gobernador para que la Nación asista a la provincia en matera de seguridad?

– La problemática viene de larga data y no se puede sin Nación. Pero lo que uno no puede hacer es delegar sus responsabilidades en otro. Me parece que el gobierno provincial sigue teniendo la principal responsabilidad de resolver el problema más grave que es la seguridad.

(Por Luis Rodrigo) – Con 18 artículos y unos considerandos que hablan de la “alarmante situación de hechos delictivos que se vienen produciendo, particularmente en las ciudades de Rosario y Santa Fe”, un proyecto de ley del senador Alcides Calvo (PJ-Lealtad-Castellanos) plantea la declaración de emergencia en esa materia. También lo hace sobre el Servicio Penitenciario, aunque sobre esa cuestión la Cámara alta ya ha aprobado otra iniciativa con media sanción.

“El primer paso para paliar la situación de manera rápida, mientras se continúa avanzando en políticas profundas de combate a la criminalidad organizada, es reconocer y hablar del tema, tomando cartas en el asunto sin distinciones de filiaciones, tal como lo sostiene el gobernador Omar Perotti”, define el texto del legislador del oficialismo.

En su primer artículo se declara el estado de emergencia en seguridad hasta el 31 de diciembre de 2022. Y se declara que su objeto es “reestructurar y modernizar las bases orgánicas y funcionales del sistema policial provincial, a los efectos de disponer de los servicios policiales como instrumentos fundamentales para el control y conjuración de las violencias y las problemáticas criminales”.

El articulado contempla la posibilidad de una prórroga de la norma por el Poder Ejecutivo por 180 días y también “a dar por concluida la presente declaración si estima que se encuentran superadas las circunstancias y hechos que fundan la presente declaración”.

En los fundamentos, se afirma que “los recursos disponibles y los mecanismos vigentes para períodos de normalidad no pueden dar acabada respuesta a una situación que, holgadamente, excede a ésta y se presenta como una serie de acontecimientos extraordinarios que necesitan respuestas del mismo tenor”. Y se sostiene que “es prioritaria la realización de acciones y la toma de medidas de carácter urgente tendientes a lograr la reducción, en lo inmediato y dentro del respeto a las garantías vigentes, de los factores de delito y la violencia interpersonal, vinculada o no a hechos delictivos”.

La iniciativa se encuentra en las comisiones del Senado y tiene fijada una preferencia para la próxima sesión (además, si así lo considera necesario, la Casa Gris puede pedir su tratamiento en eventuales sesiones extraordinarias).

Uno de los artículos detalla las “acciones sobre aspectos funcionales, orgánicos, operacionales y de personal” de la fuerza policial, que incluye: a) modificar la estructura orgánica y funcional de la Policía “creando, transformando, extinguiendo o suprimiendo total o parcialmente funciones y dependencias”; b) “reajustar y racionalizar” los recursos humanos con cambios de funciones, dependencias y destinos “a todo el personal”; c) asignaciones no remunerativas al personal policial que desempeñe funciones críticas; d) afectar en forma transitoria o definitiva personal de otras reparticiones de la administración pública centralizada o descentralizada, con su anuencia, para tareas de apoyo administrativo en el Ministerio de Seguridad o unidades o dependencias policiales y priorizar el destino de los policías a tareas específicas; e) optimizar los recursos materiales y los servicios que presta la Policía; y f) “adquirir recursos materiales”.

El cuarto artículo crea el “Programa de Emergencia en Seguridad”, destinado a erogaciones en los rubros construcciones, maquinaria y equipo, y equipo de seguridad que se financiarán con un aporte del Tesoro por hasta 3 mil millones; el 15 % del Fondo de Equipamiento Policial creado por reglamentación del Servicio de Policía Adicional; el 50 % de los recursos percibidos por la Agencia Provincial de Seguridad Vial; aportes provenientes de programas del Estado Nacional u organismos internacionales.

Las compras a efectuar serán comprendidas por “el articulo 116 inciso c) apartado 2 de la Ley N° 12510 y el artículo 20 inciso c) de la Ley N° 5188”; debiendo darse “estricto cumplimiento en cada caso a las disposiciones pertinentes de los Decretos 1104/16 y 822/61”.

El texto establece límites para las licitaciones y resguarda el “análisis de legalidad a cargo del Tribunal de Cuentas” que “deberá efectuarse en el plazo máximo de cinco días de comunicados con sus antecedentes”.

“Las rendiciones de cuentas, con la documentación respaldatoria de las inversiones realizadas por cada uno de los órganos policiales a los que el Ministerio de Seguridad asigne fondos especiales se remitirán a la comisión bicameral que por la presente ley se crea”.

La ley 13.977 que declaró el “estado de necesidad pública en materia social, alimentaria y sanitaria, de las contrataciones públicas, financiera y de seguridad”, en la provincia de Santa Fe hasta el 31 de diciembre de 2021 fue prorrogada hasta el 30 de Junio de 2021 y luego por otros 90 días desde que comenzó julio.