La expresidenta Cristina Kirchner sostuvo este lunes que debería solicitársele "pericia psiquiátrica" a los que dicen que la vicepresidenta Victoria Villarruel es "peronista".

La ex mandataria se metió así en la discusión vigente en algunos sectores del PJ sobre la posibilidad de sumar a Villarruel a las filas del justicialismo, a raíz del perfil nacionalista de la vicepresidenta y de su distanciamiento explícito con el mandatario Javier Milei.

Desde sus redes sociales, Fernández de Kirchner se limitó a expresar: "pericia psiquiátrica le vamos a pedir a los que dicen que Villarruel es peronista".

La semana pasada, el jefe del bloque de senadores del peronismo, José Mayans, había tenido un cruce distendido con Villarruel en plena sesión y le había dicho que ambos debían "profundizar la amistad".

Otro dirigente del peronismo que suele elogiar a Villarruel es el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, que destacó en varias oportunidades la apuesta de Villarruel por el "nacionalismo".

En la última sesión de la Cámara alta, el jefe de la bancada de Unión por la Patria, José Mayans, protagonizó un particular intercambio con la titular del Cuerpo, Victoria Villarruel, a quien le recordó la ocurrente frase contra el presidente Javier Milei y hermana Karina: “Él es un jamoncito”.

Sonriente y con la mirada fija, Villarruel le respondió: “Gracias por el favor señor Mayans… Gracias Mayans por traerme a colación”. “A mí me gustó el adjetivo calificativo”, respondió Mayans entre risas, a lo que la titular del Cuerpo replicó risueña: “Gracias Mayans, es un amigo”. “Tenemos que profundizar la amistad… y también dijo…”, remató Mayans que aprovechó para poner el dedo en la llaga de la interna oficialista.

A raíz de ese intercambio que se replicó en las redes sociales, Mayans habló el fin de semana sobre la interna en la cúpula del Poder Ejecutivo y aprovechó para resaltar la figura de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.

“Tiene, quizás, visiones más próximas a la nuestra, por esto que Javier Milei dice que es una persona anti-Estado, mientras que ella es muy nacionalista y, aparte, fue formada en esos valores”, contextualizó.

En tanto, indicó que “obviamente hicieron una especie de coalición, pero, para mí, por la dicción que ella tiene, Villarruel se aproxima ideológicamente más a nosotros que a Milei, sobre todo en materia de definiciones que hacen a las cuestiones internacionales, porque, para mí, el alineamiento regional es fundamental, y no tenemos nada que ver con el alineamiento de Milei con Estados Unidos; nosotros somos más pro-integración latinoamericana”.

“Con respecto al rol del Estado, nosotros tenemos una visión que creo ella comparte, porque incluso hace poco, cuando recibió un diploma, dijo que está orgullosa de ser la universidad pública. Eso es lo que define ella”, ponderó el legislador formoseño en declaraciones a Perfil Radio.

Por César Rodríguez

El Senado de la Nación inició en la tarde de este martes el tratamiento de la ley de Bases y el paquete fiscal en el plenario de comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales, presididas por los senadores Bartolomé Abdala, Ezequiel Atauche y Edgardo Kueider, respectivamente.

Para defender las iniciativas se presentaron altos funcionarios del Gobierno nacional, encabezados por el ministro del Interior, Guillermo Francos, que estuvo acompañado por el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

El oficialismo en la Cámara alta buscará conseguir dictamen el próximo jueves 9 de mayo para desembarcar en el recinto senatorial una semana más tarde, el 16, a pocos días del Pacto de Mayo, convocado para el 25 en Córdoba.

Francos dio una breve exposición en la que defendió la ley de Bases y el paquete fiscal. Hizo hincapié en que todos los gobiernos, desde 1983 a la actualidad, tuvieron que resolver "problemas heredados", pero resaltó que "Milei se encontró con la peor crisis de la historia de la democracia".

Defendió el Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (RIGI) para "atraer grandes inversiones para producciones mineras y petroleras". Y también planteó que "se anula el sistema previsional de moratoria porque el sistema está absolutamente desfinanciado ya que agregar personas empeora el actual sistema".

Respecto al capítulo sobre privatizaciones resaltó que los debates derivaron en que "se retiraron de la lista una serie de empresas que el Gobierno nacional tenía y tiene intención de privatizar".

Y sobre el final, Francos se refirió al capítulo sobre el tabaco que contenía la ley Bases original, pero afirmó que fue retirado por no tener consensos en el verano y que, en la última sesión de la Cámara baja, se incluyó "por un sector en el debate en el recinto".

Luego del Ministro expusieron Rolandi y Guberman. Ambos funcionarios explicaron a grandes rasgos los alcances de los puntos nodales de ambos proyectos como privatizaciones y el RIGI. Luego, iniciaron la ronda de preguntas.

"Con respecto a Nucleoeléctrica Argentina, pedimos incorporación de capital privado porque se necesitan muchas inversiones para extender su operación. Queremos sumar al privado para liberar recursos del Estado", respondió Rolandi ante una de las consultas.

Por su parte, Guberman aclaró que "el RIGI es optativo, las provincias pueden adherirse o no. Si la provincia decide adherir, no puede incrementar su carga tributaria, pero no va a resignar impuestos".

Antes de exponer sobre ambos proyectos, Francos se refirió a la denuncia de diputados de Unión por la Patria sobre la supuesta modificación del texto impositivo que tuvo la media sanción.

Es que, horas antes, el titular del bloque de UxP en Diputados, Germán Martínez, había denunciado que el texto que se comunicó al Senado tenía diferencias con lo votado en la Cámara baja. Eso no puede pasar. Y es motivo de nulidad. Pedimos formalmente que se deje sin efecto la comunicación realizada al Senado".

Agradecemos al Diputado Martínez la revisión del texto de la Ley de Bases y haber detectado simples errores involuntarios de tipeo en la transcripción de la comunicación de la ley.Evidentemente su experiencia en la práctica parlamentaria y la cantidad de fe de erratas…

"Yo estuve en la Cámara de Diputados y no vi nada raro. Se expresaron todos los sectores políticos", sostuvo el titular de Interior descartando el planteo de la oposición. Mientras, vía redes sociales, el presidente de Diputados, Martín Menem, adjudicó los cambios en el texto a "errores de tipeo" y sostuvo que la denuncia busca "embarrar la cancha".

A su vez, Francos se cruzó con el líder del peronismo en la Cámara alta, José Mayans, quien acusó al funcionario por datos de inflación de diciembre. "Permítame que le diga que usted tiene números equivocados. Está chicaneando senador, lo que usted dijo ya lo conozco. Lo dijo durante el tratamiento del DNU 70 también", lanzó Francos en referencia a datos de inflación proporcionados por Mayans.

También se intercambiaron palabras por las despectivas calificaciones del presidente Javier Milei semanas atrás al Congreso. "Yo no creo que sean un nido de ratas. Me hago cargo de mi palabras y entiendo los cuestionamientos que hace el Presidente", respondió Francos a Mayans que le pidió explicaciones por esa cuestión.

Otro cuestionamiento llegó de parte del salteño Sergio Leavy (UxP), quien apuntó contra Francos al sostener que el titular de la cartera participó del proceso de privatizaciones de empresas públicas durante la administración presidencial de Carlos Saúl Menem.

Ante la consulta por las privatizaciones en el Belgrano Cargas, Francos lanzó: "Yo no participé en ninguna etapa de las privatizaciones. No le puedo responder". Sin embargo, recogió el guante con el caso de YPF, hoy en la Justicia de Estados Unidos: "Los resultados han sido varios y también cuál ha sido el proceso. Depende el momento y cómo se mire. Este va a ser el primero y ojalá podamos hacerlo bien", dijo el Ministro.

Luego de un extenso trabajo en comisiones, la Cámara de Senadores logró la unanimidad para la aprobación de una nueva versión de la ley que pone en marcha en Santa Fe los juicios por jurados, es decir, tribunales a cargo de ciudadanos que deberán juzgar ciertos delitos de orden penal.

El mayoritario oficialismo de Unidos para Cambiar Santa Fe aceptó el pedido del opositor bloque del Justicialismo para que antes de una aprobación apurada se escuchen en la Cámara objeciones y aportes de los actores del sistema, que dieron sus frutos.

La Cámara alta aprobó el mensaje del Poder Ejecutivo Provincial con sustanciales modificaciones en un artículo, el segundo, que enumera los delitos que irán a esos tribunales. Y tal como lo solicitaron los colegios profesionales de magistrados y de abogados se procuró que en esta primera etapa de aplicación sean bastantes menos que los propuestos por la versión original remitida a Diputados por el gobernador Maximiliano Pullaro.

Los cambios discutidos durante febrero en comisiones redujeron a cuatro las figuras delictivas en las que intervendrán los ciudadanos. Se trata de: "1. Homicidios calificados (art. 80 inc. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del CP); 2. Abusos sexuales seguidos de muerte (Art. 124 del CP); 3. Robo calificado por homicidio (Art. 165 del CP); y 4. El personal policial o penitenciario que hubiera actuado en situación enfrentamiento, incluso encontrándose retiro o franco de servicio".

La lista final de solo cuatro delitos fue el tema que más se trabajó en comisiones, pero no el que más discusiones provocó a la hora de llevar al recinto el proyecto. Una extensa reunión de labor parlamentaria demoró la sesión para resolver las posiciones del oficialismo y la oposición respecto de otro tema: si las deliberaciones de los jurados de una docena de ciudadanos deben o no alcanzar la unanimidad plena (sin votos en contra) o si es suficiente una mayoría calificada (de más de diez).

Se impuso el criterio de la mayoría de senadores del radicalismo y sus aliados para que baste con una fuerte mayoría en los tribunales populares para que se produzca un veredicto.

El miembro por la mayoría y jefe del bloque de Unidos, Rodrigo Borla, se refirió a las ventajas de la reforma a implementar y comparó su profundidad y alcance con la que tuvo lugar durante el segundo gobierno de Jorge Obeid cuando, por fin, Santa Fe adaptó sus procesos del juicio escrito al sistema oral con una clara división de roles entre acusadores y jueces, con fuertes cambios al Código Procesal Penal de la Provincia que hoy se aplican, e implicó la creación del Ministerio Público de la Acusación que reúne a los fiscales y del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal que lo hace con los defensores que provee el Estado.

El justicialismo necesitó de una abstención a la hora del tratamiento en particular para no tener que votar un texto con el que no está de acuerdo. Los senadores del justicialismo, según explicó Rubén Pirola (PJ-Las Colonias) sostienen que el criterio de unanimidad plena da más garantías de imparcialidad (los doce miembros de acuerdo). El texto finalmente votado (en el artículo 83) establece una serie de pasos para evitar que nos juicios fracasen y que sea suficiente una denominada mayoría calificada (de diez). Borla indicó que este último criterio debe ser "la excepción y no la regla", ante los cuestionamientos del líder de la bancada del peronismo, que citó autores y hasta un clásico del cine norteamericano que retrata los debates en los jurados populares de Estados Unidos: "Doce Hombres en Pugna".

La ley que consagra el juicio por jurados vuelve a Diputados con modificaciones. Fue votada en el Senado de Santa Fe en general por unanimidad y recibió apoyos y elogios de los jefes de los bloques del oficialismo y la oposición, Rodrigo Borla (UCR-San Justo) y de Rubén Pirola (PJ-Las Colonias), así como de Joaquín Gramajo (Unite-9 de Julio); del presidente provisional del Senado, Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal) y del representante por Rosario cercano al intendente Pablo Javkin, Ciro Seisas.

(Por Luis Rodrigo) – El bloque de senadores del radicalismo pidió públicamente que el titular del Directorio de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Mauricio Caussi, convoque a la primera reunión de la Comisión de Seguimiento del Fondo de Electrificación Rural (FER), con el propósito de que los legisladores que lo integran puedan ejercer el control del uso de esos recursos.

El senador Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal) recordó que el FER es producto de una ley nacida en esa Cámara y que “ya en dos oportunidades” el funcionario mencionado “se comprometió aquí en sendas reuniones” a convocar a la mencionada instancia de revisión del uso de los recursos que provienen de cada una de las boletas de la Empresa Provincial de la Energía. Cada usuario paga un impuesto del 1,50 % “sobre el monto facturado por la prestación del servicio”, deduciendo los montos correspondientes a otras tasas, derechos e impuestos provinciales y nacionales, recargos adicionales, intereses, aportes “y toda otra suma que incorporada en la facturación no responda específicamente a un elemento que integre el costo de abastecimiento eléctrico y excluyendo el facturado a otros redistribuidores provinciales o cooperativas eléctricas”.

El radical recordó que hubo “reuniones muy amenas y muy productivas” con Caussi, que hubo un proyecto de comunicación que lo solicitó, que “en las dos ocasiones él se comprometió a poner en marcha los mecanismos de control” pero lo cierto es que “aún no se ha puesto en marcha la Comisión de Seguimiento”. Y abundó: “hace ya casi tres años” que no funciona, luego de sacar la cuenta de que al actual gobierno le quedan por delante “unos 15 meses”.

Michlig habló desde su banca al aprobarse un proyecto de pedido de informes de su correligionario Orfilio Marcón (UCR-General Obligado) que reclama datos precisos sobre el uso del FER, ante la inexistencia de la instancia de control “que está ordenada por una ley que no se ha cumplido”, subrayo´.

Dijo que el pedido de informes “no sería necesario si estuviese constituida esta comisión de seguimiento que precisamente integra el senador Marcón con otros dos pares y tres diputados, ellos podrían darnos toda la información” pero pese al compromiso del funcionario la primera reunión que deje en acción a la comisión aún no se ha celebrado.

Michlig destacó que son “fondos importantes” los que se maneja mediante el FER para “las obras de infraestructura en la ruralidad” y que ha sido un mecanismo exitoso para expandir las redes en zonas con menos población en “un servicio que es esencial”.

Habitualmente la Cámara de Senadores de Santa Fe aprueba todos los pedidos de informes de los legisladores a fin de que puedan cumplir con sus tareas de control de los actos de gobierno. En este caso, además de los fundamentos del autor del proyecto, la presidencia del Cuerpo que ejerce la vicegobernadora Alejandra Rodenas se dirigirá formalmente a la EPE para expresar el pedido de pronta convocatoria a la citada Comisión de Seguimiento.

Luego de mantener el misterio en las últimas horas, el interbloque de senadores nacionales de Juntos por el Cambio se reunió para terminar de definir la estrategia que llevarán mañana al recinto, donde se discutirá el proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El jefe del interbloque, Alfredo Cornejo, juntó a todos los integrantes del espacio en su despacho de la Cámara alta y de ese encuentro salió la confirmación de que este jueves le darán al oficialismo el acompañamiento para que pueda sesionar para tratar el acuerdo.

Sucede que, sin los dos tercios de los votos que garantiza Juntos por el Cambio, el Frente de Todos iba a tener que esperar hasta el próximo martes -cuando se cumplirán siete días de la firma del dictamen- para poder discutir el tema en el recinto.

Ahora, con la confirmación de la oposición, el Gobierno Nacional podrá debatir el tema mañana en la sesión que ya fue convocada para las 14.

Se consiguió la unanimidad de criterios en la bancada, por lo que se descuenta un voto a favor de todos los integrantes.

Se espera una extensa discusión y cada uno de los sectores planteará su posición sobre el acuerdo y sobre el Fondo Monetario.

Juntos por el Cambio buscará dejar en claro que solo acompaña la negociación para refinanciar la deuda, pero no respalda el plan económico del Gobierno, postura similar a la adoptada en la Cámara baja.

“Delineamos nuestra estrategia para la sesión del día de mañana. Coincidimos en adoptar una postura racional, equilibrada y ajena a los fanatismos. Entendemos que el país atraviesa un momento muy difícil y que debemos estar a la altura de las circunstancias para evitar males mayores”, afirmó el senador fueguino Pablo Blanco.

Tras la reunión de interbloque, sostuvo: “Apoyar al gobierno para que pueda acceder al acuerdo de facilidades extendidas con el FMI es apoyar al país. Luego será el gobierno el responsable exclusivo de dictar las políticas que considere adecuadas para cumplir con sus metas logrando, al mismo tiempo, estabilidad, paz social y frenar gradualmente a la inflación”.

“Las deudas asumidas por sucesivos gobiernos comprometen a todos y deben ser honradas. No hacerlo sería caer en default, cerrarnos al mundo y agudizar una crisis que de por sí ya es grave. Juntos por el Cambio actuará responsablemente. Yo aprobaré la ley”, agregó.