El déficit previsional del 2023 cerró en una cifra cercana a los $ 173.000 millones y es uno de los temas en agenda de varias áreas del Poder Ejecutivo aunque, por ahora, están a la espera de definiciones sobre cómo terminará la redacción y votación de la ley Ómnibus así como la continuidad que sería el paquete fiscal, retirado del debate por el propio Poder Ejecutivo al no contar con el número suficiente de diputados para votar la suba de retenciones.

Sobre fines del 2023, El Litoral daba cuenta que el rojo estimado por las propias autoridades del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social estaba estimado en $ 130.000 millones. "El corte al 31 de diciembre llega a casi $ 173.000 millones" confiaron a El Litoral autoridades de tres ministerios de la administración que encabeza Maximiliano Pullaro. A modo de comparación, en cambio de la cuarta categoría en el Impuesto a las Ganancias sancionado en octubre, tiene un impacto negativo de $ 140.000 millones en la coparticipación que recibe Santa Fe.

La Nación debe compensar parte del déficit, a través de Anses, a las 13 provincias que no transfirieron su sistema previsional durante la etapa central de la convertibilidad. Hoy al frente de Anses está Osvaldo Giordano, cordobés quien acompañó al ex gobernador Juan Schiaretti en la gestión. Córdoba al igual que Santa Fe no cedió su sistema previsional.

Más allá del planteo judicial de finales de la gestión de Omar Perotti ante la Corte Suprema de Justicia, en Casa de Gobierno se entiende que el tema de la deuda previsional requerirá una negociación al más alto nivel entre Nación y provincia.

A noviembre, último dato publicado por la Caja de Jubilaciones, determina que pagó haberes a 100.356 beneficiarios por un total de $ 52.526.254.016. El presupuesto general 2024 fija la planta de personal activo en el estado para este año en 146.253 cargos.

El último acuerdo entre Anses y la provincia fue sobre la deuda 2019 y se determinó la forma de pago. Desde ese momento hasta noviembre último, el organismo previsional nacional giró el anticipo a valores históricos del simulado en el 2019. "Ahora nos dicen que no hay más plata" se quejó un funcionario santafesino.

"Fructífera reunión por zoom con funcionarios de @ansesgob por la deuda existente con la provincia de Santa Fe" escribió en X (ex Twitter) el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso. La reunión fue virtual. "Discusiones e intercambios sobre los números de las simulaciones que debe hacer la Anses para la determinación de la deuda. Pero recién en el 2020 y a valores históricos", señaló el funcionario ante la consulta de El Litoral sobre esa reunión.

Sobre fines de noviembre, Sur24señaló que el déficit estimado era de 130 mil millones de pesos, cifra que duplicaba el resultado negativo que se había registrado en 2022, que fue de 64.519 millones. La cifra le había sido transmitida por la gestión saliente al futuro ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe, Roald Báscolo en el marco de la transición política.

"Si no hacemos una serie de reformas que lo vuelvan sustentable, el sistema peligra", advirtió a principios de enero el propio Boasso en declaraciones a El Litoral.

Santa Fe fue pionera en el país en materia previsional y tiene una historia que respalda su sistema donde la actualización de los haberes es en línea directa con los activos y en el mismo mes de efectivizarse la mejora. A grandes rasgos, además el sistema no tiene tope jubilatorio y los ensayos de establecerlos allá por la década del 90 del siglo pasado chocaron con la férrea oposición de la Legislatura más allá de tener el mismo color político que los ejecutivos de entonces.

En noviembre, la jubilación mínima pagada por la Caja santafesina fue de $ 185.750 y la percibieron 1.397 beneficiarios los que representan el 1,85% del total. En cambio, la máxima pagada fue de $ 4.563.519 y fueron 37 los que percibieron ese beneficio (0,05%). La relación entre la máxima y la mínima es superior a los 24 haberes. A nivel nacional, en Anses son mayoría las jubilaciones mínimas y en diciembre cobraron $213.569 en diciembre, sumando allí el haber mensual, el aguinaldo y el refuerzo previsional. La máxima pagada fue de $1.157.112,83

El sistema previsional santafesino a noviembre tenía 76.425 jubilados y 23.931 pensiones. En el capítulo de jubilaciones el sector con mayor cantidad de beneficiarios son los docentes con 34.898 beneficiarios y un haber promedio a noviembre de $ 534.003. Le sigue la administración central con 18.571 beneficiarios y un promedio de $ 426.325. El podio lo completa Seguridad con 9.574 jubilados y un promedio de $ 573.013.

El cuadro de pensiones ubican en primer lugar en cuanto a beneficiarios a seguridad (6.468), administración central (5.047) y docentes (4.134).

Dos artículos de la Ley de Presupuesto Nacional 2023 tienen la letra pedida por la Región Centro. Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación en los ’90 y desde entonces el Estado federal debe aportar la proporción correspondiente a sus déficits ya que santafesinos, cordobeses y entrerrianos aportan -con sus impuestos- a licuar los números rojos que les provocarían esos sistemas a las demás provincias.

Establecer el número de esa compensación a las cajas de jubilados y pensionados de cada provincia lleva un necesariamente largo trámite que puede demorar hasta un año, incluso más, hasta que finalmente esos montos llegan a las arcas de los gobiernos del interior.

Si prospera el proyecto de Ley de Presupuestó 2023 de la Nación, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados del Congreso, los artículos 93 y 94 obligarán a la Casa Rosada a girar montos que deberán ser actualizados de manera automática, de acuerdo con la tasa de movilidad aplicada por la Anses.

Como confió a El Litoral un ministro del gobierno santafesino, “la idea es cordobesa, la gestión fue conjunta”. En otras palabras, fue el gobernador Juan Schiaretti quien lo propuso a sus pares Omar Perotti y Gustavo Bordet, con lo que el planteo fue conjunto. Un documento del 7 de septiembre del bloque de integración ante la Nación peticionó en primer término por la asimetría y la discriminación que sufre todo el interior frente al Amba en materia de subsidios al transporte de pasajeros, en la distribución de recursos para los servicios públicos sanitarios y de energías, así como por la cuestión previsional. Al menos en esta última petición hubo el eco esperado del gobierno nacional.

Más allá de las consideraciones políticas sobre quien se quede con el mérito de haberlo gestionado (y peleado entre los diputados nacionales, la Cámara de origen) está claro que el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, que fue titular de Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), sabe de qué se trata.

El mensaje que el presidente Alberto Fernández elevó al Poder Legislativo ya contenía las modificaciones previstas por los artículos 93 y 94, que benefician a según consta en el movimiento de expedientes de la Cámara baja del Congreso que cualquiera puede consultar por internet. Y aunque los miembros de la Región Centro son los que salieron públicamente a reclamarlos, hay otras diez provincias a las que el tema les incumbe.

Por tamaño y peso de sus economías, los sistemas previsionales de cordobeses y santafesinos son los que más pesos reciben de la Anses, en ese orden. Le siguen la Pampa, Entre Ríos, Chaco, Formosa, Misiones, Santa Cruz y Corrientes. En cambio, Chubut y Tierra del Fuego tienen cajas superavitarias y no requieren la ayuda. Distinta es la situación de Neuquén que aún no ha cerrado un acuerdo con el gobierno nacional.

Por los dos artículos, Anses “transferirá antes del día 20 de cada mes a aquellas provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado Nacional, en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional, un importe equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual, provisorio o definitivo, conformado para cada una de ellas. Cada anticipo mensual incluirá su actualización conforme con las variaciones en el índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino”.

En otras palabras, habrá una actualización que si bien no le ganará la carrera a la inflación al menos no perderá por varias vueltas como sucede hoy.

El siguiente artículo dice que el Poder Ejecutivo Nacional queda facultado para “dictar las normas aclaratorias al régimen dispuesto en los artículos 93 y 94 de la presente ley”, lo que siempre debe ser observado por los interesados (en el Boletín Oficial de la Nación).

La evolución del déficit previsional en la provincia durante los últimos años ha sido siempre en escala ascendente. Según los datos disponibles a fines de septiembre, había sido de $ 7.400 millones en 2018; 13.500 en 2019; 22.500, 2020; y 39.800, 2021. Se espera 2022 con un rojo que superará los 62 mil millones de pesos, sin incluir el último reajuste salarial que implicó un aumento para activos trasladado a los pasivos.

El diario La Voz del Interior informó que según voceros del gobierno cordobés con los cambios previstos para 2023 en lugar de 1.070 millones mensuales a su caja llegarán de la Nación 3.200 millones. En Santa Fe no se habían hecho aún estimaciones al respecto pero los funcionarios consultados destacaron que se trata de una novedad muy positiva.

Aunque nadie se anima a calcular cuál será la cifra final (o el porcentaje) para el ejercicio fiscal 2023 en materia previsional, en la compleja relación Nación Provincias, el Presupuesto del país ya ha fijado una partida de $ 100.922.664.874 para “financiar gastos corrientes dentro del Programa Transferencias y Contribuciones a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados, Grupo 07, Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales”. Hay casi 101 mil millones pero esa cifra puede incluso subir porque la llamada ley de leyes que está pronta a su tratamiento en el Senado de la Nación permite modificar partidas.

A nivel provincial pueden mostrarse las cifras disponibles y lo que ha ocurrido hasta ahora. En su edición del 19 de septiembre, El Litoral entrevistó al director de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe, Humberto Giobergia.

Allí el funcionario confirmó que el convenio vigente entre la Nación y Santa Fe obliga al Estado federal a financiar el 80% del déficit previsional de esa Caja pero que -como los montos llegan hasta un año y medio después de ser calculados según los procedimientos de ley- son fondos que apenas cubre un 50% del rojo.

Giobergia explicó que el reclamo de la Región Centro “tiene que ver con que el financiamiento nacional tal como está planteado por la normativa vigente se termina concediendo un año después o más de que se lo empieza a gestionar. Nosotros enviamos toda la información y Anses procesa y define el monto a financiar, que ha venido cubriendo la mayor parte de nuestro déficit. El problema es que hasta que ese dinero se termina haciendo efectivo, al margen de las demoras internas en la sanción de las leyes respectivas, ya pasó un año o un año y medio. El pago se da en cuotas y eso, en el actual contexto inflacionario, genera que lo que se termina cubriendo no sea lo pretendido porque la plata vale menos”.

También el director explicó en términos llanos cómo procede la Anses: “la Nación calcula qué pagarían ellos si tuvieran a nuestros beneficiarios en su sistema. Ellos procesan nuestra información y de allí sale un número que es el que pagarían según los parámetros del sistema nacional, que tiene similitudes con el nuestro, pero que en la práctica implica reconocer un número menor al que es nuestro déficit real. Y también toman en cuenta los recursos. Ellos evalúan los recursos como si los hubiesen percibido en su sistema. Hay alícuotas en la provincia que son superiores a las de la Nación, y ello genera un punto a favor de la provincia. El sistema viene financiando un muy buen porcentaje; en 2019 fue un 84%, lo que pasa es que tratamos de que se haga más rápido y que se actualice”.