Entre los anuncios del mensaje a las cámaras del gobernador Maximiliano Pullaro, con motivo de la inauguración del período ordinario de sesiones, se destacan dos medidas que beneficia a los beneficarios de la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Santa Fe.

En un caso, son inmediatos los efectos de la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo Provincial, mientras que en segundo se trata de una decisión que se verificará en el mes de septiembre.

En un tramo de su mensaje, Pullaro expresó que fue necesaria la Ley de Emergencia Previsional y celebró que su gobierno con esa norma haya podido “salvar la Caja para los santafesinos”.

Sostuvo que con la administración de los recursos y los ajustes se pudo “frenar el déficit de la Caja de Jubilaciones y reducirlo a la mitad, recuperando la sustentabilidad y afianzando un beneficio a los que hoy aportan para mañana tener una jubilación por el resto de su vida”.

Admitió que “es injusto si los beneficios de estos resultados no llegan a los jubilados de hoy, que aportaron durante años para jubilarse y en la reforma les pedimos un sacrificio extraordinario. Por eso creemos justo comenzar por dos medidas destinadas a nuestros jubilados”, expresó.

Y luego detalló: “En primer término, he decidido no prorrogar la aplicación del aporte solidario extraordinario. En segundo término, decidí que los aumentos al personal activo no serán más trasladados a los jubilados dentro de los 60 días, sino al mes siguiente”.

Una alta fuente de la Casa Gris confirmó que la palabra “prorrogar” refiere a la ley antes mencionada que le daba al gobernador la posibilidad de extender los aportes solidarios con solo firmar un decreto, al agotarse el plazo previsto por la norma. Así, será a partir de septiembre cuando cesen los aportes solidarios (uno de los extremos que cuestionan los jubilados que han presentado recursos de amparo ante la Justicia provincial).

El mandatario provincial expresó al cerrar un momento de su mensaje, referido a los pasivos estatales provinciales: “Queremos seguir cuidando la Caja y, al mismo tiempo, estar al lado de nuestros jubilados: por eso decidimos seguir pagando los montos compensatorios que garantizan que ningún jubilado o pensionado de la provincia gaste en medicamentos más del 5% de sus haberes. Para poder seguir avanzando es fundamental un Estado moderno y ágil”.

Ante las consecuencias de la reforma previsional, Festram activa un plan de acción y concientización para proteger los derechos de los trabajadores municipales y jubilados, buscando representación equitativa en la Caja Provincial de Jubilaciones y Pensiones.

La reforma de la Caja Provincial de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe ha generado un impacto negativo en el bolsillo de los trabajadores municipales, tanto activos como jubilados/pensionados. Esta reforma, considerada arbitraria y perjudicial, afecta directamente a un sector que históricamente ha sido uno de los tres no deficitarios de la Caja.

Frente a esta situación, que podría tener un efecto derrame sobre otros sistemas previsionales, Festram ha entrado en estado de alerta. La Federación teme que la Caja Municipal de Santa Fe, que es la segunda en la provincia en cuanto a la cantidad de Municipios y Comunas adheridos, sufra una reforma similar que nuevamente perjudique a los trabajadores municipales y sus familias.

Para hacer frente a este escenario, Festram conformó una Comisión de seguimiento y análisis, que ha realizado una serie de reuniones en localidades como Gálvez, Ceres y Reconquista. En estos encuentros, se generaron espacios de diálogo con intendentes, presidentes comunales y trabajadores, con el objetivo de concientizar sobre la situación y la necesidad de participación en las decisiones de la Caja.

Uno de los principales temas abordados en estos encuentros fue la importancia de integrar el Consejo Directivo de la Caja, con el fin de garantizar la representación de los trabajadores municipales, quienes aportan el 50% del total a la misma. Actualmente, este sector se encuentra marginado y expuesto a las decisiones unilaterales del ejecutivo municipal de Santa Fe, que en el pasado ha perjudicado a los municipios del interior con decisiones inconsultas.

El pasado 19 de diciembre, se llevó a cabo una convocatoria final en el Complejo Institucional de Santa Fe, donde se compartió información sobre la situación de los Municipios y Comunas, analizando en conjunto los datos de aportantes del interior, que representan el 50% del total, sin que se haya generado un déficit en la relación entre recaudación y erogación.

En la reunión se resolvió solicitar una audiencia al Intendente de la ciudad de Santa Fe y al Concejo Municipal para presentar observaciones y propuestas. Los asistentes reafirmaron su compromiso por continuar la lucha con todas las herramientas disponibles, buscando participación activa en una posible reforma de la Ordenanza 6166 y en la integración del Consejo Directivo de la Caja, con representación de los trabajadores municipales y comunales de la provincia.

Festram sigue trabajando incansablemente por el resguardo y bienestar de los trabajadores y sus familias. Como expresó el Secretario General Ignacio Monzón: “Podremos perder batallas, lo que nunca haremos es no darlas en defensa de los trabajadores”.

Bajo la consigna de "no se toca, la Caja no se toca", los dirigentes gremiales de la Intersindical estatal presentaron pasadas las 11 de este miércoles 24 una nota que, con todas las formalidades del caso, pide una audiencia con los integrantes del bloque Unidos para Cambiar Santa Fe, que tiene una cómoda mayoría en la Cámara de Senadores.

Los miembros de los secretariados de casi todos los sindicatos que pertenecen al sector público provincial acompañaron con una suerte de acto su posición de rechazo a las chances de que se discuta algún tipo de reforma previsional, a partir de un proyecto de ley que solo plantea una auditoría sobre los números de la entidad que hoy requiere del auxilio del Tesoro santafesino para su funcionamiento.

La norma en cuestión ingresó a la Cámara alta en la sesión anterior, lo mismo que su habilitación en el período de sesiones extraordinarias por parte del gobernador Maximiliano Pullaro, lo que disparó las alertas en sector laboral estatal.

"Somos los verdaderos dueños de la Caja, están en ella nuestros aportes", coincidieron en señalar los dirigentes gremiales que, junto a pares y delegados, pudieron ingresar por unos minutos al hall central de la Legislatura para hacer algo de ruido y grabar entrevistas.

Lo "inconsulto" de la presentación del proyecto que pertenece al senador Joaquín Gramajo (Unite-9 de Julio), un peronista que participa del interbloque del oficialismo, fue uno de los argumentos más repetidos. Por supuesto, la queja refiere sobre todo a que lo haya agregado al temario antes del 1ro de Mayo el Poder Ejecutivo Provincial.

En nombre de los docentes, Pedro Bayúgar de Sadop, destacó que "está equilibrado" el aporte de los maestros respecto del flujo necesario para cubrir las jubilaciones del sector y ante una consulta advirtió que los desequilibrios tienen como origen los pagos "en negro" a otros agentes del Estado, así como la edad en que se jubilan los policías: 50 años (si tienen los aportes necesarios). Del mismo modo, el titular del Sindicato Argentino de Docentes Particulares afirmó que las jubilaciones del Poder Legislativo y del Judicial, más la condición de empleados sin declarar en las municipalidades también crea graves problemas para financiar las jubilaciones.

José Testoni, de la Asociación del Magisterio de Santa Fe, interpretó que convocar a una reforma previsional "en medio de un contexto en el que todo es forzado al ajuste" provoca "una enorme preocupación en los trabajadores".

En rigor, se trata de un proyecto de ley similar al que presentó el mismo legislador en 2015 durante el gobierno de Antonio Bonfatti, ante la evidencia de que existe un déficit previsional (distinto del que debería financiar el Estado Nacional como compensación por la transferencia de otras cajas provinciales) que puede llevar a "una situación de quebranto" al organismo santafesino.

Hace casi una década, la iniciativa no prosperó en Senadores. Hoy, en cambio, ya tiene las firmas de los principales referentes del oficialismo: el jefe del interbloque, Rodrigo Borla (UCR-San Justo) y el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal) que además preside el Comité Provincial del radicalismo. En esa Cuerpo el oficialismo dispone de 14 de los 19 integrantes, es decir, que con más de dos tercios puede sobre tablas y por amplia mayoría aprobar cualquier asunto sin necesidad de acordar con los senadores del bloque PJ. Hasta ahora, en materia de proyectos de ley, no ha ocurrido.

Durante la semana, un comunicado del bloque de Senadores del Partido Justicialista subrayó que la oposición "prioriza el diálogo con gremios estatales sobre la reforma previsional en Santa Fe" e informó que los cinco legisladores liderados por Rubén Pirola (PJ-Las Colonias) recibieron a los dirigentes gremiales de la Intersindical.

"Los representantes sindicales expresaron su desacuerdo con la medida, considerándola un ajuste que afectaría a los trabajadores y jubilados. Además, exigieron que se tomen todas las medidas necesarias para que la provincia recupere los fondos adeudados por la administración nacional a la caja de jubilaciones provincial", reflejó el comunicado.

El diputado Walter Agosto (Hacemos Santa Fe) ingresó el pasado jueves un pedido de informes referido a la relación entre nación y provincia por el sistema previsional santafesino ante la decisión del gobierno federal de dejar de transferir los recursos prometidos e incluso los alcances de Decreto de Necesidad y Urgencia número 280 que también compromete esos fondos.

La minuta comienza por preguntar "si el Poder Ejecutivo Nacional, a través de Anses, ha remitido los fondos correspondientes para el financiamiento de la Caja de Jubilaciones y Pensiones durante el año 2024, indicando en ese caso los montos mensuales". Después pasa a preguntar para el caso de no haber percibido la provincia dichos recursos, "qué acciones administrativas y/o judiciales ha llevado adelante el Poder Ejecutivo provincial para preservar los derechos de la provincia". Enseguida reclama conocer "qué acciones ha llevado a cabo el Poder Ejecutivo, a partir del 12 de diciembre pasado, para dar continuidad a la demanda interpuesta en sede judicial por la provincia al Gobierno Nacional, el 26 de septiembre de 2023, en reclamo de los fondos no transferidos por Anses". La presentación de septiembre la realizó el fiscal de Estado de entonces, Rubén Weder, a instancias del gobernador Perotti para lo no remitido hasta esa fecha.

En el último punto, Agosto solicita conocer "cuáles son las acciones llevadas a cabo por el Poder Ejecutivo provincial en virtud del dictado del DNU 280/24, teniendo en cuenta que el mismo en su artículo 18º establece que los artículos 92, 93 y 94 de la Ley Nº 27. 701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2023 no se encuentran comprendidos en la prórroga dispuesta por artículo 1 ° del Decreto Nº 88/23, con el perjuicio que dicha norma conlleva para los recursos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia". Precisamente en esos artículos de la Ley de Presupuesto vigente se disponía la transferencia de recursos a cajas no transferidas el día 20 de cada mes.

En los fundamentos, Agosto recuerda que "entre 1994 y 1997, a partir del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento celebrado entre el Estado Nacional y los estados provinciales, suscripto el 12 de agosto de 1993, un conjunto de provincias transfirieron al sistema público nacional de previsión social sus cajas de jubilaciones y pensiones". Dichos traspasos fueron formalizados a través de convenios suscriptos entre cada gobierno provincial y el gobierno nacional, que posteriormente se ratificaron por medio de leyes provinciales y decretos del Poder Ejecutivo Nacional.

El legislador señaló que "esta situación generaba inequidad con aquellas provincias que decidieron preservar sus sistemas jubilatorios en sus esferas locales para mantener autonomía en las decisiones de la política previsional. Ello, dado que, en 1992, a partir del Acuerdo entre el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales, todas las provincias se habían comprometido a aportar un 15% de la masa de recursos coparticipables para financiar el sistema previsional nacional. Para resolver esta disparidad, en el marco del Compromiso Federal firmado por la Nación y las provincias en diciembre de 1999, ratificado mediante la Ley Nacional NO 25.235/99, se incluyó el artículo 12 el cual establece que: "El Estado Nacional financiará con recursos provenientes de Rentas Generales los déficits globales de los sistemas previsionales provinciales no transferidos hasta la fecha del presente convenio en función de los regímenes actualmente vigentes".

Santa Fe estuvo en las provincias que no transfirió su sistema previsional juntamente con otras 12 jurisdicciones, y acordó con Nación la transferencia de fondos. "Dichos acuerdos han sido incumplidos reiteradamente por el Gobierno Nacional, lo que ha originado reclamos formales por parte de la provincia solicitando su efectivo cumplimiento", subraya Agosto. Ahora agregó tres artículos en el DNU 280 que parecen querer eximir al gobierno nacional de cumplir los compromisos asumidos, de allí la presentación del pedido de informes.

El jueves al mediodía, la Cámara de Diputados realizará la sesión Preparatoria para elección de autoridades ante el Período Ordinario que abrirá el gobernador Maximiliano Pullaro el miércoles venidero. No se esperan cambios en la mesa de conducción de la Cámara que fuera elegida en diciembre último. Así Clara García seguirá en la presidencia acompañada por José Corral y Sonia Martorano como vices, primero y segundo.

La Cámara de Diputados completó la sanción de la ley creando el Gabinete Productivo que estará coordinado por el Ministerio de Desarrollo Productivo. El mensaje del Poder Ejecutivo no fue acompañado por Natalia Armas Belavi (Vida y Familia) por entender "que no es tiempo de crear nuevas estructuras en el Estado".

La finalidad del gabinete será la de definir los lineamientos estratégicos y acciones coordinadas en materia de política de desarrollo productivo en el territorio provincial, a través de la participación conjunta de todos los Ministerios que lo integran. La ley determina que ese gabinete estará integrado permanentemente por las carteras de Desarrollo Productivo, Gobierno e Innovación Pública, Economía, Educación, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Obras Públicas, Ambiente y Cambio Climático y la Secretaría General de Gobernación.

Entre las funciones que le asigna la ley está la coordinar y articular las acciones y herramientas para lograr el cumplimiento de los lineamientos estratégicos y acciones que se definan; elaborar un sistema de metas e indicadores que permita evaluar los resultados obtenidos; coordinar acciones en materia de desarrollo productivo con intendentes, presidentes comunales y legisladores provinciales y nacionales; articular con los diversos actores del sector productivo santafesino acciones que contribuyan al desarrollo productivo y el desarrollo de exportaciones e inserción internacional, pudiendo convocar a tales efectos a asociaciones cooperativas, del comercio, la industria, el agro, las pequeñas y medianas empresas con personería jurídica en el ámbito de la Provincia. También está facultado para constituirse en Gabinetes de Crisis ante determinadas emergencias, en este caso por convocatoria del gobernador; elaborar estrategias que contribuyan a la generación de empleos genuinos; y elaborar propuestas legislativas que considere elevar al gobernador.

El mensaje del Ejecutivo había sido aprobado en febrero por el Senado y ahora pasó a promulgación del Ejecutivo.

La jubilación mínima que abona la Caja santafesina pasó a ser de $ 298.213,44 y la pensión de $ 223.660,08 con retroactividad al primero de marzo de acuerdo al decreto 0451 del gobierno provincial que homologó el acuerdo paritario alcanzado con Upcn y ATE en el marco de la paritaria central. En tanto, mediante el decreto 0452 extiende los alcances de ese acuerdo para el personal policial, del servicio penitenciario y del Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (IAPIP).

Los instrumentos jurídicos habilitaron el pago a activos el lunes y este martes ocurrirá lo propio con estos sectores de pasivos provinciales. A diferencia de Anses donde los beneficiarios de haberes mínimos son la gran mayoría de beneficiarios, en el caso de Santa Fe, es un porcentaje menor. Apenas el 1,83% percibe la jubilación mínima y un 8% la pensión mínima.

El decreto 0451 dispone además que ningún agente provincial comprendido por la Ley de Paritarias Nº 10.052 y sus modificatorias, cobrará menos de $397.362 a partir del 1° de marzo de 2024, previos descuentos de ley, y mediante una suma fija no remunerativa y no bonificable que resultará absorbible por los futuros aumentos pautados.

También se actualizan los valores de viáticos, fallas de caja y otros ítems que componen los ingresos de los estatales.

Así ya cobraron el adicional de marzo todo el escalafón Policial, Servicio Penitenciario e IAPIP; personal activo de la Administración Pública Provincial (Escalafón 2695, API, Catastro, Fiscalía) así como personal del Tribunal de Cuentas y del Poder Legislativo que también cerraron su acuerdo paritario.

Este martes perciben el pago los pasivos de los escalafones mencionados anteriormente y las autoridades superiores de los poderes Legislativo y Ejecutivo.

El decreto establece que la recomposición salarial es para el personal comprendido en los escalafones Decreto-Acuerdo N° 2695/83; personal de la API (Decreto N° 4447/92) y del Servicio de Catastro e Información Territorial (Decreto N° 201/95); personal superior administrativo, técnico y profesional de Fiscalía de Estado, del escalafón personal Talleres Gráficos Provinciales, y trabajadores pertenecientes al escalafón "Convenio 113/1994 — E" dependiente de la Administración Central. El incremento acordado de marzo fue del 20% para las categorías 1 a la 3, y de un 17% para las categorías 4 a la 9, del escalafón Decreto-Acuerdo N° 2695/83 y sus equivalentes respecto de los Estatutos y Escalafones, que será aplicable sobre el sueldo básico correspondiente a diciembre de 2023.

En cuanto al concepto Falla de Caja tendrá mínimos de $ 14.139,52 y máximos de $ 60.550,27. En cuanto a viáticos fue establecido para marzo en $ 39.879.

En lo que hace a la paritaria para el personal de seguridad, el 17% de aumento es para agentes que se desempeñen en los grados de Director General, Director, Subdirector, Comisario Supervisor, Comisario y Subcomisario del escalafón del personal policial, como así también aquellos que lo hagan en los grados de Comisario General, Prefecto, Subprefecto, Alcaide Mayor, Alcaide y Subalcaide del escalafón del Servicio Penitenciario e IAPIP y de un 20% para el personal con desempeño en los grados de Inspector, Subinspector, Oficial y Suboficial del escalafón policial y en los grados de Adjutor Principal, Adjutor, Subadjutor, Subadjutor Ayudante, Ayudante Mayor, Ayudante Principal, Ayudante de 1ra, Ayudante de 2°, Ayudante de 3°, Ayudante de 4°, Ayudante de 5°y Subayudante del escalafón del Servicio Penitenciario e IAPIP los que serán aplicables sobre el sueldo básico de diciembre.

El decreto estipula que la reanudación de la paritaria central es el 10 de abril y ese día hubo reunión entre ministros del Poder Ejecutivo y representantes de Upcn y ATE que acordaron pasar a cuarto intermedio para este viernes. Voceros gremiales dijeron esperar que en dicha reunión se empiezan a barajar cifras de aumento salarial para el presente mes.

En la Cámara de Diputados fue ingresado un proyecto de ley para declarar la emergencia del transporte público de pasajeros de jurisdicción provincial, comprendido por Ley 2499, por 360 días y con la posibilidad de una prórroga por igual lapso de considerarlo necesario el Poder Ejecutivo.

La iniciativa ingresada en Mesa de Entradas lleva la firma Lucila De Ponti (Santa Fe sin Miedo) quien es presidenta de la Comisión de Transporte que viene realizando reuniones con distintos operadores del sistema del transporte de pasajeros de la provincia.

El objetivo de la emergencia es promover las condiciones para garantizar el funcionamiento del sistema; establecer medidas urgentes y extraordinarias que resulten conducentes a superar la situación de emergencia; promover planes de inversión en el sector, a través de programas de crédito para la ampliación y renovación de unidades; y garantizar los derechos de las personas usuarias del servicio.

Entre los beneficios previstos para el sector, la autora pretende prorrogar el uso de las unidades hasta 15 años de antigüedad con una revisión técnica obligatoria trimestral; excepción en el pago de dos cuotas de patente y de Sellos para determinados contratos así como la suspensión de las ejecuciones fiscales provenientes de impuestos y tasas provinciales y accesorios. Otro artículo dispone que para ingresar al sistema las empresas no podrán despedir ni suspender personal y el Ejecutivo no podrá disponer de tarifas por encima del índice de salarios que difunde el INDEC.

"La eliminación del subsidio nacional representó un aumento directo en el costo del boleto urbano e interurbano y una consecuente disminución en el número de usuarios. Este efecto, a su vez, ha desencadenado un ciclo destructivo para el sistema de transporte, afectando irremediablemente la calidad del servicio ofrecido", señala la autora en los fundamentos.

La secretaría de Energía de la provincia, Verónica Geese, asistirá este miércoles a la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Cámara de Diputados para explicar los fundamentos por los cuales el Poder Ejecutivo propicia la adhesión a la Ley Nacional Nº 27.424, el llamado Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica.

El tema ya fue avalado por el Senado y aguarda la sanción de la Cámara de Diputados que volverá a sesionar este jueves.

Luego de mantener reuniones con el directorio de la Empresa Provincial de la Energía y con la secretaria de la Energía de Santa Fe, Verónica Geese, la mayoría en el Senado de la Provincia busca aprobar con media sanción su proyecto de ley para mantener el Fondo de Electrificación Rural, que hoy representa el 1,5% de cada una de las tarifas.

Se trata de un subsidio cruzado del común de los usuarios a los llamados usuarios potenciales, es decir, aquellos que aún no gozan del servicio y que podrían hacerlo si se extienden las redes. También para mejorar los servicios existentes en áreas alejadas de los principales núcleos urbanos o en muy pequeñas localidades.

El senador por San Cristóbal Felipe Michlig es el autor de la iniciativa que busca sostener por diez años ese fondo, que tiene la ventaja de contar con un control externo para su ejecución, a cargo de los propios legisladores de ambas Cámaras para evitar que esos recursos sean utilizado con otros fines (como gastos corrientes) dentro de la empresa distribuidora estatal.

La cuestión de los números no es menor, más en una compañía que no ha logrado superar su déficit. Su presidente Hugo Marcucci advirtió al asumir en diciembre del año pasado que las cuentas por entonces mostraban un rojo de 30 mil millones de pesos que cubre el tesoro. Por eso es clave que el aporte de 1,5% de cada una de las boletas tenga la supervisión de una comisión bicameral específica.

El texto estuvo en comisiones durante casi todo 2024 y fue habilitado por el gobernador Maximiliano Pullaro, durante las presentes sesiones extraordinarias que se han caracterizado por una actividad inusual para los meses de verano. Desde que llegó a la Cámara alta el asunto impulsado por el presidente provisional radical (que preside el Comité Provincial de la UCR) dos hechos mostraron el consenso que despierta: primero fue firmado por todos sus pares del oficialismo y de la oposición; los 19 representantes de los departamentos acordaron la continuidad de esa política de Estado que se inició con los gobernadores socialistas, continuó con la gestión del justicialismo y ahora tiene fecha de vencimiento en junio. Por otra parte, en cada una de las sesiones de la Cámara alta se renovó la preferencia para su tratamiento sólo con el objetivo de agregar más opiniones y mejorar el texto inicial. Sin prisa, ni pausa, para que también la Cámara de Diputados tenga el tiempo necesario para que no haya cambios en la facturación de la empresa.

La Ley Nº 13.414 fue sancionada en junio de 2014 y prorrogada mediante otra norma de 2019 hasta el 4 de julio de 2024. Todo indica que antes de que concluya su vigencia, la legislación que sostiene el FER será renovada y por el doble del período con que se inició, a la luz de sus resultados.

En su intervención desde su banca, al presentar su proyecto, Michlig destacó que el uso de los aportes del conjunto de los santafesinos en sus facturas tiene control parlamentario, con la presencia de legisladores de todos los bloques con representación legislativa. Para el presente período los representes por la Cámara alta son los radicales Orfilio Marcón (General Obligado) y Esteban Motta (San Martín), así como el justicialista Hugo Sosa (Vera).

Hoy la norma prevé asistencia a pobladores rurales y productores agropecuarios y, también, a poblaciones de menos de 3.000 habitantes. Uno de los cambios propuestos es que se alcance a poblaciones de hasta 5.000 habitantes "para contemplar otras localidades excluidas".

Asimismo, la Epe podrá destinar sus recursos a compras e implementación de tecnología aplicada al servicio de distribución de media tensión; gestión de convenios de trabajo mutuo con Comunas; contratación de cuadrillas de trabajos a terceros; implementación de sistemas de generación mediante energías renovables en zonas inhóspitas; adquisición de móviles todo terreno; implementación de sistemas de medición a distancia; y realización de obras de electrificación en loteos comunales, cuya superficie sea inferior a los 100.000 metros cuadrados.

El otro tema pendiente para esta tarde es el de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe, que hoy padece la desfinanciación ilegal de su déficit por parte del gobierno nacional. La situación de hecho es que la Nación se niega a remitir los fondos que corresponden a Santa Fe por la transferencia de otras cajas provinciales que -desde la década de los ‘90- con la creación de las AFJP y su posterior estatización recae sobre los impuestos de todos los argentinos, los santafesinos incluidos.

Pero más allá de la incluso declamada idea de las autoridades de la Casa Rosada de no cumplir con su obligación legal de asistir a las cajas provinciales no transferidas (Córdoba sufre lo mismo), la Caja provincial santafesina tiene un déficit creciente que requiere de más fondos que los que debería aportar la Nación. (El gobierno nacional anterior difería pagos y remitía fondos con demoras o detracciones discutibles pero al menos no desconocía el derecho de Santa Fe a recibir una compensación por no haber transferido su organismo previsional, y su déficit, a las arcas nacionales como casi todas las provincias).

Del tema ya se había ocupado el senador peronista Joaquín Gramajo (9 de Julio) durante la gestión de Miguel Lifschitz. Pero su proyecto fue mal interpretado por sectores gremiales e incluso por parte del oficialismo de entonces en Diputados, bajo la idea de que la iniciativa de estudiar a fondo los números previsionales de los agentes del Estado provincial podría esconder una aviesa intención de privatización. Está claro que nunca esa opción fue parte de lo planteado por el legislador, y mucho menos por aquella gestión, pero el tema quedó en comisiones sin más firmas que las de Gramajo que tiene su propio bloque con Unite y está cerca del gobernador Maximiliano Pullaro.

Ahora ese texto vuelve a presentarse pero con más firmas del interbloque oficialista de Unidos por Santa Fe que integra el senador norteño, y que preside el radical Rodrigo Borla. Habrá que ver si a esas rúbricas se suman los de los cinco senadores del PJ por la minoría. Los plazos de la norma están en duda: 60 días para que se convoque, contrate y produzca un informe de fondo sobre los números de la Caja parecen poco tiempo.

En cualquier caso el ánimo que domina a la totalidad del cuerpo es el de cuidar el órgano de los pasivos públicos provinciales. Tanto de la arbitrariedad del gobierno nacional que eventualmente deberá ser resuelta por la justicia como de sus propios desequilibrios.

El viernes, la provincia pagará el 22,4% adeudado de la última paritaria cerrada por la gestión de Omar Perotti y en los últimos días dictó cinco decretos para determinar los alcances de esa política salarial para el sector público. Uno de esos decretos, fija los haberes mínimos previsionales con retroactividad al 1 de febrero en $ 260.073,85 para jubilados y en $ 195.059,39 para pensionados. A diferencia de beneficiarios de Anses donde la mayoría cobran el haber mínimo, en la provincia son la minoría los que tienen el piso. A noviembre eran apenas 1397 jubilados y 1920 pensionados, según la información disponible en la página web de la propia Caja de Jubilaciones y Pensiones.

Los cinco decretos publicados en el Boletín Oficial fijan los nuevos valores salariales para la administración central, viales, profesionales universitarios de la salud, docentes, policía, servicio penitenciario e Iapip.

Hoy martes , el gobierno se volverá a sentar con los gremios docentes en la mesa paritaria del sector mientras otros sectores como los estatales vienen reclamando la convocatoria respectiva que se concretaría en días más.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, informó que "el Gobierno provincial, en un contexto de muchas dificultades y con un gran esfuerzo", va a abonar el viernes 15 de marzo por planilla complementaria el 22,4 % que sumado al 14 % de aumento en febrero, salda el compromiso adeudado por la gestión anterior del 36,4 %. De esta manera se completa un 215 % de aumento durante el 2023, contrastando con la caída de los recursos provinciales, cuyos ingresos fueron apenas del 123%".

Olivares destacó que "este aumento otorgado por la anterior gestión y que le tocó asumir a la actual gestión, significa un impacto presupuestario de casi $ 800.000 millones, todo esto en un contexto macroeconómico nacional de ajuste y de poca previsibilidad, que afectan directamente las arcas provinciales".

El ministro de Economía recordó que el objetivo de la actual gestión "es defender el poder adquisitivo de los trabajadores estatales, meta que se irá cumpliendo a medida de los ingresos que la Provincia vaya obteniendo mes a mes".

El Gobierno Provincial recordó que cerró 2023 con un déficit de $ 131.111.688.114. Los gastos corrientes (134,7 %) crecieron por sobre los recursos corrientes (117,8 %), es decir se gastó más de lo que ingresó. Esto implicó que en el resultado económico, el ahorro corriente -diferencia entre gastos corrientes e ingresos corrientes- cayera un 42,7 % en términos nominales, es decir, sin tener en cuenta la desvalorización por inflación.

"De cada $ 100 de recursos que en 2023 recaudó el Estado Provincial consumió $ 97,63 para hacer funcionar el Estado y pudo ahorrar solo $ 2,37 para financiar la inversión" precisó el ministro. El informe oficial señala que en materia de gastos, en 2023 apenas un 7,5% fueron destinados a Gastos de Capital, como obras, rutas, arreglo de patrulleros, ambulancias, equipamiento, etc, y se encuentra entre los niveles más bajos de los últimos 30 años.

Ese 7,5 % de gasto de capital fue financiado apenas un 29,7 % por el ahorro (proveniente de la diferencia entre los gastos e ingresos corrientes), un 8,7% por recursos de capital (la venta de bienes de capital del Estado o el ingreso de recursos por parte de leyes o convenios) y la parte mayoritaria (61,6%) con deuda.

Así el decreto 0227 que fija la política para la administración central y otros organismos determina que desde febrero "ningún agente provincial comprendido por la Ley de Paritaria N.º 10.052 y sus modificatorias, percibirá un salario de bolsillo menor a la suma de $346.542,00, previo descuentos de ley, y mediante una suma fija no remunerativa y no bonificable que resultará absorbible por los futuros aumentos pautados".

Por el mencionado decreto se fijan los haberes al personal comprendido en los Escalafones Decreto-Acuerdo N° 2695/83; personal de la API y del Servicio de Catastro e Información Territorial; de Fiscalía de Estado; personal de Talleres Gráficos Provinciales, y pertenecientes al Escalafón "Convenio 113/1994 — E" dependiente de la Administración Central.

Comprende además el decreto los nuevos topes mínimos y máximos dispuestos por la compensación mensual "Falla de Caja" entre un mínimo de $ 12.572,35 y un máximo de $ 53.839,13. El valor de los viáticos quedó establecido en $ 35,459.

El decreto 0228 tiene alcances sobre el personal comprendido en el Escalafón Convenio 572/09 de Trabajadores Viales, a los que también les garantiza un piso de $ 346.542,00.

El siguiente decreto fija los nuevos montos de los profesionales universitarios de la salud que incluye a los auditores de IAPOS. Por ejemplo determina que el suplemento denominado "Diagnóstico y Tratamiento Médico", tendrá un valor hora de $ 2.017,3728 con un tope mensual de $ 48.418. También incrementa el valor de los suplementos de carácter no remunerativo y no bonificable denominados "Director de Hospital" y "Subdirector de Hospital", llevándolo a $ 96.834.

El decreto 0230 fija los montos para la política salarial docente con una serie de contenidos específicos y de acuerdo a cada categoría en que se desempeñan los educadores.

En el decreto 0231 están fijados los montos para el personal policial, penitenciario y de IAPIP. Así los haberes básicos para el director general de Policía y el Inspector General del Servicio Penitenciario fue determinado en $ 601.012,16 mientras que la categoría mínima (suboficial y subayudante, respectivamente) es de $62.870,69.

En las tres instituciones, el haber mínimo de bolsillo no podrá ser inferior a $ 394.732,58.

A noviembre último, 76.425 jubilados cobraban el beneficio de la Caja provincial con un haber promedio de % 571.503. El promedio más bajo era percibido por pasivos de municipios y comunas con $ 376.032 mientras que el superior es de pasivos del Poder Legislativo con 1.906.594. Entre los primeros había 4.559 beneficiarios y entre los segundos, apenas 584.

La pensión promedio fue de $ 335.060, siendo la inferior la de municipios y comunas con $187.083 y la superior la del Poder Judicial con $ 1.203.156.

La Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión de la Cámara de Diputados se reunirá este miércoles en el Concejo Municipal de la ciudad de Villa Constitución. El grupo de trabajo que encabeza el socialista Joaquín Blanco fue convocado desde las 9 y el objetivo central es analizar la situación de los trabajadores de Acindar, empresa que resolvió paralizar las actividades durante un mes.

Al encuentro han sido invitados representantes de los trabajadores, de la UOM de Villa Constitución así como la comunidad de esa zona del sur santafesino.

La Administración Nacional de la Seguridad Social debe hoy a la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Santa Fe $ 56.318 millones, porque sus transferencias llegan cada mes a valores históricos, sin tener en cuenta lo que dicta la Ley de Presupuesto sobre su actualización y su pago en término.

Cada mes, al organismo previsional santafesino arriban $ 949 millones de los $ 7.207 millones que deberían enviarse si se cumpliera con la norma vigente. Desde la década del '90, cuando buena parte de las provincias transfirieron sus cajas (con lo que sus déficits son pagados por el conjunto de los argentinos), la Casa Rosada debe compensar a aquellos estados provinciales que no libraron a sus jubilados a la suerte nacional. Y cubrir sus respectivos déficits.

Santa Fe es una de las 12 provincias que -al igual que Córdoba- no le pasó a la Nación su caja de jubilaciones. El rojo de sus cuentas debería ser asumido por las arcas nacionales, pero no así. El grueso de los desequilibrios previsionales provinciales los pagan todos los santafesinos, sean o no sus futuros beneficiarios.

De acuerdo con cifras oficiales proporcionadas a este diario el pago del total de los beneficios jubilatorios y las pensiones sumaron en septiembre 41.200 millones. Y lo que Anses le debe a los santafesinos está por encima de esos recursos ($ 56.318 M). Dentro de poco será igual a un mes y medio de jubilaciones y pensiones.

Además, a esas cifras debe sumarse un elemento que ayer develó El Litoral. En el proyecto de ley de presupuesto 2024 no se agregaron dos artículos que aseguran tanto la actualización de esos giros, como su pago a tiempo. Obviamente, es el artículo 92 del cálculo de gastos y recursos de 2023 el que hoy no se cumple: la Nación paga a Santa Fe como si nada hubiera ocurrido en materia económica entre hoy y 2019, es decir, a valor histórico, sin la actualización prevista por dicho artículo, según se explicó oficialmente.

Tal como se informó en la víspera, el mensaje enviado al Congreso por el ministro de Economía Sergio Massa no contiene los artículos 92 y 93 que en el ejercicio vigente impuso la oposición, en la negociación parlamentaria, gracias a que Córdoba llevó el planteo a Diputados. El Bloque Federal tomó el tema y se logró su inclusión, pero una vez más la Nación lo incumplió.

En febrero de este año, cuando recién comenzaba a aplicarse la ley de presupuesto, se presentó una protesta formal de la Casa Gris santafesina a la Rosada. Hoy se observa que no tuvo resultado. A Santa Fe le ocurre lo mismo que a las 13 provincias deben recibir fondos nacionales que compensen sus déficits previsionales producto de no haber transferido -en los '90- sus cajas de jubilaciones. Sólo 6 de ellas se quejaron, sin más resultados que la exposición pública del problema. Entre ellas, las de la Región Centro: Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.

El tema en la provincia mediterránea genera mucha mayor atención porque su estado sufre además el pago de intereses de un endeudamiento externo en dólares que crece con cada devaluación. Allí crece la idea de un nuevo reclamo judicial, una vez agotada la instancia administrativa.

La letra del proyecto de ley de Presupuesto Nacional del año próximo, enviado por el ministro de Economía Sergio Massa, no contiene dos artículos, que hoy están vigentes, y benefician a las provincias que la década de los '90 no transfirieron sus cajas de jubilaciones al Estado Nacional y por lo tanto deben ser compensadas para enfrentar sus respectivos déficits.

Se trata de los puntos 92 y 93 que, actualizaciones y plazos mediante, cuidan que la devaluación de la moneda no dañe las compensaciones mencionadas. En la discusión del la ley de cálculos y recursos vigente ambos fueron agregados gracias a negociaciones que iniciaron diputados nacionales por Córdoba a los que se sumaron sus pares santafesinos opositores, en especial del Interbloque Federal. En esa pulseada con el oficialismo se acordó que hubiera mecanismos de actualización (de una tasa similar a la que se usa para los haberes previsionales nacionales) y el cumplimiento de pautas para que se produzcan los giros nacionales.

Ahora ambos aspectos no están contemplados para 2024. En diciembre de 2023 asumirán el radical Maximiliano Pullaro en Santa Fe y el justicialista Martín Llaryora, en Córdoba, del sector del gobernador saliente Juan Schiaretti. Mientras en la provincia mediterránea habrá continuidad en el Poder Ejecutivo Provincial, en el mapa de la bota alternancia. Para los dos gobernadores será clave contar con recursos nacionales que lleguen a tiempo (y no pierdan su valor) para enfrentar el rojo de sus sectores previsionales.

Los artículos ausentes obligan en un caso a que la "Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses)" transfiera "antes del día 20 de cada mes a aquellas provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado nacional, en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional, un importe equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual, provisorio o definitivo, conformado para cada una de ellas".

Y aclara el 92 (aún vigente) que "cada anticipo mensual incluirá su actualización conforme con las variaciones en el índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Para calcular dicha actualización se considerará la variación del índice entre el mes de julio del año al cual corresponde el último déficit, provisorio o definitivo, determinado y el mes anterior al del pago de la cuota".

En el siguiente punto del Presupuesto vigente se indica que "una vez determinado el resultado definitivo del déficit previsional anual, se deducirán del monto total a transferir por el Estado nacional los anticipos a valores históricos. La diferencia resultante se actualizará considerando la variación del índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) entre el mes de julio del año que se está cancelando y el mes anterior al del pago".

En números la Caja recibe más de mil millones de pesos mensuales lo que suma más de 12 anuales, pero su défict resulta sensiblemente mayor. Además, sigue pendiente de liquidación (y actualización) la diferencia asumida por la Nación por atrasos entre 2020 y 2023.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dispuso la vuelta de los giros de fondos a las provincias que no han transferido sus regímenes previsionales al Estado Nacional (entre ellas Santa Fe). Será por el equivalente mensual de una doceava parte del último monto del déficit convenido, en concepto de anticipo para el ejercicio 2023 y a cuenta del resultado definitivo del Sistema Previsional Provincial.

La decisión implica que Santa Fe volverá a percibir una suma algo superior a los 990 millones mensuales a cuenta del déficit, pagos que se habían cortado en diciembre último. El pago es “a cuenta del resultado definitivo del Sistema Previsional Provincial, hasta tanto se dicten las normas aclaratorias de los artículos 92 y 93 de la Ley N° 27.701”. Esta última es la ley de Presupuesto General de la Nación y desde la provincia se entiende que las transferencias deberían tener una actualización debido a que el monto de 990 millones es por el último convenio entre las partes y que está referido al ejercicio 2019.

“Para Anses, no está claro lo que dice la ley de Presupuesto y pagarán al valor histórico del último convenio que es 2019”, señaló Humberto Giobergia, director de la Caja de Jubilaciones y Pensiones a El Litoral. “Según nuestros cálculos la actualización debería llevar la cifra mensual a 4.000 millones de pesos”. No obstante, ahora ya está determinado que debe pagar los anticipos de enero, febrero y la semana próxima marzo del corriente año.

Santa Fe ya remitió toda la documentación relativa al ejercicio 2020 y Anses aún no respondió sobre si está o no de acuerdo con la liquidación de déficit del sistema santafesino y la parte que le corresponde enjugar por no haber sido transferida la Caja santafesina.

“Están pendientes los acuerdos de 2020, 2021 y 2022”, señaló Giobergia reconociendo que sobre el último ejercicio recién se enviará la documentación a mediados de año. Anses transfiere anticipos por el financiamiento a provincias y luego debe acordar un plan de pagos sobre el déficit de caja ejercicio.

En el Presupuesto, el artículo 92 ordena a Anses transferir “antes del día 20 de cada mes a aquellas provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado nacional, en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional, un importe equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual, provisorio o definitivo, conformado para cada una de ellas”. Acota que “cada anticipo mensual incluirá su actualización conforme con las variaciones en el índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Para calcular dicha actualización se considerará la variación del índice entre el mes de julio del año al cual corresponde el último déficit, provisorio o definitivo, determinado y el mes anterior al del pago de la cuota”. En el siguiente artículo se ordena que “una vez determinado el resultado definitivo del déficit previsional anual, se deducirán del monto total a transferir por el Estado nacional los anticipos a valores históricos. La diferencia resultante se actualizará considerando la variación del índice de movilidad jubilatoria del SIPA entre el mes de julio del año que se está cancelando y el mes anterior al del pago”. Pero otro artículo, el 94, faculta al Poder Ejecutivo nacional a dictar las normas aclaratorias al régimen dispuesto en los dos artículos anteriores.

En su resolución, Anses señala que “estima necesario el dictado de una norma a efectos de garantizar un piso mínimo de fondos para cubrir las necesidades financieras en la materia, a cuyo efecto, las transferencias mensuales en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del déficit del Ejercicio 2023 serán el equivalente a una doceava parte del último déficit total anual, provisorio o definitivo, convenido para cada Provincia de acuerdo con el Decreto N° 730/18 y sus normas complementarias y modificatorias”.

La diputada provincial Clara García (Bloque Socialista-Frente Progresista) destacó la aprobación de la Cámara baja al convenio firmado por el gobierno provincial con la Anses para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe del año 2019, tal como lo establece la Ley Nacional N°27.260 desde 2016. La totalidad de estos recursos corresponden a reintegros por los aportes efectuados por la gestión de Miguel Lifschitz para cubrir el resultado del organismo previsional provincial. “Celebramos este convenio que estamos ratificando porque habilita el reintegro de fondos que le corresponden a la provincia de Santa Fe y que fueron aportados por el gobierno anterior para cubrir el resultado de nuestra caja previsional”, destacó García, y añadió: “Sería de toda justicia que cuando el gobernador pone en escena y sobreactúa algún aspecto de la herencia recibida, también reconozca que la recuperación de este monto tan importante se debe a la gestión del Frente Progresista, que administró la caja previsional de la provincia con total austeridad y eficiencia”. La legisladora recordó que “el déficit provincial de 2019, que se presentó como de enorme gravedad y claramente no lo era, fue de 16.000 millones de pesos”, y explicó: “Si se hubieran cobrado los recursos que hoy sí estamos recuperando, hubieran quedado 5 mil millones; y recordemos que luego de perder las PASO en 2019, el entonces presidente (Mauricio) Macri tomó dos medidas que afectaron los ingresos de la provincia como fue sacar el IVA a productos de la canasta básica y modificar el impuesto a las ganancias, sin tener en cuenta que ambos se coparticipaban y que quienes finalmente pagamos esa decisión demagógica fuimos las provincias. En el caso de Santa Fe esa medida significó una detracción de 4.000 millones de pesos, con lo cual, de haber tomado esa decisión inconsulta, el déficit hubiera sido nulo”, concluyó. García aprovechó el tema tratado en el recinto para “recordar lo que nos pasó como país y como provincia en la década del 90, cuando la ola privatista hizo que el sistema jubilatorio se privatizara a mano de las AFJP. Desde entonces, también la Nación empezó a detraer el 15% de la coparticipación de las provincias para financiar el tránsito a las AFJP, una aventura que terminó muy mal, para los jubilados y para la Provincia, que recurrió a la Corte en un fallo histórico “Entonces –recordó la diputada- también muchas cajas de jubilación provinciales pasaron a la órbita nacional y las que no, la Nación se comprometió a compensar lo mismo que hubiera pagado si esos organismos hubieran sido traspasados. Santa Fe tomó una decisión consensuada y pionera y no la traspasó, y desde la gestión de (el ex gobernador Hermes) Binner, los trabajadores jubilados y pensionados de la provincia -94.000 en la actualidad- pueden cobrar el 82% móvil, algo inédito en cualquier sistema previsional”. “Cuando hay gobernadores con fuerza, con valentía y con capacidad de gestión, vemos cómo los resultados son distintos a cuando predomina como hoy, la lentitud del gobierno nacional y la inacción del gobierno provincial”, afirmó.

Según datos aportados por la legisladora, el aporte para cubrir el déficit previsional fue en 2018 de $4.798 millones, monto que reingresó al tesoro provincial entre 2020 y 2021. En tanto, el aporte realizado en 2019 fue de $6.754 millones. De dicho monto, $154 millones ingresaron durante 2021 y el saldo de $6.600 millones ingresará durante el ejercicio 2022 una vez sancionada la ley para ratificar el último convenio firmado. La Ley Nacional N°27.260/16 obliga a la Anses a acordar con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos a la Nación a fin de compensar las eventuales asimetrías que pudieran existir respecto de aquellas jurisdicciones que sí los habían transferido, de manera de colocar a todas las provincias en pie de igualdad en materia previsional.