Este jueves el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recibió en Casa de Gobierno a periodistas de la ciudad para llevar a cabo una entrevista donde hizo foco en las cuestiones de interés para la provincia.

Uno de los aspectos centrales de la charla fue el reciente acuerdo que se firmó con Anses, por la histórica deuda por la Caja de Jubilaciones. Cabe recordar que el pasado martes, el propio mandatario se reunió con Sandra Pettovello (ministra de Capital Humano) para sellar el convenio.

Con la rúbrica del director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Guillermo Arancibia, se estableció un convenio por $ 120.000 millones que van a ser pagados en doce meses. El mismo comenzará a implementarse a partir de mayo y será destinado a financiar parte del déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia.

—¿Qué se trajo de Buenos Aires porque usted consideró muy favorable el acuerdo con Anses, sin embargo algunos desde la oposición están objetando que esto corta el juicio?

—Es un primer paso muy importante. Que nos restituyan, que nos devuelvan algo del flujo de la Caja de Jubilaciones, es decir, los que nos dan en compensación por no haber transferido la caja años atrás.

Como primer dato cabe decir que los 10 mil millones que nos darán por mes en el plazo de un año, son tres veces más en valor reales de lo que nos daban sobre finales de 2023 y principios de 2024. Es el doble de lo que nosotros nos habían ofrecido en segunda instancia. Primero propusieron 2 mil millones para restablecer el flujo y luego 5 mil millones. Y no aceptamos.

Por supuesto que se suspende el juicio mientras veamos cual es el stock de deuda que tiene la Nación con la provincia de Santa Fe, funciona así cualquier acuerdo pero bajo ningún concepto dejamos de reclamarle a la Nación.

Por otro lado otro triunfo muy importante que tuvo Santa Fe en este acuerdo tiene que ver con que se quería revisar desde 2016 a 2020 lo que la provincia ya había cobrado y no lo íbamos a permitir.

El gobernador brindó una extensa entrevista.

En definitiva, el gobernador Pullaro resumió en tres aspectos las claves del acuerdo entre Anses y Santa Fe. A saber;

-Triplica lo que recibía la provincia como flujo en términos reales en el 2023 y principios de 2024.

-No se mira hacia atrás, se mira del 2020 en adelante, que es cuando la provincia pagó.

-Se logró acordar por el doble de recursos que había ofrecido Nación.

La Cámara de Senadores primero y la de Diputados después aprobaron un mensaje de ley que había ingresado apenas unas horas antes. No fue sorpresa y cambiar la norma con la que se actualizan las jubilaciones en la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Santa Fe, tal como lo había anunciado el gobernador Maximiliano Pullaro el 15 de este mes.

La norma fue tratada sobre tablas en ambos casos, y modifica la Ley de Emergencia Previsional y así cumplir lo que había anunciado el titular del Poder Ejecutivo Provincial, en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias, que tuvo lugar por primera vez en pleno verano tras la reforma de la Constitución de Santa Fe (ya no el 1ro de mayo).

En lugar de los 60 días actuales, las actualizaciones de los haberes de los pasivos se harán en 30, lo que requiere cambiar el artículo 10 de la Ley N° 14.283.

Pullaro lo anunció el 15 de febrero y se aprobó en trámite exprés.

El otro beneficio a los pasivos provinciales de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe está, en cambio, en manos de la Casa Gris. Como se sabe, Pullaro aseguró diez días atrás que no usará las facultades que le da esa norma para ampliar por un año más los “aportes solidarios” que afectan a los jubilados mejor remunerados. Y así, será en septiembre cuando se terminen esos descuentos.

Ambos compromisos fueron parte de las definiciones de Pullaro para 2026, a partir de mostrar que están mejor los números de la entidad previsional estatal.

Rodrigo Borla: el déficit bajó del 28% en 2024 al 14%.

En la Cámara de Senadores, el presidente de la banca radical, Rodrigo Borla expuso en números cómo es que el preocupante rojo de la Caja se ha puesto menos estridente: bajó en 14 puntos su desequilibrio entre ingresos y egresos. Del déficit de 28% en 2024, lo que aporta el tesoro santafesino se redujo al 14%.

Obviamente, el radical explicó que Santa Fe insiste ante la justicia nacional para el pago de la deuda que la Nación tiene en materia previsional con Santa Fe “que hoy llega a dos billones de pesos”.

Pirola apoyó y pidió revisar los ajustes a los jubilados mejor pagos.

La norma recibió el apoyo del peronismo en la Cámara alta pero antes, Rubén Pirola pasó su factura por lo que consideró una norma demasiado dura en sus ajustes. Como es habitual en el líder de la bancada justicialista sus críticas fueron “por la positiva”. Celebró en definitiva que el gobierno haya dado “marcha atrás” o que hubiera podido “tomar la curva” acaso “demasiado fuerte” con los descuentos obligatorios a los jubilados.

Tras la media sanción del Senado el expediente pasó a Diputados que también con la mayoría oficialista logró su aprobación.

Pasado el mediodía de este jueves 26, senadores y diputados provinciales mantuvieron una reunión de trabajo con funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial para analizar el proyecto en cuestión.

En el recinto de la Cámara de Senadores se llevó adelante una reunión de trabajo con legisladores de distintos bloques políticos, “con el objetivo de analizar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que propone modificar el plazo de actualización de los haberes del sector pasivo provincial”, indica un parte de prensa oficial.

“El encuentro -sigue- fue encabezado por el presidente provisional del Senado y senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, quien estuvo acompañado por la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, y el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia. También participaron el secretario de Seguridad Social de la Provincia, Jorge Boasso; Directora provincial de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, Alicia Berzero; y Julia Tonero, integrante de la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública”.

Durante la reunión “se abordaron los alcances del proyecto que establece la reducción de 60 a 30 días del plazo para el traslado de los incrementos salariales otorgados a los trabajadores activos hacia los haberes jubilatorios y pensionarios provinciales. La iniciativa tiene como objetivo acortar los tiempos de actualización de los ingresos del sector pasivo, manteniendo el funcionamiento financiero del sistema previsional”.

Los legisladores presentes “intercambiaron opiniones junto a las autoridades del Poder Ejecutivo y de la Caja de Jubilaciones, analizando aspectos técnicos y administrativos vinculados a la implementación de la medida, en un marco de diálogo institucional orientado a avanzar en el tratamiento legislativo de la iniciativa”.

La remisión de fondos nacionales para compensar el déficit de la Caja de Jubilaciones de la Provincia es el principal condicionante que esgrime la gestión de Maximiliano Pullaro para activar de manera efectiva el diálogo político con el gobierno central, que gestiona el acompañamiento de los gobernadores a su programa de reformas.

Más allá de cuestiones de concepto (que la modernización laboral ponga el foco en la situación de las pymes) y de otros planteos (como la reactivación de la obra pública), el tema previsional es el que más afecta a las cuentas santafesinas, incluso por encima de los cambios en materia impositiva que pudieran suponer alguna caída de recursos.

Pullaro, que todavía no participó de la ronda de conversaciones del ministro del Interior Diego Santilli, argumentó que no servía “sacarse la foto” si no hay respuestas concretas. “No me puedo sentar a dialogar hasta que la Nación no reconozca lo que le debe a la provincia”, sostuvo.

Entre esas deudas, la principal es la que atañe a la Caja de Jubilaciones de Santa Fe, vinculada a los fondos que debería transferir la Ansés. Pullaro precisó que el monto adeudado supera el billón de pesos, una cifra equivalente “a casi todo el presupuesto anual destinado a la obra pública provincial”.

“Este reclamo no es nuevo. Viene de los pactos fiscales firmados hace muchos años, cuando la provincia cedió impuestos coparticipables con el compromiso de que la Nación cubriera parte del déficit previsional”, explicó, y recordó que el planteo ya fue llevado a la Corte Suprema de Justicia.

La deuda con la Caja de Jubilaciones se originó en los años 90, cuando la Nación reformó el sistema previsional y se comprometió a compensar a las provincias que no transfirieran sus cajas. Santa Fe fue una de ellas y sostiene que el incumplimiento es sostenido.

Pullaro asumió sabiendo que el déficit previsional era el principal condicionante de su gestión. Por eso, la primera reforma que impulsó fue la de emergencia previsional, que generó fuertes tensiones con gremios y protestas en la Legislatura, y no fue más que un paliativo.

En paralelo, la provincia llevó el reclamo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los intentos de conciliación no prosperaron y el conflicto sigue abierto.

En concreto, se trata de dos demandas. Una apunta a que se restituya el adelanto automático que está previsto en la ley para compensar el déficit mensual, y que el gobierno nacional suspendió mediante un DNU. A tal efecto, Santa Fe presentó una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que debe expedirse al respecto.

La otra es el juicio por la deuda acumulada, que se inició durante la gestión de Omar Perotti y que, con algunas correcciones, siguió impulsando el actual gobierno provincial.

En ambos casos, se corrió traslado a la Nación, que dio su respuesta a las demandas, y ahora quedaron en instancia de decisión del Alto Tribunal. En este último, lo que se espera es que fije el calendario de audiencias y producción de pruebas.

En el interín, hubo una oferta del gobierno nacional, poco después de que se hubiese llegado a un acuerdo con la provincia de Córdoba por el mismo concepto.

El gobernador había adelantado que el ofrecimiento de la Nación “es insuficiente, en base al impacto que tiene la Provincia de Santa Fe y a los impuestos que le transferimos a Nación para sostener Ansés. Nosotros tenemos una Caja mucho más ordenada porque el año pasado hicimos las reformas que no hizo nadie en la República Argentina”.

“Si no nos hacen un mejor ofrecimiento, tendrá que resolver la Corte una medida de resolución inmediata porque el flujo no nos lo pueden cortar”, anticipó Pullaro. “Después -añadió- discutiremos el stock, que no es poco. Nos deben muchos recursos y queremos que esos recursos vengan”.

En otro momento, aclaró que la voluntad de “no resignar un solo centavo de lo que corresponde a Santa Fe”, tiene como correlato la flexibilidad a la hora de acordar los medios de pago.

"Uno quiere siempre que nos den la plata; papeles no. Pero entendemos el momento que vive la Argentina y no vamos nunca a empujar para que la Nación rompa el equilibrio fiscal. No cederemos ni un centavo, pero si nos dan bonos para capitalizarnos y hacer obras, o bienes que tiene el Estado nacional y que a la provincia o a las ciudades le pueden venir bien, estoy dispuesto a discutirlo”, completó.

En tanto, el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, quien participó de la fallida audiencia de conciliación junto al fiscal de Estado, Domingo Rondina, precisó que “propusieron empezar a recomponer con 2.000 millones de pesos por mes durante seis meses. Nos pareció irrisorio el monto atento a la deuda que tienen con nosotros, que asciende a casi 2 billones de pesos”, detalló.

“Cuando dijimos que no, subieron a 5.000 millones de pesos por mes, que es la misma oferta que le realizaron a Córdoba. El gobernador ya había anticipado que no iba aceptar eso”, concluyó.

Pullaro resumió todos estos puntos posteriormente en una entrevista con distintos medios nacionales. “Santa Fe tiene un tema que le pesa mucho: la deuda que tiene Nación con la provincia. En los pactos fiscales que se fueron firmando, había un compromiso de que Nación, con los impuestos que las provincias les cedimos para sostener el Anses, sostenían una parte del déficit de las cajas de jubilaciones.

“Nosotros hicimos nuestra parte corrigiendo ese déficit, a razón de $20 mil millones por mes aproximadamente. Hoy tenemos una deuda de más de $1 billón y, según algunas estimaciones, cerca de $2 billones que le debe Nación a Santa Fe”, añadió.

En línea con las premisas del Gobierno nacional, sostuvo que “somos una de las provincias que más achicó el Estado. Tenemos cerca de 6.000 empleados públicos menos en dos años, bajamos 40% el costo de la obra pública, mostramos que se puede gestionar con eficiencia. Hoy se debate el costo de los medicamentos; nosotros pagamos los medicamentos un 82% menos en precio de lista. Ahorramos $184.000 millones solo en medicamentos.

“Ese esfuerzo que hacemos hoy, que indudablemente trae tensiones dentro de la provincia, y que la provincia lo hace para generar desarrollo en infraestructura y para cumplir con la sociedad -mejor educación, salud y seguridad- es con esfuerzo propio. No es justo que Nación no nos de lo que nos debe”, completó.

El gobierno de Santa Fe proyecta cerrar el ejercicio fiscal 2025 con equilibrio en sus cuentas públicas, según estimaciones difundidas por el Ministerio de Economía. El cálculo prevé ingresos por $11.790,96 millones y gastos totales por $11.783,94 millones.

El dato se sostiene, además, en una inversión récord en gastos de capital, que alcanzaría los $1.136,33 millones en términos reales. El monto incluye partidas para patrulleros, ambulancias, equipamiento hospitalario y obras vinculadas a la educación.

La provincia proyecta una inversión real récord en gastos de capital para 2025. Créditos: Flavio Raina

La administración provincial destacó que, de confirmarse las proyecciones, se revertirá el resultado negativo registrado en noviembre, cuando se acumuló un déficit de $96.234,92 millones.

Según explicaron, ese rojo obedeció al uso de recursos propios para cubrir el faltante de aportes del Estado nacional al déficit de la Caja de Jubilaciones. Si esos fondos hubieran sido transferidos, el mes habría cerrado con un superávit de $125.375,55 millones.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, valoró el resultado proyectado y subrayó la “austeridad y eficiencia” en la administración: “Nos permitió mantener el equilibrio fiscal y generar un ambicioso plan de inversión pública”, afirmó.

Pablo Olivares, ministro de Economía de Santa Fe. Créditos: Manuel Fabatía

Olivares también aseguró que la provincia cumplió con las metas definidas por el gobernador Maximiliano Pullaro: “Si el Gobierno nacional hubiese cumplido con los aportes comprometidos, el superávit sería más amplio y podríamos haber concretado aún más inversiones”.

Desde el Ejecutivo provincial reiteraron que los gastos de capital no se vieron resentidos pese a la situación fiscal adversa, y que se priorizaron compras clave en materia de seguridad, salud y educación.

De esta manera, Santa Fe consolida un cierre de ejercicio con equilibrio financiero y récord histórico de inversión real, en un contexto nacional atravesado por ajustes, recortes y restricciones presupuestarias.

(Por Gustavo Capeletti) - En un decisorio al que tuvo acceso El Litoral, la magistrada subrogante del Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral de Reconquista hizo lugar a una acción de amparo interpuesta por las docentes jubiladas María Claudia Nallip, Susana Antonia Zanier e Inés Mabel Speranza y ordenó a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe el “cese de descuento del aporte solidario” efectuado a las demandantes y el pago de los incrementos de los haberes otorgados al sector en el plazo de 30 días.

La Dra. Jorgelina Yedro -jueza Civil y Comercial de Vera- declaró la inconstitucionalidad de los artículos 1, 2 y 10 de la Ley de Reforma Previsional 14.283 para el caso concreto y dispuso que las costas del proceso sean afrontadas por el gobierno provincial, empero aclaró que no correspondía el tratamiento de la restitución de las sumas descontadas hasta el momento puesto que «exceden el marco de la acción de amparo2.

La demanda fue impulsada por Nallip, Zanier y Speranza para detener las retenciones por el llamado “aporte solidario” y lograr la restitución de lo retenido en virtud de la norma impugnada más intereses, como también la liquidación de los aumentos paritarios que corresponden sin demora, asegurando el goce de la movilidad jubilatoria en los porcentuales ganados con anterioridad a la entra en vigencia de la ley reformista del sistema previsional provincial.

En su petición, alegaron la imposibilidad de transitar la vía administrativa u otra vía judicial, siendo el amparo la única vía judicial idónea por la urgencia del objeto que constituye la pretensión. Asimismo, expusieron que debido a su carácter de jubiladas docentes “pertenecen a la categoría jurídica legal, convencional y jurisprudencial considerada ‘vulnerable”.

En tanto, dieron cuenta que en base a la ley de “aporte solidario”, la Caja ya ha efectuado “descuentos compulsivos” de los haberes, tendientes a satisfacer el déficit financiero de la caja; y citaron que “se ha otorgado un aumento paritario al sector docente (09.10.2024) que ha tenido impacto en el sueldo», pero «dejando a los pasivos con sus jubilaciones ‘congeladas’».

En esa línea, afirmaron que la Caja y el Poder Ejecutivo “se encuentran aplicando normas inconstitucionales e inconvencionales, afectando con ello de manera directa los derechos adquiridos al amparo de la normativa anterior, que forman parte del patrimonio de los actores, en su magra jubilación docente”.

A Nallip se le descuenta el 2% de sus haberes mensuales, a Zanier el 3 %, mientras que Speranza solo persiguió la declaración de inconstitucionalidad del artículo 10 en tanto su salario es menor al mínimo dispuesto.

Las jubiladas plantearon que “el daño comenzó a consumarse en su totalidad por los descuentos mencionados, más la perdida de la recomposición salarial, demorando el reajuste de las jubilaciones de manera inmediata», dejándolas sin movilidad ascendente durante meses”, y concluyeron que “del aumento de octubre de 2024 solo cobraron los primeros días del mes de enero de 2025 la primera cuota”, que los activos ya habían percibido en su totalidad. “(…) se está dando un supuesto de ilegalidad continuada y afectación de derechos reconocidos en tratados internacionales”, reclamaron, mediante su abogada.

«No puede desconocerse el derecho de los beneficiarios a una subsistencia decorosa y acorde con la posición que tuvieron durante su vida laboral y el carácter alimentario de todo beneficio previsional, ya que tiende a cubrir las primeras necesidades de los beneficiarios y de allí su reconocida naturaleza de subsistencia». Jueza Jorgelina Yedro

En cuanto a su realidad económico -social en particular, Zanier padece patologías propias de la edad de carácter crónico; Speranza sufre depresión endógena, tiene hipertensión y colesterolemia; y Nallip también tiene padece enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes tipo II, ansiedad e insomnio.

“Las medidas tomadas en honor a la emergencia declarada y para paliarla, no pueden recaer sobre el sector más vulnerable”, aseguraron a través de una representante legal, para luego atacar los artículos de la ley de reforma jubilatoria por considerarlos “ilegítimos porque violentan normas superiores con raigambre constitucional” y de tratados internacionales.

La Fiscalía de Estado asumió la representación judicial de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia. En el planteo defensivo, el ente refirió que “no se verifica la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta alegada”, y postuló la inadmisibilidad del amparo por entender que la vía adecuada era la contencioso-administrativa. A la par, negó que correspondiere la restitución de los aportes efectuados, que “exceden el objeto de la acción de amparo”, y descartó la existencia de “arbitrariedad e ilegalidad invocada”.

En cuanto a la supuesta afectación gravemente desigual en perjuicio de los adultos mayores, remarcó que los trabajadores activos también han sido llamados a reforzar su esfuerzo por la ley 14283, y resaltó que “la emergencia previsional resulta constitucional, que los lineamientos que la avalan son: que se ha dictado en un contexto justificado, por medio de una ley, contando con plazo expreso y sin desnaturalizar ni aniquilar la esencia de los derechos garantizados constitucionalmente”.

En orden a la afectación al sector pasivo, señaló que la ley no afectó el “status de jubilado” sino que limita transitoria y razonablemente su contenido económico, en aras de la realización del interés general.

Por el contrario, para determinar que debía hacerse lugar a lo solicitado por las jubiladas, a su turno la Fiscalía Extrapenal advirtió que “se ha conculcado el derecho a la seguridad social, el que encuentra amparo legal internacional y nacional, y leyes nacionales y provinciales que regulan la seguridad social”.

La jueza Yedro sostuvo en su fallo del 9 de septiembre que por la naturaleza de la pretensión y la propia del amparo, la “decisión no admite más dilación”, y conforme los lineamientos de la Corte interpretó que era viable la admisión del proceso de amparo al verificarse cuatro requisitos.

Lesión actual: “No cabe duda alguna, respecto a que las amparistas Nallip y Zanier han visto disminuido sus haberes jubilatorios”.

Decisión manifiestamente arbitraria o ilegitima: “La reducción de los haberes jubilatorios de las amparistas y la postergación de los aumentos otorgados a los activos del sector afecta los derechos adquiridos de las peticionantes a gozar de los beneficios de la seguridad social, su derecho a la propiedad y atenta contra los principios de progresividad y no regresividad en materia de derechos sociales”.

Inexistencia de otra vía idónea: “Puede colegirse que el tránsito por la vía administrativa acarrearía un perjuicio concreto, inminente y de prolongación sucesiva (mes a mes) a las amparistas apremiadas por efectivizar su pretensión de inmediata”

Afectación de derechos fundamentales: “La vulneración de los derechos de rango constitucional, se verifica a partir de la afectación de los beneficios de la seguridad social, el derecho a la propiedad y principio de progresividad”.

El fallo aun no está firme y el gobierno provincial puede apelarlo en un tribunal de alzada.

La Convención Reformadora avanzó, trabajosamente, y armó sólidas mayorías para votar tres reformas a otros tantos artículos de la actual Constitución: el 5, el 18 y el 21, éste último generó muchas discusiones públicas por el tema de Caja de Jubilaciones aunque cuando el oficialismo aceptó la palabra intransferible del organismo, destrabó acuerdos y alumbró la nueva redacción.

Se trata del artículo 5 sobre la materia tributaria; el 18 sobre la responsabilidad del Estado provincial y y municipal y el 21 sobre tema previsional.

Unidos con Fe y Más para Santa Fe votaron los tres nuevos artículos y Activemos se sumó a los dos últimos mientras que retiró su apoyo al primero cuando un cambio de redacción no fue aceptado por la bancada que encabeza Marcelo Lewandowski.

La Libertad Avanza, en tanto, con discursos de sus integrantes, votó en contra de los tres temas.

La nueva redacción del artículo 5 de la Constitución dice que “la Provincia sostiene el gasto público mediante los recursos provenientes de la coparticipación federal, la recaudación de los tributos creados por ley, las rentas producidas por sus bienes y servicios, la enajenación de sus activos o bienes de su pertenencia, la propia actividad económica que desarrolle y las operaciones de crédito que concierte que no pueden destinarse a financiar gastos corrientes salvo en casos de urgencia”.

Agrega que “toda persona que habita la Provincia o que en ella desarrolla actividad económica está obligada a concurrir a los gastos públicos. El sistema tributario se organiza considerando la función económica y social de los tributos y se inspira en los principios de legalidad, generalidad, no confiscatoriedad, irretroactividad, igualdad, equidad, razonabilidad, capacidad contributiva, simplicidad y certeza”.

El ministro Pablo Olivares presenció el debate por la reforma tributaria en la Legislatura. Foto: Manuel Fabatía

Más adelante señala que “puede establecer estructuras progresivas de alícuotas, exenciones y otras disposiciones tendientes a graduar la carga fiscal para lograr el desarrollo económico, territorial y social de la comunidad. Puede contemplar un tratamiento fiscal diferenciado para las cooperativas y mutuales que, en cumplimiento de las formalidades y exigencias legales, acrediten su naturaleza de entidades sin fines de lucro y su función social dentro de la economía solidaria”.

Ratifica el texto que “los tributos deben ser creados por ley. Es nula toda delegación expresa tácita. La administración financiera y presupuestaria se rige por los principios de responsabilidad fiscal, sostenibilidad, eficiencia, eficacia, publicidad, transparencia. Garantiza mecanismos de control y rendición de cuentas”.

En el último párrafo se señala que “la ley establece reglas, estándares, procedimientos y dispositivos institucionales vinculados con el gasto, la deuda pública y la transparencia, que tiendan al equilibrio fiscal”.

Alcides Calvo (Más para Santa Fe) y Joaquín Blanco (Unidos) fueron los que defendieron el nuevo artículo ante los cuestionamientos de Silvia Malfesi y Emiliano Peralta (Somos Vida y Libertad) especialmente sobre el tema tasas municipales.

“La redacción establece principios claros para financiar el estado provincial, es un muy buen artículo”, añadió Blanco. Calvo antes había hablado de cómo se debe financiar el Estado y dio detalles como la exención a determinadas cooperativas. Esteban Motta (Unidos) sumó al debate el tema de retenciones que no vuelven al interior. “Diez días de retenciones alcanzan para transformar la ruta 34 en autovía desde Rosario a Rafaela”, afirmó.

En tanto, el artículo 18 señala que “la Provincia y los municipios son responsables por los daños que ocasionen. La ley determina los supuestos y el alcance de la responsabilidad del Estado y los casos en que corresponda la obligación de reembolso de sus funcionarios o agentes”.

La Libertad Avanza votó en contra de los tres artículos reformados por mayoría..

Finalmente, en el 21 se señala que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que asegure su bienestar y el de su familia, a una alimentación nutritiva, diaria, suficiente, segura y de calidad, a la vestimenta, a la vivienda y a los cuidados médicos y servicios sociales necesarios que le permitan gozar de una vida digna”.

Pero también define que “la Provincia reconoce el valor social y económico de las tareas de cuidado e impulsa acciones que promueven el cuidado digno a lo largo de la vida, con especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad. Toda persona tiene derecho a la provisión de los medios adecuados para el desarrollo de su vida si está impedida de trabajar y carece de los recursos indispensables. En su caso, tiene derecho a la readaptación y rehabilitación profesional”.

Uno de los temas más debatidos estableció que “la Provincia organiza un sistema de seguridad social con carácter integral e irrenunciable, basado en los principios de solidaridad, equidad distributiva, accesibilidad, sostenibilidad y transparencia, destinado a la protección de las personas ante contingencias, conforme con las leyes que lo reglamenten. El sistema previsional de los agentes públicos del Estado provincial se financia mediante un mecanismo de reparto solidario de carácter público. La administración está a cargo de un órgano intransferible. La sustentabilidad del sistema se asegura mediante acciones progresivas, equitativas y razonables”.

El último párrafo determina que “los recursos que integran el patrimonio de las cajas de previsión y de seguridad social son intangibles y no pueden destinarse a otros fines”.

En el debate, Lewandowski resaltó la incorporación de la "movilidad jubilatoria" en el texto de la nueva Constitución. "Finalmente pudimos lograr que en el texto de esta reforma constitucional se incluya la movilidad jubilatoria, además de que se mantenga la intransferibilidad de la caja", sostuvo.

"Advertimos que la movilidad está en la actual Constitución, pero no estaba incorporado en el texto de la nueva. Finalmente logramos incluirla para tratarla en el pleno de la Convención, para que quede aprobada y no haya perjuicio para los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones de la provincia", señaló. Esta incorporación se suma a otro de los pedidos realizados por Activemos, junto a otros bloques, para mantener la intransferibilidad de la Caja de Jubilaciones, tal como estaba estipulado en la Ley de Necesidad de Reforma.

La Unión del Personal Civil de la Nación, Seccional Santa Fe, celebra un logro histórico en defensa de los trabajadores y jubilados provinciales: la nueva Constitución incorpora la cláusula que garantiza que la Caja de Jubilaciones permanecerá en la órbita de la Provincia, intransferible a la Nación y con plena autonomía administrativa.

La entidad gremial fue clara y sostuvo desde un principio su posición: la reforma de la Carta Magna debía incorporar explícitamente el carácter intransferible de la Caja de Jubilaciones, ya que esto da estabilidad, transparencia y asegura que los aportes de los trabajadores santafesinos se queden en Santa Fe.

El carácter intransferible de la Caja de Jubilaciones, asegura previsibilidad, defensa del sistema solidario y compromiso con las futuras generaciones.

Este logro que es gremial, es también un triunfo de todos los santafesinos. UPCN reafirma su compromiso de velar por los derechos previsionales y por la autonomía de la provincia.

En una votación que alcanzó a 20.765 docentes de toda la provincia, la asamblea provincial de Amsafe -gremio que nuclea a la docencia pública santafesina- resolvió rechazar de forma unánime la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Santa Fe del 7% para el semestre.

"Cero votos por la aceptación. No hubo ninguna moción por aceptar", enfatizó el secretario general del sindicato, Rodrigo Alonso, al dar a conocer el resultado este jueves al mediodía.

"La propuesta fue caracterizada como totalmente insuficiente. Exigimos al Gobierno una nueva convocatoria paritaria. En esa instancia no puede haber imposición: tiene que haber una propuesta que mejore las condiciones salariales, laborales y previsionales, y que permita discutir cuestiones pedagógicas", sostuvo Alonso.

El gremio definió un plan de acción que no incluye paros sino medidas departamentales y locales, como conferencias de prensa y clases públicas en casa seccional, y tres actividades provinciales: el 20 de agosto, se realizará la primera concentración frente a la sede de la obra social; el 27 de agosto, frente a la Caja de Jubilaciones; y el 3 de septiembre, que tendrá lugar una "marcha de antorchas" en toda la provincia para visibilizar la situación salarial y laboral.

Consultado sobre las medidas de fuerza, Alonso aclaró: "La asamblea no evaluó paros ni acciones directas. Sí facultamos al plenario de delegados seccionales y a la comisión directiva provincial a continuar el plan de lucha si el Gobierno no convoca" nuevamente. Y agregó: "Es urgente que empiece a dialogar. La provincia es rica; el problema es la concentración económica. Hay que distribuir la riqueza".

Cabe destacar que a partir del pago de la Asistencia Perfecta, los gremios desistieron de realizar paros, porque ante la posibilidad del descuento de ese pago adicional y del día no trabajado, la docencia ya no adhiere masivamente a ese tipo de medidas.

"La pérdida del poder adquisitivo docente en "un 30% como mínimo", dijo Rodrigo Alonso. Crédito: El Litoral

Alonso remarcó que el rechazo tiene fundamentos claros: "En el primer semestre perdimos poder adquisitivo, en todo 2024 seguimos perdiendo, hay deuda de 2023, los jubilados cobran a 60 días y este incremento recién lo van a percibir en marzo de 2026. Ayer (por este miércoles) el Indec informó que la inflación de julio fue del 1,9% y el Gobierno nos ofrece el 1,5%. Eso se llama ajuste salarial. Con los $ 40.000 que propone el Gobierno, un maestro cobraría $ 818.000, por debajo de la línea de pobreza".

El dirigente destacó que la participación en esta asamblea fue mayor que en la anterior y que la postura fue unánime: "No hubo un solo afiliado que propusiera aceptar la propuesta. Es una propuesta de ajuste, no tiene nada que ver con lo que necesitamos los docentes".

Sobre la aceptación de la oferta por parte de otros gremios de la administración central -como UPCN y ATE-, señaló que "cada sindicato tiene sus estrategias. Yo hablo por lo que decidimos los trabajadores de la educación". Y advirtió: "El Gobierno habla de diálogo y consenso, pero lo único que hace es imponer políticas. Un maestro arañando la línea de indigencia no es consenso".

Finalmente, Alonso estimó la pérdida del poder adquisitivo docente en "un 30% como mínimo", recordando que además "hemos perdido el Incentivo Docente", que era un extra salarial que abonada el Gobierno nacional a todos los maestros del país.

Siete proyectos ingresaron este lunes a la Legislatura santafesina para reformar la Constitución de la provincia de Santa Fe. Todos son promovidos por partidos que pertenecen al frente oficialista Unidos. Las fuerzas que los impulsan son UCR, PDP, PRO, PS, UNO, Ucedé y ERF.

En las escalinatas de la sede legislativa, apoderados de cada una de las fuerzas partidarias citadas posaron para la foto y dieron luego ingreso formal a los proyectos, mediante Mesa de Entrada.

Los documentos fueron presentados este lunes en la Legislatura de la provincia de Santa Fe. Crédito: Flavio Raina

Las iniciativas tienen matices respectos de diferentes tópicos, sobre los que no fue posible llegar a un acuerdo único. Algunos de esos puntos son autonomías, situación del Ministerio Público de la Acusación, justicia y futuro de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.

A partir de la heterogeneidad de posturas, a través de un comunicado, desde Unidos para Cambiar Santa Fe se explicó que "la reforma no puede ser de un gobierno ni de una sola fuerza política. Debe ser el resultado de un diálogo abierto y genuino entre todos los sectores de la sociedad. Porque una Constitución se construye colectivamente", se planteó.

"Por eso -continuaron-, convocamos a las instituciones, organizaciones sociales, actores del trabajo y la producción, y a cada ciudadano y ciudadana de la provincia, a presentar sus aportes y propuestas. El plazo para hacerlo se extiende hasta el próximo domingo".

Los documentos fueron presentados este lunes en la Legislatura de la provincia de Santa Fe. Crédito: Flavio Raina

En ese mismo marco, informaron que "los partidos que integramos Unidos presentamos formalmente nuestros proyectos. Lo hicimos como aporte al trabajo de las comisiones que próximamente comenzarán a sesionar en la Convención Constituyente. Si bien Unidos representa una minoría consolidada, la Convención Reformadora de la Constitución es la oportunidad para construir la reforma del conjunto de los santafesinos", expresaron.

Para finalizar, sostuvieron que "resulta indispensable que se escuchen la voces de cada uno de los partidos de nuestro frente, las voces de la oposición, las voces de cada fuerza política más allá de su nivel de representación, de las organizaciones intermedias, y de cada uno de los ciudadanos de a pie. Sólo así vamos a estar a la altura de este momento histórico. Solo así lograremos una Constitución participativa y duradera que ponga en el centro a la gente, y para que la próxima Constitución santafesina sea la más moderna del país", concluyeron.

Representantes del gobierno nacional y provincial se sentarán a una misma mesa el próximo 25 de junio para intentar acordar de qué manera se encauza el proceso judicial que encaró Santa Fe para reclamar por los fondos adeudados de Anses. El planteo inicial ante la Corte nacional lo había encarado el por entonces gobernador Omar Perotti y lo sostuvo su sucesor, Maximiliano Pullaro. En ese marco, el máximo tribunal convocó a una audiencia de conciliación para intentar acercar posiciones.

Cada una de las partes llevará sus números y sus argumentos. En declaraciones a la prensa, el gobernador adelantó qué dirá Santa Fe. "Será el momento para que podamos esgrimir los argumentos que tiene la provincia a fin de que Nación nos empiece a pagar el fondo de la deuda, que es lo que nos debería haber pagado durante todos estos años; pero también, el flujo de la deuda", expresó.

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe.

Sobre esa base, el mandatario recordó que la situación se remonta a la decisión de Santa Fe de no transferir su Caja de Jubilaciones, hecho que derivó como compensación en la obligación de Nación -a través de Ansess- de transferir recursos todos los meses para sanear parte del déficit previsional provincial. Pero esos recursos llegaron en cuentagotas durante la última gestión de Alberto Fernández, y directamente dejaron de ser remitidos desde que asumió Javier Milei.

Pullaro confió en que acudirán a la audiencia "con la expectativa de que nos paguen el fondo de la deuda, es decir, todos los recursos que no le pagaron a la provincia de Santa Fe durante estos años; pero también, de que comiencen a regularizar el flujo mensual de fondos que hoy no está llegando", precisó.

Los montos a pagar tienen que ser consensuados; cada una de las partes llevará su estimación y en función de los intereses que se apliquen, se deberá llegar a un acuerdo. Santa Fe tiene hechos sus cálculos. "Nosotros tenemos nuestra cuenta – dijo Pullaro-. Nación puede tener la suya, pero tenemos que calcularlo juntos. Según nuestros números, van entre 800 mil millones y un billón 200 mil millones de pesos. Eso, en función de lo que entienda la Corte, que deberá estimar el cálculo de intereses por lo que no nos fueron dando de capital en esos años. Pero también tenemos que discutir el flujo del déficit de la Caja de Jubilaciones", insistió.

Según reveló el gobernador, "hasta el momento, (el de Javier Milei) es el único gobierno que no le está pagando ese flujo (mensual) a la provincia de Santa Fe. El kirchnerismo, el macrismo, la misma Cristina siempre pagaron el flujo en una diferencia menor a lo que la provincia reclamaba y que después terminó saldándose en un fallo de la Corte. Pero siempre todos pagaron ese flujo. Desde que asumió este gobierno nacional no se paga más el flujo", afirmó.

Por dicho concepto, según estimó, la provincia debería recibir mensualmente unos "15.000 millones de pesos". "Al menos, pretendemos que nos paguen ese flujo y poder seguir discutiendo el fondo", explicó.

Por último, aseguró que desde la gestión "vamos a defender a la provincia y vamos a volver con los recursos de la provincia. Y si no volvemos con los recursos que nos tienen que dar porque nos corresponden, la provincia de Santa Fe no se va a arrodillar ante Nación. Vamos a seguir reclamando hasta que la Corte Suprema de Justicia diga cuánto nos deben y cómo nos van a pagar, pero a nosotros, arrodillados, no nos van a tener nunca", concluyó

El secretario de Vinculación Regional y Asuntos Electorales del Gobierno de Santa Fe, Roberto Vergé, brindó una entrevista a Sur24 y En la Tecla (Canal 12) en la que analizó los principales ejes de su gestión y los desafíos que enfrenta el gobierno provincial. Con un fuerte arraigo en la microrregión del departamento General López, Vergé subrayó el protagonismo del sur santafesino en la actual administración y defendió una gestión basada en “la eficacia, la transparencia y el cumplimiento de los compromisos asumidos”.

En la oportunidad, uno de los anuncios más relevantes fue la puesta en valor del edificio del ex Sursafe en Venado Tuerto, en Brown 1744, que funcionará como nueva sede regional de gobierno. “El Estado provincial no cuenta hoy con un espacio institucional propio en Venado Tuerto. Toda actividad oficial depende de la buena voluntad del municipio, que siempre ha colaborado, pero esa situación debe cambiar”, planteó Tito Vergé.

La primera etapa de obras contempla el funcionamiento de la delegación de Gobierno y la Región de Salud. “Queremos que este edificio se convierta en un verdadero centro cívico, donde los ciudadanos puedan realizar gestiones y los funcionarios provinciales puedan atender a vecinos e instituciones”, explicó el exconcejal cañaseño. La segunda etapa sumará otras dependencias, en un proceso de descentralización que busca acercar el Estado a la ciudadanía.

Además, recordó el estado de abandono en que encontraron el edificio al asumir: “Había ambulancias inutilizadas que fueron reparadas y distribuidas a comunas para reforzar servicios esenciales. La idea es reutilizar cada recurso en favor de la gente”, remarcó. Y añadió: “No podemos permitir que estructuras públicas queden ociosas. Cada oficina cerrada es una oportunidad perdida para resolver problemas”.

“Muchos de los que integramos este gobierno venimos del extremo sur de la provincia. No llegamos de un día para otro, esto se construyó desde muy abajo, caminando cada pueblo y defendiendo un proyecto provincial con identidad propia”, sostuvo Vergé. “Durante años estuvimos lejos de los centros de decisión y hoy tenemos la responsabilidad de representar esa voz postergada. Es una oportunidad histórica y la estamos honrando con compromiso y hechos concretos. No se trata solo de ocupar cargos: se trata de poner la región en la agenda, con obras, con presencia territorial y con gestión real”, sostuvo.

Vergé también valoró el avance de obras estratégicas en la región y, en particular, destacó la finalización del tramo repavimentado de Ruta 94 entre Santa Isabel y Villa Cañás, en cuya inauguración estuvo presente, junto al gobernador Maximiliano Pullaro; el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; la senadora por el departamento General López, Leticia Di Gregorio; y el presidente comunal anfitrión, Pablo Giorgis, entre otras autoridades. “Era una obra que la comunidad reclamaba desde hacía décadas. El gobierno anterior había hecho solo una parte. Ahora, en pocos meses, completamos lo que faltaba gracias a una firme decisión política”, valoró.

El funcionario remarcó que este tipo de acciones dan sentido a la función pública. “Cuando uno termina su paso por la gestión, quiere poder mirar atrás y saber que hizo algo concreto por su gente. Esta ruta es uno de esos logros que quedan”, expresó. Y enfatizó: “Nuestra política de obras no distingue colores políticos. Si una localidad necesita infraestructura, estamos ahí”.

Asimismo, hizo referencia a otras obras en marcha, como la Circunvalación de Venado Tuerto y la inminente puesta en marcha de la obra de la Ruta 96, en busca de aliviar la congestionada Ruta Nacional 33. También mencionó el acceso a la vecina San Francisco, resaltando el rol del gobierno local y un nuevo modelo de participación público-privada: “Una parte del financiamiento lo aportarán los propietarios lindantes. Es un modelo que puede marcar una nueva etapa en Santa Fe”.

En su rol vinculado a los procesos electorales, Vergé realizó un balance positivo de la reciente elección de convencionales constituyentes. “En apenas dos horas desde el cierre, los resultados ya estaban disponibles en la web. Fue una elección limpia, sin denuncias, que muestra el compromiso con la transparencia”, aseguró.

No obstante, expresó preocupación por la baja participación: “Estamos viendo una tendencia a la baja en los últimos 12 años. En 2023, apenas votó un poco más de la mitad del padrón en las generales. Es una señal de alerta para toda la clase política. Nosotros estamos preparados para organizar comicios con el ciento por ciento del padrón, pero necesitamos que la gente vuelva a creer en el voto como herramienta de transformación”.

“Hay una desconexión con la política que interpela a todos los partidos. No se trata solo de gestión, sino de generar confianza, cercanía y coherencia entre lo que se promete y lo que se cumple”, analizó Vergé.

El funcionario celebró la aprobación del llamado a reforma de la Constitución de Santa Fe y defendió algunos de los cambios que se impulsan: “Queremos limitar los mandatos, incorporar la Ficha Limpia con jerarquía constitucional y garantizar la autonomía de la Caja de Jubilaciones (…) Queremos que quede estipulado en la Constitución que la Caja de Jubilaciones de Santa Fe no puede ser transferida a la Anses. Hoy más de la mitad de las provincias ya lo hicieron, y nosotros decidimos preservarla, pero también hacerla sustentable”, afirmó.

También remarcó que una nueva Constitución permitiría blindar el uso de los recursos públicos: “Queremos que si un gobernador toma deuda, sea para obras y no para pagar sueldos. Eso se establece con rango constitucional”. En ese sentido, apuntó: “Hay reformas que no se ven, pero que garantizan previsibilidad. Esas son las bases que necesita una provincia moderna y con futuro”.

Vergé sostuvo que la eficacia en la gestión también se traduce en ahorro. “En el proceso electoral logramos reducir entre un 35 y 40% los costos respecto a 2023. Esa diferencia va a obras”, dijo. Y dio un ejemplo gráfico del déficit previsional que enfrentaron: “La Caja iba rumbo a cerrar con $350.000 millones de déficit en 2023. Hicimos una reforma para que sea sustentable y no dependa de transferencias que nunca llegan”.

En materia educativa, destacó el avance del programa FANI: “Ya son más de 1.700 escuelas beneficiadas. De las mil aulas prometidas, ya se terminaron 450 y este año se ejecutarán muchas más”.

El Poder Ejecutivo santafesino fijó los montos mínimos previsionales a pagar por la Caja de Jubilaciones y Pensiones en marzo, abril y mayo. Las cifras se derivan de los acuerdos paritarios del primer trimestre del año alcanzados en las distintas mesas de trabajo y cuyo aumento de enero y febrero, para activos, fue pagado este viernes.

El decreto N.º 0445 dispone así que desde el 1 de marzo, el haber mínimo para jubilados santafesinos es de $ 446.767,05; desde abril $ 455.000,39 y desde el 1 de mayo $ 455.000,39.

En cuanto a pensiones, los mínimos pasan a ser de $ 335.075,29 para este mes; $ 341.250,30 en abril y $341.250,30 desde mayo.

En tanto, Anses fijó para marzo un aumento del 2,21% para jubilaciones, pensiones y asignaciones. De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima, junto con el bono de 70 mil pesos, recibirán $349.121,71. Las jubilaciones y pensiones que no superen los $349.121,71 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.

Las prestaciones previsionales, con el bono de $70.000 incluido, quedaron así: Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasa a ser de $293.297,37, la Pensión No Contributiva por Invalidez y la Pensión por Vejez a $265.385,20 y la Pensión Madre de 7 hijos pasa a ser de $349.121,71.

Más allá de estas cifras, la otra diferencia es que el sistema provincial tiene muy pocos pasivos que cobran la mínima mientras que a nivel nacional son la gran mayoría de beneficiarios.

A diciembre de 2023, cuando la Caja de Jubilaciones difundía datos en su página web, apenas 1.268 beneficiarios (1,66 %) cobraban la jubilación mínima y 1.643 (6,88 %) la pensión más baja.

El decreto 0445 del gobernador Maximiliano Pullaro homologa el acta paritaria central y modifica los salarios de la totalidad de los agentes incluidos en el Escalafón Decreto-Acuerdo N° 2695/83, disponiendo un incremento del 5% para el primer trimestre del año 2025, sobre la base de los valores de diciembre de 2024.

Este incremento será abonado en dos etapas: 3,1% a partir del 1° de enero de 2025 y 1,9% a partir del 1° de febrero de 2025, totalizando 5% a partir del mes de febrero de 2025. Esa diferencia salarial fue depositada este viernes para los estatales.

El acuerdo garantizó que el aumento porcentual no sea inferior a la suma neta de $ 50.000 a partir del 1° de enero, y $ 70.000 a partir del 1° de febrero, por agente provincial comprendido por la Ley de Paritaria Nº 10052.

El decreto además fija las nuevas escalas para personal de API, Catastro, Fiscalía de Estado; personal de Convenio 113/1994, talleres gráficos y Enress.

Asimismo dispone que ningún agente provincial comprendido por la Ley de Paritaria Nº 10052, perciba un salario de bolsillo menor a $ 595.306 a partir del 1° de enero, y de $ 606.276,00 a partir del 1° de febrero de 2025.

En otros artículos fija los nuevos topes mínimos y máximos para la compensación mensual “Falla de Caja” y actualiza valores del viático diario.

Otro decreto, el N.º 0446, en tanto, definió la política salarial específica para el personal comprendido en los escalafones Policial, del Servicio Penitenciario e Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (IAPIP). Como en los agentes públicos, la actualización es del 5% en dos etapas y garantizando mínimos aumentos de bolsillo.

Por este decreto se dispone que ningún agente perteneciente a los escalafones Policial, del Servicio Penitenciario e IAPIP perciba una remuneración neta de descuentos de ley inferior a la suma de $ 696.217,41, a partir del 1° de enero y de $ 709.047,80 a partir del 1° de febrero.

(Por Mario Cáffaro y Néstor Fenoglio) - Sin romper, pero diferenciándose del gobierno nacional, Maximiliano Pullaro remarcó la importancia de sostener desde el Estado obra pública, especialmente para apoyar el desarrollo de sectores más necesitados y la producción, pero también en la necesidad de dialogar con todos los actores políticos y de la sociedad. "No creo en la pelea, no maltrato a nadie" le dijo a El Litoral en el marco de una visita a la redacción para evaluar el primer año de gestión.

Pullaro remarcó que no va a negociar el equilibrio fiscal, pero lo complementará con obras públicas.

- ¿Qué cosas va a profundizar en este segundo año de gestión?

- Mantener el equilibrio fiscal, pero vamos a tener un año de mucha inversión en obra pública. Este año invertimos 500 millones de dólares, que es mucho, pero el año que viene vamos a invertir 1.500 millones de dólares en obra pública. Será la provincia con mayor inversión en la materia. Eso nos va a permitir una dinamización propia de la economía, de la microeconomía también. Vamos a sostener un piso de empleo privado muy importante. Vamos a apostar también a la transformación de la matriz energética. La inversión en energía será muy importante. Vamos a trabajar mucho en cuidar el equilibrio fiscal.

Otro desafío es seguir trabajando en mejorar la calidad educativa, apostar a los conocimientos, a que los chicos puedan tener conocimientos, que no haya más paro en la provincia de Santa Fe. Vamos a plantarnos en ese lugar y creo que lo tenemos que discutir en la Constitución. Han pasado cosas terribles, la cantidad de paro que teníamos en la provincia, la cantidad de chicos sin estar en las escuelas, sin estar aprendiendo, no era justo lo que sucedía. Había que poner límites y por eso los gremios, los sindicalistas, están muy molestos conmigo. Creo que no me la van a perdonar nunca porque ellos se deslegitimaron en esta pelea, eso es lo que no me perdona Amsafe.

Pullaro dijo ser optimista para el año venidero en la provincia. Crédito: Flavio Raina

Yo tengo claro hacia dónde vamos. Otro desafío es seguir con las políticas de seguridad. La seguridad me tiene obsesionado, obsesionado completamente.

- ¿Cómo será trabajar otro año sin presupuesto nacional o mejor dicho con otro presupuesto reconducido?. Ustedes, los gobernadores trataron de buscar un acuerdo para que se sancione esa ley en el Congreso.

- Este año, nos dieron menos de lo que indica la ley porque el flujo del déficit de la Caja de Jubilaciones que debe cubrir Nación por la cesión de impuestos coparticipables que hizo la provincia hace 30 años atrás, no nos lo dieron por lo cual nos dieron menos de lo que indica la ley. Sin embargo logramos equilibrio fiscal, logramos mantener los salarios por encima de la inflación con caída de la recaudación en la provincia de Santa Fe y eso se dio porque fuimos eficientes en cómo gastamos la plata.

Le doy un solo dato: la ministra (Silvia) Ciancio ahorró $ 45.000 millones cambiando la forma de comprar los medicamentos a los hospitales. 45.000 millones es un montón de plata. (Lisandro) Enrico con todo el sistema de licitación o (Pablo) Cococcioni con el control de combustible y de los alimentos en la cárcel. Todo ese ahorro lo ponemos en obra pública.

Pullaro dijo ser optimista para el año venidero en la provincia. Crédito: Flavio Raina

El ahorro que tuvimos porque los docentes dejaron de faltar. Más de $ 20.000 millones que pusimos en un incentivo porque la provincia no se quedó con esa diferencia. El docente que no falta gana más y el chico está en la escuela y no tiene discontinuidad con su docente. Había chicos con 3 ó 4 docentes, como un chico de 6, 7 años va a tener 3 o 4 docentes en un mismo año. Ahora pasa muchos menos. Son avances en los cuales no vamos a retroceder.

- Usted cuestiona la política del gobierno anterior, sin embargo comparte actos con el ex gobernador Perotti que incluso apoyó el proceso de reforma constitucional.

- Pensamos muy distinto con Perotti, pero muy distinto. Valoro la grandeza que tuvo el ex gobernador de entender el momento histórico que vivía la provincia de Santa Fe y la oportunidad histórica que tenía la provincia para modificar la Constitución y eso lo transforma, a Perotti, en un hombre de Estado.

Todos los que fuimos gobernadores tenemos una mirada distinta: Víctor Félix Reviglio, Antonio Bonfatti, Perotti y yo, que somos los gobernadores con vida, todos estuvimos a favor. Estar en el lugar en que estoy yo te pone en otro lugar. Si hubiera estado (Miguel) Lifschitz obviamente que hubiese estado en esto.

Tiene que haber mucho diálogo, creo en el diálogo institucional, no creo en la pelea por más que soy una persona de firmes convicciones. Yo no maltrato a nadie, yo tengo un trato institucional correcto. hay obras que las empezó Lifschitz, las continuó Perotti y me toca terminarlas. Algunos me cuestionaron que haya invitado a Perotti a la apertura del puente Paraná Miní, pero ese puente lo planificó Garibay con Lifschtiz, lo empezó Perotti, que hizo el 60% de la obra, y lo concluimos ahora. Es justo que Perotti hable en ese acto. Lo mismo en el crédito de la Agencia Francesa para el Desarrollo para Ambiente. Es un programa que continuamos, pero que lo llevó adelante Perotti. Cómo no va a estar en la firma. Cómo no va a estar en los convenios por los Odesur; el acueducto bi provincial que lo empezó Bonfatti, lo continuó Miguel, lo comenzó él.

Hay que cuidar la institucionalidad de la provincia. No pienso como Perotti, no pienso como Rafael Gutiérrez, eso no me impide dialogar y no me impide plantear las diferencias que tengo.

- ¿ Cuándo va a enviar los pliegos a Legislatura para cubrir las vacantes en la Corte?

- Sobre la última semana de este año, sobre los primeros días del año que viene ya tenemos que enviar estos tres por las vacantes que tenemos ahora.

Pasadas las 16.40 de este jueves, la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe aprobó con media sanción el proyecto de ley de reforma previsional, que pasó de inmediato a Diputados para otro tratamiento veloz. La media sanción se produjo mediante un tratamiento sobre tablas y contó con los 14 votos favorables de Unidos para Cambiar Santa Fe y la oposición de 4 de los 5 integrantes del bloque Justicialista. 

El único senador ausente -con aviso-, Armando Traferri, ya había firmado al igual que sus compañeros de bancada un despacho alternativo. 

En medio de un debate a puertas cerradas, con las barras sin público, y con una nutrida manifestación en la explanada del Palacio Legislativo, el oficialismo encabezado por el presidente del bloque, Rodrigo Borla, impuso el número necesario para la aprobación a una semana del ingreso del expediente elaborado por el gobernador Maximiliano Pullaro.

En nombre de la oposición, Rubén Pirola expresó sus críticas a la norma y, sobre todo, al diagnóstico con que se arriba a la declaración de la emergencia del sistema.Borla explicó desde su banca que en la Comisión de Seguimiento de la Emergencia Previsional se agregaron más legisladores y también representantes de los sectores gremiales del sector público.Felipe Michlig, presidente provisional de la Cámara (y titular de la UCR santafesina), adelantó que la otra Cámara tiene previsto comprometer una preferencia para tratarlo en su próxima sesión.Pirola aseguró que no hubo información suficiente de parte del Poder Ejecutivo y recordó que el pedido de informes suyo -que data de dos meses- no fue aún respondido.Joaquín Gramajo, de Unite, expresó que el déficit de la Caja de Jubilaciones proviene de 10 años atrás y felicitó al gobernador Pullaro por enfrentarlo. Advirtió que el rojo estimado para 2024 es de 430 mil millones de pesos, con los que el Estado podría cubrir el presupuesto de unos 80 ó 100 municipios de entre 20 mil y 30 mil habitantes, o comprar, por ejemplo, 5.000 ambulancias.Para Borla, la clave de la reforma es salvar la Caja de un traspaso a la Nación y dar un trato más equitativo "y justo": "el que más gana, más aporta; pero a la hora de cobrar habrá una pirámide achatada, con topes".

La Provincia interpuso una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para que el Gobierno Nacional restablezca los anticipos mensuales automáticos que hacía la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) con la Caja de Jubilaciones de los estatales de Santa Fe. 

El gobierno que encabeza Maximiliano Pullaro, a través de la vía judicial, cuestiona la constitucionalidad del artículo 18 del decreto 280/2024, que dispuso de manera “inconsulta e intempestiva” el cese de esos pagos; y además exige que se establezca una medida cautelar que reponga esas transferencias con las que Nación debe cumplir, por acuerdos que datan desde hace más de tres décadas entre el estado federal y las provincias que no transfirieron sus cajas. 

Al respecto, el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, aseguró que “esa falta de pago por el deficit de la Caja de Jubilaciones de empleados públicos de la Provincia, que es un pago a cuenta del déficit, significan para los primeros seis meses del año $ 70 mil millones. Esto es solo por montos de transferencias automáticas. Esta es una demanda a partir del DNU del gobierno nacional en la gestión de Javier Milei”. 

Seguidamente, Bastia remarcó que “además de esta acción judicial, la provincia tiene otra que inició la gestión anterior y nosotros continuamos, la adecuamos, hicimos una nueva liquidación y esa demanda está en los $ 700 mil millones y comprende los cuatro años desde el 2020, 2021, 2022 y 2023, más los meses de la gestión del presidente Milei”.

Por otra parte, el ministro de Gobierno de Santa Fe detalló que “en la medida judicial presentamos un pedido de inconstitucionalidad y una medida cautelar para que se restablezcan de manera inmediata las transferencias de esos fondos” y remarcó que “esta es la posición de la provincia de Santa Fe que más allá de dialogar, de buscar consensos, siempre va a defender los intereses de los santafesinos”. Y sostuvo que “esos 70 mil millones de pesos fueron aportados por las cuentas provinciales, por el fisco provincial, para cumplir con las obligaciones con nuestros beneficiarios de la Caja de Jubilaciones de la provincia de empleados públicos y funcionarios públicos”. 

Por último, Bastia aseguró: “Tenemos muchísimas expectativas en el camino emprendido y seguiremos dialogando pero con firmeza. Esto pone a la provincia de Santa Fe como una de las jurisdicciones - o la primera - en ir por la inconstitucionalidad del decreto 280”.

Ese corte abrupto de transferencias ha ocasionado una deuda de casi 70.000 millones de pesos de enero a junio, en base a este detalle:

-Enero: $8.711.439.249,00.-Febrero: 8.711.439.249,00.-Marzo: $11.079.208.437,00.-Abril: $12.464.109.491,00.-Mayo: $13.847.625.645,00.-Junio: $15.070.370.989,00.

Cabe consignar que de acuerdo a los últimos datos oficiales publicados por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe, en noviembre del año pasado había en la provincia 100.356 beneficiarios, de los cuales 76.425 son jubilaciones y 23.931 pensiones. Se incluyen allí todos los empleados estatales, desde policías, docentes, administrativos, a ex magistrados provinciales o ex ministros de la Corte provincial.

La Provincia interpuso una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para que el Gobierno Nacional reestablezca los anticipos mensuales automáticos que hacía la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) con la Caja de Jubilaciones de los estatales de Santa Fe.

El gobierno que encabeza Maximiliano Pullaro, a través de la vía judicial, cuestiona la constitucionalidad del artículo 18 del decreto 280/2024, que dispuso de manera “inconsulta e intempestiva” el cese de esos pagos; y además exige que se establezca una medida cautelar que reponga esas transferencias con las que Nación debe cumplir, por acuerdos que datan desde hace más de tres décadas entre el estado federal y las provincias que no transfirieron sus cajas.

En la década de 1990, Nación redujo el envío de recursos coparticipables a las provincias y a cambio se hizo cargo de cajas de jubilaciones provinciales. Pero hubo provincias, entre ellas Santa Fe, que no cedieron sus cajas, aunque de todos modos se vieron afectadas por la reducción presupuestaria. Los acuerdos firmados para equilibrar cuentas y compensar lo que las provincias perdían, establecieron que Nación cubriera los déficits de las cajas no transferidas.

Los recurrentes incumplimientos de Nación con Santa Fe terminaron judicializándose, y hay una deuda global con la Caja de Jubilaciones de Santa Fe que se estima en $ 700.000 millones. En esa cifra se incluye lo que la Provincia dejó de percibir por pagos que desde 2020 Nación realizaba, pero bajo estimaciones de ejercicios anteriores, que por lo tanto iban desacoplados de valores actualizados.

A todo ese cuadro perjudicial para los intereses de Santa Fe, se sumó el decreto 280/2024 de la actual gestión nacional, que en su artículo 18 dejó sin efecto los artículos 92 y 93 de la ley de presupuesto 2023. Allí se establecía que Anses “transferirá antes del día 20 de cada mes a aquellas provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado nacional, en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional, un importe equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual, provisorio o definitivo, conformado para cada una de ellas” y que cada anticipo mensual debe realizarse de acuerdo a “las variaciones en el índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)”.

Ese corte abrupto de transferencias ha ocasionado una deuda de casi 70.000 millones de pesos de enero a junio, en base a este detalle:

“A los fines de cubrir el importe que el Gobierno Nacional debería realizar como anticipos por $ 69.884 millones de pesos, el Tesoro Provincial ha debido menguar las partidas disponibles para atender áreas críticas como Salud, Seguridad, Educación, entre otras”, se indica en el recurso interpuesto ante la Corte. “A ello cabe agregar lo determinado en el Informe de la Caja, en cuanto se detalla que los montos requeridos para cubrir el presupuesto previsional se incrementan mes a mes, requiriéndose cada vez más fondos públicos para hacerle frente”, agrega el texto de la demanda.

Cabe consignar que de acuerdo a los últimos datos oficiales publicados por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe, en noviembre del año pasado había en la provincia 100.356 beneficiarios, de los cuales 76.425 son jubilaciones y 23.931 pensiones. Se incluyen allí todos los empleados estatales, desde policías, docentes, administrativos, a ex magistrados provinciales o ex ministros de la Corte provincial.

“La ausencia de fondos por ya medio año, sin ninguna previsión de restablecimiento de estos, más el incremento mensual de las necesidades financieras de la caja, más el objetivo contexto de emergencia de la provincia, determinan una situación que exige, necesariamente, una medida urgente que permita hacer frente a las necesidades previsionales. Es decir, no se trata aquí de cubrir gastos suntuosos e innecesarios, sino de cumplir con los haberes de jubilados”, advierte el recurso interpuesto por Provincia ante el máximo organismo judicial de la Nación.

Mientras se consume el receso de julio en la Legislatura, que parece dejar paralizado el debate sobre el déficit de la Caja de Jubilaciones, funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial tienen en sus manos un pedido de informes que les dejó un senador de la oposición, que integra la Comisión de Reforma del Sistema Previsional cuya misión es analizar la realidad de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia y efectuar como tarea final un informe para el gobernador Maximiliano Pullaro.

Rubén Pirola (PJ-Las Colonias) consideró necesario que haya “tarea de vacaciones” para la comisión bicameral que deberán responder las autoridades del organismo previsional y el ministerio de Economía, en la Casa Gris.

En las Cámaras esta vez no se votó un receso legislativo, sino solo administrativo, para cumplir con los derechos laborales de los trabajadores de ese Poder. Parece solo una decisión simbólica, un gesto, pero ahora a diferencia de otros años, pueden correr los plazos previstos. La Ley 14.268 que creó la bicameral fijó en 45 días el plazo para su funcionamiento y sus próximas reuniones formales tendrán lugar el 23 y el24 del corriente. Seguramente, para entonces estarán respondidas las dudas planteadas por el contador Pirola.

La nota presentada en la Comisión está presentada como “un insumo necesario para poder partir de un punto que considero indispensable, para un punto de partida del análisis”, indicó el senador a El Litoral.

“Necesitamos información cierta y concreta para efectuar análisis correctos, que no puedan ser tergiversados, como los cuadros con déficits presentados a valores corrientes”.

Al cabo de tres semanas de constituida la bicameral, sus integrantes han avanzado en conocer las posiciones de los gremios y las corporaciones afectadas por una eventual reforma. Pero la base de la información con que se debate “tiene nada menos que diez años”, explicó el legislador respecto de un trabajo que había mostrado (hace una década) la urgencia de tomar medidas correctivas para enfrentar el rojo creciente.

Explicó que “en el párrafo inicial la nota indica que aún no tenemos información de base para hacer evaluaciones. Pedimos al Poder Ejecutivo Nacional información sobre cómo cubrió el déficit y también datos relevantes sobre los aportes y los beneficios por cada subsector”.

“Es un trabajo que hemos realizado con mi equipo”, respondió ante una consulta sobre la autoría de la nota pedido de informe que lleva solo su firma.

Aunque comparten objetivos en defensa de la Caja de Jubilaciones y todos ponen el acento en la necesidad de que el gobierno provincial exija a la Nación el pago de lo adeudado, quienes escuchen las opiniones de los dirigentes gremiales advertirán que hay matices, cuando no colores diferentes, a la hora de pintar el cuadro de situación del sistema previsional de Santa Fe.

El dato duro, más allá de quien hable sobre el tema, fue expuesto a primera hora en la reunión de la Comisión de Análisis creada en la Legislatura santafesina por el ministerio de Economía de la Provincia y las autoridades de la Caja. El déficit hoy es de 40 mil millones y la proyección para 2024 llegará a 400 mil millones si antes no hay correcciones. Y se estima que la Nación le debe a Santa Fe por no haber transferido la Caja en los '90 unos 722 mil millones.

La bicameral que presiden el senador Rodrigo Borla (UCR) y el diputado Pablo Farías (PS) se volvió a reunir este martes 25 de junio con la presencia de dirigentes sindicales que expusieron a los legisladores y miembros del Poder Ejecutivo su punto de vista, y antes lo hicieron con la prensa.

Temprano, muñido con una nota firmada por distintos gremios estatales nucleados en la CGT, el titular del Sadop, Pedro Bayúgar reclamó a quien lo escuchara que se suspendan todos los plazos previstos por la ley que creó la Comisión de Análisis y queden en un paréntesis sus reuniones "hasta tanto la Caja de Jubilaciones no nos brinde la información básica sobre sus cuentas que le hemos reclamado", subrayó. Destacó que la nota sin respuestas oficiales data del 29 de mayo.

El titular del Sindicato Argentino de Docentes Particulares sembró dudas sobre "las verdaderas razones" del rojo en la Caja y apuntó a las autoridades políticas del Estado en distintos niveles: habló por una parte de "las deudas históricas de ciertos organismos públicos con el sistema previsional" y reclamó "cuántos son los trabajadores precarizados de los municipios y las comunas que no tienen aportes" y rompen el equilibrio entre beneficiarios y aportantes.

Más tarde, luego de otras expresiones, habló el titular de la Unión del Personal Civil de la Nación, Jorge Molina, quien advirtió que el empleo precarizado en las administraciones comunales y municipales debe ser combatido por las organizaciones gremiales pero, "tengo que reconocer que no son números que tengan un peso considerable, obviamente afectan las cuentas pero no es sustancial", en el rojo final, reconoció.

Antes, mientras Bayúgar planteó "la falta de información" porque aún la Caja no ha respondido a una nota de los gremios estatales que "debería dejar en suspenso los plazos de esta comisión", Molina indicó que "hay información pública disponible en las cuentas de la Caja de Jubilaciones que es accesible en internet". De todos modos, ambos coincidieron en los objetivos centrales más importantes: cuidar al organismo previsional en el ámbito del Estado provincial, rechazar cualquier tipo de plan para una transferencia a la Nación (que también rechazan los impulsores de la Comisión y sus integrantes) y sostener como una bandera el 82% móvil que se otorgó durante las gestiones del Frente Progresista de Santa Fe.

Molina y Bayúgar (como también otros voceros sindicales) pidieron prudencia a la hora del debate previsional. Explicaron que son los planes de vidas de los empleados públicos en actividad que ven pronto su retiro lo que está en juego.

En ese sentido, rechazaron cualquier medida tendiente a establecer topes jubilatorios. Cuando un periodista mencionó que mientras en el plano nacional el 93% de los jubilados cobra apenas el paupérrimo haber mínimo mientras que en la provincia es ínfima la proporción, el titular del gremio de empleados estatales respondió en repregunta: "¿Por qué vamos a condenar a los trabajadores a cobrar menos que lo que les corresponde? Uno aporta su porcentual de acuerdo al sueldo que cobra", resumió.

"Tenemos una mirada muy crítica al sistema de ingresos livianos para tener una jubilación en la provincia, sin el cumplimiento estricto de los años para ser un pasivo, con los años de servicio y de aportes y con la edad que corresponde. Creo que es lo que tenemos que consolidar, que equilibrar, que hace a la solidaridad del sistema", siguió Molina.

Con anterioridad, Bayúgar había expresado: "Les voy a hablar de lo que nadie habla, que todos sabemos y no se menciona, hoy el 50% de los trabajadores comunales y municipales están en negro; y lo mismo los contratados monotributistas del Estado Provincial que también alguna vez se van a jubilar y no aportan. Y algo parecido puede ocurrir en las escuelas privadas… No me vengan a hacer cargo del déficit de la Caja cuando es el propio organismo el que no sale a cobrar lo que le corresponde", subrayó para insistir luego con la deuda de la Nación.

"De cualquier manera, el problema central es que tenemos apenas dos aportantes por cada jubilado o pensionado; eso es muy duro para cualquier sistema previsional. Se considera que hay condiciones estables con una relación de cuatro a uno", afirmó el titular de Upcn al describir el meollo de la cuestión.

A fuego lento, la estrategia oficialista para producir reformas en el sistema previsional que atemperen el déficit y que sirvan de puente a una posible decisión para el caso extremo que Nación desconozca la ley vigente, así como para llegar a fin de año con la declaración legislativa de reforma de la Constitución provincial, siguen su firme marcha.

La reforma constitucional, sigue en el escenario político más allá de los cuatro proyectos ya con estado parlamentario en la Cámara de Diputados. Foto: Agencia

La Casa Gris no quiere perder tiempo y al día siguiente que la Legislatura votara la ley de creación de una comisión "que tendrá por objeto el estudio, elaboración y redacción de un informe respecto de la sustentabilidad del régimen previsional vigente en la provincia de Santa Fe" la promulgó y publicó en el Boletín Oficial. Ese viernes se apuraron las invitaciones para que el miércoles estuvieran legisladores, funcionarios y dirigentes gremiales sentados en una mesa donde la mayoría conoce los números y los efectos del déficit. El peso de la redacción del proyecto de la reforma previsional recayó en el Poder Ejecutivo tras dimes y diretes en el seno del bloque oficialista de Diputados que optó por cambiar el objeto de la comisión.

Abogados previsionalistas e incluso legisladores con varios años en la banca, subrayan que hace años están los estudios actuariales que advertían sobre la necesidad de introducir algunas reformas para evitar la multiplicación del rojo previsional. Primó el criterio de aquél árbitro Francisco Lamolina "siga, siga". Nadie quiso tomar el toro por las astas sabiendo que no se ganarán simpatías en el amplio abanico de empleados del estado santafesino.

Ahora, el propio gobernador Maximiliano Pullaro advirtió que "cuando algo tiene un déficit de esas características, ya hemos visto lo que ha sucedido en diferentes momentos de Argentina y la provincia de Santa Fe". Graficó que "el déficit de junio rondará los 40 mil millones de pesos, estamos hablando de que en un mes hubiésemos podido construir 8 escuelas, o 40 kilómetros de ruta, o comprar 940 patrulleros. Ese es el significado del déficit mensual de la Caja de Jubilaciones". Enseguida agrega la pregunta "¿por qué un quiosquero en Rafaela o Reconquista, por ejemplo, tiene que sostener el déficit de la Caja de los empleados públicos? Desde ese lugar decimos que hay que sincerar los números y el Estado no puede seguir dejando de hacer cosas para financiar el déficit. Ponemos los números sobre la mesa y esperamos que los legisladores lo puedan discutir". El tema dominará la agenda legislativa después del receso de julio.

La otra reforma, la constitucional, sigue en el escenario político más allá de los cuatro proyectos ya con estado parlamentario en la Cámara de Diputados. La semana pasada, la nueva conducción del Partido Socialista, que encabeza Joaquín Blanco, integró una comisión para redactar un proyecto de reforma y puso al frente a Raúl Lamberto, alguien que desde sus años como diputado provincial siempre estuvo trabajando la temática. Es más, las conducciones del PS y la UCR que encabezan Blanco y Felipe Michlig están cerrando una reunión conjunta para analizar en exclusividad el tema. Es que Michlig recibió un pedido de audiencia de la también flamante conducción del PJ a cargo de Ricardo Cornaglia para tener como eje la reforma constitucional.

Mientras, el oficialismo sigue mirando a la Corte Suprema de Justicia y aspira a tener -al menos- cuatro vacantes antes de fin de año para el proceso de renovación que pretende hacer la Casa Gris. Foto: El Litoral

Radicales y socialistas parecen coincidir en la necesidad de buscar una especie de núcleo de coincidencias básicas para que el proceso de reforma no se descontrole. Capitalidad, bicameralidad y otros temas no podrían tocarse. La coincidencia es que las elecciones de convencionales puedan coincidir con las de intendentes y presidentes comunales, lejos de las de diputados nacionales donde tallará un nuevo actor, La Libertad Avanza.

Radicales y socialistas luego deberán tener el aval de los restantes integrantes de la coalición oficialista pero ambas fuerzas saben que deben tener las máximas coincidencias antes de buscar el aval interno y el externo. El justicialismo, por su parte, deberá darse el debate sobre si avala o no un proceso de reforma que varios legisladores impulsaron en determinados momentos, incluso uno de los proyectos es de Lucila De Ponti.

En el medio del trabajo de ambas reformas, el oficialismo sigue mirando a la Corte Suprema de Justicia y aspira a tener -al menos- cuatro vacantes antes de fin de año para el proceso de renovación que pretende hacer la Casa Gris. El primer paso lo consiguió con el anuncio de Mario Netri de alejarse a partir del 1 de noviembre. En las próximas semanas esperan algún otro anuncio de retiro con fecha confirmada.

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se refirió este jueves a la sanción de la Ley de Bases en la Cámara de Senadores de la Nación, aprobada luego de un extenso debate. El mandatario santafesino dijo que la norma “es importante para que el Gobierno nacional pueda comenzar a tener un impulso; es un mensaje también a los mercados, y que nos va a permitir recibir inversiones, fundamentalmente del exterior, y que nuestras economías puedan comenzar, así que lo valoro de manera positiva”.

Asimismo, Pullaro insistió en su reclamo a la Nación: “Quisiéramos tener el acompañamiento del Gobierno nacional; que nos dé los recursos que antes venían, los subsidios al transporte, al sistema educativo, a la obra pública cortada, a medicamentos de alto costo, en alimentos. Eso lo estamos sosteniendo nosotros, hasta estamos reparando rutas nacionales con fondos propios, cosa que no nos corresponde, cuando la Provincia sigue aportando tres veces más al Estado Nacional de lo que vuelve”.

El gobernador Maximiliano Pullaro. Créditos: Manuel Fabatia

No obstante, aclaró que “nos vamos a dejar nunca de gestionar ni de defender a la provincia de Santa Fe, ni de pelear por los recursos que entendemos que merecemos y que son nuestros, pero la provincia de Santa Fe no se va a arrodillar ante nadie, porque es una provincia fuerte, que tiene una capacidad productiva única, que tiene universidades y conocimiento, es una provincia que logra salir adelante más allá de las dificultades, con lo cual vamos a seguir gestionando y reclamando, pero nosotros vamos a cumplir el objetivo que se ha planteado nuestro gobierno y que lo vamos logrando de a poco, día a día: nuestro gobierno es austeridad, eficiencia y orden, y en ese sentido vamos a salir adelante”.

Por otro lado, el gobernador se refirió a la posibilidad de reformar el régimen previsional en la Provincia de Santa Fe para dar una solución al déficit de Caja de Jubilaciones. Al respecto, sostuvo que “somos claros y ponemos los números arriba de la mesa, no ocultamos ningún problema, para que la sociedad también lo pueda comprender: la Caja este mes va a tener 40.000 millones de pesos de déficit con lo que es el pago de aguinaldos”, y graficó que el impacto del déficit es el equivalente a “40 kilómetros de ruta, son ocho escuelas que no vamos a construir en la provincia, son más de los 840 patrulleros que estamos comprando”.

“Yo entiendo que esto no es justo -continuó Pullaro-, porque yo no tengo que gobernar solamente para los empleados públicos, tengo que hacerlo para toda la sociedad. Lamentablemente la Caja tuvo muchos desfasajes, porque es una ley sumamente vieja. Pero no significa que le vamos a sacar derechos a ningún trabajador; al contrario, estamos defendiendo los derechos de los futuros jubilados de la provincia de Santa Fe, porque el problema de la Caja es cada vez más grande, y es una injusticia que quienes no son empleados públicos sostengan el sistema”, completó.