Fue en Las Parejas. La intervención -la número 114 que se realiza en toda la provincia-, fue realizada en un inmueble de la zona urbana de la ciudad y se enmarca en las acciones llevadas adelante por la actual gestión provincial desde la puesta en marcha de la Ley de Microtráfico, que impulsó el gobernador. Participaron representantes del Gobierno Provincial y fiscales del Ministerio Público de la Acusación.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad y en coordinación con fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), supervisó este miércoles el derribo de un búnker de venta de estupefacientes en la ciudad de Las Parejas, el primero en el departamento Belgrano.

Se trata de la inactivación número 114 en todo el territorio provincial desde la implementación de la Ley de Microtráfico, promulgada a fines de 2023 en el marco de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. Los procedimientos se desarrollan desde comienzos de 2024 mediante un trabajo articulado entre el Gobierno de Santa Fe, el MPA, la Justicia provincial, la Policía y, en algunos casos, fuerzas federales y gobiernos locales.

La normativa contempla la clausura y demolición de puntos de venta de drogas y de inmuebles asociados a dinámicas de violencia altamente lesiva. Según fuentes oficiales, el objetivo es desarticular estructuras de narcomenudeo y reducir su impacto en barrios y zonas urbanas.

El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, destacó la relevancia del operativo al señalar que “este primer derribo en el departamento Belgrano muestra que se consolida el trabajo de investigación del Ministerio Público de la Acusación junto con el Ministerio de Justicia y Seguridad”. En esa línea, subrayó que la Ley de Microtráfico “resultó ser una herramienta clave para combatir el narcomenudeo, porque apunta a espacios donde se genera violencia”.

Pereira advirtió que “la venta de estupefacientes es, en sí misma, una actividad violenta, especialmente cuando se instala en zonas residenciales cercanas a escuelas y clubes”. Además, indicó que tras la demolición se mantienen controles sobre el lugar para evitar nuevas ocupaciones.

En el operativo estuvieron presentes también la senadora suplente Sandra Clerici y la presidente del Concejo Municipal, Roxana Collaud.

Por su parte, la fiscal Mercedes Banchio precisó que la investigación se inició a partir de denuncias vecinales y permitió documentar al menos siete maniobras vinculadas a la comercialización de drogas. Con esa evidencia se autorizó un allanamiento, en el que se secuestraron elementos para fraccionamiento, balanzas de precisión, más de 60 gramos de cocaína y más de 130 gramos de marihuana.

La funcionaria judicial confirmó que hay personas identificadas con pedido de captura vigente. También indicó que un adulto permanece detenido y es investigado por su presunta participación en los hechos, mientras que menores fueron puestos a disposición de la Justicia correspondiente. Otros sospechosos continúan prófugos y, según la causa, serían quienes administraban el punto de venta.

En relación con el inmueble, Banchio explicó que pertenece a un vecino que lo había alquilado de buena fe. “Con el tiempo detectó irregularidades en el pago y comenzó a sospechar de la actividad que se desarrollaba en el lugar, por lo que se puso a disposición de la Justicia y aportó información relevante para la investigación”, concluyó.

El Gobierno de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación supervisaron este jueves el derribo de un búnker de venta de estupefacientes en la ciudad de Puerto General San Martín, en el departamento San Lorenzo, en el marco de la aplicación de la Ley de Microtráfico. Con esta intervención, ya suman 111 los puntos de venta inactivados en toda la provincia desde la puesta en marcha de la normativa, a fines de 2023, en el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

El operativo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en Presidente Roca al 900, en el barrio San Sebastián, y fue coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y fuerzas de seguridad provincial.

El lugar había sido allanado el pasado 26 de marzo en el marco de un megaoperativo desarrollado en las ciudades de San Lorenzo y Puerto General San Martín, en el que participaron efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), grupos tácticos de la Policía de Santa Fe y la Prefectura Naval Argentina. En ese procedimiento se realizaron seis allanamientos, con un saldo de ocho personas detenidas, el secuestro de casi dos kilos de cocaína fraccionada y más de 12 millones de pesos.

La investigación es encabezada por la fiscal Luisina Paponi, quien solicitó el derribo del inmueble en una audiencia de cese de estado antijurídico, al considerar acreditada su utilización como punto de venta de drogas y foco de conflictividad.

El secretario de Seguridad, Omar Pereira, señaló que estas intervenciones “apuntan a desarticular los lugares donde se concentra la violencia vinculada al narcomenudeo”. “La Ley de Microtráfico permite actuar sobre estos puntos, que suelen estar asociados a balaceras y otros delitos. Según lo disponga la Justicia, la intervención puede implicar el derribo, el cerramiento o la clausura del inmueble”, precisó.

Por su parte, el fiscal Aquiles Balbis indicó que el domicilio intervenido “era identificado como un punto de venta y también de reunión de personas vinculadas a distintos hechos delictivos”. En ese sentido, detalló que la investigación incluyó múltiples allanamientos en la zona, con el secuestro de más de 6.000 dosis de droga.

Balbis agregó que el caso presenta conexiones con otros episodios violentos registrados en el área y confirmó que hay varias personas detenidas con prisión preventiva en el marco de distintas causas vinculadas. “Se trata de una investigación compleja, que no solo abarca la comercialización minorista de estupefacientes, sino también hechos de violencia asociados”, concluyó.

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, y el Ministerio Público de la Acusación, llevaron adelante este martes un nuevo derribo de un punto de venta de estupefacientes en calle Garibaldi al 200, en la zona sur de Rosario. El operativo fue supervisado por el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, junto a la fiscal del MPA, Brenda Debiasi.

Se trata del búnker número 109 inactivado en la provincia desde la sanción de la Ley de Microtráfico, aprobada a fines de 2023 y promulgada en 2024. La medida forma parte de una estrategia orientada a desarticular estructuras de narcomenudeo y reducir los focos de violencia asociados.

En el lugar, Pereira sostuvo que el procedimiento “consolida el trabajo conjunto con el MPA para combatir la violencia que generan estos espacios ilegales”, y remarcó que las intervenciones permiten “recuperar la tranquilidad en los barrios”.

Por su parte, la fiscal Debiasi explicó que la investigación comenzó en septiembre del año pasado y abarcó distintos sectores del barrio Tablada. “Se identificó una organización integrada por al menos 15 personas que operaban de manera coordinada en la venta de estupefacientes y en hechos de violencia vinculados al control territorial”, indicó.

Según precisó, a los integrantes de la banda se les atribuyen al menos cuatro balaceras, una de ellas con personas heridas. En los allanamientos se secuestraron dos armas de fuego, aproximadamente un kilo de cocaína fraccionada, más de 6 millones de pesos, una máquina contadora de billetes, balanzas y otros elementos de interés para la causa.

Debiasi agregó que la organización tenía como principal referente a una mujer conocida como “La Picota”, ya imputada, con vínculos familiares con otras personas detenidas por hechos violentos.

El punto de venta fue localizado a partir de tareas de inteligencia e intervenciones telefónicas realizadas junto a la Policía de Investigaciones (PDI). Además, se estableció su conexión con otro búnker cercano, también derribado, que operaba bajo la misma estructura criminal.

Los operativos de inactivación de búnkeres se desarrollan desde principios de 2024 mediante un trabajo coordinado entre el Gobierno provincial, el MPA, la Justicia, la Policía de Santa Fe, fuerzas federales y gobiernos locales, con el objetivo de desarticular el narcomenudeo y reducir la violencia en el territorio.

Las construcciones que anteriormente fueron utilizadas como búnkeres de narcotraficantes o puntos de venta de droga presentan riesgos severos para quienes pretendan ocuparlas. Así lo explicó el juez penal de Venado Tuerto, Mauricio Clavero, quien señaló los peligros y las consecuencias negativas de asignar estas viviendas a familias necesitadas.

En sus recientes declaraciones a través de redes sociales, Clavero destacó diversos factores que hacen inviable la entrega de estas viviendas, a pesar de la buena intención de brindar un hogar a familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Según el magistrado, los riesgos van más allá de lo estructural, afectando tanto la seguridad como la cohesión social.

Riesgos de seguridad y conflicto socialUno de los principales argumentos del juez Clavero se centra en la seguridad. “Muchas de estas construcciones han sido utilizadas para actividades delictivas y pueden seguir siendo un punto de conflicto”, explicó. A modo de ejemplo, mencionó que en ciudades como Rosario, los narcotraficantes han intentado recuperar viviendas que anteriormente utilizaban como búnkeres, lo que ha derivado en hechos de violencia.

“Los intentos de recuperar estas propiedades, a veces con violencia extrema e incluso muertes, son un factor que pone en peligro la vida de quienes viven allí”, destacó el juez, haciendo hincapié en que la ocupación de estos lugares puede traer consecuencias dramáticas.

Condiciones estructurales comprometidasOtro aspecto crucial que señaló Clavero tiene que ver con las condiciones de las viviendas. Muchas de ellas han sido modificadas para adaptarse a actividades ilícitas, como el tráfico de drogas. “Algunas de estas casas tienen estructuras precarias, paredes modificadas y construcciones inadecuadas que podrían representar un grave riesgo para las familias que las habiten”, indicó.

La falta de permisos y la construcción improvisada son características comunes de estos búnkeres, lo que aumenta la vulnerabilidad de las personas que lleguen a ocuparlas.

Impacto en la comunidad y riesgo de vidaAdemás de los peligros estructurales y de seguridad, Clavero advirtió sobre el impacto social que puede generar la asignación de estas viviendas. “Si la construcción sigue siendo vista como un lugar asociado al crimen, la familia que la reciba podría enfrentar amenazas o el rechazo de la comunidad”, señaló el juez, quien destacó la importancia de evitar que las personas continúen expuestas a la violencia o estigmatización.

Asimismo, recalcó que el riesgo de vida para las familias puede ser aún mayor si los delincuentes intentan recuperar sus antiguos puntos de venta de droga. “En esos casos, la familia podría estar en serio peligro”, alertó.

Demolición de búnkeres como medida de seguridad públicaEl juez también se refirió a la posibilidad de demoler estos búnkeres, una medida que ha sido adoptada en diversas ocasiones como parte de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. “Derribar un búnker por orden judicial tiene múltiples beneficios. Primero, garantiza la seguridad pública, protegiendo a la comunidad de las consecuencias de una estructura inestable o de su posible uso para actividades ilícitas”, explicó Clavero.

Además, la demolición de estos espacios ayuda a recuperar terrenos que pueden ser destinados al desarrollo urbano o a la construcción de espacios verdes, contribuyendo al bienestar general. También, en lugares donde los búnkeres generan conflictos y violencia entre los vecinos, como sucedió en Santa Fe, la demolición de estas estructuras puede devolver la tranquilidad a las comunidades afectadas.

“Cuando los búnkeres representan un peligro para la seguridad y el orden público, su demolición es una medida que protege a los vecinos y restablece la paz en la zona”, agregó Clavero.

En una acción considerada inédita en la región, dos viviendas utilizadas como búnkers narco fueron demolidas en la zona sur de Venado Tuerto. La medida fue impulsada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) a partir de una denuncia presentada en enero por el intendente Leonel Chiarella, tras múltiples reclamos de vecinos que advertían sobre la venta de drogas en esa zona.

“Era un lugar que había sido allanado al menos seis veces en los últimos dos años, tanto por la Justicia provincial como federal. Se convirtió en un punto emblemático del delito en Venado”, afirmó Nahuel Pasquinelli, delegado del Ministerio de Seguridad provincial en el sur santafesino. El funcionario remarcó que, si bien las viviendas eran precarias, estaban ubicadas en el “corazón del barrio”, lo que las convertía en un foco constante de violencia, consumo y tráfico de estupefacientes.

Cabe recordar que la denuncia original, ingresada por el intendente Chiarella en representación de vecinos que temían hacerlo con nombre y apellido, dio inicio a una investigación bajo el nuevo marco legal de la Ley de Microtráfico. A partir de allí, el fiscal Iván Raposo encabezó una serie de tareas de inteligencia: escuchas telefónicas, vigilancia encubierta y constatación del movimiento en el lugar. Todo permitió confirmar que las propiedades eran utilizadas exclusivamente para comercializar drogas.

El operativo, ejecutado este miércoles, incluyó tres allanamientos simultáneos en domicilios ubicados en calle Pavón al 1880 (vereda par e impar) y en Marenghini al 300. Como resultado, se detuvo a seis personas, se incautó cocaína, marihuana, balanzas de precisión, teléfonos celulares, una réplica de pistola, anotaciones contables y otros elementos vinculados al narcomenudeo. Cinco de los detenidos quedaron con prisión preventiva.

Tras la detención, se realizó una audiencia en la que el fiscal solicitó la “inactivación coercitiva” de las propiedades, es decir, su demolición, fundamentando que eran terrenos propiedad del municipio —adquiridos por prescripción adquisitiva— y que habían sido utilizados exclusivamente para delinquir. Ni los defensores públicos ni los ocupantes actuales de las casas opusieron objeciones. “Algunos dijeron que llevaban un día viviendo allí, otros ni siquiera sabían de quién era la casa. No había una defensa posible”, explicó Pasquinelli, destacando la decisión del gobierno provincial, a través del ministro de Justicia y Seguridad Pablo Cococcioni, en la lucha contra el delito y el narcotráfico. .

El juez autorizó la demolición, que fue llevada adelante con maquinaria del municipio. “Las construcciones estaban enfrentadas, sobre un terreno que no está subdividido catastralmente. Legalmente son parte de una gran parcela municipal”, detalló el funcionario.

“El efecto que causó esto en el barrio fue muy fuerte. Estábamos rodeados de chicos y adolescentes. Ver que esas casas —donde se vendía droga y se escondían autores de robos o tiroteos— desaparecieran delante de sus ojos fue un mensaje muy claro”, señaló Pasquinelli. La demolición no solo apuntó a desarticular el negocio del narcomenudeo, sino también a recuperar el espacio público y devolverles seguridad a los vecinos.

El delegado del Ministerio de Seguridad confirmó que hay otras propiedades en la mira. “Estamos trabajando en muchos casos más. No todos terminarán con una demolición, pero si se comprueba que se usan exclusivamente para delinquir, vamos a actuar”, sostuvo. Y agregó: “Este es el primer antecedente en el sur de la provincia. A partir de ahora, nos permite avanzar con mayor firmeza cada vez que la situación lo amerite”.

Por último, destacó el rol que cumple la Ley de Microtráfico, sancionada hace poco más de un año, que habilita a la justicia provincial a intervenir en causas por venta de drogas a pequeña escala. “Antes todo debía pasar por la Justicia Federal. Hoy, con esta herramienta, tenemos capacidad de respuesta rápida y directa”, concluyó.

Este miércoles en horas de la tarde, en un operativo coordinado entre fuerzas de seguridad, el Ministerio Público de la Acusación, la Policía de Investigaciones, la Justicia provincial y autoridades locales, se llevó adelante la demolición de dos inmuebles utilizados para la venta de drogas en Venado Tuerto. 

La medida fue ordenada por la Justicia en el marco de la Ley de Microtráfico, a partir de una denuncia realizada por el intendente Leonel Chiarella y el delegado del Ministerio de Seguridad en General López, Nahuel Pasquinelli, con base en las reiteradas quejas de vecinos de la zona de Pavón al 1800.

“Estamos dando cumplimiento a una medida ordenada por la Justicia, en el marco de una investigación por narcotráfico. Es muy importante desactivar estos lugares, no solo por la actividad ilícita que se desarrolla, sino también por las situaciones de violencia que se generan en torno a estos puntos de venta”, manifestó el intendente Leonel Chiarella, quien estuvo presente durante el operativo de demolición junto a la senadora Leticia Di Gregorio.

El mandatario también agradeció el acompañamiento institucional en cada instancia del proceso. “Quiero destacar y agradecer al Gobierno provincial, al fiscal Iván Raposo, las fuerzas de seguridad provinciales como la PDI y la Unidad Regional VIII y al juez Mauricio Clavero que intervinieron por esta firme decisión de ir a fondo contra la venta de droga. Estas acciones demuestran que cuando se trabaja de manera articulada, con decisión política y respaldo legal, los resultados llegan”, expresó.

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En este sentido, afirmó: “No vamos a permitir que estos lugares sigan funcionando. Tenemos las herramientas legales y el compromiso necesario para avanzar. No se trata solo de perseguir a los responsables, sino de intervenir sobre los entornos donde la violencia y el narcotráfico se instalan. Vamos a estar donde haya que estar”, aseveró Chiarella.

Por su parte, Nahuel Pasquinelli expresó: “Esta demolición no es simbólica: marca un antes y un después en la lucha contra la venta de droga en Venado Tuerto. Con la firmeza de nuestro gobernador Maximiliano Pullaro y nuestro ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, estamos mostrando que se puede actuar con decisión y con respaldo legal para proteger a los vecinos”.

La denuncia inicial fue presentada el 20 de enero de este año, luego de que numerosos vecinos manifestaran su preocupación por el nivel de actividad ilícita que se registraba en algunos domicilios del barrio. La causa quedó a cargo del fiscal Iván Raposo, quien dispuso la intervención de la Unidad de Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI), iniciándose una investigación que incluyó tareas de inteligencia, intervenciones telefónicas, seguimiento de movimientos en la zona e identificación de los involucrados.

Como resultado de estas tareas, el 22 de mayo se realizaron tres allanamientos simultáneos en los domicilios ubicados en Pavón 1880, Pavón 1890 y Marenghini 361. En los procedimientos se detuvo a seis personas que se encontraban en el lugar, y se incautaron diversas evidencias vinculadas a la comercialización de estupefacientes. Entre los elementos secuestrados se encontraron más de 250 gramos de marihuana, cocaína fraccionada, una réplica de arma de fuego, balanzas de precisión, teléfonos celulares, recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento de la droga, una planta de cannabis, picadores, una contadora de billetes y una suma cercana a los 380 mil pesos en efectivo.

Tras las audiencias respectivas, cinco de los detenidos recibieron prisión preventiva ordinaria por orden del juez Mauricio Clavero. Se trata de Joaquín M., alias “El Primo”, Micaela V., Juan Manuel S., Brian Miguel J. y Victoria Nahir C. Un sexto detenido, que se encontraba comprando estupefacientes, fue identificado como ajeno a la banda y no fue imputado en la causa principal.

Uno de los domicilios allanados, Pavón 1880, ya había sido objeto de múltiples investigaciones anteriores vinculadas a balaceras y tenencia de armas. En virtud de los antecedentes del inmueble y su reiterado uso como punto de venta de drogas, el fiscal Iván Raposo aplicó una figura legal prevista en la Ley Provincial de Microtráfico N° 14.239, específicamente en el artículo 6 inciso B, que permite ordenar el cese del estado antijurídico de un bien inmueble utilizado para el delito y proceder a su demolición. Cabe destacar que dicho terreno estaba usurpado y pertenece al Municipio de Venado Tuerto.

En un hecho sin precedentes en el departamento General López, se llevó a cabo la demolición total de dos direcciones en barrio Villa Moisés, identificados catastralmente en la calle Pavón 1880 y Pavón 1880 -vereda impar-. La medida fue impulsada por la justicia provincial, en un esfuerzo por erradicar focos de actividad delictiva y devolver la tranquilidad a los vecinos de la zona.

La decisión de demoler los inmuebles se tomó tras una audiencia que comenzó alrededor de las 13.30 y se extendió hasta las 15.15 en Venado Tuerto, de la cual participaron el encargado de la Unidad Fiscal de Microtráfico dependiente de la Fiscalía General del MPA, quien asistió vía zoom, autoridades municipales, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Unidad Regional VIII. La solicitud estuvo a cago del fiscal Iván Raposo quien fundamentó que se trataba de dos inmuebles construidos en territorios fiscales con un largo historial de hechos delictivos.

Desde el año 2019, ambos domicilios habían sido allanados de manera frecuente “con resultados positivos en el secuestro de estupefacientes, tanto por la justicia provincial como federal”, detalló el fiscal Raposo. 

Los allanamientos recientes también habían arrojado detenciones (cinco personas que quedaron con prisión preventiva) y el secuestro de gran cantidad de material estupefaciente, elementos de corte, dinero en efectivo, una máquina de contar billetes y un arma de fuego.

A raíz de este caso, “decidí llevar adelante esta audiencia y pedir por primera vez en el departamento General López esta medida de demolición total de esos dos inmuebles. Pedido que se basó primeramente en que se trataban de dos inmuebles ubicados en territorios fiscales”, mencionó el funcionario del MPA. La solicitud de Raposo fue habilitada por el juez Mauricio Clavero.

Además de la actividad criminal, Raposo relató que la situación generaba “intranquilidad en los vecinos residentes de Villa Moisés” y frecuentemente llamaban al 911 reportando incidencias de balaceras u otro tipo de violencia. 

La medida de demolición busca erradicar esa situación y brindar seguridad y tranquilidad al barrio, especialmente a los vecinos de las calles Pavón y Marenghini.

“La demolición se llevó adelante alrededor de las 16 con la presencia de personal de la municipalidad, el intendente, el delegado del Ministerio de Seguridad, representantes del Poder Legislativo y las fuerzas policiales”, detalló. 

El objetivo final es reutilizar esos terrenos para otros fines públicos o usos que no afecten la salud pública ni generen inseguridad o intranquilidad a los vecinos.Este proceso marca un primer antecedente de este tipo de cese de actividad en el departamento General López en el marco de la nueva reforma del Código Penal.

La inactivación de estos puntos de venta forma parte de las medidas contempladas en la Ley de Microtráfico, aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura provincial. Esta normativa establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos vinculados al “narcomenudeo”, que antes eran competencia exclusiva de la Justicia Federal.

El secretario de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, Omar Pereira, y los fiscales del Ministerio Público de la Acusación, Patricio Saldutti, Adrián Spelta y Franco Carbone, brindaron detalles este jueves sobre el operativo de inutilización de dos puntos de venta de estupefacientes en barrio Santa Lucía, en la zona oeste de la ciudad de Rosario. 

Uno de los puntos se ubica en Provincia de Misiones al 2100, altura avenida Circunvalación. También se inhabilitó otro punto de venta de estupefacientes en la misma calle a la altura del 2200. En este caso, no se trata de un derribo, sino de un tapiado e inutilización del lugar debido a que es un espacio clave para el trabajo de la justicia. 

En declaraciones a la prensa, Pereira explicó que estos puntos “representan los dos lugares más simbólicos que tienen que ver con cuestiones dolorosas” que se vivieron en la ciudad de Rosario en el mes de marzo, “porque en estos dos domicilios es donde se concretaron todas las medidas preparatorias para la ejecución del terrible asesinato del joven en la estación de servicios”. “Acá se lo trajo al autor, al menor, acá se lo proveyó de la nota, del arma, etcétera, o sea que estamos hablando de un lugar fundamental para el trabajo de la justicia hoy”, detalló. 

Derribos

Luego, el funcionario recordó que desde el inicio de la gestión se concretaron 27 operativos de este tipo, entre derribos y tapiado, y agregó: “La cantidad de puntos de venta relevados en la ciudad son muchísimos más, seguimos trabajando apoyados en una herramienta que es la Ley de Microtráfico con el Ministerio Público de la Acusación”. 

En el mismo sentido, el fiscal Spelta agregó: “A 200 metros de acá, fue donde el menor de identidad reservada, que realizó los ataques, salió con el arma que le fue proveída desde este domicilio, por parte de la esposa de Maturano, a cometer el hecho”.

A continuación, destacó: “Después del hecho, se produjeron los primeros allanamientos. Se allanó este domicilio, y en este lugar se encontraba la esposa de Maturano, de apellido García, pero hasta ese momento nosotros no teníamos la vinculación, porque no teníamos la declaración del menor que dijo que fue ella quien le proveyó la nota intimidatoria y el arma en el domicilio”.

Luego explicó que hoy García está detenida y que Maturano sigue prófugo y continúa vigente la recompensa para quien aporte datos. Finalmente, precisó: “La investigación está encaminada; no sería apropiado dar algún dato preciso, pero estamos muy cerca de dar con él”.

Cabe recordar que, en el marco de la Ley de Microtráfico, los operativos de derribo e inutilización de inmuebles que funcionaban como puestos de venta de estupefacientes se desarrollan desde principio de año, en un trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia Provincial, la Policía Provincial y con la colaboración de los gobiernos locales.

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, llevó adelante este lunes por la mañana el derrumbe de un puesto de venta de estupefacientes sobre calle Biedma al 2825, en la ciudad de Rosario. El inmueble tenía un historial relacionado a bandas delictivas de la ciudad y actualmente era ocupado por una empleada policial que mantenía relación con un preso de alto perfil. 

En ese contexto, el fiscal Franco Carbone, detalló que se trató de una investigación “donde pudimos determinar que el inmueble era ocupado por una persona que era empleada policial y que tenía relación con un interno de alto perfil de la cárcel de Piñero”, a lo que agregó respecto al inmueble derrumbado que “es una casa que tiene un historial vinculado a bandas delictivas que en su momento funcionó como centro de operaciones de la banda de Máximo Ariel “Viejo” Cantero. Acá vivía Brenda Barbosa, que era la pareja de Nelson “Pandu” Aguirre. Ellos regenteaban el local Vía Honda y utilizaban este lugar como centro logístico. Aquí encontramos estupefacientes en cuatro allanamientos que hicimos con la Justicia Federal y también aquí se asesinó a una persona”. 

Seguidamente, Carbone aseguró que el lugar “tenía como fachada primero un almacén, después kiosco, pero aquí funcionaba la venta de drogas al menudeo desde hace al menos cuatro años atrás. Después esta gente se fue pero siguió funcionando como aguantadero, con ocupantes golondrinas, situación de la que daban cuenta los vecinos, hasta que llegó a vivir la empleada policial, quien tras la audiencia accedió a irse de la fuerza y entregó este inmueble”.

La presencia del Estado

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, Omar Pereira, afirmó que a la empleada de la fuerza policial santafesina “se le iniciaron los sumarios administrativos correspondientes y a la brevedad se dispondrá su destitución”. 

A su vez, el funcionario provincial remarcó que este tipo de operativos “es la presencia del Estado con las herramientas que la legalidad le brinda para luchar contra esta problemática de la venta de drogas, de estos búnkeres para lo que la Ley de Microtráfico apunta, a eliminar estos centros de violencia en barrios como este y generan tiroteos, muertes, transformando un barrio tranquilo en un lugar de mucho peligro para la sociedad”, concluyó. 

Ley de Microtráfico

El operativo se realizó en el marco de la Ley de Microtráfico, con la cual la Provincia avanza con el derribo e inutilización de puntos de venta de drogas con el objetivo de reducir la circulación de violencia lesiva en sectores de conflicto del territorio provincial, en un trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia Provincial, la Policía Provincial y con colaboración de los gobiernos locales.

Los derribos de búnkers o puntos de venta de droga son una de las medidas que integran la Ley de Microtráfico que fue aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura provincial y que establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos de “microtráfico” o “narcomenudeo”, que hasta antes de la reglamentación eran competencia de la Justicia Federal.

De esta manera, se permite la desactivación coercitiva de los puntos de venta minoristas de estupefacientes en el territorio provincial: cuando haya un búnker o una construcción precaria y montada específicamente para el tráfico estupefaciente, con la ley se permite el derribo o demolición forzosa. También, se pretende dilucidar los eslabones superiores en la cadena de comercialización y suministro de estupefacientes, y la desactivación del punto de venta en concreto.

La Justicia Federal persigue la cadena de comercialización, investiga los eslabones superiores del narcotráfico y la intervención provincial es la desactivación directa del punto de venta. 

Por Ivana Fux

La mayoría de los principales precandidatos a gobernador de la provincia tendrán sus búnkeres el domingo en la ciudad de Rosario. Para seguir el procesamiento de datos y esperar los resultados del escrutinio, algunos han elegido hoteles; otros, centros o salas culturales.

Según confirmaron referentes de cada sector, los tres aspirantes a la gobernación por el frente Unidos para Cambiar Santa Fe estarán en Rosario. Será el caso de Maximiliano Pullaro, Carolina Losada y la socialista Mónica Fein. Pullaro y Losada estarán en hoteles diferentes; Fein, en la sede de la Usina Social.

En el caso del peronismo, tres de los cuatro pre candidatos son oriundos de Rosario y elegirán esa ciudad para esperar los resultados. Algunos, de todos modos, viajarán a Santa Fe para acompañar a sus precandidatas a vice. Es el caso de Marcos Cleri, quien votará por la mañana en su ciudad, viajará luego a esta capital para estar junto a Alejandra Obeid en el momento de su sufragio, y retornará a Rosario para esperar allí los datos.

En el caso de Eduardo Toniolli, también estará en la ciudad del sur, en la “Sala de las Artes”. El equipo de Marcelo Lewandowski confirmó la presencia del precandidato a gobernador también en Rosario. Sin embargo, evaluaba la permanencia en Santa Fe de su compañera de fórmula, Silvina Frana.

Leandro Busatto es el único pre candidato a gobernador en el marco de los principales frentes que es oriundo de esta capital, y que esperará en esta ciudad los resultados.

Por el lado del gobernador Omar Perotti, estará en las primeras horas del día en Rafaela, donde votará. Más tarde, se trasladaría a la Casa de Gobierno donde se congregarían otros integrantes del gabinete que, además, secundan al mandatario en la lista de precandidatos a diputados provinciales. De todos modos, excepto su votación en Rafaela, toda su agenda del domingo está sujeta a cambios.

“Nuestra propuesta concreta es que la Legislatura dicte las leyes necesarias para que la Justicia y la Policía provinciales puedan ocuparse del narcomenudeo”, aseguró José Corral, candidato a diputado provincial de la lista Santa Fe Puede, que lleva a Maxi Pullaro como candidato a la gobernación. “Tenemos que darle a las autoridades las herramientas necesarias para tumbar los bunkers y los kioscos de droga. Es un tema urgente, no se puede seguir perdiendo tiempo”, remarcó el dos veces intendente de la ciudad de Santa Fe.

En ese sentido, contó que “hoy si los vecinos nos dicen que hay un kiosco de droga, o nos indican dónde hay un búnker, la Policía provincial, la Justicia y las autoridades no pueden hacer nada. Por eso planteamos adherir a la ley de desfederalización del narcomenudeo”, detalló.

José Corral plantea así la adhesión de Santa Fe a la Ley Nacional 26.052, que data de 2005 y a la que ya adhirieron provincias como Córdoba, Provincia de Buenos Aires, Salta, Chaco y Entre Ríos, y se trata de la norma que permite a la Justicia provincial perseguir, juzgar y reprimir el tráfico de drogas de baja escala. “El tráfico de drogas es un flagelo que trae violencia en nuestras calles y es urgente que la Provincia tenga todas las herramientas legales para por perseguirlo”, planteó el candidato a diputado, y agregó que “con Maxi Pullaro tenemos la decisión, el carácter y el conocimiento necesario para poder avanzar rápidamente”.

En ese sentido, consideró que “la adhesión a la ley de narcomenudeo nos va a permitir actuar directa y rápidamente en el territorio. Así como a los negocios legales hay que facilitarles el desarrollo -desburocratizando, bajando impuestos, acompañando con créditos-, a los mercados ilegales que venden veneno, como la droga, hay que dificultarles las cosas en todas las canchas, es decir con las investigaciones de las grandes organizaciones, pero también complicándoles la venta barrial”, remarcó.

En paralelo, apuntó que desde Santa Fe Puede “promovemos dotar a la Justicia de los recursos necesarios, para lo cual proponemos la creación de 17 fiscalías, 9 defensorías y 7 juzgados especializados en el tema de estupefacientes”.

José Corral destacó que “hasta ahora, para reprimir a las bandas era necesario hacer lo que Maxi Pullaro durante su gestión: investigar por otros delitos -como homicidios, asociación ilícita y otros tipos penales- que permitieron llevar adelante las investigaciones, pero la adhesión a la ley va a permitir más celeridad en el combate a las mafias”, concluyó.