El Gobierno de Santa Fe supervisó este viernes la inactivación de tres búnkeres de venta de drogas en barrio Banana, en la zona de Gutemberg entre avenida 27 de Febrero y Pasaje Gálvez, en el oeste de Rosario. Se trata del mismo sector donde la semana pasada fue asesinado un agente de la Policía Federal Argentina durante un operativo vinculado a investigaciones sobre narcotráfico.

Los procedimientos fueron encabezados por funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad y fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en el marco de las acciones que la Provincia viene desarrollando para desarticular puntos de comercialización de estupefacientes y recuperar territorios afectados por economías criminales.

Con estas tres nuevas intervenciones, ya son 129 los búnkeres derribados o inactivados en Santa Fe desde la implementación de la Ley de Microtráfico, sancionada a finales de 2023. La herramienta permitió transferir a la Justicia Provincial la investigación de la venta minorista de drogas, acelerando los tiempos de actuación y fortaleciendo la coordinación entre organismos judiciales y fuerzas de seguridad.

Durante la actividad, el secretario de Seguridad Pública de Santa Fe, Omar Pereira, destacó que estas acciones forman parte de una estrategia sostenida para intervenir en los territorios más afectados por la violencia.

“Con estas tres inactivaciones llegamos a 129 procedimientos en toda la provincia. Estos lugares no son solamente puntos de venta de droga; son también focos de violencia y de muerte. Seguimos trabajando con una herramienta que nos permite avanzar con mayor rapidez en las investigaciones y obtener resultados concretos”, afirmó.

Por su parte, el fiscal Franco Carbone explicó que los inmuebles intervenidos forman parte de las investigaciones desarrolladas tras el homicidio del efectivo federal y de otras causas vinculadas a organizaciones narcocriminales que operan en el barrio.

“En el marco de las medidas adoptadas después del hecho, realizamos allanamientos simultáneos en estos inmuebles y en otros puntos del barrio. Se secuestró material estupefaciente fraccionado para la venta, elementos de corte, balanzas de precisión y armas de fuego, todos elementos de relevancia para el avance de las investigaciones”, señaló.

El fiscal añadió que, a partir de las evidencias reunidas, se solicitó el cese del estado antijurídico de los tres inmuebles, una medida que permite impedir que vuelvan a ser utilizados para actividades vinculadas al narcotráfico.

Consultado sobre los avances de la causa, Carbone indicó que existen personas imputadas y con prisión preventiva. “Son personas conocidas que continúan desarrollando actividades delictivas a través de terceros, ya que sus principales integrantes se encuentran detenidos. Desde la entrada en vigencia de la Ley de Microtráfico hemos impulsado numerosas investigaciones, con detenciones y secuestros que permiten avanzar sobre estas organizaciones”, concluyó.

Las intervenciones en barrio Banana forman parte de una estrategia integral que combina investigaciones judiciales, operativos policiales y la eliminación física de los puntos de venta de droga, con el objetivo de reducir la violencia asociada al narcotráfico en los barrios más complejos de la provincia.

Este viernes  se procedió en Venado Tuerto a la demolición de una construcción señalada como búnker de venta de estupefacientes, ubicada en República de Irlanda al 1500, en barrio Juan XXIII. El operativo forma parte de las acciones que lleva adelante el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe en un trabajo conjunto con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para inactivar puntos utilizados para actividades ilícitas.

En este marco, el delegado regional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Nahuel Pasquinelli, confirmó que el inmueble estaba identificado desde hacía tiempo por su vinculación con delitos y aclaró que no se trataba de una vivienda en condiciones de ser habitada.

“Yo más que vivienda lo llamaría precisamente búnker, porque era un lugar donde habitualmente se cometían ilícitos o pasaban cuestiones relacionadas a lo ilegal”, sostuvo en diálogo con "A Pesar de Todo" (LT29).

En ese sentido, remarcó que la construcción no podía ser recuperada para otro uso habitacional: “No sirve, no se puede utilizar o reutilizar como vivienda. Es una construcción que no presenta ninguna condición para ser habitada”.

Pasquinelli explicó que la investigación sobre el lugar venía desarrollándose desde hacía tiempo y que el inmueble estaba vinculado a hechos delictivos ocurridos durante varios años. Incluso recordó que en 2022, en ese mismo sector, se registró un homicidio con arma de fuego.

La denuncia que dio impulso al proceso fue presentada hace aproximadamente un año por el propio delegado regional junto al intendente de Venado Tuerto Leonel Chiarella y la senadora provincial Leticia Di Gregorio, a partir de reclamos acercados por vecinos del barrio.

“Las denuncias que hacemos junto al intendente y a la senadora son precisamente denuncias que nos acercan los vecinos, que prefieren preservar su identidad, y nosotros las hacemos en representación de ellos”, señaló.

A partir de esa presentación se realizaron tareas investigativas, donde se reunieron distintos elementos probatorios y la causa avanzó hasta derivar en personas con prisión preventiva. Dentro de ese expediente, la Justicia resolvió autorizar la inactivación y posterior derrumbe del inmueble.

“Se pudo comprobar, con la cantidad de denuncias que tenía ese lugar y la cantidad de llamadas al 911, que era un espacio utilizado específicamente para cometer ilícitos”, afirmó Pasquinelli.

El funcionario también marcó un dato significativo: el búnker se encontraba en la parte posterior de las instalaciones del Club Sacachispas, una institución barrial que cumple una tarea social y deportiva de contención.

Para Pasquinelli, la ubicación del inmueble le da al procedimiento un valor simbólico adicional. “Es ejemplificador que un lugar que se utiliza para contener jóvenes, para sacarlos de la adicción y demás, tuviera a su espalda un búnker. Tomar esta medida tan contundente me parece totalmente ejemplificador”, expresó.

Consultado sobre la situación legal del inmueble, el delegado regional indicó que la construcción estaba ubicada dentro de un terreno de mayores dimensiones y que no se pudo localizar a los propietarios. Además, las personas que estaban en el lugar no pudieron acreditar ningún tipo de vínculo jurídico con la propiedad.

“Podemos decir que estaba usurpado. No había una denuncia de usurpación, pero tampoco pudieron acreditar la titularidad de ningún modo”, precisó.

Pasquinelli aclaró que este procedimiento es el cuarto derribo de un búnker en Venado Tuerto durante la actual gestión provincial. Recordó que anteriormente se habían demolido dos construcciones precarias en calle Pavón, en el extremo sur de la ciudad, y luego otro inmueble en barrio San Martín.

Con este nuevo operativo, la provincia alcanza el búnker número 126 demolido en Santa Fe en el marco del programa impulsado por el Ministerio de Justicia y Seguridad, a cargo de Pablo Cococcioni.

El funcionario adelantó que existen otros domicilios bajo análisis, aunque evitó dar detalles para no interferir en las investigaciones en curso. “Tenemos varios lugares que están siendo investigados y que podrían encuadrar en esta situación”, indicó.

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, concretó este viernes en Venado Tuerto la demolición del cuarto búnker de venta de drogas de la ciudad y del número 126 en la provincia desde la puesta en marcha de la Ley de Microtráfico, hace más de dos años. El inmueble estaba ubicado en República de Irlanda 1551, en el barrio Juan XXIII, y era utilizado para la comercialización de estupefacientes.

Del procedimiento participaron el intendente Leonel Chiarella; la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Georgina Orciani; la senadora provincial Leticia Di Gregorio; el fiscal Regional, Mauricio Clavero; y el fiscal Franco Carbone.

Al referirse al operativo, Chiarella recordó que “este lugar en República de Irlanda 1551 lo denunciamos junto con Leticia (Di Gregorio) y Nahuel (Pasquinelli, representante regional del Ministerio de Seguridad), con presentaciones judiciales. Ariel Castro y Adrián Alviso eran quienes vendían drogas en este lugar, les vendían a menores y habían usurpado este espacio”.

El intendente señaló que ese inmueble “era una vivienda usurpada, sin servicios, enganchada ilegalmente a la luz; no era el hogar de nadie, era una cáscara, un aguantadero utilizado para comercializar estupefacientes, fraccionar droga y guardar armas”.

También recordó que en el lugar se realizaron allanamientos reiterados con resultados positivos, que existían numerosas denuncias por hechos de violencia y que en 2022 un hombre fue baleado allí y posteriormente perdió la vida. “A metros de este lugar hay un club deportivo que trabaja todos los días para contener a los jóvenes del barrio. Ellos construyen y este búnker destruía”, afirmó.

Por último, destacó el trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado y el Poder Judicial. “Seguiremos muy firmes en esta tarea coordinada que estamos llevando adelante desde el Gobierno municipal, Leticia Di Gregorio desde el Senado, con una fuerte decisión del gobernador Maximiliano Pullaro, del ministro Pablo Cococcioni y de la Fiscalía. Quiero agradecer especialmente al fiscal Franco Carbone, al fiscal Regional Mauricio Clavero y al fiscal de la Unidad de Microtráfico Iván Raposo, con quienes venimos trabajando codo a codo para llevar adelante esta tarea que implica ir de frente contra la venta de drogas. No vamos a dar ni un paso atrás”, indicó el mandatario venadense.

El fiscal Clavero recordó que este es el cuarto espacio destinado a la venta de drogas que se destruye en la región por orden judicial y aseguró que “es un símbolo de la lucha contra el narcotráfico y el microtráfico que despliega la provincia”.

Asimismo, valoró el trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación. “Esto incluye el trabajo de mucha gente, e incluso de los jueces que acompañan este tipo de políticas de lucha contra el microtráfico”, expresó.

El fiscal regional también explicó los motivos que llevan a la demolición de estos inmuebles. “Este lugar está estigmatizado como un espacio oscuro, donde incluso hace un tiempo hubo un hecho de sangre y una persona fue asesinada. Esta vivienda fue usurpada, luego recuperada, y motivo de disputa entre bandas. Si el Estado le entrega esta casa a una familia de esfuerzo y trabajo, le está entregando un problema y una situación de riesgo”, indicó.

Por su parte, Orciani destacó que ya son 126 los búnkeres derribados en la provincia y sostuvo que “esto es una muestra más de que el Estado es más fuerte que las bandas narcocriminales que intentan arrebatar la vida, la tranquilidad y la salud de todos los santafesinos”.

Finalmente, la senadora Di Gregorio puso el acento en la importancia de las denuncias que realiza la comunidad, tanto de manera presencial ante las autoridades como a través de los Buzones de la Vida. Según señaló, esas denuncias suelen ser el punto de partida de investigaciones que luego derivan en procedimientos como el realizado este viernes en el barrio Juan XXIII.

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad y junto con fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), supervisó este viernes el derribo de otro inmueble utilizado para la venta de estupefacientes, ubicado en inmediaciones de Monseñor Zazpe y Doctor Zavalla, en la ciudad de Santa Fe. El procedimiento se realizó en el marco de la Ley de Microtráfico.

Con esta intervención, la Provincia alcanza los 120 inmuebles inactivados desde la puesta en marcha de la ley por parte de la Legislatura santafesina, en diciembre de 2023, y su posterior promulgación durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

El momento en que la topadora arremetió contra el frente del inmueble desató el aplauso espontáneo de los vecinos, que habían denunciado la situación del lugar.

Rumbo a seguir

Durante la intervención, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, valoró el trabajo conjunto que “empezó por los vecinos que durante mucho tiempo denunciaron a este lugar donde había actividades criminales”, que según dijo el funcionario, tuvo “cerca de 500 incidencias en el lapso de 8 meses en un radio de 200 metros a este sitio que funcionaba como punto de venta de estupefacientes pero también como aguantadero, lugar de acopio y junta de delincuencia”.

El ministro aseguró que el derribo del lugar “tendrá un efecto positivo en el barrio y contribuirá a recuperar la tranquilidad pública”, en conjunto con otras medidas que viene llevando adelante el Gobierno Provincial tales como “poner la policía en la calle, endurecer el régimen penitenciario, reformar las leyes a favor del Estado y no de los delincuentes”, agregó Cococcioni.  

“Esto no es una medida aislada”, subrayó el funcionario, sino que “se da en un contexto de una política de seguridad que viene dando buenos resultados en el control de los indicadores más gruesos de criminalidad como la tasa de homicidios, con un descenso abrupto”, afirmó. Al mismo tiempo, reconoció que “este es el rumbo que hay que mantener y fortalecer para devolverle la seguridad a los santafesinos”.

Terminar con un lugar inhabitable

El fiscal Diego Vigo destacó también el compromiso de los vecinos de la zona que “pusieron en conocimiento los hechos delictivos que se sucedían en el lugar a través de llamados al 911” y de esa manera “hicimos un análisis criminal temprano que nos permitió priorizar el caso, detectamos la situación, acreditamos el hecho delictivo, se tomó la medida cautelar para tres personas dictaminándoles prisión preventiva y luego obtuvimos el derribo”, explicó.

Vigo agregó que en el lugar se acreditó “la existencia de estupefacientes, droga fraccionada y otros elementos que nos indicaron que era tenencia con fines de comercialización”, sumando que el aspecto habitacional era “prácticamente inhumano, siendo un punto que claramente no cumple las condiciones para que personas habiten”.

Por su parte, la presidenta de la vecinal Barrio Sur, Laura D`Andrea, aseguró que alcanzar el derribo del sitio “fue una lucha de muchos años”, por lo que destacó “la decisión política de este Gobierno Provincial” lo que consideró “muy importante, porque desde la vecinal nos comprometimos a ayudar a los vecinos y vecinas” ya que “este bunker era un problema para quienes viven aquí”. La vecinalista valoro el acompañamiento de los funcionarios y destacó  la importancia de “tener este desenlace para poder estar más tranquilos”.

En el lugar estuvieron presentes también la vocera provincial, Virginia Coudannes; el subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte; el senador por el departamento La Capital, Paco Garibaldi y el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Santa Fe, Sebastián Mastropaolo.

Funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, junto a fiscales del Ministerio Público de la Acusación, supervisaron este viernes el derribo de un búnker de venta de drogas en Fray Luis Beltrán. Se trata de la intervención 112 desde la implementación de la Ley de Microtráfico, impulsada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

La inactivación tuvo lugar en calle 1º de Mayo al 700, en barrio Granaderos, y fue encabezada por el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira; la fiscal de Menores, Virginia Gabenara; y el fiscal Franco Carbone.

“Seguimos consolidando este trabajo junto al Ministerio Público de la Acusación y la Justicia, en el marco de la implementación de la Ley de Microtráfico. Entendemos que es una herramienta fundamental; la realidad así lo ha demostrado”, señaló Pereira.

El funcionario precisó además que ya son 112 los búnkers inactivados en toda la provincia y destacó que el cordón industrial -donde se ubica Fray Luis Beltrán- se posiciona entre las zonas con mayor cantidad de intervenciones, junto con Rosario y la ciudad de Frontera, en el departamento Castellanos.

Seguimiento permanente

Pereira explicó que el trabajo no se limita al derribo de los puntos de venta, sino que incluye un seguimiento posterior y un análisis constante de las zonas intervenidas. “Estamos realizando un relevamiento desde el primer derribo hasta el último”, indicó.

Ese monitoreo permitió, por ejemplo, recuperar espacios públicos en Rosario, donde en algunos casos se avanzó con la construcción de plazas. También busca evitar que, sobre los mismos terrenos, vuelvan a instalarse estructuras destinadas al narcomenudeo.

Vínculos con una investigación por homicidio

En relación con el búnker derribado en Fray Luis Beltrán, la fiscal Gabenara explicó que el inmueble funcionaba como punto de venta de estupefacientes y que incluso “venían personas de Rosario a comercializar”.

Asimismo, indicó que el lugar está vinculado a un homicidio en investigación. “Hay un menor detenido a raíz del hecho y otra persona posiblemente involucrada, cuya identidad y participación se están investigando”, detalló.

La fiscal agregó que el menor se encuentra en prisión preventiva por el plazo dispuesto por el juez y que será sometido al proceso correspondiente.

Modalidades y trabajo previo

Por su parte, el fiscal Carbone explicó que, a partir de las 112 intervenciones realizadas, se detectaron distintas modalidades de venta al menudeo: desde estructuras tipo búnker con ventanillas, hasta viviendas adaptadas para el tráfico ilícito de estupefacientes.

“Se trata de lugares donde hay personas que permanecen día y noche, pero que no residen allí ni pueden acreditar su permanencia”, señaló el funcionario.

El fiscal destacó además el trabajo previo que implica cada operativo, al tratarse de sitios “asociados a violencias altamente lesivas”, y subrayó el rol de la ciudadanía: “La colaboración de los vecinos en la denuncia es fundamental”.

Los derribos se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Gobierno provincial, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia santafesina, la Policía provincial, fuerzas federales y gobiernos locales.

Un búnker nuclear construido en época de la Guerra Fría en las cercanías de Tunstall, en la costa oriental de Inglaterra, está a "tan solo unos días" de caer al mar debido a la erosión costera.

Se cree que el edificio de ladrillo tiene unos 70 años y fue diseñado como puesto de vigilancia en caso de una guerra nuclear.

Davey Robinson, un historiador aficionado que está filmando sus últimos días, comentó: "Vivimos en una de las costas con mayor erosión de Europa y a este búnker no le queda mucho tiempo, quizás solo unos días".

Las autoridades locales han instado a la población a evitar la cima del acantilado en que se encuentra y la playa situada debajo, y a "mantener siempre una distancia de seguridad con la base de los acantilados en erosión debido a los riesgos asociados".

De acuerdo con la Agencia del Medio Ambiente de Reino Unido, el condado de East Yorkshire, donde se construyó el refugio nuclear, es una de las regiones británicas expuestas a una más rápida erosión costera.

Robinson y su pareja, Tracy Charlton, han visitado el lugar en Tunstall durante las últimas nueve mañanas con la expectativa de que el búnker caiga al mar.

"Estamos publicando las imágenes en nuestro canal de YouTube y está despertando interés en todo el mundo", afirmó Robinson.

Según el grupo de investigación histórica Subterránea Británica, este búnker en la cima del acantilado es uno de los muchos puestos de monitoreo nuclear que existen en la costa británica.

Conocido como el puesto Tunstall ROC, por las siglas en inglés del Cuerpo Real de Observadores, se cree que fue construido en 1959 y dejó de prestar servicio a principios de los años 1990. Robinson explicó que el lugar contaba con dormitorios e instalaciones para vivir "muy básicas".

"Fue diseñado para que la gente pudiera vivir en su interior y simplemente esperar a que se registrara una explosión nuclear para informar a otras personas en otros búnkeres del país", señaló. "Gracias a dios nunca llegó a utilizarse".

Según la Agencia de Medio Ambiente, el litoral de Holderness, donde se ubica el fortín, sufre una erosión media anual de unos 2 metros. De acuerdo con el portal Internet Geography, se estima que se han perdido aproximadamente 5 kilómetros de tierra desde la época romana, lo que incluye 23 pueblos.

Robinson afirmó que el búnker de Tunstall "aporta mucho significado" a este proceso.

"Es un símbolo de la erosión en esta zona", comentó. "Toda esta área se está erosionando a un ritmo rápido y ver un objeto físico real desplazándose muestra lo que está ocurriendo".

Charlton afirmó que tienen la intención de seguir visitando el lugar y filmando el búnker ya que "solo le quedan unos días" antes de caer al mar.

"Estamos muy involucrados en esto y supongo que nos sentimos obligados a seguir viniendo por el bien de las miles de personas que ahora siguen nuestros vídeos en el canal de YouTube", comentó.

Con información de BBC

El Gobierno Provincial concretó este viernes el derrumbe del búnker N° 103 desde que se puso en marcha hace dos años le Ley de Microtráfico. La propiedad, que también funcionaba como aguantadero de delincuentes, se ubica en calle Pasaje Netris 2691 de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez.

El operativo de inactivación fue presenciado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, quien reconoció que “aquí no solamente estamos hablando de un punto de venta de drogas, sino de un lugar que estaba siendo utilizado como un refugio de delincuentes que, como en todos estos casos, provocaban múltiples delitos que empeoraban la vida de los habitantes del barrio".

Asimismo, Cococcioni agregó que “entre ayer y hoy también estamos completando un total de 70 allanamientos de los cuales seguramente van a surgir nuevos derribos, nuevos lugares para inactivar, tanto relacionados con circulación de violencia altamente lesiva, como con microtráfico y sus delitos circundantes”.

Investigación con más de 50 detenidos

Mientras, la fiscal Brenda Debiasi, del Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), mencionó que este derribo surge de “una investigación que comenzó en junio de 2025”, y recordó que en septiembre de ese año “hicimos 102 allanamientos en simultáneo en Villa Gobernador Gálvez, en una investigación focalizada en bandas que estaban operando en el territorio”. En la pesquisa “se pudieron identificar al menos dos bandas que operaban en esta ciudad, y se logró la detención de todas las personas que estaban identificadas hasta ese momento, más de 50”.

Respecto del búnker derribado “pudimos constatar a través de escuchas y pericias de teléfonos celulares que este lugar funcionaba como un aguantadero al que los miembros de la asociación (liderada por Gerónimo Bogado desde la cárcel) se dirigían cuando no querían ser localizados por el personal policial”, e indicó que la propiedad “no cuenta con ningún tipo de condición de habitabilidad: no tiene baño, cocina, mobiliarios, no tiene absolutamente nada, por ende, sostenemos que la única función era funcionar como aguantadero”.

Finalmente, destacó que “de lo que fue la organización liderada por Bogado se imputaron a 17 personas, de las cuales al menos tres hoy ya están condenadas. Y hay personas que tienen audiencias pendientes, pero ya fueron imputadas y se encuentran con medidas cautelares”, concluyó.

Ley de Microtráfico

La Ley de Microtráfico fue sancionada por la Legislatura a fines de 2023 y promulgada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro con el objetivo de combatir el crimen organizado y brindar mayor seguridad a todos los santafesinos. Estos derribos se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Gobierno de Santa Fe, el MPA, la Justicia provincial, la Policía provincial y la colaboración de fuerzas federales y gobiernos locales. Desde entonces se contempla la inactivación de puestos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva, en toda la provincia de Santa Fe.

En el marco de la Ley de Microtráfico, funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de Santa Fe y fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) supervisaron este miércoles el derribo de búnker de venta de estupefacientes número 102 en toda la provincia. La intervención se llevó a cabo en Pasaje 528 al 6467, barrio Las Flores, de la ciudad de Rosario.  

Al respecto, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, indicó que “este es el segundo derribo de búnker en el año. Esta herramienta que nos permite avanzar en el combate contra el delito tiene que ver con un trabajo de investigación, de inteligencia y de análisis, junto con la presentación del caso por parte de la Fiscalía y que finaliza con la inactivación del punto de venta, en la modalidad de derribo”, explicó.

En ese sentido, el funcionario remarcó “la importancia de la inactivación de estos puntos de venta que tienen que ver con los inicios de la economía del delito, el narcomenudeo, etapa donde comienza el movimiento de esa venta”.´

Por su parte, el fiscal Cesar Pierantoni señaló que “este derribo es muy importante porque está directamente vinculado a Dylan Cantero, a Mariana Cantero y a su grupo criminal” -en referencia a la banda narco Los Monos- que utilizaban este lugar para guardar drogas, cartuchos de armas de fuego y vehículos como una camioneta Hilux y motos, además de documentación de interés para la causa. Es decir, el domicilio no estaba habitado pero era utilizado para actividades delictivas”.

Asimismo, recordó que “durante el primer allanamiento que hicimos en este domicilio -en marzo de 2025- secuestramos 2 kilogramos de cocaína, 700 gramos de marihuana, elementos que estaban destinados al fraccionamiento de la droga”, y destacó el éxito de operación gracias a “la intervención conjunta del Comando Radioeléctrico -en procedimientos en flagrancia-, de la PDI (Policía de Investigaciones de la Provincia) y de la Policía Federal, con la coordinación de la Unidad de Microtráfico de la Fiscalía General”.

En ese aspecto, Pereira añadió que “estamos trabajando permanentemente con las fuerzas federales; avanzando junto con Fiscalía en lo referente a investigaciones y allanamientos para aplicar medidas concretas que les demuestren a los delincuentes que el Estado está presente para combatir al delito”.

Los derribos se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Gobierno de Santa Fe, el MPA, la Justicia Provincial, la Policía de Santa Fe y la colaboración de fuerzas federales y gobiernos locales, a partir de la sanción de esta norma por parte de la Legislatura Provincial -a fines de 2023- y promulgada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

De esta manera la Ley de Microtráfico permite combatir el crimen organizado y brindar mayor seguridad a los habitantes de todo el territorio santafesino. Desde entonces se contempla la inactivación de puestos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva, en todo el territorio de la provincia.

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, derribó este viernes en Rosario el búnker N° 101 desde la sanción de la Ley de Microtráfico (aprobada hace 2 años), que sirvió como herramienta para desactivar en casi dos años un centenar de puntos de venta de estupefacientes en todo el territorio santafesino.

La propiedad se ubicaba en Hipólito Yrigoyen 1303 de esa ciudad, y sobre este nuevo derribo el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, valoró que “cada vez que se inactiva un búnker se nota rápidamente el descenso de la violencia”, y mencionó al respecto la importancia de la Ley de Microtráfico, no solo por los números (101 búnkeres derribados), sino porque “en el seguimiento posterior al derribo vamos notando cómo incide en la reducción de la violencia en la zona, que es el espíritu de la ley. En definitiva, el atacar estos puntos no solamente tiene que ver con la venta de droga al menudeo, sino con la violencia que genera en el entorno: muertes, tiroteos, balaceras, y el riesgo para la población que vive en el barrio, y creo que ese es el resultado más importante, que esta herramienta ha permitido pacificar los sectores aledaños de estos puntos que generan una violencia muy importante”.

El lugar

Por su parte, Mercedes Banchio, fiscal de la Unidad de Microtráfico de la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), explicó que “a este punto de venta lo pudimos identificar porque una de las personas que teníamos investigada fue aprehendida aquí con material estupefaciente en dosis dispuestas para la venta”, y agregó que la propiedad “no tenía formato de vivienda: en este lugar no había luz, ni agua, ni gas, no hay baño, no había ningún tipo de instalación que permitiera pasar más de unas horas, lo que nos permitió concluir que esto no era más que un lugar destinado a la venta, y era un lugar donde también había varios hechos vinculados a violencia altamente lesiva”.

La funcionaria judicial indicó también que "hoy hay nueve personas imputadas y una persona prófuga, incluso alguno de los imputados estaba en prisión en Piñero. A través de una investigación que llevó varios meses, se derivó en 20 allanamientos simultáneos, incluso requisas en los lugares de detención. El caso fue por comercio de estupefacientes organizado y hay una vinculación con alguna fracción de lo que conocemos hoy como la banda de Los Menores", concluyó.

Ley de Microtráfico

La de este viernes en Rosario fue la inactivación número 101 en toda la provincia de Santa Fe, desde que la Ley de Microtráfico fue sancionada por la Legislatura a fines de 2023 y promulgada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. Estos derribos se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Gobierno de Santa Fe, el MPA, la Justicia Provincial, la Policía de Santa Fe y la colaboración de fuerzas federales y gobiernos locales.

La Ley de Microtráfico permite combatir el crimen organizado y brindar mayor seguridad a los habitantes de todo el territorio santafesino. Desde entonces se contempla la inactivación de puestos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva, en todo el territorio de la provincia de Santa Fe.

La senadora provincial Leticia Di Gregorio se refirió al derribo del búnker número 100 en la provincia de Santa Fe, concretado este lunes en Venado Tuerto, y puso en valor el trabajo sostenido de denuncias con nombre y apellido que se vienen realizando en distintos puntos del sur santafesino, con respuestas concretas por parte del Estado.

La legisladora destacó el rol de la Ley de Microtráfico, aprobada y sancionada oportunamente en el Senado provincial, como una herramienta clave para acelerar investigaciones y permitir una respuesta más rápida de la Justicia. “Desde que asumimos la gestión hemos repetido este tipo de denuncias en distintas localidades de la región”, agregó.

Di Gregorio subrayó además que estos hechos refuerzan la decisión de seguir denunciando, ya que “ver que la provincia y la Justicia responden bien, da motivos para continuar por este camino”, y remarcó que el derrumbe del inmueble es una respuesta directa a las presentaciones realizadas ante los organismos correspondientes.

En relación al caso puntual de Venado Tuerto, explicó que la denuncia fue realizada de manera conjunta con el intendente Leonel Chiarella y que la actuación judicial fue inmediata, con una investigación que avanzó con rapidez y derivó en el derribo del búnker. La senadora señaló que este tipo de medidas no solo representan un golpe al narcotráfico, sino también un alivio concreto para los vecinos del barrio afectado.

En ese marco, destacó el valor de la información que aportan los vecinos, muchas veces de manera indirecta, cuando se acercan a transmitir su preocupación por la existencia de puntos de venta de droga, y sostuvo que “cuando ven que las denuncias tienen efecto, eso también incentiva a que más vecinos se animen a ser parte”.

Asimismo, agradeció la presencia del ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, quien se hizo presente en Venado Tuerto, y sostuvo que su participación “marca el acompañamiento del Gobierno de la provincia y la decisión de seguir trabajando en el mismo sentido que venimos planteando, fortaleciendo las denuncias y avanzando con hechos concretos para terminar con el narcotráfico”.

Finalmente, Di Gregorio afirmó que “estos hechos están a la vista y son una respuesta clara a todas las denuncias que venimos haciendo, porque detrás de cada intervención hay vecinos que necesitan vivir más tranquilos y un Estado que tiene que estar presente”.

Desde el gobierno de la provincia de Santa Fe derribaron en Venado Tuerto el búnker de venta de droga número 100 desde que está en vigencia hace dos años la ley de microtráfico.

La actividad estuvo encabezada por el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, acompañado por el intendente Leonel Chiarella, la senadora Leticia Di Gregorio, el diputado Leo Calaianov, el fiscal Iván Raposo, el jefe Regional de fiscales Matías Merlo y el jefe de fiscales de microtráfico, Franco Carbone.

Estas intervenciones responden a un trabajo conjunto entre distintos poderes y niveles estatales, que golpea a bandas narcocriminales y reduce los niveles de violencia lesiva, pacificando territorios para tranquilidad de los vecinos.

Historia reciente

La investigación comenzó el 29 de abril de 2025 cuando Leonel Chiarella presentó una denuncia formal ante la Justicia, luego de recibir alertas de vecinos que señalaban que en el domicilio de calle Pavón 568 se cometían distintos ilícitos, entre ellos la venta de drogas.

Posteriormente el fiscal Raposo solicitó el allanamiento de la vivienda. Durante el procedimiento, los investigadores hallaron 17,3 gramos de cocaína, seis teléfonos celulares, cuatro balanzas de precisión, recortes de nylon, un plato y cucharas con vestigios de cocaína, anotaciones con nombres y números telefónicos, y $53.500 en efectivo.

Luego en audiencia imputativa, el fiscal formalizó cargos contra Alejandra Patricia T. (48 años) y Matías David R. (34), ambos domiciliados en la vivienda allanada, quienes fueron imputados como coautores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, y el juez dispuso que permanezcan en prisión preventiva.

Finalmente, en una audiencia que se llevó adelante el viernes de la semana pasada, a instancias de Iván Raposo, el juez Adrián Godoy autorizó el derribo del búnker.

Palabras oficiales

El primer mandatario venadense sostuvo que “para nosotros es un mensaje contundente en el marco de la lucha que venimos llevando adelante contra la venta de drogas”.

En tal sentido destacó el “trabajo que realiza el ministro (Pablo Cococcioni) y el gobernador Pullaro para combatir al narcotráfico, a los que venden drogas, a los delincuentes. en este caso están los dos presos junto a su banda conformada por ocho personas”.

Por su parte, el ministro Pablo Cococcioni, manifestó que la Ley de Microtráfico, “es una herramienta que nos ha dado una respuesta frente a una situación que realmente asolaba a muchísimas ciudades. La ley nos está permitiendo dar una respuesta inmediata y efectiva, trabajando en coordinación con la fiscalía”.

En este marco, agregó que “contamos con esta herramienta que es fundamental en la política de seguridad, porque donde hay venta territorial de estupefacientes hay uso de armas, personas con antecedentes, comisión de otros delitos, hay robos para comprar estupefacientes, hay fomento de la prostitución, entre otros delitos”.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe concretó este jueves la demolición de un búnker de venta de estupefacientes en calle Fournier 1276, en la ciudad de San Lorenzo, en el marco de las acciones impulsadas por la Ley de Microtráfico. Con esta intervención ya son 96 los puntos de venta de drogas inactivados en todo el territorio santafesino, desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. En el departamento San Lorenzo se contabilizan 11 derribos, consolidando una línea sostenida de trabajo contra el narcomenudeo y la violencia asociada.

El operativo estuvo supervisado por funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad y del Ministerio Público de la Acusación (MPA). En el lugar, el secretario de Seguridad, Omar Pereira, remarcó que “continuamos el trabajo iniciado el año pasado con la promulgación de la Ley de Microtráfico. Esta acción reafirma la coordinación con el MPA en la investigación y con el Ministerio en la tarea técnica que permite estos derribos”.

Detalló que el inmueble presentaba dos sectores operativos: una estructura frontal y una segunda habitación ubicada al fondo del lote.

El fiscal Maximiliano Nicosia explicó que “la investigación se inició en septiembre, con el apoyo de la Policía de Santa Fe. Identificamos esta vivienda como un punto fijo de venta, con rotación de actores, secuestramos estupefacientes y hubo detenidos. Primero se dispuso el cerramiento preventivo, pero luego avanzamos hacia el cese del estado antijurídico para habilitar el derribo”.

Indicó también que se trataba de “un foco de violencia altamente lesiva para el barrio”, y confirmó que hay dos personas detenidas y 150 dosis de estupefacientes secuestradas.

A su vez, la fiscal Natalia Benvenuto subrayó la relevancia de seguir desarticulando espacios de expendio y pidió sostener la participación ciudadana: “La manera más inmediata y anónima de denunciar es el 911. También pueden utilizarse los Centros de Denuncias, la fiscalía o los canales web del MPA para aportar información que permita actuar con rapidez y eficacia”.

La Ley de Microtráfico -sancionada a fines de 2023 y promulgada al comienzo de la actual gestión provincial- autoriza la inactivación y derribo de inmuebles vinculados al narcomenudeo y a hechos de violencia grave. La implementación se desarrolla desde principios de 2024 con un esquema integrado entre el Gobierno de Santa Fe, el MPA, la Justicia provincial, la Policía, fuerzas federales y gobiernos locales.

El objetivo central es reducir la actividad criminal, desarticular nodos territoriales y mejorar la seguridad en los barrios de toda la provincia.

El Gobierno de Santa Fe, en el marco de la Ley de Microtráfico, inactivó otro búnker de venta de droga en Rosario, donde ya son 52 los intervenidos y ascienden a 82 en la provincia. El trabajo conjunto con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) permite combatir el crimen organizado y brindar mayor seguridad a los habitantes de todo el territorio santafesino.

La intervención se realizó este viernes a la mañana en un inmueble ubicado en Solís 3127 y estuvo supervisada por el secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, Esteban Santantino, y la fiscal Juliana González, representante MPA.

En la ocasión, Santantino remarcó el trabajo conjunto con el MPA en el marco de la Ley de Microtráfico, y señaló que esta herramienta “es clara muestra de que es un eje central de la política de seguridad en cuanto a la incidencia en la baja de los indicadores de violencia altamente lesiva”.

Respecto al búnker inactivado, destacó que “este punto de venta no es algo de una banda del pasado, de algo que ya deja de ser una realidad en la ciudad, sino que es parte del presente, de personas que hoy son prófugas de alto perfil en la provincia de Santa Fe, que seguimos buscando, porque si hay algo que nos va a permitir sostener estos indicadores de violencia contenidos como hasta el día de hoy es esta política de trabajo conjunto con el MPA, una persecución penal estratégica inteligente para abordar la narcocriminalidad, y uno de sus efectos más nocivos, que es la circulación de violencia altamente lesiva”.

Detenidos y 400 dosis de cocaína

La fiscal Juliana González explicó que “la medida fue ordenada a pedido de la Fiscalía por el Colegio de Jueces Penales, en el marco de una causa en donde se investigan los delitos de extorsión, comercialización de estupefacientes y mercado ilegal de armas de fuego”.

En la actualidad, “se encuentran detenidas varias personas, oportunamente imputadas, y están cumpliendo prisión preventiva. Hay dos de ellas que se encuentran con pedido de captura”, agregó. Y detalló: “en el marco de la investigación y tras múltiples allanamientos que hemos realizado y otras medidas, en este domicilio se secuestró gran cantidad de estupefacientes: 400 dosis de cocaína que se encontraron fraccionadas y que estaban destinadas directa a la venta al menudeo”.

Ley de Microtráfico

La Ley de Microtráfico, sancionada por la Legislatura a fines de 2023 y promulgada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, contempla la inactivación de puestos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva.

A través de la Ley de Microtráfico, estas intervenciones se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Gobierno de Santa Fe, el MPA, la Justicia provincial, la Policía provincial y la colaboración de los gobiernos locales.

En el marco de la Ley de Microtráfico, funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad, junto a fiscales del Ministerio Público de la Acusación, supervisaron la inactivación de otro búnker de venta de estupefacientes en Rosario. A partir de esta herramienta impulsada por el Gobierno Provincial, ya son 51 las intervenciones realizadas en esa ciudad y ascienden a 79 en todo el territorio santafesino.

El operativo se realizó este miércoles a la mañana en Anchoris 1663, departamento 2, donde la subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial, María Florencia Blotta, destacó la tarea que viene llevando adelante la Provincia con la Ley de Microtráfico: “Desde el comienzo de la gestión, el gobernador Maximiliano Pullaro envió el mensaje a la Legislatura con una clara decisión política de llevar adelante todas aquellas medidas que sean necesarias en coordinación con el MPA para trabajar en la baja de la violencia de criminalidad en Rosario”.

Valoró además la cantidad de inactivaciones que vienen llevándose adelante en toda la provincia, lo que “da cuenta de que seguimos adelante y es un modelo que debe llevarse a nivel nacional. Ése es el modelo que propone la vicegobernadora Gisela Scaglia, y no vamos a retroceder”, manifestó.

Seis personas detenidas

El fiscal Diego Giro explicó que la reciente inactivación se da en el marco de “una causa que ya se venía trabajando hace tiempo. Esta es la tercera intervención que realizamos en este lugar. Es un pasillo donde era frecuente la venta de estupefacientes, había denuncias de vecinos. En abril la causa se inicia con allanamientos, aprehensiones en flagrancia, y se procede a la inactivación de un puesto de venta. Posteriormente, a raíz de la regeneración de este tipo de delitos vinculados a la venta de drogas, se produce una nueva intervención; y llegamos al mes de octubre, donde nuevamente realizamos allanamientos en el lugar y procedemos a la inactivación”.

El funcionario del MPA agregó que “en esta investigación tenemos seis personas detenidas en prisión preventiva en este momento, y que ya han sido condenadas mediante procedimientos abreviados dos personas. En el caso de las personas que están detenidas, son familiares entre sí”.

El fiscal detalló también que de los cinco departamentos que hay en el lugar, tres quedaron inactivados; e indicó que si bien desde la Fiscalía se solicitó el derribo, la justicia interviniente autorizó solo inactivación, “teniendo en cuenta la posible afectación a derechos de terceros titulares registrales, a los fines de preservar estos derechos de un tercero que de buena fe pueda reclamarlos para sí”.

Ley de Microtráfico

La Ley de Microtráfico, sancionada por la Legislatura a fines de 2023 y promulgada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia, contempla la inactivación de puestos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva.

A través de la Ley de Microtráfico, estos dispositivos se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Gobierno de Santa Fe, el MPA, la Justicia provincial, la Policía provincial y la colaboración de los gobiernos locales.

En la Plaza del Docente, delimitada por las calles Ré, Barberis, Sigal y Perillo, en el barrio San Cayetano, avanza la construcción de una estación de bombeo crucial para la impulsión de los líquidos cloacales hacia las plantas de tratamiento de la Cooperativa de Obras Sanitarias. Este proyecto se enmarca en la megaobra de cloacas que lleva adelante en Venado Tuerto el gobierno provincial, abarcando los barrios Malvinas Argentinas, San Vicente, Santa Rosa y Villa Casey. 

La nueva estación de bombeo, que se edifica en Barberis y Sigal, despertó la curiosidad del vecindario desde el inicio de la obra, adyacente al búnker que en los albores de los años 90 fue construido en esa misma esquina -a pocos metros- como parte de la infraestructura de un gran centro médico proyectado por el Banco Integrado Departamental (BID), que se interrumpió con la caída definitiva de la entidad cooperativa. 

Esta obra, integrada al megaproyecto cloacal, comenzó a construirse luego de la remodelación del espacio verde, y actualmente está en pleno desarrollo.

En conversación con Sur24, Vilma Olivieri, subsecretaria de Aguas y Saneamiento de la provincia, explicó que las estaciones de bombeo son esenciales para elevar los líquidos cloacales en zonas donde no es posible utilizar un sistema de gravedad natural. "Básicamente, es una instalación hidroelectromecánica contenida dentro de una obra civil. Su función es captar los líquidos de una zona baja, elevándolos para llevarlos a una nueva altura, lo cual es necesario para poder trasladarlos en varios tramos de la ciudad", indicó. Y detalló: "Las estaciones elevadoras son imprescindibles en áreas con poca pendiente, como es el caso de Venado Tuerto, donde la infraestructura de drenaje necesita impulsar los líquidos para transportarlos de forma eficiente hacia las plantas de tratamiento", evitando que se necesiten profundidades mayores, lo cual sería muy costoso y poco viable desde el punto de vista técnico.

Olivieri detalló cómo se organiza el sistema: "Los líquidos se desplazan hacia el punto más bajo de una cuenca gracias a la pendiente natural del terreno. Una vez allí, entran en la estación de bombeo, donde son impulsados mediante bombas hidráulicas hasta ciertos puntos, para luego transportarlos por gravedad a otros sectores de la ciudad", explicó. La capacidad de las estaciones de bombeo varía, pero por lo general tienen dimensiones de entre 2,40 metros x 3 metros y una profundidad que va de 7 a 9 metros, dependiendo de la zona y la colectora del sector.

Entrando en detalles del recorrido, describió que en la zona del barrio Santa Rosa los líquidos se colectarán en el punto más bajo de la cuenca, donde se erigirá una nueva estación de bombeo que los trasladará, cruzando la ruta, hacia la cuenca del barrio Villa Casey; allí entrará en acción la nueva estación elevadora de calles Lussenhoff y Lisandro de la Torre, que reunirá los líquidos cloacales del Santa Rosa y el Villa Casey. Luego, la impulsión los dirigirá a través de las tuberías a la estación de bombeo "Ángel Lozano" -Azcoaga y ruta 8-, responsable de captar las cuencas de Malvinas Argentinas y San Vicente. Desde ahí, los líquidos serán conducidos a la estación de Plaza del Docente, desde donde se derivarán a las lagunas de tratamiento.

"El sistema está diseñado para manejar también las cuencas y colectores de la zona este de la ciudad, permitiendo así ampliar el sistema de recolección de líquidos cloacales y extender el servicio a áreas que aún no tienen acceso", acotó la funcionaria. 

El gobierno provincial, a través del Ministerio de Obras Públicas que lidera el venadense Lisandro Enrico, está llevando adelante la ampliación de la red de cloacas en Venado Tuerto, con una inversión que supera los 10 mil millones de pesos. El objetivo es aumentar la cobertura del servicio del 74% al 90% de la población, incorporando más de 14 mil vecinos y beneficiando a unas 62 mil personas en forma indirecta.

La obra incluye el tendido de miles de metros de redes cloacales en los barrios Malvinas Argentinas, San Vicente, Santa Rosa y Villa Casey, donde hasta ahora el acceso al servicio es parcial o inexistente. Además, se refuncionalizará la planta elevadora "Ángel Lozano" y se construirán tres nuevas estaciones en barrio Villa Casey, barrio Santa Rosa y, la principal, en la Plaza del Docente. También se ampliará la capacidad de las lagunas de tratamiento de efluentes cloacales.

Ya se completaron cerca de 80 cuadras de red cloacal domiciliaria en los barrios San Vicente y Malvinas Argentinas; los trabajos de excavación para el quinto módulo de refuerzo en las lagunas de estabilización exhiben un avance del 30%; y está cerca de culminarse la obra civil de la estación elevadora del Villa Casey. A mediados de octubre, el avance del proyecto en su conjunto supera el 30%. 

Cabe recordar que el contrato con Edeca SA se firmó a fines de 2024 y el plazo estimado de ejecución es de 18 meses.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, junto a la fiscal Mercedes Banchio en representación del Ministerio Público de la Acusación, supervisó este jueves el derribo de otro búnker de venta de estupefacientes. El procedimiento tuvo lugar en calle Príncipe de Gales 2849, de la ciudad de Rosario.

Cabe señalar que en la provincia de Santa Fe se llevan inactivados, con el de hoy, 75 puestos de comercialización de drogas, mientras que los operativos de estas características en la ciudad de Rosario ascienden a 48.

Devolver la paz a los vecinos

“Este inmueble fue escenario de múltiples hechos de violencia y venta de estupefacientes”, aseguró Cococcioni durante el derribo, y reconoció que el lugar había sido “intrusado, siendo un factor de criminalidad para los vecinos del barrio ya que por el mismo desfilaban permanentemente delincuentes compradores y vendedores de estupefacientes, dejando también rastros muy claros de enfrentamiento de bandas narcocriminales que provocaban una disputa en el medio del barrio para ver quién se quedaba con este lugar”.

El ministro resaltó que el inmueble “no tenía posibilidad de una utilización lícita sin ser permanentemente amenazado y acechado por delincuentes que querían recuperar el lugar para seguir vendiendo estupefacientes o para continuar en sus habituales disputas territoriales para su actividad ilegal”.

La fiscal Banchio, por su parte, recordó que al momento de realizar los allanamientos, posteriores a informes realizados por la División de Microtráfico de la Policía de Investigaciones, “había elementos vinculados al fraccionamiento de estupefacientes, incluidos cuadernos con anotaciones”, y reconoció que se identificó “puede pertenecer a la banda de Los Monos por lo surgido de las investigaciones”.

Además, la fiscal aseguró que en el lugar “no pernoctaba nadie porque no es un lugar habitable aún teniendo la estructura de una casa” y destacó que las personas imputadas por los hechos, “declararon que no habitaba ni vivía nadie, sino que solo se dedicaba a las actividades delictivas”.

Ahora, el terreno será restituido “a tres hermanas que eran hijas de quien alguna vez fue dueño del inmueble y vivió en este lugar”. Y agradeció la información que los vecinos aportaron para que las mujeres “se acercaran a la fiscalía para ser puestas en conocimiento de lo sucedido”, comentó Banchio, quien sumó que si bien “no hacía tanto que no venían, no reconocían el inmueble, lo que dejó demostrado de cómo se erosionó el lugar, por lo cual coincidieron en derribarlo”.

Ley de Microtráfico

La Ley de Microtráfico, sancionada por la Legislatura a fines de 2023 y promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro, contempla la inactivación de puestos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva.

A partir de dicha ley, estas intervenciones se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Gobierno de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial, la Policía provincial y la colaboración de los gobiernos locales.

Las construcciones que anteriormente fueron utilizadas como búnkeres de narcotraficantes o puntos de venta de droga presentan riesgos severos para quienes pretendan ocuparlas. Así lo explicó el juez penal de Venado Tuerto, Mauricio Clavero, quien señaló los peligros y las consecuencias negativas de asignar estas viviendas a familias necesitadas.

En sus recientes declaraciones a través de redes sociales, Clavero destacó diversos factores que hacen inviable la entrega de estas viviendas, a pesar de la buena intención de brindar un hogar a familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Según el magistrado, los riesgos van más allá de lo estructural, afectando tanto la seguridad como la cohesión social.

Riesgos de seguridad y conflicto socialUno de los principales argumentos del juez Clavero se centra en la seguridad. “Muchas de estas construcciones han sido utilizadas para actividades delictivas y pueden seguir siendo un punto de conflicto”, explicó. A modo de ejemplo, mencionó que en ciudades como Rosario, los narcotraficantes han intentado recuperar viviendas que anteriormente utilizaban como búnkeres, lo que ha derivado en hechos de violencia.

“Los intentos de recuperar estas propiedades, a veces con violencia extrema e incluso muertes, son un factor que pone en peligro la vida de quienes viven allí”, destacó el juez, haciendo hincapié en que la ocupación de estos lugares puede traer consecuencias dramáticas.

Condiciones estructurales comprometidasOtro aspecto crucial que señaló Clavero tiene que ver con las condiciones de las viviendas. Muchas de ellas han sido modificadas para adaptarse a actividades ilícitas, como el tráfico de drogas. “Algunas de estas casas tienen estructuras precarias, paredes modificadas y construcciones inadecuadas que podrían representar un grave riesgo para las familias que las habiten”, indicó.

La falta de permisos y la construcción improvisada son características comunes de estos búnkeres, lo que aumenta la vulnerabilidad de las personas que lleguen a ocuparlas.

Impacto en la comunidad y riesgo de vidaAdemás de los peligros estructurales y de seguridad, Clavero advirtió sobre el impacto social que puede generar la asignación de estas viviendas. “Si la construcción sigue siendo vista como un lugar asociado al crimen, la familia que la reciba podría enfrentar amenazas o el rechazo de la comunidad”, señaló el juez, quien destacó la importancia de evitar que las personas continúen expuestas a la violencia o estigmatización.

Asimismo, recalcó que el riesgo de vida para las familias puede ser aún mayor si los delincuentes intentan recuperar sus antiguos puntos de venta de droga. “En esos casos, la familia podría estar en serio peligro”, alertó.

Demolición de búnkeres como medida de seguridad públicaEl juez también se refirió a la posibilidad de demoler estos búnkeres, una medida que ha sido adoptada en diversas ocasiones como parte de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. “Derribar un búnker por orden judicial tiene múltiples beneficios. Primero, garantiza la seguridad pública, protegiendo a la comunidad de las consecuencias de una estructura inestable o de su posible uso para actividades ilícitas”, explicó Clavero.

Además, la demolición de estos espacios ayuda a recuperar terrenos que pueden ser destinados al desarrollo urbano o a la construcción de espacios verdes, contribuyendo al bienestar general. También, en lugares donde los búnkeres generan conflictos y violencia entre los vecinos, como sucedió en Santa Fe, la demolición de estas estructuras puede devolver la tranquilidad a las comunidades afectadas.

“Cuando los búnkeres representan un peligro para la seguridad y el orden público, su demolición es una medida que protege a los vecinos y restablece la paz en la zona”, agregó Clavero.

Este jueves por la mañana, en Rosario, se llevó adelante un nuevo operativo para tirar abajo un puesto de venta de estupefacientes. La inactivación se realizó en el marco de las facultades que establece la Ley de Microtráfico, sancionada por la Legislatura provincial y promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro en el inicio de su gestión, a fines de 2023. En total, ya se hicieron en toda la provincia unos 50 derribos, y más de 30 puntualmente en Rosario.

El secretario de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Omar Pereira, y el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), César Pierantoni, brindaron los detalles del operativo en el lugar.

Omar Pereira resaltó que “seguimos trabajando en la aplicación de la Ley de Microtráfico y ya vamos superando los 50 derribos e inactivaciones de puntos de venta en toda la provincia, más de 30 en la ciudad de Rosario”, puntualizó.

El funcionario sostuvo que “se trabaja sobre aquellos puntos donde la base está en la venta de estupefacientes al menudeo, pero que, a su vez, genera en el entorno situaciones de violencia, balaceras, muertes. Y es ahí donde se apunta la actuación y, si corresponde, una serie de medidas previas que se toman y se analizan a través de las disposiciones del fiscal para poder determinar si el lugar está en condiciones de ser derribado”.

César Pierantoni, por su parte, explicó que la medida de este jueves es parte de “una investigación priorizada; estamos en barrio Vía Honda, y estaba bajo objeto de investigación este punto de venta como otros tantos. Se hizo una investigación conjunta que derivó en múltiples allanamientos y a raíz de denuncias de los vecinos al 911 y al 0800 del Ministerio de Seguridad, se dio cuenta de que este lugar era utilizado como un punto de venta”.

“En el momento del allanamiento el lugar estaba vacío y a raíz de esta situación se solicitó el derribo del lugar y es lo que efectivizamos hoy. Uno de los objetivos del derribo es que este lugar no sea ocupado por bandas o por otras personas y que justamente se lleve así tranquilidad a los vecinos”, completó el fiscal Pierantoni. 

Trabajo coordinado

Más de 50 operativos de esta naturaleza lleva realizados el Gobierno de Santa Fe en toda la provincia. Se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad -que encabeza el ministro Pablo Cococcioni-, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial, la Policía provincial y con la colaboración de los gobiernos locales.

La inactivación y derribo de puntos de venta de droga es una de las medidas que integran la ley que fue aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura provincial, y que establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos de “microtráfico” o “narcomenudeo”, que hasta antes de la legislación actual eran competencia de la Justicia Federal.

El ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, junto al fiscal Matías Merlo, estuvo presente esta mañana en el derribo de tres puestos de venta de estupefacientes en zona noroeste de la ciudad de Rosario, en el marco de la Ley de Microtráfico. 

El operativo de demolición de inmuebles comenzó en la zona de calles Leonardo Fabio y Pizzurno, siguió en Cavia y Larrechea y concluye en Cavia y Ghiraldo.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni resaltó que “en conjunto con el MPA, estamos procediendo a la inactivación coercitiva mediante el derrumbe, el primero de 3 en el día de hoy, que funcionaban como punto de venta de estupefacientes, pero además de eso son lugares importantes porque fueron el escenario y el contexto de cuatro homicidios ocurridos en un breve lapso en la zona de Cavia, casos en los que hay personas aprehendidas y continúa la investigación”, destacó.

En ese sentido, el ministro de la gestión Pullaro recordó que “el contexto es que estos homicidios se produjeron en estos puestos de venta de droga, están involucrados en los mercados ilegales de droga y a su vez las bandas fue el detonante de este ciclo de violencia, que se reflejan no sólo en estos 4 homicidios, sino también en múltiples llamados al 911, incidencias por disparos por arma de fuego, todo un fenómeno que le quita tranquilidad a los vecinos, de manera que una de las medidas que, sin perjuicio de profundizar la investigación penal que dirige la fiscalía, es proceder al derribo de estos puestos de venta”, concluyó el funcionario.

Por su parte, el fiscal Matías Merlo, destacó “estos hechos están enmarcados en una lucha por territorio de bandas criminales de esta zona, de los cuales en medio de una semana se sucedieron cuatro homicidios, de los que ya están avanzadas las investigaciones, uno de ellos con 3 detenidos; pero lo principal de lo que pase el día de hoy con el derribo de estos lugares, donde fueron circunstancias altamente lesivas y con la presencia del Estado”, señaló.

Con autorización judicial, este viernes por la mañana, el Gobierno de la Provincia derribó otros dos puestos de venta de estupefacientes en la ciudad de Rosario, en el marco de la Ley de Microtráfico. 

En uno de los operativos, encabezado por el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, tuvo lugar en calle Anchorena al 1500 de barrio Tablada, donde estaba instalado el primer espacio de venta de drogas que se dispuso derribar. Las tareas estuvieron vinculadas a una resolución judicial dictada esta semana, que autorizó la demolición de siete inmuebles en total relacionados a la banda investigada por los homicidios de cuatro trabajadores en marzo pasado.

Acompañado en el lugar por los fiscales Patricio Saldutti, Franco Carbone y Adrián Spelta, el ministro Cococcioni informó que “se inició una tanda de inactivaciones coercitivas de puntos de venta de estupefacientes. Van a ser un total de siete lugares, algunos de ellos contiguos y otros en algunos puntos de la cercanía, pertenecientes todos o vinculados a la actividad ilícita de un grupo de personas, vinculados no solo al tráfico de estupefacientes, sino a algunos de los homicidios de alta connotación social que han tenido lugar hace casi dos meses”.

Asimismo, Cococcioni manifestó que “se consiguieron las órdenes judiciales de demolición e inactivación y con la supervisión de los fiscales que vinieron a cumplimentar la medida en persona, y procederemos a inactivar físicamente mayormente mediante el derribo” y agregó que “los siete búnkeres estarían vinculados a la banda en la que participa o lidera el grupo del delincuente conocido como Chucky Monedita”.

Por su parte, el fiscal Saldutti, destacó que “este lugar en particular, en relación a los hechos que se ventilaron en audiencia la semana pasada, era un lugar donde se reunían los distintos miembros del grupo que cometió varios de los hechos y en particular fue donde estaban reunidos antes de dirigirse a cometer el hecho del primer taxista asesinado, el del 5 de marzo” y resaltó que “por todas las causas están detenidos los autores materiales y el grupo de instigadores y particularmente en este lugar se diligenciaron allanamientos donde fueron aprendidas algunas de estas personas”.

Finalmente, el fiscal Carbone aseguró que “los vecinos celebran este tipo de medidas, además del impacto real que tiene en el barrio para las personas que sufren la presencia de los narcos. Lo que es novedoso es el derribo de la instalación por esta normativa inédita en la provincia. Ahora estamos acompañados por esta normativa y por el Poder Ejecutivo provincial que nos agiliza estas cuestiones para poder solucionar de alguna manera, la vida a las personas que viven acá”.