Campolitoral

En la Cámara de Senadores de Santa Fe se encuentra en debate un proyecto que propone la creación del programa Buenas Prácticas Agropecuarias Santafesinas (BPAS), una iniciativa que tiene como eje central garantizar la sostenibilidad de las actividades productivas, priorizando la protección del medio ambiente, la inocuidad de los alimentos y la seguridad de los trabajadores.

El BPAS busca establecer un marco de normas, principios y recomendaciones técnicas que reduzcan riesgos físicos, químicos y biológicos asociados al manejo, procesamiento y transporte de productos agropecuarios. Entre sus objetivos fundamentales, el proyecto destaca la promoción del uso racional de fitosanitarios, el incentivo de la agricultura de precisión y la incorporación de prácticas que minimicen el impacto ambiental, fomentando al mismo tiempo la capacitación y el cambio cultural en el sector.

La iniciativa, presentada por el senador Esteban Motta, incluye la creación de un Consejo de Buenas Prácticas Agropecuarias que tendrá la tarea de supervisar la implementación del programa y evaluar su impacto. Asimismo, contempla el establecimiento de un Observatorio BPAS, que funcionará como un organismo de monitoreo permanente, recolectando y analizando datos que permitan ajustar las políticas públicas según los resultados obtenidos. Para ello, se prevé la colaboración activa de universidades y especialistas externos que aporten un enfoque técnico y científico.

Los productores agropecuarios serán los principales actores en la adopción de estas prácticas, pero el proyecto también busca involucrar a instituciones públicas y privadas, incluyendo gobiernos locales, cooperativas y organizaciones no gubernamentales. Estas instituciones podrán inscribirse en el programa a través de una plataforma digital oficial, promoviendo así una participación amplia y descentralizada.

En el aspecto educativo, el programa propone trabajar en conjunto con el Ministerio de Educación para desarrollar acciones que sensibilicen a los productores sobre la importancia de las Buenas Prácticas Agropecuarias y su impacto en la salud y el ambiente. Asimismo, se plantea la formación de implementadores especializados, profesionales en agronomía o veterinaria, que serán los encargados de aplicar estas políticas en el territorio provincial bajo la supervisión del Estado.

Para facilitar la adopción de estas prácticas, el proyecto incluye incentivos económicos, como aportes no reintegrables y descuentos impositivos, destinados a los productores que se adhieran al programa. También se contempla la creación de un Fondo de Desarrollo Sostenible para financiar acciones de largo plazo. Por otra parte, se prevén medidas específicas para la gestión de residuos, como los envases vacíos de fitosanitarios, en colaboración con municipios y organizaciones sociales, con el objetivo de reducir el impacto ambiental.

La propuesta legislativa apunta a integrar de manera coordinada la innovación tecnológica, la sostenibilidad y la protección social en el ámbito agropecuario santafesino. El debate en comisiones será crucial para ajustar los detalles del proyecto, que en caso de ser aprobado por el Senado, deberá pasar a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva. El BPAS representa una oportunidad para reconfigurar el sistema productivo de Santa Fe bajo un enfoque que armonice la producción con la preservación ambiental y el bienestar de las comunidades.

El avance del uso de drones en la aplicación de fitosanitarios en Argentina depende de la creación de un marco regulatorio adecuado, según Federico Elorza, coordinador de Gestión Sustentable de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE). Actualmente, dos etapas son esenciales para que esta tecnología pueda implementarse de manera efectiva: la normativa de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la autorización de SENASA para incluir drones en los marbetes de fitosanitarios.

En el artículo "Innovación responsable para la aplicación de fitosanitarios: la importancia de una regulación", Elorza detalla que la primera etapa está relacionada con la ANAC, que en 2019 publicó la resolución 880, la cual establece los requisitos para que las empresas utilicen drones en la aplicación de fitosanitarios. No obstante, esta normativa está en proceso de revisión con el fin de simplificar y acelerar su implementación. La segunda etapa corresponde al SENASA, que debe permitir la inclusión de drones en las etiquetas de productos fitosanitarios aprobados para su aplicación comercial, un proceso que aún no ha sido completado.

Según el autor, la tecnología de drones, aunque innovadora y precisa, no busca reemplazar los métodos tradicionales de aplicación de fitosanitarios, sino complementarlos. Los drones ofrecen ventajas como el acceso a terrenos difíciles y la precisión en la aplicación, reduciendo la exposición de los aplicadores a los productos. Sin embargo, Elorza subraya que, para su correcto uso, es fundamental cumplir con las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), lo que incluye la capacitación previa y el uso de productos aprobados por SENASA.

El uso de drones en la agricultura no solo permite una mayor precisión, sino que también facilita la automatización y la recopilación de datos en tiempo real, mejorando la toma de decisiones en el manejo de los cultivos. No obstante, para que esta tecnología pueda implementarse de manera segura y eficiente en Argentina, es crucial que las regulaciones avancen en tiempo y forma. Elorza destaca que todos los actores involucrados están trabajando para que esta herramienta esté disponible cuanto antes, siempre con el respaldo de un marco regulatorio sólido.

La incorporación de drones en la agricultura argentina no solo contribuirá a una producción más eficiente y sustentable, sino que también posicionará al país en la vanguardia de la adopción de nuevas tecnologías en el sector agropecuario. Según Elorza, un marco normativo claro garantizará que los productores puedan aprovechar esta herramienta de manera responsable, impulsando una agricultura inteligente y moderna.

La Secretaría de Agroalimentos del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, junto a las entidades integrantes de la Mesa Frutihortícola Provincial, continúa trabajando con el objetivo de mejorar la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en el sector hortícola, según lo estipula el Código Agroalimentario Argentino (Resolución Conjunta N° 5/2018). 

Se está realizando un trabajo continuo entre el sector público y el privado en el marco de la mesa a los fines de abordar diferentes propuestas para mejorar su implementación por parte de los productores hortícolas dado que esta resolución es obligatoria desde enero de 2021 para el sector. 

Dicho ámbito es integrado por la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), la Universidad Nacional de Rosario, la Bolsa de Comercio de Santa Fe, los mercados de productores y abastecedores de frutas verduras y hortalizas de la provincia, la Sociedad de Quinteros y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Fe (Ciasfe). 

Actualmente, el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, el SENASA, la ASSAL y las administraciones locales, realizan visitas a fin de brindar acompañamiento a los productores indicándoles los principales puntos que deben cumplir e incorporar en sus sistemas de producción. 

Los requisitos mínimos y obligatorios de BPAs establecidos para el sector frutihortícola desde enero de 2021 son: