No tener acceso a internet en áreas rurales es la limitante principal para el arraigo, la productividad y la inclusión, por lo cual la conectividad debe ser una política de estado federal, permanente y consistente en la Argentina, abordada con participación de múltiples actores. Esta fue una de las principales conclusiones del encuentro Conectividad Digital Rural, desarrollado esta mañana por el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), con sedes presenciales en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Bahía Blanca y streaming para todo el país.

Tomando datos del informe realizado por el INTA, el cual señala que alrededor del 40% de los parajes rurales en la Argentina no tienen conectividad, Gustavo Idigoras, coordinador general técnico del CAA, explicó que, si bien muchas veces se postula que el arraigo a nivel nacional parte del concepto del acceso a la tierra, en la actualidad el desarrollo poblacional necesita indefectiblemente de conectividad. “Por eso, estamos convencidos desde el CAA de que tenemos que desarrollar una política de estado federal de conectividad digital rural con los tres pilares -arraigo, productividad e inclusión-, como elementos esenciales”, expresó.

En ese sentido, señaló: “Hoy tenemos un marco legislativo, la Ley 27.078 Argentina Digital, que establece una serie de metas, objetivos, anhelos y ambiciones pero que, a nuestro entender, necesita instrumentos específicos que posibiliten el desarrollo real, el por qué y para qué invertir en determinados lugares, en determinadas zonas del país, que tal vez desde un punto de vista empresarial no están dadas las condiciones o no hay condiciones macroeconómicas que justifiquen una inversión en infraestructura, que sabemos que tienen mucho tiempo de repago”.

En el panel acerca del financiamiento y la cooperación, Antonio García Zaballos, especialista Líder en Telecomunicaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), indicó que en la actualidad “hablar de internet y conectividad no es hablar de un bien de lujo, sino de primera necesidad”. En coincidencia con Idígoras, expresó que “la reducción de la brecha digital en Argentina requiere de una participación público privada en el marco de una estrategia país y un ajuste en el modelo regulatorio y de políticas públicas que apoyen el desarrollo de inversiones desde el sector privado e incentiven las inversiones del sector público”, en virtud de que, si se compara la media nacional con el resto de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, “queda un camino largo por recorrer, tanto de banda fija como de banda móvil”, mientras “hay países que están haciendo inversiones muy fuertes y esto está acentuando la brecha”.

En el marco del encuentro, el CAA y el INTA firmaron el acta de trabajo a partir de la cual ambas organizaciones acordaron promover acciones conjuntas para lograr una política federal de conectividad rural.

El encuentro logró una exitosa convocatoria, en una combinación de participación remota y presencial –en sus cuatros sedes–, con una agenda planteada en tres ejes: el primero de diagnóstico y estado de situación de internet en la ruralidad, en particular, y en Argentina, en general; el segundo, acerca del financiamiento y la cooperación, y el capítulo de cierre centrado en las tecnologías para la conectividad digital rural.

Además de Idígoras y García Zaballos, disertaron Martín Segura -del equipo responsable del informe Conectividad y Comunicación en Zonas Rurales de Argentina del INTA-, Ariel Grazier -presidente de la Cámara Argentina de Internet (Cabase)-, Marina Rosso Siverino -Chicas en Tic y CAI-, Alessia Zucchetti -coordinadora de Proyectos de Investigación y Cooperación de Lacnic-, Federico Bert -consultor principal de la Dirección de Cooperación Técnica del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)-, Mauricio Agudelo -especialista en Tecnología, Media y Telecomunicaciones del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)-, Anabel Cisneros -gerente de Desarrollo de Red de ARSAT-, Agustina Brizio -directiva del Capítulo Argentina de Internet Society-, Elyka Abello -directora de Tecnología de Innova Space-, Agustín Obrero -director comercial de Argentina y Chile de Orbith- y Marcelo Dumanjo -CEO de Alvis-.

Este año se reeditó el Conectar Igualdad -versión original- que tiene como objetivo que estudiantes del secundario se lleven una netbook a su casa para reducir la brecha digital.

La semana pasada, cuando todos los medios de comunicación cubrían las novedades del juicio a Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno nacional modificó el presupuesto 2022 y dispuso una reducción de $128.000 millones para lo que resta del año. Educación sufrió el 40% del recorte: $50.000 millones

La medida fue formalizada por medio de su publicación en el Boletín Oficial y lleva por fin reducir el déficit fiscal. La readecuación de partidas presupuestarias alcanzó a los ministerios de Desarrollo Productivo, Educación, Salud, Transporte, Obras Públicas y Desarrollo Territorial y Hábitat.

“A agosto de 2022, el presupuesto vigente del Ministerio de Educación de la Nación alcanzaba los $965.371,17 millones. A la fecha, se devengó el 49,81%. El recorte representa una baja del 5%”, detalló el Observatorio Argentinos por la Educación mediante un análisis de los datos.

Entre los programas afectados, el Conectar Igualdad fue el que se llevó la mayor de las podas: una disminución de $30 mil millones. “El presupuesto vigente alcanzaba los $ 85.785,65 millones, y a la fecha se devengó el 45,23%. El recorte representa una caída del 35%”, detalló la organización.

Fuente: ACIJ por la igualdad y la justicia

El argumento otorgado desde Educación es que la readecuación de partidas no afectará lo planificado para el programa en este año. En principio, porque los montos fijados en el presupuesto contemplaban un aumento que fuera decidido por decreto presidencial, ya que no se logró reunir los consensos para aprobarlo por ley en el Congreso. En segundo término, que la totalidad de lo previsto para este año no se llegaría a ejecutar debido a problemas eximidos por las empresas ensambladoras para importar los componentes de las computadoras ante la restricción vigente para conseguir dólares. Por todo ello, la cartera educativa decidió “ceder” a Economía parte de lo presupuestado y reorientar los objetivos para el próximo año.

Fue el propio ministro de Educación nacional, Jaime Perczyk, quien salió a aclarar la situación a través de un comunicado de prensa difundido a los medios de comunicación. Allí precisó que del crédito presupuestario que tenía asignado el programa “un tercio se va a utilizar para pagar el anticipo de la licitación de netbooks y eso está garantizado”. Agregó que “los dos tercios restantes se ceden para que disponga su uso el Ministerio de Economía, porque la restricción para la importación de componentes de las netbooks, que es de público conocimiento, impidió que se usaran esos recursos”. Y detalló que “estamos trabajando con el ministerio de Economía y la secretaría de Comercio Interior para avanzar en la resolución”.

Fuente: Evaluación Aprender 2021, DEE-REFCEE | DiNEIEE | SEIE | Ministerio de Educación de la Nación

El programa Conectar Igualdad fue lanzado en 2010, durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, período en el que se logró distribuir unas 5 millones de netbooks. En 2018, el gobierno de Mauricio Macri decidió reemplazarlo por el plan Aprender Conectados, que cambió la entrega de computadoras a estudiantes por la distribución de aulas digitales móviles a escuelas, aunque la cantidad total disminuyó y no cumplió con las metas establecidas.

En 2020 y 2021, durante la presidencia de Alberto Fernández, se lanzó el Plan Federal Juana Manso, que retomó el espíritu de la iniciativa original, pero la aparición de la pandemia obligó a repensar los objetivos de la cartera que centró sus esfuerzos en dotar al sistema de un sistema de aulas virtuales con contenidos educativos. Finalmente, en 2022, se relanzó el Conectar Igualdad, con la intención de recomponer las demoras de años anteriores, pero la inestabilidad económica frenó el impulso del programa.

El ministro Perczyk informó que la meta fue disminuida a 600 mil computadoras para estudiantes y 60 mil para escuelas, mientras que las restantes pasarán al año próximo.

De acuerdo a un informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la reducción presupuestaria “implica que este año se entreguen como mínimo 840.000 computadoras menos que las que el Estado se había comprometido a inicios de 2022”.

Hasta el momento, según las cifras informadas por la cartera, son más de 440.000 las netbooks entregadas en 6.113 establecimientos educativos. En el caso de Santa Fe, hasta mediados de julio, se habían distribuido 25 mil netbooks a estudiantes de toda la provincia.

Fuente: Evaluación Aprender 2021, DEE-REFCEE | DiNEIEE | SEIE | Ministerio de Educación de la Nación

Debido a la antigüedad y extensión del programa, son varias las investigaciones que midieron el impacto del Conectar Igualdad en los estudiantes. En gran medida, indican que repercutieron positivamente en el rendimiento académico de los beneficiarios y que permitió achicar la brecha digital pese a deficiencias de conexión a internet.

El dato más reciente del efecto en los aprendizajes que tiene la posesión de recursos tecnológicos en el hogar fue medido en las últimas Pruebas Aprender. En un cuestionario complementario, se les consultó a los alumnos (del último año del primario) si contaban con acceso a internet y computadora para realizar tareas escolares. Esa información se cruzó con el desempeño en Lengua y Matemática que habían logrado. En síntesis, se evidencia una gran disparidad entre quienes poseen recursos tecnológicos y quienes no, brecha que se agranda entre niveles socioeconómicos de las familias y tipo de gestión de la escuela a la que asisten.

Ante el recorte en el presupuesto educativo los sindicatos docentes de representación nacional salieron a manifestar su rechazo y hasta analizan realizar medidas de fuerza. La conducción de Ctera, liderada por Sonia Alesso, expresó su rechazo “enérgico” al ajuste de fondos en Educación. El Sadop señaló su “absoluto desacuerdo” con los recortes presupuestarios para el sector educativo y decidió declararse en “estado de alerta y movilización”. En tanto que la UDA, que conduce el secretario de políticas educativas de la CGT, Sergio Romero, planteó que la reducción de partidas es un “tijeretazo” para el sector. En ese sentido, decidieron no presentarse a la última asamblea del Consejo Federal de Educación y analizan una protesta en consonancia con la celebración del Día del Maestro.

De acuerdo a la información relevada por los distintos informes, dentro del recorte que informó el Gobierno nacional en Educación se encuentra, en segundo lugar, la reducción de $15.000 millones en el área Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles. El presupuesto vigente de este programa alcanzaba los $ 44.367,91; el presupuesto devengado a la fecha se ubicaba en un 20,58 %. Por ende, el recorte estaría representando un 34% del presupuesto vigente de este programa. También, se anunció un recorte de $ 5.000 millones en infraestructura y equipamiento, lo cual representa un caída del 5% respecto del presupuesto vigente de $ 27.637,10. El presupuesto devengado bajo este programa a la fecha alcanzaba el 25,43%.