El Gobierno nacional resolvió extender la vigencia del Programa de Acompañamiento Social, una de las principales herramientas de asistencia directa a sectores vulnerables. La medida, formalizada mediante una resolución oficial, no solo prolonga su implementación sino que también introduce cambios en su funcionamiento con el objetivo de optimizar su alcance.

A través de la Resolución 90/2026, el Ministerio de Capital Humano estableció que el programa tendrá una vigencia total de 48 meses, duplicando así el plazo originalmente previsto. Esto implica que la política pública continuará activa hasta 2028, siempre sujeta a la disponibilidad presupuestaria.

El Programa de Acompañamiento Social fue creado en 2024 con el objetivo de promover la inclusión y mejorar las condiciones de vida de personas en situación de alta vulnerabilidad. Su implementación está a cargo de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que articula acciones territoriales en todo el país.

Desde el Gobierno destacaron que la decisión de extenderlo responde a los resultados obtenidos en los últimos años, en un contexto económico y social todavía desafiante.

Según datos oficiales citados en la resolución, la pobreza mostró una tendencia a la baja en los últimos períodos. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos, el índice pasó del 38,1% en el segundo semestre de 2024 al 28,2% hacia fines de 2025. En paralelo, la indigencia también registró una disminución, aunque en menor medida.

Sin embargo, pese a esa mejora, las autoridades consideraron necesario sostener las políticas de acompañamiento para consolidar esos avances y seguir asistiendo a quienes aún se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Además de extender su vigencia, la resolución introduce modificaciones en los lineamientos operativos del programa. Si bien los detalles técnicos se encuentran en anexos específicos, el objetivo central es mejorar la eficiencia en la asignación de recursos y fortalecer los mecanismos de acompañamiento social.

En este sentido, se busca una mayor focalización del beneficio, priorizando a los sectores con mayores necesidades y optimizando los procesos de inscripción, seguimiento y evaluación.

El texto oficial señala que el programa ha contribuido a mitigar factores de exclusión social y a promover procesos de integración gradual, con impacto positivo en la estabilidad de los hogares alcanzados.

También se destaca el rol de la Unidad Ejecutora Especial creada para su implementación, que tendrá continuidad para garantizar el funcionamiento operativo del programa. Esta unidad es responsable de coordinar acciones, supervisar el desarrollo de las políticas y proponer mejoras en base a la información relevada en territorio.

El Programa de Acompañamiento Social no se limita a una asistencia económica, sino que contempla un abordaje integral que incluye acompañamiento familiar, fortalecimiento comunitario y articulación con otras políticas públicas.

Entre sus objetivos principales se encuentran mejorar las condiciones de vida, promover la inclusión social y fortalecer los vínculos familiares y comunitarios, especialmente en sectores atravesados por situaciones de pobreza estructural.

La continuidad del programa también responde a compromisos asumidos por el Estado en materia de desarrollo social, igualdad de oportunidades y protección de grupos vulnerables, como niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores.

En este marco, el Ministerio de Capital Humano tiene a su cargo la coordinación de políticas vinculadas a la educación, el trabajo, la asistencia social y la seguridad social, con una mirada integral del desarrollo humano.

El Gobierno nacional oficializó este jueves la salida definitiva de la República Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La medida, que ya había sido anticipada hace apenas 48 horas por el canciller Pablo Quirno, marca un precedente histórico en la diplomacia del país y profundiza el alineamiento con posturas de soberanía nacional frente a los organismos multilaterales.

La formalización del retiro llega tras las declaraciones del titular del Palacio San Martín, quien hace dos días ratificó el rumbo de la gestión.

Según explicó Quirno, la permanencia en la OMS no solo representaba un costo financiero innecesario para las arcas públicas en un contexto de ajuste fiscal, sino que también sometía al país a normativas internacionales que el Gobierno considera "obsoletas e intrusivas".

Desde el Poder Ejecutivo se fundamenta el retiro en la necesidad de recuperar la autonomía en la toma de decisiones estratégicas. El canciller subrayó que la gestión de la última pandemia fue el detonante para evaluar la utilidad de pertenecer a un organismo que, a juicio del oficialismo, ha respondido a intereses globales por encima de las realidades locales y las libertades individuales.

Esta decisión no es un hecho aislado en el tablero internacional, sino que responde a un alineamiento directo con la política de Donald Trump. El presidente de los Estados Unidos ya firmó el retiro de su país de la OMS, denunciando una supuesta falta de transparencia y el sesgo político de la institución.

Argentina, bajo este nuevo esquema de relaciones carnales con Washington, se convierte en el principal aliado regional en cuestionar la gobernanza de las Naciones Unidas.

Al igual que en la visión de Trump, el gobierno argentino sostiene que los fondos destinados a estos organismos serán redirigidos a prioridades nacionales. El impacto financiero para la OMS es significativo, ya que pierde el respaldo de dos de las economías más relevantes del continente, lo que obligará al organismo con sede en Ginebra a reestructurar sus presupuestos de cooperación técnica.

Mientras que los sectores que apoyan al oficialismo celebran la medida como un "acto de libertad", la oposición y diversos organismos de la sociedad civil expresaron su preocupación por el posible aislamiento de la Argentina en materia de vigilancia epidemiológica.

Especialistas en política exterior adviertieron que esta decisión podría dificultar la coordinación con países vecinos en caso de brotes transfronterizos.

No obstante, desde Cancillería aseguraron que el país mantendrá acuerdos bilaterales de cooperación sanitaria con naciones aliadas, priorizando las relaciones directas —especialmente con la nueva administración republicana— por sobre la mediación de entidades globales.

El Ministerio de Justicia de Nación dio a conocer a través del Boletín Oficial las nuevas fechas de entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal para distintas regiones. En particular, será para las jurisdicciones de las Cámaras Federales de Apelaciones de Córdoba, Posadas y La Plata.

Según lo dispone la ley 27.150, la implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF) será progresiva. El texto legal –sancionado en 2015- le atribuyó a la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del CPPF (que funciona en el ámbito del Congreso de la Nación) la decisión sobre el cronograma de implementación en el ámbito de la justicia federal.

Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia de la Nación. Archivo El Litoral

En ese contexto, la única jurisdicción federal en la que el CPPF se puso en marcha el 10 de junio de 2019 fue la correspondiente a la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, que integran las provincias de Salta y Jujuy.

El 26 de febrero de 2024, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 188/2024, se asignó la función de establecer el cronograma de implementación del CPPF al Ministerio de Justicia de la Nación.

En ejercicio de esa atribución, mediante las resoluciones 63/2024, 64/2024 165/2024 y 216/2024 ese Ministerio dispuso la entrada en vigencia del CPPF a partir del 6 de mayo de 2024 en el ámbito de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, en la jurisdicción Mendoza (que incluye toda la provincia de Mendoza, y las provincias de San Juan y San Luis) a partir del 5 de agosto de 2024, y en los distritos de General Roca y Comodoro Rivadavia a partir del 4 de noviembre y 2 de diciembre de 2024, respectivamente.

Horacio Rosatti y Patricia Bullrich. Crédito: Marcelo Manera.

A fines de 2024, el ministerio también dispuso la puesta en marcha del sistema acusatorio en los distritos de Mar del Plata y Bahía Blanca (que comprende a esa ciudad del sur bonaerense y a la provincia de La Pampa), a través de la Resolución N°377/2024 y 233/25, las que se concretaron el 7 de abril y el 29 de septiembre de 2025, respectivamente.

Luego, a principios del 2025, por medio de la Resolución MJ N°143/25, se estableció la entrada en vigencia del CPPF para la segunda mitad del año, en las jurisdicciones correspondientes a la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico y en los distritos de Corrientes y Resistencia.

En el caso de Comodoro Py, el Gobierno había dispuesto la entrada en vigencia de la totalidad del código para el 11 de agosto de 2025, sin embargo, la fecha fue prorrogada en dos oportunidades, quedando finalmente en el 20 de abril de 2026.

El Tribunal Oral Federal de la ciudad de Santa Fe, ubicado en pleno centro. Archivo El Litoral

Para el caso de las cámaras federales de Posadas y La Plata, el ministerio había dispuesto, a través de la Resolución n° 530/25 la entrada del texto para el 16 de marzo y 18 de mayo del corriente; fecha diferida a partir de esta nueva resolución para el 24 de agosto y 30 de noviembre, respectivamente.

También, mediante esta resolución, estableció que el Código Procesal Penal Federal comience a regir para la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba el 15 de junio próximo. "En atención al estado actual del proceso de reforma, y a fin de asegurar una implementación ordenada, eficaz y sostenible, resulta oportuno disponer la plena entrada en vigencia", argumentó el Gobierno.

Queda aún pendiente la disposición respecto a cuándo será la puesta en marcha del CPPF en los restantes distritos federales de todo el país, y también en el ámbito territorial de la Capital Federal, en relación con la denominada “justicia nacional”.

El régimen procesal acusatorio, que Santa Fe aplica en su Justicia Penal provincial desde febrero de 2014 y desde junio del año pasado en el fuero Juvenil, reemplazó al denominado al sistema inquisitivo o “mixto” (regido por el anterior Código).

En ese sistema, los jueces federales alternaban su rol de garantizar el respeto del debido proceso penal y juzgar sobre la situación procesal y responsabilidad del imputado, con funciones investigativas propias de quien promueve el ejercicio de la acción penal.

El nuevo CPPF deja de lado modalidades propias del régimen inquisitivo, y establece un sistema adversarial, en el que tanto la fiscalía como la defensa esgrimen sus argumentos y elementos de convicción, y los jueces controlan y deciden, sin participar en la “construcción” del caso y, por lo mismo, aventando el riesgo de una toma de partido anticipada.

En este marco, los y las fiscales promueven la acción penal y dirigen de manera exclusiva la investigación penal contra los presuntos autores y partícipes de un hecho delictivo. Luego, el mismo fiscal debe eventualmente sostener y acreditar su acusación en un juicio oral y público. Los jueces, en tanto, garantizan que se cumpla la ley durante el proceso, además de controlar las garantías constitucionales.

Todo el proceso tramita esencialmente con audiencias orales y públicas -donde se concentra la mayor actividad procesal posible- y sin un expediente. El Ministerio Público Fiscal forma un legajo de investigación al que no pueden acceder los jueces.

El trámite, incluidas las tres fases hasta una hipotética sentencia en juicio (de investigación preliminar, intermedia y de juicio) no puede prolongarse más allá de los 36 meses en total; o hasta 6 años como máximo en casos de mayor complejidad, como el narcotráfico o la trata de personas.

Además, el CPPF promueve la celebración de acuerdos de colaboración entre el MPF y los imputados, y el uso -en el marco del sistema estrictamente acusatorio- de técnicas especiales en la investigación, como el agente encubierto, el agente revelador, el informante y la entrega vigilada.

Al mismo tiempo, el nuevo CPPF también dota a los/las fiscales de mayores facultades para disponer de la acción y para arribar a acuerdos de conciliación y reparación integral en casos de menor complejidad, lo que tiende a descomprimir el sistema de administración de justicia penal y, al mismo tiempo, buscar una solución efectiva y pacífica del conflicto.

El gobierno nacional dispuso por Decreto 934/2025 una prohibición general para las Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Nacional, por lo que no se podrán efectuar nuevas designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza.

La decisión se conoce tras un año en el que -al mes de noviembre pasado- la dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades fue de 281.785 cargos.

Evidencia de reducción de costos, motivo de conflicto con sindicatos.

Según un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, comparado el número con los 341.473 cargos al mes de diciembre de 2023, se verifica una caída de 59.688 puestos. Del total de la caída, la administración centralizada representó un 26%, la descentralizada un 33% y las empresas y sociedades un 34%, entre las más relevantes. Todos los meses hubo una caída respecto al mes previo.

La norma publicada en el Boletín Oficial incluye plantas transitorias, contrataciones por Ley de Empleo Público; ocupaciones bajo la Ley de Contrato de Trabajo por tiempo indeterminado, a plazo fijo, a tiempo parcial y de trabajo eventual y Servicios Profesionales.

La restricción incluye además la prohibición de nuevos empleados en Planta Permanente o las contrataciones en Estatutos Especiales (con o sin relación de dependencia) que utilicen fuentes de financiamiento no presupuestarias.

Javier Milei en la entrevista con The Telegraph. Crédito: The Telegraph.

Además de estas prohibiciones directas, el decreto impone una restricción adicional para los casos no exceptuados: las entidades solo podrán disponer de un (1) alta de personal si informan previamente dos (2) bajas definitivas (por renuncia, jubilación o desvinculación) producidas durante el año 2026.

El decreto instruye a los representantes del Estado en empresas y sociedades con participación estatal mayoritaria, así como en fondos fiduciarios, a que adopten medidas similares de restricción.

Rodolfo Aguiar (ATE) y una confrontación de plano con el modelo de la Casa Rosada.

Por otra parte, mediante el decreto 931/2025, la Casa Rosada instruyó a la cartera a cargo de Federico Sturzenegger para que elabore un nuevo esquema de remuneraciones para autoridades superiores del Poder Ejecutivo, tras un período de severo ajuste fiscal.

Federico Sturzenegger, a cargo del esquema para "profesionalizar" funcionarios.

La norma instruye a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública a diseñar e implementar un sistema basado en el mérito, la capacidad y la evaluación del desempeño. Este sistema incluirá mecanismos de ingreso por mérito y esquemas de remuneración vinculados a la responsabilidad de las funciones

Establece una cláusula de congelamiento salarial automático para los altos funcionarios en caso de que el Estado vuelva a incurrir en déficit fiscal.

De todas maneras, a partir de enero de 2026, se extenderán a las autoridades superiores (Ministros, Secretarios, Subsecretarios y funcionarios de rango equivalente) los incrementos salariales acumulados que fueron acordados para el personal general en las paritarias de 2024 y 2025, pero se excluye al propio presidente y a la vicepresidenta.

Por decisión administrativa 28/24, se prorrogó hasta el 31 de diciembre la uniformidad en la negociación salarial en todas las jurisdicciones, entidades y organismos del Sector Público Nacional.

El objetivo explícito es reducir el gasto público, optimizar los recursos del Estado Nacional y asegurar un accionar administrativo más eficiente. La norma reafirma el rol de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público como el organismo encargado de estudiar y evaluar medidas para que la política salarial sea coordinada y armónica entre los distintos entes estatales.

El inicio de 2026 llegará con ajustes parciales en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, luego de que el Gobierno nacional resolviera diferir nuevamente una parte de las actualizaciones previstas por ley.

La decisión quedó formalizada a través del Decreto 929/2025, publicado en el Boletín Oficial, y se inscribe en una política de postergaciones sucesivas que se viene aplicando desde hace varios años para morigerar el impacto de los tributos sobre el precio final de la nafta y el gasoil.

La norma modifica el Decreto 617/2025 y establece incrementos acotados para enero de 2026, al tiempo que traslada el resto de los aumentos pendientes al mes de febrero.

De esta manera, el Ejecutivo busca evitar un salto brusco en los valores de los combustibles en un contexto de desaceleración inflacionaria y con la actividad económica aún en proceso de recuperación.

Los impuestos alcanzados por la medida son el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), ambos regulados por la Ley 23.966.

Estos gravámenes se calculan a partir de montos fijos en pesos por unidad de medida y, según la normativa vigente, deben actualizarse de manera trimestral en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Indec.

Sin embargo, desde 2018 a la fecha, los sucesivos gobiernos han optado por diferir o aplicar parcialmente esas actualizaciones. El argumento central ha sido evitar que los aumentos impositivos se trasladen de manera directa al surtidor y presionen sobre la inflación general, el transporte y los costos logísticos.

En este caso, el Decreto 929/2025 reconoce que todavía quedaban incrementos pendientes correspondientes al año calendario 2024 y a los tres primeros trimestres de 2025. Frente a ese escenario, el Ejecutivo resolvió aplicar solo una parte de esas subas durante enero y postergar el resto para febrero de 2026.

Según se explica en los considerandos de la norma, la decisión apunta a “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, una de las consignas centrales de la actual política económica.

Para los hechos imponibles que se perfeccionen entre el 1° y el 31 de enero de 2026, el decreto fija incrementos específicos en los impuestos que gravan a los principales combustibles.

En el caso de la nafta sin plomo —tanto la de hasta 92 RON como la de mayor octanaje— y la nafta virgen, el aumento del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos será de 17,291 pesos por litro, mientras que el Impuesto al Dióxido de Carbono se incrementará en 1,059 pesos por litro.

Para el gasoil, el esquema es diferencial. El ICL tendrá un aumento general de 14,390 pesos por litro, al que se suma un incremento de 7,792 pesos en el tratamiento diferencial previsto para determinadas regiones del país. Además, el Impuesto al Dióxido de Carbono se ajustará en 1,640 pesos por litro.

Cabe recordar que el tratamiento diferencial para el gasoil alcanza a las provincias patagónicas, al Partido de Patagones en Buenos Aires y al Departamento de Malargüe en Mendoza, una política que busca compensar los mayores costos logísticos y climáticos de esas zonas.

Si bien estos incrementos no se trasladan automáticamente al precio final en los surtidores, sí forman parte de la estructura de costos que consideran las petroleras al momento de definir ajustes.

Otro punto clave del decreto es la modificación de la fecha a partir de la cual comenzarán a regir los incrementos restantes que todavía no fueron aplicados.

En ese sentido, el artículo 2° de la norma reemplaza el 1° de enero de 2026 por el 1° de febrero de 2026 como fecha de entrada en vigencia del resto de las actualizaciones impositivas.

Esto implica que durante enero solo se aplicarán los aumentos parciales detallados en la tabla oficial, mientras que el remanente de los ajustes acumulados se activará recién a partir de febrero, salvo que el Gobierno vuelva a disponer una nueva postergación.

El Gobierno nacional emitió una resolución para facilitar la importación por parte de personas de mercaderías para uso o consumo propio, sin finalidad comercial o industrial.

A partir de ahora, el ingreso se autorizará mediante un procedimiento simplificado para el registro de sus bienes.

Esta medida permite el ingreso de productos nuevos o usados siempre que su cantidad, calidad, variedad o valor no indiquen una intención de venta o uso industrial.

El proceso se realiza mediante registros electrónicos en el sistema informático aduanero o a través de formularios digitales interactivos.

Los productos importados bajo esta modalidad están sujetos al pago de derechos y gravámenes del régimen general de importación.

La determinación del valor en aduana se realiza durante la verificación de los efectos ingresados y la operación queda sujeta a las prohibiciones de carácter económico y no económico vigentes.

La actualización del procedimiento incluye la digitalización del formulario "Solicitud para importar mercaderías por personas humanas sin finalidad comercial y/o industrial" (OM-2153-A), el cual se encuentra disponible en el sitio web del organismo de recaudación.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) formalizó estos cambios a través de la Resolución General 5805/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La implementación de este sistema busca que el registro de las declaraciones se realice mediante la utilización de códigos específicos en el Módulo Declaración Detallada del Sistema Informático MALVINA.

En caso de que existan dificultades operativas para el registro electrónico, los usuarios podrán utilizar el formulario digital interactivo disponible en el micrositio de "Viajeros".

Esta actualización del trámite funciona como la digitalización de un archivo que antes era de papel: las reglas sobre qué puede guardarse no cambian, pero el método para registrar la entrada de los objetos se vuelve centralizado y electrónico para agilizar el acceso.

El gobierno nacional oficializó este miércoles la designación de Cristian Auguadra como nuevo titular de la SIDE (Secretario de Inteligencia de Estado).

Auguadra había sido anunciado el martes por la noche por la Vocería de la Presidencia como el reemplazo de Sergio Neiffert. Según el comunicado en X, la decisión se tomó luego de “concluir la primera etapa del proceso de reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional”, tras la aprobación del Informe de Gestión 2023-2024 por parte de la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso.

La salida de Neiffert se confirmó horas más tarde este 3 de diciembre de 2025 mediante la publicación del Decreto 852/2025 en el Boletín Oficial que cuenta con las firmas del presidente de la Nación, Javier Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

“Acéptase la renuncia presentada por el contador público Cristian Ezequiel AUGUADRA (D.N.I. N° 21.438.180) al cargo de Inspector General de la DIVISIÓN DE ASUNTOS INTERNOS (DAI), organismo desconcentrado de la SECRETARÍA DE INTELIGENCIA DE ESTADO de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN”, indica el texto oficial.

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El documento en cuestión agrega: “Desígnase en el cargo de Secretario de Inteligencia de Estado de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN al contador público Cristian Ezequiel AUGUADRA (D.N.I. N° 21.438.180)”.

Auguadra, hasta ahora responsable de la división de asuntos internos del organismo, fue el elegido para encabezar la siguiente fase del plan de modernización.

“Su designación permitirá profundizar la modernización técnica y operativa del organismo, consolidar mecanismos de control y planificación estratégica, y avanzar hacia un modelo de inteligencia ágil, integrado y moderno”, se indicó desde la Casa Rosada.

El comunicado resalta que el profesional cuenta con “amplia trayectoria en auditoría, gestión de riesgos y fortalecimiento institucional”.

Distintas fuentes oficiales indicaron que el desplazamiento de Neiffert y el ascenso de Auguadra fueron definidos directamente por el asesor presidencial Santiago Caputo, quien ya había impulsado la llegada del ahora ex funcionario a la SIDE.

Se espera que en los próximos días se oficialicen más cambios dentro del organigrama de inteligencia en el marco de esta nueva etapa, con eje en el rediseño operativo y técnico del sistema.

Decreto 852/2025 by El Litoral

El Boletín Oficial de la Nación trajo este martes dos novedades muy esperadas: la promulgación de la ley 27.795, de Financiamiento universitario y recomposición del salario docente, y de la 27.796 de Emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en Salud.

Sin embargo, aclara inmediatamente que lo hace “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N.º 24.629”, de ejecución del gasto público.

¿Qué dice esta norma? Que “toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.

Es decir que, en definitiva, las leyes volvieron al Congreso para que aclare ese punto, el mismo que esgrimió el Ejecutivo cuando promulgó, sin aplicación efectiva, la ley de Emergencia en discapacidad.

La nueva medida se adoptó en pleno debate por el Presupuesto para 2026 que envió el gobierno de Javier Milei el 15 de septiembre, luego de administrar por dos años el mismo que fue aprobado en 2023, en una gestión anterior y de otro color político.

La prórroga por dos años consecutivos de la misma “hoja de ruta” de gastos y recursos es toda una novedad que se introdujo bajo el liderazgo de La Libertad Avanza. También es uno de los argumentos que se esgrimen desde la oposición para advertir sobre atrasos en asignaciones y pedir actualización de partidas.

Mientras tanto, con la firma del presidente Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Salud, Mario Lugones, se conoció la promulgación (con aplicación en suspenso) de la ley de Emergencia sanitaria, más conocida como ley Garrahan. A propósito, el sábado hubo una caravana de personal del Hospital hasta Olivos (Milei se encontraba en campaña en Santiago del Estero y Tucumán) en reclamo de la aplicación de la ley que en su sanción y ratificación obtuvo un contundente apoyo de un arco opositor ampliado.

La norma establece que la declaración tiene por objeto “efectivizar la tutela del derecho a la salud y al cuidado de los niños, niñas y adolescentes, en el marco de lo consagrado por la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales de jerarquía constitucional y las Leyes 26.061 y 27.611”.

En particular, “pretende garantizar el acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a los servicios de salud pediátrica, asegurar el adecuado funcionamiento de los hospitales públicos de atención pediátrica e implementar mecanismos de referencia y contrarreferencia que permitan el acceso a prácticas de alta complejidad en todo el territorio nacional, con independencia de la cobertura social”.

Todo esto junto con la “continuidad, el fortalecimiento y la sustentabilidad de los sistemas de residencias médicas y de profesionales de la salud, reconociendo su rol formativo, asistencial y estratégico en la atención sanitaria mediante condiciones laborales adecuadas, una retribución digna acorde con el nivel de responsabilidad y una planificación que asegure la cobertura de especialidades críticas”.

Además, se declara al Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” como centro de referencia nacional en la atención de alta complejidad, garantizando, en el marco de la emergencia establecida, su pleno y sostenido funcionamiento.

A esta instancia se llega, al igual que la Emergencia en Discapacidad, luego de la aprobación por parte de las dos cámaras, el veto presidencial y la contundente ratificación de la ley en Diputados (el 17 de septiembre) y en el Senado (el 2 de octubre).

Similar es el panorama para la ley Ley N.º 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente que siguió el mismo derrotero: fue aprobada, vetada y ratificada por el Congreso. El Ejecutivo la promulgó pero dejó su aplicación en suspenso hasta que las Cámaras legislativas establezcan de dónde saldrán los fondos.

En este caso, la disposición lleva la firma de Milei, junto con Francos y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Una imagen de la última marcha universitaria en Santa Fe.

El texto aprobado establece que se deberá garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la Argentina, y el Ejecutivo deberá garantizar las partidas para el programa de “Desarrollo de la Educación Superior”.

Además, tendrá que asegurar las condiciones laborales y salariales de docentes y no docentes, incrementar los recursos orientados a la incorporación de tecnología digital e impulsar la formación y el fortalecimiento de la planta de personal.

También se plantea la necesidad de ampliar la oferta de carreras universitarias y preuniversitarias, promover y profundizar la función de extensión universitaria y desarrollar y consolidar la función de investigación en las universidades públicas.

Todo esto junto con la provisión y el mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento de las casas de estudio, programas de bienestar estudiantil y recomposición de becas, entre otros puntos.

La situación que atraviesan las universidades públicas es “crítica” según sostuvieron en varias ocasiones desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y ya derivó en varias y multitudinarias marchas frente al Congreso y en todo el país.

Para este martes y el miércoles se definió una nueva medida de fuerza en reclamo por la aplicación de la ley.

Sin dudas el tema estará en la agenda de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda prevista para el 29 de octubre, a la que fueron convocados el Secretario de Educación, Carlos Torrendell y el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

El denominador común en las firmas de estas dos promulgaciones sin fondos y la de Emergencia por discapacidad es, además del propio Presidente, Guillermo Francos. El Jefe de Gabinete fue convocado a una interpelación por la Cámara de Diputados. En la última reunión conjunta de Asuntos Constitucionales, y Peticiones, Poderes y Reglamento se decidió, por mayoría del plenario, esa alternativa.

El Jefe de Gabinete Guillermo Francos será convocado para informar a Diputados por la no aplicación de la Emergencia en discapacidad. Foto: Reuters

La propuesta de máxima impulsada por la oposición es una moción de censura, con lo cual el funcionario, catalogado como el más dialoguista, podría ser desplazado de su cargo. Aquella moción fue impulsada por la falta de aplicación efectiva de una emergencia, la de Discapacidad. Ahora se suman estas dos medidas publicadas hoy para caldear todavía más los ánimos en el Congreso.

El Poder Ejecutivo Nacional oficializó la reglamentación de la Ley 26.879 y sus modificaciones, con lo cual se amplía el alcance del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal.

El decreto 709/2025, publicado en el Boletín Oficial, establece que el Ministerio de Seguridad será la autoridad encargada de aplicar la norma y administrar la base de datos que permitirá a la Justicia identificar sospechosos, resolver delitos graves y evitar la impunidad.

La ley 26.879 fue sancionada en 2013 con el objetivo de crear un banco de datos genéticos destinado a delitos contra la integridad sexual. Sin embargo, con la reforma introducida por la Ley 27.759, el alcance se amplió y ahora la herramienta podrá utilizarse en investigaciones de homicidios dolosos, abusos sexuales, narcotráfico y robos agravados.

El decreto firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, destaca que los avances científicos y tecnológicos de los últimos años hacen posible contar con instrumentos más eficaces para la individualización de personas a través del ADN, considerado hoy uno de los métodos más certeros en materia criminalística.

El Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal almacenará y sistematizará perfiles de distintos orígenes:

Evidencia encontrada en escenas del crimen.

Personas imputadas, procesadas o condenadas.

Cadáveres o restos humanos no identificados.

Familiares de personas desaparecidas o extraviadas.

Personal de fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales que intervengan en investigaciones.

Personas mayores de edad que voluntariamente quieran aportar su información genética.

Confidencialidad y control judicial

El decreto subraya que toda la información será administrada bajo estrictas normas de seguridad y confidencialidad, separando la base de datos de los perfiles genéticos de la información personal de los aportantes.

Además, se aclara que la decodificación de los perfiles almacenados solo podrá realizarse con control judicial y en caso de que exista un resultado positivo que ayude a la identificación de una persona vinculada con la investigación.

Para reforzar la transparencia, se guardará constancia de todos los funcionarios que accedan al sistema y se exigirá que la gestión informática garantice la trazabilidad de los datos y la utilización de conexiones seguras.

El registro también promoverá el intercambio de información con las bases provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de lograr una mayor coordinación federal y acelerar el esclarecimiento de causas judiciales.

Con esta medida queda derogada la reglamentación anterior, aprobada en 2017. La norma prevé la creación de la Comisión Nacional de Huellas Genéticas, que tendrá la tarea de coordinar y asesorar el funcionamiento del registro, además de intervenir en el concurso público para designar a su director definitivo.

Mientras tanto, el Poder Ejecutivo podrá nombrar un director interino con experiencia en genética forense para garantizar el funcionamiento del organismo. En un plazo de 120 días, el Ministerio de Seguridad deberá aprobar el procedimiento del concurso público de oposición y antecedentes para cubrir el cargo de manera permanente.

El decreto establece además que el puesto de director tendrá una remuneración correspondiente al nivel A, grado 0, función ejecutiva II del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).

Desde el Gobierno subrayaron que este banco genético es un instrumento central para la Justicia, no solo para identificar a presuntos responsables de delitos, sino también para desvincular a personas inocentes y evitar casos de revictimización.

Asimismo, se lo considera un aporte clave en la búsqueda de personas desaparecidas o extraviadas, y en la identificación de restos humanos no reconocidos.

El decreto resalta que el manejo de datos personales sensibles se regirá por la Ley de Protección de Datos Personales (25.326) y por los convenios internacionales de resguardo de la privacidad suscriptos por Argentina.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió la disposición 7044/2025 que prohíbe en todo el territorio nacional el uso, la distribución y la comercialización de un equipo de depilación láser falsificado.

La medida se tomó luego de que inspectores detectaran en un centro de estética un dispositivo que no contaba con las autorizaciones sanitarias correspondientes y que presentaba diferencias notorias respecto del modelo original.

La investigación comenzó tras un reporte recibido por el Departamento de Control de Mercado de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS). Allí se advirtió que un centro de estética, a través de redes sociales, ofrecía servicios de depilación utilizando equipos presuntamente ilegítimos.

Inspectores de la Anmat realizaron una inspección en el lugar y encontraron un aparato de depilación identificado como “Alma - Soprano Titanium – ALMA – SN MNLTEMS12212202-01”. El dispositivo no tenía datos del fabricante ni del importador, y tampoco la responsable del centro pudo aportar información sobre su procedencia.

Ante la sospecha de falsificación, el personal de la Anmat se dirigió a la sede de Sirex Médica S.A., la empresa habilitada para importar y distribuir en Argentina el modelo original “Soprano Titanium” de la marca Alma Lasers. Allí mostraron las imágenes del equipo incautado, y la compañía confirmó que no había sido importado ni distribuido por ellos.

Además, los representantes de Sirex Médica detallaron varias diferencias entre el original y el falsificado:

El color de la carcasa frontal del equipo genuino es gris acero, mientras que el adulterado era negro.

El panel posterior del original posee bordes curvos; en el falsificado, rectos.

Los equipos legítimos llevan etiquetas oficiales con datos de la empresa importadora y del fabricante, mientras que el intervenido carecía de esos rótulos.

El número de serie impreso no corresponde a ninguno de los equipos registrados en Argentina.

Estos elementos permitieron confirmar que se trataba de un producto falsificado y sin registro sanitario.

La Anmat recordó que la Ley 16.463 prohíbe expresamente la elaboración, tenencia, distribución y entrega al público de productos impuros o ilegítimos. En este caso, el riesgo es doble: no solo para los pacientes expuestos a un procedimiento estético con un equipo no aprobado, sino también para el personal que lo manipula sin las garantías de seguridad correspondientes.

En la disposición firmada por la administradora nacional, Nélida Agustina Bisio, el organismo ordenó:

Prohibir el uso, distribución y comercialización del equipo identificado con el número de serie falsificado.

Comunicar la decisión a las autoridades sanitarias de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Difundir la medida a través del Boletín Oficial para advertir a profesionales, instituciones y potenciales usuarios.

La decisión también busca alertar a quienes puedan haberse encontrado con equipos similares, ya que la falsificación detectada podría no ser un caso aislado.

La Cámara de Senadores de la Nación rechazó el veto del Presidente al proyecto que declara la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2026. Lo hizo mediante la mayoría de los dos tercios de votos necesarios para tal fin: 63 votos afirmativos, 7 negativos y 0 abstenciones.

Registrada bajo el número 27.793, la norma había sido aprobada por el Senado el 10 junio último, pero el 4 de agosto, el Presidente de la Nación la vetó en su totalidad, según se publicó en el Boletín Oficial en el Decreto 534/25 junto al aumento a jubilaciones y la prórroga de la moratoria.

El Congreso retomó la insistencia sobre la ley. El pasado 20 de agosto fue aprobada por la Cámara de Diputados con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones ese día. De esta manera, el rechazo al veto en Discapacidad quedó firme este jueves y ahora pasa al Ejecutivo para su promulgación definitiva.

Este escenario había sido previsto por Javier Milei como una posibilidad, razón por la cual anticipó que de suceder iba a judicializar la medida buscando evitar que esta legislación tenga que aplicarse, ya que compromete el equilibrio fiscal. De todas manera, ahora persisten dudas sobre este procedimiento, ante la sucesión de hechos públicos que marcaron la agenda en torno a esta temática con las denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.

La insistencia que este jueves aprobó el Congreso sobre la ley de Emergencia en Discapacidad implicó una situación que no sucedía desde hacía 22 años.

Según consta en la Información Parlamentaria de la Cámara de Diputados, el último caso es del 2003, cuando durante el gobierno de Néstor Kirchner se frenó un decreto firmado durante la gestión de Eduardo Duhalde, vinculado al presupuesto general.

La sesión estuvo presidida por Bartolomé Abdala, ante la ausencia de Victoria Villarruel por el viaje de Javier Milei a los Estados Unidos. Foto: HCSN.

Así, con el rechazo al veto de Javier Milei sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Congreso acumula 42 normas insistidas por sobre las decisiones del Poder Ejecutivo entre 1983 y 2025.

Entre sus principales puntos, la ley prevé el financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad; el fortalecimiento de los prestadores de la Ley 24.901, asegurando en forma expeditiva y simplificada el acceso a un régimen de emergencia de regularización de deudas tributarias, condonación de intereses, multas y demás sanciones, refinanciación de planes de pago vigentes y de las deudas emergentes de planes caducos.

También, la compensación arancelaria y la actualización del valor de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral; el financiamiento adecuado y sostenible del funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad; la actualización de la asignación mensual estímulo de acuerdo al equivalente del porcentaje del salario mínimo, vital y móvil vigente y la apertura de nuevos ingresos al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad (Ley 26.816).

El Gobierno nacional oficializó un incremento del 8% en el valor de las becas destinadas a deportistas de alto rendimiento y a los equipos que los acompañan.

La medida, que regirá desde agosto de 2025 hasta marzo de 2026, busca fortalecer la preparación rumbo al nuevo ciclo olímpico y a las competencias internacionales que marcarán el camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

A través de la Resolución 356/2025, publicada en el Boletín Oficial, la Vicejefatura de Gabinete del Interior dispuso la actualización de los montos que perciben los beneficiarios del sistema de becas deportivas en todas sus categorías.

El aumento será del 8% y se aplicará tanto a los atletas de alto rendimiento como a entrenadores, profesionales de ciencias aplicadas al deporte y personal técnico administrativo.

La medida se fundamenta en el inicio de un nuevo ciclo olímpico tras los Juegos Olímpicos de París 2024. Según se explica en los considerandos de la norma, este período representa la etapa de preparación y clasificación hacia la cita olímpica de Los Ángeles 2028, lo que implica un calendario cargado de competencias internacionales y actividades de entrenamiento.

En ese marco, los deportistas argentinos y sus equipos deberán afrontar instancias clave como los Juegos Panamericanos Junior y Parapanamericanos Junior 2025, los Juegos Suramericanos 2026, los Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2027, además de los Juegos Suramericanos de Playa previstos para el mismo año.

Cada una de estas instancias no solo exige un alto nivel de preparación física y técnica, sino también la posibilidad de cubrir gastos vinculados con giras de entrenamiento, viajes, concentraciones y participaciones en torneos internacionales que otorgan puntos para los rankings clasificatorios.

Desde la Dirección Nacional de Desarrollo Deportivo, Federativo y Representación Nacional —dependiente de la Subsecretaría de Deportes— se remarcó que el incremento tiene como objetivo garantizar que los atletas argentinos puedan competir en igualdad de condiciones con sus pares de otros países.

“Los deportistas y profesionales que los asisten requieren contar con una beca que les permita afrontar los costos crecientes de la preparación y participación en competencias nacionales e internacionales”, señala el documento oficial.

El texto subraya que el Estado debe acompañar a quienes representan al país en cada instancia deportiva, teniendo en cuenta que la performance internacional depende en gran medida del respaldo económico que facilite la presencia en torneos clave.

En esa línea, se destacó que las becas no solo alcanzan a los atletas, sino también a los entrenadores y al equipo de profesionales que hacen posible el rendimiento: médicos, kinesiólogos, nutricionistas, psicólogos deportivos y personal técnico administrativo. Todos forman parte de la estructura que respalda a los deportistas en la alta competencia.

La resolución aclara que el ajuste del 8% en las becas estará vigente desde el 1° de agosto de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026. Es decir, cubrirá un período de ocho meses, durante el cual los beneficiarios percibirán los montos actualizados.

Asimismo, se informó que el dictado de la norma no implica una erogación adicional para el organismo, ya que el financiamiento se realizará con crédito presupuestario existente. La Dirección de Administración de Turismo, Ambiente y Deportes constató que los fondos necesarios están disponibles para cubrir la medida sin comprometer las cuentas públicas.

La disposición también contó con la conformidad de la Subsecretaría de Deportes y de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, así como con la intervención de los servicios jurídicos y administrativos correspondientes.

La decisión del Gobierno se enmarca en una política de apoyo al deporte de alto rendimiento, clave para mantener y mejorar la presencia argentina en competencias internacionales.

Los próximos tres años serán determinantes para definir quiénes representarán al país en Los Ángeles 2028. Para muchos atletas, los Panamericanos de Lima 2027 y los torneos clasificatorios previos serán la última chance de asegurar un lugar en la cita olímpica.

El Gobierno nacional oficializó este martes una actualización en el régimen de aranceles aplicables a ciertos bienes importados mediante Boletín Oficial.

El Decreto 513/2025 de la República Argentina modifica el Anexo II, III y V del Decreto N° 557/2023, relacionado con la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) y el Arancel Externo Común (A.E.C.). Esta normativa permite a Argentina aplicar alícuotas diferenciadas, incluso del 0%, para la importación de "Bienes de Capital" y "Bienes de Informática y Telecomunicaciones" hasta el 31 de diciembre de 2028.

El documento cuenta con las firmas del presidente de la Nación, Javier Milei; el jefe de Gabinete de ministros, Guillermo Francos; y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Según los argumentos oficialistas, se busca promover la producción nacional y estabilizar precios internos. Las mercaderías en ciertas posiciones arancelarias mantendrán su tratamiento arancelario vigente si cumplen con condiciones específicas.

Desde el Ministerio de Economía explicaron que esta actualización busca "equilibrar los niveles de protección con incentivos a la producción", facilitando el acceso a maquinaria, tecnología y bienes de uso productivo a un costo más competitivo, sin desatender la protección a la industria nacional.

Entre los puntos destacados del decreto, se establece una cláusula de resguardo para dos posiciones arancelarias específicas (NCM 2934.99.22 y 8450.20.20). En estos casos, se mantendrán los aranceles previos si las mercaderías ya se encontraban en tránsito o en zona primaria aduanera al momento de la entrada en vigencia del nuevo régimen. Para acceder a este beneficio, las importaciones deberán registrarse dentro de los 60 días siguientes.

Decreto 513/2025 by El Litoral

El gobierno nacional dispuso la fusión del Instituto de Prevención Sísmica (INPRES) y el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y transformó el Instituto Nacional del Agua (INA) en una unidad organizativa, mediante el Decreto 396/2025 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

La reestructuración de los organismos se da como una profundización del achique en el Estado, argumentando que en la administración nacional existe un elevado número de unidades organizativas con una “estructura excesivamente onerosa” para el Ejecutivo y detectar un notorio aumento del personal en los últimos años.

El diagnóstico surge de un informe realizado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que dirige Federico Sturzenegger, en el que se revela que “los organismos descentralizados registraban en el año 2010 una dotación de 35.481 agentes, cifra que ascendió a 88.095 agentes para el año 2024, lo que evidencia un incremento sustancial en su dotación de personal”.

Ante este escenario, el Gobierno consideró necesario avanzar con la fusión del INPRES, un organismo desconcentrado de la Secretaría de Obras Públicas, y el SEGEMAR, el organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de Minería, ambos bajo la órbita del Ministerio de Economía.

La sede central del Instituto de Prevención Sísmica en San Juan.

La medida se dispuso “con el objetivo de generar una mayor eficiencia administrativa y funcional entre estos organismos con finalidades técnicas convergentes”, considerando que “ambos organismos compartían campos de actuación vinculados a la geociencia, el estudio del subsuelo, los riesgos geológicos, el desarrollo de información técnica para la gestión territorial, la prevención de desastres naturales y la formulación de estándares regulatorios”.

Desde el Ejecutivo sostienen que “la fusión permitirá centralizar capacidades técnicas, aprovechar infraestructura existente y potenciar el desarrollo de conocimiento aplicado a los riesgos naturales, cumpliendo con el objetivo primordial del Gobierno Nacional de disminuir el sobredimensionamiento de la estructura estatal, mejorar su funcionamiento y reducir el gasto público”.

Al mismo tiempo, argumentaron que “esta integración permitirá reforzar la producción y difusión de información geológica, tecnológica, minera y sísmica desde un único organismo especializado, con mayor eficiencia operativa”.

En cuanto a la transformación del INA en una unidad organizativa a incorporarse a la estructura de la Secretaría de Obras Públicas, explicaron que “así se promoverá la simplificación organizativa, una mayor eficiencia organizacional y un uso racional de los fondos públicos”.

El INA pasa a ser una unidad organizativa de la Secretaría de Obras Públicas.

En este sentido, la normativa destacó que “esto permitirá fortalecer la coordinación de las políticas públicas en materia de infraestructura hídrica, alineando sus funciones con los objetivos estratégicos del Ministerio de Economía y facilitando su articulación directa con las áreas ejecutoras de obras y programas del Estado Nacional vinculados con la materia”.

Además, remarcó que “esta medida permitirá simplificar la estructura administrativa y suprimir unidades que cumplen funciones de apoyo, las que serán cumplimentadas por las áreas con competencia en la materia del Ministerio de Economía, promoviendo una mayor eficiencia organizacional y un uso racional de los fondos públicos, sin que ello afecte la continuidad de las funciones técnicas esenciales del organismo”.

Con estas medidas, desde la administración de Javier Milei resaltaron que “el Gobierno reafirma su compromiso para tener una gestión pública más ágil, eficiente, transparente y orientada a los resultados y el bien común, garantizando el uso racional de los recursos públicos y fortaleciendo el control sobre las finanzas públicas”.

Tras conocerse la decisión del Gobierno Nacional de avanzar en la desregulación del comercio fluvial, implementando modificaciones a la ley de cabotaje, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, se mostró confiado en que los cambios “impactarán de manera positiva en la actividad portuaria en la provincia”, y destacó que “muchas de las modificaciones que quedaron plasmadas en el Boletín Oficial, las veníamos trabajando en el marco de Región Litoral y tuvimos la oportunidad de hablarlas con Iñaki Arreseygor, director de la Agencia de Puertos y Vías Navegables”.

El ministro santafesino recordó que “tuvimos instancias de trabajo junto a Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Misiones en el marco de Región Litoral, donde delineamos un borrador y luego pudimos trabajar con Arreseygor. Sentimos que en lo que hace a las modificaciones regulatorias, el Gobierno Nacional toma en serio los cambios que se proponen desde Santa Fe y otras provincias”.

Además Puccini explicó que “este es uno de los ejes que veníamos planteando para mejorar la competitividad logística de la provincia, junto con la nueva licitación de la Hidrovía, y las obras de infraestructura que tienen que ver con los accesos a los puertos y la reparación de las rutas nacionales. Estos tres ejes buscan facilitar las conexiones comerciales, impulsar la actividad portuaria y reducir los costos logísticos”.

Desde la Secretaría de Transporte y Logística del Ministerio de Desarrollo Productivo hicieron un balance entre las propuestas que se llevaron ante Nación y lo que terminó plasmado en el texto promulgado. Desde Provincia se propusieron modificaciones “vinculadas a la falta de bodega nacional, y los altos costos laborales e impositivos que eso implicaba, además pedíamos las modificaciones porque entendíamos que la ley vigente generaba un impacto negativo en los puertos de la provincia y en toda la cadena logística”.

El Decreto 340/2025 señala que “los costos de operación de buques de bandera argentina son hasta 4 veces mayores”, lo cual “desincentiva a los armadores” y “pone en riesgo la continuidad de la Marina Mercante Nacional”, y en otro pasaje agrega que la situación “afecta la cadena logística” y genera “un impacto económico para todos los actores involucrados”, poniendo en riesgo el comercio local e internacional.

Otro de los puntos planteaba permitir excepciones a la ley para que “buques de otra bandera puedan brindar este servicio mientras adecuamos nuestras leyes”. Y criticaba la burocracia actual y la intervención aduanera “encarece y complica la operación. Transportar una carga nacional por cabotaje requiere los mismos trámites que traerla de China”.

El decreto crea el Régimen de Excepción que autoriza buques extranjeros por hasta 180 días si no hay buques nacionales disponibles. Además deroga o modifica artículos que imponen sobrecostos similares (como inspecciones y exigencias de matrícula), buscando una normativa más ágil y competitiva.

Vale consignar que desde la Provincia se pidió “reducir la carga impositiva sobre el pabellón argentino para mejorar competitividad”, y en esa línea el decreto nacional propone igualar las condiciones impositivas para buques extranjeros que operen bajo régimen de excepción, y elimina barreras fiscales para facilitar la reactivación del sector.

El Gobierno nacional oficializó una serie de medidas orientadas a mejorar el acceso a bienes tecnológicos, reducir precios y fomentar el desarrollo industrial. A través del Decreto 333/2025, publicado este 20 de mayo, se modificaron los aranceles de importación y las tasas de impuestos internos para diversos productos clave del mercado electrónico y digital.

Entre las medidas destacadas, se resolvió reducir progresivamente a 0% el arancel para la importación de teléfonos inteligentes (NCM 8517.13.00) y celulares portátiles (NCM 8517.14.31), que actualmente tributan un 8% como Derecho de Importación Extrazona (DIE). La exención total regirá desde el 15 de enero de 2026.

Además, se eliminó la posición arancelaria correspondiente a las videoconsolas y máquinas de videojuego (NCM 9504.50.00) del Anexo V del Decreto 557/23. Esto implica que estos dispositivos dejarán de tributar un 35% en concepto de DIE y pasarán a abonar el 20% estipulado en el Arancel Externo Común (AEC).

Según el texto del decreto, estas decisiones están en línea con la Decisión N° 8/21 del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR, que autoriza a la Argentina a aplicar alícuotas reducidas, incluso del 0%, para bienes de capital, informática y telecomunicaciones, hasta el 31 de diciembre de 2028.

El nuevo marco también introduce una rebaja en la tasa de impuestos internos, pasando del 19% al 9,5%, para productos como aires acondicionados, grupos frigoríficos, monitores, televisores y teléfonos móviles. Estos bienes están detallados bajo una serie de posiciones arancelarias específicas dentro de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM).

La norma establece además que si estos productos son fabricados en el Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego, por empresas amparadas en la Ley 19.640, la tasa será del 0%, siempre que se acredite su origen fueguino. Este beneficio regirá hasta el 31 de diciembre de 2038, con el objetivo de sostener la producción y la inversión en la isla.

El Poder Ejecutivo justificó la medida en la necesidad de reducir los costos de producción, mejorar la competitividad de la industria y facilitar el acceso de la población a productos tecnológicos. Según se detalla en los considerandos, se espera que esto mejore la oferta, baje los precios y promueva la inclusión digital.

El decreto fue firmado por el presidente Javier Milei, el ministro del Interior Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo. Las disposiciones entran en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, es decir, a partir del 21 de mayo de 2025.

Por último, se dio cuenta de la medida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación, como parte del procedimiento requerido para este tipo de decisiones con impacto impositivo y aduanero.

Con este nuevo paquete normativo, el Gobierno busca incentivar tanto el consumo como la producción local, al tiempo que alinea sus políticas con los compromisos internacionales asumidos en el marco del MERCOSUR.

Este martes se oficializó la convocatoria para las elecciones legislativas nacionales para el próximo 26 de octubre.

Fue a través del Decreto 335/2025 publicado este 20 de mayo en el Boletín Oficial con firma del presidente de la Nación, Javier Milei, y el jefe de Gabinete de ministros, Guillermo Francos.

En dicha jornada de convocatoria, los argentinos mayores de 16 deberán elegir las renovación de bancas en la Cámara de Diputados de la Nación y el Senado de la Nación.

“Convócase al electorado de la NACIÓN ARGENTINA para que el día 26 de octubre de 2025 proceda a elegir SENADORES NACIONALES y DIPUTADOS NACIONALES según corresponda a cada distrito”, indica el documento oficial.

“La VICEJEFATURA DE GABINETE DEL INTERIOR de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, a través de la DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL, adoptará las medidas necesarias para la organización y realización de los comicios objeto de la presente convocatoria”, agrega el texto de este martes.

Decreto 335/2025 by El Litoral

La Secretaría de Energía aprobó este martes un incremento de hasta 5% en el precio de los biocombustibles destinados para la mezcla obligatoria por ley con las naftas y el gasoil, a través de las Resoluciones 195 y 196/2025 publicadas en el Boletín Oficial.

La medida no se da en sintonía con la postergación de la actualización en el valor de los impuestos a los combustibles, en medio de la baja del precio para los consumidores, por lo que este factor seguirá generando presión en los costos del sector, pudiendo trasladarse a los surtidores en las próximas semanas.

De esta manera, el precio mínimo de adquisición del biodiésel destinado a su mezcla obligatoria con gasoil subió un 5%, quedando en $1.251.837 por tonelada, para las operaciones a llevarse a cabo durante el mes de mayo de 2025 y hasta la publicación de un nuevo precio que lo reemplace.

La normativa gubernamental determinó que el plazo de pago del biodiesel no podrá exceder, en ningún caso, los 7 días corridos a contar desde la fecha de la factura correspondiente.

Por otro lado, el precio mínimo de adquisición por litro del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar trepó 2% y se fijó en $788,181. Mientras que para el precio de adquisición del bioetanol elaborado a base de maíz, Energía dispuso una suba de igual proporción, ubicando el nuevo valor en $722,395.

El documento oficial precisó que el plazo de pago del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar y maíz no podrá exceder, en ningún caso, los 30 días corridos a contar desde la fecha de la factura correspondiente.

Asimismo, aclaró que los nuevos precios fijados “son los valores mínimos a los cuales deberán ser llevadas a cabo las operaciones de comercialización en el mercado interno”.

En las resoluciones, se recordó que la secretaría energética está facultada para modificar los precios “tanto en los casos en que se detecten desfasajes entre los valores resultantes de su implementación y los costos reales de elaboración de los productos, o bien cuando dichos precios puedan generar distorsiones en los precios del combustible fósil en el pico del surtidor, esto último lo cual resulta necesario atender en el contexto actual, fijando excepcionalmente precios que se ajusten a dicha necesidad”.

El ajuste en los valores de los biocombustibles es el quinto del año para el biodiesel, ya que en enero, febrero, marzo y abril, el área dependiente del Ministerio de Economía también había aprobado una suba, mientras que para el bioetanol se trata del cuarto aumento en el 2025, sumándose al de febrero, marzo y abril. Durante el primer mes del año, se rigió por los precios fijados en diciembre.

Desde el 13 de marzo de 2025, las aseguradoras deberán cumplir con nuevas exigencias para la emisión de pólizas de seguro.

La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) estableció que las compañías deberán entregar los contratos en un plazo máximo de 15 días y con un formato más claro, detallando de manera precisa qué riesgos están cubiertos, qué exclusiones aplican y cómo se compone el costo total.

La medida busca brindar mayor transparencia y protección a los asegurados, asegurando que la información sea comprensible y accesible para todos los clientes.

La Resolución 158/2025 de la SSN, publicada en el Boletín Oficial, establece nuevas reglas para la emisión de pólizas en todo el país.

Hasta ahora, muchos asegurados recibían documentos extensos y de difícil comprensión, con términos ambiguos y cláusulas poco claras. Con este cambio, las aseguradoras estarán obligadas a entregar contratos más simples y organizados.

Según la normativa, las pólizas deberán incluir en primer lugar la información esencial: datos de la compañía de seguros, del tomador y del asegurado, junto con los canales de contacto para consultas.

También deberán especificar detalladamente los riesgos cubiertos, el capital asegurado y las exclusiones que aplican. En el caso de seguros con períodos de espera o franquicias, estos deberán estar claramente identificados en la documentación.

Otro punto clave es el desglose de los costos. La normativa exige que se detalle cómo se compone el premio que paga el asegurado, discriminando la prima pura, los gastos administrativos, los impuestos y otros recargos que correspondan. Esto permitirá que los clientes comprendan exactamente qué están pagando y por qué.

En los seguros de vida con ahorro y seguros de retiro, la norma agrega un requisito adicional: se deberá diferenciar claramente la prima de riesgo de los demás componentes del premio, facilitando la comprensión de estos productos financieros.

A partir de la entrada en vigencia de esta resolución, las aseguradoras tendrán un máximo de 15 días corridos para entregar la póliza y cualquier otra documentación vinculada al contrato, como endosos o certificados de cobertura.

Esta entrega podrá realizarse en formato físico o digital, pero en todos los casos la empresa deberá contar con constancias que acrediten que el asegurado recibió la documentación.

El incumplimiento de estos plazos o la omisión de información relevante podría derivar en sanciones por parte de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que estará a cargo del control y la fiscalización del cumplimiento de la nueva normativa.

Para los asegurados, este cambio representa un avance significativo en la protección de sus derechos. Hasta ahora, muchas personas contrataban seguros sin conocer en detalle las condiciones de su cobertura, lo que generaba sorpresas y conflictos al momento de hacer un reclamo.

Con la obligación de presentar pólizas más claras y dentro de un plazo razonable, se espera que los clientes puedan tomar decisiones más informadas y evitar inconvenientes en el futuro.

Este viernes se completó el proceso de la Ley 27783 y se oficializó la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias a nivel nacional para este año 2025.

Fue mediante la publicación en el Boletín Oficial de este 7 de marzo, el cual contó con las firmas de Bartolomé Abdala, presidente Provisional del Honorable Senado de la Nación; Martín Menem, residente de la Cámara de Diputados de la Nación; Agustín Wenceslao Giustinian, secretario Parlamentario del Senado; y Adrián Pagán, secretario Parlamentario de Diputados.

La suspensión se había votado el pasado 20 de febrero en el Senado con 43 votos a favor, 20 en contra y 6 abstenciones.

El proyecto tuvo media sanción en Diputados el 6 de febrero por una amplia mayoría de 162 votos a favor, 55 en contra y 28 abstenciones. Ahora la Cámara alta lo convirtió en ley.

En el texto oficializado de la ley se indica: “Suspéndanse durante el año 2025 las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias contenidas en el título II de la ley 26.571, de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, que instituye el sistema de elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, y todas las obligaciones emanadas de la legislación vigente sobre la materia referidas a su organización y realización”.

“Para el proceso electoral del año 2025 regirán los plazos estipulados por el Código Electoral Nacional, la ley 23.298 y demás normas electorales contados a partir de los diez (10) días antes de la fecha de la elección general”, agrega el documento.

Ley 27783 en Boletín Oficial by El Litoral