El Gobierno terminó de poner en marcha su nuevo esquema de retiros voluntarios en la administración pública y fijó una excepción relevante: los cargos que queden vacantes serán eliminados, salvo aquellos correspondientes a Funciones Ejecutivas que formen parte de la estructura del Estado.

La precisión aparece en la Resolución 43/2026 de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, publicada este jueves en el Boletín Oficial, que reglamentó el Decreto 1203 firmado una semana atrás y estableció el procedimiento que deberán atravesar los empleados interesados.

La norma original había dispuesto que las jurisdicciones debían eliminar los cargos presupuestarios de quienes accedieran al retiro desde el momento de su desvinculación. La reglamentación agrega ahora que esa decisión “no afectará la continuidad de aquellos cargos con Función Ejecutiva previstos en las estructuras”.

La diferencia es importante: lo que se preserva es el cargo ejecutivo, no necesariamente la persona que lo ocupa. Si un funcionario o agente alcanzado por el régimen deja el Estado, la función podrá mantenerse dentro del organigrama y ser cubierta posteriormente.

El régimen comprende al personal permanente de la Administración Pública Nacional centralizada y a trabajadores vinculados mediante contratos por tiempo indeterminado. El período de adhesión estará abierto del 1° al 30 de noviembre, aunque la autoridad de aplicación puede prorrogarlo una única vez por hasta 30 días.

No todos pueden ingresar. Quedaron expresamente excluidos, entre otros, integrantes de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y policiales en las condiciones previstas por el decreto, personal de Inteligencia, Servicio Exterior, Sistema Federal de Manejo del Fuego, orquestas, coros y ballets nacionales, docentes y determinados agentes destinados en el exterior.

La solicitud se realizará por el sistema GDE y deberá contar con la firma del agente y de su superior inmediato, con rango no inferior a director nacional o equivalente. Una vez enviada, podrá revocarse hasta cinco días corridos después del cierre de la inscripción; después será irrevocable.

El decreto dividió a los potenciales adherentes en tres grupos según edad, aportes y proximidad a la jubilación.

El primero reúne a mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63 que todavía no tengan aportes suficientes para jubilarse. Podrán optar, entre otras alternativas, por cobrar hasta durante 36 meses una suma mensual equivalente al 60% de su remuneración bruta habitual, con continuidad de aportes previsionales y de obra social.

Un segundo grupo comprende a trabajadores próximos a cumplir la edad jubilatoria que ya tengan al menos 30 años de aportes; el tercero incluye a mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62. Para estos casos se prevén gratificaciones calculadas a partir de la antigüedad, con topes y adicionales según cada situación.

La reglamentación fijó el 31 de diciembre de 2026 como fecha de corte para calcular la remuneración base y excluyó conceptos no remunerativos, viáticos, guardería, ayuda escolar, pagos extraordinarios y aguinaldo.

La adhesión tampoco genera un derecho automático al retiro. Recursos Humanos deberá revisar antecedentes penales, sumarios pendientes, antigüedad y disponibilidad presupuestaria antes de elevar cada caso a las autoridades competentes. El decreto autoriza además al jefe de Gabinete, ministros y secretarios presidenciales a rechazar solicitudes cuando consideren necesario conservar al trabajador para garantizar “la continuidad, regularidad y eficacia” del servicio.

Cada expediente pasará además por el servicio jurídico y por la Unidad de Auditoría Interna antes del pago. Las compensaciones de hasta $20 millones se abonarán de una vez; por encima de ese monto podrán dividirse en hasta tres cuotas mensuales.

Quienes finalmente salgan tampoco podrán regresar inmediatamente: el régimen establece una prohibición de reincorporación al Sector Público Nacional durante ocho años, incluso mediante contrataciones, asesorías o cargos superiores, con la excepción de la docencia universitaria.

Y allí aparece otra frontera del esquema. La reducción buscada por el Ejecutivo operará sobre la dotación y sobre las vacantes presupuestarias, pero la resolución dejó resguardado el esqueleto jerárquico: aun cuando quien ejerza una Función Ejecutiva decida irse, esa silla podrá seguir existiendo.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) resolvió dar de baja la habilitación de P. L. Rivero y Cía. S.A., un laboratorio con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tras constatar que la firma no había completado el retiro del mercado de distintos productos alcanzados por medidas sanitarias.

La decisión fue formalizada mediante la Disposición 6489/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial. Además de cancelar la habilitación, el organismo dispuso iniciar un sumario sanitario contra la empresa y quien ejerza su dirección técnica e instruyó a la Coordinación de Asuntos Judiciales para avanzar con una denuncia penal.

Según los antecedentes incluidos en la resolución, P. L. Rivero y Cía. había quedado alcanzada durante 2025 y 2026 por distintas medidas regulatorias relacionadas con medicamentos de su titularidad, productos elaborados mediante terceros y órdenes de recupero.

Uno de los puntos centrales para la nueva decisión fue el informe elaborado por el Departamento de Vigilancia Post-Comercialización y Acciones Reguladoras del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).

El documento indicó que la empresa no había concluido los retiros de mercado ordenados y que el porcentaje de unidades recuperadas era del 0% en todos los trámites en curso mencionados en el expediente.

Esto significa que, al momento del informe, no se había acreditado la recuperación de las unidades que debían ser retiradas de los distintos eslabones de la cadena de comercialización.

El organismo consideró que esta situación representaba un riesgo para la salud de potenciales pacientes y un riesgo sanitario para la población.

Entre los antecedentes figura una medida adoptada en 2025 que había prohibido el uso, la comercialización y la distribución de dos lotes de una solución isotónica de cloruro de sodio al 0,9%, en presentación de 500 mililitros. Los lotes involucrados eran el 70413108 y el 70416108, ambos con vencimiento en diciembre de 2027.

También se habían dispuesto medidas sobre otros productos vinculados con la empresa. Entre ellos aparece Danferane I.V., un medicamento inyectable que contiene trimetoprima y sulfametoxazol, para el cual se había ordenado el retiro de los lotes alcanzados por la medida sanitaria.

Otro de los antecedentes corresponde a Hessico, una solución inyectable de hidroxietilalmidón al 6%. En este caso, la resolución menciona el lote 29116, con vencimiento en agosto de 2027, que había quedado alcanzado por una prohibición de comercialización y distribución.

La documentación oficial también incluye productos de P. L. Rivero elaborados en instalaciones de otras compañías. En uno de los casos, ANMAT había prohibido el uso, la comercialización y la distribución de lotes fabricados en Laboratorios Solkotal S.A. y ordenado su recupero.

A partir de los incumplimientos detectados, ANMAT resolvió cancelar la habilitación de P. L. Rivero y Cía. como establecimiento autorizado para desarrollar las actividades que tenía registradas.

La empresa había sido habilitada como elaboradora de especialidades medicinales y contaba también con autorización para determinadas operaciones de importación y exportación.

La habilitación comprendía, entre otras actividades, la elaboración de medicamentos inyectables de pequeño y gran volumen con esterilización terminal por calor húmedo, soluciones no estériles y bolsas para recolección de sangre.

La resolución también dispone la apertura de un sumario sanitario contra la firma y su director técnico, debido a los incumplimientos que surgen del expediente.

Pero la medida no se limita al ámbito administrativo. ANMAT instruyó a su área de Asuntos Judiciales para que formule una denuncia penal, siguiendo las recomendaciones realizadas por el INAME.

La disposición cita el artículo 239 del Código Penal, referido a la resistencia o desobediencia de disposiciones emanadas de una autoridad en el ejercicio legítimo de sus funciones.

Al mismo tiempo, la autoridad sanitaria deberá avanzar en una estrategia para completar los retiros que todavía permanecen pendientes. El expediente señala que los productos alcanzados por las medidas sanitarias podrían continuar en diferentes puntos de la cadena de comercialización debido a que no fueron recuperados.

Para abordar esa situación, ANMAT encomendó al INAME y a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud la elaboración de una estrategia destinada a concretar los recuperos pendientes.

El organismo también señaló que existen alternativas terapéuticas para los productos involucrados, de acuerdo con la información disponible en el Vademécum Nacional de Medicamentos.

La resolución establece además que la situación deberá ser comunicada a las autoridades sanitarias provinciales, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a las agencias regulatorias internacionales correspondientes.

De esta manera, la decisión de ANMAT tiene dos objetivos inmediatos: sancionar administrativamente a la empresa por los incumplimientos detectados y avanzar con las medidas necesarias para retirar del circuito aquellos productos que ya habían sido alcanzados por prohibiciones o disposiciones de recupero.

La medida fue formalizada este jueves 8 de octubre mediante la Disposición 6489/2026, publicada en el Boletín Oficial.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió en todo el territorio nacional el uso, la comercialización y la distribución de tres productos que eran ofrecidos con distintas indicaciones vinculadas a la salud.

La medida fue publicada este miércoles 7 de octubre en el Boletín Oficial mediante la Disposición 6457/2026 y alcanza al “Super calcio cubano”, el “Suplemento nutritivo 0.44” y el “Ungüento de árnica + coca”.

La decisión se tomó luego de actuaciones iniciadas a partir de dos denuncias recibidas por el Departamento de Control de Mercado de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud.

En esas presentaciones se había informado sobre la comercialización de los tres productos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

Según el organismo, los productos no se encuentran inscriptos ante la ANMAT y tampoco se identificó un establecimiento responsable que estuviera habilitado por la Administración. Por ese motivo, la autoridad sanitaria consideró que representan un riesgo para la salud de quienes pudieran adquirirlos o utilizarlos.

La disposición identifica de manera específica los productos alcanzados por la medida y también reproduce parte de la información que figuraba en sus respectivos rótulos.

El primero es “Super calcio cubano”, que se presentaba como una “vitamina para calcificar los huesos” y decía estar reforzado con cartílago de tiburón. Según el rótulo relevado por la ANMAT, se promocionaba a base de plantas, raíces y frutas cubanas y enumeraba entre sus componentes vitamina E, calcio, magnesio, zinc, fósforo, hierro, guanábana, anona, pruciana, porciana, levadura de cerveza y cartílago de tiburón.

El producto indicaba, además, que podía utilizarse como fortalecedor de huesos y dientes y mencionaba entre sus indicaciones la artritis, artrosis, lumbago, osteoporosis, reumatismo, caída del cabello, agotamiento físico, Parkinson y dolores musculares. El rótulo señalaba uso en adultos y niños y consignaba un supuesto “Registro sanitario P210809”.

El segundo producto alcanzado por la prohibición es “Suplemento nutritivo 0.44”, que en su etiqueta mencionaba calcio, vitamina B12 y vitamina E.

También se promocionaba para distintas afecciones y síntomas, entre ellos gota, reumatismo, decaimiento general, rotura de huesos, lumbago, artritis, parálisis facial, calambres, empañamiento de la vista, caída del cabello, mareos, dolor de huesos, hinchazón, agotamiento y dolor de cabeza.

El rótulo de este segundo producto también enumeraba otros ingredientes, como palo huasca, carqueja, vitaminas C, D, E y B12, calcio, zinc, magnesio y cartílago de tiburón. Asimismo, indicaba que podía ser utilizado por adultos y niños.

El tercer producto es “Ungüento de árnica + coca”, que era ofrecido en la vía pública, específicamente en una estación de tren de Quilmes, de acuerdo con la denuncia recibida por el organismo. La imagen del envase incorporada al expediente mostraba la denominación “Ungüento de árnica + coca” y la leyenda “Nueva fórmula con aceite de cannabidol”. También indicaba “Ind. Uruguaya” y un contenido neto de 190 gramos.

Uno de los puntos centrales de la disposición es que, pese a las indicaciones que figuraban en los envases, no surgían de los rótulos los datos de registro ante la ANMAT ni los correspondientes al elaborador. El organismo señaló además que los productos indicaban distintos países de origen: Cuba, Perú y Uruguay, respectivamente.

La ANMAT explicó que se trata de productos de los cuales se desconocen las condiciones de fabricación y su composición real. Además, fueron elaborados por un establecimiento que no se encuentra habilitado por la autoridad sanitaria y eran dispensados fuera de un establecimiento habilitado para esa finalidad.

A partir de esas circunstancias, el organismo consideró que los productos revisten riesgo para la salud de los potenciales pacientes. También verificó que ninguno de los tres estaba inscripto ante la ANMAT y que no había podido identificarse un establecimiento responsable habilitado por la Administración.

Por eso, la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud recomendó prohibir su uso, comercialización y distribución en todo el país, con el objetivo de proteger a eventuales compradores y usuarios frente a productos cuyas condiciones de manufactura se desconocen.

La Disposición 6457/2026 establece de manera expresa que queda prohibido el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de los tres productos identificados por la ANMAT.

La medida alcanza al “Super calcio cubano” con el rótulo que consignaba “Registro sanitario P210809”, al “Suplemento nutritivo 0.44” identificado con los datos de Lucover productos naturales y su distribución por L.i.p. & Hnos SA, y al “Ungüento de árnica + coca”, con la leyenda sobre su nueva fórmula y aceite de cannabidol.

La prohibición se fundamenta específicamente en que los productos carecen de registro ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.

La resolución también dispone que la medida sea comunicada a las autoridades sanitarias provinciales, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección Nacional de Gestión y Control Normativo de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial y a los organismos correspondientes.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió en todo el país el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de productos de limpieza y desinfección de la marca B&T Química que no se encuentren debidamente registrados.

La decisión quedó establecida mediante la Disposición 6173/2026, publicada este martes 29 de septiembre en el Boletín Oficial. La medida también alcanza a las plataformas de venta electrónica.

La intervención del organismo se originó a partir de tareas de fiscalización y una denuncia relacionada con la comercialización de productos de la marca sin la inscripción sanitaria correspondiente. Durante las actuaciones, ANMAT detectó que los artículos eran promocionados y ofrecidos a través de internet, redes sociales y sitios de venta digital.

Según la disposición, la medida comprende los productos de B&T Química que sean identificados como limpiadores, desinfectantes y otros productos domisanitarios que no cuenten con el registro correspondiente.

Entre los artículos que habían sido detectados durante la investigación se encontraban productos destinados a la limpieza y desinfección, además de aromatizantes. La prohibición alcanza todos los lotes de los productos comprendidos mientras no se encuentren debidamente inscriptos.

Los productos domisanitarios son aquellos destinados, entre otros usos, a la limpieza, lavado, higienización, desinfección o desinfestación del hogar y otros espacios. ANMAT incluye este tipo de artículos dentro de los productos de uso doméstico que se encuentran bajo su regulación.

La investigación permitió establecer inicialmente que los productos comercializados por la firma no figuraban inscriptos ante la autoridad sanitaria. También se constató que no se encontraba identificado un establecimiento responsable habilitado por ANMAT para esos productos.

Durante el proceso administrativo, la empresa informó que había iniciado acciones destinadas a regularizar la situación. De acuerdo con los antecedentes difundidos sobre la medida, posteriormente se inscribieron determinados productos de riesgo 1, correspondientes a limpiadores y suavizantes. Sin embargo, la prohibición alcanza a aquellos artículos que continúan sin la correspondiente inscripción sanitaria.

La disposición también contempla la comercialización a través de medios digitales. Por eso, la restricción no se limita a los comercios físicos: también comprende la oferta de los productos alcanzados mediante páginas web, redes sociales y plataformas de comercio electrónico.

Uno de los puntos centrales de la medida es la falta de información sanitaria suficiente sobre los productos que estaban siendo comercializados sin inscripción.

Según los fundamentos de la disposición, cuando un producto domisanitario no cuenta con el registro correspondiente, no pueden verificarse adecuadamente las condiciones en las que fue elaborado ni su formulación. En ese contexto, el organismo señaló que no podía garantizarse su calidad, seguridad y eficacia.

El registro sanitario permite que la autoridad competente cuente con información sobre los productos y pueda fiscalizar las condiciones exigidas por la normativa para su elaboración y comercialización. La propia ANMAT incluye a los productos de uso doméstico dentro de las categorías que regula y controla.

Por este motivo, el organismo resolvió adoptar una medida precautoria hasta que los productos involucrados puedan encontrarse debidamente regularizados.

La Disposición 6173/2026 establece la prohibición en todo el territorio nacional y extiende su alcance a las plataformas de venta electrónica. Además de impedir su uso, comercialización y distribución, la medida alcanza la publicidad de los productos comprendidos.

En paralelo, ANMAT dispuso la apertura de un sumario sanitario a B&T Química S.R.L., con el objetivo de determinar los presuntos incumplimientos de la normativa que regula la elaboración, inscripción y comercialización de productos domisanitarios.

La medida se suma a otras intervenciones recientes de la autoridad sanitaria sobre productos de limpieza comercializados sin los registros correspondientes. En los últimos meses, ANMAT informó prohibiciones sobre distintas marcas de domisanitarios luego de detectar productos ofrecidos sin inscripción sanitaria o sin establecimientos responsables habilitados.

Para los consumidores, el dato central de esta disposición es que los productos de B&T Química comprendidos por la prohibición no deben utilizarse, comercializarse, distribuirse ni publicitarse mientras no cuenten con la inscripción sanitaria correspondiente.

La medida permanecerá vigente respecto de los productos alcanzados hasta que se regularice su situación ante la autoridad sanitaria.

El Gobierno nacional promulgó este martes la Ley 27.819, que aprueba el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la República de Singapur.

La medida quedó formalizada mediante el Decreto 1010/2026, publicado en el Boletín Oficial, después de que el Congreso completara el trámite legislativo el 26 de agosto. El acuerdo había sido firmado el 7 de diciembre de 2023 en Río de Janeiro y contempla 19 capítulos con normas para distintas áreas de la relación económica y comercial entre el bloque regional y el país asiático.

El tratado establece una zona de libre comercio para bienes y servicios y fija reglas comunes para ordenar el intercambio entre las partes. Entre los temas incluidos se encuentran el comercio de bienes, los servicios, las inversiones, las compras públicas, la propiedad intelectual, el comercio electrónico y las micro, pequeñas y medianas empresas.

Uno de los puntos centrales es el esquema de reducción progresiva de aranceles. El acuerdo contempla distintas categorías de desgravación: algunos productos podrán quedar alcanzados por una eliminación total de los aranceles desde la entrada en vigor, mientras que para determinados sectores se establecen períodos de hasta 15 años.

El mecanismo busca establecer un proceso gradual para la apertura comercial y, al mismo tiempo, otorgar un marco de previsibilidad para las empresas que participan del intercambio.

El acuerdo también establece que no podrán aplicarse nuevos aumentos de los derechos de importación sobre los bienes originarios comprendidos por el tratado. A su vez, incorpora disposiciones destinadas a evitar restricciones cuantitativas injustificadas y establece reglas para los procedimientos de licencias de importación y exportación.

Otro de los objetivos del tratado es reducir obstáculos administrativos vinculados al comercio. Para eso, contempla mecanismos de facilitación que incluyen el ingreso sin aranceles de determinadas muestras comerciales de valor insignificante y un régimen de admisión temporal para equipos profesionales, materiales destinados a ferias y determinados medios de transporte.

También se simplifican los procedimientos para productos enviados al exterior para ser reparados. Según las disposiciones del acuerdo, esos bienes podrán reingresar una vez finalizado el trabajo, siempre que conserven su función original.

El tratado incorpora además mecanismos de cooperación y consultas entre las partes. En materia de productos alimentarios considerados críticos, establece procedimientos específicos frente a eventuales medidas restrictivas, con obligaciones de notificación y consultas técnicas.

De esta manera, el acuerdo no se limita a establecer una reducción de aranceles, sino que fija reglas para distintos aspectos que intervienen en una operación comercial internacional.

Para la Argentina, la promulgación de la Ley 27.819 significa que quedó completado el proceso interno de aprobación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur. El tratado había sido suscripto el 7 de diciembre de 2023 en Río de Janeiro, pero para su incorporación al ordenamiento interno argentino era necesaria la aprobación del Congreso.

El proyecto recibió primero el respaldo del Senado y luego fue tratado por la Cámara de Diputados. El 26 de agosto, la Cámara baja convirtió la iniciativa en ley con 234 votos afirmativos, cuatro negativos y ninguna abstención, según la información oficial difundida por el Mercosur y reproducida en los informes sobre la sanción legislativa.

Con la promulgación, Argentina completa así el procedimiento legislativo necesario para ratificar el entendimiento.

Desde el Mercosur señalaron que el acuerdo busca contribuir al aumento del comercio, brindar mayor previsibilidad regulatoria y generar condiciones favorables para las inversiones. El bloque también lo presenta como un acuerdo de nueva generación por la cantidad de disciplinas que incorpora, más allá del intercambio tradicional de mercaderías.

La relación comercial también adquiere relevancia por la incorporación de Singapur como socio del Mercosur en el sudeste asiático. El acuerdo es el primero de libre comercio del bloque con un país de esa región y amplía el marco de relaciones comerciales del Mercosur fuera de América Latina.

La entrada en vigencia del acuerdo implica, por lo tanto, un nuevo marco para las operaciones comerciales entre los países del Mercosur y Singapur.

Para las empresas, uno de los principales cambios será la aplicación del cronograma de desgravación previsto para los productos alcanzados, mientras que las disposiciones sobre servicios, inversiones, comercio electrónico y compras públicas establecen reglas adicionales para otras áreas de actividad.

El Gobierno nacional había planteado la aprobación del tratado como parte de la estrategia de ampliar la inserción comercial argentina. Tras la sanción legislativa, el canciller Pablo Quirno consideró que el acuerdo es relevante para la integración del país con el mundo, mientras que desde el Gobierno se destacó la posibilidad de ampliar las oportunidades para las exportaciones.

En términos concretos, la promulgación no supone que todos los productos pasen automáticamente a tener arancel cero. El acuerdo contempla distintos períodos de desgravación, por lo que las condiciones dependerán del producto y de la categoría correspondiente.

El nuevo marco también establece procedimientos para facilitar operaciones comerciales y resolver cuestiones técnicas entre las partes. Entre ellos se encuentra la creación de mecanismos específicos para supervisar la aplicación de las reglas de origen y atender eventuales diferencias relacionadas con la clasificación arancelaria.

Con la publicación del Decreto 1010/2026 y la promulgación de la Ley 27.819, el acuerdo firmado en 2023 queda incorporado al proceso de implementación correspondiente para la Argentina. El tratado establece así un marco común para profundizar el intercambio comercial entre el Mercosur y Singapur y abre una nueva etapa en la relación económica del bloque con el sudeste asiático.

El Gobierno estableció una nueva actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), con una escala de incrementos que comienza a regir desde septiembre de 2026 y contempla nuevos valores hasta abril del año próximo. La medida fue formalizada mediante la Resolución 4/2026 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La decisión llegó después de que representantes de los distintos sectores no lograran alcanzar un acuerdo durante la reunión del Consejo convocada para el 28 de agosto. Según consta en la resolución, luego de un "extenso intercambio de opiniones" no se alcanzó un acuerdo en los términos establecidos por la Ley 24.013.

Ante esa falta de consenso, la presidenta alterna del Consejo quedó obligada a emitir un laudo para determinar tanto el salario mínimo como los montos vinculados con la prestación por desempleo.

El nuevo esquema establece que, desde el 1° de septiembre de 2026, el Salario Mínimo, Vital y Móvil será de $383.800 para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa.

Para quienes cobran por hora, el nuevo valor será de $1.919 por hora. La resolución aclara que se trata de trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo, el Régimen de Trabajo Agrario y también de la Administración Pública Nacional y entidades y organismos del Estado Nacional que actúen como empleadores, con las condiciones establecidas por la normativa.

La norma también contempla situaciones particulares de trabajadores con jornadas diferentes a la legal completa, para quienes el salario mínimo deberá percibirse en la proporción correspondiente.

La actualización no se limita a septiembre. El Gobierno estableció una serie de valores escalonados para los meses siguientes.

Los valores surgen directamente de la Resolución 4/2026 y corresponden a trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa y a trabajadores jornalizados, respectivamente.

De esta manera, el salario mínimo pasará de $383.800 en septiembre a $437.000 en abril de 2027. Es decir, entre ambos extremos del esquema habrá una diferencia nominal de $53.200.

El incremento se aplicará de manera escalonada, con una actualización mensual de los valores establecidos por el Consejo.

La actualización fue definida luego de que no hubiera acuerdo entre los integrantes del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

La convocatoria había sido realizada mediante la Resolución 1/2026 para una reunión virtual el 28 de agosto de 2026. Allí se discutió la determinación del nuevo salario mínimo y también los montos mínimos y máximos correspondientes a la prestación por desempleo.

Sin embargo, las partes no llegaron a un consenso. La propia resolución oficial señala que, ante esa situación, correspondía emitir un laudo para definir los valores.

Por ese motivo, los nuevos montos no surgen de un acuerdo alcanzado entre las partes en esa reunión, sino de la decisión formalizada por la autoridad correspondiente del Consejo.

La resolución también establece un nuevo esquema para la Prestación por Desempleo.

El beneficio será equivalente al 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual que haya percibido el trabajador durante los seis meses anteriores al cese del contrato que originó la situación de desempleo.

Pero existe además un piso y un techo vinculados directamente con el Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente.

La norma establece que la prestación mensual no podrá ser inferior al 50% del salario mínimo vigente ni superior al 100% de ese mismo salario mínimo.

Esto significa que la actualización del salario mínimo también tiene incidencia sobre los límites establecidos para esta prestación.

Con el valor de septiembre de $383.800, por ejemplo, el 50% equivale a $191.900, mientras que el 100% corresponde a $383.800. Estos valores se desprenden de aplicar los porcentajes establecidos en la resolución al salario mínimo fijado para septiembre.

La medida lleva el número 4/2026, fue emitida el 1° de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires y corresponde al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

La resolución determina los nuevos valores para trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo, el Régimen de Trabajo Agrario y la Administración Pública Nacional y organismos y entidades del Estado Nacional que actúen como empleadores, de acuerdo con las condiciones especificadas en la norma.

El esquema contempla incrementos sucesivos desde septiembre de 2026 hasta abril de 2027 y también fija los valores correspondientes para quienes trabajan bajo modalidad jornalizada.

La norma fue publicada en el Boletín Oficial este miércoles 2 de septiembre de 2026, por lo que el primer valor de la nueva escala —$383.800— rige desde el primer día de este mes.

El Gobierno, de esta manera, dejó establecido un cronograma de valores para los próximos ocho meses, sin necesidad de una nueva actualización para cada uno de esos períodos, según lo dispuesto en la Resolución 4/2026

El Gobierno nacional modificó la Ley de Ministerios mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 771/2026, publicado este viernes 21 de agosto en el Boletín Oficial. La medida reorganiza las competencias de los ministerios de Salud y Economía en diferentes áreas vinculadas con la alimentación, los productos sanitarios y la prevención y tratamiento de la ludopatía.

El decreto fue firmado por el presidente Javier Milei y los integrantes del Gabinete y comenzó a regir desde el mismo día de su dictado, el 20 de agosto. Al tratarse de un DNU, el Congreso deberá intervenir a través de la Comisión Bicameral Permanente, que tiene competencia para analizar su validez.

Entre los principales cambios, la norma redefine qué ministerio tendrá a su cargo determinadas tareas de fiscalización y control. También incorpora de manera expresa a la ludopatía dentro de las áreas de políticas públicas que deberá abordar el Ministerio de Salud.

Uno de los cambios establecidos por el decreto está relacionado con las competencias del Ministerio de Salud en materia alimentaria. La norma dispone que esa cartera intervenga en la normatización y rectoría en materia de alimentos, dentro de su ámbito de competencia.

El Gobierno fundamentó esta modificación en la necesidad de que Salud ejerza la rectoría sanitaria y la normatización en materia de salud alimentaria, con el objetivo de orientar las políticas públicas relacionadas con los alimentos hacia la protección y promoción de la salud de la población.

El decreto también modifica el alcance de la intervención de Salud sobre determinados productos. En particular, establece que el ministerio tendrá participación en la determinación de las sustancias prohibidas y de uso condicionado en productos de higiene, tocador, cosmética humana y productos de uso doméstico.

Otro de los puntos centrales de la medida es la incorporación de la ludopatía entre las áreas específicas de competencia del Ministerio de Salud.

A partir de la modificación, esa cartera deberá intervenir en el diseño y ejecución de políticas públicas relacionadas con la prevención y el tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas y, además, en la prevención, concientización, capacitación, investigación y abordaje integral de la ludopatía vinculada con juegos de azar y apuestas.

El Gobierno justificó esta decisión a partir de información del Observatorio Argentino de Drogas. Según el decreto, el Séptimo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de Enseñanza Secundaria Argentina 2025 mostró que más de una cuarta parte de los estudiantes consultados manifestó haber participado en apuestas con dinero durante el último año.

La norma también señala que la participación es significativamente mayor cuando se trata de modalidades desarrolladas a través de plataformas digitales. Para el Poder Ejecutivo, este escenario requiere fortalecer las políticas preventivas, las campañas de concientización, la capacitación de los equipos de salud y los dispositivos de atención especializados.

El decreto considera a la ludopatía como un trastorno asociado con la pérdida de control sobre la conducta de juego y la continuidad de esa conducta pese a sus consecuencias negativas. También señala posibles impactos sobre la salud mental, la economía personal y familiar, las relaciones sociales y el desempeño educativo y laboral.

La otra parte de la reorganización alcanza al Ministerio de Economía. El decreto establece que esa cartera tendrá entre sus funciones la fiscalización sanitaria de la producción agropecuaria, forestal y pesquera.

También quedarán bajo su órbita la normalización, el registro y el control de la sanidad, la calidad higiénico-sanitaria y la inocuidad de productos, subproductos y derivados agroalimentarios. La competencia incluye bebidas, aguas minerales, productos dietéticos y alimentos acondicionados.

La responsabilidad se extiende a las distintas etapas de la actividad: producción, transformación, almacenamiento, transporte, comercialización, importación y exportación. También incluye los insumos específicos, aditivos, colorantes, edulcorantes e ingredientes utilizados en la alimentación humana.

La norma menciona además el papel del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), organismo descentralizado que funciona en la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía.

Según los fundamentos del decreto, el Código Alimentario Argentino constituye la norma fundamental del Sistema Nacional de Control de Alimentos y el Senasa es el organismo encargado de ejecutar la política gubernamental en materia alimentaria y de asegurar el cumplimiento de ese código.

El Gobierno sostiene que la reorganización busca delimitar las responsabilidades de cada cartera y evitar superposiciones en las tareas de control. El propio decreto aclara que la modificación de las competencias de Salud sobre determinados productos no implica desatenderlos ni generar un vacío regulatorio, sino reorganizar las funciones estatales y mantener la coordinación entre los ministerios involucrados.

En términos generales, el DNU 771/2026 determina:

Ministerio de Salud: tendrá la rectoría y normatización en materia de alimentos dentro de su competencia.

Ministerio de Salud: intervendrá en la determinación de sustancias prohibidas o de uso condicionado en productos de higiene, cosmética y uso doméstico.

Ministerio de Salud: incorporará entre sus funciones la prevención, concientización, capacitación, investigación y abordaje integral de la ludopatía.

Ministerio de Economía: concentrará la fiscalización sanitaria de la producción agropecuaria, forestal y pesquera.

Ministerio de Economía: tendrá a su cargo el control de la sanidad, calidad e inocuidad de productos agroalimentarios en las distintas etapas de producción y comercialización.

El decreto entró en vigencia el 20 de agosto de 2026, fecha en la que fue dictado. Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo dispuso comunicar la medida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá intervenir en el trámite correspondiente para los decretos de necesidad y urgencia.

De esta manera, la nueva norma modifica la distribución de responsabilidades dentro del Gobierno nacional y formaliza nuevas competencias para el Ministerio de Salud, especialmente en materia de prevención y abordaje de la ludopatía, mientras mantiene en Economía las tareas de fiscalización sanitaria relacionadas con la producción y comercialización de alimentos y productos agroalimentarios.

l Gobierno nacional modificó la Ley de Migraciones N° 25.871 mediante un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que incorpora nuevas situaciones que pueden impedir el ingreso de una persona extranjera al país o derivar en la cancelación de su residencia. El eje de la reforma está puesto en determinadas expresiones y conductas que el Poder Ejecutivo considera incompatibles con las condiciones de convivencia que deben regir para quienes ingresan o permanecen en Argentina.

La medida quedó establecida mediante el Decreto 681/2026, firmado el 29 de julio de 2026 y publicado en el Boletín Oficial este jueves 30 de julio. El texto modifica distintos artículos de la Ley de Migraciones y establece nuevas causales vinculadas con mensajes de odio, incitación a la violencia y actos de ultraje de símbolos patrios nacionales.

Uno de los aspectos centrales de la nueva normativa es que no apunta solamente a quienes intenten ingresar al territorio argentino. También contempla situaciones que pueden afectar a extranjeros que ya se encuentran en el país y cuentan con una residencia.

El decreto incorpora un nuevo inciso al artículo 29 de la Ley de Migraciones. Allí establece como causal para impedir el ingreso al país que una persona extranjera haya dirigido mensajes de odio, de manera oral o escrita, o haya incitado a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto o contra un ciudadano argentino por motivos vinculados con su nacionalidad.

La misma disposición incorpora otra conducta: haber realizado o participado en actos de ultraje de símbolos patrios nacionales. También contempla a quienes hayan incitado a otras personas a cometer alguna de esas acciones.

El decreto, sin embargo, introduce expresamente una diferencia entre esas conductas y el ejercicio de la libertad de expresión. La norma señala que no pueden incluirse dentro de esta nueva causal las expresiones de disenso ideológico o de crítica política, académica o ciudadana cuando constituyan un ejercicio legítimo de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional.

Ese punto resulta relevante porque el propio decreto dedica parte de sus fundamentos a explicar la relación entre la medida y el derecho a la libertad de expresión.

El Gobierno sostiene que la modificación no busca impedir las críticas o el desacuerdo, sino establecer límites frente a manifestaciones que, según la norma, impliquen incitación a la violencia u odio contra argentinos.

La modificación no se limita a los controles de ingreso. El Decreto 681/2026 también incorpora una nueva causal al artículo 62 de la Ley de Migraciones, referida a la cancelación de la residencia.

La nueva disposición contempla las mismas conductas: mensajes de odio o incitación a la violencia contra el pueblo argentino o contra ciudadanos argentinos por su nacionalidad, actos de ultraje de símbolos patrios o incitación a cometer esas acciones.

Esto significa que la reforma establece consecuencias diferentes según la situación migratoria de la persona. En el caso de alguien que todavía pretende ingresar al país, las nuevas conductas aparecen incorporadas entre las causales para impedir ese ingreso. Para quien ya tiene residencia, pueden constituir una causal para disponer su cancelación.

La norma también mantiene la salvedad relacionada con la libertad de expresión: el disenso ideológico y la crítica política, académica o ciudadana que constituyan un ejercicio legítimo de derechos constitucionales no quedan comprendidos en esta causal.

El decreto también modifica el artículo 63 de la Ley de Migraciones para establecer qué ocurre cuando la residencia es cancelada por determinadas causales.

Según el nuevo texto, la cancelación de la residencia conforme a los incisos correspondientes del artículo 62 puede implicar que la persona sea intimada a abandonar el país dentro del plazo que se establezca o bien sea expulsada del territorio nacional, teniendo en cuenta las circunstancias fácticas y personales del interesado.

Por lo tanto, la reforma establece una cadena de posibles consecuencias: una determinada conducta puede constituir una causal migratoria; si se trata de una persona que ya reside en Argentina, puede derivar en la cancelación de su residencia; y esa cancelación puede llevar a la intimación para abandonar el país o a la expulsión, según las circunstancias contempladas por la norma.

El decreto no establece que cualquier crítica a la Argentina o a sus autoridades tenga automáticamente una consecuencia migratoria. Por el contrario, incluye de manera expresa una exclusión para las expresiones que constituyan disenso o crítica dentro del ejercicio legítimo de derechos constitucionales.

En los fundamentos del DNU, el Poder Ejecutivo sostiene que aumentaron los mensajes de odio y actos de hostilidad y menosprecio dirigidos específicamente contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional. El Gobierno considera que estas situaciones pueden representar un riesgo y afectar las condiciones de convivencia y paz social.

El decreto también sostiene que las acciones de odio o la propagación de la violencia pueden tener consecuencias concretas sobre la vida de las personas y afectar su integridad, salud y derechos.

Otro de los argumentos centrales está relacionado con los símbolos patrios. El Ejecutivo afirma que constituyen una representación material de la soberanía, la historia y los valores fundamentales de la Nación y que, por ese motivo, deben contar con protección jurídica frente a actos de ultraje.

Para fundamentar la medida, el decreto cita además la Ley 23.592 contra la discriminación y señala que esa legislación contempla como discriminatorios determinados actos u omisiones motivados por la nacionalidad.

También menciona la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su referencia a la prohibición de la propaganda a favor de la guerra y de la apología del odio nacional, racial o religioso cuando constituya una incitación a la violencia u otras acciones ilegales.

El Decreto 681/2026 fue firmado el 29 de julio de 2026 y publicado en el Boletín Oficial el 30 de julio. Su artículo 4 establece que entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial. Por lo tanto, la nueva normativa comenzará a regir el 31 de julio de 2026.

Como se trata de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el texto también dispone que se dé cuenta de la medida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación. El propio decreto fundamenta el uso de esta herramienta en la consideración de que la naturaleza excepcional de la situación hacía imposible seguir el procedimiento ordinario previsto para la sanción de las leyes.

La Ley 26.122 establece el mecanismo mediante el cual el Congreso interviene en el análisis de los DNU y prevé la participación de la Comisión Bicameral Permanente, que debe pronunciarse sobre su validez o invalidez y elevar su dictamen al plenario de ambas cámaras para su tratamiento.

El Gobierno nacional aprobó un nuevo modelo, con nuevas características operativas, del Certificado Único Oncopediátrico (CUOP), el documento que acredita la condición de beneficiario del régimen de protección integral establecido para niños, niñas y adolescentes con cáncer. La medida fue dispuesta por la Dirección Nacional del Cáncer y publicada este viernes 24 de julio de 2026 en el Boletín Oficial.

La principal novedad para las familias es que el certificado tendrá una nueva presentación y se prevé su integración al Perfil Digital del Ciudadano "Mi Argentina", además de mantenerse la posibilidad de contar con la credencial en formato físico. El cambio busca facilitar el acceso y la gestión del documento dentro de los sistemas digitales del Estado.

Sin embargo, hay un punto importante para quienes ya tienen el certificado: las credenciales emitidas bajo el modelo anterior continúan siendo válidas y conservan su eficacia jurídica hasta el vencimiento del plazo original, salvo las situaciones previstas por la normativa. Por lo tanto, las familias no deben interpretar la aprobación del nuevo diseño como una obligación de reemplazar inmediatamente el documento que ya poseen.

El Certificado Único Oncopediátrico está vinculado con el régimen creado por la Ley 27.674, que establece una protección integral para niños, niñas y adolescentes con cáncer que tienen residencia permanente en el país.

La normativa creó además el Programa Nacional de Cuidado Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer, cuyo objetivo es contribuir a reducir la morbimortalidad por cáncer infantil y garantizar los derechos de los pacientes a través de una coordinación de las acciones sanitarias.

Dentro de este marco, el Ministerio de Salud debe extender un certificado-credencial a las personas comprendidas por la ley que se encuentran inscriptas en el Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (ROHA). Ese documento acredita la condición de beneficiario del régimen de protección integral.

La disposición establece que el certificado se renueva automáticamente cada año y que su vigencia se mantiene hasta que se produzca el alta definitiva del paciente, con los límites establecidos por la legislación. El régimen contempla a los beneficiarios hasta los 18 años inclusive y prevé que la autoridad de aplicación recomiende los mecanismos de atención y derivación cuando corresponda el pasaje a la mayoría de edad.

La actualización del documento responde, según explica la norma, a la necesidad de adaptar su diseño y funcionamiento a los actuales sistemas de información del Estado. El objetivo es que el CUOP pueda incorporarse progresivamente al entorno digital de Mi Argentina, como parte de la Plataforma del Sector Público Nacional.

La disposición también señala que el certificado es un documento público que acredita la condición de beneficiario de la Ley 27.674. Por eso, el cambio aprobado no modifica los derechos reconocidos por la normativa, sino que actualiza la forma de presentación y la integración tecnológica del documento.

Para las familias, esto significa que el aspecto central sigue siendo la condición de beneficiario reconocida por el régimen legal. La nueva versión del certificado no cambia por sí misma el alcance de esa protección.

Uno de los puntos más importantes de la nueva disposición es que las credenciales que se encuentren vigentes al momento de la entrada en vigor de la medida mantienen su plena validez y eficacia jurídica.

En términos prácticos, esto significa que quienes ya cuentan con un CUOP emitido bajo el modelo aprobado en 2023 no necesitan asumir que el documento quedó invalidado por la aparición del nuevo diseño. La credencial conserva su vigencia de acuerdo con las condiciones que correspondan a cada caso.

La disposición establece que esas credenciales seguirán siendo válidas hasta que se produzca el vencimiento del plazo original, salvo que sean anuladas por las circunstancias particulares que determine el Programa Nacional de Cuidado Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer (PROCUINCA), que fallezca la persona beneficiaria o que se alcance la mayoría de edad en los términos establecidos por la Ley 27.674.

Por eso, una recomendación práctica para las familias es conservar el certificado actual y continuar utilizándolo mientras se encuentre vigente. No es necesario iniciar un trámite de reemplazo solamente porque se aprobó un nuevo modelo.

La nueva normativa también dispone que el CUOP deberá instrumentarse tanto en formato físico como digital, para pacientes que se encuentren en tratamiento activo, en etapa de control o que hayan recibido el alta definitiva. A su vez, se estableció que se realicen las gestiones necesarias para integrar la versión digital en el Perfil Digital del Ciudadano "Mi Argentina".

Este último punto es relevante porque podría facilitar, a futuro, la consulta y presentación del certificado desde un teléfono celular u otro dispositivo, sin depender exclusivamente de una credencial física. Sin embargo, la disposición publicada establece la integración como parte del proceso de implementación y no detalla en su texto cuándo estará disponible para todas las familias ni cuál será el procedimiento concreto para visualizarlo en la aplicación.

Por eso, hasta que se informe oficialmente el mecanismo de acceso digital, quienes necesitan realizar una gestión vinculada con el CUOP deberían continuar utilizando los canales habituales y conservar la documentación que ya poseen.

La medida entró en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y no implica erogaciones presupuestarias para el Ministerio de Salud, según establece la propia disposición.

En síntesis, el cambio principal está en la actualización del modelo del Certificado Único Oncopediátrico y en su futura integración con Mi Argentina. Para las familias que ya tienen una credencial vigente, la información más importante es que el documento anterior continúa teniendo validez hasta el vencimiento de su plazo original, por lo que no deben realizar un reemplazo inmediato únicamente por la aprobación del nuevo diseño.

Ante cualquier duda sobre la situación particular de un paciente, la recomendación es consultar con el equipo de salud y los organismos oficiales correspondientes, especialmente antes de realizar un trámite que pueda requerir la presentación del certificado. De esta manera, se evita iniciar gestiones innecesarias y se mantiene vigente la documentación que acredita el acceso al régimen de protección establecido por la Ley 27.674.

El Gobierno nacional oficializó este jueves el pago de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 que será abonado durante julio de 2026 a jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas que perciben sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

La medida fue establecida mediante el Decreto 532/2026, publicado en el Boletín Oficial, y alcanza a millones de beneficiarios en todo el país.

Según argumentó el Poder Ejecutivo, el objetivo es reforzar los ingresos de los adultos mayores de menores recursos y compensar el impacto que tuvieron las modificaciones previas en la fórmula de movilidad jubilatoria. El bono se suma a los haberes mensuales y tendrá carácter extraordinario.

La normativa establece que el beneficio alcanzará a los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a quienes perciben pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras prestaciones asistenciales abonadas por Anses.

El decreto dispone que quienes perciban ingresos equivalentes o inferiores a una jubilación mínima recibirán el monto completo de $70.000. En tanto, aquellos beneficiarios cuyos haberes superen el mínimo previsional accederán a un bono proporcional, cuyo valor será el necesario para completar el equivalente a una jubilación mínima más el refuerzo extraordinario.

Desde el Gobierno explicaron que la medida busca focalizar la ayuda en quienes tienen menores ingresos dentro del sistema previsional. Además, se aclaró que el beneficio será liquidado por titular y que, en el caso de las pensiones compartidas, se considerará a todos los copartícipes como un único beneficiario a los efectos del cobro del bono.

Para acceder al refuerzo, los beneficios deberán encontrarse vigentes al momento de la liquidación correspondiente al mes de julio. El bono no requerirá ningún trámite adicional por parte de los beneficiarios y será depositado junto con los haberes habituales.

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo recordó que desde julio de 2024 los haberes previsionales se actualizan mensualmente según la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Indec.

Según el texto oficial, esa modificación buscó evitar el deterioro del poder adquisitivo de jubilados y pensionados frente al aumento sostenido de los precios.

El Gobierno sostuvo además que la fórmula de movilidad establecida por la Ley 27.609 generó un desfase entre la evolución de los haberes y la inflación, situación que, según la argumentación oficial, afectó especialmente a los jubilados de menores ingresos.

Por ese motivo, indicó que desde comienzos de 2024 se implementaron distintos bonos y ayudas extraordinarias para complementar los ingresos previsionales.

En ese marco, el decreto señala que el bono de julio de 2026 constituye una compensación destinada a sostener el poder de compra de las prestaciones más bajas del sistema. La medida se financiará mediante adecuaciones presupuestarias que serán realizadas por la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Otro aspecto destacado es que el refuerzo tendrá carácter no remunerativo. Esto significa que no estará sujeto a descuentos ni será computado para el cálculo de otros conceptos previsionales o asistenciales. Asimismo, Anses quedó facultada para dictar las normas complementarias necesarias para la implementación, control y pago del beneficio.

A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo decidió diferir nuevamente la aplicación de los aumentos correspondientes a los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. La actualización quedó trasladada al 1 de julio de 2026.

La decisión fue oficializada mediante el Decreto 405/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y modifica una norma anterior que establecía que parte de los incrementos pendientes debían comenzar a regir desde el 1 de junio. Con el nuevo esquema, esos aumentos quedarán postergados por un mes más.

La normativa firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo modifica el Decreto 617/2025 y extiende el diferimiento de los incrementos impositivos que afectan a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.

Según se explica en los fundamentos de la medida, los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono cuentan con un mecanismo de actualización periódica basado en la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Indec.

Sin embargo, desde hace varios años los distintos gobiernos fueron postergando parcial o totalmente la aplicación de esos ajustes para evitar un traslado directo a los surtidores.

El nuevo decreto establece que los aumentos remanentes correspondientes a las actualizaciones de los años 2024 y 2025, junto con los incrementos derivados del primer trimestre de 2026, comenzarán a regir recién para los hechos imponibles que se perfeccionen desde el 1 de julio de 2026.

Desde el Gobierno argumentaron que la decisión se tomó con el objetivo de sostener un sendero de crecimiento económico acompañado por equilibrio fiscal y estabilidad de precios. En ese sentido, el texto señala la necesidad de continuar difiriendo parte de los incrementos para los productos alcanzados por el impuesto.

La postergación evita, al menos por ahora, que se aplique una actualización impositiva que podría haber tenido impacto en los valores de venta de la nafta y el gasoil durante junio.

Los impuestos a los combustibles constituyen uno de los componentes que integran el precio final que pagan los consumidores en las estaciones de servicio. Cuando esos tributos se actualizan, las petroleras suelen analizar la posibilidad de trasladar parte de ese incremento al precio de los surtidores.

Con la nueva decisión oficial, el esquema vigente se mantendrá durante junio, mientras que el mercado seguirá atento a lo que ocurra a partir de julio, cuando debería comenzar a aplicarse el conjunto de actualizaciones que permanecen pendientes.

La medida también vuelve a poner sobre la mesa un tema que se repite desde hace varios años: la acumulación de ajustes impositivos diferidos. Cada postergación evita aumentos inmediatos, pero al mismo tiempo incrementa el volumen de actualizaciones pendientes para los meses siguientes.

Por ahora, la norma ya entró en vigencia y regirá desde el 1 de junio de 2026. De esta manera, el Gobierno ganó un mes más antes de aplicar los incrementos previstos en los impuestos sobre los combustibles líquidos y el dióxido de carbono.

La expectativa del sector energético y de los consumidores estará puesta ahora en las decisiones que adopte el Ejecutivo durante las próximas semanas y en el impacto que puedan tener los ajustes pendientes sobre los precios de la nafta y el gasoil durante el segundo semestre del año.

El Gobierno nacional resolvió extender la vigencia del Programa de Acompañamiento Social, una de las principales herramientas de asistencia directa a sectores vulnerables. La medida, formalizada mediante una resolución oficial, no solo prolonga su implementación sino que también introduce cambios en su funcionamiento con el objetivo de optimizar su alcance.

A través de la Resolución 90/2026, el Ministerio de Capital Humano estableció que el programa tendrá una vigencia total de 48 meses, duplicando así el plazo originalmente previsto. Esto implica que la política pública continuará activa hasta 2028, siempre sujeta a la disponibilidad presupuestaria.

El Programa de Acompañamiento Social fue creado en 2024 con el objetivo de promover la inclusión y mejorar las condiciones de vida de personas en situación de alta vulnerabilidad. Su implementación está a cargo de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que articula acciones territoriales en todo el país.

Desde el Gobierno destacaron que la decisión de extenderlo responde a los resultados obtenidos en los últimos años, en un contexto económico y social todavía desafiante.

Según datos oficiales citados en la resolución, la pobreza mostró una tendencia a la baja en los últimos períodos. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos, el índice pasó del 38,1% en el segundo semestre de 2024 al 28,2% hacia fines de 2025. En paralelo, la indigencia también registró una disminución, aunque en menor medida.

Sin embargo, pese a esa mejora, las autoridades consideraron necesario sostener las políticas de acompañamiento para consolidar esos avances y seguir asistiendo a quienes aún se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Además de extender su vigencia, la resolución introduce modificaciones en los lineamientos operativos del programa. Si bien los detalles técnicos se encuentran en anexos específicos, el objetivo central es mejorar la eficiencia en la asignación de recursos y fortalecer los mecanismos de acompañamiento social.

En este sentido, se busca una mayor focalización del beneficio, priorizando a los sectores con mayores necesidades y optimizando los procesos de inscripción, seguimiento y evaluación.

El texto oficial señala que el programa ha contribuido a mitigar factores de exclusión social y a promover procesos de integración gradual, con impacto positivo en la estabilidad de los hogares alcanzados.

También se destaca el rol de la Unidad Ejecutora Especial creada para su implementación, que tendrá continuidad para garantizar el funcionamiento operativo del programa. Esta unidad es responsable de coordinar acciones, supervisar el desarrollo de las políticas y proponer mejoras en base a la información relevada en territorio.

El Programa de Acompañamiento Social no se limita a una asistencia económica, sino que contempla un abordaje integral que incluye acompañamiento familiar, fortalecimiento comunitario y articulación con otras políticas públicas.

Entre sus objetivos principales se encuentran mejorar las condiciones de vida, promover la inclusión social y fortalecer los vínculos familiares y comunitarios, especialmente en sectores atravesados por situaciones de pobreza estructural.

La continuidad del programa también responde a compromisos asumidos por el Estado en materia de desarrollo social, igualdad de oportunidades y protección de grupos vulnerables, como niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores.

En este marco, el Ministerio de Capital Humano tiene a su cargo la coordinación de políticas vinculadas a la educación, el trabajo, la asistencia social y la seguridad social, con una mirada integral del desarrollo humano.

El Gobierno nacional oficializó este jueves la salida definitiva de la República Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La medida, que ya había sido anticipada hace apenas 48 horas por el canciller Pablo Quirno, marca un precedente histórico en la diplomacia del país y profundiza el alineamiento con posturas de soberanía nacional frente a los organismos multilaterales.

La formalización del retiro llega tras las declaraciones del titular del Palacio San Martín, quien hace dos días ratificó el rumbo de la gestión.

Según explicó Quirno, la permanencia en la OMS no solo representaba un costo financiero innecesario para las arcas públicas en un contexto de ajuste fiscal, sino que también sometía al país a normativas internacionales que el Gobierno considera "obsoletas e intrusivas".

Desde el Poder Ejecutivo se fundamenta el retiro en la necesidad de recuperar la autonomía en la toma de decisiones estratégicas. El canciller subrayó que la gestión de la última pandemia fue el detonante para evaluar la utilidad de pertenecer a un organismo que, a juicio del oficialismo, ha respondido a intereses globales por encima de las realidades locales y las libertades individuales.

Esta decisión no es un hecho aislado en el tablero internacional, sino que responde a un alineamiento directo con la política de Donald Trump. El presidente de los Estados Unidos ya firmó el retiro de su país de la OMS, denunciando una supuesta falta de transparencia y el sesgo político de la institución.

Argentina, bajo este nuevo esquema de relaciones carnales con Washington, se convierte en el principal aliado regional en cuestionar la gobernanza de las Naciones Unidas.

Al igual que en la visión de Trump, el gobierno argentino sostiene que los fondos destinados a estos organismos serán redirigidos a prioridades nacionales. El impacto financiero para la OMS es significativo, ya que pierde el respaldo de dos de las economías más relevantes del continente, lo que obligará al organismo con sede en Ginebra a reestructurar sus presupuestos de cooperación técnica.

Mientras que los sectores que apoyan al oficialismo celebran la medida como un "acto de libertad", la oposición y diversos organismos de la sociedad civil expresaron su preocupación por el posible aislamiento de la Argentina en materia de vigilancia epidemiológica.

Especialistas en política exterior adviertieron que esta decisión podría dificultar la coordinación con países vecinos en caso de brotes transfronterizos.

No obstante, desde Cancillería aseguraron que el país mantendrá acuerdos bilaterales de cooperación sanitaria con naciones aliadas, priorizando las relaciones directas —especialmente con la nueva administración republicana— por sobre la mediación de entidades globales.

El Ministerio de Justicia de Nación dio a conocer a través del Boletín Oficial las nuevas fechas de entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal para distintas regiones. En particular, será para las jurisdicciones de las Cámaras Federales de Apelaciones de Córdoba, Posadas y La Plata.

Según lo dispone la ley 27.150, la implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF) será progresiva. El texto legal –sancionado en 2015- le atribuyó a la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del CPPF (que funciona en el ámbito del Congreso de la Nación) la decisión sobre el cronograma de implementación en el ámbito de la justicia federal.

Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia de la Nación. Archivo El Litoral

En ese contexto, la única jurisdicción federal en la que el CPPF se puso en marcha el 10 de junio de 2019 fue la correspondiente a la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, que integran las provincias de Salta y Jujuy.

El 26 de febrero de 2024, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 188/2024, se asignó la función de establecer el cronograma de implementación del CPPF al Ministerio de Justicia de la Nación.

En ejercicio de esa atribución, mediante las resoluciones 63/2024, 64/2024 165/2024 y 216/2024 ese Ministerio dispuso la entrada en vigencia del CPPF a partir del 6 de mayo de 2024 en el ámbito de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, en la jurisdicción Mendoza (que incluye toda la provincia de Mendoza, y las provincias de San Juan y San Luis) a partir del 5 de agosto de 2024, y en los distritos de General Roca y Comodoro Rivadavia a partir del 4 de noviembre y 2 de diciembre de 2024, respectivamente.

Horacio Rosatti y Patricia Bullrich. Crédito: Marcelo Manera.

A fines de 2024, el ministerio también dispuso la puesta en marcha del sistema acusatorio en los distritos de Mar del Plata y Bahía Blanca (que comprende a esa ciudad del sur bonaerense y a la provincia de La Pampa), a través de la Resolución N°377/2024 y 233/25, las que se concretaron el 7 de abril y el 29 de septiembre de 2025, respectivamente.

Luego, a principios del 2025, por medio de la Resolución MJ N°143/25, se estableció la entrada en vigencia del CPPF para la segunda mitad del año, en las jurisdicciones correspondientes a la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico y en los distritos de Corrientes y Resistencia.

En el caso de Comodoro Py, el Gobierno había dispuesto la entrada en vigencia de la totalidad del código para el 11 de agosto de 2025, sin embargo, la fecha fue prorrogada en dos oportunidades, quedando finalmente en el 20 de abril de 2026.

El Tribunal Oral Federal de la ciudad de Santa Fe, ubicado en pleno centro. Archivo El Litoral

Para el caso de las cámaras federales de Posadas y La Plata, el ministerio había dispuesto, a través de la Resolución n° 530/25 la entrada del texto para el 16 de marzo y 18 de mayo del corriente; fecha diferida a partir de esta nueva resolución para el 24 de agosto y 30 de noviembre, respectivamente.

También, mediante esta resolución, estableció que el Código Procesal Penal Federal comience a regir para la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba el 15 de junio próximo. "En atención al estado actual del proceso de reforma, y a fin de asegurar una implementación ordenada, eficaz y sostenible, resulta oportuno disponer la plena entrada en vigencia", argumentó el Gobierno.

Queda aún pendiente la disposición respecto a cuándo será la puesta en marcha del CPPF en los restantes distritos federales de todo el país, y también en el ámbito territorial de la Capital Federal, en relación con la denominada “justicia nacional”.

El régimen procesal acusatorio, que Santa Fe aplica en su Justicia Penal provincial desde febrero de 2014 y desde junio del año pasado en el fuero Juvenil, reemplazó al denominado al sistema inquisitivo o “mixto” (regido por el anterior Código).

En ese sistema, los jueces federales alternaban su rol de garantizar el respeto del debido proceso penal y juzgar sobre la situación procesal y responsabilidad del imputado, con funciones investigativas propias de quien promueve el ejercicio de la acción penal.

El nuevo CPPF deja de lado modalidades propias del régimen inquisitivo, y establece un sistema adversarial, en el que tanto la fiscalía como la defensa esgrimen sus argumentos y elementos de convicción, y los jueces controlan y deciden, sin participar en la “construcción” del caso y, por lo mismo, aventando el riesgo de una toma de partido anticipada.

En este marco, los y las fiscales promueven la acción penal y dirigen de manera exclusiva la investigación penal contra los presuntos autores y partícipes de un hecho delictivo. Luego, el mismo fiscal debe eventualmente sostener y acreditar su acusación en un juicio oral y público. Los jueces, en tanto, garantizan que se cumpla la ley durante el proceso, además de controlar las garantías constitucionales.

Todo el proceso tramita esencialmente con audiencias orales y públicas -donde se concentra la mayor actividad procesal posible- y sin un expediente. El Ministerio Público Fiscal forma un legajo de investigación al que no pueden acceder los jueces.

El trámite, incluidas las tres fases hasta una hipotética sentencia en juicio (de investigación preliminar, intermedia y de juicio) no puede prolongarse más allá de los 36 meses en total; o hasta 6 años como máximo en casos de mayor complejidad, como el narcotráfico o la trata de personas.

Además, el CPPF promueve la celebración de acuerdos de colaboración entre el MPF y los imputados, y el uso -en el marco del sistema estrictamente acusatorio- de técnicas especiales en la investigación, como el agente encubierto, el agente revelador, el informante y la entrega vigilada.

Al mismo tiempo, el nuevo CPPF también dota a los/las fiscales de mayores facultades para disponer de la acción y para arribar a acuerdos de conciliación y reparación integral en casos de menor complejidad, lo que tiende a descomprimir el sistema de administración de justicia penal y, al mismo tiempo, buscar una solución efectiva y pacífica del conflicto.

El gobierno nacional dispuso por Decreto 934/2025 una prohibición general para las Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Nacional, por lo que no se podrán efectuar nuevas designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza.

La decisión se conoce tras un año en el que -al mes de noviembre pasado- la dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades fue de 281.785 cargos.

Evidencia de reducción de costos, motivo de conflicto con sindicatos.

Según un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, comparado el número con los 341.473 cargos al mes de diciembre de 2023, se verifica una caída de 59.688 puestos. Del total de la caída, la administración centralizada representó un 26%, la descentralizada un 33% y las empresas y sociedades un 34%, entre las más relevantes. Todos los meses hubo una caída respecto al mes previo.

La norma publicada en el Boletín Oficial incluye plantas transitorias, contrataciones por Ley de Empleo Público; ocupaciones bajo la Ley de Contrato de Trabajo por tiempo indeterminado, a plazo fijo, a tiempo parcial y de trabajo eventual y Servicios Profesionales.

La restricción incluye además la prohibición de nuevos empleados en Planta Permanente o las contrataciones en Estatutos Especiales (con o sin relación de dependencia) que utilicen fuentes de financiamiento no presupuestarias.

Javier Milei en la entrevista con The Telegraph. Crédito: The Telegraph.

Además de estas prohibiciones directas, el decreto impone una restricción adicional para los casos no exceptuados: las entidades solo podrán disponer de un (1) alta de personal si informan previamente dos (2) bajas definitivas (por renuncia, jubilación o desvinculación) producidas durante el año 2026.

El decreto instruye a los representantes del Estado en empresas y sociedades con participación estatal mayoritaria, así como en fondos fiduciarios, a que adopten medidas similares de restricción.

Rodolfo Aguiar (ATE) y una confrontación de plano con el modelo de la Casa Rosada.

Por otra parte, mediante el decreto 931/2025, la Casa Rosada instruyó a la cartera a cargo de Federico Sturzenegger para que elabore un nuevo esquema de remuneraciones para autoridades superiores del Poder Ejecutivo, tras un período de severo ajuste fiscal.

Federico Sturzenegger, a cargo del esquema para "profesionalizar" funcionarios.

La norma instruye a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública a diseñar e implementar un sistema basado en el mérito, la capacidad y la evaluación del desempeño. Este sistema incluirá mecanismos de ingreso por mérito y esquemas de remuneración vinculados a la responsabilidad de las funciones

Establece una cláusula de congelamiento salarial automático para los altos funcionarios en caso de que el Estado vuelva a incurrir en déficit fiscal.

De todas maneras, a partir de enero de 2026, se extenderán a las autoridades superiores (Ministros, Secretarios, Subsecretarios y funcionarios de rango equivalente) los incrementos salariales acumulados que fueron acordados para el personal general en las paritarias de 2024 y 2025, pero se excluye al propio presidente y a la vicepresidenta.

Por decisión administrativa 28/24, se prorrogó hasta el 31 de diciembre la uniformidad en la negociación salarial en todas las jurisdicciones, entidades y organismos del Sector Público Nacional.

El objetivo explícito es reducir el gasto público, optimizar los recursos del Estado Nacional y asegurar un accionar administrativo más eficiente. La norma reafirma el rol de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público como el organismo encargado de estudiar y evaluar medidas para que la política salarial sea coordinada y armónica entre los distintos entes estatales.

El inicio de 2026 llegará con ajustes parciales en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, luego de que el Gobierno nacional resolviera diferir nuevamente una parte de las actualizaciones previstas por ley.

La decisión quedó formalizada a través del Decreto 929/2025, publicado en el Boletín Oficial, y se inscribe en una política de postergaciones sucesivas que se viene aplicando desde hace varios años para morigerar el impacto de los tributos sobre el precio final de la nafta y el gasoil.

La norma modifica el Decreto 617/2025 y establece incrementos acotados para enero de 2026, al tiempo que traslada el resto de los aumentos pendientes al mes de febrero.

De esta manera, el Ejecutivo busca evitar un salto brusco en los valores de los combustibles en un contexto de desaceleración inflacionaria y con la actividad económica aún en proceso de recuperación.

Los impuestos alcanzados por la medida son el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), ambos regulados por la Ley 23.966.

Estos gravámenes se calculan a partir de montos fijos en pesos por unidad de medida y, según la normativa vigente, deben actualizarse de manera trimestral en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Indec.

Sin embargo, desde 2018 a la fecha, los sucesivos gobiernos han optado por diferir o aplicar parcialmente esas actualizaciones. El argumento central ha sido evitar que los aumentos impositivos se trasladen de manera directa al surtidor y presionen sobre la inflación general, el transporte y los costos logísticos.

En este caso, el Decreto 929/2025 reconoce que todavía quedaban incrementos pendientes correspondientes al año calendario 2024 y a los tres primeros trimestres de 2025. Frente a ese escenario, el Ejecutivo resolvió aplicar solo una parte de esas subas durante enero y postergar el resto para febrero de 2026.

Según se explica en los considerandos de la norma, la decisión apunta a “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, una de las consignas centrales de la actual política económica.

Para los hechos imponibles que se perfeccionen entre el 1° y el 31 de enero de 2026, el decreto fija incrementos específicos en los impuestos que gravan a los principales combustibles.

En el caso de la nafta sin plomo —tanto la de hasta 92 RON como la de mayor octanaje— y la nafta virgen, el aumento del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos será de 17,291 pesos por litro, mientras que el Impuesto al Dióxido de Carbono se incrementará en 1,059 pesos por litro.

Para el gasoil, el esquema es diferencial. El ICL tendrá un aumento general de 14,390 pesos por litro, al que se suma un incremento de 7,792 pesos en el tratamiento diferencial previsto para determinadas regiones del país. Además, el Impuesto al Dióxido de Carbono se ajustará en 1,640 pesos por litro.

Cabe recordar que el tratamiento diferencial para el gasoil alcanza a las provincias patagónicas, al Partido de Patagones en Buenos Aires y al Departamento de Malargüe en Mendoza, una política que busca compensar los mayores costos logísticos y climáticos de esas zonas.

Si bien estos incrementos no se trasladan automáticamente al precio final en los surtidores, sí forman parte de la estructura de costos que consideran las petroleras al momento de definir ajustes.

Otro punto clave del decreto es la modificación de la fecha a partir de la cual comenzarán a regir los incrementos restantes que todavía no fueron aplicados.

En ese sentido, el artículo 2° de la norma reemplaza el 1° de enero de 2026 por el 1° de febrero de 2026 como fecha de entrada en vigencia del resto de las actualizaciones impositivas.

Esto implica que durante enero solo se aplicarán los aumentos parciales detallados en la tabla oficial, mientras que el remanente de los ajustes acumulados se activará recién a partir de febrero, salvo que el Gobierno vuelva a disponer una nueva postergación.

El Gobierno nacional emitió una resolución para facilitar la importación por parte de personas de mercaderías para uso o consumo propio, sin finalidad comercial o industrial.

A partir de ahora, el ingreso se autorizará mediante un procedimiento simplificado para el registro de sus bienes.

Esta medida permite el ingreso de productos nuevos o usados siempre que su cantidad, calidad, variedad o valor no indiquen una intención de venta o uso industrial.

El proceso se realiza mediante registros electrónicos en el sistema informático aduanero o a través de formularios digitales interactivos.

Los productos importados bajo esta modalidad están sujetos al pago de derechos y gravámenes del régimen general de importación.

La determinación del valor en aduana se realiza durante la verificación de los efectos ingresados y la operación queda sujeta a las prohibiciones de carácter económico y no económico vigentes.

La actualización del procedimiento incluye la digitalización del formulario "Solicitud para importar mercaderías por personas humanas sin finalidad comercial y/o industrial" (OM-2153-A), el cual se encuentra disponible en el sitio web del organismo de recaudación.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) formalizó estos cambios a través de la Resolución General 5805/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La implementación de este sistema busca que el registro de las declaraciones se realice mediante la utilización de códigos específicos en el Módulo Declaración Detallada del Sistema Informático MALVINA.

En caso de que existan dificultades operativas para el registro electrónico, los usuarios podrán utilizar el formulario digital interactivo disponible en el micrositio de "Viajeros".

Esta actualización del trámite funciona como la digitalización de un archivo que antes era de papel: las reglas sobre qué puede guardarse no cambian, pero el método para registrar la entrada de los objetos se vuelve centralizado y electrónico para agilizar el acceso.

El gobierno nacional oficializó este miércoles la designación de Cristian Auguadra como nuevo titular de la SIDE (Secretario de Inteligencia de Estado).

Auguadra había sido anunciado el martes por la noche por la Vocería de la Presidencia como el reemplazo de Sergio Neiffert. Según el comunicado en X, la decisión se tomó luego de “concluir la primera etapa del proceso de reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional”, tras la aprobación del Informe de Gestión 2023-2024 por parte de la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso.

La salida de Neiffert se confirmó horas más tarde este 3 de diciembre de 2025 mediante la publicación del Decreto 852/2025 en el Boletín Oficial que cuenta con las firmas del presidente de la Nación, Javier Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

“Acéptase la renuncia presentada por el contador público Cristian Ezequiel AUGUADRA (D.N.I. N° 21.438.180) al cargo de Inspector General de la DIVISIÓN DE ASUNTOS INTERNOS (DAI), organismo desconcentrado de la SECRETARÍA DE INTELIGENCIA DE ESTADO de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN”, indica el texto oficial.

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El documento en cuestión agrega: “Desígnase en el cargo de Secretario de Inteligencia de Estado de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN al contador público Cristian Ezequiel AUGUADRA (D.N.I. N° 21.438.180)”.

Auguadra, hasta ahora responsable de la división de asuntos internos del organismo, fue el elegido para encabezar la siguiente fase del plan de modernización.

“Su designación permitirá profundizar la modernización técnica y operativa del organismo, consolidar mecanismos de control y planificación estratégica, y avanzar hacia un modelo de inteligencia ágil, integrado y moderno”, se indicó desde la Casa Rosada.

El comunicado resalta que el profesional cuenta con “amplia trayectoria en auditoría, gestión de riesgos y fortalecimiento institucional”.

Distintas fuentes oficiales indicaron que el desplazamiento de Neiffert y el ascenso de Auguadra fueron definidos directamente por el asesor presidencial Santiago Caputo, quien ya había impulsado la llegada del ahora ex funcionario a la SIDE.

Se espera que en los próximos días se oficialicen más cambios dentro del organigrama de inteligencia en el marco de esta nueva etapa, con eje en el rediseño operativo y técnico del sistema.

Decreto 852/2025 by El Litoral

El Boletín Oficial de la Nación trajo este martes dos novedades muy esperadas: la promulgación de la ley 27.795, de Financiamiento universitario y recomposición del salario docente, y de la 27.796 de Emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en Salud.

Sin embargo, aclara inmediatamente que lo hace “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N.º 24.629”, de ejecución del gasto público.

¿Qué dice esta norma? Que “toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.

Es decir que, en definitiva, las leyes volvieron al Congreso para que aclare ese punto, el mismo que esgrimió el Ejecutivo cuando promulgó, sin aplicación efectiva, la ley de Emergencia en discapacidad.

La nueva medida se adoptó en pleno debate por el Presupuesto para 2026 que envió el gobierno de Javier Milei el 15 de septiembre, luego de administrar por dos años el mismo que fue aprobado en 2023, en una gestión anterior y de otro color político.

La prórroga por dos años consecutivos de la misma “hoja de ruta” de gastos y recursos es toda una novedad que se introdujo bajo el liderazgo de La Libertad Avanza. También es uno de los argumentos que se esgrimen desde la oposición para advertir sobre atrasos en asignaciones y pedir actualización de partidas.

Mientras tanto, con la firma del presidente Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Salud, Mario Lugones, se conoció la promulgación (con aplicación en suspenso) de la ley de Emergencia sanitaria, más conocida como ley Garrahan. A propósito, el sábado hubo una caravana de personal del Hospital hasta Olivos (Milei se encontraba en campaña en Santiago del Estero y Tucumán) en reclamo de la aplicación de la ley que en su sanción y ratificación obtuvo un contundente apoyo de un arco opositor ampliado.

La norma establece que la declaración tiene por objeto “efectivizar la tutela del derecho a la salud y al cuidado de los niños, niñas y adolescentes, en el marco de lo consagrado por la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales de jerarquía constitucional y las Leyes 26.061 y 27.611”.

En particular, “pretende garantizar el acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a los servicios de salud pediátrica, asegurar el adecuado funcionamiento de los hospitales públicos de atención pediátrica e implementar mecanismos de referencia y contrarreferencia que permitan el acceso a prácticas de alta complejidad en todo el territorio nacional, con independencia de la cobertura social”.

Todo esto junto con la “continuidad, el fortalecimiento y la sustentabilidad de los sistemas de residencias médicas y de profesionales de la salud, reconociendo su rol formativo, asistencial y estratégico en la atención sanitaria mediante condiciones laborales adecuadas, una retribución digna acorde con el nivel de responsabilidad y una planificación que asegure la cobertura de especialidades críticas”.

Además, se declara al Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” como centro de referencia nacional en la atención de alta complejidad, garantizando, en el marco de la emergencia establecida, su pleno y sostenido funcionamiento.

A esta instancia se llega, al igual que la Emergencia en Discapacidad, luego de la aprobación por parte de las dos cámaras, el veto presidencial y la contundente ratificación de la ley en Diputados (el 17 de septiembre) y en el Senado (el 2 de octubre).

Similar es el panorama para la ley Ley N.º 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente que siguió el mismo derrotero: fue aprobada, vetada y ratificada por el Congreso. El Ejecutivo la promulgó pero dejó su aplicación en suspenso hasta que las Cámaras legislativas establezcan de dónde saldrán los fondos.

En este caso, la disposición lleva la firma de Milei, junto con Francos y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Una imagen de la última marcha universitaria en Santa Fe.

El texto aprobado establece que se deberá garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la Argentina, y el Ejecutivo deberá garantizar las partidas para el programa de “Desarrollo de la Educación Superior”.

Además, tendrá que asegurar las condiciones laborales y salariales de docentes y no docentes, incrementar los recursos orientados a la incorporación de tecnología digital e impulsar la formación y el fortalecimiento de la planta de personal.

También se plantea la necesidad de ampliar la oferta de carreras universitarias y preuniversitarias, promover y profundizar la función de extensión universitaria y desarrollar y consolidar la función de investigación en las universidades públicas.

Todo esto junto con la provisión y el mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento de las casas de estudio, programas de bienestar estudiantil y recomposición de becas, entre otros puntos.

La situación que atraviesan las universidades públicas es “crítica” según sostuvieron en varias ocasiones desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y ya derivó en varias y multitudinarias marchas frente al Congreso y en todo el país.

Para este martes y el miércoles se definió una nueva medida de fuerza en reclamo por la aplicación de la ley.

Sin dudas el tema estará en la agenda de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda prevista para el 29 de octubre, a la que fueron convocados el Secretario de Educación, Carlos Torrendell y el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

El denominador común en las firmas de estas dos promulgaciones sin fondos y la de Emergencia por discapacidad es, además del propio Presidente, Guillermo Francos. El Jefe de Gabinete fue convocado a una interpelación por la Cámara de Diputados. En la última reunión conjunta de Asuntos Constitucionales, y Peticiones, Poderes y Reglamento se decidió, por mayoría del plenario, esa alternativa.

El Jefe de Gabinete Guillermo Francos será convocado para informar a Diputados por la no aplicación de la Emergencia en discapacidad. Foto: Reuters

La propuesta de máxima impulsada por la oposición es una moción de censura, con lo cual el funcionario, catalogado como el más dialoguista, podría ser desplazado de su cargo. Aquella moción fue impulsada por la falta de aplicación efectiva de una emergencia, la de Discapacidad. Ahora se suman estas dos medidas publicadas hoy para caldear todavía más los ánimos en el Congreso.

El Poder Ejecutivo Nacional oficializó la reglamentación de la Ley 26.879 y sus modificaciones, con lo cual se amplía el alcance del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal.

El decreto 709/2025, publicado en el Boletín Oficial, establece que el Ministerio de Seguridad será la autoridad encargada de aplicar la norma y administrar la base de datos que permitirá a la Justicia identificar sospechosos, resolver delitos graves y evitar la impunidad.

La ley 26.879 fue sancionada en 2013 con el objetivo de crear un banco de datos genéticos destinado a delitos contra la integridad sexual. Sin embargo, con la reforma introducida por la Ley 27.759, el alcance se amplió y ahora la herramienta podrá utilizarse en investigaciones de homicidios dolosos, abusos sexuales, narcotráfico y robos agravados.

El decreto firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, destaca que los avances científicos y tecnológicos de los últimos años hacen posible contar con instrumentos más eficaces para la individualización de personas a través del ADN, considerado hoy uno de los métodos más certeros en materia criminalística.

El Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal almacenará y sistematizará perfiles de distintos orígenes:

Evidencia encontrada en escenas del crimen.

Personas imputadas, procesadas o condenadas.

Cadáveres o restos humanos no identificados.

Familiares de personas desaparecidas o extraviadas.

Personal de fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales que intervengan en investigaciones.

Personas mayores de edad que voluntariamente quieran aportar su información genética.

Confidencialidad y control judicial

El decreto subraya que toda la información será administrada bajo estrictas normas de seguridad y confidencialidad, separando la base de datos de los perfiles genéticos de la información personal de los aportantes.

Además, se aclara que la decodificación de los perfiles almacenados solo podrá realizarse con control judicial y en caso de que exista un resultado positivo que ayude a la identificación de una persona vinculada con la investigación.

Para reforzar la transparencia, se guardará constancia de todos los funcionarios que accedan al sistema y se exigirá que la gestión informática garantice la trazabilidad de los datos y la utilización de conexiones seguras.

El registro también promoverá el intercambio de información con las bases provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de lograr una mayor coordinación federal y acelerar el esclarecimiento de causas judiciales.

Con esta medida queda derogada la reglamentación anterior, aprobada en 2017. La norma prevé la creación de la Comisión Nacional de Huellas Genéticas, que tendrá la tarea de coordinar y asesorar el funcionamiento del registro, además de intervenir en el concurso público para designar a su director definitivo.

Mientras tanto, el Poder Ejecutivo podrá nombrar un director interino con experiencia en genética forense para garantizar el funcionamiento del organismo. En un plazo de 120 días, el Ministerio de Seguridad deberá aprobar el procedimiento del concurso público de oposición y antecedentes para cubrir el cargo de manera permanente.

El decreto establece además que el puesto de director tendrá una remuneración correspondiente al nivel A, grado 0, función ejecutiva II del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).

Desde el Gobierno subrayaron que este banco genético es un instrumento central para la Justicia, no solo para identificar a presuntos responsables de delitos, sino también para desvincular a personas inocentes y evitar casos de revictimización.

Asimismo, se lo considera un aporte clave en la búsqueda de personas desaparecidas o extraviadas, y en la identificación de restos humanos no reconocidos.

El decreto resalta que el manejo de datos personales sensibles se regirá por la Ley de Protección de Datos Personales (25.326) y por los convenios internacionales de resguardo de la privacidad suscriptos por Argentina.