Con preparativos de última hora en el Palacio Legislativo, se notaba este mediodía un clima especial en el ámbito que aloja la Convención Reformadora. Trajes y trajecitos impecables, alguno de estreno y zapatos lustrosos más de lo habitual, además de reuniones previas del oficialismo y la oposición, marcaron la mañana con vistas al horario de las 14 previsto para el inicio de las deliberaciones.

Se trata de la primera sesión que debatirá, pondrá en tratamiento y finalmente votará los textos constitucionales definitivos sobre cómo funcionan las instituciones en Santa Fe. Este miércoles 27 (o acaso el jueves 28) se votarán las modificaciones que produjo la Comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo que, tras pasar el último filtro de la Comisión Redactora, llegan a la sesión plenaria de 69 convencionales.

Se votarán las modificaciones que produjo la Comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.

Según los pronósticos de quienes rodean a los convencionales la reunión será larga, y con discursos que buscarán hablar para la historia, para el contexto de gobierno actual o directamente para la campaña porque no está lejos la elección en la que Santa Fe renovará sus diputados nacionales.

De los dichos de los entendidos, expertos en política y cronistas parlamentarios tomaron nota las áreas de soporte técnico de la Cámara de Diputados: un par de horas antes de que llegue el horario previsto, dos empleados agregaron banca por banca un cable apto para cargar los teléfonos celulares con su conexión eléctrica ya dispuesta en la misma banca. Una discreta ficha blanca, ubicada detrás del aparejo plástico que sostiene letreros con el nombre, apellido y el bloque de cada convencional completa ahora las poltronas. El objetivo es que cada convencional pueda cargar allí su teléfono en una sesión que será extensa. De paso, así no tendrán que usar el enchufe que queda debajo de la tapa de los pupitres que podría causar algún disgusto.

La tarea se cumplía luego de lo habitual, asegurar que funcione correctamente el sistema de sonido y grabación, de transmisión en vivo por internet y cada uno de los botones para votar. También, el tablero electrónico que sintetiza los números de cada oportunidad en que el presidente de la Convención, el radical Felipe Michlig dicte, “se pone en consideración” tal o cual dictamen, y añada: “a votación...”.

Pronóstico de largo debate en la primera sesión.

Se descuenta que dirá “aprobado” con cómodos números para los tres dictámenes de dos bloques: Unidos para Cambiar Santa Fe y el Frente de la Esperanza que en todas las comisiones actuaron como uno. Pero además, con firmas de otros bloques, según el caso.

La producción de dictámenes por temas, por grupos de artículos y por artículo que permite el Reglamento creó más consensos en la Comisión que presidió Rodrigo Borla, el jefe del bloque radical en el Senado.

Para los despachos de mayoría del Poder Legislativo se encuentran firmas de la totalidad de los integrantes de la comisión de Unidos para Cambiar Santa Fe y del Frente de la Esperanza, pero también los del justicialismo de Más para Santa Fe, de Activemos y en parte de Somos Vida y Libertad. Cuando comenzó la Convención, entre discursos de desplantes y descalificaciones era impensado semejante grado de apoyos por fuera del oficialismo.

En tanto, el dictamen sobre el Poder Ejecutivo, amén de Unidos y FE, tiene firmas de Somos Vida y Libertad.

Finalmente, la cláusula transitoria que dispone cómo contar los actuales mandatos para limitar las reelecciones de los legisladores y permitir solo una reelección inmediata del actual gobernador y vice, se sumaron a los convencionales oficialistas los del peronismo representado por Más para Santa Fe. Hoy es el turno de confirmar si esas coincidencias en la labor de comisiones, de la que surge el corazón de la Reforma, tienen los mismos votos en el pleno. Se espera una jornada extensa y sin sorpresas.

Convencionales electos de Unidos y pares de Más para Santa Fe acordaron reunirse el lunes 7 del mes corriente, al mediodía, a agenda abierta para avanzar en temas organizativos de la Asamblea Constituyente que se pondrá en marcha el 14 de julio.

"Será a agenda libre y nos encontraremos representantes de ambos bloques", confirmó un senador justicialista al señalar que falta confirmar el lugar del encuentro.

Previo a la reunión con Unidos, en la sede del Partido Justicialista se reunirán los 12 convencionales de Más para Santa Fe para avanzar en definiciones de autoridades del futuro bloque y también analizar aspectos del futuro reglamento.

Días atrás comenzaron los trabajos en el recinto.

En ese sentido, como ya informara El Litoral, el oficialismo viene acelerando la definición del reglamento de funcionamiento de la Convención e incluso giró borradores a otros bloques políticos para intercambiar opiniones.

El trabajo apunta a poder votarlo en la segunda sesión que se haría el 15 o el 16 de julio. Recordemos que el 14, a las 10, se reunirán los 69 convencionales elegidos el 13 de abril, prestarán juramento y elegirán sus autoridades. Dentro de Unidos el consenso parece definido para que el senador por San Cristóbal y presidente del comité de la UCR, Felipe Michlig, sea el titular de la convención.

Michlig se encamina a ser el titular de la convención. Crédito: Luis Cetraro

Una de las discusiones refiere al número de vicepresidencias que tendrá el cuerpo para que haya una fuerte representación política en la mesa de conducción. Si bien tanto en Senado como en Diputados en la actualidad hay dos vicepresidencias, la Convención tendría tres, se señaló a El Litoral desde distintos futuros bloques.

Además, deberán designar los secretarios parlamentarios que tendrán a su cargo gran parte de la tarea de apoyo y ordenamiento del trabajo parlamentario así como de la administración.

El otro aspecto a definir es el número de comisiones y los miembros que tendrá cada uno. Dos serán el corazón, la Parlamentaria y la Comisión Redactora que actuará como cedazo fino para los cambios al texto constitucional. Allí en el oficialismo hay hermetismo sobre quien propondrán para la presidencia.

En la previa al inicio de la Convención reformadora que comenzará a sesionar el próximo 14 de julio en Santa Fe, oficialismo y oposición someten a discusión los primeros borradores del reglamento que ordenará el funcionamiento de la constituyente.

La semana pasada, en una reunión que mantuvieron referentes de Unidos, el radicalismo y representantes del gobierno pusieron sobre la mesa un primer paper que ahora es sometido a discusión y debate en el seno del propio oficialismo. El texto avanza sobre aspectos que determinan desde cómo debería ser el esquema de conducción de la Convención, hasta el número de comisiones que deberían conformarse.

La sugerencia es que la mesa de autoridades de la futura constituyente esté compuesta por un presidente, tres vicepresidentes, dos secretarios y un subsecretario. Asimismo, se propone que el presidente tenga la posibilidad de doble voto. El mecanismo no es utilizado frecuentemente, pero sí fue parte del reglamento -por ejemplo- de la Convención Constituyente que modificó recientemente la Constitución de la provincia de Salta.

La Cámara de Diputados es el espacio donde sesionará la Convención. Crédito: Luis Cetraro

Respecto de las comisiones, se plantea un número que no excedería la media docena, en tanto que se estipula una Comisión Redactora con más de quince integrantes. A sus deliberaciones sólo podrían asistir los miembros efectivos y formales de la comisión.

Todos esos ejes son ahora evaluados internamente en el seno de Unidos. Cada uno de los artículos debe ser pulido en ese ámbito ya que hay aspectos que son resistidos por los socios mayoritarios de la UCR. El doble voto del presidente es uno de los puntos que genera controversia.

Los encuentros en el marco del oficialismo tendrán continuidad esta semana puesto que debe consensuarse un texto único en ese ámbito para poder extenderlo luego a los demás sectores de la oposición.

De hecho, en la reunión que mantuvieron el jueves pasado los convencionales electos por el Partido Justicialista encabezados por Juan Monteverde, resolvieron mantener encuentros semanales entre los doce constituyentes del sector, y empezar a trabajar en un texto propio de reglamento interno, que pueda ser después intercambiado con el oficialismo.

Unidos tiene otra discusión pendiente asociada a cómo funcionará en la Convención, en términos de bloques. La intención del radicalismo es constituir una sola bancada, pero no todos los actores consideran que ésa sea la mejor estrategia.

La Cámara de Diputados es el espacio donde sesionará la Convención. Crédito: Luis Cetraro

Esta semana, en tanto, el gobernador volverá a reunirse para conversar sobre la reforma con referentes universitarios de la ciudad de Santa Fe. El evento está agendado para el jueves con Decanos de derecho de UNL y Universidad Católica, más docentes de las cátedras vinculadas al temario. Será un encuentro similar al que mantuvo el mandatario el fin de semana con académicos de la ciudad de Rosario.

Más allá de las negociaciones políticas que se entablarán para definir quién presidirá la Convención, en su sesión inicial y paradójicamente, la constituyente estará conducida por un hombre del peronismo. Y ello es así porque hasta tanto vote su reglamento interno y elija a sus autoridades, el pleno se regirá por el que regula actualmente la Cámara de Diputados.

Según ese ordenamiento, la sesión deberá ser presidida de manera provisional por el legislador (en este caso, constituyente) de mayor edad. De los 69 convencionales electos, dicho rol recaería sobre el senador justicialista por el departamento Vera, Osvaldo Sosa.

Por Juan Pablo Peralta/Periodista acreditado en Casa Rosada.

Los operadores de Casa Rosada, gobernadores y sus legisladores corren una carrera contrarreloj para definir qué pasará con el tratamiento de la Ley Bases en el recinto de la Cámara Baja. La decisión de eliminar el capítulo fiscal del proyecto que anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, parecía que iba a destrabar el asunto, pero la posición del sector denominado dialoguista inició otro camino de incertidumbres. Por esa razón, la sesión que se iba a realizar este martes quedó pendiente para el miércoles con el objetivo de seguir las negociaciones.

El cónclave del lunes en el Consejo Federal de Inversiones entre mandatarios provinciales y diputados de Juntos por el Cambio, UCR, Haciendo Coalición Federal, Innovación y del peronismo no kirchnerista apuntaba a llegar a un acuerdo, pese a que el vocero Manuel Adorni le dijera a Sur24 -en conferencia de prensa- que “habrá un ajuste mayor a las provincias”, luego de la decisión de quitar del paquete de medidas la discusión tributaria. El funcionario moderó esa afirmación, respondiendo también a este medio, que dentro del paquete “se retiran las facultades delegadas en materia fiscal y previsional que son parte de este capítulo económico”.

Previamente al encuentro entre quienes mantienen contactos con la administración central, representada en el Consejo Federal de Inversiones por el ministro del Interior, Guillermo Francos, voces oficiales afirmaban en Balcarce 50 que “no se negocia nada más... hasta acá llegó el Gobierno”, fue la sentencia. “Esperamos que la Ley salga esta semana sí o sí”, argumentó la misma fuente, que a la vez señaló que “si el Congreso no acciona, siempre existe la posibilidad del plebiscito que, aunque no sea vinculante, generaría un clima a favor de la aprobación”, infieren desde el Poder Ejecutivo.

En los despachos de Casa de Gobierno manifiestan estar convencidos de que en el Parlamento “se quiere frenar la ley a toda costa” y advierten que los dialoguistas apoyarían, pero con condiciones. “Los Lousteau de la vida”, describió un hombre cercano al jefe de Estado. Los recortes sobre los estados provinciales recaerán en tarifas, planes sociales y giros discrecionales, entre otras cosas, aleccionan los oficialistas que admiten sentir que la mayor presión proviene de aquellos que se muestran dispuestos a consensuar.

La mayor contrariedad surgió luego de la reunión de los representantes de ese sector acuerdista con el ministro Francos. Los gobernadores afirmaron que el Gobierno estaba dispuesto a coparticipar el Impuesto PAÍS (Para una Argentina Inclusiva y Solidaria). El tributo que recauda el 30% en la compra de dólares para ahorro, pago de gastos con tarjeta de crédito o débito en el exterior y servicios adquiridos fuera del país y con los últimos cambios llegó a acumular $1.510.889 millones (una suba de 202,9%).

Sin embargo, cuando la supuesta propuesta del Gobierno tomó estado público, un comunicado oficial anunció textualmente: “La Oficina del Presidente reitera que el Impuesto PAIS y el resto del paquete fiscal, anteriormente incluido en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, se discutirá más adelante”. El propio Adorni potenció la respuesta gubernamental al comentar que él mismo había hablado con el titular de Interior, y que el funcionario le explicó que el tema no había sido tocado. “Jamás se planteó coparticipar” ese gravamen, fueron los dichos de Francos al propio Javier Milei, quien hizo circular que confía en su ministro.

La Oficina del Presidente reitera que el Impuesto PAIS y el resto del paquete fiscal, anteriormente incluido en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, se discutirá más adelante.

“La versión salió de los gobernadores, ellos mintieron”, enfatizaron en la sede del Ejecutivo mientras que los aludidos comenzaron a tejer el rumor de la posibilidad de que se caiga el tratamiento de las medidas a mitad de esta semana. De todos modos, en Casa Rosada sostienen que están dadas las condiciones para tener quórum y que el megaproyecto se trate. “Será que algunos (gobernadores) se quedaron con ganas de que ganara (Sergio) Massa, que fue quien les prometió coparticiparles el Impuesto PAÍS”, remarcó en off uno de los hombres más cercanos al despacho presidencial.

La justificación que da el oficialismo es que cada vez que un tributo se coparticipa después no cae más. Más allá de eso, otro asesor ministerial preguntó: “Cómo se va a coparticipar un impuesto que va a caer cuando se elimine el cepo”. Algo que el equipo económico tiene como plan, si es que no hay otras vicisitudes, antes de fin de año.

En el contexto de otra jornada de arduas negociaciones, en Balcarce 50 sostienen que no experimentan ninguna frustración por lo que se bajó de la llamada “Ley Ómnibus”. Porque el objetivo es alcanzar el déficit cero. “Lo que pasa es que el negocio de muchos sectores es la permanente inestabilidad económica”, aseveran desde el núcleo duro de La Libertad Avanza.

Mario Cáffaro El Litoral La muerte, en mayo, de Miguel Lifschitz y el resultado electoral de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del 12 de septiembre en la provincia provocaron un cimbronazo en la política local, cuyos alcances todavía no se han terminado de asimilar. Cual réplica de movimientos telúricos, el piso tiembla y los reacomodamientos no terminan de producirse sabiendo que aún falta conocer la opinión del electorado santafesino el 14 de noviembre, donde estarán en juego las bancas en el Congreso Nacional y en los concejos municipales de toda la provincia. El ámbito de impacto por antonomasia de los resultados electorales es la Cámara de Diputados, que viene sufriendo cambios desde su conformación actual más allá de la pandemia, que la obligó a trabajar en forma virtual gran parte de los últimos 18 meses. En cambio, en el Senado los cambios parecen ser más lentos, aunque también ocurren. En diciembre de 2019 y con el resultado electoral de ese año, la foto de la Cámara de Diputados era: 28 diputados del Frente Progresista, 7 del Frente de Todos, 6 de Unite, 5 de Juntos por el Cambio; 2 del Frente Social y Popular – Ciudad Futura y 2 de Igualdad. Esa conformación y bajo la presidencia de Lifschitz le permitió al Frente Progresista imponer su agenda de temas y obligó al Poder Ejecutivo a discutir ley por ley, no siempre con los resultados esperados por la Casa Gris. Todavía esperan mensajes como conectividad y el llamado ‘paquete de leyes sobre seguridad’ que sería la nueva normativa para la fuerza policial de la que nadie -ni oficialismo ni oposición- está convencido de las bondades de su sanción. Las primeras fisuras fueron de Unite, el sector que llegó liderado por Amalia Granata bajo el color celeste en defensa de la vida, especialmente en el debate sobre aborto, un debate ajeno a la Legislatura pero que marca posturas políticas en forma permanente. Casi al inicio, Granata y Betina Florito se separaron de los restantes cuatro integrantes más identificados con sectores católicos y evangélicos. Después las dos mujeres tomaron caminos difrentes y la primera acordó con Juntos por el Cambio. Florito ensaya un camino propio con la incursión en la elección nacional. Nicolás Mayoraz condujo a los cuatro integrantes de Vida y Familia y logró conformar un partido político provincial al igual que Walter Ghione, quien también se escindió y se alió con Juntos por el Cambio en las recientes PASO. En Juntos por el Cambio fue Cesira Arcando quien migró del espacio cuando su partido, FE, se alineó con la política del gobierno nacional y más precisamente con el presidente Alberto Fernández. Arcando tuvo más contactos oficiales con Casa Gris que los integrantes de la bancada justicialista, no obstante mantiene su independencia en la Cámara. Después de las elecciones fue Gabriel Chumpitaz el que se escindió para formar Evolución – Pro. El bloque justicialista quedó herido tras las PASO, donde la mayoría de sus integrantes respaldó al binomio Rossi – Rodenas. El presidente partidario, Ricardo Olivera, busca ser el nexo entre miembros del Ejecutivo y el bloque mientras Oscar Martínez y Matilde Bruera hacen su propio juego, especialmente en temas sensibles como seguridad, justicia y la segunda sobre el canal navegable troncal o hidrovía. Pero el estallido principal fue esta última semana en el Frente Progresista con la decisión de diez radicales de conformar Evolución UCR e integrar con Chumpitaz un nuevo interbloque. Evolución es la marca en el orillo del senador porteño Martín Lousteau. La salida del sector liderado por Maximiliano Pullaro deja al Frente Progresista con 18 miembros. En ese marco, otro boina blanca, Fabián Palo Oliver, mantendrá su presencia en el interbloque desde Radicales Libres. El socialismo tiene 14 miembros de los 18 integrantes del Frente Progresista. Estos cambios de posturas obligan a pensar en constituir nuevas mayorías para cada uno de los proyectos. El último jueves fue evidente la decisión de los radicales, tanto los de Juntos por el Cambio como de Evolución, de desmarcarse de un proyecto de ley de la camporista Paola Bravo que contenía en sus fundamentos fuertes críticas al gobierno nacional anterior. Tampoco fue menor lo ocurrido en la Comisión de Presupuesto y Hacienda donde socialistas y justicialistas decidieron avanzar con la ley de conectividad tras una reunión con empresarios provinciales. Fue el radical Fabián Bastia quien puso el grito en el cielo con el supuesto cambio de reglas de juego. Otro round puede ser cómo votará cada sector el pliego de Oscar Biagioni como vocal del Tribunal de Cuentas si la Asamblea Legislativa logre plasmarse el próximo jueves. Para la Casa Gris se abre la posibilidad de trabajar cada proyecto buscando acuerdos con distintos sectores ante la partida de defunción de la cómoda mayoría del Frente Progresista. Funcionarios del ala política del gobierno se entusiasman con un acuerdo amplio sobre varios temas incluida la justicia donde hay preocupación por la falta de cobertura de vacantes. Pero también, en Diputados, se abre una etapa de mayores reacomodamientos que seguirán tras la elección de noviembre donde algunos sueñan con construir nuevas mayorías ya pensando en el 2023.

– El ámbito de impacto por antonomasia de los resultados electorales es la Cámara de Diputados que viene sufriendo cambios desde su conformación.

– La salida del sector liderado por Maximiliano Pullaro deja al Frente Progresista con 18 miembros.

– Socialistas y justicialistas decidieron avanzar con la ley de conectividad a pedido de los empresarios y eso enojó a los radicales de Evolución.

– Funcionarios del ala política del gobierno se entusiasman con un acuerdo amplio sobre varios temas incluida la justicia donde hay preocupación por la falta de cobertura de vacantes.