[vc_row] [vc_column] [vc_column_text]

Mauro Blanco, fiscal arrestado y cerca de la remoción.

Mediante un dictamen que no tuvo oposición, la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa recomendará por unanimidad a la Legislatura la remoción del fiscal Mauro Blanco, de Venado Tuerto, que ya había sido suspendido por seis meses el 22 de octubre del año pasado.

Ahora ese plazo se extingue y es necesario que se expida nuevamente el Poder Legislativo. Además, los avances del caso en Tribunales dejaron -aún a los legisladores que tenían algunas dudas el año pasado- en una posición en la que resulta difícil consentir el comportamiento de ese integrante del Ministerio Público de la Acusación.

El dictamen de Acuerdos dice sucintamente que recomienda a los diputados y senadores remover al fiscal Blanco, pero -durante la reunión de Acuerdos de este miércoles 19 de abril- hubo distintas argumentaciones (que llevaron un debate de más de tres horas) frente al caso que, según la información disponible hasta ahora, no parecían suficientes para que hubiera un dictamen de minoría que contemple alguna sanción menos dura. Por ejemplo, extender la suspensión, pero por tiempo indeterminado, hasta que haya un fallo judicial.

Cabe recordar que tanto hace medio año, como ahora, el senador Joaquín Gramajo, que actual como miembro acusador, recomendó la medida más dura para el fiscal. Y que en octubre pasado, sin embargo, hubo unanimidad para dejar que la Justicia avance ante la posibilidad de que una votación dividida deje al Legislativo ante el abismo de no imponer ninguna sanción (la sesión conjunta obliga a tomar cualquier decisión con una mayoría especial en cada una de las dos cámaras).

Ahora el panorama es distinto, ya que con los delitos que el juez autorizó a profundizar la investigación hay suficientes elementos como para pensar en una sanción como la que generaba dudas especialmente en el radicalismo.

Enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo agravado en un caso de estafas, incumplimiento de los deberes de funcionario público y revelación de información secreta, son los graves delitos que el juez de Primera Instancia, Adrián Godoy, aceptó para continuar la investigación a cargo del fiscal Leandro Mai, de la ciudad de Reconquista.

El magistrado encontró elementos suficientes en solo esos cuatro presuntos delitos sobre los nueve de los que lo acusó Mai.

El juez también estuvo de acuerdo con el fiscal del norte en que se trabare una inhibición sobre algunos de los bienes de su par del sur.

La Fiscalía había solicitado prisión preventiva ordinaria entendiendo que las acusaciones permiten proyectar una pena superior a los ocho años en caso de existir condena y que hay riesgo de entorpecimiento en la causa y riesgo de fuga por contar con dinero suficiente para irse del país. Además pidió una inhibición general de sus bienes.

El juez decidió la prisión domiciliaria porque entendió que no peligra la causa y porque contempló la situación familiar del fiscal bajo proceso, ya que recientemente Blanco ha enviudado y tiene cuatro hijos, dos de ellos muy chicos.

Los defensores de Blanco, en tanto, habían solicitado la libertad de Blanco (que aceptó defenderse en el estrado), y que no se le inhiban esos bienes. Los abogados Rafaela Florid y Gustavo Feldman plantearon la nulidad del allanamiento en el que se detuvo al fiscal de Venado Tuerto el viernes, porque según su versión parte del material secuestrado no estaba relacionado con la acusación.

Es interesante advertir que este último aspecto, desde el punto de vista de los legisladores se torna irrelevante. En efecto, puede que pruebas obtenidas en un allanamiento que tenía otras justificaciones no puedan usarse en los tribunales judiciales, pero indudablemente tendrán otro peso para los senadores y los diputados, que llevan a cabo un juicio de características políticas. Dicen si debe o no seguir siendo fiscal alguien que está salpicado por esas investigaciones en curso, así como respecto de los vínculos confusos que ha tenido con un narcotraficante de Venado Tuerto.

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

“Ahora el panorama es distinto, ya que con los delitos que el juez autorizó a profundizar la investigación hay suficientes elementos como para pensar en una sanción como la que generaba dudas especialmente en el radicalismo”.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Mauro Blanco, fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA)

El fiscal adjunto de Venado Tuerto, Mauro Blanco, fue detenido en las últimas horas en el marco de una investigación donde se lo liga a un sujeto involucrado en el narcotráfico. El funcionario del Ministerio Público de la Acusación había sido suspendido en sus funciones. Y el arresto se dio en el marco de 16 allanamientos que se realizaron de manera simultánea en las provincias de Santa Fe (seis en Venado Tuerto y seis en Rufino) y Córdoba (los cuatro en Villa Dolores).

La investigación dio inicio en 2020, cuando se acusó a Blanco de cohecho agravado, producto de una denuncia radicada por la Fiscalía del Juzgado Federal de nuestra ciudad. Aun no se conocen mayores detalles sobre el día y hora de la audiencia imputativa.

Desde tempranas horas de la mañana de este viernes, al igual que en Venado Tuerto, personal policial de la Agencia de Investigación Criminal y del Grupo de Acción Táctica llevó a cabo cinco allanamientos en la ciudad de Rufino, en el marco de la investigación que realiza la Fiscalía de Reconquista al fiscal adjunto de Venado Tuerto, Mauro Blanco.

La medida judicial, en la que no participaron fuerzas policiales rufinenses, tuvo lugar en primer término en los domicilios de Jujuy al 600, Balcarce al 700, Santa Fe al 1000, y luego los efectivos hicieron lo propio en dos casas contiguas del barrio Güemes.

En octubre último, tras una sesión conjunta de las cámaras de Senadores y Diputados, el fiscal Blanco había sido suspendido por seis meses sin goce de sueldo, en una resolución unánime que contó con el voto favorable de los 64 legisladores presentes. Además, como castigo accesorio se determinó que el funcionario acusado tendrá “expresamente prohibido ingresar a cualquier ámbito del MPA” durante los 180 días que estará suspendido en sus funciones.

Aunque no se conocerá información oficial hasta las próximas horas, la detención de Blanco estaría ligada al avance en la causa originada en una serie de escuchas que hizo la Justicia Federal a los teléfonos de un distribuidor de drogas de Venado Tuerto, captando en ellas al menos cinco conversaciones con el citado fiscal en un corto período. En esos diálogos aluden desde la provisión de estupefacientes para consumo personal, hasta allanamientos que parecen hechos “a medida” de los intereses del dealer, situación de detenidos e información reservada.

También hay distintos registros de la presencia del fiscal cuestionado en la casa del distribuidor, a la que al menos en una ocasión llegó en un vehículo oficial del MPA. “Blanco tenía la obligación de formular denuncia contra el vendedor por la comercialización de estupefacientes y en lugar de ello las adquiría personalmente”, dice la acusación. En febrero último, Blanco rompió el silencio ante la prensa: “Cuando un fiscal se esfuerza al máximo por investigar un hecho tan aberrante, lamentablemente suele pagar las consecuencias”, sostuvo.

Asimismo, la auditora general María Cecilia Vranicich abrió en su momento un proceso disciplinario interno del MPA con motivo de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el fiscal Mauro Blanco, e incorporó más adelante a la causa una denuncia penal en relación con los delitos de encubrimiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación de secreto.

En los primeros pasos de la investigación, el senador provincial Raúl Gramajo, quien a la vez es el presidente de la Comisión Bicameral de Acuerdos, observó que se había “acreditado que la relación de suministro de estupefacientes se completa en una relación en la que el vendedor aparece como socio del fiscal adjunto Blanco en el suministro de información y en la investigación relacionada con delitos y con personas del hampa de Venado Tuerto”. Por su parte “Blanco brindaba información por fuera de la ley, que el distribuidor suministraba a terceros interesados”, señaló Gramajo.

También hay otras situaciones que son parte de la acusación, como es el caso de una escucha telefónica en la que una mujer imputada por cuatro estafas dice que Blanco le pidió un arreglo y que ella fue pagando. La revisión de los legajos de dicha investigación confirmó que el fiscal inicialmente pidió 12 años de prisión para la acusada y al final el caso cerró en un juicio abreviado con una pena de tres años de ejecución condicional.

En otra escucha telefónica entre una mujer y un prominente “narco” con causas abiertas en el sur santafesino, la primera cuenta que le dio plata a Blanco para que “no les arme una causa”. Y en el marco de otra investigación federal relacionada con la banda del citado delincuente, la Fiscalía Federal de Venado Tuerto informó que previo a concretar allanamientos, el fiscal Blanco se adelantó al ordenar “con motivo desconocido” el secuestro de un vehículo de color blanco de patente casi ilegible que la banda utilizaba para cometer ilícitos ordenados desde la cárcel.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]

“Cuando un fiscal se esfuerza al máximo por investigar un hecho tan aberrante, lamentablemente suele pagar las consecuencias”, sostuvo Mauro Blanco cuando rompió el silencio ante la prensa local.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row]