Las exportaciones de harina de soja estadounidense entre enero y julio alcanzaron las 9 Mt, récord absoluto para el período y un 28% por encima del nivel medio en la última década para el país. A pesar de estar fuera de la estacionalidad típica, y de tener que competir a principios de año con Brasil y a partir de abril con la harina argentina, el share de mercado de Estados Unidos está creciendo campaña a campaña durante los últimos años.

Probablemente los norteamericanos lleguen a completar el programa exportador de esta campaña y rompan un nuevo techo en los embarques de harina, marcando el mayor ciclo exportador de su historia, con un 12% más que el récord anterior. El ciclo comercial de Estados Unidos va desde septiembre hacia agosto del año siguiente, y el USDA estima que las exportaciones de harina para la 2024/25 deberían alcanzar las 16,2 Mt. A días de que finalice la campaña, las ventas externas ya sobrepasan las 15,6 Mt.

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Los norteamericanos vienen incrementando su saldo exportable de harinas a medida que se expande el crushing interno gracias al impulso de la industria de biocombustibles en el país, demandante de aceite de soja. Así, un mercado que históricamente ha sido dominado por Argentina está enfrentando una oferta global cada vez más holgada y precios estructuralmente más bajos.

La mayor cantidad de toneladas estadounidenses tienen como destino el continente americano, donde van el 60% de las toneladas. México y Colombia vienen siendo desde hace ya varios años los principales compradores, aunque con una amplia diferencia del primero respecto a todo el resto. Los mexicanos importan en promedio cuatro veces más que los colombianos. Sin embargo, como región particular, Estados Unidos comparte principal socio con la Argentina: el Sudeste Asiático.

Las exportaciones hacia la región han venido creciendo a una tasa promedio anual del 1,4% durante la última década y ahora Estados Unidos les exporta un 16% más que en 2015. El principal socio comercial de la región es Filipinas, donde en lo que va de este 2025 los norteamericanos colocaron 1,6 Mt. Los filipinos también eran grandes compradores argentinos, pero al pasar de la última década, sistemáticamente se han embarcado menos toneladas hacia el país. Mientras este año EE. UU. les exportó un 30% más que durante los últimos diez, desde Argentina se embarcaron solo 41.000 toneladas, una décima parte de lo usual.

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Vietnam es el principal socio de la agroindustria argentina y el primer destino de la harina de soja. Argentina envía enormes cantidades de harina todos los años, y en lo que va del 2025 ya son 2,5 Mt las embarcadas, la mejor marca desde el 2020. Estados Unidos, en cambio, tiene una preponderancia menor pero que ha venido creciendo año a año. Ahora exportan un 30% más que el promedio de la última década y el reciente “acuerdo comercial” entre la administración Trump y Vietnam los compromete a aumentar sus compras de productos agro norteamericanos.

Una dinámica similar es la que ocurre con la región de África del Norte, donde la harina argentina está perdiendo cada vez más participación, mientras que los norteamericanos sistemáticamente colocan más toneladas.

El uso industrial de aceite de soja en Estados Unidos creció a un ritmo promedio anual del 9,8% durante la última década y según el Departamento de Agricultura (USDA) para la próxima campaña esperan utilizar más aceite con fines industriales que no industriales por primera vez en su historia. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), organismo público que se encarga en parte de la regulación referente a energía renovable y mandatos de mezcla interno de biocombustible, propuso cifras récord de mezcla con biomasa para el 2026 y 2027 impulsando aún más la demanda interna de aceite de soja para las próximas campañas.

El aumento de la demanda interna por aceite dio lugar a que cada vez más toneladas de soja se procesen en las fábricas norteamericanas. Actualmente se industrializan 7 Mt más que hace cinco años y se espera que para la próxima campaña el crushing crezca un 5%.

Sin embargo, debido a su naturaleza de producción complementaria, durante el proceso industrial se obtiene proporcionalmente mucha más harina que aceite. Según las cifras oficiales del USDA por cada tonelada de soja se producen 200 kilos de aceite y 790 kilos de harina, es decir, casi 4 veces más harina que aceite.

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Esto hace que la oferta de harina vegetal aumente a un ritmo vertiginosamente más rápido. Por lo que, si la demanda interna no mantiene la misma dinámica, gran parte de esa producción quedará como excedente para colocarlo en el mercado externo, y es justamente lo que viene ocurriendo. Mientras la producción de harina de soja creció a un ritmo promedio anual del 3% en los últimos 5 años, el consumo interno lo hizo al 1,7% anual.

El directorio de YPF S.A. anunció que se aprobó la creación de Santa Fe Bio, que se dedicará a la producción y comercialización de biocombustibles de última generación. La producción se orientará fundamentalmente a SAF (Sustainable Aviation Fuel) para la aviación y alternativamente a HVO (Aceite Vegetal Hidrotratado), que cuenta con propiedades similares a las del gasoil.

La inversión estimada es de US$ 400 millones aprovechará la infraestructura existente en la refinería de San Lorenzo, donde se instalará una planta de pretratamiento de materias primas y la Biorrefinería de última generación. También, se adecuarán instalaciones del complejo industrial para llevar adelante la producción.

El proyecto se desarrollará en dos fases y se prevé la aplicación al RIGI. Estos biocombustibles se producirán a partir del procesamiento de aceites vegetales y residuos, grasas animales, entre otros.

Santa Fe Bio estará conformada en partes iguales entre YPF S.A y el grupo Essential Energy, una compañía referente en la elaboración y comercialización de biocombustibles de primera y segunda generación, con presencia en el mercado nacional e internacional.

Ambas compañías comenzaron a trabajar en la factibilidad del proyecto en diciembre de 2024, tras la firma de un Memorando de Entendimiento (MOU) y continúan trabajando en los términos contractuales finales de su vinculación. El combustible de aviación (SAF) es reconocido por organismos internacionales como la única alternativa sostenible y escalable del transporte aéreo a mediano plazo.

El combustible de aviación (SAF) es reconocido por organismos internacionales como la única alternativa sostenible y escalable del transporte aéreo a mediano plazo. Por esta razón, se proyecta un crecimiento de la demanda en los próximos años, abriéndose una oportunidad de exportación a Europa y Estados Unidos con altas exigencias y necesidad de producto de calidad certificado (ISCC).

Según un comunicado de la empresa con mayoría accionaria estatal, la ubicación de la Refinería de San Lorenzo resulta estratégica para este tipo de proyectos por la disponibilidad de materia prima en esta zona núcleo productiva y el vínculo con el puerto que habilitan la logística de comercialización.

"Con este paso, YPF S.A. ingresa en un mercado global en expansión, alineado con las exigencias ambientales del sector aerocomercial y con alto potencial de desarrollo en los próximos años".

En julio, el crecimiento de ventas de autos usados fue el más alto del año, con las provincias traccionando con fuerza a esa actividad comercial.

La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que, en ese mes, se comercializaron 179.363 vehículos usados. Si se compara con junio (143.191 unidades), la suba llega al 25,26%. Igual, las ventas se ubicaron un 2,34% por debajo que en igual mes de 2024 (183.668 unidades).

En el período enero-julio 2025 se vendieron 1.097.767 unidades, lo que representó un aumento del 18,93% con respecto a igual período de 2024 (923.066 vehículos). Julio volvió a mostrar que el Volkswagen Gol sigue encabezando la preferencia de la gente al adquirir un auto usado. Se comercializaron 10.228 unidades de este vehículo.

"Pese a la pequeña baja en la venta de autos usados registrada el mes pasado, julio representó el mejor mes en lo que va del año", destacó Alejandro Lamas, secretario de la Cámara del Comercio Automotor.

Ponderó que el mercado "sigue traccionando con buen ritmo. Otros dos datos que corroboran nuestros dichos fue el fuerte incremento de las ventas comparadas con junio (24%) y la fuerte tendencia que se mantiene comparados los primeros siete meses del año con igual período del 2024, con casi 1.100.000 unidades".

"Hoy el motor que viene empujando desde hace meses al sector es el interior del país en detrimento del AMBA. El ranking lo encabezó Formosa (46,66%), seguido de Neuquén (42,07%), La Rioja (39,91%), Catamarca (37,55%) y Jujuy (36,98%)", dijo Lamas.

"También estamos convencidos de que todavía hay mucho campo para desarrollar en el tema financiación; creemos que el futuro y la expansión del mercado vendrá por el lado de esta herramienta de vital importancia para el sector", indicó.

Explicó que "la demanda sigue vigente y las agencias tienen los productos que la gente requiere. Vislumbramos un segundo semestre muy parejo con el primero, siempre y cuando no aparezca ningún cisne negro en el camino".

El Gobierno nacional autorizó la venta de las acciones de las empresas hidroeléctricas Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila, en el marco del proceso de privatización de compañías del Estado. Lo hizo a través del decreto 564/2025 publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Las acciones de estas empresas están en manos de ENARSA y se llamó a un concurso público nacional e internacional sin base "competitivo y expeditivo" que deberá realizarse dentro de los próximos 60 días. El Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación y estará facultado para dictar las pautas del Concurso Público, incluyendo el esquema de remuneración y anexos relevantes.

Las actuales concesionarias que son Orazul Energy Cerros Colorados S.A, Enel Generación el Chocón, Aes Argentina Generación, y Central Puerto continuarán operando los complejos si remiten una Carta de Adhesión dentro de los próximos cinco días.

En caso de adhesión continuarán operando hasta el 31 de diciembre de 2025 inclusive, o hasta el concurso. En caso de no producirse la adhesión, las concesionarias estarán obligadas a continuar generando energía eléctrica por un plazo no inferior a 90 días hábiles.

Las concesionarias que adhieran estarán sujetas a condiciones como el cumplimiento de los contratos de concesión, el mantenimiento de una garantía de cumplimiento del contrato no inferior a US$ 4.500.000, y la aceptación de cambios en el esquema remuneratorio.

También deberán abonar regalías a las provincias de Río Negro y del Neuquén, presentar inventarios detallados, postergar la transferencia de ciertos bienes y permitir visitas a los perímetros de las concesiones a los interesados en el Concurso Público.

Las productoras de biocombustibles negaron que los cortes verdes que obligatoriamente deben agregarse a las naftas y el diésel puedan explicar el aumento de los valores para los usuarios, en el surtidor de las estaciones de servicio.

Mediante un comunicado de prensa, la Cámara de Empresas Pymes, Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) rechazó el argumento del sector petrolero que pretende atribuir a los biocombustibles parte de las subas. Indicó que ambos productos derivados de la soja y del maíz y la caña de azúcar "subieron apenas 3%" en lo que va del año.

Con posiciones similares se expresó Marcelo Kusznierz, integrante de la firma Doble L Bioenergías SA, como representante de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer) respecto de que de ninguna forma la pequeña parte de combustibles amigables con el medio ambiente que tienen los derivados del petróleo en el país pueden pesar en el bolsillo de los argentinos, a la hora de llenar el tanque.

Como se sabe, en lo que va de 2024, naftas y biodiésel acumulan una suba del 126%, mientras que la actualización de los bio ha llegado apenas a 3%. "Se ha pasado de $ 923.590 por tonelada a los actuales $ 951.285", indicó y subrayó: "debería ser más de 1.050.000", para que se reconozcan los costos para el productor.

En tanto, Federico Martelli de Cepreb señaló que "hasta ahora la secretaría de Energía venía cumpliendo con la Ley y la resolución que estipula cómo fijar el precio. Lo que hay que entender es que nosotros somos un eslabón en la cadena y que si se congela el precio del biodiesel pero sube la materia prima y los costos de producción, las compañías no pueden trabajar".

Y siguió: "subió el aceite de soja, subió el dólar, subió el metanol, subió la mano de obra y subió la energía, es absurdo pensar que podemos seguir produciendo con los precios de enero", destacó en declaraciones a la prensa nacional.

Por otra parte, Kusznierz recordó a El Litoral que Casfer ha solicitado por una nota formal al secretario de Energía Eduardo Javier Rodríguez Chirillo y el subsecretario de Combustibles Líquidos Luis De Ridder la "urgente determinación y publicación del precio de venta de biodiesel para el mes de julio, conforme lo dispuesto en la Ley 27.640 y sus normas reglamentarias y complementarias, en especial la Resolución SE 963/2023".

Se trata de cumplir con la norma que obliga a establecer el "Procedimiento para la Determinación del Precio de Adquisición del Biodiésel destinado a la Mezcla en el Mercado Interno", ante "el incremento del precio del aceite crudo de soja".

La nota que tiene fecha del 3 de julio y no ha tenido aún alguna respuesta oficial indica que "El último precio de venta de biodiesel publicado pone en serio riesgo la operación de las plantas, con el consecuente impacto negativo que ello puede generar no solo para la actividad, sino también para las economías regionales donde se encuentran las mismas".

Por lo expuesto, "requerimos de vuestra Secretaria la inmediata actualización del último precio de venta de biodiesel, conforme el marco normativo vigente de la actividad, garantizándose así poder operar en forma económica y prudente", advierte la presentación.

Seis provincias productoras de biocombustibles vinculados al maíz y la soja cuentan con un proyecto de ley a acordar con el gobierno nacional para la promoción del sector, capaz de fijar una política de Estado que tienda a una convergencia con lo que ha hecho Brasil, desde hace décadas.

Las expectativas de los productores de biodiésel de Santa Fe (donde está radicado el 80% de la producción argentina) se apoyan en los contactos que los funcionarios provinciales mantienen con pares nacionales, con un horizonte de posible entendimiento.

El sector parte de la idea de que habrá Ley de Bases y tal vez Pacto de Mayo lo que provocaría un clima de acuerdos entre la Casa Rosada y los gobiernos provinciales de Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Entre Ríos, Jujuy y Salta, es decir, los seis estados subnacionales que componen la recientemente formalizada Liga Bioenergética. Esa unión de provincias existe desde 2018 pero recién ahora ha recuperado su vigor inicial. Procura impulsar medidas, tanto nacionales como provinciales, que aumenten la participación de las bioenergías en la matriz energética del país.

Hoy, el entusiasmo que se advierte entre los empresarios del sector y los miembros del gabinete del gobernador Maximiliano Pullaro vinculados a producción y energías contrasta con la desazón que existía muy pocos meses atrás. Cuando sólo se hablaba de eliminar todas las regulaciones, sin dar demasiadas explicaciones ni prestar atención a las consecuencias que esas medidas implicaban. Seguramente, lo ocurrido con las prepagas en salud habrá dejado alguna lección.

Vale la pena recordar que, en enero de este año, la Cámara Santafesina de Energías Renovables hablaba del "certificado de defunción" que significaba para el combustible elaborado con granos y oleaginosas biodegradables el proyecto que proponía el recién asumido presidente Javier Milei. Eran tiempos de Ley Ómnibus y, aunque para entonces ya existían los contactos entre funcionarios de las provincias interesadas (en especial Santa Fe y Córdoba) con la Casa Rosada el capítulo de biocombustibles parecía redactado por el lobby del petróleo.

El cambio operado desde entonces, que ahora alienta al optimismo, parte de dos supuestos: 1) que la gestión nacional ya ha demostrado que puede negociar y es más pragmática que lo que indica su discurso; 2) que las petroleras comienzan a ver a los biocombustibles como un área de potencial expansión para sus negocios. El primer punto se verifica en el fortalecimiento del ala capaz de dialogar del gobierno nacional, cuya figura más asociada a esa estrategia política es la del ministro del Interior, Guillermo Francos. El segundo, en que las empresas productoras de biocombustibles aceptarán la entrada de las compañías que hasta ahora solo explotan combustibles fósiles cuando las bio alcancen ciertos niveles de desarrollo.

Los voceros consultados por El Litoral coinciden en describir un rumbo de posible acuerdo, con el caso de Brasil como ejemplo. Mientras, fuera de los ámbitos de consultas e intercambios de la Nación con cada una de las provincias (por separado) cuesta creer que se acepten regulaciones en una gestión que subraya lo contrario. Aunque todo depende de una decisión política: que exista en el país, otra vez, una ley de biocombustibles que mejore el corte de biodiésel en el diésel de la soja y de bioetanol de alcoholes de caña y maíz en las naftas, entre otros aspectos.

Acaso un antecedente contribuya al diálogo: fue el kirchnerismo, durante el gobierno de Alberto Fernández, el que bajó las porciones del mercado interno en los surtidores a los biocombustibles, cuando sancionó la ley 27.640 que tantas críticas despertó en Santa Fe en la oposición de entonces, hoy en el gobierno provincial. Esa norma, hoy vigente, rige hasta el 31 de diciembre de 2030. Y entonces podría ser prorrogada por el Poder Ejecutivo por otros cinco años. Fue impulsada Máximo Kirchner y redujo la participación de las energías verdes en los combustibles fósiles.

En rigor, la actividad es fruto de otra norma: la ley nacional 26.093 que nació durante la presidencia de Néstor Kirchner. Le creó un mercado y libró de impuestos a una actividad que agrega valor (inversión y empleos) a la producción primaria. Pero en 2021 se adoptaron decisiones que perjudicaron especialmente al biodiésel.

El concepto que guía las conversaciones entre las provincias de la Liga Bioenergética y la Nación se apoya en los resultados de las políticas que para su propio mercado desarrolla Brasil, más allá de sus también marcados vaivenes políticos. De hecho, su proyecto alconafta que se inició en la década del '70 tuvo en la Argentina un desarrollo que no fue más que embrionario y no prosperó.

Los biocombustibles suelen ser noticia a nivel nacional solo por su actualización de precios, que las autoridades nacionales determinan en base a los valores de sus materias primas del período anterior. En ocasiones, las alzas (de incidencia mínima en el valor que paga el consumidor final) suelen usarse para justificar subas de los combustibles por supuestos aumentos en los costos.

La Secretaría de Energía actualizó los precios de los biocombustibles que se utilizan para su mezcla obligatoria con las naftas y el gasoil, que estaban congelados desde enero último. La medida se formalizó por medio de una serie de resoluciones publicadas este lunes en el Boletín Oficial.

De este modo, el organismo dispuso que el litro de bioetanol elaborado a base de caña de azúcar tendrá un precio de $622 desde este mes, mientras que el elaborado a base de maíz, de $570. Según lo dispuesto, esos son los valores mínimos a los cuales deberán ser llevadas a cabo las operaciones de comercialización en el mercado interno. Además, regirán para las operaciones efectuadas durante mayo de 2024 y hasta que se publique un nuevo precio, mientras que el plazo de pago no podrá extenderse más de 30 días.

Por otra parte, la Secretaría de Energía estableció que el biodiésel que se utilza para su mezcla obligatoria con gasoil tenga un precio mínimo de adquisición de $938.540 por tonelada; en enero, el precio fue de $ 940.334 la tonelada pero -según justificó el gobierno- se retrotrajo el precio del aceite que es base de la producción.

El plazo de pago del biodiésel no podrá exceder, en ningún caso, los 7 días corridos a contar desde la fecha de la factura correspondiente, de acuerdo con el texto oficial. Los biocombustibles se utilizan para el corte obligatorio con naftas y gasoil, por lo tanto, puede impactar en el precio final de los combustibles.

Por Gabriel Rossini

Empresas pymes productoras de biocombustibles de la provincia de Santa Fe volvieron a rechazar las nuevas modificaciones propuestas por Poder Ejecutivo Nacional a artículos contenidos en la ley ómnibus enviada al Congreso Nacional que cambia de manera radical el régimen vigente y que los legisladores nacionales santafesinos y también los no oficialistas se comprometieron a rechazar cuando se trate en el recinto.

"La redacción original del proyecto de ley ómnibus no existe más porque lo reemplazaron con otra que también rechazamos porque si bien aumenta el porcentaje obligatorio de corte libera el mercado y eso es lo mismo que dictarnos una sentencia de muerte. ¿Como hace una pyme santafesina para competir con una multinacional? Imposible", le dijo a El Litoral un empresario del sector.

La nueva redacción del capítulo sobre biocombustibles contenido en la ley omnibus propuesta por el Ejecutivo y que modifica la original comenzó a circular el martes por la tarde, mientras empresarios y representantes de las entidades que agrupan a los productores de biodiésel estaban reunidos en el Congreso Nacional con diputados de Unión por la Patria pidiéndoles el rechazo de los artículos ahora viejos que, de aprobarse, dejaba al sector al aborde de su extinción.

Según se informó oficialmente, la nueva iniciativa del Ejecutivo sube el mínimo de corte obligatorio, uno de los puntos que en la primera versión eliminaba, de 7,5% a 10%, mientras que para 2026 lo eleva a 15% para los biocombustibles, en tanto para el caso del bioetanol pasa a 12%, para rever este porcentaje luego de tres años a un rango de mezclas obligatorias con naftas del 18% al 27%".

Pero mantiene la idea de liberalizar totalmente el sector lo que pone a las empresas pymes, que son las que proveen el biocombustible a las petroleras en el mercado local para que hagan el corte, en condiciones de desigualdad e indefensión con las multinacionales que producen biodiésel para exportación y tienen un poder económico y logístico infinitamente superior a las firmas locales.

"Imposible competir porque ellos manejan desde la provisión de la materia prima hasta el precio final", dijo la misma fuente, que reivindicó una propuesta hecha por productores de La Pampa: "Que mantengan el mercado para las pymes locales hasta el 10 por ciento de corte y lo liberen a partir de ese porcentaje. Nosotros somos muy competitivos y en esos términos podríamos competir contra las grandes empresas", expresó

Esta mañana, el vicepresidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables y presidente de la Cámara de Biocombustibles de la Unión Industrial de Santa Fe, Marcelo Kusznierz, publicó en su cuenta de tuiter lo siguiente: "Revelador lo que le contesta (Eduardo Rodríguez) Chirillo a @florcarignanook cuando le consulta sobre el destino de las pymes del biodiesel de Santa Fe, textual 'a veces cerrarán pymes y abrirán pymes' y 'mi función es cuidar el kw'". Fin.

El cruce se dio en el debate que las comisiones de Diputados están haciendo con funcionarios del gobierno nacional sobre distintos aspectos de la norma antes de emitir el dictamen correspondiente para su tratamiento en el recinto.

Luego del encuentro que mantuvieron con el ministro del Interior, Guillermo Francos, la vicegobernadora Gisela Scaglia y los ministros de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastía, se reunieron con diputados y senadores nacionales que representan a Santa Fe en el Congreso Nacional para evaluar el impacto que la Ley Ómnibus tendría en los sectores productivos santafesinos.

Durante el encuentro, que se desarrolló este lunes de manera virtual, brindaron un informe detallado de las consecuencias que tendrían las modificaciones propuestas en la Ley Ómnibus -que elevó el gobierno nacional al Congreso-, en los diferentes sectores productivos de la provincia de Santa Fe.

Scaglia contó que "manifestamos al Gobierno nacional nuestra preocupación sobre lo que plantea la Ley Ómnibus, principalmente en relación a los biodiesel, y la propuesta que tenemos. Ahora el desafío es trabajar juntos en la defensa de la industria de Santa Fe, entendiendo que si Argentina necesita dólares, Santa Fe los puede producir".

Puccini por su parte convocó a "trabajar juntos para defender a la provincia, más allá de quién gobierne. Santa Fe está a disposición para que el país salga adelante, y la única manera de hacerlo es con más producción".

Los legisladores nacionales compartieron sus pareceres, brindaron información de las reuniones que llevan adelante y además destacaron la convocatoria del gobierno provincial a todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso, así como la importancia de ponerse de acuerdo para defender a la producción de Santa Fe.

Participaron de la reunión los diputados nacionales Mario Barletta, Rocío Bonacci, Alejandro Bongiovanni, Florencia Carignano, Gabriel Chumpitaz, Mónica Fein, Germana Figueroa Casas, Melina Giorgi, Diego Giuliano, Germán Martínez, Magalí Mastaler, Roberto Mirabella, José Nuñez, Esteban Paulón, Verónica Razzini, y Eduardo Toniolli; los senadores Carolina Losada y Eduardo Galaretto; e integrantes del equipo de trabajo de Marcelo Lewandowsky.

Además estuvieron presentes las secretarias de Energía, Verónica Geese, y de Comercio Exterior, Georgina Losada.

La vicegobernadora Gisela Scaglia, y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, se reunieron este lunes con el ministro del Interior, Guillermo Francos, con el objetivo de plantear la mirada del gobierno de la provincia en torno a la Ley de Biocombustibles. De la actividad, llevada a cabo en Casa Rosada, participaron también funcionarios nacionales y representantes de Entre Ríos, Córdoba, Jujuy y Tucumán.

En el paquete de reformas que impulsa el Ejecutivo nacional, se incluyen cambios en la ley que regula la industria del biocombustible, eliminando el corte obligatorio y permitiendo el ingreso de industrias petroleras al mercado. En ese marco, luego del encuentro Scaglia detalló: “Biocombustible es un tema muy sensible para las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Por este motivo, venimos a plantearle al Poder Ejecutivo algunas modificaciones respecto a su iniciativa, siempre con una mirada propositiva que nos permita sostener la industria nacional y los derechos que hoy tienen adquiridos nuestras industrias de biocombustibles. Recordemos que Santa Fe es la principal provincia productora en biodiesel de la Argentina”.

Tras una reunión en la Casa de Santa Fe en Ciudad de Buenos Aires, Scaglia y Puccini, junto a funcionarios de las otras provincias también afectadas, llegaron hasta Casa Rosada para participar del encuentro.

A la salida, la vicegobernadora puntualizó que “tenemos certezas de que somos escuchados. Propusimos que el corte en biocombustible esté entre 7,5 y 12 %, e ir aumentando para que nos permita tener una industria más sustentable. Además, vamos a seguir trabajando con nuestros legisladores y vamos a presentar una propuesta conjunta con las otras provincias. Esperamos que se realice alguna enmienda o modificación del proyecto original del gobierno nacional”, puntualizó la vicegobernadora.

Por su parte, Puccini destacó “el proceso de diálogo, en el estamos haciendo propuestas junto con las provincias de Córdoba y Entre Ríos, pero también se sumaron Tucumán y Jujuy, con una premisa que queremos defender, que nosotros estamos para acompañar al gobierno. El gobierno y el país saldrán adelante con más producción. Estas provincias aquí presentes, conjuntamente con el resto, son el corazón productivo de la Argentina”. 

El ministro de Desarrollo Productivo enfatizó que “venimos con datos, con información de cada provincia, con preocupaciones y con puntos a poder trabajar, para que el Gobierno nacional pueda repensar alguno de los puntos y hacerlo, por supuesto, con cada uno de los diputados y senadores de cada una de las provincias, de todos los partidos. Esa es nuestra posición”.

Puccini aseguró que “estamos defendiendo la producción de la provincia de Santa Fe porque es el motor y el corazón productivo de la República Argentina. Le venimos a decir al gobierno que estamos a disposición, que Santa Fe está a disposición para que salga adelante y es la única manera de hacerlo con más producción”,enfatizó Puccini. 

Finalmente, el ministro detalló que también “hemos tratado otros puntos, por ejemplo, cada provincia ha traído el tema de sus economías regionales y cómo impactan las restricciones: cada impuesto que se le pone a la producción es un retroceso. Por eso estamos mirando algunas economías regionales. Entendemos que es acompañando a la producción como salimos adelante. Como provincia, fuimos muy perjudicada en el balance impositivo del federalismo argentino. Así que también queremos que eso cambie. Es algo que tiene que estar puesto en la agenda de todos los legisladores como una voz unánime en defensa de la provincia”.

La precandidata a senadora nacional por la lista Adelante, del Frente Amplio Progresista (FAP), Clara García mantuvo una reunión virtual con los integrantes de la Mesa de Enlace, donde reafirmó el “compromiso con los que sostienen la producción y el trabajo”, y cuestionó al gobierno nacional en relación al manejo de la Hidrovía, la producción de biocombustibles y la restricción de las exportaciones de carne. Sobre esta última medida, prorrogada en los últimos días, consideró que muestra a un Estado “que no quiere enfrentar a la inflación y le resulta más fácil echarle la culpa al productor ganadero. No soluciona el precio de la carne en la mesa de los argentinos, ni los problemas de producción”, aseveró.

García mantuvo un diálogo a través de una plataforma virtual con los titulares de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes; Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni; Coninagro (Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada), Elbio Laucirica; y Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino. En el inicio del encuentro los representantes de las entidades coincidieron en una valoración de la figura de Miguel Lifschitz y su compromiso con la producción y el trabajo.

Luego, durante el intercambio de ideas y visiones, la actual diputada provincial instó a “aprovechar el potencial de la bioeconomía en nuestro país, y en especial, en nuestra provincia de Santa Fe. Tenemos la cadena de valor más eficiente de la Argentina, que se destaca en el mundo. No entendemos por qué desde el gobierno nacional se le suelta la mano al campo”, señaló.

En ese orden, la precandidata del FAP se mostró crítica sobre “cómo se ha manejado el tema de la Hidrovía desde el nivel nacional, con un alto grado de improvisación. No estamos hablando solamente de la profundidad del calado y de la infraestructura portuaria –advirtió-, sino de cómo la Argentina mira hacia adelante: si quiere ser solo un país de paso, si quiere tener autonomía para exportar el 80% de nuestra producción, si quiere ser eficiente para recibir los insumos que la industria necesita y qué costos le va a ofrecer al productor”.

También apuntó contra “la ley de biocombustibles -aprobada recientemente con el apoyo de los representantes santafesinos en el Senado-, que va a contramano de lo que pasa en el mundo, del cuidado del medioambiente, destruye a quienes han invertido, a quienes se modernizaron, a quienes agregan valor para que no exportemos solo granos”.

“En el Frente Amplio Progresista no recibimos órdenes desde un despacho porteño y nuestra manera de construir ha sido escuchando”, afirmó García, a la vez que rechazó “la grieta política, que implica que el adversario es un enemigo y que el objetivo de una campaña es destruir al rival en lugar de encontrar una plataforma de consenso”.

“El rol del Estado es priorizar y defender la producción y el trabajo”, enfatizó García y explicó que para eso hace falta “un Estado inteligente, con tecnología, transparente, que controle, que brinde información, que sea útil en ese ida y vuelta, que tenga seriedad, que planifique, que sea eficiente para hacer grande al país. Y en esto tenemos mucho que aprender del sector productivo, y por eso nos llena de energía pensar en llevar la voz de quienes producen y trabajan al Congreso de la Nación”, concluyó.

Por su parte, frente a la prórroga de prohibición de las exportaciones de carnes, desde FAA, Achetoni pidió el inmediato levantamiento de la medida ya que afecta no solo a los medianos y grandes productores de la pampa húmeda, sino también, y con mucha fuerza, a los pequeños productores de la zona extrapampeana. “Queremos un plan integral para contener a las producciones y economías regionales”, expresó.

En tanto, Chemes (CRA) pidió al gobierno nacional que cambie su visión sobre el campo, y que deje de verlo solamente como fuente recursos fiscales, sino como un factor de desarrollo integral de la Nación.

Desde la Sociedad Rural, Pino manifestó la preocupación por la fragmentación del Estado Nacional, donde es evidente la falta de diálogo entre las distintas áreas. “Esta fragmentación impide lograr un diálogo constructivo que permita encontrar acuerdos”, afirmó.

Finalmente, Laucirica (Coninagro) pidió leyes que apoyen a las energías renovables y la hidrovía, porque a través de sus cooperativas tiene una alta inversión en puertos de Santa Fe. “Estamos preocupados por una administración ineficiente que pueda afectar a toda nuestra economía”, resaltó.