Tras la sanción de las leyes de Bases y Medidas Fiscales en el Senado, la gestión libertaria acelera negociaciones en la Cámara de Diputados. El objetivo es que estén aprobadas antes del 9 de julio para poder sellar el postergado Pacto de Mayo en la próxima fecha patria. A su vez, buscan revertir los rechazos en Ganancias y Bienes Personales que consideran necesarios en línea con el objetivo presidencial de “equilibrar las cuentas fiscales”.

Por los cambios introducidos en la Cámara alta, las iniciativas libertarias volverán a ser tratadas por Diputados. Sin embargo, el Gobierno salió a admitir públicamente que intentará revertir algunas de las modificaciones y presionar por los textos originales.

Este domingo, el titular de la Cámara baja, Martín Menem, manifestó que el oficialismo trabajará para sancionar varios puntos del articulado que fueron excluidos por el Senado. "Todo lo que está aprobado ya es ley, pero vamos a insistir con la cuarta categoría de Ganancias y Bienes Personales. También con las privatizaciones", indicó.

"Como somos cámara de origen, podemos aceptar las modificaciones que introdujeron o podemos insistir con el proyecto original", sostuvo Menem en una entrevista a Radio Rivadavia, señalando que el debate se retomará a fines de junio, luego de la semana corta que se avecina por los múltiples feriados.

Además, Menem expresó su esperanza de que se aprueben antes del 9 de julio y sean sancionadas sin mayores modificaciones. "Ley de Bases ya hay. Falta definir qué tipo vamos a tener, si la original, la que modificó el Senado, o un mix. No tengo dudas de que para el 9 de julio la ley va a estar sancionada", prometió.

"Me costaría entender que los mismos diputados que hace 45 días votaron a favor de un proyecto puedan no votar a favor de un mismo proyecto. No cambio la Argentina, sigue necesitando la ley, las reformas, y que plasmemos institucionalmente lo que la gente votó en las urnas", añadió, mostrando confianza en el respaldo legislativo.

En la práctica, estas negociaciones ya comenzaron y están a cargo del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien el último jueves encabezó un cónclave con referentes de bloques aliados en Diputados.

Francos se reunió con Cristian Ritondo (PRO), Rodrigo de Loredo (UCR), Miguel Pichetto (Hacemos Coalición Federal), Pamela Calletti (Innovación Federal) y Juan Manuel López (Coalición Cívica) y Gabriel Bornoroni (LLA).

La idea que trasmitió el Jefe de Ministros es que los diputados insistan con los aspectos que estaban contenidos en la media sanción que surgió de la Cámara y que luego fueron modificados por el Senado.

Esto incluye reponer el listado original de empresas privatizables, incluyendo Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio Televisión Argentina. Pero Francos hizo especial hincapié en reponer la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias y la rebaja de Bienes Personales.

Este domingo en declaraciones a Radio Mitre, el funcionario reconoció que ese fue el objetivo de ese encuentro con los referentes de la oposición dialoguista ya que “desde nuestro punto de vista sería positivo para todos un incremento de estos impuestos”.

Incluso, Francos apuntó contra los legisladores que votaron para eliminar esos artículos. “Es raro que en el Senado, que está integrado por representantes de las provincias, haya habido senadores que votaron en contra de la reposición del impuesto a los ingresos personales. Es no tener en cuenta cuáles son las necesidades de las provincias”, señaló.

Asimismo, se dijo “optimista” respecto a lo que vaya a hacer ahora la Cámara revisora, y dijo que espera que los diputados reconsideren las decisiones tomadas en el Senado, ya que “sería positivo para todos un incremento de estos impuestos”. Y adelantó que durante las próximas semanas seguirá conversando con los diputados.

Esquirlas en el Senado

La titular del bloque de Unión por la Patria en el Senado, Juliana Di Tullio, pidió la expulsión del secretario de Turismo, Daniel Scioli, y de dos senadores peronistas no kirchneristas del Partido Justicialista.

La senadora bonaerense se expresó al respecto en su cuenta de X: “Hoy, 16 de junio, día en que intentaron matar a (Juan Domingo) Perón con un bombardeo a Plaza de Mayo, exijo la expulsión de Scioli, Kueider y Espínola del partido justicialista en memoria de las de 300 víctimas de ayer y de hoy”.

No nos vencieron ni nos vencerán. Sentimos orgullo de ser peronistas. Hoy, 16 de junio, día q intentaron matar a Perón con un bombardeo a plaza de Mayo, exijo la expulsión de Scioli, Kueider y Espínola del partido justicialista en memoria de las de 300 víctimas de ayer y de hoy

Los representantes provinciales a los que hace referencia son Edgardo Kueider (Entre Ríos) y Carlos “Camau" Espínola (Corrientes), quienes acompañaron al oficialismo en la votación en general de la ley de Bases la semana pasada.

En el caso de Scioli, es por haber aceptado integrar el Gobierno del presidente Javier Milei, tras la maniobra de inclusión al Gabinete nacional que propinó el ex ministro del Interior y actual jefe de Gabiente, Guillermo Francos.

"No hay que permitir que sus decisiones espúreas las realicen en nombre del peronismo. No en nuestro nombre", finalizó Di Tullio. Se trata de una de las espadas con las que cuenta la ex presidenta Cristina Kirchner en el Senado.

Tanto Kueider como Espínola pertenecen al bloque Unidad Federal, que es un desprendimiento del interbloque kirchneristas que, además de Unión por la Patria, lo integra el Frente Nacional y Popular que lidera José Mayans (Formosa).

Este miércoles se publicó en el Boletín Oficial, en consonancia con las 10 medidas presentadas por Luis Caputo, ministro de Economía, un régimen de percepción de Ganancias y Bienes Personales.

El mismo se hizo a través de la Resolución General 5463/2023 con firma de Guillermo Michel, Director General de Aduanas.

Dicha medida es un retroceso en base a la ley aprobada en octubre por el Congreso y que elevaba el piso de Ganancias, eximiendo a los empleados con un sueldo inferior a los 15 salarios mínimos mensuales (1.980.000 pesos).

El documento presentado este miércoles indica “que razones de administración tributaria tornan aconsejable modificar la resolución general mencionada, con el objeto de reducir las percepciones que se practiquen conforme la condición tributaria del sujeto pasible, según corresponda”, y “que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos y Recaudación”.

Las disposiciones entrarán en vigencia este mismo miércoles y resultarán de aplicación para las operaciones efectuadas con fecha 13 de diciembre.

La Resolución sustituye el segundo párrafo del artículo 5° en la anterior medida e indica que “sobre tales montos se practicará una percepción del TREINTA POR CIENTO (30%).”

Se aclara además que “las percepciones que se practiquen por el presente régimen se considerarán, conforme la condición tributaria del sujeto pasible”, y detalla “para los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) y que no resultan responsables del Impuesto a las Ganancias: Impuesto sobre los Bienes Personales.”

“Las percepciones practicadas tendrán, para los sujetos pasibles, el carácter de impuesto ingresado y serán computables en la declaración jurada anual del Impuesto a las Ganancias o, en su caso, del Impuesto sobre los Bienes Personales, correspondientes al período fiscal en el cual fueron practicadas”, expresa el documento sobre el resto de sujetos.

“Cuando las percepciones sufridas generen saldo a favor en el gravamen, éste tendrá el carácter de ingreso directo y podrá ser aplicado para la cancelación de otras obligaciones impositivas, conforme lo establecido por la Resolución General N° 1.658 y sus modificatorias, o la que la sustituya en el futuro”, indica luego.

Se aclara que “si la operación sujeta a percepción se realiza mediante tarjetas de crédito, de compra y/o de débito, la percepción será practicada, según corresponda, al titular, usuario, titular adicional o beneficiario de extensión”.

“Cuando la percepción sea discriminada en un comprobante a nombre de un sujeto no inscripto ante esta Administración Federal, dicha percepción sólo podrá ser computada en la declaración jurada anual del Impuesto a las Ganancias por el contribuyente que haya efectuado el pago de dichas operaciones, siempre y cuando el sujeto no inscripto se encuentre declarado como carga de familia y sólo en la proporción correspondiente. En caso contrario, este último podrá solicitar la devolución en los términos y condiciones establecidos en el Título II.”, agrega.

“En el caso previsto en el inciso a) del primer párrafo de este artículo y sin perjuicio de lo establecido en dicho párrafo, cuando el sujeto no se encuentre obligado a inscribirse en el Impuesto a las Ganancias, podrá optar por imputar las percepciones en el mencionado impuesto, informando tal situación al agente de percepción en forma previa a la oportunidad en que deben practicarse dichas percepciones”, concluye la Resolución sobre estos puntos.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) notificó a 2.800 contribuyentes de alto poder adquisitivo para que rectifiquen sus declaraciones juradas de Bienes Personales correspondientes al período fiscal 2018.

El reclamo fue dirigido a personas humanas que declararon como exentas tenencias sobre las cuales poseen el 100% de su titularidad y que, en su conjunto, superan el mínimo no imponible.

Funcionarios del organismo que conduce Carlos Castagneto detectaron, a través del cruce de datos entre las bases de la AFIP, depósitos de dinero radicados en el exterior que podrían encontrarse en situación fiscal irregular, cuyo valor supera los $61.000 millones.

Según lo informado por la entidad, los contribuyentes alcanzados por la verificación podrían estar sujetos a un potencial ajuste en concepto de impuesto omitido por un monto de $153 millones, incluyendo intereses.

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Durante el ejercicio fiscal 2018 tales activos estuvieron sujetos a una tasa de sólo 0,25%. En tanto, a partir del período fiscal 2019 se estableció una alícuota incrementada para aquellos bienes situados en el exterior, mientras que no se verifique su repatriación.

Para el período fiscal 2021, esa alícuota alcanzó el 2,25 % en aquellos casos donde el valor total de los bienes del país y del exterior supere los $18 millones. Si se tiene en cuenta el aumento de las alícuotas, como así también la evolución en la cotización del dólar en los años siguientes, la cifra omitida por el tributo correspondiente a los períodos fiscales posteriores al analizado, podría incrementarse significativamente hasta llegar a los $3.000 millones.

Este procedimiento se suma a los exhaustivos controles realizados por el organismo para detectar maniobras de evasión. De esta manera, la AFIP continúa realizando acciones con el objetivo de profundizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en miras de alcanzar una tributación equitativa conforme la capacidad contributiva de los contribuyentes.

La AFIP adelantó al 23 y 24 de febrero el vencimiento para el cumplimiento de la determinación e ingreso de distintas obligaciones impositivas, que originalmente estaba fijado para 27 y 28 de este mes.

A través de la Resolución General 5323/23, publicada el martes en el Boletín Oficial, el organismo aclaró que “razones de administración tributaria aconsejan adecuar con carácter de excepción las fechas de vencimiento para el cumplimiento de la determinación y/o el ingreso de ciertas obligaciones impositivas cuyo vencimiento original fuera fijado para el 27 y 28 de febrero” de este año.

Así, estableció que el 23 y 24 de febrero -según la terminación de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT)-, serán las fechas de vencimiento para el cumplimiento de las obligaciones de determinación y/o ingreso del Impuesto al Valor Agregado.

Según lo dispuesto, los vencimientos del 23 serán para los CUIT terminados en 6 y 7; los del 24, para los finalizados en 8 y 9. Ese calendario rige para la presentación de la declaración jurada del IVA del régimen general y el ingreso del saldo resultante correspondientes al período fiscal enero de 2023, al igual que para Libro IVA Digital.

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También para el ingreso diferido del saldo resultante de la declaración jurada del IVA para micro y pequeñas empresas del período fiscal noviembre de 2022 y presentación de la declaración jurada correspondiente al período fiscal enero de 2023.

La misma decisión se tomó para la presentación de la declaración jurada del IVA para la actividad agropecuaria del período fiscal enero de 2023 e ingreso anual del impuesto correspondiente a ejercicios con cierre el mismo mes.

Además, estableció con carácter de excepción el 24 de febrero como fecha de vencimiento para la determinación y/o ingreso de las obligaciones tributarias con vencimiento original fijado para el 27, para los siguientes impuestos:

– Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAÍS). Ingreso de las percepciones practicadas entre el 16 y 22 de febrero de 2023, ambas fechas inclusive.

– Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias. Ingreso de las sumas percibidas y/o del importe correspondiente al impuesto propio devengado, del período comprendido entre el 16 y 22 de febrero.

– Impuesto a las Entradas de Espectáculos Cinematográficos. Ingreso del gravamen correspondiente a las localidades o boletos entregados entre el 16 y 22 de febrero.

Funcionarios del Ministerio de Economía y técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvieron una serie de reuniones en el Palacio de Hacienda con el fin de analizar el nivel de cumplimiento de las metas de la cuarta revisión del Acuerdo de Facilidades Extendidas, que habilitará un nuevo desembolso de US$ 5.400 millones por parte del organismo.

Las conversaciones están encabezadas por el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, y el jefe de asesores del Ministerio, Leonardo Madcur.

Los equipos técnicos ya están revisando virtualmente los números de la economía en el último trimestre del 2022, el período que comprende la cuarta revisión y, si bien se estima que las metas del programa habrían sido cumplidas, también pondrán énfasis en el panorama que proyectan para el año en curso.

Esta vez no es de la partida el jefe de la delegación del FMI para Argentina, el colombiano Luis Cubeddu, quien mantendría un diálogo virtual tanto con sus técnicos como con los funcionarios del Palacio de Hacienda.

A mediados de enero pasado, el ministro de Economía, Sergio Massa, consideró “Argentina cumplió su programa, pero el Fondo Monetario no está cumpliendo con Argentina en revisar cómo van a compensar a los países que pagaron el costo de la guerra con su economía. Es un problema a resolver”.

A fines del año pasado, el Gobierno estimó en alrededor de US$5.000 millones los costos que la guerra tiene para la economía argentina, por la suba en los precios internacionales del sector energético, los fertilizantes y los fletes, que no alcanzaron a ser compensados por el incremento en los valores de los productos agropecuarios.

Según documentos de trabajo oficiales, las importaciones de combustibles sumaron US$ 5.800 millones en 2022, contra los US$ 2.000 millones proyectados antes del inicio de la guerra, lo que resultó en un incremento neto de US$ 3.800 millones. Además del costo, el aumento del precio de los principales productos básicos hizo que se precisaran más divisas para importar combustibles, entre los que se incluyen los utilizados para el suministro de energía durante 2022.

Otro de los factores que incidieron negativamente fue el aumento, en promedio del 93%, en los precios de los fertilizantes, ya que Argentina importa cerca del 70% de los productos que el campo necesita.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) prorrogó hasta el 31 de diciembre el plazo para acceder a un plan de facilidades de pago que permite regularizar los saldos pendientes de los impuestos a las Ganancias y de Bienes Personales.

El beneficio fue extendido a través de la resolución general 5295/2022 publicada este jueves en el Boletín Oficial.

Quienes se adhieran al mismo recibirán mejores condiciones respecto de la cantidad de cuotas y el porcentaje del pago a cuenta requerido, además de que no se considerará –al fijar el plan de cuotas- la categoría del Sistema de Perfil de Riesgo (Siper) del deudor, siempre que se trate de las categorías A, B, C o D, excluyendo a los categorizados como “riesgo muy alto” (categoría E).

El Siper es un sistema informático de calificación que mensualmente categoriza a los ciudadanos en función a su comportamiento fiscal y el pago de sus obligaciones, al igual que otros criterios como infracciones, procesos judiciales, sanciones aduaneras y la presentación o no de las declaraciones juradas.

La AFIP argumentó, al establecer la prórroga, que es “objetivo permanente” del ente tributario “promover y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes”.

El plan de pagos permite acceder a tres cuotas con un pago a cuenta del 25% y una tasa de interés mensual equivalente a la Tasa Nominal Anual (TNA) de los plazos fijos en pesos en el Banco Nación a 180 días, más un 1% anual en caso de ser personas humanas o un 3% si se trata de personas jurídicas.

El esquema beneficia especialmente a los contribuyentes de categorías B, C y D, quienes, de no estar presente el plan de pagos, debían afrontar pagos a cuenta de un mayor porcentaje (entre 35% y 50%) y con un máximo de dos cuotas –categoría B- o una sola –C y D.

En el caso de que las cuotas del plan de facilidad de pago sean iguales o superiores a $100 millones, los mismos deberán cancelarse mediante un volante electrónico de pagos (VEP), aclaró la AFIP.

Un informe revela que 253.184 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo no deberían recibir el cobro mensual de $27.275 -a valor noviembre- por las cuatro horas de labor que se supone realizan. Las incompatibilidades detectadas son: la compra de dólares con fines de ahorro en los últimos 6 meses y la presentación de declaraciones juradas de Bienes Personales.

El decreto número 728, firmado el jueves pasado por el presidente Alberto Fernández, prohíbe el ingreso de nuevos titulares a ese plan social y que los que son dados de baja sean reemplazados. Esos fondos, realza la normativa, será destinados a la adquisición de máquinas y herramientas para nuevos emprendimientos sociales.

El informe fue pedido el 30 de junio pasado por el entonces ministro del área Juan Zabaleta. Según fuentes del ministerio de Desarrollo Social, el entrecruzamiento de información aún no llegó al despacho de Victoria Tolosa Paz, pero que si esto sucede, y la funcionaria convalida la información, la decisión es dar de bajas a los que estén por fuera de las normas, ya sea por la compra de dólares, por la adquisición de un auto o por que perciben más de un plan social por valores superiores al salaria mínimo vital y móvil.

El pedido de informes al Ministerio de Desarrollo Social se respondió el día 24 de octubre, pero la nueva gestión está aún esperando dar con los datos.

El cruce de información se realizó sobre la identificación estadística de 1.383.279 de titulares del Potenciar Trabajo. La tarea, que demandó más de cuatro meses, detectó que 253.184 de ellos -el 18,30% del padrón de beneficiarios- realizaron una “manifestación patrimonial en las declaraciones juradas de Bienes Personales” y que 35.398, el 2,56%, “habían realizado alguna compra de divisas con fines de ahorro en los últimos 6 meses”.

“Si corroboramos incompatibilidades, vamos a depurar el padrón. La voluntad de este ministerio es acompañar el crecimiento del empleo registrado en la Argentina, que permitirá una mayor inversión por parte del Estado en bienes de capital para la Población Económicamente Activa de los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo”, aseguraron desde la cartera a cargo de Victoria Tolosa Paz y abundaron: “Necesitamos darle especialmente a la juventud las herramientas y las máquinas para que ese saber y esa experiencia se vuelquen en el sistema productivo”.

El artículo sexto del decreto presidencial número 728 es muy claro en la determinación de ir achicando los planes sociales y reemplazarlos por trabajo genuino.

El texto especifica que, a partir del viernes pasado -fecha de su publicación en el Boletín Oficial-, “no podrá ampliarse el número de titulares de los siguientes programas: Programa Nacional de Inclusión Socio productiva y Desarrollo Local ‘Potenciar Trabajo’, ‘Potenciar Inclusión Joven’, ‘Nexo’ Y ‘Plus Esencial’”.

El Estado nacional transferirá en 2023 más de 11 billones de pesos a las provincias y la ciudad de Buenos Aires en concepto de transferencias automáticas, un 81,34% más que lo estimado para este año, con una marcada preponderancia de los recursos correspondientes al Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

De acuerdo con el mensaje que acompañó la presentación del proyecto de ley de Presupuesto 2023, los recursos tributarios de origen nacional aumentarán 3,32 puntos porcentuales más que los provinciales.

El martes, Diputados trataría el presupuesto

Esa brecha representaría para las provincias ingresos adicionales por $211.878 millones en relación con el resultado que se obtendría con una evolución similar a los recursos propios, monto superior a superávit financiero consolidado proyectado.

El total de recursos de distribución automática (cuya asignación está sujeta a una serie de leyes, a diferencia de las discrecionales o no automáticas) ascenderá el año que viene a 11 billones 567.702 millones de pesos, de los que el 89,78% corresponderán a la Coparticipación, el 4,04% a las Compensaciones por el Consenso Fiscal, el 3,18% a la parte correspondiente al Impuesto a los Bienes Personales destinada a la Seguridad Social, el 0,97% al Fonavi y el 2,03% restante a una decena de fondos específicos.

Si bien los recursos transferidos por fuera de la Coparticipación no representan una proporción significativa (10,22% del total) su monto alcanza a un billón 182.178 millones de pesos.

Como los coeficientes de distribución no son los mismos en todos los casos, se presentan algunos hechos curiosos, como que San Juan reciba más coparticipación que Misiones, pero en el total del reparto la relación se invierta, o que Chubut vaya a contar con más transferencias nacionales que Santa Cruz, a pesar de que en la distribución secundaria del régimen de Coparticipación las dos provincias tengan asignado el mismo monto.

La provincia de Buenos Aires encabeza la nómina con 2 billones 647.291 millones, seguida por Santa Fe ($ 992.675 millones), Córdoba ($ 965.835 millones), Chaco ($ 549.768 millones) y Entre Ríos ($ 532.248 millones).

Cuáles son los cambios en el Presupuesto 2023 de Nación previo al debate en Diputados

Con menores recursos se ubican Tucumán ($ 520.767 millones), Mendoza ($ 454.304 millones), Santiago del Estero ($ 452.244 millones), Salta ($ 429.195 millones), Corrientes ($ 415.445 millones), Formosa ($ 396.645 millones), Misiones ($ 371.166 millones), San Juan ($ 364.082 millones), Jujuy ($ 310.001 millones) y Catamarca ($ 293.670 millones).

La lista se cierra con Río Negro ($ 274.437 millones), CABA ($ 248.430 millones), San Luis ($ 244.080 millones), La Rioja ($ 223.204 millones), La Pampa ($ 205.781 millones), Neuquén ($ 193.868 millones), Chubut ($ 176.006 millones), Santa Cruz ($172.846 millones) y Tierra del Fuego ($ 133.717 millones).

El Ministerio de Economía prevé que en 2023 se produzca “una prolongación del sendero de recuperación económica que están experimentando las jurisdicciones” provinciales, así como “su correlato en la mejora de los ingresos tributarios y no tributarios tal como se evidencia desde 2021”, de acuerdo con lo señalado en el Mensaje que acompañó la presentación del proyecto de ley de Presupuesto para el año próximo.

Las provincias mantendrán los superávits primario y financiero, aunque en el Mensaje se prevé una reducción de sus niveles: el resultado primario positivo será equivalente al 0,43% del PBI, cuando en 2021 fue del 0,57 y para este año se prevé un cierre con el 0,55%.

Lo mismo ocurrirá con el superávit financiero: de 0,19% en 2021, bajará a 0,14% en 2022 y a 0,13% en 2023.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) comunicó este jueves que los vencimientos del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales se encuentran vigentes. 

La presentación de la declaración jurada de ambas obligaciones está prevista entre los días 23 y 27 de junio. Las bases de datos del organismo muestran que, incluso antes de que comiencen dichos vencimientos, más del 30% de las personas alcanzadas ya cumplieron con los trámites a través de la página web. 

AFIP detalló que la medida interina dictada por un juzgado de 1° instancia sólo alcanza a los profesionales matriculados en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. 

De esta manera, la decisión judicial sólo contempla sus propias declaraciones juradas y los casos en los que dichos profesionales intervengan como representantes de clientes que les hayan delegado formalmente el acceso a los servicios de la AFIP. El organismo verificará el correcto uso de las claves fiscales. 

La medida interina no alcanza a cualquier contribuyente. Por caso, quienes realizan sus propias declaraciones deben realizar la presentación de acuerdo a los plazos dispuestos por la normativa vigente. 

Tampoco están afectados por el fallo los matriculados porteños que decidan autoexcluirse de la acción colectiva ni los profesionales en ciencias económicas del resto del país. 

Previamente, AFIP había extendido el plazo para efectuar las presentaciones de las declaraciones juradas y, de corresponder, realizar el ingreso de los saldos de los impuestos a las Ganancias, Bienes Personales y Cedular para personas humanas y sucesiones indivisas correspondientes al período fiscal 2021. 

En base a la Resolución General Nº 5192/2022, publicada en el Boletín Oficial el 27 de mayo, se definió que los plazos para las presentaciones y pagos correspondientes de los impuestos a las Ganancias, Bienes Personales y Cedular del período fiscal 2021 son los siguientes: 

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tras la pelea por el Presupuesto 2022, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio vuelven a enfrentarse en la Cámara de Diputados, ahora por el impuesto a los Bienes Personales.

En la previa a una sesión especial pedida por la oposición, se reunió la comisión de Presupuesto y Hacienda, que comanda Carlos Heller, para avanzar con los dictámenes de las propuestas.

Por un lado, el frente opositor quiere aprobar la ley que ya tiene media sanción del Senado y que lleva de 2 a 6 millones de pesos el mínimo no imponible del Impuesto a los Bienes Personales.

El oficialismo, en tanto, presentó un dictamen propio en el que se eleva el mínimo de 2 a 6 millones, pero también se sube la alícuota de 1,25 a 1,5 para quienes poseen bienes por más de 100 millones de pesos.

Con esa propuesta, el Frente de Todos busca que la pérdida en la recaudación sea menor.

La nueva pelea por el impuesto a las Bienes Personales se da cuatro días después de la discusión por el Presupuesto 2022, que terminó con una dura derrota para el Gobierno Nacional.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

La Cámara de Senadores convirtió hoy en ley un proyecto que crea el Programa de Fortalecimiento y Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes, el que permitirá que los monotributistas no deban afrontar ninguna deuda acumulada por la diferencia resultante entre lo que pagaron entre enero y junio y los nuevos valores establecidos por la ley 27.618. En el mismo debate, el Senado sancionó de manera definitiva un expediente que reforma los Impuestos a las Ganancias y Bienes Personales con el fin de fomentar el ahorro en pesos destinado a ampliar las exenciones en los mencionados Impuestos para los activos de inversiones financieras en moneda nacional. Ambos proyectos fueron aprobados por unanimidad y convertidos en ley.

?Con 60 votos afirmativos, quedan aprobados, por unanimidad, en general, el proyecto de medidas relativas al impuesto a las ganancias e impuesto sobre los bienes personales y el proyecto que crea el Programa de Fortalecimiento y Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes

— Senado Argentina (@SenadoArgentina) July 16, 2021

La reforma de la ley del Monotributo elimina el retroactivo, con lo cual los monotributistas no deberán afrontar ninguna deuda acumulada por la diferencia resultante entre lo que pagaron entre enero y junio y los nuevos valores establecidos por la ley 27.618. Con este proyecto se busca dar mayor alivio fiscal y previsibilidad a la actividad económica de los monotributistas, que suman un total de 4.080.151 contribuyentes; de los cuales 1.592.466 (39%) se encuentran en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y 2.487.685 (61%) en el resto del país. Los contribuyentes debían pagar el monotributo con nuevos valores, pero la AFIP prorrogó el vencimiento del monotributo del 25 de junio al 5 de agosto próximo. A lo largo del proyecto del monotributo se fijan los incrementos que tendrán escalas en las cuales las más bajas podrán duplicar los montos de facturación. Otro punto central es que aquellos que se excedieron de la facturación prevista en su categoría podrán permanecer en el régimen siempre que no superen la facturación de $ 5,55 millones anuales y un patrimonio de hasta $ 6,5 millones. Asimismo, se contempla un plan de pagos para regularizar la deuda de los monotributistas, con un máximo de 60 cuotas, un interés de financiación no superior a 1,5% mensual, para deudas que se venían pagando en planes vigentes y caducos, y para contribuyentes que no ingresen al Alivio Fiscal Monotributo, entre otras cuestiones. El proyecto sobre Bienes Personales, en tanto, modifica los Impuestos a las Ganancias y Bienes Personales para fomentar el ahorro en pesos destinado a ampliar las exenciones en los mencionados Impuestos para los activos de inversiones financieras en moneda nacional. Esta iniciativa, cuando fue sancionada por Diputados, eliminó uno de los puntos polémicos, el artículo tercero, que permitía gravar por el tributo por bienes personales los plazos fijos que no se depositen por un plazo menor a 275 días.

Con información de Télam

En la sesión de esta semana, el Senado de la Nación buscará aprobar proyectos sobre Monotributo y Bienes Personales, que también ya cuenta con el aval de la Cámara baja.

La reforma de la Ley del Monotributo elimina el retroactivo con lo cual los monotributistas no deberán afrontar ninguna deuda acumulada por la diferencia resultante entre lo que pagaron entre enero y junio y los nuevos valores establecidos por la ley 27.618.

En tanto, el proyecto que modifica los Impuestos a las Ganancias y Bienes Personales busca fomentar el ahorro en pesos al ampliar las exenciones en los mencionados gravámenes para los activos de inversiones financieras en moneda nacional.

Ninguna de las iniciativas recibió modificaciones durante el debate en comisiones de la semana pasada, por lo que se descuenta que serían convertidas en ley por la Cámara alta.

Los integrantes de la comisión de Presupuesto que preside el cordobés Carlos Caserio escucharon la semana pasada los argumentos del subdirector General de Fiscalización de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Julián Ruiz, en favor de ambos proyectos al sostener que beneficiaban a los contribuyentes argentinos.

En el caso del régimen de monotributo, Ruiz dijo que “viene a complementar lo que se votó en abril sobre el sostenimiento y la inclusión fiscal de los monotributistas”.

Ruiz agregó que este proyecto “beneficiará a 4,1 millones de aportantes y anunció que “se vuelve a los valores vigentes a diciembre de 2020”.

“La idea es que los que pasaron al régimen general puedan regresar al del monotributo. También se establece una moratoria con condonación de multas e intereses. Se trata de un plan de sesenta cuotas y cuya alícuota máxima de interés será del 1,5% mensual”, sostuvo el funcionario.

Respecto del proyecto sobre Bienes Personales, Ruiz subrayó que “la totalidad de los intereses generados en pesos por plazos fijos y demás instrumentos, como los plazos fijos UVA, no paguen Impuesto a las Ganancias”.

“Queremos beneficiar las inversiones en pesos, en detrimento de otro tipo de inversiones”, afirmó.

Además, destacó que, así como se exime del tributo de Bienes Personales a las cajas de ahorro, “se busca extender ese beneficio a las obligaciones negociables en pesos”.

“A partir de este proyecto, queremos eximir a esos instrumentos cuando tengan como objetivo una inversión productiva”, concluyó Ruiz.

Además, el Senado podría convertir en ley esta semana el nuevo marco de producción de biocombustibles que propone un corte del 5% para el gasoil y el biodiésel, y del 12% entre naftas y bioetanol, al que se suman otras iniciativas de tinte económico que prevén un alivio para monotributistas y cambios en el Impuesto a los Bienes Personales.

Las tres iniciativas recibieron dictamen favorable el miércoles pasado en distintos plenarios de comisiones de la Cámara alta, tras las exposiciones de funcionarios del Poder Ejecutivo.

El día preciso de sesión se definirá a principios de semana, señalaron fuentes legislativas.

La propuesta sobre biocombustibles, que ya fue votada por la Cámara de Diputados, establece un corte del 5% para el gasoil y el biodiesel, y del 12% entre naftas y bioetanol, marco que reemplazará al régimen que vence este lunes para este sector productivo.

El proyecto, además, establece que en el caso del combustible elaborado a base de caña de azúcar, los volúmenes deberán ser del 6% de la mezcla mínima obligatoria, y el mismo porcentaje para el bioetanol a base de maíz.

La iniciativa busca reemplazar el régimen que rige en el país desde hace quince años, que venció en mayo pasado y fue extendido temporalmente por el Poder Ejecutivo.

Uno de los datos destacados relacionados con el tema fue que en noviembre pasado el Senado sancionó un proyecto que prorroga por cuatro años la norma anterior.

La iniciativa luego fue girada a Diputados, donde no avanzó y en su lugar se presentó el nuevo régimen que obtuvo sanción la semana pasada.

En representación de la oposición, el senador Alfredo De Angeli (Juntos por el Cambio-Entre Ríos) lamentó que no haya habido un debate más amplio sobre esta propuesta, mientras que su par de bloque, la legisladora por Córdoba Laura Rodríguez Machado, calificó al proyecto como “antifederal, antiambiental y antiempleo”.