Perú logró la repatriación de 342 bienes culturales desde seis países, como parte del esfuerzo del Estado para la recuperación y protección de su patrimonio nacional, informó este miércoles el Gobierno.

En el acto oficial, que contó con la participación del ministro de Cultura, Alberto Beingolea, se formalizó la entrega del lote repatriado desde Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Estados Unidos y Reino Unido.

Durante la ceremonia, desarrollada en el Palacio de Torre Tagle de Lima, el canciller peruano, Carlos Espá, destacó que la restitución de estas piezas históricas fue posible gracias a la articulación institucional entre diversos organismos nacionales e internacionales involucrados.

"Este importante logro ha sido posible gracias al trabajo conjunto de la cancillería, nuestras misiones en el exterior, el Ministerio de Cultura, las autoridades e instituciones de los países involucrados, así como con la decisión de ciudadanos que mediante devoluciones voluntarias han contribuido a que estos bienes retornen como es debido a nuestro país", afirmó.

Entre los bienes recuperados destacan documentos, obras histórico-artísticas, piezas arqueológicas, cerámicos y textiles prehispánicos, resaltando la pintura monumental titulada "El tránsito de San José" y el manuscrito "El Arte Antiguo Peruano" del Museo Nacional.

Respecto al manuscrito, las autoridades subrayaron su excepcional valor para el patrimonio documental del país andino, debido a la calidad de sus acuarelas y a su histórica influencia en el estudio y difusión del arte prehispánico peruano.

Tras remarcar que esta entrega constituye la "más numerosa" realizada en lo que va del presente año, Espá enfatizó que el valor principal de las piezas repatriadas radica en su significado histórico para la memoria nacional.

Asimismo, la autoridad enfatizó que estas acciones adquieren particular relevancia para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales, actividad delictiva que representa una seria amenaza para el patrimonio y que está vinculada a organizaciones criminales transnacionales.

El gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), llevará a cabo una nueva subasta de bienes incautados al delito, que se realizará el 16 de octubre en la ciudad de Santa Fe. La inscripción para participar, que es obligatoria, cierra el 8 de octubre y hasta la tarde del viernes había 4.239 personas inscriptas de todas las provincias de Argentina. En la subasta anterior participaron 5.411 personas de todo el país.

Se trata del sexto remate durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, con un total de 224 lotes. Entre las cinco subastas anteriores se recaudaron más de $5.000 millones.

La sexta subasta de bienes recuperados del delito tendrá un total de 224 lotes compuestos por 91 motos, 80 vehículos, 2 lanchas, 40 bicicletas, 1 inmueble en la ciudad de Rosario y 10 máquinas Arcade retro para restaurar.

Para quienes estén interesados, la inscripción es obligatoria -las personas deben ser mayores de edad- y se encuentra abierta hasta el próximo 8 de octubre a través de www.santafe.gov.ar/subasta, sitio donde además podrán observar todos los detalles.

Los lotes serán exhibidos en Estación Belgrano el jueves 15 de octubre en el horario de 9 a 16; también el viernes 16 de 8.30 a 13; mientras que a partir de las 16 de ese mismo día comenzará la subasta, donde el máximo de lotes a adquirir por persona es un total de 5.

El secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, explicó que la inscripción es obligatoria “porque cruzamos los datos de las personas que se inscriben para que no tengan vinculación con los delincuentes a los que quitamos los bienes, y para que cada ciudadano que participe lo haga con la tranquilidad que lo vienen haciendo y que no tenga miedo ni ningún tipo de riesgo”.

Asimismo, recordó que a los vehículos “se les cambia la chapa patente y no tienen ningún vínculo con los dueños anteriores. En el Registro de la Propiedad del Automotor se hace un bloqueo de dominio, y el vehículo sale como un 0 kilómetro”.

A mediados de la próxima semana, abrirá la inscripción obligatoria para quienes estén interesados en participar de una nueva subasta pública de bienes decomisados al delito. Será la sexta organizada por la provincia en lo que va de la actual gestión.

Según pudo saber El Litoral, los bienes muebles e inmuebles a rematar estarán agrupados en "más de 200 lotes". Como se había anticipado, el evento se realizará a mediados de octubre en las instalaciones de la Estación Belgrano de esta ciudad.

La actividad estará organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad). Según adelantó oportunamente el secretario de Gestión de Registros de la Provincia, Matías Figueroa Escauriza, los lotes incluyen desde electrodomésticos, hasta vehículos de alta gama, camionetas, motocicletas, lanchas y un inmueble situado en el Gran Rosario.

También, un número significativo de bicicletas que tendrán un precio base bajo para favorecer la compra de personas de menores recursos. Por estas horas, se terminan de definir detalles relacionados con la valuación de cada lote.

Días atrás, en el Colegio de Martilleros de esta ciudad, se realizó el sorteo para definir a los 20 martilleros titulares -10 de Santa Fe y 10 de Rosario- que participarán del remate, además de 10 suplentes.

En ocasión del sorteo, Figueroa Escauriza habló de los buenos resultados que se han obtenido con las subastas realizadas hasta el momento, y que han permitido "perfeccionar" el mecanismo. Sostuvo que dicha política ayuda a "debilitar el bolsillo y la economía" de las organizaciones criminales.

"No sólo es importante controlar a las organizaciones criminales, detener a quienes las integran y ordenar las cárceles; también hay que quitarles el dinero para impedir que sus estructuras sigan operando en el territorio", planteó. Destacó, asimismo, "el procedimiento transparente" que se utiliza, y las "garantías" que están dadas a partir de la participación del Colegio de Martilleros.

Durante las próximas semanas, en tanto, se realizará desde la APRAD un entrecruzamiento de datos para asegurar que quienes se inscriban a partir de la semana que viene, no tengan vínculos con las organizaciones criminales a las que se les quitaron los bienes.

Respecto de subastas anteriores, lograron ser vendidos todos los bienes ofrecidos, con precios base de entre el 30 % y el 40 % de su valor de mercado.

La Aprad es el organismo encargado de administrar los bienes secuestrados en causas judiciales vinculadas con delitos o contravenciones, con el objetivo de asignarles un destino de utilidad social. En sus remates suelen ofrecerse automóviles, motocicletas, inmuebles, equipos informáticos, teléfonos celulares, joyas y otros bienes.

El Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), destruyó este miércoles 200 caños de escape de motos adulterados en el predio de la agencia, ubicado en Alvear, departamento Rosario.

La destrucción de los elementos se produjo en el marco de las políticas que la actual gestión provincial desarrolla de manera continua con el fin de atacar el delito en su economía, para así debilitar uno de los eslabones más importantes de la cadena criminal.

Así, el Gobierno de la Provincia decomisa los bienes vinculados a actividades ilícitas y luego los devuelve a la comunidad a través de subastas públicas, la reutilización con fines sociales o el uso del Estado. De esta manera, se produce un ciclo virtuoso que permite que los bienes del delito vuelvan a la ciudadanía y a instituciones de bien público.

El secretario de Gestión de Registros, del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, Matías Figueroa Escauriza, destacó la importancia de las acciones que viene realizando la provincia en este sentido. “Luego de un trabajo coordinado y de relevamiento de los vehículos secuestrados y que iban a ser eliminados del circuito, hemos separado 200 caños de escape, los cuales fueron adulterados y generaban disturbios a los vecinos de distintos barrios de la provincia”, explicó.

Los elementos adulterados se destruyen para que no retornen al mercado ilegal. “Como lo venimos haciendo desde el día uno de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, a cada elemento secuestrado al delito le buscamos otro destino: algunos son subastados, otros donados y, en otros casos, destruidos”, afirmó el funcionario.

La reutilización de bienes secuestrados a la delincuencia tiene como finalidad mostrar que el Estado puede ser efectivo para debilitar a estas organizaciones, y de esta manera darles a los bienes un destino adecuado.

La Justicia dictaminó este martes por la noche la inhibición de los bienes del ex presidente Alberto Fernández en la denominada causa de los seguros, que involucra a una empresa estatal del rubro.

Así lo decidió el juez Julián Ercolini, quien además determinó que se levante el secreto fiscal del ex mandatario. En tanto, una medida similar se aplicó para otros ex funcionarios y varios empresarios vinculados al escándalo como integrantes de una presunta red de corrupción.

El magistrado está investigando las supuesta irregularidades surgida en torno al Decreto 823/2021, mediante el cual el ex mandatario impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa "Nación Seguros SA, por los cuales se pagaron alrededor de 3.400 millones de pesos en concepto de comisiones.

Además, el juez ordenó la inhibición general del ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, del broker Héctor Martínez Sosa, de su esposa María Cantero, la secretaria del expresidente, del broker Pablo Torres García, y de las empresas Bachellier, San Ignacio, Castello Mercuri y San Germán, entre otras.

La inhibición también alcanzó a dos ex funcionarios de Nación Seguros, que había sido despedidos recientemente: Mauro Tanos, un ex integrante de La Cámpora promovido por el actual Gobierno a gerente general, y Marcos Eufemio, quien se desempeñaba como gerente de compras. También quedaron involucradas las dos cooperativas allanadas la semana pasada: ‘7 de mayo’ e ‘Irigoin’.

En consecuencia, ninguno de los implicados en la inhibición podrán vender o disponer de sus bienes. Además, Ercolini le solicitó a la Oficina Anticorrupción que aporte las declaraciones juradas anuales (públicas y privadas) de Alberto Fernández, Pagliano, y María Cantero desde 2009 a la fecha. Lo mismo requirió sobre Tanos y Eufemio.

El pedido lo había solicitado Carlos Rívolo, titular de la Fiscalía Federal número 6, y este martes el Juzgado Criminal y Correccional federal 11 avaló las actuaciones y autorizó la "inhibición general de bienes respecto de las personas físicas y jurídicas" detrás del escándalo de los "brokers".

La denuncia surgió a partir de una auditoría realizada por el gobierno de Javier Milei, que detectó irregularidades en el organismo público vinculadas a las intermediaciones en los seguros del ANSES y otros organismos durante la gestión de Alberto Fernández, finalizada en diciembre último.

La Cámara Federal de La Plata deberá decidir si impone una medida de inhibición general de bienes a Martín Insaurralde, Sofía Clerici y Jesica Cirio en el marco de la investigación por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Esta solicitud proviene del fiscal Sergio Mola, quien previamente había tenido un rechazo por parte del juez de primera instancia, Ernesto Kreplak. Ahora, la decisión recae en la Cámara Federal de La Plata.

La medida propuesta impide la transferencia y venta de los bienes de los tres involucrados, manteniéndolos inmovilizados hasta la resolución final del caso.

Paralelamente, el juez Kreplak ha ordenado una pericia del teléfono confiscado a Sofía Clerici durante un allanamiento. Esta investigación busca determinar los contactos que mantuvo en las semanas previas a su viaje a Marbella en septiembre, en compañía de Insaurralde.

Asimismo, se ha solicitado una revisión de los registros de ingresos y egresos del barrio cerrado de Nordelta, donde se encontraron cerca de 600 mil dólares en posesión de Clerici.

La investigación también aborda una flota de vehículos propiedad de ambas mujeres.

En el caso de Jesica Cirio, se destaca la adquisición de una camioneta 4x4 Mercedes GLC en septiembre pasado, valuada en 80 mil dólares, así como dos Jeep Compass y una Ford Territory, comprada de segunda mano este año.

Por su parte, la investigación sobre los bienes de Sofía Clerici se enfoca en "la bestia", un Ford Mustang GT 5.0L V8 que ella exhibe en sus redes sociales, además de una camioneta Jeep Compass del año 2020 y un Peugeot 308.

El diputado provincial de Juntos por el Cambio, Maximiliano Pullaro, se refirió a la falta de subastas por parte de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD). “Evidentemente les falta coraje para enfrentar a las mafias” dijo Pullaro y agregó: “se abandonó la idea de un Estado fuerte, que enfrenta, investiga, detiene, incauta y subasta los bienes de los narcos. Desde el 2020 no paramos de retroceder y las organizaciones están más fuertes cuando el gobierno se muestra débil y temeroso.” 

Consultado sobre los motivos por los cuales las subastas han sido interrumpidas, el legislador de Juntos por el Cambio dijo tener “la sensación de que estamos ante un gobierno escondido, sea por miedo o por complicidad el resultado es el mismo, la fortaleza de las mafias es la contracara de la debilidad del gobierno de Omar Perotti”, aseguró. 

“Durante la gestión de Lifschitz no sólo pusimos en marcha la Agencia, sino que llevamos adelante tres subastas, la última fue cuando se acercaba el fin de la gestión en octubre de 2019” remarcó Pullaro, y agregó: “seguimos adelante porque nos llenaba de orgullo haber logrado que Santa Fe se convirtiera en la primera y única provincia con capacidad de quitarle los bienes obtenidos de forma ilícita a las mafias para luego subastarlos y resarcir a las víctimas e invertir en obras de bien público.” 

Ocho inmuebles decomisados en operativos contra el narcotráfico serán subastados este lunes. Según confirmó a El Litoral el secretario de Justicia de la provincia, Gabriel Somaglia, se inscribieron 98 interesados en participar del proceso. Todos los bienes pertenecían a Esteban Alvarado, el narco rosarino que está siendo juzgado en estos momentos en la ciudad del sur. Fueron valuados en más de 213 millones de pesos y están distribuidos en las ciudades de Rosario, Roldán, Funes y Coronel Bogado. Se rematarán terrenos, casas, departamentos, cocheras, un campo de diez hectáreas, y un lote de bienes muebles y enseres de uso hogareño. 

La subasta estará a cargo de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad). El dinero recaudado será destinado a políticas sociales y al Ministerio Público de la Acusación. 

Entre los bienes incluidos en la subasta hay tres terrenos. Uno de ellos se encuentra en la ciudad de Roldán de 11 por 37 metros, mientras que otro, de dimensiones más importantes, está ubicado en la localidad de Coronel Bogado; posee diez hectáreas. Este último está valuado con un precio base de $ 14.823.000. Esa propiedad, según el expediente judicial, había sido escriturado a un valor extremadamente bajo y a nombre de un profesional que en ese momento, figuraba en la Afip como contribuyente de riesgo; ello significa que no carecería de capacidad económica para dicha operación. 

Respecto del resto de las propiedades, se destaca una mansión valuada en un precio inicial de $ 60.328.800, ubicada en un barrio privado de la ciudad de Funes. La misma cuenta con una superficie propia de 571 metros cuadrados. En esa misma localidad se subastaría otra propiedad, en este caso, un terreno de 10 x 49 metros, con superficie de 500 metros cuadrados. El precio base fue estipulado allí en 25 millones de pesos. 

Alvarado, sindicado como jefe de una organización narcocriminal y considerado como el principal contrincante de la banda de Los Monos, es juzgado en Rosario por dos casos de homicidios, atentados contra edificios judiciales, atentado contra una empleada del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y cinco causas de lavado de activos. La investigación está a cargo de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra. 

El ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, prestó declaración el viernes en el juicio contra Esteban Alvarado. Durante su extensa exposición, el actual asesor de Aníbal Fernández volvió a involucrar al senador Armando Traferri en la trama de juego clandestino, y le reprochó a la actual vicegobernadora Alejandra Rodenas, que archivara una causa sobre narcotráfico, mientras se desempeñaba como jueza penal. 

Tras la declaración, los fiscales Edery y Schiappa Pietra valoraron el testimonio. “Lo importante es que (Sain) contó cómo fue la matriz de la investigación que se realizó con el Organismo de Investigaciones (OI) y de qué manera se fue desarrollando la misma”, dijo Edery. 

“Fue importante lo que contó Sain sobre la faceta policial y cómo desde la fuerza algunos amparaban a Alvarado. Cuál fue y hasta dónde llegaban las relaciones políticas que, como él manifiesta, existen y se ven en toda la investigación. Le da un contexto político, porque Alvarado, Los Monos y distintas organizaciones criminales que despliegan violencia hoy en día no se pueden explicar sin un contexto político. Entender qué pasó en la ciudad y qué pasa ahora es un poco decodificar qué pasó con la política porque formó parte de esto. La toma de decisiones políticas tuvieron que ver con el estado al que se llegó. Él lo contó desde su perspectiva de los roles que fue teniendo como asesor del gobierno del ingeniero Miguel Lifschitz, como director del Organismo de Investigaciones en el gobierno anterior y como ministro de Seguridad de Omar Perotti dando una visión que ya habían sido dadas en las audiencias. Cuenta cómo muchos de los policías que han sido condenados o investigados en la causa Alvarado fueron recalando en la Unidad Regional de San Lorenzo a partir de 2019”, comentó.