La Justicia dictaminó este martes por la noche la inhibición de los bienes del ex presidente Alberto Fernández en la denominada causa de los seguros, que involucra a una empresa estatal del rubro.

Así lo decidió el juez Julián Ercolini, quien además determinó que se levante el secreto fiscal del ex mandatario. En tanto, una medida similar se aplicó para otros ex funcionarios y varios empresarios vinculados al escándalo como integrantes de una presunta red de corrupción.

El magistrado está investigando las supuesta irregularidades surgida en torno al Decreto 823/2021, mediante el cual el ex mandatario impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa "Nación Seguros SA, por los cuales se pagaron alrededor de 3.400 millones de pesos en concepto de comisiones.

Además, el juez ordenó la inhibición general del ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, del broker Héctor Martínez Sosa, de su esposa María Cantero, la secretaria del expresidente, del broker Pablo Torres García, y de las empresas Bachellier, San Ignacio, Castello Mercuri y San Germán, entre otras.

La inhibición también alcanzó a dos ex funcionarios de Nación Seguros, que había sido despedidos recientemente: Mauro Tanos, un ex integrante de La Cámpora promovido por el actual Gobierno a gerente general, y Marcos Eufemio, quien se desempeñaba como gerente de compras. También quedaron involucradas las dos cooperativas allanadas la semana pasada: ‘7 de mayo’ e ‘Irigoin’.

En consecuencia, ninguno de los implicados en la inhibición podrán vender o disponer de sus bienes. Además, Ercolini le solicitó a la Oficina Anticorrupción que aporte las declaraciones juradas anuales (públicas y privadas) de Alberto Fernández, Pagliano, y María Cantero desde 2009 a la fecha. Lo mismo requirió sobre Tanos y Eufemio.

El pedido lo había solicitado Carlos Rívolo, titular de la Fiscalía Federal número 6, y este martes el Juzgado Criminal y Correccional federal 11 avaló las actuaciones y autorizó la "inhibición general de bienes respecto de las personas físicas y jurídicas" detrás del escándalo de los "brokers".

La denuncia surgió a partir de una auditoría realizada por el gobierno de Javier Milei, que detectó irregularidades en el organismo público vinculadas a las intermediaciones en los seguros del ANSES y otros organismos durante la gestión de Alberto Fernández, finalizada en diciembre último.

La Cámara Federal de La Plata deberá decidir si impone una medida de inhibición general de bienes a Martín Insaurralde, Sofía Clerici y Jesica Cirio en el marco de la investigación por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Esta solicitud proviene del fiscal Sergio Mola, quien previamente había tenido un rechazo por parte del juez de primera instancia, Ernesto Kreplak. Ahora, la decisión recae en la Cámara Federal de La Plata.

La medida propuesta impide la transferencia y venta de los bienes de los tres involucrados, manteniéndolos inmovilizados hasta la resolución final del caso.

Paralelamente, el juez Kreplak ha ordenado una pericia del teléfono confiscado a Sofía Clerici durante un allanamiento. Esta investigación busca determinar los contactos que mantuvo en las semanas previas a su viaje a Marbella en septiembre, en compañía de Insaurralde.

Asimismo, se ha solicitado una revisión de los registros de ingresos y egresos del barrio cerrado de Nordelta, donde se encontraron cerca de 600 mil dólares en posesión de Clerici.

La investigación también aborda una flota de vehículos propiedad de ambas mujeres.

En el caso de Jesica Cirio, se destaca la adquisición de una camioneta 4x4 Mercedes GLC en septiembre pasado, valuada en 80 mil dólares, así como dos Jeep Compass y una Ford Territory, comprada de segunda mano este año.

Por su parte, la investigación sobre los bienes de Sofía Clerici se enfoca en "la bestia", un Ford Mustang GT 5.0L V8 que ella exhibe en sus redes sociales, además de una camioneta Jeep Compass del año 2020 y un Peugeot 308.

El diputado provincial de Juntos por el Cambio, Maximiliano Pullaro, se refirió a la falta de subastas por parte de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD). “Evidentemente les falta coraje para enfrentar a las mafias” dijo Pullaro y agregó: “se abandonó la idea de un Estado fuerte, que enfrenta, investiga, detiene, incauta y subasta los bienes de los narcos. Desde el 2020 no paramos de retroceder y las organizaciones están más fuertes cuando el gobierno se muestra débil y temeroso.” 

Consultado sobre los motivos por los cuales las subastas han sido interrumpidas, el legislador de Juntos por el Cambio dijo tener “la sensación de que estamos ante un gobierno escondido, sea por miedo o por complicidad el resultado es el mismo, la fortaleza de las mafias es la contracara de la debilidad del gobierno de Omar Perotti”, aseguró. 

“Durante la gestión de Lifschitz no sólo pusimos en marcha la Agencia, sino que llevamos adelante tres subastas, la última fue cuando se acercaba el fin de la gestión en octubre de 2019” remarcó Pullaro, y agregó: “seguimos adelante porque nos llenaba de orgullo haber logrado que Santa Fe se convirtiera en la primera y única provincia con capacidad de quitarle los bienes obtenidos de forma ilícita a las mafias para luego subastarlos y resarcir a las víctimas e invertir en obras de bien público.” 

Ocho inmuebles decomisados en operativos contra el narcotráfico serán subastados este lunes. Según confirmó a El Litoral el secretario de Justicia de la provincia, Gabriel Somaglia, se inscribieron 98 interesados en participar del proceso. Todos los bienes pertenecían a Esteban Alvarado, el narco rosarino que está siendo juzgado en estos momentos en la ciudad del sur. Fueron valuados en más de 213 millones de pesos y están distribuidos en las ciudades de Rosario, Roldán, Funes y Coronel Bogado. Se rematarán terrenos, casas, departamentos, cocheras, un campo de diez hectáreas, y un lote de bienes muebles y enseres de uso hogareño. 

La subasta estará a cargo de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad). El dinero recaudado será destinado a políticas sociales y al Ministerio Público de la Acusación. 

Entre los bienes incluidos en la subasta hay tres terrenos. Uno de ellos se encuentra en la ciudad de Roldán de 11 por 37 metros, mientras que otro, de dimensiones más importantes, está ubicado en la localidad de Coronel Bogado; posee diez hectáreas. Este último está valuado con un precio base de $ 14.823.000. Esa propiedad, según el expediente judicial, había sido escriturado a un valor extremadamente bajo y a nombre de un profesional que en ese momento, figuraba en la Afip como contribuyente de riesgo; ello significa que no carecería de capacidad económica para dicha operación. 

Respecto del resto de las propiedades, se destaca una mansión valuada en un precio inicial de $ 60.328.800, ubicada en un barrio privado de la ciudad de Funes. La misma cuenta con una superficie propia de 571 metros cuadrados. En esa misma localidad se subastaría otra propiedad, en este caso, un terreno de 10 x 49 metros, con superficie de 500 metros cuadrados. El precio base fue estipulado allí en 25 millones de pesos. 

Alvarado, sindicado como jefe de una organización narcocriminal y considerado como el principal contrincante de la banda de Los Monos, es juzgado en Rosario por dos casos de homicidios, atentados contra edificios judiciales, atentado contra una empleada del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y cinco causas de lavado de activos. La investigación está a cargo de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra. 

El ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, prestó declaración el viernes en el juicio contra Esteban Alvarado. Durante su extensa exposición, el actual asesor de Aníbal Fernández volvió a involucrar al senador Armando Traferri en la trama de juego clandestino, y le reprochó a la actual vicegobernadora Alejandra Rodenas, que archivara una causa sobre narcotráfico, mientras se desempeñaba como jueza penal. 

Tras la declaración, los fiscales Edery y Schiappa Pietra valoraron el testimonio. “Lo importante es que (Sain) contó cómo fue la matriz de la investigación que se realizó con el Organismo de Investigaciones (OI) y de qué manera se fue desarrollando la misma”, dijo Edery. 

“Fue importante lo que contó Sain sobre la faceta policial y cómo desde la fuerza algunos amparaban a Alvarado. Cuál fue y hasta dónde llegaban las relaciones políticas que, como él manifiesta, existen y se ven en toda la investigación. Le da un contexto político, porque Alvarado, Los Monos y distintas organizaciones criminales que despliegan violencia hoy en día no se pueden explicar sin un contexto político. Entender qué pasó en la ciudad y qué pasa ahora es un poco decodificar qué pasó con la política porque formó parte de esto. La toma de decisiones políticas tuvieron que ver con el estado al que se llegó. Él lo contó desde su perspectiva de los roles que fue teniendo como asesor del gobierno del ingeniero Miguel Lifschitz, como director del Organismo de Investigaciones en el gobierno anterior y como ministro de Seguridad de Omar Perotti dando una visión que ya habían sido dadas en las audiencias. Cuenta cómo muchos de los policías que han sido condenados o investigados en la causa Alvarado fueron recalando en la Unidad Regional de San Lorenzo a partir de 2019”, comentó.