La Convención Reformadora está a mitad del camino entre su constitución, el 14 de julio, y la fecha final de su mandato, el 12 de septiembre. Este miércoles empiezan a correr los plazos para que las cinco comisiones temáticas elaboren sus despachos con fecha límite el 22 de agosto.

Después, a medida que la Comisión Redactora emita los dictámenes será el tiempo de llevar los diferentes temas habilitados al recinto para empezar a hacer realidad la reforma de la Constitución santafesina actual que fuera sancionada en abril de 1962.

El plenario tendrá tiempo hasta el 7 de septiembre para aprobar los textos remitidos por la Redactora que luego tendrá la tarea revisora y ordenadora para poner a consideración del pleno, como máximo, tres días antes de la finalización del plazo el 12 del mes venidero.

Las distintas comisiones sesionan en la Legislatura.

Es en el angosto período de tiempo fijado por el reglamento y la resolución de la propia Convención votada -en líneas generales por unanimidad- en que deberá cumplir el cometido central: modificar unos 42 artículos y agregar una serie de garantías y derechos en línea con la Constitución Nacional de 1994 y los tiempos actuales.

Más allá de algunas diferencias sobre el reglamento y superado el shock producido en el cuerpo por el ACV isquémico que le terminó ocasionando la muerte a la electa Alejandra Oliveras (FE), en las cinco comisiones temáticas se encaminó la discusión y la apertura de la Convención con audiencias públicas para la participación ciudadana así como de organismos y entidades de la sociedad civil.

Con temáticas más abiertas a la sociedad como en los casos de la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías que en tres audiencias escuchó unas 200 exposiciones; o de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana que también habilitó la participación en temas como Malvinas, colegios y cajas profesionales, seguridad pública, etc. Ya en lo más específico, Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial fue a Rosario y a Reconquista a debatir sobre autonomías y finaliza este miércoles en esta capital. En el medio, pasaron los foros de intendentes y las áreas metropolitanas exigiendo un mayor reconocimiento en la Carta Magna santafesina. La autonomía aparece como uno de los debates centrales a la hora de los dictámenes. Nadie discute la autonomía, lo que se discute son los límites.

También hubo sesiones fuera de la Capital, por ejemplo en la ciudad de Reconquista.

En tanto, Poder Judicial y otros Órganos Institucionales tuvo especial dedicación en escuchar a toda la Corte Suprema de Justicia pero también a los diferentes actores de la justicia (colegios, facultades, etc) así como autoridades del MPA y de la Defensa Pública. En este grupo de trabajo hay artículos que esperan acuerdos especialmente referidos al Ministerio Público de la Acusación así como el organismo encargado de la selección de candidatos a jueces, fiscales y defensores pero también del juzgamiento. No son pocos los que no quieren ver el término Consejo de la Magistratura en el texto constitucional.

Poder Legislativo y Poder Ejecutivo escuchó a actores pero se metió de lleno en el armado del futuro esquema institucional de ambos.

"Ahora es el tiempo de escribir", se escucha en los pasillos de la Legislatura que se constituyó en el centro del debate de la reforma con los recintos de ambas cámaras como escenario de las comisiones. Después, en reuniones reservadas, especialmente en el Senado o en la Casa Gris, se suceden las negociaciones políticas para afinar el texto.

"Estamos con una mirada proactiva desde el momento en que decidimos participar de la Convención" repite Rubén Pirola, presidente de la bancada de Más para Santa Fe, la segunda en cantidad de miembros después de Unidos.

A grandes trazos, las diferencias entre Unidos, Más para Santa Fe, Activemos y Fe no serían tantas y muchos artículos tendrán la firma de integrantes de esas bancadas. En algunos, estará el acompañamiento de La Libertad Avanza y/o de Somos Vida y Libertad, sectores que -entre otras cosas- no compartan que se mantenga la bicameralidad.

Desde el lunes último, en oficinas de Casa de Gobierno los referentes de Unidos trabajan sobre la base de colores: rojo, amarillo y verde, para marcar acuerdos, desacuerdos internos pero también externos. No son pocos los funcionarios que transitan varias veces al día por calle 3 de Febrero entre Casa Gris y la Legislatura. En todos los bloques políticos, los líderes buscan el centro político para poder llegar a los acuerdos políticos, acuerdos necesarios para llegar el 12 de septiembre al texto fuertemente validado por la política santafesina.

El próximo plenario de la Convención Reformadora tendrá como presidente honorario al dos veces gobernador, Carlos Silvestre Begnis, a propuesta de Ariel Sclafani. Silvestre Begnis logró promulgar y jurar la Constitución de 1962 antes de ser intervenida la provincia.

La última sesión tuvo como presidente honorario al ex convencional Roberto Sinigaglia, propuesto por el bloque Más para Santa Fe, luego detenido-desaparecido el 11 de mayo de 1976.

Los otros nombres ya definidos para las plenarias son los de Danilo Kilibarda (Activemos); Brigadier Estanislao López (Unidos); Papa Francisco (Somos Vida). También se decidió que Miguel Lifschitz será el presidente honorario en la última sesión.

La Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías de la Convención Reformadora avanzó en debatir las iniciativas vinculadas a derechos digitales, ciencia e innovación, protección del ambiente, derecho al agua, derechos de consumidores y usuarios, y medidas de acción positiva.

Entre los ejes discutidos, se destacaron la necesidad de garantizar el acceso equitativo a la tecnología y la ciencia, la preservación de los recursos naturales y la defensa de los derechos de los consumidores ante las nuevas dinámicas del mercado.

El pasado 14 de abril cumplió sesenta años la Constitución de la Provincia de Santa Fe. A su reforma la han perseguido, de manera alternada -nunca coincidente-, los oficialismos de cada tiempo, que intentan actualizarla a los nuevos derechos considerados por la Constitución Nacional de 1994, con la intención también de modificar lo que es su mayor virtud: no aceptar la reelección del Poder Ejecutivo.

Para recordar su historia hay que remontarse a los años 60, cuando el gobierno de facto que derrocó a Juan Perón se retiraba del poder. Lo hizo convocando a elecciones, con la limitación democrática de proscribir al peronismo. Esta condición política dio la oportunidad a un sector de la Unión Cívica Radical recientemente dividida, que se denominaba UCR Intransigente (UCRI) y era liderado por Arturo Frondizi-, de triunfar y asumir el gobierno nacional, aunque con limitaciones en el poder.

En Santa Fe, en las elecciones del 17 de diciembre de 1961 también triunfó la UCRI, siendo elegido gobernador y Carlos Sylvestre Begnis, quien había propuesto en su plataforma electoral la reforma de la Constitución vigente, que era todavía la sancionada en 1900, por los avatares que se dieron en torno a la de 1921 y la de 1949.

Entre los objetivos fundamentales de la convocatoria estaba el de adaptar la Constitución de la provincia a los derechos consagrados en la reforma nacional de 1957 mediante el artículo 14 bis. La Convención Reformadora se constituyó el 16 de enero de 1962 en la legislatura provincial, en la ciudad capital, presidida por Héctor Gómez Machado, convencional de la UCRI.

Los convencionales, 60 en total, habían sido elegidos mediante la aplicación del sistema de mayorías: 36 para la UCRI y los restantes 24 distribuidos entre las minorías. Los partidos políticos representados eran la citada UCRI, la UCR, el Partido Demócrata Progresista (PDP), el Partido del Trabajo y del Progreso (PTP) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC).

El bloque de constituyentes de origen peronista abandonó la convención en la segunda sesión por la falta de derechos, garantías y libertades en Argentina, como consecuencia del golpe militar que convulsionó al país durante la segunda quincena de marzo y desplazó al presidente Frondizi, dejando a cargo al vice José María Guido. El triunfo peronista en elecciones provinciales fue, entre otros motivos, la razón del cuestionamiento militar.

En la sesión de la Convención del 11 de abril de 1962 se aprobó el proyecto presentado por la mayoría, al cual se le hicieron algunas modificaciones, especialmente en el sistema legislativo y de los gobiernos locales.

El 12 de abril, en la sexta sesión ordinaria, se dio el tratamiento referido a los principios, derechos, garantías y deberes. El 13 de abril, en la séptima sesión, se analizó el régimen electoral, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, el juicio político, el régimen municipal, la educación, la modalidad de reforma de la Constitución y las disposiciones transitorias.

Algunos de los convencionales que se destacaron en los debates fueron, entre otros, Clyde Barsotti de Altieri, Guillermo Chiaraviglio, Pedro Fernández, Eduardo Galaretto, Héctor García Solá, Héctor Gómez Machado, Mario Mosset Iturraspe, Danilo H. Kilibarda, Eugenio Malaponte, Rafael Martínez Raimonda, Mario Migno, Juan Carlos Paillet, José María Reñé, Enrique J. M. Rojo, Roberto Rosúa, Miguel Salmen, Héctor Sandler, Héctor Scotta, Aldo Tessio, Arturo de la Torre, Decio Ulla, Jorge Viale, Mirto Lisandro Viale y Fernando Viñals.

En materia conceptual, en cuanto a los deberes y derechos, organización de los poderes, entre otros principios, mantuvo los de la Constitución de 1900, dándoles una presentación actualizada. Fuerte debate tuvo el proyecto de eliminar la bicameralidad, dejando sólo la Cámara de Diputados, que por la forma de representación genera el desequilibrio de dar el mayor poder al sur de la provincia.

Alcanzó plenamente la finalidad propuesta a la hora de la convocatoria, al afianzar constitucionalmente muchas de las leyes sancionadas a lo largo de los treinta años previos en Santa Fe en materia de derechos sociales.

Vale la pena destacar los siguientes artículos de la Constitución de 1962. El artículo 15º, por ejemplo, establece que “la iniciativa económica de los individuos es libre, sin embargo no pueden desarrollarse en pugna con la utilidad social o con mengua de la seguridad, libertad o dignidad humana”.

El artículo 16°, por su parte, consagra los deberes del individuo hacia la comunidad y el 19° se refiere a la tutela de la salud por parte del Estado; el 20° protege el trabajo, mientras que el 21° asegura el bienestar general de los habitantes, instituye un sistema de seguridad social integral e irrenunciable, el seguro social obligatorio, jubilaciones y pensiones móviles, defensa del bien de familia y compensación a la economía familiar.

En su artículo 23° se protege a la familia en su economía, al niño, a la maternidad, infancia, juventud y ancianidad, el 27° asegura el ahorro, el 25° el desarrollo equilibrado por medio de la promoción de la investigación e inversión privada en materia de energía, vías de comunicación, etc., y por el 28° decide estimular a la industria.

En materia de Empleos Públicos se introdujeron también normas en este nivel, tanto el acceso en igualdad de condiciones (Art.14°), lo que ya estaba estipulado en leyes previas, como la responsabilidad de la provincia ante terceros por actos ilícitos de funcionarios y empleados sin perjuicio de la posterior obligación de reembolso.

Más novedoso es el artículo 55° inciso 23, que establece que los estatutos para la administración pública deben garantizar: ingreso, estabilidad, carrera e indemnización por cesantía injustificada, dándoles así rango constitucional a éstos derechos.

El 14 de abril de 1962 quedó aprobada la primera Constitución provincial argentina modernizada, adelantándose en veinte años a las otras provincias. Con ella se consolidó constitucionalmente, en el ámbito provincial, el estado de bienestar y la acción promotora de la economía por parte del Estado.

Los convencionales, 60 en total, habían sido elegidos mediante la aplicación del sistema de mayorías: 36 para la UCRI y los restantes 24 distribuidos entre las minorías. Los partidos políticos representados eran la citada UCRI, la UCR, el Partido Demócrata Progresista (PDP), el Partido del Trabajo y del Progreso (PTP) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Por Ana María Cecchini de Dallo (Contenidos producidos para El Litoral desde la Junta Provincial de Estudios Históricos)