El próximo martes 6 de agosto la Cámara de Apelaciones definirá si Juan Alfredo “Fredy” Dabove (46) continuará en prisión preventiva ordinaria, accederá al beneficio de una domiciliaria o en su defecto, será liberado.

El músico y profesor venadense fue condenado a 11 años acusado de “abuso sexual con acceso carnal” contra su hijo menor de edad, en una sentencia que se dio a conocer el viernes 19 de julio. 

Tras la lectura del fallo, Dabove decidió prescindir de los servicios de la Defensora Pública, Silvia Cousello, para contratar al reconocido penalista Arsenio Domínguez. El abogado la semana pasada presentó la apelación a la prisión preventiva ordinaria sin plazo impuesta a Juan Alfredo, solicitando la inmediata liberación o en su defecto la prisión domiciliaria.

La audiencia se llevará adelante en los tribunales venadenses de calle Chacabuco desde las 7:15 horas, y será el juez Tomás Orso quien deba resolver al respecto.

Historia del caso

Se trata de un caso donde la denuncia fue radicada en el año 2019, y que, por cuestiones ligadas en su momento a la pandemia, el proceso judicial sufrió importantes demoras.

En un comienzo la investigación estuvo a cargo de la fiscal Andrea Cavallero, quien realizó la requisitoria de elevación a juicio solicitando una condena de 10 años de prisión por “abuso sexual con acceso carnal agravado”. En tanto, en el juicio fue Damián Casullo el representante del Ministerio Público de la Acusación. 

Por el lado de la querella, Ignacio Blanc Codina representó al niño, pidiendo 14 años de prisión, aseverando que las pruebas contra el profesor de música “son contundentes”.

Finalmente, el tribunal integrado por Silvina Marinucci, Leandro Martín y Roberto Benjamín Révori, en forma unánime sentenció a 11 años de prisión a Dabove. Y minutos más tarde, en una audiencia cautelar, resolvió la prisión preventiva ordinaria del acusado, basados principalmente en el riesgo de fuga y en el incumplimiento de ciertas normas de conducta por parte de Dabove durante el proceso.

Un preparador físico de 54 años cuyas iniciales son GOC comenzará a ser juzgado por los abusos sexuales que sufrieron nueve personas en un gimnasio en Venado Tuerto. Será en el marco de un juicio oral que, según lo programado, iniciará este martes a las 8.30 en los tribunales venadenses.La fiscal Florencia Schiappa Pietra investigó lo ocurrido y representará al MPA a lo largo del debate. En tal sentido, la funcionaria adelantó que solicitará que el acusado sea condenado a la pena de 35 años de prisión.Por su parte, el tribunal que estará a cargo del debate está conformado por los jueces Benjamín Révori, Aldo Baravalle y Lorena Garini.

“Los hechos que investigamos fueron cometidos en perjuicio de nueve víctimas, todas menores de edad, entre 2008 y 2021”, sostuvo Schiappa Pietra, y agregó que “el acusado perpetró los ilícitos en un gimnasio ubicado en Venado Tuerto al que las niñas asistían en busca de sus servicios como entrenador deportivo”.La funcionaria del MPA se explayó acerca del accionar delictivo y detalló que “GOC agredió sexualmente a las víctimas mientras les hacía supuestos masajes descontracturantes en distintas partes del cuerpo”. Al respecto, aclaró que “los hechos se reiteraron en el tiempo y hubo menores de edad que sufrieron los abusos durante al menos tres años”.“Las víctimas concurrían al gimnasio entre dos a cuatro veces por semana”, indicó la fiscal. “El acusado aprovechó esos momentos en los que quedaban a su cargo y actuó a través de engaños y manipulaciones”, precisó.Schiappa Pietra subrayó que “GOC abusó de su rol de entrenador y de la vulnerabilidad extrema de las víctimas, quienes habían confiado en él para crecer en competencias deportivas”. También puntualizó que “el acusado era reconocido localmente por la supuesta calidad de los servicios deportivos que brindaba y gozaba de cierto poder, el cual configuró el medio comisivo y le facilitó impunidad al momento de desplegar su accionar delictivo”.

Por los delitos en perjuicio de dos de las nueve víctimas, el acusado será juzgado por abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores. Todos los delitos fueron atribuidos agravados por ser el acusado encargado de la educación.Al hombre investigado también se le endilgó la autoría de cinco hechos de abuso sexual gravemente ultrajante; un hecho de abuso sexual con acceso carnal y un hecho de abuso sexual simple. Todos estos ilícitos también son agravados por ser encargado de la educación

Según lo programado por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de los tribunales de Venado Tuerto, la jornada de mañana empezará este martes a las 8.30 con los alegatos de apertura de las partes y continuará con las declaraciones testimoniales.La Fiscalía presentará más de 70 testigos a lo largo del juicio. Por su parte, tres de las víctimas, que actualmente son mayores de edad, brindarán su testimonio personalmente ante el tribunal.Los alegatos de clausura fueron programados para el jueves 14 de marzo, mientras que el lunes 18 está previsto que se realice la audiencia en la que los jueces darán a conocer la sentencia.

El expresidente comunal de la localidad de Wheelwright (departamento General López), Roberto Gianetti, de 72 años, fue condenado a dos años y seis meses de prisión condicional e inhabilitado de manera perpetua para ejercer cargos públicos. A su vez, la extesorera de esa comuna, Liliana Noemí Martínez, de 64 años, fue condenada a un año de prisión condicional e inhabilitada por un año para tener cualquier cargo en el Estado.

Ambas penas fueron impuestas por la coautoría de administración fraudulenta cometida entre 2011 y 2013. Además, en el caso de Gianetti, la sentencia fue por haber cometido fraude en perjuicio de la administración pública.

Las penas fueron dispuestas por el juez Benjamín Révori, en el marco de un juicio oral y público que se desarrolló en los tribunales de Melincué.

El fiscal Matías Merlo estuvo a cargo de la investigación y representó al MPA en el debate.

Fondos públicos

Merlo indicó que “entre el 10 de diciembre de 2011 y la misma fecha de 2013, Gianetti y Martínez obligaron abusivamente a la comuna de Wheelwright a tomar deudas por 1.088.310 pesos”. Según puntualizó, “el dinero ingresó a una cuenta denominada ‘préstamo financiero transitorio’, sin que los recibos que lo acreditaban detallaran de qué entidad financiera, persona jurídica o física provenían”.

“Luego, los condenados debitaron 1.312.567 pesos de la cuenta pública ‘devolución de préstamo financiero transitorio’ para pagar la supuesta deuda contraída”, aseguró el fiscal. “Emitieron las órdenes de pago correspondientes sin individualizar la entidad o persona destinataria, y sólo incluyeron la frase ‘sírvase abonar al Sr. devoluciones’”, detalló el fiscal.

Por otra parte, el fiscal Merlo informó que “como presidente comunal, Gianetti recibió en carácter de aporte no reintegrable 248.700 pesos provenientes del Ministerio de la Producción provincial para refaccionar un galpón del exferrocarril y convertirlo en un salón de usos múltiples”. En tal sentido, precisó que “más allá de que la cartera detalló de qué forma debía distribuirse el dinero, el condenado lo utilizó con un fin diferente”.

“Al momento de rendir cuentas de los gastos de su período al frente de la comuna, Gianetti justificó la inversión del aporte no reintegrable con documentación que no se correspondía con la obra no realizada”, se remarcó.

Por otro lado, Merlo manifestó que “mientras era presidente comunal, Gianetti también usó con un destino diferente al asignado una partida remitida por el Estado provincial en concepto de ‘Fondo Federal Solidario’ el primer semestre de 2013”. Al respecto, señaló que “al dar cuenta de los gastos realizados, el condenado presentó facturas con las que había justificado previamente el uso de otros fondos”.

Geovanni Herrera León, víctima de un homicidio de trascendencia nacional.

Este miércoles, tal como se suponía en los corrillos tribunalicios, se estableció por parte del juez Benjamín Révori la prisión preventiva para los tres acusados por el homicidio del colombiano Geovanni Herrera León, de 44 años, cometido ocho días atrás en Venado Tuerto.

Cabe recordar que los tres individuos habían sido imputados bajo la carátula de “privación ilegítima de la libertad seguida de muerte” en una audiencia que se llevó adelante en la jornada del viernes último. En tanto, el día siguiente, el fiscal Iván Raposo solicitó la prisión preventiva ordinaria, la cual ahora concedió Révori.

Nahuel D., Marcelo D. y Joaquín V., quedaron detenidos desde las primeras horas del miércoles 13, como los presuntos responsables de terminar con la vida del ciudadano colombiano que fue a cobrar la cuota de un préstamo que habían contraído ante su hermana Sandra.

Ninguno de los tres había declarado en la audiencia imputativa y, luego, sus abogados defensores solicitaron la nulidad de sus declaraciones en sede policial, donde en un principio Nahuel y Joaquín dieron detalles de cómo ultimaron a Geovanni y del lugar donde lo arrojaron para luego incinerar sus restos en intersección de Chaco y Maradona.

En su resolución de este miércoles, el juez Révori rechazó los planteos de las defensas de Marcelo D., Joaquín V. y Nahuel D., tras lo cual, la fiscal del caso, Mariana Vidal, declaró su conformidad con lo actuado por el magistrado y ratificó que los tres imputados continuarán detenidos en prisión preventiva sin plazos, “lo que nos permite recolectar todas las evidencias durante la investigación”, sostuvo. Y agregó: “El objetivo es llegar en el menor tiempo posible a una requisitoria de juicio y el posterior juicio oral, investigando si son las únicas personas involucradas en el hecho”.

Mientras tanto, por vía paralela se tramitan otras investigaciones sustanciales para la causa, tales como el ADN de la persona asesinada, pericias en la vestimenta del trío de imputados y el análisis de los registro fílmicos obtenidos.