Para el presidente Javier Milei se trata de un problema de conciencia moral. Ya no existen en la Argentina aportes estatales nacionales para cubrir los pasajes gratuitos a trasplantados, personas con discapacidades y niños bajo tratamientos oncológicos.

Una simple resolución había dispuesto en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, un régimen de compensaciones económicas, que el Estado otorgaba a las empresas de transporte automotor de larga distancia por el otorgamiento de esos pasajes gratuitos.

La decisión, publicada en el Boletín Oficial esta semana, se fundamenta en el nuevo paradigma de libertad tarifaria del sector. Y termina con los pagos estatales, pero no con el derecho de quienes necesitan viajar sin pagar por razones de salud.

La Resolución 28/2026 deja sin efecto el esquema de pagos parciales que, desde 2018, el Estado realizaba a las compañías para mitigar el costo de los boletos otorgados por leyes especiales que benefician a personas con discapacidad, trasplantados o en proceso de trasplante y niños y adolescentes con cáncer.

Javier Milei . Crédito: Xinhua/Martín Zabala

Sin embargo, la normativa es taxativa al aclarar que esta decisión no afecta el contenido esencial del derecho a la gratuidad. Las empresas están obligadas a seguir entregando los boletos sin cargo a los beneficiarios de las leyes 22.431 (discapacidad), 26.928 (trasplantados o en lista de espera) y 27.674 (niños, niñas y adolescentes con cáncer). Todas son muy anteriores a la resolución que seis años atrás otorgó compensaciones a los prestadores.

El cambio radica en que ahora las firmas deberán absorber dicho costo dentro de su estructura operativa, sin ayudas públicas. Y el argumento esgrimido por la Nación es que existe libertad tarifaria para que esos costos extra lleguen al común de los pasajeros.

Para la Nación, corresponde que superado el contexto de "fuerte intervención estatal" y tarifas reguladas los privados asuman el costo fijado por leyes anteriores.

Sin embargo, hay complicaciones varias. Y ya se verá más adelante por qué para el gobierno nacional el asunto es parte de su definición de aplicar “la moral como política pública”.

Hoy los transportistas pueden determinar libremente sus recorridos, horarios y precios. Con lo que cesa el pago estatal, pero nada se dice de lo que hasta aquí no se ha pagado: la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi) afirma que el Estado debe al sector 27.000 millones de pesos. Y que el reclamo ya ha sido judicializado hace más de un año, sin novedades.

Pese a lo dicho por el gobierno y las empresas (que no han cuestionado su obligación legal de otorgar pasajes gratuitos a ese grupo de personas) existen complicaciones. Quien recorra la terminal y escuche a los pasajeros en las ventanillas comerciales verá que hay pasajes siempre que se los pida con tres semanas de antelación o más. Y pocos pasajeros que los necesitan saben que pueden presentar una denuncia a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.

Y sucede lo mismo con los subsidios focalizados a la energía eléctrica y el gas natural, pocos cumplieron con los trámites para registrarse. Con las garrafas de 10 kilos subsidiadas con casi 10 mil pesos lo que cuesta es encontrar los comercios con el QR que habilita esas ayudas nacionales. (El Litoral procuró sin éxito obtener una lista oficial de los puntos pero solo pudo publicar una nómina extraoficial de otro origen.)

La idea de no dar ayudas en los servicios públicos a quienes a todas luces las necesitan es para la administración libertaria un asunto moral. La idea -apoyada en una corriente filosófica libertaria es que nadie debe ser forzado a ser solidario con los demás.

Así, en tanto los recursos del Estado (esa “organización mafiosa”) provienen de impuestos de pago obligatorio, las ayudas que con ellos se otorguen son -desde ese punto de vista de extremo individualismo- inmorales.

Y el razonamiento se completa con otro hecho comprobable: hay libertad para fijar tarifas, horarios y trayectos, y las leyes que regulan el otorgamiento de pasajes gratuitos a casos de emergencias sociales asociadas a la salud existen, ciertamente, desde que cada compañía voluntariamente aceptó esas condiciones.

Va en la dirección señalada el proyecto de ley sobre la propiedad privada, que ya se encuentra en el Congreso, y que el gobierno nacional espera que pueda ser tratado durante el Mundial, con la opinión pública entretenida.

El respeto a la propiedad privada es una de las bases doctrinarias de la Constitución Nacional, que fue hecha por liberales. Sin embargo, ahora un proyecto de ley viene a ampliarlo.

Congreso de la Nación. Foto: Fernando Nicola

Nada curiosamente es escaso el debate público sobre el tema. Apenas unas previsibles duras críticas a la iniciativa oficial por parte de la izquierda clasista y unas pocas menciones del resto de la oposición, en los minutos y espacios que dejan libres los casos de corrupción en el Ejecutivo Nacional que a diario son noticia.

El peronismo y otros partidos han optado por azuzar la veta nacionalista, por la derogación de una norma de sus años que regula la tenencia del suelo según nacionalidad del propietario. Los extranjeros podrán comprar tierras sin límites, se brama desde ese sector. La norma propuesta quita de esa flexibilidad a las áreas de frontera, pero igual habrá, seguramente, discursos folclóricos.

Poco se presta atención, en cambio, a otro asunto más serio y contradictorio con el desarrollo del Estado que ha correspondido, en términos históricos, a los liberales argentinos hace un siglo y medio.

El sueño libertario del Estado mínimo de La Libertad Avanza, idealmente a cargo solo de la seguridad de los ciudadanos y del país, choca con la experiencia liberal que creó por ejemplo las condiciones para el desarrollo de infraestructura básica en trenes, rutas, puentes, puertos, aeropuertos, gasoductos y redes de transporte y distribución de servicios públicos que requirió de expropiaciones.

El proyecto del presidente Milei las encarece. Será más oneroso para el Estado quitarle bienes a los particulares, aún cuando se logre su declaración por ley de “utilidad pública”.

De prosperar esa iniciativa se deberá “identificar en forma específica y concreta el fin perseguido, y la expropiación del bien deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo”.

Más aún: cambian las indemnizaciones. Actualmente, al expropiar el Estado paga por el valor del bien y los daños directos. El Gobierno propone incorporar el lucro cesante, es decir, la ganancia que el particular deja de percibir como consecuencia de la pérdida del bien. La ley de declaración de utilidad pública “fija el valor del bien antes de la intervención del Estado” y actualiza el valor por inflación más “una tasa de interés razonable comercialmente que fije la sentencia”. Además, propone que el bien no pasará a manos del Estado hasta su pago íntegro.

Lo dicho: habrá sin dudas críticas de los nacionalistas, pero los realmente enojados deberían ser los liberales.

Con aplausos de los presentes, entre los que se contaron los convencionales de dos comisiones, pero también los empleados de las Cámaras legislativas, además de los asesores de bloques y periodistas, se acordó que el dictamen de mayoría dirá que la Caja de Jubilaciones de Provincia de Santa Fe tiene el carácter de “intransferible”.

La sesión conjunta de la Comisión Redactora y la de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana agregó la palabra que pedían gremios del sector público, además convencionales de la oposición justicialista en el tratamiento de los textos (y de buena parte de las fuerzas que conforman el oficialismo).

El texto que llegará a la sesión de los 69 convencionales prueba que también la instancia de la comisión que corrige la redacción prueba que las formas de la lengua tienen un carácter también político, además de técnico.

En un debate que requirió de dos cuartos intermedios, a las 10 y a las 11.30, los convencionales de la mayoría oficialista y de Más para Santa Fe y Activemos firmaron el mismo despacho modificado que había elaborado solo el oficialismo.

En primer lugar el socialista Pablo Farías explicó que nunca en el debate interno de Unidos hubo la peregrina idea de una transferencia de la Caja al Estado Nacional y explicó que se buscó la mejor redacción técnica. Y explicó que ahora finalmente se acepta que figure el término en cuestión para que, como confirmo el radical Fabián Bastia, “dejar tranquilos” a los beneficiarios del organismo.

Luego se expresaron los convencionales Diego Giuliano y Armando Traferri, del bloque con más convencionales del peronismo. Uno con elementos doctrinarios y una exposición de fondo sobre los procesos constituyentes y el debate público; el otro, desde los años de su experiencia en política para exponer las contradicciones de quienes han cuestionado ese consenso entre radicales, socialistas, macristas, y de peronistas que votaron la ley que declaró la necesidad de la reforma parcial.

El también senador por San Lorenzo expresó que su objetivo al exponer era “desvirtuar con hechos los discursos que decían que todo ya estaba escrito e impreso y solo estábamos aquí para levantar las manos”.

Con fuertes presiones de una parte de la oposición justicialista, la Convención aprovechó el último momento de debate para modificar el dictamen sobre la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe, que había acordado internamente la mayoría con las firmas de Unidos para Cambiar Santa Fe y el Frente de la Esperanza.

Los gremios, el justicialismo en pleno y una buena parte de la propia coalición de gobierno piensan que la palabra “intransferible” u otra que aporte la misma condición debería blindar al organismo previsional en la Constitución de Santa Fe frente a la chance de que se piense en su transferencia al Estado Nacional, como ocurrió con la mayoría de la provincias en la década del ‘90.

El dictamen de mayoría agrega a la Caja -ahora intransferible- definiciones de fuerte contenido progresista y, al mismo tiempo, cuida que no haya déficit fiscal.

Las Becas Progresar están destinadas a los alumnos de todo el país para que cursen o finalicen sus estudios. Se mantiene sin cambios en abril, por lo que los beneficiarios recibirán el mismo monto que el mes pasado.

Durante el cuarto mes del año, los estudiantes que perciben las Becas Progresar cobran la suma de $20.000. Cabe recordar que la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) retiene el 20% del monto y solo se deposita $16.000, pero lo retenido es devuelto al año siguiente si se cumple con los requisitos establecidos. Para ello es preciso acreditar la concurrencia a clases mediante el certificado de alumno regular, que junto a otros requisitos según el tipo de beca, habilitan al cobro del porcentaje retenido durante el año.

Las Becas Progresar dependen de la Secretaría de Educación, que forma parte de la cartera de Capital Humano y es una herramienta de estímulo estudiantil que fomenta la continuidad y finalización de la cursada y se distribuye junto a la Anses.

Este programa tiene como objetivo acompañar a los jóvenes para finalizar la educación obligatoria, estudiar en el nivel superior o formarse profesionalmente.

Los interesados en acceder a las Becas Progresar deben contar con una serie de requisitos, tal como figura en el sitio oficial a la fecha:

Debe tener nacionalidad y residencia argentina. Debe ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país. Es fundamental contar con el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Debe ser alumno regular. Tiene que estar inscripto como alumno regular en alguna institución educativa.

Debe tener entre 14 y 16 años cumplidos. En el caso de los que tengan hijos menores de 18 años y vivan en hogares monoparentales, la edad se amplía a los 35 años. En el caso de pueblos originarios, personas trans, con discapacidad, refugiadas o afrodescendientes/afroargentinas, no hay límite de edad.

El nivel de ingresos. Los ingresos del grupo familiar de los aspirantes no deben superar tres veces el salario mínimo vital y móvil vigente en Argentina. También deberán acreditar la asistencia regular a una institución educativa y cumplir con los avances académicos que solicita cada línea. Los beneficiarios de la beca Progresar cobrarán 12 cuotas mensuales que sumarán un total de $ 240.000.

Se anunció a través de la Resolución 13/2024 publicada en el Boletín Oficial, la suspensión del pago del Salario Social Complementario a los beneficiarios del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local, conocido como "Potenciar Trabajo". Esta medida, que afectará a un grupo específico de participantes, se basa en la detección de presuntas incompatibilidades que fueron reveladas tras un exhaustivo cruce de datos mensual.

Este programa contempla dos tipos de prestaciones: la prestación económica individual, denominada Salario Social Complementario, dirigida a mejorar los ingresos de personas en situación de alta vulnerabilidad social y económica; y el otorgamiento de subsidios y/o créditos ministeriales a Unidades de Gestión para la ejecución de proyectos socio-productivos.

Las incompatibilidades fueron identificadas luego de que el Ministerio de Capital Humano ordenase un cruce de datos entre la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Sistema de Identificación Nacional Tributaria y Social (Sinstys).

Del cruce de datos se desprendió que había titulares de los mencionados planes que percibían beneficios jubilación o pensión, prestación por desempleo o eran monotributistas categoría C o superior, trabajadores autónomos. Además, se registraron incompatibilidades por residencia en el extranjero, fallecidos y por poseer un auto con menos de diez años de antigüedad.

Resolución 13/2024 by El Litoral

Por estos días, las autoridades de la Dirección de Educación municipal se encuentran analizando la última documentación presentada por los más de 1.400 inscriptos, en todos los niveles educativos, para las becas estudiantiles 2023.

El titular del área, Jonathan Abba, recordó que el período para presentación de documentación de posibles beneficiarios cerró el 13 de enero, pero aclaró que todavía hay algunas demoras en los institutos terciarios y universidades están en receso, por lo cual aún no entregaron los certificados a sus alumnos.

“Ya comenzamos la selección de los beneficiarios en los otros niveles, porque tuvimos más de 1.400 inscripciones y a principios de febrero queremos tener la certeza de quiénes serán beneficiados con este programa a lo largo de todo el ciclo lectivo 2023”, apuntó Abba.

El director de Educación precisó que el año pasado cerró con casi mil becados, “lo cual duplica el número con que habíamos empezado la gestión, que eran alrededor de 560 inscriptos y ahora tenemos casi el doble. Estamos esperando la aprobación presupuestaria para saber cuánto es el importe total, y en base a eso determinar la cantidad de becas”.

Mientras el Gobierno prepara un bono especial, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) abonará un refuerzo de $20.000 en septiembre. La medida surge en medio de la suba de precios y el aumento de la inflación, que trepó al 7% en agosto y acumula 56,4% en lo que va de 2022. Por otra parte, titulares de Becas Progresar podrán cobrar Potenciar Trabajo, tras la confirmación del Gobierno en el Boletín Oficial, de que ambos beneficios son compatibles y reciben extra de $6.000 por capacitaciones, de qué se trata.

En detalle, un grupo de monotributistas accederán a un bono, que se cobrará en septiembre, octubre y noviembre, por lo que el monto será de $60.000 en total. Sin embargo, para recibirlo hay que cumplir con un requisito clave.

Las Asignaciones Familiares (SUAF) aumentaron un 15,53% en septiembre, de acuerdo a la Ley de Movilidad Jubilatoria. Con el incremento, el valor general de la asignación se elevó a $8.471.

Además, el ministro de Economía, Sergio Massa, y la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, resolvieron dar otro aumento para este grupo, con el objetivo de que los trabajadores registrados se encuentren por encima de la línea de la pobreza.

De esta manera, SUAF recibirá un refuerzo que le permitirá llegar a los $20.000 por hijo o hija.

De esta manera, un grupo de monotributistas podrá acceder al refuerzo de $20.000 de ANSES.

El único requisito para cobrar el bono es contar con ingresos por grupo familiar de hasta $131.208.

Rango 1: $20.000 para Ingreso Grupo Familiar de hasta $131.208.

Rango 2: $6.830 para Ingreso Grupo Familiar entre $131.208,01 y $192.432.

Rango 3: $3.454 para Ingreso Grupo Familiar entre $192.432 y $222.170.

Rango 4: $1.780 para Ingreso Grupo Familiar entre $222.170 y $316.731.

Los beneficiarios de una Asignación Familiar por Hijo (SUAF) deben consultar en Mi Anses desde anses.gob.ar o desde la app para celular. En el caso de percibir una asignación SUAF y contar con ingresos inferiores a $131.208, se percibirá el bono de $20.000.

Según anunciaron este miércoles el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y la directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, el Gobierno prevé jubilar de manera anticipada a las personas que ya cuenten con los 30 años de aportes pero que no tengan la edad estipulada para acceder al beneficio previsional. En tal sentido, el abogado previsionalista Eduardo Cóceres explicó a El Litoral que se trata del “mismo modelo que implementó Néstor Kirchner desde 2005 a 2007”: “la prestación estaría fijada en un monto que iría desde el cincuenta hasta el ochenta por ciento, pero también se está vislumbrando que reciban la jubilación mínima, que hoy está en 25 mil pesos”, indicó el especialista. “Es una realidad que no podemos negar -admitió Cóceres-, existen personas que tienen treinta años de servicio con aportes pero no tienen la edad para jubilarse y están desocupados; entonces, el problema que plantean ellos es “qué hago, no puedo aportar y no me puedo jubilar”. “La idea es darles la posibilidad de hacerlo entre los 55 y 60 años a las mujeres y a los hombres entre los 60 y los 65”, añadió. Sin embargo, el abogado aclaró que “esto es un anuncio, está en estudio, pero indudablemente va a salir en el paquete que el gobierno haga cuando inicie la campaña electoral, junto con la posibilidad del aumento con el bono, por única vez, de seis mil pesos”.

En tanto, Cóceres estimó “entre veinte y treinta mil” la cantidad de personas que podrían entrar en esta jubilación a nivel nacional, “con lo cual no se modificaría mucho la situación”. “Desde ya que no es una situación de seguridad social, máxime atendiendo la condición paupérrima en la que se encuentran los jubilados, que están subsistiendo con 25 mil pesos por mes y no llegan a cubrir ni siquiera los primeros quince días”, consideró. “Agregarle más jubilados significa realmente que sea una situación desesperante, pero para ese grupo de personas estaría bien que se puedan retirar porque van a tener el PAMI y la posibilidad de que en el caso de fallecer en ese faltante de edad también se les pueda otorgar el beneficio de pensión”, agregó el experto.