En el marco de la política migratoria que lleva a cabo la nueva administración de Donald Trump en Estados Unidos, el presidente republicano continúa con la promesa de realizar la deportación masiva más grande de la historia. Debido a esto, los métodos para identificar y detener a inmigrantes indocumentados en el país norteamericano se volvieron cada vez más sofisticados y controversiales.

Como parte de estos nuevos mecanismos, algunos funcionarios norteamericanos afirmaron que existen algunos tatuajes que son particularmente identificados y que se convierten en un motivo suficiente para la deportación. Desde el FBI, incluso, dicen contar con una biblioteca de miles de símbolos e imágenes de tatuajes y grafitis que pueden ayudar a identificar delitos relacionados con pandillas.

“Las entidades del crimen organizado involucradas en tales actividades suelen usar tatuajes y símbolos característicos”, remarcó la agencia en un informe. “Los tatuajes, símbolos y otras imágenes pueden revelar detalles importantes sobre un delito, una víctima o un perpetrador, pero son fáciles de pasar por alto si no se identifican de inmediato”, afirmaron.

De esta manera, trascendió que funcionarios de Texas y agentes de la Patrulla Fronteriza armaron una lista de tatuajes para intentar identificar a criminales.

Algunos de los diseños apuntados por las autoridades norteamericanas son: locomotoras, una corona de cinco puntas, rosas, felinos depredadores, estrellas en los hombros, Michael Jordan o su icónico número 23.

Familiares y defensores dicen que las autoridades de inmigración están usando imágenes, palabras o patrones permanentes en la piel para vincularlos con la pandilla de la prisión Tren de Aragua.

El ejemplo más claro de esta situación, aunque no el único, es el de un hombre de 24 años cuyo abogado afirmó que huyó de Venezuela por apoyar a María Corina Machado, líder opositora a Nicolás Maduro. El joven tiene tatuajes de una rosa, un reloj y una corona con el nombre de su hijo.

Tras una audiencia antes de su deportación, le indicaron en un documento que "el sujeto tiene tatuajes relacionados con pandillas. Son tatuajes bien conocidos que suelen tener los pandilleros del Tren de Aragua".

Sin embargo, Ronna Rísquez, autora del libro “Tren de Aragua, la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina”, explicó que “los tatuajes no son una forma de identificar a los miembros” de esta banda que comenzó en Venezuela en 2014 y extendió su red de extorsión, homicidio, narcotráfico y trata de personas a varios países de América Latina y Estados Unidos.

En el marco de la primera subasta del 2025 de bienes decomisados al delito, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), este viernes los inscriptos pudieron revisar los vehículos que serán rematados, en lo que será la subasta más grande desde la creación de la agencia.

Cabe recordar que este sábado 15, desde las 12.30, en el Salón Metropolitano de Rosario (Junín 501), se subastarán 109 vehículos, dos motos de agua; una casa rodante; dos lotes con materiales de construcción y tres inmuebles en el barrio privado Puerto Roldán. 

De esta primera subasta del año participarán unas 3.650 personas provenientes de 20 provincias del país.

Los inscriptos también podrán observar en detalle las unidades el sábado, desde las 8 hasta las 10. A partir de las 11 sólo podrán ingresar quienes se hayan anotado para participar de la subasta que comenzará a las 12.30.

En ese contexto, el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, aseguró que la idea del Gobierno Provincial es que “cada lote que custodiamos no quede tirado en depósito sino que rápidamente avancemos en su subasta”. 

Este remate tendrá la particularidad de la variedad de precios. El lote más barato es una motocicleta que tiene una base de $240.000 y el lote más caro es una propiedad que está en Puerto Roldán, cuyo precio base es de $120.000.000. “Muchos de estos vehículos se usaron para cometer delitos de calle. Hoy estamos vendiendo muchas de esas motos, es importante sacarlas del mercado ilegal, sacárselas a los delincuentes y ofrecerlas a la ciudadanía a un precio barato porque la idea es que sea una oportunidad”, señaló Figueroa Escauriza.

Más adelante, el funcionario provincial recordó que “Santa Fe es la única provincia que tiene este mecanismo de subasta, de sacarle los bienes a los delincuentes y venderlos. Estamos yendo contra el delito, contra las diferentes bandas narcocriminales de toda la provincia; le estamos tocando la plata a los delincuentes, debilitándole la posibilidad de seguir cometiendo delitos en la calle”, por lo cual también remarcó que a quienes compran los vehículos “se les cambia la chapa patente, lo que hace que tenga un nuevo dominio, como un 0km, no tiene vinculación ni dominial ni con la patente con los dueños anteriores”. 

En el caso de los inmuebles incluidos en la subasta, Figueroa Escauriza, recalcó que existen “escalafones de niveles de propiedades para poder vender: hay propiedades que no las podemos vender porque entendemos que son de alto riesgo por lo cual las reutiliza el propio Estado. Otras propiedades, como las que se venden en esta subasta, que se encuentran dentro de un country (Puerto Roldán), el riesgo es totalmente bajo por la particularidad de la causa, de las propiedades y donde está ubicado el inmueble. De igual manera le cambiamos el dominio y los que la compran serán los primeros que figuren en esa propiedad”.

Por otra parte, Escauriza, recordó que el dinero recaudado en la subasta tiene tres finalidades: “En los casos que haya víctimas de delito, la plata del bien subastado va a ellos; si no hay víctimas vinculadas a un lote en particular, va a políticas sociales integrales; y por último, se destina a autofinanciar la Aprad”. 

“El año pasado fue la primera vez en la historia de la Aprad que autofinanciamos la agencia sin poner un solo peso de los impuestos de los santafesinos”, agregó el funcionario. 

Por último, se mostró optimista con esta primera subasta del 2025 porque “los inscriptos confían en la Provincia, en que estos mecanismos son seguros para la participación de la ciudadanía”; en segunda instancia reconoció la “fuerte decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de avanzar en el debilitamiento del crimen organizado”, y tercero, destacó que hay “una base de $ 468 millones si se venden todos los lotes, pero creemos que va a superar entre los $600 y $700 millones esta subasta”, concluyó.

Al menos unas setenta personas, entre ellas diez mujeres y tres niños "lactantes", han muerto en el ataque armado de la banda Grand Grif perpetrado en la madrugada del jueves en la localidad de Port Sonde del departamento de Artibonite en Haití, indicó la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos este viernes.

"Estamos horrorizados por el ataque, en el que los miembros de Gran Grif dispararon con rifles automáticos sobre la población", indicó en un comunicado el portavoz de la oficina Thameen Al-Kheetan. Al menos 16 de los heridos están en estado grave, incluidos dos miembros de la banda que recibieron disparos por parte de la policía haitiana, añadió la fuente oficial.

En el ataque los miembros de Gran Gref incendiaron al menos 45 viviendas y 34 vehículos, obligando a muchos residentes en la zona a huir, destacó. Inicialmente, se habían cifrado las víctimas mortales en una veintena.

Al-Kheetan reiteró el llamamiento de la oficina de la ONU a que aumente la ayuda financiera y logística a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad recientemente desplegada, tras muchos retrasos, para intentar reforzar la seguridad en un Haití sacudido por la violencia de bandas que controlan la capital Puerto Príncipe y otras zonas del país.

Al menos 3.661 personas murieron desde enero en el país por la violencia, había indicado el Alto Comisionado de la semana pasada.

El ataque sin precedentes del jueves pasado se produce pocos días después de las sanciones anunciadas por Estados Unidos y la ONU contra el líder del Gran Grif, conocido como Luckson Elan, y pese a la presencia en el país desde junio de unos 400 efectivos de la citada misión multinacional de seguridad, que lidera Kenia.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe realizará este jueves 25 de abril la subasta pública de 40 vehículos que fueron decomisados al delito. Más de 3500 personas ya se inscribieron para participar de este remate que se llevará a cabo a las 16 en el Salón Metropolitano de la ciudad de Rosario.

Los bienes a rematar en esta oportunidad son 21 autos, 6 pick up, 12 motos y un auto de colección. Tendrán como precio base entre un 40 % y un 60 % del valor de mercado. A los vehículos se les cambia el dominio para que no terminen asociados a las organizaciones criminales a las que les fueron quitados, para brindar seguridad a las personas que estén interesadas en adquirirlos.

Las inscripciones para participar de la subasta están abiertas hasta la medianoche de este domingo y se realiza completando un formulario en www.santafe.gov.ar/subasta. Cabe destacar que la inscripción para participar del remate es un requisito obligatorio, ya que se realizará un cruzamiento de datos sobre antecedentes penales y para verificar que los interesados no tengan vínculos con organizaciones criminales.

El gobernador Maximiliano Pullaro destacó la importancia en la lucha contra el delito, Se trata de una verdadera política de Estado, porque no sólo se secuestra lo que más quieren las organizaciones criminales: sus bienes y su dinero; sino que además el Estado se los apropia y los pone al servicio público o los subasta”, como en este caso.

Para la realización de la subasta se firmó un convenio con los Colegios de Martilleros de la primera y segunda circunscripción de la provincia de Santa Fe. Los profesionales, que fueron sorteados esta semana, prestarán colaboración con el desarrollo de los remates de los bienes decomisados a diferentes organizaciones criminales.

El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, afirmó que “como nos pidió el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, realizamos el sorteo de los martilleros que van a participar de la próxima subasta. Este proceso está marcado en un marco de transparencia para que toda la ciudadanía pueda ir viendo todas las instancias”. Respecto al sorteo, Figueroa Escauriza explicó: “Sorteamos los martilleros que participarán de la primera circunscripción, donde había 147 martilleros inscriptos; y la segunda circunscripción, donde se inscribieron 137 profesionales. Se seleccionaron 8 titulares y 5 suplentes de cada circunscripción”. Los martilleros sorteados de la primera circunscripción son de 1 de Rafaela, 1 de Zenón Pereyra, 1 de San Justo, 1 de Santo Tomé, 3 de la ciudad de Santa Fe y 1 de Santa Clara de Buena Vista. En tanto, del sorteo de la segunda circunscripción pertenecen a 1 de Villa Amelia, 5 de Rosario, 1 de Villa Constitución y 1 de Rosario.

La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) es la entidad del Gobierno provincial que administra todos los bienes y efectos que son objeto de secuestro u otras medidas dispuestas en causas judiciales como consecuencia de delitos o contravenciones. Estos bienes tienen como objetivo primordial su utilidad social. Puede tratarse de autos, insumos informáticos, celulares, o joyas, entre otros elementos. 

En el caso de vehículos, pueden ser entregados para que sean utilizados por la Policía, como ya se hizo por parte de la actual gestión, Institutos Penitenciarios, Educativos o Asistenciales del Estado Provincial. También pueden ser rematados, o bien, compactados -procedimientos de este tipo se realizan actualmente en Rosario y Santo Tomé, donde la Aprad tiene depósitos-. Los elementos de cocina y muebles en general, o vestimenta y demás bienes hogareños, pueden ser entregados a entidades de beneficencia.

Por María José Ramón y Mauro L. Muñoz

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, aseguró que la balacera sobre dos colectivos que trasladaban a personal del Servicio Penitenciario de la provincia durante el último fin de semana en la zona norte de Rosario, fue una reacción al endurecimiento de los controles en las cárceles, especialmente sobre los presos de alto perfil.

"El lineamiento político que nos ha impuesto nuestro gobernador Maximiliano Pullaro es ir a fondo contra las mafias que operan desde el interior de las cárceles. Obviamente, esto trae repercusiones, pero no vamos a ceder ante las amenazas", marcó Cococcioni desde los estudios de CyD Litoral.

El funcionario resaltó la decisión de restituir el régimen de reclusos de alto perfil a partir del respaldo jurídico otorgado por la nueva Ley de Ejecución de la Pena que fue impulsada por el Ejecutivo y que la Legislatura aprobó con celeridad y de manera casi unánime el pasado mes de diciembre.

En ese sentido, detalló el accionar que los agentes penitenciarios realizan en el control de estos reclusos, mediante la sistematización de requisas sorpresivas en los penales provinciales y rigurosidad en las visitas que reciben los internos.

"Imagínense que las bandas de narcotraficantes y sicarios podían recibir visitas de hasta 10 horas de toda la familia, amigos y allegados donde podían entrarles cuantos bienes y objetos quisieran; y además paseaban por centros de salud y tribunales cada vez que le dolía la cabeza o una muela. Ahora, el recluso de alto perfil tiene una visita solo de 30 minutos con un blindex de por medio, sin contacto físico, y con la prohibición de ingresar objetos o mercaderías. Además, las requisas se realizan no solo con mayor frecuencia sino con más intensidad, algo que con nuestras directivas cambió diametralmente: antes había que tener cuidado si se rompía algo porque un preso los podía denunciar, mientras que ahora tienen indicado ir a fondo contra el contrabando y ser muy rigurosos en el control de las visitas en cuanto al ingreso de elementos prohibidos", detalló Cococcioni.

Asimismo, el titular de Seguridad se refirió también a la imputación sobre un grupo de efectivos policiales por haber plantado armas para desviar el curso investigativo en un hecho sobre balaceras y amenazas a funcionarios de gobierno. "Así como respaldamos al policía cuando hace su trabajo, en este caso nos manifestamos con toda la contundencia de la ley sobre quienes se corrompen vistiendo el uniforme", manifestó.

-¿Qué evaluación hace el gobierno provincial sobre los números expuestos por el Ministerio de Seguridad de la Nación sobre el funcionamiento del Plan Bandera en Rosario?

-Somos cautelosos de las estadísticas que marcan un descenso en los homicidios. El dato es objetivamente correcto, no solo en los dos cuadrantes en los que se ejecuta el Plan Bandera con presencia de la fuerza federales en Rosario, sino también en toda la ciudad de Santa Fe y en toda la provincia. Pero nosotros preferimos tomar un tiempo mayor para que se consolide una tendencia y poder hacer una evaluación de resultados de gestión. Por otra parte, no olvidarnos de que el homicidio es una variable clara de digestión pero también hay otras como los delitos predatorios, de gente que a lo mejor en su barrio no escucha tiros a la madrugada pero se siente insegura igual al salir de su casa porque le roban el celular, la billetera o el auto. Si bien esos delitos aparentemente son menores también tenemos que ocuparnos, porque es lo que hace la vida invivible.

-Otra forma de atacar el delito ha sido el derribo de los búnkers de drogas. ¿Esta acción está circunscripta únicamente a la ciudad de Rosario o está previsto que se extienda a otros sectores de la provincia?

-La ley prevé una intervención estratégica en las ciudades de Rosario y Santa Fe porque son las áreas de mayor complejidad, a través de una unidad especial de la Fiscalía. En el resto de la provincia el objetivo también es intervenir el punto de venta, deteniendo a los responsables, y para eso nos encontramos en una etapa de investigación y recepción de las denuncias de vecinos. En Rosario fueron las primeras intervenciones porque se dieron en el marco de investigaciones previas que venía llevando adelante la Fiscalía y que se aceleraron a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Microtráfico. Pero esta es una política que se está trabajando para toda la provincia de Santa Fe.

-Hoy, en el departamento La Capital, ¿cuál es el delito que enciende luces de alarma y moviliza los operativos de intervención focalizada?

-La ciudad de Santa Fe tiene la característica de que tiene una gran diversidad de situaciones. Este domingo estuvimos recorriendo la intervención focalizada del barrio San Lorenzo, donde se está llevando a cabo un trabajo muy importante, porque hay que desactivar hechos que se produjeron en muy poco tiempo de heridos con armas de fuego y homicidios, por lo que esperamos que esta tarea produzca efecto en los próximos meses. También tenemos otros lugares en la ciudad que vamos a intervenir y que no se trata solo de barrios carenciados como a veces se estigmatiza sino que hay barrios incluso en la zona del macrocentro donde tenemos muchísimos problemas de seguridad por delitos aparentemente menores pero que causan daño a la sociedad.

-También estamos viendo un aumento de robos de cables, griferías, medidores, especialmente en establecimientos educativos. ¿A qué le atribuyen el crecimiento de estos hechos?

-Hay una realidad innegable que es la situación económica y que tal vez hace que mucha gente se vea en una situación más complicada y opte por volcarse al delito, pero también lo entendemos y así lo estamos trabajando con la Fiscalía, por ejemplo con controles sobre chatarrerías y reducidores, porque atrás de estos hechos aparentemente aislados hay un mercado ilegal que implica un daño a la comunidad. En ese sentido, también estamos yendo sobre lo que es focalizar en el origen económico de algunos delitos predatorios que tienen una fuente en común.

Licitaciones con problemas de mercado

El titular de Seguridad detalló el estado de situación de los vehículos de la fuerza de seguridad santafesina. "Hemos reparado 250 patrulleros desde el inicio de gestión y ahora estamos extendiendo las reparaciones a través de una empresa tercerizada buscando ser más rápidos en el diagnóstico de la flota, porque el informe de la gestión saliente fue terriblemente inexacto".

Por otra parte, señaló que si bien el gobierno considera "de urgente necesidad" la renovación de vehículos tanto para la Policía como para el Servicio Penitenciario, la gestión enfrenta dificultades en el procedimiento de compra debido al grave contexto económico nacional.

"La Provincia tiene la determinación de que la seguridad es una prioridad, pero hay una dificultad tal vez propia del mercado automotriz que no escapa de la situación económica general que atraviesa la Argentina. Tenemos los recursos para comprar mil patrulleros mañana, pero el problema es que no hay nadie que nos haga la entrega inmediata. Así que se están evaluando alternativas dentro de lo que el mercado puede ofrecer. Pero muy pronto vamos a estar equipando a la Policía de Santa Fe con los elementos que se necesitan", precisó Cococcioni.

Bandas criminales asaltaron la Penitenciaría Nacional de Haití, en Puerto Príncipe, y liberaron una cantidad no precisada de presos, que podrían ser miles según fuentes policiales, informó este domingo la prensa internacional.

El incidente ocurrió el sábado por la noche, dos días después de que el capo de la mayor organización criminal del país, Jimmy Cherisier, alias Barbacoa, anunciara el comienzo de acciones con el fin de derrocar al primer ministro, Ariel Henry.

Los asaltantes prendieron varias hogueras en los alrededores de la cárcel antes de entrar por la fuerza en ella, y llegaron a emplear drones de vigilancia para apoyar el avance sobre el penal, según medios haitianos citados por la agencia de noticias Europa Press.

Las bandas desbordaron la vigilancia policial, a tal punto que el sindicato de los uniformados pidió ayuda urgente a través de redes sociales.

"Pedimos a todos los policía de la capital que preparen coches, armas y munición; como los bandidos tomen la Penitenciaría Nacional, esto se habrá acabado y nadie se salvará en la capital porque la Policía de Puerto Príncipe no podrá controlar nada", dijo el sindicato en un mensaje publicado idioma creole en la red social X.

Más tarde, este domingo por la noche el gobierno decretó el toque de queda en Puerto Príncipe, "Debido al deterioro de la seguridad, particularmente en el área metropolitana de Puerto Príncipe, caracterizada por actos criminales de cada vez más perpetración violenta por parte de bandas armadas", según indicaron en un comunicado.

[1/8]Le gouvernement décrète un couvre-feuPort-au-Prince, le dimanche 3 mars 2024.- En raison de la dégradation sécuritaire, notamment dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, caractérisée par des actes criminels de plus en plus violents perpétrés par les gangs armés,.. pic.twitter.com/wfG5AsGCtI

La Penitenciaría Nacional albergaba en enero pasado a cerca de 12.000 presos, pese a que tiene capacidad para 3.900.

Entre los reclusos figuraban varios jefes de grupos criminales locales, así como los 18 colombianos acusados del asesinato del presidente Jovenel Moise en 2021. Hasta esta tarde se ignoraba si algunos de ellos, o todos, están entre los que escaparon anoche.

Fuentes del sindicato de la Policía Nacional estimaron en alrededor de 3.000 los reclusos fugados.

Haití vive en los últimos días una ola de violencia mayor a la habitual -que es de por sí alta-, desde que en la madrugada del jueves bandas criminales asaltaran el Palacio Nacional, la Academia Nacional de Policía, varias comisarías y al menos dos aeropuertos.

Por lo menos cuatro policías murieron, según fuentes del sindicato del sector, y escuelas, universidades, empresas y comercios interrumpieron sus actividades.

Asimismo, varias compañías aéreas cancelaron vuelos nacionales e internacionales después de que los aviones y una terminal del aeropuerto fueran atacados.

"Hoy anunciamos que todos los grupos armados van a actuar para conseguir la dimisión del primer ministro Ariel Henry", dijo el jueves Barbacoa, en un video publicado en las redes sociales antes de que comenzaran los ataques.

"Usaremos todas las estrategias para lograr este objetivo y reivindicamos la responsabilidad de todo lo que está ocurriendo en las calles en este momento", agregó.

Barbacoa es un expolicía que dirige el G9, una alianza formada por las nueve organizaciones criminales más poderosas de Haití, con base en Puerto Príncipe.

Las bandas armadas se apoderaron de franjas enteras del país en los últimos años, lo que desató una violencia brutal que dejó la economía y el sistema de salud pública destrozados.

Al mismo tiempo, el país se vio envuelto en una agitación civil y política generalizada, y miles de personas salieron a las calles en las últimas semanas para exigir la dimisión de Henry, que se negó a hacerlo en la fecha prevista.

En virtud de un acuerdo político alcanzado tras el asesinato de Moise, Haití debía celebrar elecciones y Henry ceder el poder a los funcionarios electos antes del 7 de febrero de este año, pero eso no sucedió.

Los ataques se produjeron mientras Henry se encuentra en Kenia, que se dispone a encabezar una misión multinacional autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU para ayudar a la policía haitiana a recuperar el control del país.

Según ha trascendido en medios locales, se trata de una pistola Pietro Beretta calibre 380 inscrita a nombre del general que encabezó una sangrienta dictadura entre 1973 y 1990, arma que mantenía a la fecha un encargo por extravío desde el pasado 8 de mayo de 2014.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Valdivia, 744 kilómetros al sur de Santiago, cuando un grupo de jóvenes intercambió disparos antes de ser apresados por personal policial.

Entre los detenidos figura un adolescente de 15 años que portaba el arma en un bolso y que formaba parte de una organización de tráficos de drogas.

Tres chilenos detenidos por planificar una entradera en un edificio de Villa Urquiza

El Ministerio Público dejó al detenido en internación provisoria tras ser formalizado en calidad de autor del delito de porte ilegal de armas de fuego, disparos injustificados en la vía pública, homicidio en grado de tentativa y daños simples.

Hasta hoy, en Chile sigue habiendo 1.159 víctimas de desaparición forzada durante la dictadura cívico militar de Pinochet que aún son buscadas por sus seres queridos.

La dictadura de Chile duró 17 años y dejó más de 40.000 víctimas, entre ejecutados, detenidos desaparecidos, prisioneros políticos y torturados, según cifras de la comisión oficial que recopiló testimonios de víctimas y familiares. Más de 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado.