En una audiencia realizada este lunes en el Juzgado Federal de Venado Tuerto, el juez de Garantías, Aurelio Cuello Murúa, homologó acuerdos abreviados y condenó a dos imputados por el delito de comercio de estupefacientes agravado por su organización.

Entre ellos se encuentra Diego F. quien fue señalado como líder de la estructura delictiva, condenado a 8 años de prisión efectiva que, al unificarse con una pena anterior, alcanza los 18 años de cumplimiento efectivo, además de multa, inhabilitación absoluta y costas judiciales.

El otro acusado, Mauro Gastón M., recibió una pena de 4 años de prisión efectiva, que se unifica en 6 años, junto con sanciones económicas e inhabilitación.

Operaban desde prisiónLa investigación, llevada adelante por la Fiscalía Federal,a cargo de los Dres. Federico Reynares Solari, Daniela Ghiorzi y Rocío Estrada, con intervención de Gendarmería Nacional, permitió desarticular una banda narcocriminal que funcionaba desde el interior de la cárcel de Coronda.

Según se determinó, la organización desarrollaba actividades de venta de estupefacientes en Venado y la región entre el 13 de enero y el 16 de agosto de 2025, con una estructura organizada que incluía la coordinación desde el ámbito penitenciario.

Condenas anteriores Estas resoluciones se suman a las dictadas el pasado 17 de abril, cuando otras seis personas fueron condenadas con penas que van desde los 3 años de ejecución condicional hasta los 11 años:

• Valeria Judith D. condenada a la pena unificada de 11 años de prisión efectiva, multa de 56 unidades fijas, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y costas del proceso. Comprende una pena anterior de 9 años y la de 3 años y 6 meses en este caso.

• Rodrigo Manuel D. condenado a la pena de 6 años de prisión efectiva, multa de 68 unidades fijas, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y costas del proceso.

• María Laura A. condenada a la pena de 6 años de prisión en arresto domiciliario, multa de 67,5 unidades fijas, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y costas del proceso.

• Camila Soledad A. condenada a 4 años de prisión en arresto domiciliario, multa de 24 unidades fijas, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y costas del proceso.

• Lara Yuliana B. condenada a 4 años de prisión en arresto domiciliario, multa de 24 unidades fijas, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y costas del proceso.

• Naiara Lucrecia G. condenada a 3 años de prisión de ejecución condicional, multa de 24 unidades fijas, costas del proceso y reglas de conducta.

Elementos secuestrados y decomisosEn el marco de la causa, la Justicia dispuso el decomiso de motocicletas, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, balanzas digitales y documentación secuestrada durante los allanamientos. También se ordenó la destrucción de los estupefacientes incautados.

Etapa final del procesoLa causa aún no está cerrada: tres imputados deberán definir si avanzan hacia un juicio oral o si optan por acuerdos abreviados, lo que podría concluir el proceso judicial en el corto plazo.

En el marco de una serie de juicios abreviados acordados entre el Ministerio Público Fiscal (MPF) y las defensas, el Tribunal Oral Federal (TOF) N°1 de Rosario condenó a penas de hasta 12 años de prisión a 23 integrantes de la banda narcocriminal de Mauro Nahuel Novelino, quien desde prisión lideró una asociación ilícita que, entre abril de 2021 y octubre de 2022, se dedicó al comercio de estupefacientes y al acopio armas, entre otros delitos, en la ciudad de Venado Tuerto y en otras localidades del sur de Santa Fe.

En el caso de Novelino -actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza-, la pena le quedó unificada en 35 años de prisión, y en el de su expareja, Lucía Uberti, en 24 años, por las condenas previas que acumulan. Las iniciales de sus nombres de pila, “L.N.” (Laura-Nahuel) estaban estampados en bajorrelieve junto al sello de una corona en los ladrillos de cocaína que distribuían.

La investigación y requerimiento de elevación a juicio de la causa estuvo a cargo del fiscal general Javier Arzubi Calvo, con funciones de coordinador de la Fiscalía de Distrito Rosario, que al momento de la intervención era titular de la Sede Fiscal Descentralizada de Venado Tuerto, y la instrucción del juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa. La instancia de juicio fue impulsada por el fiscal general Federico Reynares Solari, a cargo de la Oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario.

En la resolución del veredicto, que se dio a conocer el 8 de septiembre pasado, el tribunal, integrado de manera unipersonal por el juez Germán Sutter Schneider, recordó que la participación criminal, autoría y constancias probatorias, quedaron plasmadas en ocho actas de acuerdo celebradas entre la fiscalía y la defensa de los 23 acusados, lo cual derivó en la formalización de juicios de trámite abreviado. En esa instancia, todos reconocieron su participación, responsabilidad en los hechos y la pena acordada.

Las conductas, en la mayoría de los casos, fueron calificadas como asociación ilícita, tráfico en la modalidad de comercio de estupefacientes, agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada, de acuerdo al grado de participación criminal; acopio y tenencia ilegitima de arma de fuego de uso civil y municiones sin la debida autorización.

Según la acusación, el grupo llevó adelante en forma organizada, bajo financiamiento y coordinación de Novelino desde su lugar de detención, el comercio de sustancias estupefacientes, principalmente en Venado Tuerto, entre abril de 2021 y octubre de 2022.

Además de Novelino y Uberti, el grupo estaba integrado por Nadia Novelino (hermana de Mauro), Santiago Castro, Facundo Rodríguez, Eric Gualpa, Maximiliano Acosta, Diego Frúa, Elbio Rojas, Fabricio Monsalvo, Alejandro Giménez, Ingrid Florindo, Romina García, Idalia González Sotelo, entre otros, destinada a cometer diversos delitos, como coacciones agravadas, y acopio y tenencia de armas, con el objetivo de ejercer el control territorial y obtener financiamiento para desplegar actividades de tráfico de drogas.

“Quedó acreditada la existencia de un núcleo asociativo con fines delictivos varios, dirigido por Mauro Novelino, quien, aun hallándose privado de su libertad, procuró desde su lugar de alojamiento el financiamiento, organización y control territorial de la actividad ilícita principal que comandaba, valiéndose para ello de la colaboración activa de sus consortes de causa, así como de familiares y parejas”, remarca la sentencia.

El juez también destacó entre sus fundamentos que “se evidencia un actuar coordinado y una sincronía que quedó definitivamente delineada con funciones diferenciadas y con roles concretos, la cual estaba encaminada a la concreción de un único fin: el tráfico de sustancias ilícitas, recibiendo todos los acusados un beneficio por la concreción de la actividad”.

Novelino está detenido desde 2017 por integrar una asociación ilícita y por narcotráfico. En 2023 el TOF N°2 de Rosario le impuso una pena única de 21 años de prisión como autor del delito de tráfico de drogas en la modalidad de cultivo de plantas y guarda de semillas y tenencia con fines de comercialización, actividades que coordinaba desde cárcel de Piñero (Santa Fe).

Además, en enero de 2023, desde prisión amenazó al delegado del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, y por su intermedio al intendente de Venado Tuerto con el fin de obtener el cese del traslado a diferentes unidades o la mejora de sus condiciones. Por esos hechos le impusieron 7 años de prisión, condena que no está firme.

El punto de partida de la investigación que ahora concluyó con las 23 condenas fue en 2021, cuando se secuestraron gran cantidad de teléfonos celulares en las celdas que ocupaba Novelino mientras estuvo detenido en cárceles de las provincias de Salta y Chaco.

De las medidas ordenadas por el fiscal Arzubi Calvo, se procedió a la transcripción de los mensajes de audio e incorporación de imágenes de la aplicación WhatsApp de uno de los teléfonos secuestrados a Novelino, del que se obtuvieron más de 140 chats, 11.200 archivos de audio y 35.000 de imágenes, y más de 570 videos.

Aproximadamente 50 de esos chats referían a distintos delitos, como compra y elaboración de estupefacientes, precursores químicos, compra de armas. Las conversaciones eran mantenidas con distintas usuarias y usuarios agendadas por sus nombres de pila, alias o referencias.

Esos intercambios demostraron que Novelino y Uberti tenían un vínculo cotidiano para orquestar las maniobras. La joven, de 31 años, estuvo ligada a la banda de Los Monos y cumple condena a 20 años de prisión por su participación en una saga de atentados a balazos contra edificios del Poder Judicial de Rosario en 2018.

Adquirían material estupefaciente puro (“pulen”, “pulenta”, según la terminología que se dedujo de los chats), precursores químicos (“lido”), armas de fuego y municiones (“picos”, “confites”) en la ciudad de Córdoba, que luego ordenaban trasladar por distintas personas a Venado Tuerto. La droga era estirada en domicilios que alquilaban Nadia Novelino y Castro.

Cada una de esas instancias se encuentran acreditadas a partir de los peritajes de los teléfonos, de los que surge que, tanto Novelino como Uberti daban instrucciones para que Nadia y Castro recibieran los materiales, los estiren, lo distribuyan, realice cobranzas, se ocupen de la gestión de los alquileres temporales, alojen a personas que venían convocadas por Mauro, y “marquen” domicilios de deudores o “enemigos”.

De todos esos pasos Mauro solicitaba fotografías, que la mayoría de las veces compartía con Lucía. Las comunicaciones telefónicas entre ellos eran constantes y permanentes, con intercambios diarios de más 600 archivos de audio y video, según los peritajes.

En una oportunidad Mauro le solicitó a uno de sus colaboradores que colocara junto a los ladrillos de cocaína un cartel con su nombre y apellido, imagen que compartió con Lucía y “Kinino”, a quien le ofrecía la droga. Esos ladrillos llevaban distintas marcas de la organización, entre ellas una corona o las iniciales “L.N.” correspondientes a sus nombres de pila (Lucía y Nahuel).

En el extenso fallo se detallan las siguientes penas para los 26 condenados, con sus respectivos antecedentes y penas unificadas:

Mauro Novelino: fue condenando a 12 años de prisión como autor de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas de forma organizada; organizar, dirigir y financiar esa actividad ilícita; acopio de armas de fuego, piezas y municiones, en concurso real. En virtud de la unificación de condenas precedentes, se le fijó una pena única de 35 años de prisión.Lucía Uberti: 9 años de prisión como autora de los delitos de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas de forma organizada y asociación ilícita, en concurso real. La pena se unificó con la de 20 años que le impuso la justicia provincial de Santa Fe, con lo cual deberá cumplir una pena única de 24 años de prisión.Fabricio Monsalvo: 3 años de prisión por integrar la asociación ilícita. Por otra condena previa dictada por la justicia provincial a 6 años y 8 meses, y otra del TOF N°1 de Rosario a 16 años de prisión, se fijó como pena única la de 17 años de prisión.Diego Frúa: 6 años de prisión como coautor de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada, y asociación ilícita en concurso real La pena se unificó con la dictada por la justicia de Venado Tuerto, a 10 años y 6 meses de prisión, y se fijó la pena única de 13 años de prisión.Elbio Sebastián Rojas: 6 años de prisión como coautor de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada y asociación ilícita en concurso real. La pena se unificó con la dictada por el Justicia Provincial, de 9 años y 10 meses de prisión, y se le fijó como pena única la de 11 años y 6 meses de prisión.Maximiliano Acosta: 6 años de prisión como coautor de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada y asociación ilícita en concurso real. La condena se unificó con la dictada por el TOF N°3 de Rosario que impuso 7 años de prisión, y se fijó la pena única de 9 años y 6 meses de prisión.Facundo Alejandro Rodríguez: 4 años de prisión como autor del delito de asociación ilícita. Esa condena se unificó con las impuestas por el TOF N°1, a 6 años de prisión, y la del TOF N°3, a 4 años de prisión, y se fijó una pena única a 9 años de prisión.Alejandro Giménez: 3 años de prisión como partícipe secundario del delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada. La pena se unificó con las dictadas por el TOF N°2 de Rosario, a 3 años de prisión, y otra de la justicia provincial a 2 años y 6 meses de prisión, y se fijó la pena única de 7 años de prisión.Santiago Castro: 6 años de prisión como coautor de acopio de armas de fuego, piezas y municiones, comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas y asociación ilícita, en concurso real. Se le revocó la condicionalidad de una pena a 1 año de prisión de la justicia provincial, y se unificó una pena única a 6 años y 6 meses de prisión.Nadia Novelino: 6 años de prisión como autora de tenencia de estupefacientes con fines de comercio; tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización (dos hechos); recepción de cosa o efecto proveniente de delito; asociación ilícita y acopio de armas de fuego, piezas y municiones, todo en concurso real.Eric Elián Gualpa: 4 años de prisión como partícipe secundario de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada y asociación ilícita en concurso real. La pena se unificó con otra impuesta por el TOF N°2 de Rosario a 4 años y un mes de prisión, y se le impuso como pena única de 6 años de prisión.Carla Rionda: 5 años de prisión como partícipe secundaria de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada y tenencia de estupefacientes con fines de comercio y asociación ilícita, en concurso real.Valeria Susana Heredia, Romina Natalí García¸ Daniel Alberto Baldiviezo¸ Ingrind Florindo: 4 años de prisión como partícipes secundarios del delito de comercialización de estupefacientes y asociación ilícita, en concurso real.Idalia González Sotelo (ciudadana paraguaya): 3 años de prisión efectiva como partícipe secundaria de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada y asociación ilícita, en concurso real.Agustín Navarro, Enrique Exequiel Garcete y Sofia Mailen Berneche: 3 años de prisión condicional, como partícipe secundario del delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada. Se les impuso por igual tiempo reglas de conducta y tareas comunitarias no remuneradas en favor de una institución pública.Lucas Emanuel Alonso: 3 años de prisión de ejecución condicional como partícipe secundario del delito de asociación ilícita. Imponer por igual tiempo reglas de conducta y tareas comunitarias.Francisco Méndez: 3 años de prisión de ejecución condicional como partícipe secundario de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada y asociación ilícita, en concurso real. Reglas de conducta y tareas comunitarias.Débora Soledad Zapata: 1 año de prisión de ejecución condicional como autora el delito de tenencia simple de estupefacientes, reglas de conducta y tareas comunitarias.

En el marco del “Plan Bandera”, dispuesto por el Ministerio de Seguridad Nacional y el Comando Institucional de la Policía Federal Argentina, la División Unidad Operativa Federal Rosario, de la Superintendencia de Agencias Federales llevó a cabo un importante operativo contra el narcotráfico en el barrio La Cerámica, uno de los sectores más castigados por la violencia narco en la ciudad.

Como resultado de una investigación de varios meses, que incluyó seguimientos, análisis de comunicaciones y vigilancia encubierta, se logró identificar y desmantelar una organización narcocriminal compuesta por ciudadanos de nacionalidad argentina y boliviana, todos mayores de edad. La banda contaba con una logística aceitada, múltiples puntos de acopio, fraccionamiento y venta de estupefacientes, además de operar con total impunidad en un entorno signado por la marginalidad, violencia y la coerción vecinal, mediante la utilización de armas de fuego.

El día 3 de julio, y bajo instrucciones del Fiscal Dr. Ramiro González Raggio del Ministerio Público de la Acusación, se concretaron ocho allanamientos simultáneos en distintos domicilios del barrio denominado La Cerámica, logrando la detención de cuatro personas vinculadas al clan familiar que lideraba la estructura criminal, quienes tenían bien determinados sus roles dentro de la misma.

Durante los procedimientos se incautaron más de 1 kg de clorhidrato de cocaína, equivalentes a más de 20.000 dosis, con un valor estimado de 18 millones de pesos. También se hallaron dosis de marihuana, semillas de cannabis, y más de 2.000.000 pesos en efectivo, producto de la comercialización al menudeo.

Cabe destacar que en uno de los allanamientos se encontró un verdadero arsenal de guerra: una ametralladora PAM 9 mm con cargadores y más de un centenar de municiones, dos pistolas calibre 9 mm (una de ellas una Glock con pedido de secuestro por robo), y un revólver calibre .22. En otra propiedad, ubicada sobre calle Rivera, se incautaron más de 50 municiones calibre .38, algunas del tipo punta hueca, junto con decenas de dosis de cocaína fraccionadas y listas para la venta.

Además, se incautaron teléfonos celulares, computadoras portátiles y vehículos utilizados para la distribución de droga en la zona (Motos para la venta en la modalidad delivery). Esta organización tenía como particularidad la metodología de usurpar viviendas, las que posteriormente servían como depósitos de droga, dinero y armamento.

Los detenidos, integrantes de una misma familia con conexiones transnacionales, se encargaban tanto del aprovisionamiento como de la venta de estupefacientes, utilizando menores de edad como correo y vigilancia, según surge de la investigación.

Voceros judiciales indicaron que la causa continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. “Este operativo y el impacto producto del desmantelamiento de esta organización representa un avance concreto en la lucha contra el narcotráfico y forma parte de una estrategia integral para recuperar los barrios más vulnerables, que se encuentran azotados por el desarrollo de este tipo de actividades criminales”, destacaron fuentes de la Policía Federal Argentina.

El golpe propinado a esta organización es considerado uno de los más relevantes del año en Rosario y evidencia la firme voluntad del Estado Nacional de enfrentar el narcotráfico con inteligencia, determinación y presencia territorial.

En el marco del Plan Bandera, personal de la Policía Federal Argentina desarticuló en la ciudad de Rosario un clan narco familiar vinculado con la banda criminal "Los Monos".

La investigación para dar con esta red se inició en febrero pasado, cuando personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario informó a la Fiscalía de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación, a cargo del Dr. Franco Carbone y la Secretaría del Dr. Matías Lartigau, sobre maniobras de comercialización de droga en un domicilio ubicado sobre la calle Alzugaray.

Como consecuencia, intervino la Fiscalía de Flagrancia y la Fiscalía Regional Nº 2, a cargo del Dr. César Pierantoni, que encomendaron a los federales tareas de inteligencia.

Fue así que, durante los trabajos de campo, los policías identificaron una organización narco de carácter mixto, integrada por miembros de una misma familia que tenían vinculación con la banda "Los Monos". Asimismo, los uniformados detectaron seis domicilios utilizados para el acopio, fraccionamiento y distribución de las sustancias ilícitas.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Penal de Instrucción N°1 del Distrito Judicial N° 2 de Rosario, a cargo de la Dra. Eleonora Verón, ordenó allanamientos simultáneos de los inmuebles. Fue así que los efectivos irrumpieron en las viviendas y detuvieron a los integrantes de la banda: cuatro hombres y dos mujeres.

Durante los procedimientos se secuestraron varias dosis de cocaína y marihuana, aproximadamente 3 millones y medio de pesos en efectivo, 100 dólares estadounidenses, 20 teléfonos celulares y documentación relevante.

Los detenidos, todos ellos mayores de edad y de nacionalidad argentina, quedaron a disposición del magistrado interventor, imputados por infracción a la Ley de Drogas N° 23.737.

Un nuevo capítulo se escribe en la historia criminal de Mariano Longhi Rossi, un nombre ya conocido por los investigadores del narcotráfico. El sábado, en la ciudad de Roldán, se desplegó un operativo conjunto que sacó a la luz una entramada red de lavado de activos y crecimiento patrimonial injustificado, vinculado directamente a este viejo conocido del sistema penal.

La orden judicial provino del juez de Garantías e integrante del Tribunal Oral Federal de Rosario, Eduardo Rodrigues da Cruz, quien habilitó una serie de medidas dispuestas para seguir el rastro del dinero generado por la organización narco encabezada por Longhi Rossi.

En efecto, durante allanamientos realizados en un domicilio de calle Cóndores 241, se incautaron 12 kilos de cocaína, más de 30 plantas de marihuana y se arrestó a dos personas, fuertemente ligadas al grupo investigado.

Pese a estar cumpliendo condena en el penal federal de Marcos Paz, en Buenos Aires, Longhi Rossi goza de dos salidas transitorias mensuales, por un período de 12 horas, que realiza justamente al domicilio donde se concretó el allanamiento. Ese punto fue clave para conectar la estructura criminal operativa con el entorno familiar y cercano del narco.

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) tomó cartas en el asunto. Al examinar los perfiles financieros de Longhi Rossi y su entorno, aparecieron fuertes inconsistencias. Según los registros oficiales, el condenado no declaró ingresos económicos desde 2014, y fue dado de baja del monotributo en 2019. No obstante, en ese período adquirió un Peugeot 308, una lancha y al menos cinco propiedades, una de ellas con un valor aproximado de 400 mil dólares, donde justamente ocurrió el allanamiento.

A eso se suman viajes internacionales a destinos como Brasil, Perú, Colombia y Panamá, todos considerados de interés en causas por narcotráfico.

La lupa también se posó sobre Noelia Anabel Blanco, actual pareja de Longhi Rossi, quien percibe la Asignación Universal por Hijo pero registra movimientos migratorios hacia Brasil y Panamá. También sobre Julia Elena Pozner, su expareja, que figura como co-titular del inmueble de Roldán, aunque sólo tributa como monotributista y no tiene cómo justificar adquisiciones de ese calibre. Ella también viajó en reiteradas ocasiones al exterior.

Los fiscales Franco Benetti y Santiago Cruz Alberdi (UFRO Rosario y Procunar) y Juan Argibay Molina (Procelac) llevan adelante la investigación, que apunta a desmantelar no sólo la actividad narco, sino la red de blanqueo de dinero montada en torno al clan Rossi. La causa busca determinar cómo personas sin ingresos declarados pudieron acceder a semejante nivel de bienes, mientras el jefe del grupo sigue cumpliendo condena.

El intendente explicó que la logística de distribución estaba a cargo de personas que había denunciado en varias oportunidades, como Diego Torancio, acusado de ser uno de los responsables del narcomenudeo local. “Lo denunciamos en varias ocasiones y hoy está preso junto con el resto de esta organización”, comunicó Chiarella a través de sus redes sociales.

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La causa derivó en 14 allanamientos simultáneos (13 en Santa Fe y uno en el conurbano bonaerense), de los que participaron 60 efectivos, y la detención de la jefa de la banda, Georgina Mora, quien desde La Matanza enviaba estupefacientes a su cómplice en Venado, Nahir Cervera, ex pareja del conocido narco Maximiliano “Wacho Maxi” Ríos.

La investigación fue encabezada por la Fiscalía Federal de Venado Tuerto, en conjunto con Gendarmería Nacional y el Juzgado Federal, tras 12 meses de seguimientos, escuchas y tareas de inteligencia. Durante los operativos, se incautaron 1,8 kilos de droga, armas de fuego, municiones, más de 10 millones de pesos (entre moneda local y extranjera), balanzas de precisión, celulares y documentación clave.

El intendente de Venado Tuerto fue contundente al afirmar que “vamos a seguir denunciando, cayendo sobre los verdaderos responsables y trabajando para que el delito no se instale”. En este sentido, apuntó: “Acá no hay medias tintas. No vamos a callarnos porque los vecinos merecen vivir en una ciudad más segura. Continuaremos firmes, metiendo presos a los famosos ‘peces gordos’. En la lucha contra el narcotráfico no retrocedemos ni un paso”.

Asimismo, agregó: “Es importante seguir este camino que es la lucha contra el delito y el narcotráfico, aportando la dirección de cada uno de los domicilios, los nombres, apellidos y fotos, para que se pueda llevar adelante la correcta investigación y que estos delincuentes terminen presos”, resaltó Chiarella.

Finalmente, el Intendente destacó el trabajo y la investigación del juez federal Aurelio Cuello Murua, de los fiscales federales Federico Reynares Solari y Daniela Ghiorzi, y de las fuerzas de seguridad, por la investigación, los allanamientos y el trabajo posterior.

Personal de la Policía Federal logró desbaratar una banda familiar que vendía estupefacientes en San Lorenzo, cabecera del departamento del mismo nombre.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de Rosario.

Las tareas de inteligencia se iniciaron en mayo de 2024, cuando la Fiscalía Federal Descentralizada de San Lorenzo a cargo del Dr. Francisco Bernhartd, Secretaría a cargo del Dr. Agustín Morris, convocó los detectives, a raíz de una denuncia "sobre una zona habitada por una familia conocida por su vinculación al delito, con frondosos antecedentes en la justicia federal y provincial".

Los uniformados desplegaron exhaustivas tareas de campo y análisis de información. Así pudieron establecer que dentro de la ciudad santafesina de San Lorenzo, específicamente en inmediaciones del cruce de calles Rivadavia y 7 Jefes, se comercializaban estupefacientes.

A partir de esta información, se profundizaron las pesquisas, lo que permitió precisar la existencia de dos "kioscos" en los que se ofrecían cocaína y marihuana.

Asimismo, los funcionarios policiales lograron comprobaron que, detrás de estas maniobras, operaba una banda narcocriminal integrada por varios miembros de una misma familia. "Algunos de ellos se encargaban de recibir a una gran cantidad de personas que se acercaban para adquirir los estupefacientes", se explicó en un comunicado.

Reunida la totalidad de las pruebas requeridas, el Juzgado Federal N°3 de Rosario a cargo del Dr. Carlos Vera Barros, Secretaría B del Dr. Hernán Flores, ordenó la realización de dos allanamientos, uno sobre calle Rivadavia y el restante en una finca ubicada sobre Revolución de los 7 Jefes.

Como resultado, seis personas fueron detenidas: cuatro hombres y dos mujeres.

Durante los procedimientos, que se ejecutaron de manera simultánea, se incautaron varias dosis de clorhidrato de cocaína y marihuana, dos armas de fuego, numerosas municiones, doce dispositivos telefónicos, una balanza de precisión, 735.500 pesos en efectivo y documentación de interés para la causa.

Los detenidos, todos mayores de edad y de nacionalidad argentina, quedaron a disposición del magistrado interventor, junto con los elementos secuestrados, por infracción a la Ley Nacional de Drogas.

Efectivos de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario de la Policía Federal Argentina desarticularon una organización narcocriminal dedicada al comercio de estupefacientes en la gran ciudad del sur santafesino, en el marco del Plan Bandera, impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional.

La investigación se inició en febrero, los investigadores tomaron conocimiento de que sobre la calle Castellanos de la ciudad de Rosario, se estarían llevando a cabo maniobras delictivas vinculadas al tráfico de sustancias ilícitas.

A partir de esa información, los agentes federales desplegaron tareas de campo e inteligencia, bajo la dirección de la Fiscalía de Microtráfico, a cargo del Dr. Franco Carbone, con la colaboración de la Secretaría del Dr. Matías Lartigau y la intervención de la Unidad Fiscal de Investigación y Juicio, encabezada por la Dra. Viviana O'Connell, del Ministerio Público de la Acusación.

Fruto de las pesquisas, se logró establecer la existencia de una estructura organizada que operaba en la vía pública con la colaboración de jóvenes que, en calidad de "soldaditos", orientaban a los compradores sobre cómo efectuar la transacción y advertían sobre la presencia policial en la zona.

Además, se identificaron varios domicilios con acceso directo a dos pasillos ubicados entre calle Castellanos y Boulevard 27 de Febrero, conectados a una pequeña ventana utilizada como punto de expendio.

Con el total de las pruebas recolectadas, el Colegio de Jueces de Primera Instancia del Distrito de Rosario, a cargo del Dr. Fernando Javier Sosa, ordenó la realización de nueve allanamientos en fincas ubicadas en los barrios Villa Banana y Bella Vista.

Durante los procedimientos, llevados a cabo en forma simultánea, se detuvieron cinco hombres y tres mujeres, todos integrantes de la banda. Asimismo, se secuestraron dosis de cocaína y marihuana, elementos de corte y fraccionamiento, 13 teléfonos celulares, dinero en efectivo y documentación de interés para la causa.

Los detenidos, mayores de edad y de nacionalidad argentina, quedaron a disposición del magistrado interventor junto con los elementos incautados, por infracción a la Ley de Drogas.

El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, anunció que se logró desbaratar un clan narco familiar en la ciudad, en un operativo que se originó gracias al compromiso de los vecinos que se animaron a denunciar. "Queremos informarles que se ha desbaratado un clan narco familiar. La investigación comenzó gracias a denuncias del Buzón de la Vida", afirmó el mandatario.

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El grupo delictivo estaba liderado por Vanina Soledad Heredia, domiciliada en calle Berti 192, y su madre, Stella Maris Udi, quien residía en Matheu 465. Ambas fueron detenidas y se encuentran tras las rejas.

Durante los allanamientos, las fuerzas de seguridad incautaron estupefacientes, entre ellos cocaína y marihuana, además de elementos de corte, municiones, 11 teléfonos celulares, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos, entre otros elementos relevantes para la causa penal.

Chiarella destacó el accionar de las fuerzas de seguridad y la justicia en este operativo. "Quiero felicitar el trabajo realizado por los fiscales federales Federico Reynares Solari y Daniela Ghiorzi, la Gendarmería Nacional y la decisión judicial del Juez Federal Aurelio Cuello Murua", sostuvo.

El intendente reiteró su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y aseguró que el municipio seguirá trabajando en conjunto con la justicia y las fuerzas de seguridad para erradicar este flagelo de la ciudad. "Vamos a seguir firmes en la lucha contra el narcotráfico", enfatizó Chiarella, subrayando la importancia de la participación ciudadana en la denuncia de estos delitos.

Finalmente, aseveró: "Este nuevo golpe al crimen organizado refuerza la política de seguridad impulsada por el municipio y marca un nuevo paso en la búsqueda de una ciudad más segura para todos los venadenses".

En un operativo conjunto realizado en la localidad de Santa Isabel, personal de la División Microtráfico y de Operaciones Complejas de la Policía de Investigaciones (PDI) Región 3, con el apoyo del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de la Unidad Regional IV, llevaron a cabo tres allanamientos que culminaron con la detención de dos personas y el secuestro de drogas, armas y dinero en efectivo.

Investigación y procedimientos

La investigación, dirigida por el fiscal Iván Raposo, se centró en identificar domicilios y personas vinculadas al microtráfico de estupefacientes en Santa Isabel. Durante dos meses, se realizaron tareas de inteligencia que incluyeron análisis de antecedentes, vigilancia encubierta y entrevistas con vecinos.

El 7 de febrero, se ejecutaron órdenes de allanamiento emitidas por el juez Adrián F. Godoy en tres domicilios:

Tras intensas tareas de inteligencia, la Policía de la Provincia de Santa Fe detuvo este viernes 20 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Jonatan Riquelme, quien se encontraba prófugo de la justicia por una causa de doble homicidio y asociación ilícita vinculada al narcotráfico.

Se trata del hermano de Fran Riquelme, sindicado como el líder de una banda narcocriminal y que está preso en la cárcel federal de Marcos Paz.

A través de un trabajo coordinado con la Policía de la CABA, los efectivos santafesinos lograron dar con Riquelme en calle Colpayo al 300, en el barrio porteño de Caballito. La detención se produjo cuando los agentes observaron a Jonatan y a su pareja Jael G., salir de un edificio ubicado en la dirección mencionada anteriormente.

Ambos fueron aprehendidos inmediatamente por la Policía de Santa Fe y la División Antidrogas de la Policía de la Ciudad, quien colaboró en el operativo.

Cabe señalar que sobre Jonatan Riquelme pesaba un pedido de captura por delitos relacionados con la banda liderada por su hermano y con vinculación con el clan Alvarado. La investigación, a cargo de la fiscal de Homicidios Dolosos, María de los Ángeles Granato, se enmarca en los objetivos priorizados por el Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe en su Plan de Persecución Penal.

En el marco del “Plan Bandera” implementado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para combatir los delitos en Santa Fe, la Policía Federal desbarató una organización narcocriminal en Rosario. Tras el operativo, los 10 miembros de la banda quedaron detenidos.

La causa comenzó tras una investigación llevada a cabo por Agentes de la División Unidad Operativa Federal Rosario, por orden de la Unidad Fiscal de Rosario Área Transición de Primera Instancia (ex Fiscalía Federal Nº 3), referente a una denuncia por venta de drogas.

A partir de las tareas de campo y pesquisas efectuadas por los federales, se identificaron cuatro domicilios donde se llevaban adelante las maniobras de acopio, fraccionamiento, distribución y venta de las sustancias tóxicas.

Asimismo, se pudo establecer el modus operandi de la estructura, como así también el rol que cumplía cada uno de los miembros dentro del grupo, entre los cuales se destacaba la utilización de los llamados “soldaditos”, para cuidar el perímetro de su zona de influencia.

Con el total de las pruebas reunidas, el Juzgado Federal Nº 4 de Rosario, a cargo del Dr. Marcelo Bailaque, Secretaría Nº 2 de la Dra. María Victoria Gastellu, dispuso los allanamientos a las fincas mencionadas, donde los policías detuvieron a los implicados: cinco hombres y cinco mujeres.

En el procedimiento se secuestraron 18 teléfonos celulares, dos motos, dos pistolas, más de dos millones de pesos en billetes de baja denominación producto de las actividades ilícitas; además de computadoras, tablets, balanzas digitales, y varias dosis de cocaína y marihuana fraccionadas y listas para su venta.

Tres personas fueron arrestadas este viernes en la ciudad de Esperanza, durante un operativo diagramado por la Policía de Investigaciones y ejecutado por un equipo del Grupo de Operaciones Tácticas de la Unidad Regional XI.

Se trató de un allanamiento solicitado por el fiscal Alejandro Benítez y ordenado por el juez Sergio Carraro.

La irrupción se realizó en una vivienda de la cuadra de calle Dr. Gálvez al 1.000, donde los uniformados sorprendieron a un hombre de 20 años, otro de 39 y una joven de 18.

La causa investiga distintos delitos: microtráfico, desobediencia a mandato judicial y tenencia indebida de arma de fuego.

La investigación se inició a partir de tareas de análisis criminal realizadas por el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General.

El allanamiento fue el resultado de una intensa investigación en la que se logró determinar un inmueble que había sido usurpado y que estaba siendo utilizado para la comercialización de estupefacientes.

Los detectives individualizaron a una mujer como sospechosa. Ella ya había sido detenida en enero de 2024 por infracción a la llamada "ley de drogas", pero recuperó su libertad con medidas cautelares alternativas, que incluían la prohibición de ingresar a la provincia de Santa Fe.

En el procedimiento se logró la detención de las personas mencionadas y el secuestro de 2 teléfonos celulares, 14 envoltorios de nailon con un peso total de 7,6 gramos de cocaína, un trozo compacto de 29,7 gramos de cocaína, la suma de $126.000, elementos de corte y fraccionamiento, un arma de fuego de fabricación casera, dos armas blancas largas tipo lanzas con mango de madera y 3 cartuchos.

Personal de la Municipalidad de Esperanza, una vez finalizado el procedimiento, realizó el cerramiento temporal del inmueble hasta que el propietario finalice las gestiones para la demolición del lugar, con el fin de evitar futuras intrusiones.

Por orden del fiscal Dr. Alejandro Benítez, los aprehendidos fueron alojados en la Comisaría 1a y Subcomisaría 18a de la ciudad de Esperanza.

Durante la madrugada del viernes personal policial protagonizó una cinematográfica persecución de dos delincuentes, los que escapaban a toda velocidad a bordo de un automóvil, y que terminaron siendo apresados.

En la continuación de esa pesquisa agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, realizó el sábado dos allanamientos por una causa caratulada a prima facie como "Encubrimiento", en la ciudad de Santa Fe.

Dichos procedimientos fueron solicitados por el fiscal Dr. Manuel Cechini, que lleva adelante la causa.

Los efectivos del Departamento Operativo Investigativo Complejas 1, tras una minuciosa investigación, allanaron este domingo los domicilios de calle Entre Ríos al 3000 y calle Juan Díaz de Solis al 3100. En este último lugar secuestraron 45 plantas de cannabis de 1,50 m. de altura, 8 envoltorios en bolsas transparente con cannabis y material de iluminación y refrigeración para la mantención de la mencionada vegetación.

La investigación comenzó cuando fueron detenidos los llamados A. G. V. y A. E. M. en un vehículo Citroen C4, tras resistirse al chequeo, por lo que los efectivos del Comando Radioeléctrico secuestraron el vehículo en cuestión, un aparato inhibidor y varias herramientas (corta hierros, pinza, alicates).

Además, de las averiguaciones practicadas se pudo establecer que el suceso en cuestión tendría relación con un hecho de tentativa de ingreso a un comercio del rubro Rapipago.

La investigación comenzó cerca de las 4 hs del viernes cuando una llamada telefónica ingresó a la CE 911 dando cuenta sobre un vehículo sospechoso en la intersección de 25 de Mayo y La Rioja.

De inmediato agentes del Comando Radioeléctrico fueron hasta el lugar donde constataron que había un Citroen C4 con placas de matrícula aparentemente alteradas.

Pero al advertir la presencia de los uniformados los ocupantes del vehículo se dieron a la fuga, lo que dio inicio a una persecución que se desarrolló por zona de la Recoleta santafesina y el microcentro.

La situación alcanzó su punto máximo cuando el Citroen C4 chocó contra el cordón de la acera en la intersección de 25 de Mayo y Junín. Uno de los ocupantes del vehículo salió corriendo continuando su escape, aunque fue capturado a las pocas cuadras, en Rivadavia y Suipacha.

Sin embargo, la historia no terminó ahí. Mientras los agentes chequeaban la zona, fueron abordados por transeúntes que informaron sobre la presencia de otro sospechoso. Este individuo, descripto como sudoroso y con la ropa manchada con sangre, fue encontrado escondido en el saguan de un edificio cercano a la farmacia Acosta, no muy lejos del lugar del incidente, donde finalmente fue detenido.

Para completar uno de los testigos entregó a los oficiales un inhibidor de señal, el que había sido encontrado en San Luis e Hipólito Irigoyen. Se presume que este dispositivo fue "descartado" por los malvivientes, en un momento de su fuga.

Los detenidos (un hombre de 33 años y otro de 30) fueron trasladados a sede policial donde quedaron a disposición del fiscal en turno.

Después de una colaboración entre las áreas de narcotráfico de la Dirección General de Aduanas-AFIP y la Policía Federal Argentina, se llevaron a cabo 27 allanamientos en todo el país.

Como resultado, 24 personas fueron detenidas y se incautaron armas, dinero en efectivo, divisas, vehículos y celulares, desmantelando así una banda narcocriminal que traficaba estupefacientes en varias provincias.

La investigación reveló que miembros de alto rango de la banda estaban encarcelados y dirigían la logística del contrabando internacional de drogas desde la prisión.

El caso inició a fines del año pasado cuando agentes de la Aduana detuvieron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a una pareja con 15 kg de MDMA escondidos en dobles fondos de sus valijas.

La Aduana informó a la Justicia y el caso fue tomado por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2. La Policía Federal Argentina participó en la investigación, que incluyó análisis de celulares y escuchas telefónicas.

Tras cinco meses de investigación, se realizaron allanamientos en Santa Fe, Río Gallegos y CABA, resultando en 24 detenciones y el secuestro de drogas, armas, vehículos y dinero en efectivo. De los más de 60 celulares secuestrados, 42 fueron incautados en pabellones de distintos complejos penitenciarios.

Luego de más de un año y medio de investigaciones, Gendarmería Nacional desbarato una asociación ilícita que tenía vínculos con la banda de "Los Monos".

Como resultado de las inspecciones, se secuestraron marihuana, cocaína, armas, municiones, vehículos, balanzas de precisión, notebooks, celulares, sistema de monitoreo y documentación de interés para la causa.

En septiembre de 2022 comenzaron las tareas investigativas sobre la banda narcocriminal liderada por "Yiyo" Ramallo quien desde la cárcel sigue dando directivas e indicaciones a los miembros de su organización.

Las tareas investigativas y de campo derivaron, por orden del Juzgado Federal de San Francisco, en la realización de un total de 46 allanamientos en las provincias de Córdoba y Santa Fe.

Como resultado de las pesquisas, los funcionarios de la Unidad de Reunión de Información "Córdoba" junto a integrantes de las Regiones 2 y 3 de la Fuerza, inspeccionaron las localidades cordobesas de Porteña, Brickman, Morteros y Sauce Viejo como así también las localidades santafesinas de Suardi y Frontera.

Durante las inspecciones de las viviendas, los gendarmes hallaron 310 gramos de marihuana, 70 cogollos, 49 dosis de cocaína, nueve balanzas de precisión, dos autos, nueve motos, más de dos millones de pesos, 56 celulares, un sistema de monitoreo, un drone, siete armas de fuego, municiones y distintos documentos de interés para la causa.

Además, en los allanamientos de Santa Fe se detuvieron a 10 personas y en los efectuados en Córdoba a ocho.

El piloto de avión venadense Juan Clérici se encuentra detenido acusado de formar parte de una organización internacional dedicada al contrabando de estupefacientes y lavado de activos. El allanamiento a su casa de calle Belgrano y Colón se llevó adelante entre la noche del martes 31 de octubre y la madrugada del miércoles 1 de noviembre. Y si bien desde ese momento reinó un hermetismo total, en las últimas horas mediante un comunicado de prensa emitido por el Ministerio de Seguridad de la Nación a través de Gendarmería Nacional se pudieron conocer detalles de los 38 allanamientos realizados, la detención de 10 personas y el modus operandi de la organización dedica, en un principio, al tráfico de estupefacientes.

Información oficial

La distribución de droga con modalidad de "bombardeo" y un posterior accidente que se cobró la vida de dos involucrados en la ciudad santafecina de Cañada de Gómez (2020), fue el puntapié inicial que dio origen a las tareas de inteligencia criminal a través de las cuales se descubrió la existencia de una organización ilícita cuya consolidada estructura de lavado de activos, y la creación de empresas fantasmas de exportación de granos, les permitiría adquirir aeronaves para realizar vuelos clandestinos y transportar estupefacientes desde Santa Fe hacia distintos puntos del territorio argentino, como así también su exportación hacia Europa por la hidrovía.

Asimismo, la investigación llevada a cabo permitió corroborar el vínculo con los dueños de un country (testaferros) ubicado en la localidad de Oliveros, sitio que cuenta con un aeródromo privado. Tras inspeccionar el hangar y demás domicilios, los funcionarios decomisaron tres aeronaves, un remolcador, vehículos, armas de fuego, dinero en efectivo, dispositivos tecnológicos y documentación relevante para la causa.

La causa

En el marco de una causa por Tránsitos aéreos irregulares, contrabando de estupefacientes y lavado de activos, personal de Gendarmería Nacional comenzó con las pesquisas sobre el posible traslado de cocaína desde el Estado Plurinacional de Bolivia, mediante las rutas terrestres, con una flota de taxis; y aéreas, utilizando aeronaves (con matrículas y banderas adulteradas) propias de una organización narcocriminal. La misma estaría integrada por personas de distintas nacionalidades con presuntos antecedentes por contrabando de estupefacientes y con conocimientos aeronáuticos, eficaces para realizar vuelos a cierta altura, capaces de garantizar la evasión de radares y controles aéreos en un circuito de distribución desde Santa Fe hacia diferentes provincias del país, y luego a Europa por la hidrovía.

Efectivos de Gendarmería avanzaron con una investigación de tres años, dieron cumplimiento a una orden judicial, que ordenaba el registro de un hangar privado (ubicado en un country club de campo y golf de la localidad de Oliveros), lugar utilizado por los involucrados para aterrizar con la excusa de "ver campos" y en el que en las distintas ocasiones de uso, permanecerían por cierto tiempo a puertas cerradas, lo que resultaba llamativo por tratarse de un sitio descampado que incluso contaba con seguridad propia y cámaras de vigilancia.

Consecuentemente, los funcionarios se desplegaron hacia el lugar, donde encontraron dos avionetas y detuvieron a cuatro ciudadanos de nacionalidad colombiana, con intervención del Juzgado Federal N° 3, a cargo del Dr Carlos Alberto Vera Barros; la Dra Adriana Saccone , titular de la Fiscalía Federal N° 3; y Matías Scilabra de la Procuración de Narcocriminalidad de Rosario.

Asimismo, se materializaron los allanamientos de otros 38 inmuebles en la provincia de Santa Fe, obteniendo como resultado final de todos los registros, el decomiso de tres avionetas con matrículas y banderas adulteradas, 25 vehículos, dos motos, 68 teléfonos celulares, cinco armas de fuego, 5.000.000 de pesos argentinos, 39.000 dólares estadounidenses, 18 computadoras, entre otros elementos y documentación de interés para la causa.

Se llevó a cabo la detención de otros involucrados, totalizando 10 personas de nacionalidades argentina y paraguaya, en infracción a la Ley 23.737 "Estupefacientes" y Ley 25.246 "Lavado de Activos".

El juez que llevó a Lula da Silva a la cárcel y máxima estrella de la macroperación anticorrupción Lava Jato, Sérgio Moro, estuvo a punto de ser asesinado por el Primer Comando de la Capital (PCC), la facción de narcotraficantes más poderosa de Sudamérica. Es lo que apunta una investigación policial que salió a la luz este miércoles y que de momento detuvo a nueve personas, la mayoría en el estado de São Paulo.

Entre los objetivos de los narcotraficantes también estaban el fiscal Lincoln Gakiya, que desde principios de los años 2000 investiga a la banda y vive desde hace más de una década con escolta policial 24 horas al día por las constantes amenazas de muerte que recibe. También estaban en el punto de mira jefes del sistema penitenciario en varios estados.

Atacan a balazos un banco y dejan un mensaje contra Pullaro: “Dejá de hablar de los narcos”

Según la investigación, los narcos ideaban homicidios y extorsión mediante secuestro, que podrían darse al mismo tiempo en cinco estados brasileños. Buscaban crear conmoción a escala nacional. Sería una forma de negociar la puesta en libertad de Marcola, el máximo líder del PCC, que aún gobierna en la sombra desde la cárcel. En 2019, cuando Moro aún era ministro de Seguridad Pública con Jair Bolsonaro, el Gobierno federal y el gobierno del estado de São Paulo acordaron trasladar a Marcola y a otros 21 integrantes del PCC a cárceles de máxima seguridad. La petición de transferencia partió de Gakiya, cuyo equipo descubrió un plan de la facción para rescatar a varios líderes detenidos en una cárcel de Presidente Venceslau, en el interior de São Paulo.

Los narcos vigilaban a Moro y a su familia continuamente en Curitiba, la ciudad donde residía hasta que se mudó a Brasilia hace unos meses para estrenarse como senador. Al menos diez personas se turnaban para seguir sus pasos y conocer al dedillo su rutina. Alquilaron casas y hasta un despacho junto a las direcciones que solía frecuentar. Según la cúpula de la policía, otras autoridades también estaban siendo monitoreadas por el PCC prácticamente en tiempo real.

En rueda de prensa, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino, explicó que movilizó al director de la Policía Federal después de que el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, le alertase de indicios de ataques a autoridades, entre ellos el senador Moro. El Grupo de Actuación Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco) que lidera Gakiya en São Paulo, también había alertado a la policía y al propio Moro y a su esposa, Rosângela Moro (elegida diputada federal) ya en el mes de enero. Desde entonces los dos vieron reforzada su seguridad personal.

La droga fue secuestrada este martes en allanamientos hechos por Gendarmería y Prefectura en la provincia de Buenos Aires. Se presume que es la misma que estuvo detrás de los estupefacientes encontrados en campos del sur santafesino.

NARCOTRÁFICO | En una operación conjunta, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval desarticularon una organización narcocriminal trasnacional que estaba por enviar más de una tonelada y media de cocaína en barco a Europa desde un muelle sobre el río Paraná, en Escobar. pic.twitter.com/zZMxoK25k0

— Ministerio Seguridad (@MinSeg) June 21, 2022

La droga fue secuestrada este martes en allanamientos hechos por Gendarmería y Prefectura en la provincia de Buenos Aires. Se presume que es la misma que estuvo detrás de los estupefacientes encontrados en campos del sur santafesino. Más de una tonelada y media de cocaína que iba a ser trasladada en embarcaciones a Europa fue secuestrada en allanamientos realizados en el partido de Escobar y en la localidad bonaerense de Canning. Fue durante la denominada “Operación Atlantis”, en la que fueron detenidos seis acusados de integrar una organización dedicada al narcotráfico internacional. La banda sería la que estaría detrás de la droga que fue secuestrada en campos de las localidades de Conesa y Juan Bernabé Molina, situadas al sur de Santa Fe. El operativo –hecho por Gendarmería Nacional y Prefectura Naval– fue resultado de una pesquisa que se inició en 2018 sobre una organización que planeaba trasladar la droga en velero hasta aguas internacionales y, una vez en mar abierto, cargarla en un barco que la llevaría a Europa, donde se ejecutaría la maniobra inversa. El monitoreo de ubicaciones geográficas alertó a los investigadores sobre los movimientos de los principales sospechosos, que navegaban en tres embarcaciones por el río Paraná, intercalando paradas en dos domicilios de las orillas. Los uniformados observaron como personas realizaban pasamanos de bolsos estancos –que brindan protección total ante agua, polvo y barro– desde las viviendas hacia las lanchas, por lo que se dispuso un seguimiento controlado en el agua, donde se constató cómo la embarcación se acoderaba junto a un velero llamado “Quo Vadis”. Inmediatamente, se ordenó interceptar las embarcaciones, a bordo de las cuales fueron detenidos cinco ciudadanos argentinos y un ciudadano de nacionalidad española. Con base en esos arrestos y, luego de incorporarse a la causa imágenes de las maniobras, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora ordenó días atrás 11 allanamientos. La mayor parte del cargamento de cocaína fue incautado en una vivienda con muelle sobre el río Paraná, en Escobar, y en el placard de un domicilio ubicado en un country de la localidad bonaerense de Canning. En Escobar, tras el registro de cabañas y vehículos, se encontraron 34 bolsos con 800 paquetes sellados con plástico y envueltos en piñatas rosas, que contenían en total 889,255 kilos de cocaína. En tanto, en un country en la zona de Canning, se hallaron apilados paquetes con otros 660,740 kilos de esa misma droga en el placard de una vivienda. Para dar con la organización, en la pesquisa, en la que también intervino la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), se analizaron las maniobras llevadas por la banda criminal, que incluían lavado de activos y aportes logísticos de transporte, además de la distribución de estupefacientes. El principal investigado, a quien respondían los seis detenidos, es un ciudadano argentino que fue detenido en abril del 2020 en España. En el marco de la “Operación Atlantis”, en la que no se descartan nuevos arrestos y operativos, se secuestraron por el momento seis camionetas, cinco autos –dos de ellos de alta gama–, tres embarcaciones (velero, lancha rápida y semirrígido), seis motos, elementos de logística, 650.000 pesos, 38.000 dólares, 53.690 euros y 11.300 reales, un dispositivo de almacenamiento de bitcoin, una máquina cuenta dinero y documentación varias de interés para la causa, además de los 1.549 kilos de cocaína.

Más de una tonelada y media de cocaína que iba a ser trasladada en embarcaciones a Europa fue secuestrada en allanamientos realizados en el partido de Escobar y en la localidad bonaerense de Canning. Fue durante la denominada “Operación Atlantis”, en la que fueron detenidos seis acusados de integrar una organización dedicada al narcotráfico internacional. La banda sería la que estaría detrás de la droga que fue secuestrada en campos de las localidades de Conesa y Juan Bernabé Molina, situadas al sur de Santa Fe.

El operativo –hecho por Gendarmería Nacional y Prefectura Naval– fue resultado de una pesquisa que se inició en 2018 sobre una organización que planeaba trasladar la droga en velero hasta aguas internacionales y, una vez en mar abierto, cargarla en un barco que la llevaría a Europa, donde se ejecutaría la maniobra inversa.

El monitoreo de ubicaciones geográficas alertó a los investigadores sobre los movimientos de los principales sospechosos, que navegaban en tres embarcaciones por el río Paraná, intercalando paradas en dos domicilios de las orillas.

Los uniformados observaron como personas realizaban pasamanos de bolsos estancos –que brindan protección total ante agua, polvo y barro– desde las viviendas hacia las lanchas, por lo que se dispuso un seguimiento controlado en el agua, donde se constató cómo la embarcación se acoderaba junto a un velero llamado “Quo Vadis”.

Inmediatamente, se ordenó interceptar las embarcaciones, a bordo de las cuales fueron detenidos cinco ciudadanos argentinos y un ciudadano de nacionalidad española.

Con base en esos arrestos y, luego de incorporarse a la causa imágenes de las maniobras, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora ordenó días atrás 11 allanamientos.

La mayor parte del cargamento de cocaína fue incautado en una vivienda con muelle sobre el río Paraná, en Escobar, y en el placard de un domicilio ubicado en un country de la localidad bonaerense de Canning.

En Escobar, tras el registro de cabañas y vehículos, se encontraron 34 bolsos con 800 paquetes sellados con plástico y envueltos en piñatas rosas, que contenían en total 889,255 kilos de cocaína.

En tanto, en un country en la zona de Canning, se hallaron apilados paquetes con otros 660,740 kilos de esa misma droga en el placard de una vivienda.

Para dar con la organización, en la pesquisa, en la que también intervino la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), se analizaron las maniobras llevadas por la banda criminal, que incluían lavado de activos y aportes logísticos de transporte, además de la distribución de estupefacientes.

El principal investigado, a quien respondían los seis detenidos, es un ciudadano argentino que fue detenido en abril del 2020 en España.

En el marco de la “Operación Atlantis”, en la que no se descartan nuevos arrestos y operativos, se secuestraron por el momento seis camionetas, cinco autos –dos de ellos de alta gama–, tres embarcaciones (velero, lancha rápida y semirrígido), seis motos, elementos de logística, 650.000 pesos, 38.000 dólares, 53.690 euros y 11.300 reales, un dispositivo de almacenamiento de bitcoin, una máquina cuenta dinero y documentación varias de interés para la causa, además de los 1.549 kilos de cocaína.

El exministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, atestiguó en el juicio contra la organización criminal liderada por Esteban Lindor Alvarado. No es la primera vez que el actual diputado provincial se enfrenta cara a cara con los jefes de una banda narco; en 2021 lo hizo ante Los Monos, también para explicar cómo fueron las actuaciones impulsadas desde el Estado para detenerlos. En esta ocasión lo hizo acompañado por su par en la Legislatura, Clara García; el diputado nacional Gabriel Chumpitaz y el exministro de Justicia Ricardo Silberstein.

Para Pullaro, la importancia de la causa radica en que, cuando todavía ocupaba el cargo de ministro de Seguridad, se contaba con la información de que al salir Alvarado de la cárcel la violencia se vería incrementada y focalizada hacia la zona oeste de Rosario. “Que hoy salgan a la luz todos los vínculos que esta organización criminal tenía con el delito y la violencia, es muy importante y sentimos que estamos cumpliendo con lo que nos pidió el gobernador en ese momento”, señaló.

En relación a las declaraciones del testigo “arrepentido” Carlos Argüelles sobre un supuesto plan para secuestrar uno de sus hijos, Pullaro descartó toda connotación personal al afirmar: “Todo lo que hicimos fue en representación de la legalidad del Estado” y consideró que “por eso logramos que cayeran no sólo las primeras y segundas líneas de Los Monos, sino también la única banda que le disputaba poder y territorio, porque Alvarado construyó y lideraba la mayor organización criminal de la provincia de Santa Fe.”

En el mismo sentido, el referente del espacio UCR Evolución consideró que fue la decisión de “ir a fondo contra todas las organizaciones” lo que posibilitó trabajar en las investigaciones junto a los fiscales del Ministerio Público de la Acusación hasta llegar a dar con la ubicación de Alvarado en Córdoba, donde se mantenía prófugo de la Justicia.

“El operativo fue complejo porque había que llegar a la zona de Río Tercero sin hacer ruido ni que se filtrara información”, contó Pullaro sobre el momento en que la Policía de Investigaciones santafesina bajo su mando logró la detención del líder narco. “Después hubo que viajar a EEUU para desencriptar el celular que rescatamos del fondo del lago, donde lo había tirado el propio Alvarado”, dijo y agregó que “esto fue lo que permitió avanzar en la causa con todo lo que ahora se sabe de su organización.”