El director provincial de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Rolando Galfrascoli, brindó una conferencia de prensa en la que ofreció detalles de un operativo que incluyó una decena de allanamientos realizados este miércoles en domicilios los barrios Transporte y Los Ángeles de la ciudad de Santa Fe, en los que se detuvo a cuatro personas y se secuestraron armas de fuego y estupefacientes.

Durante la rueda de prensa, realizada en la sede ministerial y acompañado por la jefa de Distrito de la Policía de Investigaciones (PDI), Lilia Britos, el funcionario explicó que la investigación está vinculada a delitos contra la seguridad pública, tenencia ilegítima de armas de fuego de uso civil y robos calificados reiterados ocurridos en distintas localidades de la provincia, y que todas estas causas están relacionadas.

“El resultado de los allanamientos es altamente positivo, con el secuestro de material que va a servir para la continuidad de la investigación”, aseguró Galfrascoli, quien mencionó que se trata de “una investigación compleja” en la que vieron involucradas las “las unidades fiscales de Rosario, Esperanza y Santa Fe (del Ministerio Público de la Acusación -MPA-), y cuatro equipos de la Policía de Investigaciones” (PDI).

En ese sentido, indicó que “las causas están relacionadas con hechos ocurridos en Laguna Paiva, Esperanza, Santa Fe y Rosario”, y recordó que días atrás hubo otros procedimientos que, a su vez, “dieron lugar a estos allanamientos que tienen que ver con una investigación realizada de antemano por nuestra policía, y que se fue concatenando con otras investigaciones que las unidades policiales de PDI de distintos lugares estaban llevando adelante”. Asimismo, hizo mención a que los allanamientos realizados en Santa Fe “implican presuntivamente que el eje territorial de esta organización ilícita” se encuentra en la capital provincial.

Finalmente, Galfrascoli destacó que con estos procedimientos “hemos sacado de circulación de la ciudad de Santa Fe una cantidad importante de armas de fuego, material estupefaciente, y también lo relacionado con el juego ilegal ligado a los animales de riña, que genera un importante movimiento clandestino de dinero y violencia”, en tanto que hay cuatro personas detenidas “que ya están a disposición de la Justicia”.

La investigación dio inicio el 21 de enero pasado cuando, a partir de una iniciativa de oficio de la PDI, se detectó a una persona que se exhibía en redes sociales portando distintas armas de fuego y grandes sumas de dinero. Se lo identificó, se obtuvieron registros de las publicaciones en redes sociales, y se pudo conocer que esta persona junto a otros estaba involucrado en reiterados hechos de robo en Rosario y Esperanza, por lo que la investigación se fue concatenando con otras que ya estaban en marcha.

Estas tareas permitieron ubicar el domicilio del imputado así como su dinámica de desplazamiento y otros lugares de permanencia y ocultamiento de los elementos de interés para investigación.

Durante los allanamientos se secuestró vestimenta utilizada en los robos cometidos en Esperanza; varios gallos de riña; 152 gramos de cocaína; una caja fuerte; una balanza electrónica con vestigios de cocaína; varios teléfonos celulares; un revólver calibre 22; seis cartuchos del mismo calibre; dos escopetas calibre 12/70; y varios cartuchos calibre 12/70 y AT.

También se halló documentación en formato papel, motocicletas, elementos de uso en motociclismo y prendas de vestir; en tanto que en uno de los allanamientos, efectuado en una propiedad ubicada en calle Europa al 8300, se encontraron dos granadas (lo que motivó la presencia de la Brigada de Explosivos), un pistola 9 mm, una carabina, y varios cartuchos de diferentes calibres.

Tras el posteo realizado en las redes sociales, donde confirmó el desmantelamiento de una banda narco-criminal que traía droga desde La Matanza para abastecer distintos puntos de venta en el sur santafesino, el intendente de Venado Tuerto Leonel Chiarella brindó más detalles de la investigación a través de la cual lograron la detención de cinco personas, entre ellas Diego Torancio y Nahir Cervera que están sindicados como líderes de la organización.  

Según explicó el propio mandatario, se trató de una investigación de gran alcance, ya que operaba con base en el conurbano bonaerense y extendía su accionar en Venado Tuerto y otras localidades de la región. A partir de una serie de allanamientos, en un trabajo coordinado Justicia Federal, fuerzas de seguridad, fiscales y autoridades municipales, no sólo se logró detener a los supuestos involucrados, se secuestraron evidencias importantes y hasta se destruyeron dos búnkers que funcionaban en el barrio Villa Moisés, en la zona sur venadense. 

“En Venado hay una decisión política firme: enfrentar al narcotráfico con nombre y apellido. Y eso es lo que venimos haciendo desde hace tiempo”, sostuvo Chiarella.

La semana pasada se concretaron 14 allanamientos simultáneos: 13 en territorio santafesino —la mayoría en Venado Tuerto— y uno en el conurbano bonaerense, específicamente en La Matanza, donde la banda tenía su epicentro. En total, participaron más de 60 efectivos y se logró la detención de varias personas, además del secuestro de droga, armas de fuego, dinero en efectivo, balanzas de precisión y otros elementos clave para el funcionamiento de la red.

“La droga era traída desde Buenos Aires y distribuida en Venado por personas a las cuales veníamos denunciando hace tiempo. Ellos eran los nexos directos de la organización en nuestra ciudad”, explicó el intendente.

Según Chiarella, dos de los detenidos, integraban la estructura de una banda liderada por Maximiliano Ríos, alias “El Guacho Maxi”, actualmente detenido en una cárcel federal de máxima seguridad. “Muchos de los responsables de este tipo de delitos están hoy presos. Son los peces gordos del narcotráfico”, señaló Chiarella.

También fue detenido Lucas Torancio, hermano de Diego Torancio, y otros integrantes menores de la organización. Todos están sujetos a proceso judicial, pero su detención representa un paso fundamental para cortar el circuito delictivo.

Chiarella fue enfático al rechazar la idea de que “solo se atrapa a perejiles”. “No hay ningún perejil acá. Todos forman parte de una misma estructura que destruye familias y genera violencia. Desde los que traen la droga, hasta los que la venden en la esquina. Todos saben lo que hacen y deben rendir cuentas por eso”, dijo.

El mandatario recordó que la venta de drogas está directamente vinculada con otros delitos, como robos, violencia armada, y la descomposición del tejido social. “Por eso no subestimamos a nadie. Cada paso que damos en esta lucha es importante”, afirmó.

La investigación, encabezada por la Fiscalía Federal, contó con intervenciones telefónicas, análisis de movimientos financieros y seguimientos en el terreno. “Imaginate la magnitud del trabajo: se llegó hasta La Matanza, con pruebas sólidas. No fue algo improvisado. Es el resultado de años de denuncias, vigilancia y trabajo articulado entre municipio, justicia y fuerzas federales”, enfatizó el intendente.

Según detalló, la causa aún está en desarrollo, y no se descartan nuevas detenciones ni la apertura de otras causas conexas a partir de los datos extraídos de los teléfonos celulares incautados.

En relación a los derribos de viviendas utilizadas como puntos de venta, Chiarella defendió la decisión judicial: “Muchos de esos lugares están marcados por el delito. Cuando se intenta reinsertar una familia trabajadora, muchas veces son atacadas por los mismos narcos que antes vivían allí. Se han visto casos de amenazas, disparos y violencia extrema”.

“No podemos exponer a los vecinos a ese riesgo. Por eso la Justicia determina el derrumbe de esos espacios. Es una señal clara: ahí no se vuelve a vender droga. Ahí empieza algo nuevo”, remarcó.

Incluso recordó que en algunas viviendas usurpadas para la venta de droga, tras las detenciones, los consumidores seguían yendo a comprar, lo que obligó a colocar carteles como “Aquí ya no se vende droga”.

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, en conferencia de prensa, dio precisiones sobre la detención de tres personas por usura, extorsiones y balacera.

La Policía de Santa Fe, a través de la División Judiciales de la Unidad Regional II (URII) y con la colaboración de grupos tácticos GIRI y GTM, llevó adelante una serie de allanamientos en Rosario, en los cuales aprehendió a dos hombres y una mujer en el marco de una causa que investiga hechos de usura, extorsiones y abuso de arma en perjuicio de una víctima que había solicitado un crédito.

En la oportunidad, el jefe de Unidad Regional II de la Policía de Santa Fe, Daniel Acosta, explicó los detalles de la investigación: “A mediados de octubre, en la zona noroeste de la ciudad, se produjo una balacera contra un domicilio. La víctima, una mujer, denunció y llegó personal de calle que constató los disparos. Posteriormente informó que recibió mensajes de texto donde le reclaman el pago de la deuda y esta persona nos comenta que había solicitado un préstamo de dinero a quienes en la calle se conocen como ‘Los colombianos’. En las amenazas dicen que eran gente de Los Monos y que iban a tomar otras medidas más drásticas por el no pago de la deuda”. 

A raíz de eso, según explicó Acosta, tomó intervención la División Judicial y se informó a la fiscalía, que autorizó una serie de medidas, entre ellas, las escuchas telefónicas que derivaron en una entrega controlada. “No solamente realizaban préstamos de dinero, sino que también vendían el electrodoméstico y celulares. Entonces, en una entrega pactada de un celular, el personal de la Brigada Judicial procede a la aprehensión de este sujeto y a realizar una serie de allanamientos donde, como resultado, se secuestraron 70 millones de pesos aproximadamente y otros elementos”, detalló.

Por su parte, el jefe de la División Judicial de la Policía, Raúl Acosta Gorosito, al ser consultado sobre los antecedentes penales de los detenidos, dijo: “Hay uno que tiene hechos menores, pero eso es materia de investigación”. Y luego, explicó cómo se logra la vinculación entre los sospechosos: “La vinculación la pudimos llevar adelante por las escuchas telefónicas y con los teléfonos que hicieron las extorsiones y donde se solicitaban los préstamos, incluso esos teléfonos los tenemos secuestrados”. 

Finalmente, Acosta Gorosito detalló el material secuestrado durante el operativo: “Son casi 70 millones de pesos, 1.600 dólares, 3 millones de pesos colombianos y 400.000 pesos chilenos. Además, gran cantidad de electrodomésticos, teléfonos celulares, todos los teléfonos celulares de los imputados en el hecho, dos armas de fuego, una carabina calibre 22 reformada, un revólver calibre 32 y los vehículos que también estaban mencionados en la escucha”.

La causa se encuentra a cargo del fiscal Federico Rébola. Al cabo de los procedimientos, el fiscal ordenó que los identificados como Kevin Rodrigo M.D., colombiano de 26 años; y Raúl Ariel P., argentino de 48 años, queden detenidos y sean llevados a audiencia imputativa en los próximos días. En el caso de la Paola Andrea A., colombiana de 42 años, quedó aprehendida por el delito de tenencia de arma de fuego.

Una banda delictiva que se dedicaba a estafar a turistas con billetes falsos fue desmantelada tras un amplio operativo llevado a cabo en las últimas horas.

La investigación, conocida como "La caza de papel", se inició hace varios meses y culminó con cinco allanamientos realizados por agentes de la Policía Federal en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, incluyendo Florida y Villa Domínico, así como en la ciudad de Rosario, el microcentro de Buenos Aires y el barrio de Monserrat.

El modus operandi de la banda implicaba que sus miembros, tanto hombres como mujeres, se posicionaban estratégicamente en puntos concurridos de la ciudad, como "arbolitos", ofreciendo servicios de cambio de moneda.

Una vez que una posible víctima se acercaba a ellos, otro integrante de la organización intervenía para llevar a cabo el cambio de moneda, ya sea entregando dólares falsificados a cambio de pesos argentinos, o entregando dólares auténticos a cambio de pesos falsificados, en billetes de denominaciones de $1.000 o $2.000.

El billete de $2.000 despertó la atención de los investigadores, ya que hasta el momento no se habían detectado ejemplares falsificados en el mercado. Ante esta situación, los agentes del Departamento Delitos Económicos realizaron una extensa investigación durante varios meses bajo la supervisión del Juzgado Federal Nº5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti.

Las labores de campo permitieron identificar y rastrear las actividades delictivas de la banda, que operaba principalmente en el microcentro, el Obelisco y San Telmo. Una vez identificados los miembros de la organización y los domicilios implicados, agentes federales de la División Falsificación de Moneda llevaron a cabo las pesquisas correspondientes.

Como resultado de estos esfuerzos, se logró la detención de siete personas y el decomiso de una gran cantidad de billetes falsificados, más de dos millones y medio de pesos, 200 mil dólares, sellos bancarios, máquinas contadoras de billetes y documentación utilizada para legitimar las actividades financieras ilícitas.

Tres jóvenes, uno de ellos con antecedentes por estafa e hijo de un suboficial retirado de la policía bonaerense, fueron detenidos acusados de ser quienes llevaron adelante en los últimos dos meses al menos 30 amenazas, varias de ellas de bomba, contra la Casa de Gobierno, estaciones de trenes, jueces, funcionarios públicos y el búnker de Unión por la Patria, informaron fuentes policiales y judiciales.

Los voceros detallaron que al grupo se lo acusa de las recientes amenazas dirigidas a las estaciones de tren de las líneas Roca y Sarmiento y del subte porteño, las que produjeron pérdidas millonarias debido a la suspensión de los servicios, e incluso se los vincula con intimidaciones recibidas en el búnker del candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, durante las últimas elecciones presidenciales, y por el juez Federal Ariel Lijo, quien se encontraba de turno.

Los arrestos se realizaron la noche del jueves en distintos domicilios del conurbano bonaerense, donde efectivos de la División Delitos Constitucionales de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA) trabajaron bajo las órdenes del juez Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 10, Julián Ercolini.

Las fuentes consultadas por Télam identificaron a uno de los detenidos como Facundo Maximiliano Martínez (18), hijo de un sargento retirado de la policía bonaerense y hermano de una integrante de la Policía de la Ciudad, quien fue apresado en la localidad bonaerense de Llavallol, acusado de integrar el grupo que se hacía llamar "La mafia del Hentai", en alusión a un animé japonés porno, junto con los otros dos sospechosos, Matías Manuel Danco y Leandro Gonzalez.

Los tres permanecen alojados en la alcaidía de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, situada en Madariaga al 6900, del barrio porteño de Villa Lugano, donde aguardan ser trasladados a los tribunales federales de Retiro para ser indagados por Ercolini entre este viernes y el sábado, detallaron voceros judiciales a Télam.

La pesquisa se inició el día de las elecciones generales del 22 de octubre pasado, cuando se recibieron amenazas telefónicas en la Casa Rosada, en el Congreso Nacional, en la Cámara Electoral y en el búnker de Massa, en el Complejo C del barrio porteño de Chacarita.

Tras ello se inició una causa ante el juzgado de Lijo, que estaba de turno, quien dio intervención a los pesquisas de Delitos Constitucionales la PFA para que comenzaran a analizar las comunicaciones, con la colaboración de personal especializado de áreas de Antiterrorismo y Cibercrimen.

Sin embargo, a los tres días de iniciada esa investigación, el propio magistrado recibió una amenaza en su despacho, por lo que denunció el hecho ante su colega Ercolini, que quedó al mando de la pesquisa, detallaron los informantes consultados por esta agencia.

Los detectives expertos en comunicaciones de la PFA lograron establecer que las amenazas habían sido realizadas a través de varias líneas en común -que luego coincidieron con las empleadas en las intimidaciones contra las estaciones de trenes de esta semana-, las que pertenecían a la empresa Telecentro, que utiliza una nueva tecnología que canaliza las llamadas a través de una conexión a internet.

Las fuentes explicaron que una parte de los acusados se dedicaba a hackear las cuentas de los clientes de la empresa, gestionándoles -sin su consentimiento- nuevas líneas telefónicas a su nombre, las que luego eran vendidas en el mercado negro de la "Deep Web".

Allí, uno de los sospechosos adquiría las líneas fraudulentas a nombre de terceros y las utilizaba redes wifi públicas para realizar los llamados intimidatorios y evitar de esa manera ser rastreado.

No obstante, los detectives lograron establecer la existencia de algunos patrones comunes de conexión y, mediante múltiples intervenciones telefónicas realizadas en tiempo real, los identificaron y localizaron.

Allegados a la investigación, dijeron que, hasta el momento, se identificaron al menos unos 30 hechos de amenazas relacionados a los detenidos, uno de los cuales, al ser atrapado, refirió a los federales ser una persona "peleada con el sistema".

Además, justo antes de que se produjeran los allanamientos y los arrestos, habían llegado a concretar una amenaza contra el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, agregaron las fuentes. 

Dos hombres se entregaron a la policía y quedaron detenidos acusados de ser parte de una banda delictiva donde ya hay otros dos integrantes presos. Ambos llegaron a la dependencia policial acompañados de su abogado, quien también defiende a los otros imputados.

Los delincuentes se llevaron un botín superior al millón de dólares y 42 millones de pesos en distintos departamentos de la ciudad de Mar del Plata.

Los primeros arrestados se negaron a declarar ayer ante el fiscal a cargo de la causa, Fernando Berlingeri, en los tribunales marplatenses. Mientras que los nuevos acusados pasarán la noche en la Alcaidía Penitenciaria Nº 44 de Batán, para luego comparecer mañana ante el instructor judicial a fines de la indagatoria.

Condenan a mujer policía santafesina que cometía “entraderas”

El fiscal Berlingeri y el personal de la DDI Mar del Plata lograron identificar a los sospechosos tras un peritaje clave en distintos teléfonos celulares, en los que se recuperaron mensajes donde reconocían distintos robos.

Los pesquisas creen que la banda cometió al menos cuatro robos en los últimos seis meses en departamentos del macrocentro y de la zona de Playa Grande, en el sur de Mar del Plata.

El miércoles pasado, personal policial allanó cuatro domicilios y una “cueva” financiera del macrocentro marplatense con el fin de dar con los delincuentes, pero el resultado fue negativo. De inmediato, el fiscal Berlingeri pidió que se les dicte a los sospechosos una orden de captura internacional.

Los procedimientos tuvieron lugar en una vivienda del barrio privado “Rumenco Joven”, ubicado en avenida Jorge Newbery; en una casa en la calle French al 5300; un inmueble en San Juan al 4100; en una vivienda de la calle Laprida al 5000 y en un inmueble que actuaba como “cueva” en Catamarca al 2200.

Al arribar la Policía, ninguno de los imputados se encontraba presente y a los investigadores les llamo la atención porque el resto de la familia estaban como esperándolos. Los investigadores creen que los ladrones se alzaron con una suma muy importante de dólares y en pesos, como así también alhajas y joyas.

Según la investigación, los delincuentes aprovechaban que los dueños de los departamentos asaltados no estaban en la vivienda al momento de ingresar a robar.

Para los pesquisas, el primero de los hechos se produjo el 28 de julio en un edificio de la calle Moreno al 3000 y, unos días más tarde, la misma banda cometió otro robo en el mismo domicilio al aprovechar que sus moradores estaban de viaje.

Otro de los robos ocurrió el 13 de noviembre en la calle Bolívar al 3500 y el último sucedió el 20 de enero en un departamento de la calle Rodríguez Peña al 100, en plena zona de playa Grande.

La sospecha de los investigadores es que, para ingresar a los departamentos, los ladrones obtenían copias de las llaves de la puerta de ingreso, tanto del edificio como de la vivienda.

La Agencia de Investigación Criminal dependiente de la cartera de seguridad provincial, detuvo a tres personas vinculadas a diferentes robos calificados que perpetraban en distintas localidades del sur provincial, entre ellas Casilda, Chabás, Pujato, Villa Constitución y Arroyo Seco.

El operativo de la AIC se desarrolló gracias a una excelente labor de inteligencia criminal que permitió detectar la ubicación de los posibles implicados en el ardid delictivo. Es así que en un Hotel Céntrico de la ciudad de Rosario, situado en calle Alvear al 500 fue detenido Ernesto L. de 25 años, señalado como el principal organizador de la banda, junto a sus cómplices, Brian V. de 27 años y Martín A. de 23 años; asimismo se les secuestró alhajas en oro y plata, aproximadamente 80 mil pesos en efectivo y divisas en Reales y Euros. Se suman como elementos incautados tres teléfonos celulares Iphone y un automóvil Peugeot 208 color blanco utilizado por los malhechores.

Esta modalidad delictiva, ya conocida como ”escruches” se distingue por el trabajo de inteligencia urbana que realizan los delincuentes y por lo general se lleva a cabo en banda. Esto permitió a los Agentes de la AIC investigar los hechos cometidos en diferentes localidades del sur provincial y mediante una compleja actividad de análisis criminal que incluye escuchas telefónicas, detección de activación de antenas de telecomunicación, análisis de cámaras de video vigilancia y trabajos de observación y monitoreo; contribuyo a detectar la presencia de los implicados en el hecho. Las labores realizadas por la AIC fueron auditadas por la Fiscalía interviniente a cargo del Dr. Juan Pablo Baños de la localidad de Casilda, quien actualmente desarrollas las actuaciones de rigor judicial a los efectos de dar intervención a las diversas Unidades Fiscales que interactúan por jurisdicción.