En un operativo desarrollado esta semana en la localidad de Roldán, el Gobierno de la Provincia decomisó tres inmuebles que pertenecían a una organización delictiva que cometía estafas.

A partir de la orden de la jueza Eleonora Verón en torno a una causa “por falsedad y uso de instrumento público y legitimación de activos de origen ilícito”, la acción fue desarrollada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), organismo dependiente del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, en el marco de las políticas que la actual gestión provincial desarrolla de manera continua con el fin de atacar el delito en su economía, para así debilitar uno de los eslabones más importantes de la cadena criminal.

Así, el Gobierno de la provincia decomisa los bienes vinculados a actividades ilícitas y luego los devuelve a la comunidad a través de subastas públicas o su reutilización con fines sociales o uso del Estado.

“Hemos decomisado tres lotes que pertenecían a una organización criminal que se dedicaba a realizar distintos tipos de estafas”, señaló el secretario de Gestión de Registros del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, Matías Figueroa Escauriza, para luego explicar que “con operativos de esta naturaleza continuamos debilitando a las organizaciones criminales”. Luego, el funcionario remarcó que “estas acciones responden a pedidos expresos del gobernador Máximo Pullaro y el ministro Fabián Bastia: tenemos que ir por los bienes de los delincuentes; controlar la cárcel para controlar la calle; y debilitar a las organizaciones criminales en su poder económico para que no puedan operar en el territorio provincial y de esta manera quitándoles sus bienes para luego subastarlos”. 

Cabe señalar que todos los bienes y efectos que son objeto de secuestro u otras medidas dispuestas en causas judiciales como consecuencia de delitos o contravenciones, son puestos a disposición de APRAD. Los bienes y efectos o su producido tienen como objetivo primordial su utilidad social.

El juez que llevó a Lula da Silva a la cárcel y máxima estrella de la macroperación anticorrupción Lava Jato, Sérgio Moro, estuvo a punto de ser asesinado por el Primer Comando de la Capital (PCC), la facción de narcotraficantes más poderosa de Sudamérica. Es lo que apunta una investigación policial que salió a la luz este miércoles y que de momento detuvo a nueve personas, la mayoría en el estado de São Paulo.

Entre los objetivos de los narcotraficantes también estaban el fiscal Lincoln Gakiya, que desde principios de los años 2000 investiga a la banda y vive desde hace más de una década con escolta policial 24 horas al día por las constantes amenazas de muerte que recibe. También estaban en el punto de mira jefes del sistema penitenciario en varios estados.

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Según la investigación, los narcos ideaban homicidios y extorsión mediante secuestro, que podrían darse al mismo tiempo en cinco estados brasileños. Buscaban crear conmoción a escala nacional. Sería una forma de negociar la puesta en libertad de Marcola, el máximo líder del PCC, que aún gobierna en la sombra desde la cárcel. En 2019, cuando Moro aún era ministro de Seguridad Pública con Jair Bolsonaro, el Gobierno federal y el gobierno del estado de São Paulo acordaron trasladar a Marcola y a otros 21 integrantes del PCC a cárceles de máxima seguridad. La petición de transferencia partió de Gakiya, cuyo equipo descubrió un plan de la facción para rescatar a varios líderes detenidos en una cárcel de Presidente Venceslau, en el interior de São Paulo.

Los narcos vigilaban a Moro y a su familia continuamente en Curitiba, la ciudad donde residía hasta que se mudó a Brasilia hace unos meses para estrenarse como senador. Al menos diez personas se turnaban para seguir sus pasos y conocer al dedillo su rutina. Alquilaron casas y hasta un despacho junto a las direcciones que solía frecuentar. Según la cúpula de la policía, otras autoridades también estaban siendo monitoreadas por el PCC prácticamente en tiempo real.

En rueda de prensa, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino, explicó que movilizó al director de la Policía Federal después de que el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, le alertase de indicios de ataques a autoridades, entre ellos el senador Moro. El Grupo de Actuación Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco) que lidera Gakiya en São Paulo, también había alertado a la policía y al propio Moro y a su esposa, Rosângela Moro (elegida diputada federal) ya en el mes de enero. Desde entonces los dos vieron reforzada su seguridad personal.