El Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe rechazó la acción de amparo colectivo presentada por organizaciones ambientalistas y referentes sociales que pretendían suspender la licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná hasta que el Estado nacional realizara una Evaluación de Impacto Ambiental Estratégica y Acumulativa sobre toda la cuenca del río Paraná.

La sentencia, firmada el 5 de junio por el juez federal Gastón Salmain, concluyó que no se acreditó una "arbitrariedad o ilegalidad manifiesta" por parte del Estado nacional y rechazó tanto la suspensión del Decreto 709/2024 como el pedido de inconstitucionalidad del DNU 699/2024, que declaró servicio público las actividades de dragado, redragado, señalización, balizamiento y control hidrológico.

Santa Fe pidió acelerar la adjudicación de la Hidrovía para reducir costos logísticos y ganar competitividad. Foto: Fernando Nicola

La resolución representa un respaldo judicial para la continuidad del proceso licitatorio impulsado por el Gobierno nacional sobre la principal vía de salida de las exportaciones argentinas.

"La arbitrariedad o ilegalidad exigida por el artículo 43 de la Constitución Nacional debe ser manifiesta. No basta la invocación de un desacuerdo técnico, una crítica política, una divergencia científica o la postulación de estándares ambientales más rigurosos que los implementados por la Administración", sostuvo el magistrado.

Los demandantes habían solicitado que la Justicia ordenara una evaluación ambiental estratégica sobre toda la cuenca del Paraná, suspendiera el proceso licitatorio y declarara inconstitucional el régimen normativo que regula actualmente la concesión de la Vía Navegable Troncal.

Salmain consideró que el planteo excedía los límites propios de la acción de amparo. "La protección ambiental no exige que el juez administre. Exige que controle", afirmó en uno de los párrafos centrales de la sentencia.

También sostuvo que "la Constitución Nacional no consagra una cláusula de inmovilidad ecológica, sino un modelo de desarrollo sostenible", y remarcó que el desafío consiste en compatibilizar producción, infraestructura, comercio exterior y protección ambiental.

Según el fallo, la Hidrovía constituye una infraestructura estratégica para el país y cualquier decisión judicial que paralizara integralmente el proceso debía analizarse con especial prudencia institucional.

"La relevancia económica del corredor no excluye el control ambiental, pero sí impone ponderar cuidadosamente las consecuencias institucionales de una sentencia que pudiera paralizar o condicionar de modo absoluto la gestión de una infraestructura estratégica", señaló.

La sentencia llega en un momento crucial para el futuro de la Hidrovía. Tras superar la etapa de evaluación técnica, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación abrió en mayo las ofertas económicas de los dos consorcios que llegaron a la instancia final: la belga Jan De Nul, asociada con Servimagnus, y su competidora DEME.

Draga Albuquerque de Jan De Nul, que opera en el río Paraná. Foto: Gentileza DJN

Ambas presentaron propuestas económicas prácticamente idénticas, con tarifas ubicadas en los valores mínimos previstos por los pliegos.

Finalmente, el mismo día en que Salmain firmó la sentencia, el Gobierno nacional difundió el dictamen de preadjudicación que recomienda otorgar la concesión a Jan De Nul–Servimagnus, abriendo ahora un período para eventuales impugnaciones antes de la adjudicación definitiva. La decisión se basó en el sistema de puntajes aplicado durante las etapas técnica y económica del procedimiento.

El proceso sigue rodeado de controversias. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) había advertido semanas atrás sobre presuntas irregularidades en los pliegos y observaciones vinculadas a la transparencia del procedimiento, cuestionamientos que también fueron invocados por los actores en la causa judicial.

Sin embargo, Salmain sostuvo que las observaciones formuladas por la PIA "poseen relevancia institucional", pero que no constituyen por sí mismas una demostración de ilegalidad manifiesta que justifique la suspensión judicial del proceso.

El fallo también adquiere especial relevancia por el contexto institucional que atraviesa su autor. El juez Gastón Salmain compareció el 20 de mayo ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura en el marco de expedientes disciplinarios acumulados abiertos en su contra. Durante esa audiencia respondió preguntas de los consejeros y ejerció su defensa.

El juez federal de Rosario Gastón Salmaín compareció ante la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura. Archivo El Litoral

Ocho días después, la Comisión aprobó por unanimidad un dictamen que propone al plenario del Consejo la apertura formal del procedimiento de remoción por presunto mal desempeño y su suspensión en el ejercicio del cargo. La recomendación todavía debe ser considerada por el plenario del organismo, que resolverá si formula la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento.

El Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe está vacante desde fines de 2024 tras la jubilación de Reinaldo Rodríguez, cubierto con subrogancias rotativas y actualmente con concurso en trámite para su cobertura en el Consejo de la Magistratura.

En tanto, la decisión de Salmain no clausura la discusión ambiental sobre la Hidrovía.

El propio magistrado aclaró que el rechazo del amparo "no importa una autorización judicial anticipada e irrestricta para cualquier obra futura" y recordó que el Estado mantiene la obligación de realizar las evaluaciones ambientales que correspondan respecto de proyectos concretos de ampliación, profundización o modificación del sistema navegable.

Por ahora, sin embargo, el fallo elimina uno de los principales obstáculos judiciales que enfrentaba el proceso licitatorio y despeja el camino para que el Gobierno avance hacia la adjudicación definitiva de una concesión estratégica por donde circula alrededor del 80 por ciento del comercio exterior argentino.

La nueva concesión de la Hidrovía Paraguay Paraná se inició a partir del primer minuto de este sábado con el Estado Nacional, a través de la Administración General de Puertos (AGP), a cargo de controlar y gestionar durante los próximos 12 meses la vía navegable más importante de la Argentina, que atraviesa siete provincias.

Esta nueva modalidad contará además con un Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, creado a fines de agosto por el Gobierno, y del que participan además del Poder Ejecutivo Nacional, representantes de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos.

El viernes al cerrar el día, la concesión privada que administró la Hidrovía en los últimos 26 años llegó a su fin, luego de un proceso iniciado en 2020 cuando el presidente Alberto Fernández lanzó un Acuerdo Federal para abordar el desarrollo de la ruta fluvial que en la Argentina cuenta con 1.635 kilómetros, sobre un total de 3.400 que tiene el canal que se comparte con Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

En 1995, el gobierno menemista otorgó la concesión de las tareas de mantenimiento, dragado y balizamiento del Paraná al consorcio Hidrovía, integrado por la empresa belga Jan de Nul y la argentina Emepa.

Esta concesión venció el 30 de abril último, pero se estableció una prórroga que duró hasta el viernes, para iniciar un proceso que permita definir el formato o modalidad de operación de la principal vía navegable troncal.

En este marco, el Presidente, a través del decreto 427/2021, decidió el 1 de julio último dejar a la Hidrovía bajo control estatal, más precisamente a manos de la AGP.

“Es un paso adelante. Si bien es una medida transitoria, da certeza de lo que va a pasar con la Hidrovía. Y da tiempo al Gobierno a preparar un proyecto de licitación, en lugar de hacer algo a las apuradas”, destacó a Télam Guillermo Misiano, presidente del Grupo PTP, uno de los principales operadores portuarios del Paraná.

PTP tiene el manejo de terminales sobre la Hidrovía en las ciudades bonaerenses de San Nicolás, Ramallo y Lima, Nueva Palmira (Uruguay) y Villeta (Paraguay), y está en proceso de construir dos nuevos puertos: uno en la Zona Franca Santa Fe de Villa Constitución y el otro en Brasil.

Misiano consideró que la decisión del Gobierno respecto de la vía navegable “es importante para planificar las inversiones que se van a hacer”, y señaló que “si la Hidrovía cambia de 33 a 40 pies de profundidad, habrá que invertir en los puertos para adaptarse”.

Añadió que “también los importadores y exportadores deberán adaptar toda la cadena logística a la nueva profundidad”, pero destacó que esto conllevará una “consecuente reducción de costos” para el comercio.

“En lo personal tengo expectativas muy positivas, porque este paso que se dio, en el contexto que venía la situación, complicada por la pandemia, es certero. Es una decisión inteligente que da una señal clara, al mercado y a todos los actores, de hacia dónde el Gobierno quiere ir con la Hidrovía”, afirmó Misiano.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de la Industria Naval Argentina (CINA), Silvia Martínez, destacó a esta agencia que espera que el proyecto de desarrollo que tiene el Gobierno para la Hidrovía apunte a “defender la industria nacional, fomentar las economías regionales y promover el empleo argentino”.

Para eso, señaló que es preciso “buscar e impulsar sinergias entre el sector público-privado como motor del crecimiento nacional”, y también sostuvo que se debe “considerar al transporte marítimo como un actor relevante de la economía nacional, en su condición de dador de empleo, y socio colaborativo de otros rubros como el petroquímico, minero, turismo y ferroviario”.

Además, consideró que es necesario “recuperar la bandera argentina de buques marítimos, fluviales y de pesca en la participación de la Hidrovía”.

En ese sentido, pidió “apoyar a los astilleros y talleres nacionales dedicados a la construcción, reparación y mantenimiento de flota, y a los proveedores de insumos, como las pymes naval partistas, mediante la implementación de políticas navieras concretas y sustentables que garanticen la competitividad de los buques y armadores argentinos”.

Asimismo, Martínez propuso “garantizar la navegabilidad y seguridad de la Hidrovía, a través de la reactivación o creación de una empresa de dragado que mantenga las vías navegables en buenas condiciones”, y evaluó que hay que “cuidar el medioambiente, a través de la descarbonización del transporte y dragado con barcos a gas natural licuado (GNL)”.

En tanto, el secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, Julio González Insfrán, destacó a Télam la existencia de otros órganos que intervendrán en la gestión y administración de la Hidrovía, como el Ente Nacional de Control y la Comisión Bicameral de Seguimiento Control de la Licitación y Funcionamiento de la Hidrovía.

En ese sentido, indicó que “todo esto en conjunto con la AGP y la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, va a influir sobre la Hidrovía”.

De todos modos, advirtió que “hay todavía un estado de confusión. No sabemos cómo va a seguir, qué va a pasar. Más que expectativas, hay preocupación”, concluyó el dirigente gremial.