Un hombre de alrededor de 55 años falleció en la noche de este lunes 15 de enero en el hospital de emergencias, un rato después de ingresar en el área de cuidados intensivos con varias heridas de arma de fuego.

Es el cuarto crimen en lo que va del mes de enero en Rosario.

Fuentes policiales indicaron que el hecho ocurrió poco después de las 20 en la puerta de una gomería ubicada sobre bulevar Seguí al 3400 (entre Iriondo y Cafferata), de barrio Alvear, al oeste de la ciudad.

Al parecer, a esa hora pasaron al menos dos personas en moto y, en principio sin mediar palabra, efectuaron varios disparos contra el comercio. Una persona que estaba en la puerta del local esperando que le emparcharan el neumático de su moto, recibió al menos 3 impactos de bala.

Mientras los atacantes se daban a la fuga, la víctima quedó tendida en el piso, gravemente herida. Fue trasladada a los pocos minutos en ambulancia hasta el hospital de emergencias, donde llegó sin signos vitales y falleció mientras estaba siendo atendido en el área de guardia.

Minutos después de conocido el fallecimiento del hombre, cuyos datos no fueron aportados, se habría encontrado sobre la calle, a metros del comercio atacado, una nota con una amenaza contra el gobernador Maximiliano Pullaro. El dato fue aportado al personal policial por el propietario de la gomería.

El Gobierno de la Provincia, a través de la Policía de Investigaciones (PDI), realizó este jueves 47 allanamientos por orden de la Fiscalía de Balaceras de Rosario en los que se secuestraron vehículos de alta gama, dinero en efectivo, armas de fuego y cuantiosos elementos electrónicos. 

Al respecto, el fiscal Franco Carbone indicó que una de las principales hipótesis es que los ataques en la sucursal del Banco Macro y el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) “provienen desde la cárcel en respuesta a una primera acción que efectuó el Gobierno con la intervención en Piñero”. Las agresiones se produjeron luego de que el gobierno de Maxi Pullaro, comenzara a ajustar los controles sobre los presos de alto perfil, tal como lo dijera en campaña.

“Luego del ataque armado en el banco comenzamos con las investigaciones en conjunto con los doctores Pablo Socca y Federico Rébola. Comenzó con requisas y un reacomodamiento de distintos presos de alto perfil en la Unidad Penitenciaria N° 11 de Piñero. A partir de ahí se produjo el primer ataque a lo que posteriormente ordenamos requisas en los pabellones 6, 7, 8 y 9 de la misma cárcel. A continuación, se dio el otro ataque al HECA. Y tras requisar por tercera vez algunos pabellones, encontramos y una suerte de búnker en una de las celdas donde había más de cincuenta envoltorios con marihuana prensada ya lista para la venta al menudeo”, explicó Carbone.

Sobre los presos considerados de alto perfil, Carbone advirtió que son personas con condena firme, con 10, 20 y hasta 30 años de prisión e incluso algunos con prisión perpetua.

En consonancia con lo manifestado por el fiscal, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, expresó: “Estamos ante reacciones que sabíamos que iban a ocurrir aunque desconocíamos cuáles iban a ser, pero como ya lo dijo el ministro (Pablo) Cococcioni, no nos vamos a apartar ni un milímetro, de lo que ya está planificado y proyectado”. Asimismo, Pereira agregó que de encontrar algún tipo de irregularidad entre el personal del Servicio Penitenciario, “se iniciarán los sumarios administrativos internos con intervención de la justicia”.

Autoridades del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) hablaron sobre la balacera sufrida en las últimas horas en instalaciones de este centro de salud. Como primera medida, la zona de entrada por calle Vera Mujica fue cerrada para preservar el personal que trabaja en la admisión de pacientes, comentó Andrea Becherucci, subdirectora del hospital.

Germán Camiletti, el otro subdirector del HECA, comentó a los medios: “El personal está con los temores lógicos de una situación así. Nuestra preocupación desde la dirección del hospital es garantizar la seguridad de todo nuestro personal”. “Hay que realzar el compromiso. Se siguió con la atención de emergencias durante la noche”, puntualizó Camiletti.

Estaba prevista una reunión durante la mañana de este miércoles para decidir la operatividad del nosocomio en estos próximos días. Por otra parte, el directivo expresó que la seguridad en el exterior del edificio está a cargo de personal de Gendarmería Nacional Argentina y que dentro del inmueble hay policías de la Provincia. “Puertas afuera patrulla gendarmería”, afirmó.

Entre este martes y miércoles se activarán las reuniones entre el Poder Ejecutivo y las cámaras legislativas tendientes a definir los alcances de la futura Ley de Emergencia en Seguridad Pública y en el Servicio Penitenciario que podría ser sancionada este jueves, en caso de existir acuerdo político.

Fue uno de los compromisos surgidos del encuentro del pasado jueves en el marco de la Junta Provincial de Seguridad que se reunió en Rosario. El Ejecutivo incluyó un el receso de enero de la Legislatura el mensaje para disponer una emergencia en la materia hasta diciembre de este año. El asunto comenzó a ser analizado con el entonces ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi pero su salida, y reemplazo por Claudio Brilloni paralizó el trabajo en comisiones. El asunto está en Senado y en la agenda está una reunión conjunta a realizarse este miércoles entre las comisiones de Seguridad del Senado y de Diputados con el propio ministro.El propio Omar Perotti destacó tras la reunión de Junta que acordaron abordar un “trabajo común, desde las posiciones de cada una de las fuerzas políticas, con las diferencias que hay, pero sabiendo que tenemos coincidencias para subir el marco de actuaciones” para enumerar proyectos legislativos que deben tratarse, “desde la Ley de Emergencia hasta proyectos que mejoran las posibilidades de prevención en las instancias delictivas”.

En el Ministerio de Gobierno se trabaja en un nuevo mensaje a las cámaras habilitando proyectos -algunos de propios legisladores y otros del Ejecutivo- referidos especialmente a la reforma policial.

En el Senado, el radical de General López, Lisandro Enrico, preside la comisión de Seguridad Pública y participó de la reunión de la Junta donde el Ejecutivo se comprometió a enviar funcionarios a la reunión de este miércoles. “Si va el ministro (Brilloni) por una cuestión metodológica, reunimos a las comisiones de las dos cámaras para conocer las necesidades del nuevo funcionario. Nosotros pretendemos agregar algunas cuestiones vinculadas al Ministerio Público de la Acusación y al Organismo de Investigaciones más allá del plazo de vigencia. Parece razonable que estemos las dos comisiones con el ministro para definir los alcances. Sería el camino más corto y no que empiece una cámara, apruebe, vaya a la otra sin acuerdo”, señaló.

La misma apreciación tiene el diputado Juan Cruz Cándido (UCR – Evolución) que preside Seguridad en la Cámara Baja.

Todo parece estar ligado a agenda de Brilloni especialmente por la evolución de la situación en Rosario.

En caso de existir acuerdo, voceros parlamentarios no descartaron sancionar el mismo jueves el instrumento que -entre otras cosas- reduce los tiempos administrativos para compras o refacciones especialmente en el Servicio Penitenciario. Las dos cámaras serán convocadas este jueves para realizar sesiones extraordinarias y antes en Diputados se hará una jornada de reconocimiento a las mujeres con motivo de la nueva conmemoración del día internacional.

Mientras el Ejecutivo define los nuevos temas a incluir en Extraordinarias, este lunes, con la firma de los diputados del bloque Igualdad -Rubén Giustiniani y Agustina Donnet- fue ingresado el proyecto pidiéndole al Poder Ejecutivo incluya en el temario los proyectos de reforma del sistema policial, “a fin de dar respuesta a la grave situación que atraviesa la provincia en materia de seguridad”.

Tras reseñar la situación de crímenes e intimidaciones que se vive en Rosario, Giustiniani remarcó que “el narcotráfico ha ocupado los barrios y las calles, los vecinos quedaron desamparados ante la escalada de hechos delictivos. Hace tiempo insistimos en la necesidad de un acuerdo social y político de todas las fuerzas partidarias, que se sustente en la articulación entre los distintos niveles del Estado con el objeto de dar una respuesta institucional integral”.

Resalta que su bloque ha presentado proyectos “que significan importantes herramientas para atacar la raíz del problema, entre ellos, los de Ley de Participación Ciudadana en Seguridad y Ley de Policías Municipales. Estas iniciativas pueden significar un aporte sustancial al brindar a los gobiernos herramientas institucionales para afrontar la emergencia en materia de seguridad que afecta a los santafesinos y que exigen una respuesta urgente y cercana a la ciudadanía”. El rosarino insistió en que “la gravedad de la situación exige un abordaje integral desde los tres niveles del Estado -municipal, provincial y nacional- y la articulación de los tres poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- a los fines de terminar con la impunidad de las mafias y reducir los índices alarmantes de violencias y criminalidad en nuestra provincia”.

La noche del 28 de diciembre en Rosario dejó el saldo de varias balaceras. Una de ellas en Televisión Litoral, otras dos en el Servicio Penitenciario y una cuarta en un local comercial. Además, en las últimas horas se sumaron dos homicidios en las ciudades de Rosario y San Lorenzo, este último un trabajador de prensa en ocasión de robo.

“A tres años de haber asumido el gobierno, Omar Perotti persiste en el error de no tener un plan, de no tener a la policía en la calle, de no investigar ni detener a las mafias. La falta de directivas claras y la no conducción de la Policía de Santa Fe inciden directamente en los homicidios que se duplicaron, y en los robos y hurtos que se triplicaron. Le pido una vez más al gobernador que tome las riendas de la gestión y actúe”, señaló el diputado de Juntos por el Cambio Maximiliano Pullaro

“El gobernador debe tomar medidas urgentes, no abandonar a la gente, coordinar con la justicia, y hacerse cargo del problema. El gobierno no gobierna, relata la realidad y los delincuentes avanzan y corren la raya todo el tiempo”, añadió.

A 3 días de terminar el año las cifras exceden por lejos cualquiera de los años anteriores y duplican las del 2019, último año de Maximiliano Pullaro en el Ministerio de Seguridad.

“El 2022 pasará a la historia como el año más violento de la provincia de Santa Fe y de la ciudad de Rosario, mientras, el Ejecutivo alterna entre el silencio de los funcionarios y el ocasional relato de un gobernador que prometió la Paz y el Orden pero sigue escondido tras excusas”, finalizó.

Carlos Retamal (Mirador Provincial)

Sin prisa pero sin pausa, Rosario se ha convertido en sinónimo de violencia, con crímenes perpetrados por aprendices de sicarios y/o balaceras a cualquier hora y en cualquier lugar, que se siguen cobrando víctimas, algunas inocentes, y con la Policía y la Justicia corriendo desde atrás. Día tras día, semana a semana, mes a mes, las páginas policiales se llenan de noticias que tienen a la tercera ciudad del país como epicentro de hechos delictivos, en su mayoría manchados con sangre.

Los números y las estadísticas indican que, al 28 de agosto, ya se llevan registrados 140 asesinatos en el departamento Rosario, con su ciudad cabecera como epicentro (ocurrieron casi el 90% de esos crímenes).

El último del que se tiene registro marca a las claras que los sicarios han ganado las calles, sembrando de balas y muerte cualquier esquina, a cualquier hora. El jueves 26, alrededor de las 15, dos sicarios en moto aparecieron por calle Pampa al 7400, a metros de avenida Circunvalación, en el barrio Belgrano oeste, y atacaron a tiros a varias personas que estaban en la puerta de un kiosco. Al menos 6 plomos impactaron en el cuerpo de David Contreras, quien murió un rato después, mientras era operado en el hospital de emergencias. La investigación policial tiene algunas hipótesis sobre el hecho, que giran en torno del crimen por error o que los sicarios tiraron por tirar. Cualquiera de las dos deja en evidencia el grado de impunidad con que se manejan los violentos.

Además, se cuentan no menos de 10 balaceras diarias en distintos puntos de la ciudad, que tienen como destino viviendas atacadas al voleo y otras con la intención de ser usurpadas o compradas (tiros mediante) a precios irrisorios y, por supuesto, heridos que ingresan a los hospitales de Rosario con balazos, algunos de gravedad.

En su gran mayoría, los ataques son perpetrados por sicarios que se manejan en moto, que cruzan la ciudad de norte a sur y de este a oeste, ahora ya no amparados en las sombras de la noche sino a cualquier hora del día, sembrando de plomo las calles y generando cada día más temor en una sociedad que parece estar resignada a aceptarlos.

Un cuerpo en el placard

Además de las balaceras que ya forman parte de lo cotidiano, se siguen cometiendo asesinatos que mantienen a Rosario como cuna de la violencia. Agosto tuvo un día realmente de furia, que refleja el grado de violencia en el que está inmersa la ciudad.

En la mañana del miércoles 18 de agosto, horas antes de que la ciudad se viera sacudida por una balacera contra el Centro de Justicia Penal de Rosario, un llamado telefónico desde una vivienda ubicada en Callao al 2600, a pocos metros del Estadio Municipal y del barrio Latinoamérica, denunciaba que una mujer estaba fallecida en ese domicilio.

El llamado fue realizado por el hijo de una mujer identificada como Rosa Zorico, de 82 años. Ella fue hallada sin vida en el interior de un placard de grandes dimensiones, en su dormitorio. En una primera inspección, se constató que la mujer tenía múltiples heridas de arma blanca (entre 15 y 20) y quemaduras en gran parte de su cuerpo. Según los investigadores, el homicidio ocurrió en la zona del baño del domicilio, donde la víctima fue atacada y luego de fallecida fue quemada y posteriormente trasladada al ropero.

Por el crimen, que se presume ocurrió el fin de semana anterior, quedó detenido el hijo de la víctima, de 40 años. El hombre relató a los policías presentes en el lugar que estuvo en el momento en que un amigo suyo mató a su madre y que él también le había asestado al menos una puñalada, por lo que se le realizará un examen médico psiquiátrico forense antes de avanzar en la imputación.

Femicidio en plena calle

Cerca del mediodía de ese mismo miércoles 18, se produjo un femicidio en una calle de barrio Los Plátanos, al este de Granadero Baigorria. La víctima, identificada como Nora Montero, de 39 años, recibió casi una decena de puñaladas en distintas partes del cuerpo y quedó tendida en medio de la calle.

El femicidio fue denunciado por vecinos de la zona, que vieron lo sucedido pero no intervinieron. Cuando llegó la Policía, el femicida se había dado a la fuga. Algunas horas después, luego de un hermético trabajo de investigación, fue detenido en una vivienda ubicada en la localidad de Maciel, departamento Iriondo.

En esa casa se secuestraron prendas de vestir y una cadenita que pertenecían a Nora. Además, se conoció que ella había hecho varias denuncias por violencia de género contra quien fuera su pareja, una de ellas presentada el 1º de agosto en la comisaría 24ª de Granadero Baigorria.

El femicida, identificado como José Alejandro Román, fue trasladado al Order, complejo penitenciario provincial que está ubicado en el extremo oeste de la ciudad de Rosario, donde fue hallado sin vida la mañana del viernes.

Balaceras antes del juicio

Claramente, el 18 de agosto fue un miércoles para el olvido. Cerca de las 23, dos personas en moto balearon el edificio del Centro de Justicia Penal de Rosario. Al menos dos de los plomos impactaron en los vidrios blindados del inmueble ubicado en el barrio Hospitales, en la zona sur de Rosario. El ataque fue el cuarto que se registra en menos de 3 años y ocurrió casi 48 horas antes del inicio de un juicio oral contra el jefe de la banda Los Monos y otras seis personas, por la primera de esta mafiosa saga de balaceras contra edificios del Poder Judicial y viviendas de fiscales o funcionarios judiciales.

El ataque se produjo a horas del inicio de un amplio operativo (que incluía más de 200 policías y casi 50 vehículos) que se iba a implementar a partir de este jueves, por el juicio oral y público que comenzaría el viernes.

En la tarde del miércoles, el diario Clarín publicó una nota sobre el juicio y señalaba que la Policía de Santa Fe estaba en alerta máxima debido a un informe confidencial en el que se advierte que juzgar al principal acusado (Cantero) tenía “riesgo extremo” si se hacía presencial y “riesgo alto” si se hacía virtual. También que el juzgamiento de forma virtual “puede causar lesión severa (a las personas), daño significativo a la propiedad y contener serios riesgos potenciales que son probables de ocurrir” entre otras apreciaciones, dejando en claro que había un alerta máxima ante la posibilidad de ataques a tiros, algo que finalmente ocurrió.

“Contratar sicarios para tirar tiros a los jueces”

Y en lo que fue la declaración que fue título en los diarios de todo el país, el viernes 20, desde el penal federal de Marcos Paz (desde donde seguirá el juicio oral) Ariel Máximo “Guille” Cantero, líder de la banda Los Monos, sorprendió a los jueces a poco de comenzar el debate oral y público por una serie de ataques a balazos a funcionarios y edificios judiciales cometidos en 2018.

Cuando la jueza Hebe Marcogliese (quien preside el Tribunal) le preguntó sus datos personales, cumpliendo con las formalidades de inicio de cualquier debate, Cantero fue respondiendo en forma escueta. Dijo tener 32 años, haber cursado hasta el primer año de la secundaria y tener oficios “varios”. Y cuando la jueza le pidió mencionar alguno, con un dejo de impunidad y mucho de sarcasmo, dijo: “Contrato sicarios para tirarle tiros a los jueces judiciales”.

Como si fuera una jugada de ajedrez, la frase escaló rápidamente y llegó a todo el país, dejando en segundo plano la primera jornada del juicio oral y público, que continuó toda la semana, y continuará hasta mediados de septiembre.

Fiscales, funcionarios judiciales, de los estados provincial y municipal y hasta políticos en campaña se hicieron eco de esos dichos y además de repudiarlos, coincidieron en opinar que esas palabras demuestran que Cantero, desde la cárcel, sigue demostrando poder.

Un teléfono en discordia

Por la investigación de la balacera registrada el 18 de agosto, los fiscales Carbone y Rébola ordenaron un allanamiento en la celda donde está alojado Cantero en el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz. En ese lugar se halló un aparato telefónico y una conexión al servicio de telefonía fija, que en principio permitía al líder de la banda Los Monos utilizarlo en forma ilimitada, las 24 horas.

Esto derivó en la suspensión de los custodios del pabellón especial donde está Cantero, ya que la conexión del cable fue considerada como irregular.

A través de un comunicado, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) anunció que, además de la suspensión de los guardias, ordenó “la sustanciación de un sumario administrativo” para determinar si Cantero realizó llamadas telefónicas fuera del horario permitido, y se le inició a Cantero un parte disciplinario, pero aclarando que “el Servicio Penitenciario Federal rige su accionar en el marco de la Ley 24.660 y sus decretos reglamentarios, que establecen la obligación del Estado de garantizar a todos los detenidos la posibilidad de contar con un teléfono público para el mantenimiento de sus relaciones familiares en los horarios reglamentariamente permitidos (8 a 24 horas)”.

Por ahora, Cantero se quedó sin posibilidad de usar esa línea telefónica.