El Gobierno de la Provincia de Santa Fe finalizó, en enero,  un nuevo proceso de compactación de vehículos secuestrados, en este caso en el departamento Iriondo, que se llevó adelante en la ciudad de Cañada de Gómez y permitió retirar y destruir más de 600 automotores y motocicletas provenientes de distintas dependencias policiales. Con esta intervención se superaron los 25.000 vehículos compactados en lo que va de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

La intervención forma parte del plan integral de ordenamiento de depósitos y predios de vehículos secuestrados que impulsa la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), con el objetivo de mejorar la seguridad, el funcionamiento de las fuerzas policiales y el cuidado del ambiente.

En esta oportunidad, los trabajos incluyeron el retiro de unidades alojadas en 13 comisarías de distintas localidades del departamento Iriondo, que fueron trasladadas al depósito municipal de Cañada de Gómez, donde se desarrolló el proceso de compactación, finalizado el viernes pasado. Además, también se compactaron todos los vehículos alojados en ese predio.  Durante el operativo, la provincia trabajó en conjunto con el senador departamental Hugo Rasetto y el intendente Matías Chale.

Al respecto, el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, destacó que “no solo realizamos el proceso de compactación, sino que también logramos vaciar 13 comisarías del departamento Iriondo, trasladando estos 600 vehículos que estaban en distintas dependencias policiales”. En ese sentido, subrayó que “esto nos permite avanzar en el ordenamiento de todo el sistema y mejorar la convivencia en las ciudades”.

El funcionario remarcó además que este operativo se enmarca en una política pública sostenida en toda la provincia: “Con este nuevo operativo, ya son 46 los procesos de compactación realizados desde el inicio de la actual gestión, alcanzando un total cercano a 26.000 automotores y motocicletas compactados en todo el territorio provincial”. Por otra parte, se remarca que además de los autos compactados, en cada depósito se clasificaron vehículos para compactación, reutilización, uso de repuestos, etc.

Figueroa Escauriza señaló que el impacto de estas acciones es múltiple: “Esto significa más orden, más seguridad y un fuerte compromiso con el cuidado del ambiente, porque evitamos la contaminación y el deterioro urbano que generan las unidades abandonadas frente a las comisarías”. Y agregó: “para el Gobierno Provincial esta política pública tiene como objetivo generar mayor orden, más seguridad y una mejora concreta en la calidad de vida de los vecinos, además de fortalecer el funcionamiento de las fuerzas de seguridad”.

Además, el funcionario anticipó que el plan continuará en los próximos días con una nueva etapa de compactación en el departamento San Lorenzo, en un predio ubicado en la intersección de la ruta nacional 34 y la A012, dando continuidad al proceso de reordenamiento integral de los depósitos de vehículos secuestrados en toda la provincia.

El Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe comienza una compactación de vehículos en desuso, con el objetivo de optimizar el uso del espacio, reducir la contaminación ambiental y fortalecer la gestión del patrimonio estatal. Incluye todos los autos y motos fabricados hasta el 31 de diciembre de 2013, que se encuentran fuera de servicio en el territorio provincial.

En el marco de esta iniciativa, comenzará la compactación de unidades que han cumplido su ciclo operativo dentro de la cartera de Seguridad. Este procedimiento permite disponer de manera eficiente de vehículos que se encuentran fuera de servicio, garantizando su correcta disposición final y contribuyendo a una gestión más eficiente de los recursos públicos.

El proceso de compactación se realiza conforme a la normativa vigente, asegurando el cumplimiento de los requisitos ambientales y administrativos establecidos. A través de esta acción, se busca reducir el impacto ambiental generado por la acumulación de automotores en desuso y optimizar el uso de predios destinados al resguardo de estos bienes.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad destacaron la importancia de esta iniciativa en el marco de la modernización y reorganización de la flota vehicular de las fuerzas de seguridad provinciales. Asimismo, se continuará avanzando en medidas que permitan mejorar la operatividad y eficiencia de los recursos del Estado en beneficio de la comunidad.

Al respecto, la secretaria de Administración Técnica y Financiera, Georgina Orciani indicó que “esta iniciativa se ve reforzada con un novedoso instrumento administrativo que el Gobierno de la Provincia ha dispuesto posibilitando la compactación masiva y de esta manera acelerar los plazos administrativos para generar las bajas respectivas de los móviles que están en situación de desuso y que resulta antieconómico su reparación. Una situación que encuentra antecedentes como, por ejemplo, en la provincia de Mendoza y ha posibilitado que, independientemente de la gestión que detente el poder, no se genere el acumulamiento de unidades”.

“Esto es a los efectos de dar cumplimiento a lo que nos encomendó el gobernador Maximiliano Pullaro de llevar adelante gestiones eficientes que resuelvan los problemas a la gente en el menor tiempo posible” señaló Orciani.

El Ministerio de Gobierno e Innovación, a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) dio a conocer los resultados logrados en siete meses de trabajo para retirar bienes secuestrados que se acumulaban en las comisarías y otros predios.

El objetivo de esta política del Gobierno es reducir la cantidad de vehículos que se encuentran en depósitos judiciales. La compactación se produce luego de un relevamiento para determinar en qué condiciones se encuentra cada uno de los vehículos que están a cargo del Estado provincial. 

De esta manera, se define si deben ser compactados, subastados, reparados, donados a escuelas, o desguazados para reacondicionar móviles de seguridad, salud o desarrollo.

El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, destacó la importancia de lo logrado en el marco del proceso del reordenamiento: “Como dispuso el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Fabián Bastia, estamos ordenando los diferentes predios de la provincia con vehículos secuestrados. Lo que sirva, se va a reutilizar, lo que esté en buenas condiciones se va a subastar. Pero lo que no tenga valor probatorio ni económico lo vamos a compactar para que estos depósitos no queden en la situación que estaban hasta el día de hoy, que era de total abandono”, explicó el funcionario.

Figueroa Escauriza señaló además el impacto positivo que tienen estas tareas en el trabajo policial y la seguridad: “Vamos a seguir ordenando cada depósito para que la policía custodie lo que tiene que custodiar, y no que esté ocupada en tareas administrativas y custodia de elementos, sino que esté en la calle cuidándonos a todos los santafesinos, que es lo que realmente necesitamos”. 

Los resultados de un plan integral

Las compactaciones se realizaron en siete predios ubicados en distintos puntos del territorio provincial: Policía de Investigaciones (Rosario), Santa Emilia, Santo Tomé, Alvear, Venado Tuerto, Depósito Judicial Zona Sur (Rosario), y en el cruce de las rutas 34 y A012. Fueron compactados 12.295 vehículos (2.735 automóviles, 9.560 motocicletas) y 5.139 toneladas de chatarra. Los trabajos se hicieron en siete meses. Además, en los distintos procedimientos fueron recuperadas 200 placas de cementerio robadas.

El reordenamiento de depósitos judiciales se desarrolló en cuatro meses. Incluyó 8 dependencias policiales: las comisarías 2ª, 6ª, 10ª, 13ª, 15ª, 21ª y 32ª y la Policía de Investigaciones de Rosario (PDI). Se trabajó en siete barrios de Rosario: Alberdi, Echesortu, Saladillo, Godoy, Centro, Tiro Suizo y Matheu. Se retiraron un total de 2.227 vehículos (349 automóviles, 1.878 motos), 461 bicicletas y 200 placas de cementerio.

La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) es la entidad del Gobierno provincial que administra todos los bienes y efectos que son objeto de secuestro u otras medidas dispuestas en causas judiciales como consecuencia de delitos o contravenciones. Estos bienes tienen como objetivo primordial su utilidad social. Los mismos pueden ser: autos, insumos informáticos, celulares, joyas, etc. En el caso de vehículos, pueden ser entregados para que sean utilizados por la Policía, Institutos Penitenciarios, Educativos o Asistenciales del Estado Provincial. También pueden ser rematados, o bien, compactados. Los elementos de cocina y muebles en general, o vestimenta y demás bienes hogareños, pueden ser entregados a entidades de beneficencia.

El ministerio de Gobierno e Innovación Pública, a través de la Secretaría de Gestión de Registros, en un trabajo conjunto con el ministerio de Justicia y Seguridad, continúa con el proceso de compactación de vehículos incautados y en desuso. Los operativos se realizan con los autos y motos que se encuentran en depósitos en estado de abandono.

“Avanzamos con los procesos de compactación, en este caso, en el depósito de Santa Emilia, en el departamento General López, donde se están procesando más de 500 automóviles y 3.000 motos, que son el reflejo de la desidia del Estado en los últimos años”, señaló el secretario de Gestión de Registros del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, Matías Figueroa Escauriza.

El funcionario señaló que el objetivo es ordenar todos los depósitos de la provincia. “Comenzamos en Rosario, seguimos en Santa Emilia, y continuaremos con toda la provincia”, agregó Figueroa Escauriza. “Como dispuso el gobernador Maximiliano Pullaro, estamos ordenando los diferentes predios de la provincia con vehículos secuestrados. Lo que sirva, se va a reutilizar, lo que esté en buenas condiciones se va a subastar. Pero lo que no tenga valor probatorio ni económico lo vamos a compactar para que estos depósitos no queden en la situación que estaban hasta el día de hoy, que era de total abandono”, explicó el funcionario.

Por su parte, la secretaria de Administración Técnica y Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani indicó que ·estamos aquí en un día importante para el departamento General López y los departamentos vecinos ya que volvimos a retomar una política pública que nunca se tendría que haber cortado, que es el reordenamiento de este depósito judicial en el sentido de poder limpiar y terminar con todo el trámite de baja de vehículos que están fuera de servicio para la flota, policial y penitenciaria y también vehículos que son siniestrados". 

“Desde el año 2017 que este predio emblemático para la región no ha sido limpiado y esto es una cabal muestra del estado de situación en el que nos encontramos autos que se van a compactar, va a estar la máquina operando aproximadamente un mes, así que esperamos en ese plazo poder limpiar en su totalidad este predio que como decía anteriormente es emblemático para la zona”, agregó Orciani.

El objetivo señalado desde el Gobierno es actuar en cada rincón de la provincia para reducir la cantidad de vehículos que debido a su estado de abandono deben ser destruidos. Al iniciar la gestión del gobernador Máximo Pullaro, existían en toda la provincia más de 30.000 vehículos en distintos depósitos. En el mes de febrero, se comenzó con la compactación de los depósitos de Aprad en Alvear y Santo Tomé y ahora se avanza en el predio de Santa Emilia.

Cómo es el procedimiento

La compactación se produce luego de un relevamiento para determinar en qué condiciones se encuentra cada uno de los vehículos que están en los depósitos judiciales a cargo del Estado provincial. De esta manera, se define si deben ser compactados, subastados, reparados o desguazados para reacondicionar móviles de seguridad, salud o desarrollo.

Estuvieron presentes en el inicio de los trabajos, además de Figueroa Escauriza y Orciani, el secretario de Vinculación Regional, Roberto Vergé; la senadora departamental, Leticia Di Gregorio; y por parte del ministerio de Justicia y Seguridad, la secretaria Orciani; el secretario de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino, además de mandatarios comunales.

Este martes, el gobierno de Venado Tuerto avanzó con la compactación de unos 700 vehículos que estaban en el Corralón Municipal, en su gran habían sido trasladados entre el año 2022 y 2023. En esta oportunidad, fueron 645 motos, 46 autos y 166 caños de escapes que se convirtieron en chatarra para ser vendida; lo recaudado a partir de este procedimiento, tal como establecen las normativas vigentes, se destinará al cuartel de Bomberos Voluntarios.

Pero, ¿cómo se llega a esta instancia de compactación? Según explicó el juez del Tribunal Municipal de Faltas, Stefano Quaglia, hay plazos establecidos por normas nacionales que deben cumplimentarse para poder incluir los vehículos en el Prodeco (Programa de Descontaminación y Compactación), que nace como respuesta a una problemática social y ambiental a partir del secuestro de vehículos que luego no son reclamados por sus propietarios, provocando la acumulación y generación de daños y perjuicios en el medio ambiente. 

“El objetivo es regularizar esa situación, dando de baja a los vehículos en el registro y proceder a la descontaminación, compactación y recuperación de los materiales (hierro, plástico y aluminio) que son clasificados y vendidos”, explicó el funcionario, recordando que todo lo que se recauda va destinado a la Asociación de Bomberos Voluntarios, tal como lo determina la ordenanza local vigente. 

Quaglia remarcó que una de las problemáticas más frecuentes y que impide poder gestionar la devolución de los vehículos secuestrados en operativos de tránsito es la “falta de documentación”. “Desde el Tribunal de Faltas siempre brindamos la posibilidad de resolver los inconvenientes o infracciones que llevaron a que esos vehículos terminen en el Corralón, con facilidades, convenios, descuentos por pago contado y hasta la posibilidad de hacer tareas comunitarias para sustituir el monto de la multa. Sin embargo, muchas veces ocurre que la documentación del vehículo no está en regla, sabiendo que aún la compra-venta de estos bienes, que son registrables, sigue siendo bastante irregular, lo que lleva a que el titular no es el mismo que el propietario”, explicó.

Y añadió: “Desde el Tribunal no podemos restituir una moto o un auto a quien no es el titular registral, es decir los dueños en la documentación”. 

Una vez que se cumplen los seis meses de estadía de un vehículo en el Corralón, sin ser reclamado, ya pasan a disposición del Municipio para poder realizar el procedimiento de compactación. “En nuestro caso, se espera más de ese período, como sucedió en esta oportunidad, donde se desnaturalizaron motos que fueron secuestradas entre 2022 y 2023, es decir más de seis meses”, señaló el juez de Faltas.

En el medio se atraviesan diferentes etapas que comienza con la notificación del infractor, donde la gran mayoría se presenta en el Tribunal, pero por diferentes situaciones, en especial por no contar con la documentación, no gestionan su restitución. “Tenemos casos que regularizan la multa, pero como no tienen los papeles no la pueden sacar del Corralón. Es más, se firma un documento donde acepta dejarla en depósito, sabiendo que no va a poder reunir los documentos necesarios para retirarla”, detalló. 

Pasados los seis meses, se inicia un proceso donde se van separando en el mismo Corralón, hasta el momento de hacer la compactación. Mientras tanto, también se publican edictos para poner en conocimiento a la sociedad de este procedimiento; lo mismo que en la página del gobierno municipal se comparten todos los vehículos a compactar con las fechas de ingreso.

“A nadie le resulta grato tener que destruir la propiedad de este modo, más aún con vehículos que están en buenas condiciones. Es una lástima tener que disponer eso, pero tampoco podemos acumular indiscriminadamente estos rodados, con el costo que le implica al Estado municipal, ya sea el mantenimiento del Corralón, personal, el perímetro en condiciones, cámaras y demás. Estas cuestiones ya están establecidas en los costos de las multas, tanto el acarreo como la estadía”, puntualizó. 

Estos 700 vehículos compactados representan un 40 por ciento aproximadamente de los vehículos que se encuentran en el Corralón Municipal, que tiene una capacidad para unas 2000 unidades.  

“Se compactaron vehículos que ingresaron hasta noviembre de 2023. Ya hay otros, que fueron secuestrados en diciembre de ese año y los primeros meses del 2024, es decir que pasaron los seis meses. De todos modos, estamos previendo un nuevo procedimiento para el primer semestre del año próximo, ya que necesitamos una dinámica de movimiento para evitar que el Corralón colapse”, sentenció.   

“Esperemos que la gente haga los trámites correspondientes para poder retirar sus vehículos. El Tribunal, Sarmiento 479, tenemos una atención al público de lunes a viernes de 7.15 a 12.30, para que los vecinos se acerquen a preguntar y recibir el asesoramiento necesario para evitar esta situación”, concluyó. 

El gobernador Maximiliano Pullaro supervisó el proceso de compactación de vehículos incautados y en desuso que se llevó a cabo en el depósito del Ministerio de Justicia y Seguridad, ubicado en Francia al 5200 de la ciudad de Rosario, donde los coches son trasladados principalmente desde comisarías de la ciudad. 

Cabe recordar que la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) lleva adelante el proceso de revisar los coches y determinar su utilidad. Los que ya no son útiles se compactan. El objetivo principal es ordenar el espacio público.

En la oportunidad, el gobernador destacó: “Hace 5 años habíamos limpiado este lugar y le habíamos sacado todos los vehículos a las comisarías. Lamentablemente hubo una desidia muy importante que fue acumulando vehículos. Primero, en lo que son estos espacios de depósitos judiciales, particularmente de la Unidad Regional, y cuando esto empezó a colapsar se empezaron a utilizar los espacios de comisarías. El lugar más emblemático era la comisaría 32, pero sucedía lo mismo en muchas de la ciudad y de los pueblos”. 

A continuación, Pullaro remarcó que “estamos intentando subsanar 4 años de no gestión, y no es sencillo, porque uno tiene que hacer todos los procesos de licitación para poder llevar adelante la compactación de estos vehículos y toda la administración de la documentación; no es fácil encontrar a qué causa pertenece cada uno de ellos. Tenemos un equipo de la Aprad que está trabajando, está encontrando e identificando cada uno de esos vehículos y entendiendo si es para compactación o subasta”. 

Asimismo, recordó que la Provincia está llevando adelante un Plan de Seguridad que, en primer lugar, tiene que ver “con sacar la policía a la calle: ganar operatividad significa también desactivar muchas comisarías en Rosario y en la capital provincial para que la Policía pueda estar en la calle. Además, estamos activando al mismo tiempo los Centros de Denuncia y llevando adelante la licitación para las 4 estaciones policiales en Rosario y 3 en la ciudad de Santa Fe”.

Finalmente, el gobernador informó: “Se inició una licitación para tener 5.000 cámaras con inteligencia artificial en la ciudad de Rosario. Será la ciudad con más cámaras en la Republica Argentina. Eso más los softwares que se van a adquirir, nos va a permitir esclarecer los delitos que se den en la ciudad. Rosario tiene que marchar a ser una ciudad segura y estamos trabajando muchísimo en camino a eso”, concluyó.

Por su parte, el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, explicó: “Estamos ordenando todos los efectos secuestrados en diferentes puntos de la provincia de Santa Fe. En la Comisaría 32, empezamos como prueba piloto en Rosario, para sacar todos los efectos secuestrados que estén ahí para que la Policía pueda hacer su trabajo administrativo, de patrullaje y de seguridad como corresponde y que no sean un lugar de depósito de los efectos secuestrados en cada causa penal”. 

Luego, agregó: “Por eso, estamos retirando 300 motos que estaban acá, más de 40 autos y efectos secuestrados para llevarlos a los depósitos de Aprad. Esto lo hacemos, por un lado, para tener trazabilidad de todos los efectos secuestrados; por otro lado, para generar un orden y, por último, para poder ir comisaría por comisaría de Rosario generando esta reorganización de estos espacios tan importantes para la ciudadanía y tener mejor seguridad”. Además, remarcó que este material “genera una ocupación del espacio público, basura y un entorno para los vecinos que no es agradable”, entonces el gobierno emprendió esta tarea para “tener un entorno seguro para el trabajo de la policía y un entorno más sano para la ciudadanía”. 

Sobre el final, Escauriza explicó cuál fue el proceso previo: “Recorrimos todas las comisarías de la ciudad de Rosario, coordinado con el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y fuimos haciendo el orden de prioridades. Ésta es la primera y luego seguiremos por las siguientes comisarías. Y lo vamos a seguir haciendo en el resto de la provincia”. 

Hasta la semana pasada, se habían compactado 1.700 vehículos (autos y motos) y 400 toneladas de materiales que se encontraban en diferentes depósitos. El proceso sigue adelante en toda la provincia y se espera llegar a 500 toneladas en los próximos meses.

Durante la jornada del lunes , el Gobierno de Venado Tuerto efectuó una nueva compactación de vehículos incautados por distintas infracciones y que, cumplidos los plazos legales correspondientes, no fueron reclamados por sus propietarios. La actividad se desarrolló en el predio del Corralón Municipal, y fueron destruidos 495 motos y 59 vehículos, cuyos edictos fueron publicados el 16, 17 y 18 de agosto, y tarea para la cual se firmó convenio con Prodeco (Programa Nacional de Descontaminación y Compactación de vehículos) el 19 de julio de 2022.

“Este es un proceso importante para la ciudad que tiene que ver con vehículos que han sido abandonados y no fueron retirados por sus dueños, a pesar que muchos de ellos fueron secuestrados durante el año 2020. Esta actividad es muy importante por lo que tiene que ver con la salubridad ambiental”, señaló el secretario de Legal y Técnica, Mariano De Mattía. Por su parte, la secretaria de Control Urbano y Convivencia, Silvia Rocha, puso el acento en que muchos de los vehículos compactados este lunes “han sido retirados de la vía pública a partir de un programa municipal y que los hemos trasladado porque generaban molestias a los vecinos. Son todos motos y autos por los que la gente no puede dar cuenta de su titularidad, y ese es uno de los grandes problemas que provocan que los corralones se llenen de motovehículos”. Por su parte, el director nacional del Prodeco, Jorge Fernández, agradeció el compromiso del intendente Leonel Chiarella y las distintas autoridades municipales, y al mismo tiempo destacó el valor social de este programa “ya que el 90% de lo compactado va a los bomberos voluntarios de la localidad de Venado Tuerto”. Del acto de compactación participó el jefe provincial de Bomberos Voluntarios, Francisco Acrap, referentes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios local, y el concejal Nahuel Pasquinelli.