En una audiencia realizada este lunes en el Juzgado Federal de Venado Tuerto, el juez de Garantías, Aurelio Cuello Murúa, homologó acuerdos abreviados y condenó a dos imputados por el delito de comercio de estupefacientes agravado por su organización.

Entre ellos se encuentra Diego F. quien fue señalado como líder de la estructura delictiva, condenado a 8 años de prisión efectiva que, al unificarse con una pena anterior, alcanza los 18 años de cumplimiento efectivo, además de multa, inhabilitación absoluta y costas judiciales.

El otro acusado, Mauro Gastón M., recibió una pena de 4 años de prisión efectiva, que se unifica en 6 años, junto con sanciones económicas e inhabilitación.

Operaban desde prisiónLa investigación, llevada adelante por la Fiscalía Federal,a cargo de los Dres. Federico Reynares Solari, Daniela Ghiorzi y Rocío Estrada, con intervención de Gendarmería Nacional, permitió desarticular una banda narcocriminal que funcionaba desde el interior de la cárcel de Coronda.

Según se determinó, la organización desarrollaba actividades de venta de estupefacientes en Venado y la región entre el 13 de enero y el 16 de agosto de 2025, con una estructura organizada que incluía la coordinación desde el ámbito penitenciario.

Condenas anteriores Estas resoluciones se suman a las dictadas el pasado 17 de abril, cuando otras seis personas fueron condenadas con penas que van desde los 3 años de ejecución condicional hasta los 11 años:

• Valeria Judith D. condenada a la pena unificada de 11 años de prisión efectiva, multa de 56 unidades fijas, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y costas del proceso. Comprende una pena anterior de 9 años y la de 3 años y 6 meses en este caso.

• Rodrigo Manuel D. condenado a la pena de 6 años de prisión efectiva, multa de 68 unidades fijas, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y costas del proceso.

• María Laura A. condenada a la pena de 6 años de prisión en arresto domiciliario, multa de 67,5 unidades fijas, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y costas del proceso.

• Camila Soledad A. condenada a 4 años de prisión en arresto domiciliario, multa de 24 unidades fijas, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y costas del proceso.

• Lara Yuliana B. condenada a 4 años de prisión en arresto domiciliario, multa de 24 unidades fijas, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y costas del proceso.

• Naiara Lucrecia G. condenada a 3 años de prisión de ejecución condicional, multa de 24 unidades fijas, costas del proceso y reglas de conducta.

Elementos secuestrados y decomisosEn el marco de la causa, la Justicia dispuso el decomiso de motocicletas, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, balanzas digitales y documentación secuestrada durante los allanamientos. También se ordenó la destrucción de los estupefacientes incautados.

Etapa final del procesoLa causa aún no está cerrada: tres imputados deberán definir si avanzan hacia un juicio oral o si optan por acuerdos abreviados, lo que podría concluir el proceso judicial en el corto plazo.

A través de una resolución firmada durante la feria judicial, el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, le ordenó a Vialidad Nacional que proceda en un plazo de 48 horas al corte de pasto en las banquinas de las rutas nacionales 33 y 8, en los tramos que atraviesan el departamento General López, en el sur de la provincia de Santa Fe.

La decisión judicial fue tomada a raíz de una medida cautelar presentada por la senadora provincial Leticia Di Gregorio, en el marco de un proceso de amparo por el estado de deterioro vial de la región.

Además del corte de pasto, el magistrado recordó que Vialidad debe reanudar los trabajos de bacheo en la ruta nacional 33, entre Paraje Rabiola y Venado Tuerto, según lo establecido en decretos previos.

Habilitación extraordinaria de la feria judicial

En el fallo, el juez Cuello Murúa consideró que estaban debidamente acreditados los motivos de urgencia y los requisitos legales necesarios.

Por ello, resolvió habilitar la feria judicial específicamente para que la Dirección Nacional de Vialidad cumpla con la medida cautelar dispuesta el 28 de marzo de 2025 y prorrogada el 30 de diciembre del mismo año. En ella se ordena la ejecución inmediata de tareas de mantenimiento vial.

Exigen informes en 48 horas

El fallo también establece que la DNV deberá informar en un plazo máximo de 48 horas sobre el cumplimiento del corte de pasto y sobre la reanudación de las obras en la Ruta 33 en sentido descendente, tal como se había comprometido el organismo antes del receso de fin de año.

En ese sentido, la resolución cita expresamente el compromiso asumido por Vialidad:

“Posteriormente, y luego de las fiestas, se retomarán los trabajos en sentido contrario, dando cumplimiento a lo indicado”.

Reclamo por seguridad vial

La iniciativa de la senadora Di Gregorio surge en respuesta a reiteradas quejas de vecinos y usuarios de las rutas nacionales del sur santafesino, quienes denuncian el peligro que representa la acumulación de pasto alto en las banquinas, lo que reduce la visibilidad y puede favorecer accidentes.

Además, el deterioro de la traza, especialmente en la ruta 33 (arteria vital para la región agroindustrial), ha sido objeto de múltiples reclamos a lo largo de 2025.

El juez federal Aurelio Cuello Murúa exigió a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) que extienda el plan de bacheo sobre la ruta nacional 33, tras constatar que, en el tramo comprendido entre la localidad de Murphy y el cruce de Chovet, los trabajos sólo se ejecutaron en sentido ascendente. Además, solicitó informes sobre la instalación de luminarias en cruces clave, reclamando cumplimiento urgente del fallo judicial.

Contexto y origen del reclamo

En respuesta a la demanda presentada por la senadora provincial Leticia Di Gregorio, el juez Cuello Murúa había ordenado una intervención urgente sobre tres rutas nacionales que atraviesan el departamento General López —incluida la 33— mediante una medida cautelar. En ese marco, la DNV, representada por su Jefe de División del Distrito Santa Fe, Pablo Martín Etchevest, informó al juzgado y a la senadora sobre los trabajos llevados a cabo entre el km 666 (Villa Divisa de Mayo) y el km 646 (Murphy).

Evaluación judicial: lo hecho y lo pendiente

En su respuesta, el magistrado advirtió que las tareas se realizaron únicamente en el sentido ascendente de la ruta, dejando sin intervención el sentido descendente, a pesar de que existen fisuras asfálticas de “menor intensidad, pero no por ello menos trascendentes”. En consecuencia, intimó a la DNV para que, en el plazo establecido por ley, presente un plan de trabajos para intervenir también ese sentido de la calzada.

Además, Cuello Murúa requirió que la DNV informe si ya recibió los materiales necesarios para la instalación de luminarias en el cruce de la ruta 33 con la ruta provincial 94, así como el resultado de los reclamos cursados ante la cooperativa de energía de Murphy.

Importancia de la acción

El reclamo judicial —impulsado por la senadora Di Gregorio— tiene como objetivo asegurar condiciones mínimas de seguridad vial y circulación, en una ruta clave para el tránsito regional, el transporte de mercaderías y de cereal. El juez recordó que la DNV es responsable de conservar el sistema troncal de caminos nacionales, y que la medida cautelar exige respuestas urgentes, más allá de cuestiones presupuestarias o de reorganización institucional.

El Juzgado Federal de Rafaela ordenó a una empresa de medicina prepaga la cobertura integral e inmediata del medicamento Vosoritida (Voxzogo) a una niña de tres años diagnosticada con acondroplasia -una enfermedad genética que afecta el crecimiento óseo-, al considerar que el escenario jurídico, clínico y regulatorio cambió sustancialmente desde la primera intervención judicial en el expediente. La medida cautelar, solicitada por los padres de la menor, se apoya en un nuevo factor decisivo: la autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para la comercialización del fármaco en Argentina, ocurrida en septiembre último.

En marzo de 2024, el Juzgado Federal de Rafaela, había hecho lugar a una cautelar ordenando la cobertura del tratamiento, pero en enero de 2025 la Cámara Federal de Rosario la dejó sin efecto. En aquel momento, el tribunal entendió que el medicamento permanecía en fase de ensayo clínico y que no existía evidencia concluyente sobre su eficacia y seguridad a largo plazo.

Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando la Anmat dictó la Disposición DI-2025-6975, habilitando formalmente su importación y comercialización en el país. Para el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, quien asumió como subrogante el 1 de julio último en el Juzgado Federal de Rafaela, este hecho representó un “cambio sustancial de circunstancias” que habilitaba a reexaminar la medida cautelar, en función del principio de mutabilidad propio de estas decisiones.

En este sentido, el magistrado sostuvo que, con la autorización del organismo nacional, el medicamento pasó de la Fase III (ensayo clínico) a la Fase IV, conocida como etapa de farmacovigilancia, lo cual transforma la evaluación judicial. Dicha Fase IV implica que el producto tiene un balance beneficio-riesgo aceptable, suficiente para permitir su utilización mientras continúa siendo monitoreado. Ya no se trata de una droga experimental en un marco de investigación controlada, sino de un tratamiento disponible para pacientes bajo supervisión médica. Técnicamente, se trata de un período que permite detectar efectos adversos poco frecuentes, evaluar la efectividad del medicamento en la vida cotidiana, revisar interacciones con otros fármacos y ajustar indicaciones. Según explicó el juez, basándose en el dictamen del Cuerpo Médico Forense, esta fase posibilita identificar efectos que pueden aparecer solo cuando el fármaco es utilizado masivamente, a veces con frecuencias de “1 en 100.000”.

Aunque los informes del Cuerpo Médico Forense destacaron que aún falta evidencia robusta a largo plazo, también reconocieron mejoras en el crecimiento lineal y en parámetros morfológicos relevantes —como el foramen magno— que podrían reducir riesgos severos como apnea central o muerte súbita. El juez valoró estos datos como indicios suficientes dentro de una medida cautelar.

El magistrado enfatizó que la niña se encuentra en una doble situación de vulnerabilidad: es menor de edad y tiene certificado de discapacidad. En ese sentido, recordó la vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ambas con jerarquía constitucional, que obligan a garantizar el acceso efectivo a tratamientos indispensables.

También ponderó los riesgos severos asociados a la patología, entre ellos apnea central, compresión del tronco encefálico y posibles episodios de muerte súbita, lo cual refuerza la urgencia del tratamiento y el peligro en la demora.

Citando precedentes de la Corte Suprema, el fallo reafirma que el Programa Médico Obligatorio (OMO) constituye un piso mínimo de cobertura y no puede utilizarse para excluir innovaciones terapéuticas cuando está comprometida la salud o la vida del paciente.

Asimismo, la resolución señala que otros países —como Estados Unidos, la Unión Europea y Brasil— también aprobaron el uso de Vosoritida para pacientes pediátricos con acondroplasia.

Ahora, la prepaga deberá proveer con cobertura del ciento por ciento para el Vosoritida (Voxzogo), sus disolventes y los descartables necesarios para la aplicación. Todo bajo la prescripción de la médica pediatra tratante y siguiendo las guías clínicas de administración. La familia deberá presentar el consentimiento informado, conforme a la Ley 26.529.

La acondroplasia es la displasia esquelética más frecuente y provoca talla baja desproporcionada por una mutación genética del gen FGFR3. Se caracteriza por extremidades cortas, macrocefalia y mano en “tridente”. Puede producir complicaciones graves, especialmente neurológicas, como estenosis del foramen magno, apnea central y compresión del tronco encefálico, por lo que requiere seguimiento integral desde los primeros meses de vida.

Este domingo, un operativo coordinado por la Fiscalía Federal de Venado Tuerto permitió desarticular una organización narcocriminal que operaba en distintas localidades del sur de Santa Fe. La investigación, iniciada a partir de denuncias anónimas en el “Buzón de la Vida”, derivó en nueve allanamientos simultáneos y el secuestro de más de 4,4 kilos de cocaína, dinero en efectivo y otros elementos clave para la causa.

La pesquisa estuvo a cargo de los fiscales federales Federico Reynares Solari, Daniela Ghiorzi y Rocío Estrada, con intervención del juez federal Aurelio Cuello Murúa, y fue ejecutada por personal de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), con apoyo de distintas unidades de Rosario y Carcarañá.

Origen y conexión con otras causas

La investigación comenzó en abril de 2025, tras denuncias recibidas en el sistema anónimo de Venado Tuerto. A partir de esta información se cruzaron datos con una causa anterior que en febrero había permitido desarticular un clan familiar liderado por mujeres que comercializaban estupefacientes en el barrio Villa Moisés.

Ambas investigaciones confluyeron en una red más amplia, que incluyó a proveedores, transportistas y distribuidores de droga con base en Venado Tuerto, Cañada de Gómez y Firmat.

Detención clave en Elortondo

Uno de los golpes más significativos se produjo cuando efectivos de la UNIPROJUD y la Sección Vial de Gendarmería interceptaron un vehículo en cercanías de Elortondo, sobre la Ruta Provincial 90. En el automóvil viajaban Manuel E. y Carina A., quienes transportaban cuatro ladrillos de cocaína, con un peso total de casi 4,5 kilos, además de más de $400.000 en efectivo, una navaja y teléfonos celulares. Los implicados volvían a Venado Tuerto luego de abastecerse en Cañada de Gómez.

Allanamientos y operativos simultáneos

A partir de esa detención, se desplegaron nueve allanamientos: seis viviendas particulares, una celda de la Unidad Penal de Coronda y dos sectores de la Alcaidía de Melincué. La investigación confirmó que la banda mantenía conexiones con personas privadas de libertad, desde donde se coordinaban maniobras logísticas.

En los procedimientos se secuestraron alrededor de 5 millones de pesos, una importante cantidad de teléfonos celulares, cocaína, marihuana y otros elementos de valor para la causa.

Cuatro detenidos

Como resultado del operativo quedaron detenidas cuatro personas, dos mujeres y dos hombres. En los próximos días serán imputados por delitos contemplados en la Ley 23.737 de estupefacientes, en una audiencia ante el juez federal de Venado Tuerto.

En total participaron 40 efectivos de Gendarmería y 12 vehículos oficiales, en lo que se considera uno de los procedimientos más importantes del año en materia de lucha contra el narcotráfico en la región.

En el marco del primer juicio oral celebrado bajo el nuevo Código Procesal Penal Federal en el sur santafesino, un hombre oriundo de Villa Cañás fue condenado a cinco años de prisión por delitos vinculados al narcotráfico y tenencia ilegal de arma de fuego. El fallo se conoció este martes en los Tribunales Orales Federales de Rosario, en un proceso que tuvo como eje una investigación iniciada por la Fiscalía Federal de Venado Tuerto.

El acusado, identificado como Leandro Sebastián Montoto., fue encontrado culpable de cultivar cinco plantas de cannabis sativa de entre 2,64 y 3,35 metros de altura —con un peso total superior a los 31 kilos—, guardar 177 semillas de marihuana con fines de producción, y poseer 2,46 kilos de la misma sustancia con intención de comercialización. Además, se le adjudicó la tenencia de un arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal.

El tribunal, integrado por los jueces Osvaldo Facciano (presidente), Mario Gambacorta y Elena Dilario, dispuso también el decomiso de los elementos secuestrados durante el operativo, la destrucción de la droga incautada, el pago de una multa de 55 unidades fijas y una sanción económica adicional de $8.000 por la tenencia del arma. Asimismo, se ordenó el secuestro de una suma de $460.000, presuntamente vinculada a la actividad ilícita.

Denuncia anónima

La investigación se originó a partir de dos denuncias anónimas recibidas en el Buzón de la Vida de Villa Cañás, mecanismo que permite a los vecinos alertar sobre delitos vinculados al narcotráfico. La pesquisa fue llevada adelante por la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional, con intervención del juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa.

El caso fue impulsado por el fiscal federal Dr. Federico Reynares Solari, junto a las doctoras Daniela Ghiorzi y Rocío Soledad Estrada, quienes lograron probar la hipótesis acusatoria durante el juicio que se extendió por cuatro jornadas. El proceso completo, desde el inicio de la investigación hasta el veredicto condenatorio, se desarrolló en menos de ocho meses, un plazo que representa un ejemplo de celeridad dentro del nuevo sistema acusatorio.

Un fallo que marca un precedente

Este veredicto no solo condena a un individuo por delitos vinculados al narcotráfico, sino que marca el inicio formal de la implementación del nuevo sistema acusatorio federal en el sur de la provincia. El mismo otorga mayor protagonismo a las fiscalías, promueve la oralidad de los procesos y agiliza los tiempos judiciales.

El pasado 12 de agosto, el Juzgado Federal de Venado Tuerto convocó a una audiencia de mediación entre la senadora provincial Leticia Di Gregorio —quien inició la acción legal— y representantes de la Dirección Nacional de Vialidad y Corredores Viales S.A., para analizar el incumplimiento del plan de trabajo que debía comenzar el 16 de julio.

Tras el encuentro, la Justicia ordenó que este lunes 18 de agosto se inicien tareas de bacheo en la ruta nacional 33, entre Firmat y Sancti Spiritu. “Gracias a la medida cautelar que interpusimos, Vialidad Nacional debe iniciar estos trabajos de manera inmediata”, afirmó Di Gregorio.

En la audiencia participaron, por parte de la Nación, los apoderados de Vialidad Nacional, doctores Daniel Raúl Romagnoli y Sabrina Vidoni; el jefe del distrito Santa Fe, Gastón Bruno; y el ingeniero Pablo Etchevest, jefe de División y Conservación.

“No deja de ser una vergüenza las respuestas que nos daban ante los pedidos, siempre diciendo que no hay plata y que no hay presupuesto para rutas nacionales”, señaló la legisladora.

Recordó que el recurso de amparo solicita la repavimentación de las tres rutas nacionales que atraviesan el departamento en toda su extensión  y la medida cautelar incluye el bacheo de los tramos más comprometidos, “porque los accidentes y, lamentablemente, las muertes siguen ocurriendo”.

Debe recordarse que el tramo en cuestión, es decir, el que va de Sancti Spiritu a Firmat sobre Ruta Nacional 33, fue recientemente concesionado a Rovial S.A., pero representantes de Vialidad Nacional reconocieron que dependen de la asignación de fondos por parte del Ministerio de Economía.

Según explicó Di Gregorio, el trabajo a realizar será un bacheo con cinta asfáltica de entre 5 y 10 centímetros de espesor.  “Se compraron 4000 metros cúbicos de material, pero la traza es muy grande y no va a alcanzar, por lo que se priorizarán las zonas más deterioradas. Esto es un remiendo básico, no es lo que esperamos, pero ojalá empiecen el lunes 18 porque no se puede esperar más, sobre todo en este tramo de la ruta 33 que está tan complicado y es el que peor está”.

“Después de varias acciones como este amparo judicial, la firma del petitorio al presidente, el encuentro en la rotonda y otros pedidos de comunicación de la Cámara de Senadores, vemos como una primera respuesta a tanta lucha, batalla que vamos a seguir librando hasta ver las 3 rutas repavimentadas”, concluyó la senadora provincial Leticia Di Gregorio.

El juez federal con competencia electoral en Santa Fe, Aurelio Cuello Murua, validó lo actuado por el Congreso del Partido Justicialista en diciembre en lo que hace a la facultad otorgada para definir el marco de alianzas y la integración de la lista de candidatos a diputados para las elecciones del 26 de octubre próximo.

En los hechos la decisión respalda lo actuado por la conducción justicialista a través de sus apoderados, Omar Príncipe y Marcelino Lago quienes debieron responder al planteo realizado por Roberto Mirabella y Juan Manuel Pusineri quienes habían solicitado que se ordene al Partido Justicialista dar cumplimiento a determinadas disposiciones de la Cámara Nacional Electoral y se le ordene abstenerse de integrar o continuar integrando la alianza Fuerza Patria.

El PJ deberá definir su lista de candidatos antes del domingo 17. Foto: Luis Cetraro

Ya el fiscal federal, Gustavo Onel, aconsejó desestimar el planteo debido a que el máximo órgano de gobierno partidario, el Congreso, el pasado 28 de diciembre delegó en la mesa del PJ que encabeza Guillermo Cornaglia la política de alianzas y candidaturas.

"Entiendo que corresponde hacer primar la participación de la agrupación política en el proceso electoral del año en curso conforme el cronograma dispuesto por la Cámara Nacional Electoral, y es en ese marco que se impuso la decisión de integrar una alianza electoral y proponer las candidaturas a los cargos públicos en disputa. Resulta ese el ámbito propicio para exponer las propuestas y generar el debate propio de la vida político partidaria" recomienda el fiscal Onel.

Mirabella había cuestionado la continuidad de la alianza Fuerza Patria. Foto: Archivo

"Es dable destacar que, desde la celebración del Congreso y la ulterior suspensión del método de selección de candidaturas y formalización de alianzas, los presentantes tuvieron varios meses para solicitar a las autoridades partidarias una metodología diferente a la acordada por amplia mayoría en fecha 28 de diciembre del año 2024. Si la disconformidad hubiera tenido la representatividad requerida por la carta orgánica partidaria para convocar de modo extraordinario a un Congreso, ese hubiera sido el medio idóneo para el presente requerimiento", dice el juez en sus considerandos.

La decisión de Cuello Murua valida la integración de Fuerza Patria que tiene como principal integrante al PJ junto a otras 11 fuerzas políticas. En tanto, el plazo de presentación de candidaturas vencerá el domingo 17, a las 24. En el justicialismo se barajan varias posibilidades para encabezar la lista, entre ellos Agustín Rossi, Eduardo Toniolli e incluso Mirabella.

(Por Juliano Salierni) - Tres fallos judiciales recientes, que invocan el “derecho a la vida, la seguridad personal y la libre circulación” de los santafesinos, contemplados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales, intiman al Estado nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), a reparar en forma urgente las deterioradas rutas nacionales que atraviesan la provincia.

El último, firmado el viernes 27 de junio por el juez Aldo Mario Alurralde, como subrogante del Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe, hizo lugar a la medida cautelar impulsada el 27 de mayo por el diputado provincial José Corral.

La reciente resolución fue ordenada por el juez Aldo Alurralde. Foto: Archivo

El recurso de amparo concedido ordena a la DNV ejecutar una serie de medidas urgentes para mitigar el deterioro de un tramo de 110 kilómetros de la Ruta Nacional Nº 11 y la Ruta A-007, comprendido entre la ciudad de Santa Fe y San Justo, que afecta a las localidades de Recreo, Gobernador Candioti, Iriondo, Nelson, Llambi Campbell, Cabal, Emilia y Videla.

El escrito tenía por finalidad “realizar, en forma urgente, inmediata y definitiva, la reparación integral y la presentación de un plan de operación y mantenimiento, del tramo vial comprendido entre la Ruta Nacional A-007 (también conocida como Mar Argentino o Avenida de Circunvalación) y su empalme con la Ruta Nacional Nº 11”.

La colocación de medidas de seguridad vial fue una de las exigencias. Foto: Prensa DNV

La resolución impone a la DNV, entre otras medidas:

Entre los argumentos vertidos por el legislador, señala que “por la gran afluencia de tránsito y el estado deplorable de su infraestructura, (la 11) se ha convertido en una de las rutas más peligrosas de la región”.

El diputado santafesino José Corral presentó un recurso de amparo. Foto: Archivo

Enumera las falencias que van desde: “Pavimento agrietado", “baches profundos”, “señalización horizontal y vertical insuficiente o directamente inexistente”, “banquinas descalzadas, erosionadas y cubiertas de vegetación, sin mantenimiento”, “falta de iluminación en la mayoría de los tramos” e “inexistencia de barandas de contención”.

También hace referencia a los “desagües obstruidos o directamente abandonados, lo que genera anegamientos y profundiza el deterioro del pavimento”.

Y como no podía ser de otra manera, el combo anterior “ha provocado numerosos siniestros viales, muchos de ellos de extrema gravedad, incluyendo víctimas fatales, heridos de consideración y cuantiosos daños materiales a los vehículos que transitan por la ruta”.

El fallo judicial del Dr. Alurralde tiene como antecedente otros dos recursos de amparo presentados por legisladores, en los que se exponen problemáticas idénticas en otros sectores de la provincia de Santa Fe por donde cruzan rutas nacionales.

El 10 de marzo pasado, el mismo juez Alurralde, como titular del Juzgado Federal de Reconquista, hizo lugar a la acción de amparo impulsada por el diputado provincial Dionisio Scarpín.

La denuncia del legislador norteño se remonta a octubre de 2024 y afectaba 266 km de asfalto entre “los departamentos Vera, San Javier y General Obligado y que identifican el kilómetro 665 (aproximadamente) -en el extremo sur- y el 931 (aproximadamente)-en el extremo norte- que se corresponde con el paralelo 28 sur”.

La medida fue apelada por Vialidad Nacional pero, el 16 de abril, la Cámara Federal de Resistencia (Chaco) confirmó en su totalidad lo dispuesto por el juez de Reconquista, que el 5 de mayo intimó a la autoridad competente para que realice las reparaciones prometidas.

Casi en simultáneo, el 11 de marzo de 2025, la senadora por el departamento General López, Leticia Di Gregorio, interpuso otro recurso de amparo contra la DNV, en cuya presentación, incluyó evidencias del estado calamitoso de las rutas 7, 8 y 33 en el sur santafesino.

El Dr. Aurelio Cuello Murúa dio curso a un planteo similar en General López. Foto: Archivo

Semanas después el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, hizo lugar a la cautelar y exigió en breve plazo, que el organismo nacional debía señalizar, desviar y bachear los tramos de la Ruta Nacional 8 (entre las rutas provinciales 94 y 4S, entre Venado Tuerto e Isabel, entre los Km 370 y 346); Ruta 33 (entre Sancti Spiritu y Firmat) y Ruta 7 (todo el trayecto dentro del departamento).

“El deterioro de las rutas no solo compromete derechos fundamentales, sino que afecta la economía regional, el turismo, el transporte de mercancías y el trabajo de miles de familias”, advirtió la legisladora en su demanda.

Tiempo atrás y al igual que el Dr. Alurralde, que resolvió en dos jurisdicciones diferentes haciendo lugar a los amparos, el Dr. Cuello Murúa había hecho lo propio como subrogante del Juzgado Federal N° 1 de Rosario, ante un reclamo de la intendencia de Cañada de Gómez.

La presentación data de 2019, en la cual el municipio cañadense reclamó la reparación integral de la Ruta Nacional N° 9, en el tramo que atraviesa su jurisdicción (Km 367,20 al 388,50), por encontrarse en un estado de grave deterioro que ponía en riesgo la seguridad vial.

La acción fue respaldada por ciudadanos, instituciones locales y otros municipios vecinos como Carcarañá, Bustinza, Correa y San Jerónimo Sud y como en las recientes ocasiones, también contó con el respaldo de un fallo de Cámara.

Mientras la Justicia Federal en suelo santafesino obliga al Ejecutivo Nacional a ponerse a derecho con sus ciudadanos del interior, comenzaron a llevarse a cabo las audiencias públicas para concesionar rutas nacionales de todo el país.

Se iniciaron reuniones para la Red Federal de Concesiones Tramo III. Foto: Prensa Vialidad

El último miércoles Casa Central de la DNV anunció que “avanza en el procedimiento de participación ciudadana en el marco de la Red Federal de Concesiones - Etapa III”.

Las dos primeras audiencias públicas fueron el lunes 30 de junio y miércoles 2 de julio, en las provincias de Mendoza (tramo Cuyo RN 7) y Tucumán (tramos Centro-Norte RN 34 y Noroeste RN 9, 34, 66, 1V66 y A-016).

La DNV realizantrabajos de mantenimiento en diferentes tramos. Foto: Prensa DNV

El viernes 4 se realizó la tercera en Chaco, donde se abordaron los tramos Chaco-Santa Fe (RN 11), Litoral (RN 12 y 16) y Noreste (RN 12 y 105). Y se espera que este lunes 7 se lleve adelante otro encuentro en Entre Ríos, para presentar los tramos Mesopotámico (RN 12, 18 y A-012) y Centro (RN 9, 19 y 34).

A propósito de la reunión del pasado viernes, la reciente resolución del juez Alurralde advierte que la Resolución 827/2025 del 16 de mayo, emitida por Vialidad “por la cual resuelve comenzar a intervenir, acondicionar y concesionar diferentes tramos de la Ruta Nacional N° 11 en todo el país, (...) no contempla el tramo objeto de la presente acción de amparo”.

Uno de los pasajes de la resolución del juez Alurralde marca la falta de iluminación en zonas de travesías urbanas, a lo que DNV contestó que existe un convenio firmado con la Dirección Provincial de Vialidad y solicitó que en ese caso, también se los cite para dar las explicaciones del caso.

Uno de los puntos críticos refiere al sistema de iluminación de zonas urbanas. Foto: Archivo

Mediante Resolución N° 651 del 30 de abril de 2025 argumentaron: “Actualmente, en la traza de la Avda. de Circunvalación se está trabajando respecto de las luminarias en el restableciendo de las mismas, en cumplimiento del referido contrato suscripto entre la DNV y DPV; así también en el respectivo tramo de la RN N° 11”.

Por ese motivo se “solicita la citación como tercero del ente vial provincial, atendiendo a las obligaciones que contractualmente le caben” y propusieron “citar a la empresa contratista de la ejecución de obra COEMYC SA”, pedidos los cuales fueron rechazados por la justicia.

El presidente comunal de Sancti Spiritu, Cristian Vincenti, se reunió este lunes con el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, en el marco de una serie de conversaciones institucionales vinculadas a temas sensibles para la comunidad.

Durante el encuentro, se abordaron principalmente las investigaciones relacionadas con la venta de estupefacientes en la localidad, una problemática que genera creciente preocupación entre los vecinos.

Narcotráfico en foco

Según informó Vincenti, uno de los ejes centrales del diálogo fue el avance de las causas por narcotráfico en Sancti Spíritu. “Conversamos sobre las investigaciones que se están llevando adelante en nuestro pueblo. Necesitamos una justicia cercana que dé respuestas y trabaje en conjunto con los gobiernos locales para llevar tranquilidad a la población”, expresó.

La preocupación por el avance del narcotráfico no es nueva en localidades del sur santafesino, donde distintas fuerzas federales han realizado operativos en los últimos meses.

Temas civiles y reclamos vecinales

Además de las cuestiones penales, Vincenti y Cuello Murúa repasaron expedientes civiles, especialmente aquellos vinculados a amparos en salud iniciados por vecinos. Estos casos, que suelen tener una alta sensibilidad social, forman parte del trabajo cotidiano de articulación entre los gobiernos locales y el sistema judicial.

Un llamado a la articulación institucional

“Para seguir transformando nuestra localidad, necesitamos trabajar de manera coordinada con el Poder Judicial. La cercanía con los jueces y la posibilidad de dialogar sobre las problemáticas que afectan a nuestros vecinos es fundamental”, subrayó el presidente comunal tras el encuentro.

La reunión refuerza la intención de establecer vínculos más fluidos entre los estamentos locales y federales para enfrentar las problemáticas de fondo que afectan a las pequeñas comunidades del interior santafesino.

Este miércoles, la Fiscalía Federal de Venado Tuerto llevó adelante un amplio operativo contra el narcotráfico en el sur provincial, que culminó con la desarticulación de dos organizaciones criminales que operaban desde la localidad de Alcorta y abastecían de droga a Elortondo.

A pedido de los fiscales Federico Reynares Solari, Daniela Ghiorzi y Rocío Estrada, y con la orden del juez federal Aurelio Cuello Murúa, se realizaron siete allanamientos simultáneos. Las tareas estuvieron a cargo de efectivos de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Complejos “Venado Tuerto” de Gendarmería Nacional, con apoyo de otras nueve unidades, totalizando alrededor de 45 agentes.

Una investigación bajo el nuevo Código Procesal Penal

La pesquisa comenzó en abril tras una denuncia anónima, en el marco del nuevo Código Procesal Penal Federal. A partir del trabajo investigativo, se logró identificar a dos líderes de las bandas narco, Melchor P. y Ana F., quienes fueron detenidos tras los allanamientos. En los próximos días serán formalmente imputados en audiencia judicial.

Además, otras ocho personas quedaron bajo investigación, aunque por el momento no fueron privadas de su libertad.

Importante secuestro de droga, armas y dinero

Los procedimientos se realizaron en Alcorta, Elortondo y la Alcaidía de Melincué. Como resultado, se incautaron casi un kilo de marihuana y cocaína, elementos de fraccionamiento como balanzas de precisión y picadores, además de una escopeta, un rifle con mira telescópica, municiones, y una importante suma de dinero en efectivo —más de 4 millones de pesos argentinos y dólares—.

También se secuestraron 2 automóviles, 8 motos, un cuatriciclo, 14 teléfonos celulares, documentación y otros elementos clave para la causa.

Víctor Hugo Ríos, oriundo de la ciudad bonaerense de San Pedro, integró la dotación del crucero ARA “General Belgrano” cuando fue hundido por un submarino británico el 2 de mayo de 1982, en el marco de la Guerra de Malvinas. Como ex conscripto Clase 1962, sobrevivió al ataque, pero arrastró durante décadas las secuelas físicas y emocionales de aquel hecho traumático.

En mayo de 2016 solicitó la conformación de una Junta Médica en la Dirección de Personal de la Armada para evaluar sus patologías. Pese a que la junta se realizó, nunca recibió información sobre el resultado ni sobre el expediente administrativo correspondiente. Tras insistir sin éxito en 2018 y 2019 por correo electrónico al Hospital Naval, y luego de enviar una carta documento solicitando pronto despacho en agosto de 2020, Ríos decidió finalmente iniciar una demanda judicial el 31 de mayo de 2021, patrocinado por el abogado Ariel Guillermo Ramanzini.

La causa fue tramitada ante el Juzgado Federal Nº 1 de San Nicolás, y el fallo fue dictado por el venadense Aurelio Antonio Cuello Murúa en su carácter de juez subrogante. La resolución, firmada el 1 de abril de 2025 -un día antes de un nuevo aniversario de la recuperación transitoria de las islas Malvinas-, representa una reparación integral a favor del excombatiente sampedrino.

El fallo detalla que la participación de Ríos en el conflicto bélico fue reconocida tanto por la documentación aportada como por la propia Armada, que a través de la Resolución 72/2021 admitió que el actor padece distimia e hipoacusia neurosensorial bilateral, afecciones directamente vinculadas con su intervención en el conflicto del Atlántico Sur. Esta resolución le asignó una incapacidad del 28,89%. Posteriormente, un peritaje médico realizado en la causa judicial elevó ese porcentaje al 30%, cifra que fue adoptada por el magistrado.

A su vez, el perito descartó que otras enfermedades que también padece -como diabetes tipo II o insuficiencia coronaria- tuvieran relación directa con el conflicto, lo que no impidió el avance del reclamo central.

El fallo otorga tres beneficios clave:

La defensa del Estado Nacional planteó la prescripción de los reclamos, pero el juez desestimó esa postura, considerando que Ríos actuó dentro de los plazos legales y que la demora en la resolución fue atribuible exclusivamente a la administración pública. “Debe otorgarse el beneficio desde la fecha en que se solicitó la Junta de Reconocimiento Médico”, sostuvo el magistrado.

Asimismo, se condenó al Estado a pagar las costas del juicio, en virtud del principio objetivo de la derrota. Los intereses de cada suma adeudada deberán calcularse aplicando la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central de la República Argentina, hasta el momento del pago efectivo.

Cuello Murúa resolvió que el Estado Nacional -Ministerio de Defensa y Estado Mayor General de la Armada- deberá abonar todos los beneficios en un plazo de 30 días desde que la sentencia quede firme. También ordenó que los honorarios profesionales se determinen una vez realizada la liquidación correspondiente.

Con esta decisión, Víctor Hugo Ríos obtiene, después de casi nueve años de gestiones y reclamos, el reconocimiento formal y económico por su condición de veterano y las secuelas sufridas. El caso evidencia, además, el impacto que la demora burocrática tiene sobre los derechos de los excombatientes.

El sampedrino Víctor Hugo Ríos habló el 2 de abril de 2023, a 41 años del hundimiento del Crucero General Belgrano en el programa radial "Equipo de Radio", de su ciudad, sobre los sucesos del 2 de mayo de 1982. 

El Héroe de Malvinas relató la sucesión dramática de hechos desde el impacto del primer torpedo lanzado por el submarino nuclear británico HMS "Conqueror" hasta su rescate por el ARA “Bouchard”, tras 36 horas de permanecer en una balsa en las aguas congeladas del Mar Argentino.

En el ataque, murieron 323 marinos argentinos, entre ellos el también sampedrino Sergio Daniel Magliotti, al que Ríos recordó con emoción. 

El entonces conscripto repasó su incorporación a la Armada como conscripto, su etapa de instrucción, los momentos previos al ataque y los dolores físicos y psicológicos que arrastra tras cuatro décadas. También las gestiones que había iniciado junto con su abogado para obtener los reconocimientos por discapacidad que el Estado nacional le negaba y que, hoy, 1 de abril de 2025, consiguió por fin a través del fallo del juez federal Aurelio Cuello Murúa.

En agosto de 2024, la ciudad de San Pedro vivió una jornada cargada de emoción y significado con la llegada a la Plaza Constitución de una réplica a escala del ARA General Belgrano, el emblemático crucero argentino hundido por un submarino británico durante la Guerra de Malvinas. 

La actividad fue organizada de manera conjunta por la Municipalidad de San Pedro, la Asociación Cultural Sanmartiniana y la Asociación de Veteranos de Guerra local, reunió a vecinos, instituciones educativas, autoridades y, de forma especial, a los tres sobrevivientes sampedrinos del hundimiento: Jorge Pablo Martínez, Raúl Horacio Ramírez y Víctor Hugo Ríos.

Con profundo respeto y conmoción, los excombatientes compartieron sus testimonios sobre lo ocurrido el 2 de mayo de 1982 (ver video más abajo), fecha en que el ARA General Belgrano fue atacado por el submarino nuclear británico HMS Conqueror. Durante el acto, se rindió homenaje a la figura del sampedrino Sergio Daniel Magliotti, uno de los caídos en aquella tragedia, y recordado como un héroe por toda la comunidad.

El encuentro también sirvió como una experiencia educativa significativa: alumnos de distintas escuelas participaron de las actividades y tuvieron la oportunidad de conocer de cerca un capítulo fundamental de la historia argentina.

La réplica del crucero, construida por el entrerriano Sergio Gammella a partir de planos originales y a escala 1:23, posee una eslora de ocho metros, un metro de manga y un motor funcional que le permite navegar. Esta obra itinerante, proveniente de la ciudad de Paraná, tiene como objetivo preservar la memoria de los héroes de Malvinas y recorrer diferentes puntos del país para mantener vivo su legado.

La ceremonia se inició con una bendición a cargo del padre Andrés, seguida por la interpretación del Himno Nacional Argentino por alumnos del conservatorio musical “Carlos Guastavino”. Luego, Jorge Pablo Martínez, Raúl Horacio Ramírez, Víctor Hugo Ríos y el propio creador de la maqueta, Sergio Gammella, izaron el pabellón nacional en presencia de autoridades municipales, concejales, docentes y estudiantes.

En la mañana de este martes se concretó un allanamiento en una vivienda de Villa Cañás, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737. La medida fue ordenada por el Juzgado Federal de Venado Tuerto, a cargo del juez Aurelio Cuello Murúa, a pedido de los fiscales federales Federico Reynares Solari y Daniela Ghiorzi.

El procedimiento fue el resultado de una investigación que se inició hace menos de dos meses, tras dos denuncias ingresadas a través del Buzón de la Vida, una herramienta de participación ciudadana que permite denunciar anónimamente hechos vinculados al narcotráfico.

Las presentaciones alertaban sobre una vivienda donde presuntamente se cultivaban plantas de marihuana y se comercializaba droga. La pesquisa, desarrollada por personal de la Unidad de Investigaciones de Procedimientos Judiciales (UNIPROJUD) de Gendarmería Nacional Venado Tuerto, permitió corroborar los datos aportados.

Con esas pruebas, se ordenó el allanamiento del domicilio donde reside la pareja compuesta por Leonardo M. y Malvina S. G. El operativo fue realizado por efectivos de Gendarmería en las primeras horas del día.

Durante el procedimiento se secuestraron plantas de marihuana, ramas en proceso de secado, semillas, cogollos, dinero en efectivo, una escopeta con cartuchos, balanzas de precisión y elementos de corte, típicamente utilizados en la venta de estupefacientes.

Desde la Fiscalía destacaron la importancia del procedimiento “por el impacto que este tipo de hechos tiene en una comunidad pequeña como Villa Cañás” y subrayaron que la acción refleja “la respuesta de la Justicia y las fuerzas de seguridad ante las denuncias de los vecinos”.

Tras el operativo, los implicados serán imputados por delitos contemplados en la ley de drogas.

El Juzgado Federal de Venado Tuerto resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la Cooperativa de Electricidad de Venado Tuerto (CEVT). La resolución suspende por seis meses la aplicación de la Resolución 267/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación y la Providencia de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor.

En el inicio del trámite judicial, la CEVT presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad argumentando que la normativa nacional prohibía incluir en las facturas conceptos ajenos al servicio eléctrico, lo que afectaba la recaudación de fondos destinados al alumbrado público y al mantenimiento de la red.

El fallo del juez Aurelio Cuello Murúa establece que la empresa cooperativa podrá seguir incluyendo en las facturas la tasa municipal de alumbrado público y otros cargos relacionados, siempre que estén claramente identificados y su falta de pago no implique la suspensión del suministro eléctrico.

El Estado nacional, a través del Ministerio de Economía, se opuso a la medida alegando que la Cooperativa:

El juez consideró que la autonomía municipal, establecida en los artículos 5 y 123 de la Constitución Nacional, permite a los municipios establecer tributos y definir su método de recaudación. Además, destacó que la prohibición de facturación conjunta afectaría la subsistencia económica del Municipio, que utiliza estos fondos para garantizar servicios esenciales como el alumbrado público y el mantenimiento de la red eléctrica.

Asimismo, se acreditó la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, ya que la imposibilidad de facturación conjunta podría generar:

El fallo también establece que otros conceptos incluidos en la factura, como fondos para energías renovables y tasas municipales, podrán seguir cobrándose, siempre que se especifique claramente su naturaleza y el usuario tenga la opción de no pagarlos sin consecuencias sobre el servicio eléctrico.

En consecuencia, el fallo suspende por seis meses la aplicación de la Resolución 267/2024 y permite a la Cooperativa continuar con su esquema de facturación hasta que se dicte una resolución definitiva. Durante este período, la CEVT deberá identificar detalladamente los conceptos facturados y aclarar que su falta de pago no afectará el suministro eléctrico.

Sobre el mediodía de este jueves, las autoridades de la Cooperativa de Electricidad de Venado Tuerto enviaron una invitación a los medios de comunicación locales y regionales para asistir a una conferencia de prensa convocada para el próximo lunes 17, a las 11.30, en la sede social de Mitre 796, a los efectos de divulgar los cambios a implementar en la facturación del servicio eléctrico. 

Esto es consecuencia de que el Juzgado Federal de Venado Tuerto, tras una presentación por parte de la CEVT, dispuso la suspensión de los efectos de la Resolución 267/2024, emitida por la Casa Rosada, y establece nuevas directrices para la inclusión de ciertos conceptos en las facturas de energía eléctrica.

Se trata del expediente N° 17338/2024, a través del cual la empresa cooperativa impulsó una acción judicial contra la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación, atacando una presunta inconstitucionalidad de la citada resolución que impacta directamente en la facturación de la prestadora de servicios. 

A modo de adelanto, desde la CEVT señalan que, a partir de la próxima facturación, se incorporarán los siguientes cambios:

Estas medidas estarán vigentes por un plazo de seis meses, conforme al artículo 5 de la Ley 26.854.

Dada la relevancia de estos cambios para los usuarios del servicio eléctrico, la CEVT, que también invitó a la reunión informativa a autoridades políticas locales y representantes de entidades intermedias, no sólo que ampliará detalles la semana entrante, sino que recomienda a los asociados y usuarios estar atentos a las comunicaciones oficiales para comprender plenamente las nuevas modalidades de facturación y sus implicancias.

En un fallo que tiene algunas aristas en común con el caso que se describe más arriba, el juez federal subrogante Aurelio Cuello Murúa, actuando en el Juzgado Federal N° 1 de San Nicolás, había resuelto favorablemente una medida cautelar presentada por la Municipalidad de Pergamino. Esta decisión suspendió por un período de seis meses los efectos de la Resolución 267/2024 del Gobierno Nacional, la cual prohibió la inclusión de tasas o impuestos adicionales en las facturas de servicios públicos. Durante este lapso, la Municipalidad de Pergamino puede continuar cobrando dichas tasas a través de las facturas de energía eléctrica, decidió el magistrado. Además, instruyó a la empresa prestadora del servicio eléctrico a identificar de manera clara y detallada el rubro correspondiente a la "tasa de alumbrado público" en las facturas emitidas. 

El Juzgado Federal de Venado Tuerto ordenó a una obra social que cubra el 100 por ciento de una cirugía de ablación de arritmia de un afiliado. La resolución lleva la firma del juez Aurelio Cuello Murúa, quien fundamentó la decisión en los informes médicos que hacían referencia a la “urgente” necesidad de que el paciente sea intervenido quirúrgicamente. 

El jueves 17 de octubre Adrián H., con sus abogados Mirian Gvozdenovich y Ervin Bustos, realizaron la presentación de la acción de amparo en el poder judicial contra OSPESGA (Obra Social del Personal de Estaciones de Servicio, Garages, Playas y Lavaderos Automáticos de la Provincia de Santa Fe) con el objeto de que le brinde cobertura integral del 100% de la cirugía de ablación de arritmia por radiofrecuencia con mapeo tridimensional, más todos los insumos quirúrgicos necesarios especificados para la realización de la misma, indicada con suma urgencia por sus médicos, el Dr. Alberto Alfie, cardiólogo universitario, especialista en electrofisiología y marcapasos, y el Dr. Oscar Gómez Vilamajo, cardiólogo.

Los abogados fundamentaron que el paciente posee antecedentes de enfermedad cardiovascular, y que recientemente ha sido diagnosticado con fibrilación auricular persistente con taquicardiomiopatia, y que siempre se ha atendido en la ciudad de Venado Tuerto con su médico el Dr. Oscar Gómez Vilamajo.

Además, señalaron que, a raíz de la complejidad y avance de la patología, su médico lo ha derivado de urgencia a un especialista en electrofisiología y marcapasos, el Dr. Alberto Alfie, quien comenzó a atenderlo y luego de una serie de estudios le ha indicado con urgencia la necesidad de la cirugía.

Igualmente, en el mes de agosto Adrián H. realizó una interconsulta con el Dr. Silvano Diángelo en la ciudad de Rosario, en el instituto ICR, el cual ha llegado a la misma conclusión: necesita realizarse con urgencia una cirugía de ablación de arritmia. 

En consecuencia, luego de que los tres profesionales consultados coincidieron en la necesidad de la operación, el paciente avanzó con su médico la tramitación para realizarla en el Sanatorio San Martin, enviando previamente la documentación y todos los estudios a OSPESGA, que finalmente no autorizó la intervención quirúrgica. 

Fallo judicial

Tras la presentación del amparo en el Juzgado Federal, y teniendo en cuenta la urgencia del caso, el juez Aurelio Cuello Murúa resolvió rápidamente y ordenó a la obra social que se haga cargo de la cobertura médica que demanda la intervención. 

Sostuvo que “no debe olvidarse el rol fundamental que desempeñan el derecho a la vida y a la salud dentro de nuestro ordenamiento jurídico nacional”. Agregando que “debe ponderarse el cuadro de salud del amparista. Que es un paciente con fibrilación auricular persistente refractaria a tratamiento farmacológico y cardioversión eléctrica, con taquicardiomiopatía con deterioro severo de la función ventricular izquierda y lo señalado por su médico tratante en cuanto a que ‘...dado su cuadro clínico de riesgo de muerte súbita...’ solicita la cirugía”.

En definitiva el magistrado consideró que “corresponde hacer lugar a la medida cautelar peticionada, disponiendo que la Obra Social del Personal de Estaciones de Servicios, Garages, Playas y Lavaderos Automáticos de la Provincia de Santa Fe (OSPESGA) brinde, de manera inmediata, al Sr. Adrián H., la cobertura integral del 100% de la cirugía de ablación de arritmia por radiofrecuencia con mapeo tridimensional, más todos los insumos quirúrgicos necesarios especificados para la realización de la misma, indicada por su médico tratante”.

El juez federal Aurelio Cuello Murúa, a cargo de la subrogancia en el Juzgado Federal N° 1 de San Nicolás, hizo lugar este martes a la medida cautelar solicitada el 9 de septiembre último por un afiliado al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), en la persona del Gerente de Prestaciones Médicas, para que en el término de 48 horas le autorice y provea la vacuna Qdenga (vacuna tetravalente contra el dengue) -en sus dos dosis con intervalo de tres meses- prescripta, y bajo la responsabilidad de su médica tratante Andrea Ruiz. 

Si bien no puede asegurarse que se trate de una decisión judicial inédita en torno a la problemática del dengue, Cuello Murúa informó que en el Juzgado de Venado Tuerto, donde ejerce la titularidad de la repartición con sede en calle Chacabuco, no se habían presentado casos semejantes, ni tampoco en la ciudad bonaerense donde también presta funciones.

En este caso, el hombre de 64 años de edad presentó el pedido de medida cautelar solicitando la vacunación urgente contra el dengue, debido a una nueva ola de la enfermedad -cuyo vector es el mosquito de la variedad aedes aegypti- anunciada en los medios de todo el país. 

Sin embargo, la obra social demandada se opuso a proporcionar la vacuna Qdenga alegando que no está incluida en el calendario de vacunación ni en el Programa Médico Obligatorio (PMO).

Entre otros argumentos, el afiliado sostuvo que la médica de cabecera le recomendó la vacunación urgente debido a factores de riesgo graves, a la vez que presentó un certificado médico y las referidas notas periodísticas de medios nacionales y provinciales avisando sobre la inminente ola de dengue.

Mientras tanto, desde la demandada arguyeron que, si bien la vacuna Qdenga fue aprobada por la Anmat, no está recomendada por organismos internacionales para su inclusión en el calendario nacional de vacunación. Asimismo, alegó en su descargo que no hay estudios concluyentes sobre su eficacia y seguridad en personas mayores de 60 años.

Dada la acción judicial en curso, Cuello Murúa solicitó en su momento un informe al médico venadense Miguel Pedrola, reconocido especialista en VIH y Director Científico para Latino América y Caribe de la AIDS Healthcare Foundation, quien detalló que la vacuna contra el dengue es efectiva en personas de 4 a 16 años y que se extrapolan los datos a personas de 17 a 60 años. 

Además, especificó que en los mayores de 60 años no existen estudios sobre eficacia clínica ni datos sobre la inmunización en esta franja etaria, aunque la OMS plantea que podrían ser alcanzadas por la inmunización, aquellas personas con patologías tales como diabetes, enfermedad cardiovascular e hipertensión.

Por su parte, la médica clínica sostuvo la recomendación de vacunación, considerando la historia clínica del paciente.

Sobre la base de los antecedentes colectados, el Tribunal Federal nicoleño consideró que debía primar la opinión de la médica tratante, quien está en mejores condiciones de evaluar la situación particular del actor. En este sentido, el magistrado recurrió a jurisprudencia obrante sobre la materia, como la siguiente: “… Privilegio la opinión del médico de cabecera o tratante, quien examinó cuidadosamente a su paciente, frente a la opinión, no menos seria, pero basada en parámetros generales, o estándares médicos, de la obra social, por lo tanto, no específicos…”.

Y subrayó Cuello Murúa que la medida cautelar se concede considerando el riesgo para la salud del actor, quien ya padeció dengue y tiene otros problemas de salud concomitantes, como diabetes. Asimismo, observó, en cuanto al requisito del peligro en la demora, que el mismo se encuentra acreditado, ya que de no acogerse a la medida, se pondría en riesgo la salud del amparista, atendiendo especialmente a la cuestión de que se trata de un paciente que ya ha padecido dengue. En consecuencia, se ordenó a la obra social la vacunación del afiliado bajo la responsabilidad de la médica tratante.

En virtud de un oficio emanado del Juzgado Federal de Venado Tuerto, a cargo de Aurelio Cuello Murúa, ordenando la captura y detención de un hombre oriundo de la ciudad de Rufino por una causa relacionada con la Ley de Drogas (N° 23.737), los detectives federales realizaron distintas recorridas y tareas de vigilancia en dicha ciudad, pudiendo observar en horas de la mañana de este miércoles al imputado, y luego de corroborar sus datos filiatorios (C.E.C., de 31 años de edad), se procedió a su detención, quedando poco después a disposición del magistrado interviniente.

Este lunes, en la ciudad de Venado Tuerto, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Rosario, integrado de manera colegiada por los doctores Román Pablo Lanzón, en carácter de presidente; Eduardo Daniel Rodrígues Da Cruz y Elena Beatriz Dilario, en el rol de vocales, resolvieron condenar, en forma definitiva y por unanimidad, a Mauro Nahuel Novelino -actualmente alojado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza-, a la pena de siete años de prisión y accesorias legales, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de coacciones agravadas en perjuicio del intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, y del delegado regional del Ministerio de Seguridad, Sergio Maidana (en la gestión del gobernador Omar Perotti).

Además, el tribunal impuso al condenado el pago de las costas procesales, que incluye la tasa de justicia, la cual asciende a la suma de $1.500, intimándolo a abonarla a partir de que la sentencia adquiera firmeza, en el término de cinco días; practicar por Secretaría el cómputo de la pena de prisión impuesta a Novelino, con vista a las partes y, oportunamente, dar intervención al juez de Ejecución Penal; tener presente las reservas recursivas formuladas por la Defensora Pública Graciela Yocca; y establecer el próximo lunes 15 de abril, a las 20, para la lectura de los fundamentos de la resolución.

Cabe señalar que la resonante causa se instruyó en el Juzgado Federal de Venado Tuerto, donde su titular Aurelio Cuello Murúa dictó el auto de procesamiento, y posteriormente se elevó el expediente al Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario, que este lunes hizo público el veredicto.

A fines de marzo, el fiscal federal en lo Criminal de Rosario, Fernando Arrigo, había solicitado nueve años de prisión para el acusado de amenazar de muerte al intendente Chiarella y al funcionario provincial Maidana, en una audiencia que se llevó adelante en los tribunales venadenses de calle Chacabuco y Castelli, en tanto que la Defensa pidió posponer la exposición, como finalmente sucedió, para este lunes 8 de abril, con el objetivo de hablar previamente con Mauro Novelino.

Fallo Novelino by Matías Menconi

El origen de los sucesos data del 24 de enero de 2023, cuando Sergio Maidana radicó una denuncia luego de recibir un mensaje de whatsapp que decía: “Tenes contacto. Con los de arriba? Desiles que me dejen de trasladar de acá para allá por [que] hay balas para todos. Empezando por Chiarela. Ok?” (sic). Más adelante, lo llamaron en reiteradas oportunidades, aunque optó por no atender. 

Luego de una serie de medidas investigativas, la Fiscalía solicitó, tres días después, el allanamiento de la celda en el complejo penitenciario de Marcos Paz, donde estaba alojado Novelino, ocasión en que fueron secuestradas varias anotaciones en poder del imputado.

Más adelante dio comienzo un proceso judicial que adquirió resonancia provincial y nacional, semanas atrás, cuando el intendente Chiarella fue convocado a declarar, en el marco del juicio oral, ante el Tribunal Federal de Rosario integrado por los jueces Lanzón, Dilario y Rodrígues Da Cruz. En esa situación, el primer mandatario venadense aseguró que “conté cómo se desarrollaron los hechos en ese momento, donde decían que ‘las balas eran para Chiarella’. Luego de que me comunicaran dichas amenazas, se tomaron las medidas de seguridad correspondientes”.

Por eso “hice hincapié en que estas amenazas tienen que ver con las denuncias que venimos llevando adelante contra los principales líderes de las bandas narcos de nuestra ciudad, tanto Nahuel Novelino, como Maximiliano Ríos (el Guacho Maxi), como Matías Álvarez”, agregó con lujo de detalles.

Y en este caso “puntualmente tiene que ver con Nahuel Novelino, que lo venimos denunciando desde que estaba en libertad y después cuando quedó preso, ya que cometía delitos desde la cárcel. En las diferentes unidades penitenciarias donde estuvo, se encargó de organizar delitos, ya sea en Rawson, en Salta, en Piñero o en Marcos Paz”.

Por su parte, el acusado desmintió tener algo contra el intendente, aunque admitió que le molestaban las denuncias en su contra que Chiarella venía realizando desde 2018 y también que haya exhibido su fotografía en el acto de apertura del período ordinario de sesiones del Concejo Municipal. 

En la mañana de este sábado, la División Unidad Operativa Federal de Venado Tuerto de la Policía Federal Argentina, realizó un allanamiento por Infracción a la Ley 23.737 (estupefaciente), en la localidad de María Teresa. 

El allanamiento se llevó adelante en una vivienda ubicada en la calle Italia al 700, donde se procedió a la detención de un sujeto mayor de edad, quien era investigado por venta de estupefaciente. 

Las pesquisas venían realizando tareas de recolección de pruebas y en la fecha el Juzgado Federal de Venado Tuerto a cargo del Dr. Aurelio Cuello Murúa, y a requerimiento de la fiscalía, a cargo de Andrés Montefeltro, emitió la orden de allanamiento. 

En la vivienda se secuestró gran cantidad de cogollos, semillas y plantas de marihuana, fraccionado listo para la venta, balanzas, dinero en efectivo, dinero de moneda estadounidense y un vehículo, quedando detenido un hombre mayor de edad, a disposición del magistrado.