La Justicia Federal condenó a tres integrantes de una organización narcocriminal que operaba en el sur de Santa Fe y que había sido investigada tras el secuestro de más de cuatro kilos de cocaína en un procedimiento realizado sobre la Ruta Provincial 90. Con estas nuevas sentencias, ya son 10 las personas condenadas, de una banda integrada por 12 miembros.

El fallo fue dictado la semana pasada por el juez de Cámara Federal de Rosario, Aníbal Pineda, luego de homologar acuerdos de procedimientos abreviados presentados por la Fiscalía Federal. Se suman a las siete condenas establecidas anteriormente por el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa.

Organización narco

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Federal de Venado Tuerto, encabezada por los fiscales Federico Reynares Solari, Daniela Ghiorzi y Rocío Estrada, con intervención de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales (UNIPROJUD) de Venado Tuerto de Gendarmería Nacional Argentina.

La pesquisa permitió reconstruir el funcionamiento de una organización narcocriminal que habría operado entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, con presencia en distintas localidades del sur provincial como Venado Tuerto, Firmat y Cañada de Gómez.

Durante la investigación se identificaron distintos roles dentro de la estructura, entre ellos proveedores, distribuidores, transportistas y vendedores de estupefacientes.

El operativo clave en la Ruta 90

El procedimiento que dio origen a la investigación central ocurrió en noviembre de 2025, cuando efectivos de la UNIPROJUD Venado Tuerto, con colaboración de la Sección Vial de Gendarmería Nacional, interceptaron un vehículo que circulaba por la Ruta Provincial 90, en cercanías de Elortondo.

En el automóvil viajaban Manuel E. y Carina A., a quienes se les secuestraron cuatro ladrillos de cocaína con un peso cercano a los 4 kilos y medio, además de dinero en efectivo y teléfonos celulares.

A partir de ese operativo, la Justicia avanzó con una serie de allanamientos en seis domicilios y en tres celdas pertenecientes a internos alojados en la Unidad Penitenciaria N° 1 de Coronda y en la Alcaidía de Melincué.

Las nuevas condenas dictadas por la Justicia Federal

Los acuerdos homologados contemplaron penas de entre cuatro y quince años de prisión, según el grado de participación atribuido a cada integrante de la organización.

Entre los nuevos condenados se encuentran:

Además, la Justicia dispuso el decomiso de dinero en efectivo, motocicletas, teléfonos celulares, balanzas digitales y otros elementos vinculados a la actividad investigada. También ordenó la destrucción de la droga secuestrada.

Nuevo sistema procesal

Desde la Fiscalía Federal destacaron que, a unos nueve meses de realizados los allanamientos principales, la investigación permitió llevar adelante una acusación contra 12 personas por delitos considerados de extrema gravedad.

Según indicaron, el avance del expediente fue posible mediante la aplicación del Código Procesal Penal Federal, que impulsa procesos más ágiles, audiencias orales y mecanismos alternativos para resolver causas judiciales.

Las dos personas restantes vinculadas a la organización serán próximamente citadas a juicio oral y público.

Un hombre identificado como Manuel Martín P. R., de 47 años, fue imputado por la Justicia Federal de Venado Tuerto por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. El juez federal de Garantías Aurelio A. Cuello Murúa hizo lugar al pedido de la Fiscalía y dispuso su prisión preventiva por 60 días en el marco de una investigación por presunta venta de drogas en distintas localidades del sur de Santa Fe.

La audiencia multipropósito se realizó el 28 de agosto en la sala ubicada en Chacabuco 743, de Venado Tuerto, donde la Fiscalía Federal Penal atribuyó al acusado la tenencia de cocaína destinada a la comercialización y lo vinculó con una estructura investigada por narcotráfico en la región.

El allanamiento y el secuestro de cocaína

Según la acusación fiscal, el procedimiento se realizó el 25 de agosto en un inmueble ubicado en la zona rural de Villa Divisa de Mayo, jurisdicción de Chovet, donde el acusado residía.

Durante el operativo, llevado adelante por personal de la Unidad de Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional Venado Tuerto, se secuestraron 93 gramos de cocaína distribuidos en distintos lugares del predio.

De acuerdo con la imputación presentada por el fiscal federal Federico Reynares Solari, parte de la sustancia fue encontrada dentro de un vehículo utilitario Volkswagen Caddy, otra cantidad en un automóvil Chery, además de envoltorios y recipientes ubicados en el patio y en una habitación del domicilio.

La Fiscalía sostuvo que la forma en que estaba distribuida la droga, sumada al dinero hallado y otros elementos recolectados durante la investigación, permiten sostener como hipótesis que la sustancia estaba destinada a la venta.

Presunta organización narco

Durante la audiencia, la fiscal federal subrogante Daniela Ghiorzi explicó que la causa se inició a partir de una denuncia recibida con identidad reservada y que permitió avanzar sobre una presunta organización dedicada al comercio y distribución de estupefacientes en localidades del departamento General López.

La investigación menciona movimientos en zonas de Melincué, Firmat, Hughes, Carreras y distritos cercanos. Según la Fiscalía, la estructura habría tenido diferentes integrantes con roles específicos dentro de la distribución y comercialización de drogas.

En ese marco, los investigadores señalaron que Manuel Martín P. R. habría tenido participación en la distribución del material estupefaciente y que habría utilizado distintos teléfonos y vehículos para sus movimientos.

Posibles vínculos policiales

Uno de los puntos señalados por la Fiscalía durante la audiencia fue la existencia de una línea investigativa vinculada a una posible connivencia policial dentro de la organización bajo análisis.

Según expuso Ghiorzi, algunos elementos incorporados al expediente surgieron de intervenciones telefónicas y análisis de dispositivos electrónicos secuestrados durante la pesquisa.

Entre las evidencias mencionadas, la representante del Ministerio Público Fiscal hizo referencia a audios y comunicaciones que, según la hipótesis acusatoria, podrían aportar información sobre la operatoria de la organización y eventuales vínculos con integrantes de fuerzas de seguridad.

La investigación continúa parcialmente bajo reserva y mantiene medidas pendientes de producción.

Revocaron la prisión domiciliaria

Durante la audiencia también se informó que el imputado se encontraba cumpliendo una condena previa bajo modalidad domiciliaria en el inmueble allanado.

La Fiscalía indicó que esa situación había sido dispuesta para el cuidado de una persona bajo su tutela, pero que luego del procedimiento y de los nuevos elementos incorporados a la causa, la modalidad fue revocada.

Prisión preventiva por 60 días

Tras escuchar los argumentos de las partes, el juez federal Aurelio A. Cuello Murúa formalizó la investigación penal preparatoria y aceptó la calificación legal propuesta por la Fiscalía: tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de autor, según el artículo 5 inciso C de la Ley 23.737.

Además, resolvió imponer prisión preventiva a Manuel P. R. por un plazo de 60 días y ordenó su traslado al Servicio Penitenciario Federal.

La causa continúa en etapa de investigación mientras la Justicia Federal avanza en la recolección de pruebas para determinar el alcance de la presunta organización y la responsabilidad de los distintos involucrados.

La investigación federal que en noviembre de 2025 tuvo uno de sus capítulos más resonantes con el secuestro de más de cuatro kilos de cocaína sobre la Ruta Provincial 90, en cercanías de Elortondo, avanzó en estos días con siete condenas para integrantes de la organización investigada por comercializar estupefacientes en distintas ciudades de la región.

El juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, homologó los acuerdos plenos alcanzados entre la Fiscalía Federal y las defensas dentro de la carpeta judicial, en tanto que los imputados aceptaron la existencia de los hechos, su participación, la calificación legal y las penas acordadas. Las audiencias se desarrollaron los días 21 y 27 de agosto.

Además, tanto la acusación como las defensas renunciaron a los plazos procesales para recurrir la resolución, por lo cual las condenas adquirieron firmeza.

La sentencia alcanzó a Leonel Víctor Andrada, Carina Elizabet Alviso, Josué Emir Bustos, Ayelén Florencia Castillo, Carla Danisa Enea, Juan José Cabello y Ana Paula Muñoz. El tribunal tuvo por acreditado que participaron, con distintos grados de responsabilidad, de una estructura dedicada al comercio de estupefacientes que mantenía movimientos en Venado Tuerto, Firmat y Cañada de Gómez.

Andrada fue condenado a seis años de prisión efectiva como coautor del delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas.

En el caso de Alviso, se acordaron seis años y seis meses de prisión efectiva por comercio agravado y transporte de estupefacientes. Como tenía una condena condicional anterior de la Justicia provincial, se revocó ese beneficio y ambas sanciones fueron unificadas en una pena única de siete años de prisión efectiva.

Bustos recibió tres años de prisión efectiva como partícipe secundario, aunque al unificarse esta pena con otra condena federal anterior deberá cumplir siete años de prisión.

Por su parte, Castillo fue condenada a tres años efectivos y, al acumularse esta sanción con otra sentencia previa, recibió una pena única de cinco años y seis meses. Además, fue declarada reincidente por segunda vez.

Finalmente, Carla Enea, Juan José Cabello y Ana Paula Muñoz fueron condenados a tres años de prisión de ejecución condicional, junto con multas y distintas reglas de conducta. En el caso de Muñoz, el tribunal también le impuso como obligación culminar sus estudios secundarios.

La resolución requirió cupos para trasladar a Andrada, Alviso, Bustos y Castillo al Servicio Penitenciario Federal.

Uno de los hechos centrales del expediente ocurrió el 16 de noviembre de 2025, cuando personal de Gendarmería interceptó un Chevrolet Onix Joy en el kilómetro 133 de la Ruta Provincial 90.

En el vehículo viajaban Carina Alviso y M.A.E, quienes se dirigían desde Cañada de Gómez hacia Venado Tuerto. En el interior de una mochila fueron encontrados cuatro paquetes que posteriormente arrojaron un peso exacto de 4.279,77 gramos de cocaína. También se secuestraron $418.110, una navaja y otros elementos.

Un informe de ARCA-Aduana Venado Tuerto incorporado al expediente determinó que el valor de plaza de la cocaína secuestrada ascendía a 90.846 dólares.

El procedimiento había sido informado en su momento por Sur24, que dio cuenta de que los ocupantes regresaban hacia Venado Tuerto después de abastecerse en Cañada de Gómez. Aquella detención desencadenó nueve allanamientos: seis en viviendas, uno en una celda de la Unidad Penal de Coronda y otros dos en sectores de la Alcaidía de Melincué. En total participaron alrededor de 40 efectivos de Gendarmería y 12 móviles.

La reconstrucción de la investigación permite además precisar un eslabón que todavía no tiene sentencia firme. R.E.T, oriunda de Cañada de Gómez, aparece sindicada como una de las proveedoras de la estructura, y sería en esa ciudad donde Alviso habría retirado la cocaína posteriormente encontrada sobre Ruta 90.

Ese tramo será parte de la continuidad del expediente, porque R.E.T, M.E, A.W.C, S.E y C.A.O aún permanecen sometidos al proceso penal federal. La propia sentencia menciona a esas cinco personas como integrantes de la organización junto con los siete ahora condenados y otros sujetos todavía no individualizados.

Como informó Sur24 cuando se produjo el operativo de noviembre, la pesquisa había comenzado en abril de 2025, a partir de denuncias anónimas ingresadas mediante el Buzón de la Vida de Venado Tuerto.

A partir de esos datos, la Fiscalía Federal fue cruzando información con otra investigación que meses antes había permitido desarticular un clan familiar que comercializaba drogas en barrio Villa Moisés. De esa manera comenzaron a identificarse distintos niveles de la estructura: proveedores, personas encargadas del transporte y vendedores con actividad en Venado Tuerto, Firmat y Cañada de Gómez.

La causa de Villa Moisés también se había iniciado por denuncias anónimas y, en febrero de 2025, derivó en cinco allanamientos, detenciones y el secuestro de cocaína, marihuana, municiones, dinero y teléfonos. La investigación reveló además la presunta intervención de un expolicía provincial y su esposa, quienes habrían brindado información a los integrantes de aquella organización sobre posibles procedimientos.

La resolución conocida esta semana, por lo tanto, no cierra por completo la carpeta judicial. La situación de A.W.C, M.E, R.E.T, S.E y C.A.O todavía debe resolverse.

Para el próximo lunes 31 de agosto está prevista la audiencia de control de la acusación, instancia previa al eventual avance hacia un juicio oral. Sin embargo, algunos de los imputados ya adelantaron su voluntad de formalizar acuerdos plenos, por lo que podrían seguir un camino procesal similar al de los siete condenados ahora.

Actualmente, todos se encuentran en prisión preventiva por disposición del Juzgado Federal, con excepción de S.E.

Entre ellos se encuentran dos protagonistas de uno de los episodios centrales del expediente: M.E, quien conducía el automóvil interceptado con los 4,2 kilos de cocaína, y R.E.T, señalada en la pesquisa como proveedora desde Cañada de Gómez. De esta forma, la próxima audiencia marcará otro paso relevante dentro de una causa que ya produjo siete condenas firmes, pero que todavía mantiene abierto un segundo frente judicial.

El fallo también dedica un apartado especial al acuerdo correspondiente a Alviso, ya que el artículo 323 del Código Procesal Penal Federal establece que el procedimiento abreviado procede cuando el Ministerio Público Fiscal considera suficiente una pena privativa de la libertad inferior a seis años, mientras que en su caso se habían pactado seis años y seis meses.

Cuello Murúa consideró que esa diferencia no impedía homologar el convenio y para fundamentarlo citó jurisprudencia de la Cámara Federal de Casación Penal y antecedentes de otros jueces federales de Garantías de Rosario, entendiendo que, con la conformidad de la acusada y su defensa, superar ese límite no afectaba garantías constitucionales y permitía dar una resolución más rápida al conflicto.

Además de las penas, el tribunal dispuso el decomiso de dinero en efectivo, teléfonos celulares, una balanza de precisión, un disco rígido y dos motocicletas, entre otros bienes considerados vinculados con la actividad investigada. Asimismo, autorizó al Ministerio Público Fiscal a destruir el material estupefaciente secuestrado.

La sentencia deja otro dato de magnitud: los dictámenes químicos y las pericias sobre teléfonos realizados por el Grupo de Criminalística y Estudios Forenses de la UNIPROJUD Venado Tuerto de Gendarmería Nacional representan un costo total de $228.906.897,93, suma incluida dentro de las costas consignadas en el proceso.

Así, el procedimiento abreviado permitió cerrar la situación de siete integrantes de una estructura cuya investigación comenzó con información aportada anónimamente por vecinos y tuvo su imagen más contundente en aquellos cuatro paquetes de cocaína interceptados sobre Ruta 90. La causa, sin embargo, aún no terminó: otros cinco acusados afrontarán el lunes una instancia decisiva ante la Justicia Federal de Venado Tuerto.

En la tarde de este viernes 12, en la Sala de Audiencias del Juzgado Federal de Venado Tuerto, los fiscales Martín Uriona (Procunar), Federico Reynares Solari y Daniela Ghiorzi, de la Fiscalía Federal de Venado Tuerto, imputaron formalmente a Martín A. y Martín P., un médico y un enfermero de la localidad de Wheelwright, por los delitos de suministro de estupefacientes (fentanilo y morfina) fuera de los casos que indica la terapéutica agravado por su destino ilegítimo y ejercicio ilegal de la medicina.

En la audiencia, los fiscales expusieron el caso y solicitaron al juez de Garantías, Aurelio Cuello Murúa, la prisión preventiva de ambos imputados, medida que el magistrado dispuso por el plazo de 90 días.

El caso inició por el hallazgo en la vivienda de los principales investigados, Martín A. y Martín A., cuando el personal policial de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) PFA de Rosario -a cargo del procedimiento- halló 243 ampollas de fentanilo (utilizadas) y 50 ampollas de morfina sin usar (dentro de una caja fuerte), junto a material orgánico, quirúrgico y otros elementos relacionados, como vacunas inyectables, medicamentos en ampollas (diclofenac, ketorolco, dexametasona, dipirona, metoclopramida, diazepam, difenhidramina, hioscina, penicilina y otros), bisturíes, etc. Todo a raíz de una investigación por una millonaria estafa al PAMI que tramita ante los fiscales Javier Arzubi Calvo, María Virginia Sosa, Soledad García y Andrés Montefeltro, de la Unidad Fiscal Rosario.

A partir de ahora, la fiscalía profundizará la investigación, dado que no se descarta la comisión de otros delitos por parte de ambos profesionales de la salud.

En una audiencia realizada este lunes en el Juzgado Federal de Venado Tuerto, el juez de Garantías, Aurelio Cuello Murúa, homologó acuerdos abreviados y condenó a dos imputados por el delito de comercio de estupefacientes agravado por su organización.

Entre ellos se encuentra Diego F. quien fue señalado como líder de la estructura delictiva, condenado a 8 años de prisión efectiva que, al unificarse con una pena anterior, alcanza los 18 años de cumplimiento efectivo, además de multa, inhabilitación absoluta y costas judiciales.

El otro acusado, Mauro Gastón M., recibió una pena de 4 años de prisión efectiva, que se unifica en 6 años, junto con sanciones económicas e inhabilitación.

Operaban desde prisiónLa investigación, llevada adelante por la Fiscalía Federal,a cargo de los Dres. Federico Reynares Solari, Daniela Ghiorzi y Rocío Estrada, con intervención de Gendarmería Nacional, permitió desarticular una banda narcocriminal que funcionaba desde el interior de la cárcel de Coronda.

Según se determinó, la organización desarrollaba actividades de venta de estupefacientes en Venado y la región entre el 13 de enero y el 16 de agosto de 2025, con una estructura organizada que incluía la coordinación desde el ámbito penitenciario.

Condenas anteriores Estas resoluciones se suman a las dictadas el pasado 17 de abril, cuando otras seis personas fueron condenadas con penas que van desde los 3 años de ejecución condicional hasta los 11 años:

• Valeria Judith D. condenada a la pena unificada de 11 años de prisión efectiva, multa de 56 unidades fijas, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y costas del proceso. Comprende una pena anterior de 9 años y la de 3 años y 6 meses en este caso.

• Rodrigo Manuel D. condenado a la pena de 6 años de prisión efectiva, multa de 68 unidades fijas, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y costas del proceso.

• María Laura A. condenada a la pena de 6 años de prisión en arresto domiciliario, multa de 67,5 unidades fijas, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y costas del proceso.

• Camila Soledad A. condenada a 4 años de prisión en arresto domiciliario, multa de 24 unidades fijas, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y costas del proceso.

• Lara Yuliana B. condenada a 4 años de prisión en arresto domiciliario, multa de 24 unidades fijas, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y costas del proceso.

• Naiara Lucrecia G. condenada a 3 años de prisión de ejecución condicional, multa de 24 unidades fijas, costas del proceso y reglas de conducta.

Elementos secuestrados y decomisosEn el marco de la causa, la Justicia dispuso el decomiso de motocicletas, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, balanzas digitales y documentación secuestrada durante los allanamientos. También se ordenó la destrucción de los estupefacientes incautados.

Etapa final del procesoLa causa aún no está cerrada: tres imputados deberán definir si avanzan hacia un juicio oral o si optan por acuerdos abreviados, lo que podría concluir el proceso judicial en el corto plazo.

A través de una resolución firmada durante la feria judicial, el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, le ordenó a Vialidad Nacional que proceda en un plazo de 48 horas al corte de pasto en las banquinas de las rutas nacionales 33 y 8, en los tramos que atraviesan el departamento General López, en el sur de la provincia de Santa Fe.

La decisión judicial fue tomada a raíz de una medida cautelar presentada por la senadora provincial Leticia Di Gregorio, en el marco de un proceso de amparo por el estado de deterioro vial de la región.

Además del corte de pasto, el magistrado recordó que Vialidad debe reanudar los trabajos de bacheo en la ruta nacional 33, entre Paraje Rabiola y Venado Tuerto, según lo establecido en decretos previos.

Habilitación extraordinaria de la feria judicial

En el fallo, el juez Cuello Murúa consideró que estaban debidamente acreditados los motivos de urgencia y los requisitos legales necesarios.

Por ello, resolvió habilitar la feria judicial específicamente para que la Dirección Nacional de Vialidad cumpla con la medida cautelar dispuesta el 28 de marzo de 2025 y prorrogada el 30 de diciembre del mismo año. En ella se ordena la ejecución inmediata de tareas de mantenimiento vial.

Exigen informes en 48 horas

El fallo también establece que la DNV deberá informar en un plazo máximo de 48 horas sobre el cumplimiento del corte de pasto y sobre la reanudación de las obras en la Ruta 33 en sentido descendente, tal como se había comprometido el organismo antes del receso de fin de año.

En ese sentido, la resolución cita expresamente el compromiso asumido por Vialidad:

“Posteriormente, y luego de las fiestas, se retomarán los trabajos en sentido contrario, dando cumplimiento a lo indicado”.

Reclamo por seguridad vial

La iniciativa de la senadora Di Gregorio surge en respuesta a reiteradas quejas de vecinos y usuarios de las rutas nacionales del sur santafesino, quienes denuncian el peligro que representa la acumulación de pasto alto en las banquinas, lo que reduce la visibilidad y puede favorecer accidentes.

Además, el deterioro de la traza, especialmente en la ruta 33 (arteria vital para la región agroindustrial), ha sido objeto de múltiples reclamos a lo largo de 2025.

El juez federal Aurelio Cuello Murúa exigió a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) que extienda el plan de bacheo sobre la ruta nacional 33, tras constatar que, en el tramo comprendido entre la localidad de Murphy y el cruce de Chovet, los trabajos sólo se ejecutaron en sentido ascendente. Además, solicitó informes sobre la instalación de luminarias en cruces clave, reclamando cumplimiento urgente del fallo judicial.

Contexto y origen del reclamo

En respuesta a la demanda presentada por la senadora provincial Leticia Di Gregorio, el juez Cuello Murúa había ordenado una intervención urgente sobre tres rutas nacionales que atraviesan el departamento General López —incluida la 33— mediante una medida cautelar. En ese marco, la DNV, representada por su Jefe de División del Distrito Santa Fe, Pablo Martín Etchevest, informó al juzgado y a la senadora sobre los trabajos llevados a cabo entre el km 666 (Villa Divisa de Mayo) y el km 646 (Murphy).

Evaluación judicial: lo hecho y lo pendiente

En su respuesta, el magistrado advirtió que las tareas se realizaron únicamente en el sentido ascendente de la ruta, dejando sin intervención el sentido descendente, a pesar de que existen fisuras asfálticas de “menor intensidad, pero no por ello menos trascendentes”. En consecuencia, intimó a la DNV para que, en el plazo establecido por ley, presente un plan de trabajos para intervenir también ese sentido de la calzada.

Además, Cuello Murúa requirió que la DNV informe si ya recibió los materiales necesarios para la instalación de luminarias en el cruce de la ruta 33 con la ruta provincial 94, así como el resultado de los reclamos cursados ante la cooperativa de energía de Murphy.

Importancia de la acción

El reclamo judicial —impulsado por la senadora Di Gregorio— tiene como objetivo asegurar condiciones mínimas de seguridad vial y circulación, en una ruta clave para el tránsito regional, el transporte de mercaderías y de cereal. El juez recordó que la DNV es responsable de conservar el sistema troncal de caminos nacionales, y que la medida cautelar exige respuestas urgentes, más allá de cuestiones presupuestarias o de reorganización institucional.

El Juzgado Federal de Rafaela ordenó a una empresa de medicina prepaga la cobertura integral e inmediata del medicamento Vosoritida (Voxzogo) a una niña de tres años diagnosticada con acondroplasia -una enfermedad genética que afecta el crecimiento óseo-, al considerar que el escenario jurídico, clínico y regulatorio cambió sustancialmente desde la primera intervención judicial en el expediente. La medida cautelar, solicitada por los padres de la menor, se apoya en un nuevo factor decisivo: la autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para la comercialización del fármaco en Argentina, ocurrida en septiembre último.

En marzo de 2024, el Juzgado Federal de Rafaela, había hecho lugar a una cautelar ordenando la cobertura del tratamiento, pero en enero de 2025 la Cámara Federal de Rosario la dejó sin efecto. En aquel momento, el tribunal entendió que el medicamento permanecía en fase de ensayo clínico y que no existía evidencia concluyente sobre su eficacia y seguridad a largo plazo.

Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando la Anmat dictó la Disposición DI-2025-6975, habilitando formalmente su importación y comercialización en el país. Para el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, quien asumió como subrogante el 1 de julio último en el Juzgado Federal de Rafaela, este hecho representó un “cambio sustancial de circunstancias” que habilitaba a reexaminar la medida cautelar, en función del principio de mutabilidad propio de estas decisiones.

En este sentido, el magistrado sostuvo que, con la autorización del organismo nacional, el medicamento pasó de la Fase III (ensayo clínico) a la Fase IV, conocida como etapa de farmacovigilancia, lo cual transforma la evaluación judicial. Dicha Fase IV implica que el producto tiene un balance beneficio-riesgo aceptable, suficiente para permitir su utilización mientras continúa siendo monitoreado. Ya no se trata de una droga experimental en un marco de investigación controlada, sino de un tratamiento disponible para pacientes bajo supervisión médica. Técnicamente, se trata de un período que permite detectar efectos adversos poco frecuentes, evaluar la efectividad del medicamento en la vida cotidiana, revisar interacciones con otros fármacos y ajustar indicaciones. Según explicó el juez, basándose en el dictamen del Cuerpo Médico Forense, esta fase posibilita identificar efectos que pueden aparecer solo cuando el fármaco es utilizado masivamente, a veces con frecuencias de “1 en 100.000”.

Aunque los informes del Cuerpo Médico Forense destacaron que aún falta evidencia robusta a largo plazo, también reconocieron mejoras en el crecimiento lineal y en parámetros morfológicos relevantes —como el foramen magno— que podrían reducir riesgos severos como apnea central o muerte súbita. El juez valoró estos datos como indicios suficientes dentro de una medida cautelar.

El magistrado enfatizó que la niña se encuentra en una doble situación de vulnerabilidad: es menor de edad y tiene certificado de discapacidad. En ese sentido, recordó la vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ambas con jerarquía constitucional, que obligan a garantizar el acceso efectivo a tratamientos indispensables.

También ponderó los riesgos severos asociados a la patología, entre ellos apnea central, compresión del tronco encefálico y posibles episodios de muerte súbita, lo cual refuerza la urgencia del tratamiento y el peligro en la demora.

Citando precedentes de la Corte Suprema, el fallo reafirma que el Programa Médico Obligatorio (OMO) constituye un piso mínimo de cobertura y no puede utilizarse para excluir innovaciones terapéuticas cuando está comprometida la salud o la vida del paciente.

Asimismo, la resolución señala que otros países —como Estados Unidos, la Unión Europea y Brasil— también aprobaron el uso de Vosoritida para pacientes pediátricos con acondroplasia.

Ahora, la prepaga deberá proveer con cobertura del ciento por ciento para el Vosoritida (Voxzogo), sus disolventes y los descartables necesarios para la aplicación. Todo bajo la prescripción de la médica pediatra tratante y siguiendo las guías clínicas de administración. La familia deberá presentar el consentimiento informado, conforme a la Ley 26.529.

La acondroplasia es la displasia esquelética más frecuente y provoca talla baja desproporcionada por una mutación genética del gen FGFR3. Se caracteriza por extremidades cortas, macrocefalia y mano en “tridente”. Puede producir complicaciones graves, especialmente neurológicas, como estenosis del foramen magno, apnea central y compresión del tronco encefálico, por lo que requiere seguimiento integral desde los primeros meses de vida.

Este domingo, un operativo coordinado por la Fiscalía Federal de Venado Tuerto permitió desarticular una organización narcocriminal que operaba en distintas localidades del sur de Santa Fe. La investigación, iniciada a partir de denuncias anónimas en el “Buzón de la Vida”, derivó en nueve allanamientos simultáneos y el secuestro de más de 4,4 kilos de cocaína, dinero en efectivo y otros elementos clave para la causa.

La pesquisa estuvo a cargo de los fiscales federales Federico Reynares Solari, Daniela Ghiorzi y Rocío Estrada, con intervención del juez federal Aurelio Cuello Murúa, y fue ejecutada por personal de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), con apoyo de distintas unidades de Rosario y Carcarañá.

Origen y conexión con otras causas

La investigación comenzó en abril de 2025, tras denuncias recibidas en el sistema anónimo de Venado Tuerto. A partir de esta información se cruzaron datos con una causa anterior que en febrero había permitido desarticular un clan familiar liderado por mujeres que comercializaban estupefacientes en el barrio Villa Moisés.

Ambas investigaciones confluyeron en una red más amplia, que incluyó a proveedores, transportistas y distribuidores de droga con base en Venado Tuerto, Cañada de Gómez y Firmat.

Detención clave en Elortondo

Uno de los golpes más significativos se produjo cuando efectivos de la UNIPROJUD y la Sección Vial de Gendarmería interceptaron un vehículo en cercanías de Elortondo, sobre la Ruta Provincial 90. En el automóvil viajaban Manuel E. y Carina A., quienes transportaban cuatro ladrillos de cocaína, con un peso total de casi 4,5 kilos, además de más de $400.000 en efectivo, una navaja y teléfonos celulares. Los implicados volvían a Venado Tuerto luego de abastecerse en Cañada de Gómez.

Allanamientos y operativos simultáneos

A partir de esa detención, se desplegaron nueve allanamientos: seis viviendas particulares, una celda de la Unidad Penal de Coronda y dos sectores de la Alcaidía de Melincué. La investigación confirmó que la banda mantenía conexiones con personas privadas de libertad, desde donde se coordinaban maniobras logísticas.

En los procedimientos se secuestraron alrededor de 5 millones de pesos, una importante cantidad de teléfonos celulares, cocaína, marihuana y otros elementos de valor para la causa.

Cuatro detenidos

Como resultado del operativo quedaron detenidas cuatro personas, dos mujeres y dos hombres. En los próximos días serán imputados por delitos contemplados en la Ley 23.737 de estupefacientes, en una audiencia ante el juez federal de Venado Tuerto.

En total participaron 40 efectivos de Gendarmería y 12 vehículos oficiales, en lo que se considera uno de los procedimientos más importantes del año en materia de lucha contra el narcotráfico en la región.

En el marco del primer juicio oral celebrado bajo el nuevo Código Procesal Penal Federal en el sur santafesino, un hombre oriundo de Villa Cañás fue condenado a cinco años de prisión por delitos vinculados al narcotráfico y tenencia ilegal de arma de fuego. El fallo se conoció este martes en los Tribunales Orales Federales de Rosario, en un proceso que tuvo como eje una investigación iniciada por la Fiscalía Federal de Venado Tuerto.

El acusado, identificado como Leandro Sebastián Montoto., fue encontrado culpable de cultivar cinco plantas de cannabis sativa de entre 2,64 y 3,35 metros de altura —con un peso total superior a los 31 kilos—, guardar 177 semillas de marihuana con fines de producción, y poseer 2,46 kilos de la misma sustancia con intención de comercialización. Además, se le adjudicó la tenencia de un arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal.

El tribunal, integrado por los jueces Osvaldo Facciano (presidente), Mario Gambacorta y Elena Dilario, dispuso también el decomiso de los elementos secuestrados durante el operativo, la destrucción de la droga incautada, el pago de una multa de 55 unidades fijas y una sanción económica adicional de $8.000 por la tenencia del arma. Asimismo, se ordenó el secuestro de una suma de $460.000, presuntamente vinculada a la actividad ilícita.

Denuncia anónima

La investigación se originó a partir de dos denuncias anónimas recibidas en el Buzón de la Vida de Villa Cañás, mecanismo que permite a los vecinos alertar sobre delitos vinculados al narcotráfico. La pesquisa fue llevada adelante por la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional, con intervención del juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa.

El caso fue impulsado por el fiscal federal Dr. Federico Reynares Solari, junto a las doctoras Daniela Ghiorzi y Rocío Soledad Estrada, quienes lograron probar la hipótesis acusatoria durante el juicio que se extendió por cuatro jornadas. El proceso completo, desde el inicio de la investigación hasta el veredicto condenatorio, se desarrolló en menos de ocho meses, un plazo que representa un ejemplo de celeridad dentro del nuevo sistema acusatorio.

Un fallo que marca un precedente

Este veredicto no solo condena a un individuo por delitos vinculados al narcotráfico, sino que marca el inicio formal de la implementación del nuevo sistema acusatorio federal en el sur de la provincia. El mismo otorga mayor protagonismo a las fiscalías, promueve la oralidad de los procesos y agiliza los tiempos judiciales.

El pasado 12 de agosto, el Juzgado Federal de Venado Tuerto convocó a una audiencia de mediación entre la senadora provincial Leticia Di Gregorio —quien inició la acción legal— y representantes de la Dirección Nacional de Vialidad y Corredores Viales S.A., para analizar el incumplimiento del plan de trabajo que debía comenzar el 16 de julio.

Tras el encuentro, la Justicia ordenó que este lunes 18 de agosto se inicien tareas de bacheo en la ruta nacional 33, entre Firmat y Sancti Spiritu. “Gracias a la medida cautelar que interpusimos, Vialidad Nacional debe iniciar estos trabajos de manera inmediata”, afirmó Di Gregorio.

En la audiencia participaron, por parte de la Nación, los apoderados de Vialidad Nacional, doctores Daniel Raúl Romagnoli y Sabrina Vidoni; el jefe del distrito Santa Fe, Gastón Bruno; y el ingeniero Pablo Etchevest, jefe de División y Conservación.

“No deja de ser una vergüenza las respuestas que nos daban ante los pedidos, siempre diciendo que no hay plata y que no hay presupuesto para rutas nacionales”, señaló la legisladora.

Recordó que el recurso de amparo solicita la repavimentación de las tres rutas nacionales que atraviesan el departamento en toda su extensión  y la medida cautelar incluye el bacheo de los tramos más comprometidos, “porque los accidentes y, lamentablemente, las muertes siguen ocurriendo”.

Debe recordarse que el tramo en cuestión, es decir, el que va de Sancti Spiritu a Firmat sobre Ruta Nacional 33, fue recientemente concesionado a Rovial S.A., pero representantes de Vialidad Nacional reconocieron que dependen de la asignación de fondos por parte del Ministerio de Economía.

Según explicó Di Gregorio, el trabajo a realizar será un bacheo con cinta asfáltica de entre 5 y 10 centímetros de espesor.  “Se compraron 4000 metros cúbicos de material, pero la traza es muy grande y no va a alcanzar, por lo que se priorizarán las zonas más deterioradas. Esto es un remiendo básico, no es lo que esperamos, pero ojalá empiecen el lunes 18 porque no se puede esperar más, sobre todo en este tramo de la ruta 33 que está tan complicado y es el que peor está”.

“Después de varias acciones como este amparo judicial, la firma del petitorio al presidente, el encuentro en la rotonda y otros pedidos de comunicación de la Cámara de Senadores, vemos como una primera respuesta a tanta lucha, batalla que vamos a seguir librando hasta ver las 3 rutas repavimentadas”, concluyó la senadora provincial Leticia Di Gregorio.

El juez federal con competencia electoral en Santa Fe, Aurelio Cuello Murua, validó lo actuado por el Congreso del Partido Justicialista en diciembre en lo que hace a la facultad otorgada para definir el marco de alianzas y la integración de la lista de candidatos a diputados para las elecciones del 26 de octubre próximo.

En los hechos la decisión respalda lo actuado por la conducción justicialista a través de sus apoderados, Omar Príncipe y Marcelino Lago quienes debieron responder al planteo realizado por Roberto Mirabella y Juan Manuel Pusineri quienes habían solicitado que se ordene al Partido Justicialista dar cumplimiento a determinadas disposiciones de la Cámara Nacional Electoral y se le ordene abstenerse de integrar o continuar integrando la alianza Fuerza Patria.

El PJ deberá definir su lista de candidatos antes del domingo 17. Foto: Luis Cetraro

Ya el fiscal federal, Gustavo Onel, aconsejó desestimar el planteo debido a que el máximo órgano de gobierno partidario, el Congreso, el pasado 28 de diciembre delegó en la mesa del PJ que encabeza Guillermo Cornaglia la política de alianzas y candidaturas.

"Entiendo que corresponde hacer primar la participación de la agrupación política en el proceso electoral del año en curso conforme el cronograma dispuesto por la Cámara Nacional Electoral, y es en ese marco que se impuso la decisión de integrar una alianza electoral y proponer las candidaturas a los cargos públicos en disputa. Resulta ese el ámbito propicio para exponer las propuestas y generar el debate propio de la vida político partidaria" recomienda el fiscal Onel.

Mirabella había cuestionado la continuidad de la alianza Fuerza Patria. Foto: Archivo

"Es dable destacar que, desde la celebración del Congreso y la ulterior suspensión del método de selección de candidaturas y formalización de alianzas, los presentantes tuvieron varios meses para solicitar a las autoridades partidarias una metodología diferente a la acordada por amplia mayoría en fecha 28 de diciembre del año 2024. Si la disconformidad hubiera tenido la representatividad requerida por la carta orgánica partidaria para convocar de modo extraordinario a un Congreso, ese hubiera sido el medio idóneo para el presente requerimiento", dice el juez en sus considerandos.

La decisión de Cuello Murua valida la integración de Fuerza Patria que tiene como principal integrante al PJ junto a otras 11 fuerzas políticas. En tanto, el plazo de presentación de candidaturas vencerá el domingo 17, a las 24. En el justicialismo se barajan varias posibilidades para encabezar la lista, entre ellos Agustín Rossi, Eduardo Toniolli e incluso Mirabella.

(Por Juliano Salierni) - Tres fallos judiciales recientes, que invocan el “derecho a la vida, la seguridad personal y la libre circulación” de los santafesinos, contemplados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales, intiman al Estado nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), a reparar en forma urgente las deterioradas rutas nacionales que atraviesan la provincia.

El último, firmado el viernes 27 de junio por el juez Aldo Mario Alurralde, como subrogante del Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe, hizo lugar a la medida cautelar impulsada el 27 de mayo por el diputado provincial José Corral.

La reciente resolución fue ordenada por el juez Aldo Alurralde. Foto: Archivo

El recurso de amparo concedido ordena a la DNV ejecutar una serie de medidas urgentes para mitigar el deterioro de un tramo de 110 kilómetros de la Ruta Nacional Nº 11 y la Ruta A-007, comprendido entre la ciudad de Santa Fe y San Justo, que afecta a las localidades de Recreo, Gobernador Candioti, Iriondo, Nelson, Llambi Campbell, Cabal, Emilia y Videla.

El escrito tenía por finalidad “realizar, en forma urgente, inmediata y definitiva, la reparación integral y la presentación de un plan de operación y mantenimiento, del tramo vial comprendido entre la Ruta Nacional A-007 (también conocida como Mar Argentino o Avenida de Circunvalación) y su empalme con la Ruta Nacional Nº 11”.

La colocación de medidas de seguridad vial fue una de las exigencias. Foto: Prensa DNV

La resolución impone a la DNV, entre otras medidas:

Entre los argumentos vertidos por el legislador, señala que “por la gran afluencia de tránsito y el estado deplorable de su infraestructura, (la 11) se ha convertido en una de las rutas más peligrosas de la región”.

El diputado santafesino José Corral presentó un recurso de amparo. Foto: Archivo

Enumera las falencias que van desde: “Pavimento agrietado", “baches profundos”, “señalización horizontal y vertical insuficiente o directamente inexistente”, “banquinas descalzadas, erosionadas y cubiertas de vegetación, sin mantenimiento”, “falta de iluminación en la mayoría de los tramos” e “inexistencia de barandas de contención”.

También hace referencia a los “desagües obstruidos o directamente abandonados, lo que genera anegamientos y profundiza el deterioro del pavimento”.

Y como no podía ser de otra manera, el combo anterior “ha provocado numerosos siniestros viales, muchos de ellos de extrema gravedad, incluyendo víctimas fatales, heridos de consideración y cuantiosos daños materiales a los vehículos que transitan por la ruta”.

El fallo judicial del Dr. Alurralde tiene como antecedente otros dos recursos de amparo presentados por legisladores, en los que se exponen problemáticas idénticas en otros sectores de la provincia de Santa Fe por donde cruzan rutas nacionales.

El 10 de marzo pasado, el mismo juez Alurralde, como titular del Juzgado Federal de Reconquista, hizo lugar a la acción de amparo impulsada por el diputado provincial Dionisio Scarpín.

La denuncia del legislador norteño se remonta a octubre de 2024 y afectaba 266 km de asfalto entre “los departamentos Vera, San Javier y General Obligado y que identifican el kilómetro 665 (aproximadamente) -en el extremo sur- y el 931 (aproximadamente)-en el extremo norte- que se corresponde con el paralelo 28 sur”.

La medida fue apelada por Vialidad Nacional pero, el 16 de abril, la Cámara Federal de Resistencia (Chaco) confirmó en su totalidad lo dispuesto por el juez de Reconquista, que el 5 de mayo intimó a la autoridad competente para que realice las reparaciones prometidas.

Casi en simultáneo, el 11 de marzo de 2025, la senadora por el departamento General López, Leticia Di Gregorio, interpuso otro recurso de amparo contra la DNV, en cuya presentación, incluyó evidencias del estado calamitoso de las rutas 7, 8 y 33 en el sur santafesino.

El Dr. Aurelio Cuello Murúa dio curso a un planteo similar en General López. Foto: Archivo

Semanas después el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, hizo lugar a la cautelar y exigió en breve plazo, que el organismo nacional debía señalizar, desviar y bachear los tramos de la Ruta Nacional 8 (entre las rutas provinciales 94 y 4S, entre Venado Tuerto e Isabel, entre los Km 370 y 346); Ruta 33 (entre Sancti Spiritu y Firmat) y Ruta 7 (todo el trayecto dentro del departamento).

“El deterioro de las rutas no solo compromete derechos fundamentales, sino que afecta la economía regional, el turismo, el transporte de mercancías y el trabajo de miles de familias”, advirtió la legisladora en su demanda.

Tiempo atrás y al igual que el Dr. Alurralde, que resolvió en dos jurisdicciones diferentes haciendo lugar a los amparos, el Dr. Cuello Murúa había hecho lo propio como subrogante del Juzgado Federal N° 1 de Rosario, ante un reclamo de la intendencia de Cañada de Gómez.

La presentación data de 2019, en la cual el municipio cañadense reclamó la reparación integral de la Ruta Nacional N° 9, en el tramo que atraviesa su jurisdicción (Km 367,20 al 388,50), por encontrarse en un estado de grave deterioro que ponía en riesgo la seguridad vial.

La acción fue respaldada por ciudadanos, instituciones locales y otros municipios vecinos como Carcarañá, Bustinza, Correa y San Jerónimo Sud y como en las recientes ocasiones, también contó con el respaldo de un fallo de Cámara.

Mientras la Justicia Federal en suelo santafesino obliga al Ejecutivo Nacional a ponerse a derecho con sus ciudadanos del interior, comenzaron a llevarse a cabo las audiencias públicas para concesionar rutas nacionales de todo el país.

Se iniciaron reuniones para la Red Federal de Concesiones Tramo III. Foto: Prensa Vialidad

El último miércoles Casa Central de la DNV anunció que “avanza en el procedimiento de participación ciudadana en el marco de la Red Federal de Concesiones - Etapa III”.

Las dos primeras audiencias públicas fueron el lunes 30 de junio y miércoles 2 de julio, en las provincias de Mendoza (tramo Cuyo RN 7) y Tucumán (tramos Centro-Norte RN 34 y Noroeste RN 9, 34, 66, 1V66 y A-016).

La DNV realizantrabajos de mantenimiento en diferentes tramos. Foto: Prensa DNV

El viernes 4 se realizó la tercera en Chaco, donde se abordaron los tramos Chaco-Santa Fe (RN 11), Litoral (RN 12 y 16) y Noreste (RN 12 y 105). Y se espera que este lunes 7 se lleve adelante otro encuentro en Entre Ríos, para presentar los tramos Mesopotámico (RN 12, 18 y A-012) y Centro (RN 9, 19 y 34).

A propósito de la reunión del pasado viernes, la reciente resolución del juez Alurralde advierte que la Resolución 827/2025 del 16 de mayo, emitida por Vialidad “por la cual resuelve comenzar a intervenir, acondicionar y concesionar diferentes tramos de la Ruta Nacional N° 11 en todo el país, (...) no contempla el tramo objeto de la presente acción de amparo”.

Uno de los pasajes de la resolución del juez Alurralde marca la falta de iluminación en zonas de travesías urbanas, a lo que DNV contestó que existe un convenio firmado con la Dirección Provincial de Vialidad y solicitó que en ese caso, también se los cite para dar las explicaciones del caso.

Uno de los puntos críticos refiere al sistema de iluminación de zonas urbanas. Foto: Archivo

Mediante Resolución N° 651 del 30 de abril de 2025 argumentaron: “Actualmente, en la traza de la Avda. de Circunvalación se está trabajando respecto de las luminarias en el restableciendo de las mismas, en cumplimiento del referido contrato suscripto entre la DNV y DPV; así también en el respectivo tramo de la RN N° 11”.

Por ese motivo se “solicita la citación como tercero del ente vial provincial, atendiendo a las obligaciones que contractualmente le caben” y propusieron “citar a la empresa contratista de la ejecución de obra COEMYC SA”, pedidos los cuales fueron rechazados por la justicia.

El presidente comunal de Sancti Spiritu, Cristian Vincenti, se reunió este lunes con el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, en el marco de una serie de conversaciones institucionales vinculadas a temas sensibles para la comunidad.

Durante el encuentro, se abordaron principalmente las investigaciones relacionadas con la venta de estupefacientes en la localidad, una problemática que genera creciente preocupación entre los vecinos.

Narcotráfico en foco

Según informó Vincenti, uno de los ejes centrales del diálogo fue el avance de las causas por narcotráfico en Sancti Spíritu. “Conversamos sobre las investigaciones que se están llevando adelante en nuestro pueblo. Necesitamos una justicia cercana que dé respuestas y trabaje en conjunto con los gobiernos locales para llevar tranquilidad a la población”, expresó.

La preocupación por el avance del narcotráfico no es nueva en localidades del sur santafesino, donde distintas fuerzas federales han realizado operativos en los últimos meses.

Temas civiles y reclamos vecinales

Además de las cuestiones penales, Vincenti y Cuello Murúa repasaron expedientes civiles, especialmente aquellos vinculados a amparos en salud iniciados por vecinos. Estos casos, que suelen tener una alta sensibilidad social, forman parte del trabajo cotidiano de articulación entre los gobiernos locales y el sistema judicial.

Un llamado a la articulación institucional

“Para seguir transformando nuestra localidad, necesitamos trabajar de manera coordinada con el Poder Judicial. La cercanía con los jueces y la posibilidad de dialogar sobre las problemáticas que afectan a nuestros vecinos es fundamental”, subrayó el presidente comunal tras el encuentro.

La reunión refuerza la intención de establecer vínculos más fluidos entre los estamentos locales y federales para enfrentar las problemáticas de fondo que afectan a las pequeñas comunidades del interior santafesino.

Este miércoles, la Fiscalía Federal de Venado Tuerto llevó adelante un amplio operativo contra el narcotráfico en el sur provincial, que culminó con la desarticulación de dos organizaciones criminales que operaban desde la localidad de Alcorta y abastecían de droga a Elortondo.

A pedido de los fiscales Federico Reynares Solari, Daniela Ghiorzi y Rocío Estrada, y con la orden del juez federal Aurelio Cuello Murúa, se realizaron siete allanamientos simultáneos. Las tareas estuvieron a cargo de efectivos de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Complejos “Venado Tuerto” de Gendarmería Nacional, con apoyo de otras nueve unidades, totalizando alrededor de 45 agentes.

Una investigación bajo el nuevo Código Procesal Penal

La pesquisa comenzó en abril tras una denuncia anónima, en el marco del nuevo Código Procesal Penal Federal. A partir del trabajo investigativo, se logró identificar a dos líderes de las bandas narco, Melchor P. y Ana F., quienes fueron detenidos tras los allanamientos. En los próximos días serán formalmente imputados en audiencia judicial.

Además, otras ocho personas quedaron bajo investigación, aunque por el momento no fueron privadas de su libertad.

Importante secuestro de droga, armas y dinero

Los procedimientos se realizaron en Alcorta, Elortondo y la Alcaidía de Melincué. Como resultado, se incautaron casi un kilo de marihuana y cocaína, elementos de fraccionamiento como balanzas de precisión y picadores, además de una escopeta, un rifle con mira telescópica, municiones, y una importante suma de dinero en efectivo —más de 4 millones de pesos argentinos y dólares—.

También se secuestraron 2 automóviles, 8 motos, un cuatriciclo, 14 teléfonos celulares, documentación y otros elementos clave para la causa.

Víctor Hugo Ríos, oriundo de la ciudad bonaerense de San Pedro, integró la dotación del crucero ARA “General Belgrano” cuando fue hundido por un submarino británico el 2 de mayo de 1982, en el marco de la Guerra de Malvinas. Como ex conscripto Clase 1962, sobrevivió al ataque, pero arrastró durante décadas las secuelas físicas y emocionales de aquel hecho traumático.

En mayo de 2016 solicitó la conformación de una Junta Médica en la Dirección de Personal de la Armada para evaluar sus patologías. Pese a que la junta se realizó, nunca recibió información sobre el resultado ni sobre el expediente administrativo correspondiente. Tras insistir sin éxito en 2018 y 2019 por correo electrónico al Hospital Naval, y luego de enviar una carta documento solicitando pronto despacho en agosto de 2020, Ríos decidió finalmente iniciar una demanda judicial el 31 de mayo de 2021, patrocinado por el abogado Ariel Guillermo Ramanzini.

La causa fue tramitada ante el Juzgado Federal Nº 1 de San Nicolás, y el fallo fue dictado por el venadense Aurelio Antonio Cuello Murúa en su carácter de juez subrogante. La resolución, firmada el 1 de abril de 2025 -un día antes de un nuevo aniversario de la recuperación transitoria de las islas Malvinas-, representa una reparación integral a favor del excombatiente sampedrino.

El fallo detalla que la participación de Ríos en el conflicto bélico fue reconocida tanto por la documentación aportada como por la propia Armada, que a través de la Resolución 72/2021 admitió que el actor padece distimia e hipoacusia neurosensorial bilateral, afecciones directamente vinculadas con su intervención en el conflicto del Atlántico Sur. Esta resolución le asignó una incapacidad del 28,89%. Posteriormente, un peritaje médico realizado en la causa judicial elevó ese porcentaje al 30%, cifra que fue adoptada por el magistrado.

A su vez, el perito descartó que otras enfermedades que también padece -como diabetes tipo II o insuficiencia coronaria- tuvieran relación directa con el conflicto, lo que no impidió el avance del reclamo central.

El fallo otorga tres beneficios clave:

La defensa del Estado Nacional planteó la prescripción de los reclamos, pero el juez desestimó esa postura, considerando que Ríos actuó dentro de los plazos legales y que la demora en la resolución fue atribuible exclusivamente a la administración pública. “Debe otorgarse el beneficio desde la fecha en que se solicitó la Junta de Reconocimiento Médico”, sostuvo el magistrado.

Asimismo, se condenó al Estado a pagar las costas del juicio, en virtud del principio objetivo de la derrota. Los intereses de cada suma adeudada deberán calcularse aplicando la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central de la República Argentina, hasta el momento del pago efectivo.

Cuello Murúa resolvió que el Estado Nacional -Ministerio de Defensa y Estado Mayor General de la Armada- deberá abonar todos los beneficios en un plazo de 30 días desde que la sentencia quede firme. También ordenó que los honorarios profesionales se determinen una vez realizada la liquidación correspondiente.

Con esta decisión, Víctor Hugo Ríos obtiene, después de casi nueve años de gestiones y reclamos, el reconocimiento formal y económico por su condición de veterano y las secuelas sufridas. El caso evidencia, además, el impacto que la demora burocrática tiene sobre los derechos de los excombatientes.

El sampedrino Víctor Hugo Ríos habló el 2 de abril de 2023, a 41 años del hundimiento del Crucero General Belgrano en el programa radial "Equipo de Radio", de su ciudad, sobre los sucesos del 2 de mayo de 1982. 

El Héroe de Malvinas relató la sucesión dramática de hechos desde el impacto del primer torpedo lanzado por el submarino nuclear británico HMS "Conqueror" hasta su rescate por el ARA “Bouchard”, tras 36 horas de permanecer en una balsa en las aguas congeladas del Mar Argentino.

En el ataque, murieron 323 marinos argentinos, entre ellos el también sampedrino Sergio Daniel Magliotti, al que Ríos recordó con emoción. 

El entonces conscripto repasó su incorporación a la Armada como conscripto, su etapa de instrucción, los momentos previos al ataque y los dolores físicos y psicológicos que arrastra tras cuatro décadas. También las gestiones que había iniciado junto con su abogado para obtener los reconocimientos por discapacidad que el Estado nacional le negaba y que, hoy, 1 de abril de 2025, consiguió por fin a través del fallo del juez federal Aurelio Cuello Murúa.

En agosto de 2024, la ciudad de San Pedro vivió una jornada cargada de emoción y significado con la llegada a la Plaza Constitución de una réplica a escala del ARA General Belgrano, el emblemático crucero argentino hundido por un submarino británico durante la Guerra de Malvinas. 

La actividad fue organizada de manera conjunta por la Municipalidad de San Pedro, la Asociación Cultural Sanmartiniana y la Asociación de Veteranos de Guerra local, reunió a vecinos, instituciones educativas, autoridades y, de forma especial, a los tres sobrevivientes sampedrinos del hundimiento: Jorge Pablo Martínez, Raúl Horacio Ramírez y Víctor Hugo Ríos.

Con profundo respeto y conmoción, los excombatientes compartieron sus testimonios sobre lo ocurrido el 2 de mayo de 1982 (ver video más abajo), fecha en que el ARA General Belgrano fue atacado por el submarino nuclear británico HMS Conqueror. Durante el acto, se rindió homenaje a la figura del sampedrino Sergio Daniel Magliotti, uno de los caídos en aquella tragedia, y recordado como un héroe por toda la comunidad.

El encuentro también sirvió como una experiencia educativa significativa: alumnos de distintas escuelas participaron de las actividades y tuvieron la oportunidad de conocer de cerca un capítulo fundamental de la historia argentina.

La réplica del crucero, construida por el entrerriano Sergio Gammella a partir de planos originales y a escala 1:23, posee una eslora de ocho metros, un metro de manga y un motor funcional que le permite navegar. Esta obra itinerante, proveniente de la ciudad de Paraná, tiene como objetivo preservar la memoria de los héroes de Malvinas y recorrer diferentes puntos del país para mantener vivo su legado.

La ceremonia se inició con una bendición a cargo del padre Andrés, seguida por la interpretación del Himno Nacional Argentino por alumnos del conservatorio musical “Carlos Guastavino”. Luego, Jorge Pablo Martínez, Raúl Horacio Ramírez, Víctor Hugo Ríos y el propio creador de la maqueta, Sergio Gammella, izaron el pabellón nacional en presencia de autoridades municipales, concejales, docentes y estudiantes.

En la mañana de este martes se concretó un allanamiento en una vivienda de Villa Cañás, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737. La medida fue ordenada por el Juzgado Federal de Venado Tuerto, a cargo del juez Aurelio Cuello Murúa, a pedido de los fiscales federales Federico Reynares Solari y Daniela Ghiorzi.

El procedimiento fue el resultado de una investigación que se inició hace menos de dos meses, tras dos denuncias ingresadas a través del Buzón de la Vida, una herramienta de participación ciudadana que permite denunciar anónimamente hechos vinculados al narcotráfico.

Las presentaciones alertaban sobre una vivienda donde presuntamente se cultivaban plantas de marihuana y se comercializaba droga. La pesquisa, desarrollada por personal de la Unidad de Investigaciones de Procedimientos Judiciales (UNIPROJUD) de Gendarmería Nacional Venado Tuerto, permitió corroborar los datos aportados.

Con esas pruebas, se ordenó el allanamiento del domicilio donde reside la pareja compuesta por Leonardo M. y Malvina S. G. El operativo fue realizado por efectivos de Gendarmería en las primeras horas del día.

Durante el procedimiento se secuestraron plantas de marihuana, ramas en proceso de secado, semillas, cogollos, dinero en efectivo, una escopeta con cartuchos, balanzas de precisión y elementos de corte, típicamente utilizados en la venta de estupefacientes.

Desde la Fiscalía destacaron la importancia del procedimiento “por el impacto que este tipo de hechos tiene en una comunidad pequeña como Villa Cañás” y subrayaron que la acción refleja “la respuesta de la Justicia y las fuerzas de seguridad ante las denuncias de los vecinos”.

Tras el operativo, los implicados serán imputados por delitos contemplados en la ley de drogas.

El Juzgado Federal de Venado Tuerto resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la Cooperativa de Electricidad de Venado Tuerto (CEVT). La resolución suspende por seis meses la aplicación de la Resolución 267/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación y la Providencia de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor.

En el inicio del trámite judicial, la CEVT presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad argumentando que la normativa nacional prohibía incluir en las facturas conceptos ajenos al servicio eléctrico, lo que afectaba la recaudación de fondos destinados al alumbrado público y al mantenimiento de la red.

El fallo del juez Aurelio Cuello Murúa establece que la empresa cooperativa podrá seguir incluyendo en las facturas la tasa municipal de alumbrado público y otros cargos relacionados, siempre que estén claramente identificados y su falta de pago no implique la suspensión del suministro eléctrico.

El Estado nacional, a través del Ministerio de Economía, se opuso a la medida alegando que la Cooperativa:

El juez consideró que la autonomía municipal, establecida en los artículos 5 y 123 de la Constitución Nacional, permite a los municipios establecer tributos y definir su método de recaudación. Además, destacó que la prohibición de facturación conjunta afectaría la subsistencia económica del Municipio, que utiliza estos fondos para garantizar servicios esenciales como el alumbrado público y el mantenimiento de la red eléctrica.

Asimismo, se acreditó la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, ya que la imposibilidad de facturación conjunta podría generar:

El fallo también establece que otros conceptos incluidos en la factura, como fondos para energías renovables y tasas municipales, podrán seguir cobrándose, siempre que se especifique claramente su naturaleza y el usuario tenga la opción de no pagarlos sin consecuencias sobre el servicio eléctrico.

En consecuencia, el fallo suspende por seis meses la aplicación de la Resolución 267/2024 y permite a la Cooperativa continuar con su esquema de facturación hasta que se dicte una resolución definitiva. Durante este período, la CEVT deberá identificar detalladamente los conceptos facturados y aclarar que su falta de pago no afectará el suministro eléctrico.

Sobre el mediodía de este jueves, las autoridades de la Cooperativa de Electricidad de Venado Tuerto enviaron una invitación a los medios de comunicación locales y regionales para asistir a una conferencia de prensa convocada para el próximo lunes 17, a las 11.30, en la sede social de Mitre 796, a los efectos de divulgar los cambios a implementar en la facturación del servicio eléctrico. 

Esto es consecuencia de que el Juzgado Federal de Venado Tuerto, tras una presentación por parte de la CEVT, dispuso la suspensión de los efectos de la Resolución 267/2024, emitida por la Casa Rosada, y establece nuevas directrices para la inclusión de ciertos conceptos en las facturas de energía eléctrica.

Se trata del expediente N° 17338/2024, a través del cual la empresa cooperativa impulsó una acción judicial contra la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación, atacando una presunta inconstitucionalidad de la citada resolución que impacta directamente en la facturación de la prestadora de servicios. 

A modo de adelanto, desde la CEVT señalan que, a partir de la próxima facturación, se incorporarán los siguientes cambios:

Estas medidas estarán vigentes por un plazo de seis meses, conforme al artículo 5 de la Ley 26.854.

Dada la relevancia de estos cambios para los usuarios del servicio eléctrico, la CEVT, que también invitó a la reunión informativa a autoridades políticas locales y representantes de entidades intermedias, no sólo que ampliará detalles la semana entrante, sino que recomienda a los asociados y usuarios estar atentos a las comunicaciones oficiales para comprender plenamente las nuevas modalidades de facturación y sus implicancias.

En un fallo que tiene algunas aristas en común con el caso que se describe más arriba, el juez federal subrogante Aurelio Cuello Murúa, actuando en el Juzgado Federal N° 1 de San Nicolás, había resuelto favorablemente una medida cautelar presentada por la Municipalidad de Pergamino. Esta decisión suspendió por un período de seis meses los efectos de la Resolución 267/2024 del Gobierno Nacional, la cual prohibió la inclusión de tasas o impuestos adicionales en las facturas de servicios públicos. Durante este lapso, la Municipalidad de Pergamino puede continuar cobrando dichas tasas a través de las facturas de energía eléctrica, decidió el magistrado. Además, instruyó a la empresa prestadora del servicio eléctrico a identificar de manera clara y detallada el rubro correspondiente a la "tasa de alumbrado público" en las facturas emitidas. 

El Juzgado Federal de Venado Tuerto ordenó a una obra social que cubra el 100 por ciento de una cirugía de ablación de arritmia de un afiliado. La resolución lleva la firma del juez Aurelio Cuello Murúa, quien fundamentó la decisión en los informes médicos que hacían referencia a la “urgente” necesidad de que el paciente sea intervenido quirúrgicamente. 

El jueves 17 de octubre Adrián H., con sus abogados Mirian Gvozdenovich y Ervin Bustos, realizaron la presentación de la acción de amparo en el poder judicial contra OSPESGA (Obra Social del Personal de Estaciones de Servicio, Garages, Playas y Lavaderos Automáticos de la Provincia de Santa Fe) con el objeto de que le brinde cobertura integral del 100% de la cirugía de ablación de arritmia por radiofrecuencia con mapeo tridimensional, más todos los insumos quirúrgicos necesarios especificados para la realización de la misma, indicada con suma urgencia por sus médicos, el Dr. Alberto Alfie, cardiólogo universitario, especialista en electrofisiología y marcapasos, y el Dr. Oscar Gómez Vilamajo, cardiólogo.

Los abogados fundamentaron que el paciente posee antecedentes de enfermedad cardiovascular, y que recientemente ha sido diagnosticado con fibrilación auricular persistente con taquicardiomiopatia, y que siempre se ha atendido en la ciudad de Venado Tuerto con su médico el Dr. Oscar Gómez Vilamajo.

Además, señalaron que, a raíz de la complejidad y avance de la patología, su médico lo ha derivado de urgencia a un especialista en electrofisiología y marcapasos, el Dr. Alberto Alfie, quien comenzó a atenderlo y luego de una serie de estudios le ha indicado con urgencia la necesidad de la cirugía.

Igualmente, en el mes de agosto Adrián H. realizó una interconsulta con el Dr. Silvano Diángelo en la ciudad de Rosario, en el instituto ICR, el cual ha llegado a la misma conclusión: necesita realizarse con urgencia una cirugía de ablación de arritmia. 

En consecuencia, luego de que los tres profesionales consultados coincidieron en la necesidad de la operación, el paciente avanzó con su médico la tramitación para realizarla en el Sanatorio San Martin, enviando previamente la documentación y todos los estudios a OSPESGA, que finalmente no autorizó la intervención quirúrgica. 

Fallo judicial

Tras la presentación del amparo en el Juzgado Federal, y teniendo en cuenta la urgencia del caso, el juez Aurelio Cuello Murúa resolvió rápidamente y ordenó a la obra social que se haga cargo de la cobertura médica que demanda la intervención. 

Sostuvo que “no debe olvidarse el rol fundamental que desempeñan el derecho a la vida y a la salud dentro de nuestro ordenamiento jurídico nacional”. Agregando que “debe ponderarse el cuadro de salud del amparista. Que es un paciente con fibrilación auricular persistente refractaria a tratamiento farmacológico y cardioversión eléctrica, con taquicardiomiopatía con deterioro severo de la función ventricular izquierda y lo señalado por su médico tratante en cuanto a que ‘...dado su cuadro clínico de riesgo de muerte súbita...’ solicita la cirugía”.

En definitiva el magistrado consideró que “corresponde hacer lugar a la medida cautelar peticionada, disponiendo que la Obra Social del Personal de Estaciones de Servicios, Garages, Playas y Lavaderos Automáticos de la Provincia de Santa Fe (OSPESGA) brinde, de manera inmediata, al Sr. Adrián H., la cobertura integral del 100% de la cirugía de ablación de arritmia por radiofrecuencia con mapeo tridimensional, más todos los insumos quirúrgicos necesarios especificados para la realización de la misma, indicada por su médico tratante”.