Este lunes 14 de julio, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación de junio en la Argentina fue del 1,6%, lo que marca una ligera suba respecto al 1,5% registrado en mayo, pero sigue reflejando una tendencia hacia la desaceleración de la inflación que comenzó a fines de 2024. Si bien el aumento de junio es superior al de mayo, se mantiene por debajo de los picos de inflación de meses previos, lo que genera expectativas de una posible estabilización.

En el primer semestre de 2025, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula un 15,1%. En detalle, el mes de enero registró un 2,2%, febrero un 2,4%, marzo marcó el pico del 3,7%, abril mostró una corrección hacia el 2,8%, mayo fue el mes con menor inflación en lo que va del año con 1,5%, y ahora junio cerró con un 1,6%.

Este comportamiento es clave en el marco de la actual política económica que busca controlar la inflación, que durante 2024 superó ampliamente las expectativas. Sin embargo, la reducción en la tasa de aumento de los precios en los últimos meses ofrece señales de que las medidas adoptadas para frenar la escalada inflacionaria comienzan a dar resultados.

El dato más relevante de la inflación del semestre (15,1%) es que impacta directamente en la actualización de los valores del Mínimo no imponible y las escalas del Impuesto a las Ganancias, así como en la modificación de los parámetros para las categorías del monotributo. A partir del dato acumulado del primer semestre, se realizarán ajustes en las bases de cálculo, lo que afectará a miles de trabajadores autónomos y asalariados que verán reflejada la suba en sus tributos.

La relación entre la inflación y la actualización de estos parámetros es crucial para el Gobierno, ya que las modificaciones en los tributos también inciden en la recaudación fiscal, que sigue siendo uno de los ejes centrales de la política económica del año en curso.

Aunque la desaceleración es visible, la inflación sigue siendo uno de los principales problemas económicos que afecta a la población, especialmente en lo que respecta a los precios de alimentos, productos básicos y servicios. Los aumentos de precios continúan generando un impacto directo en los bolsillos de los argentinos, que enfrentan aumentos mensuales por encima de los incrementos salariales.

En cuanto a los rubros más afectados, los alimentos siguen siendo los de mayor incidencia, aunque la desaceleración también afecta a estos productos -en junio subieron el 0,6%-, generando una moderación en las subas que comenzaron a desbordar el presupuesto familiar en los primeros meses de 2025.

Con un primer semestre que cierra con una inflación de 15,1%, las proyecciones para la segunda mitad del año no son del todo optimistas, debido a factores como el clima de incertidumbre global, las tensiones políticas internas y la necesidad de continuar con las políticas económicas que aún no muestran resultados definitivos. Sin embargo, la tendencia a la desaceleración podría ofrecer señales positivas, especialmente si se mantienen las políticas de control fiscal y se profundizan las medidas de apoyo a los sectores más golpeados por la inflación.

La inflación de junio también llega en un contexto de creciente discusión sobre los niveles de ajuste y las políticas fiscales necesarias para asegurar la estabilidad de los precios.

Las tarifas de diversos servicios básicos sufrirán aumentos durante el mes de febrero. El Ministerio de Economía convalidó esta dinámica, con el objetivo de que el atraso de los mismos respecto a la inflación general no signifique un costo fiscal mayor que pueda comprometer los objetivos del acuerdo con el FMI.

Así, luego del 94,8% de inflación que registró el 2022, este año el titular del Palacio de Hacienda, Sergio Massa, afirmó que buscará que la cifra de abril sea menor a 4%, así como cerrar este año con un nivel de precios similar a 60%.

El mayor impacto lo tendrá la actualización de las tarifas de energía para los segmentos a los que les corresponda la quita de subsidios, pero también habrá incrementos en combustibles, prepagas y alquileres, entre otros.

Los usuarios residenciales de luz, comprendidos en los niveles 1 de ingresos altos y 3 de ingresos medios, percibirán en sus facturas un incremento promedio de un 14% en el servicio eléctrico.

En cuanto a las facturas de gas aún tienen incrementos tarifarios pendientes de definición. El pasado 4 de enero se realizó una audiencia pública que aseguró una suba del servicio de gas para febrero, pero aún está pendiente el anuncio oficial del porcentaje exacto, dado que se incrementa de manera diferencial en función de los segmentos de la cadena de distribución de gas que se actualice más: ya sea generación, transportación o distribución.

Según adelantó la secretaria de Energía, Flavia Royón, durante 2023 habrá una única actualización en el costo del insumo de 28,3% para aquellos usuarios que perciban ingresos altos y medios. Aun así, esta norma no alcanzaría a un universo de 3,5 millones de usuarios de bajos ingresos, que quedaron encuadrados en el Nivel 2 de la segmentación tarifaria vigente.

A partir de febrero de 2023 se comenzará a aplicar una nueva fórmula de aumento de las cuotas, vinculada al índice de variación salarial (Ripte).

Por un plazo de 18 meses, el incremento tendrá como tope máximo el 90% del índice Ripte del mes anterior para quienes tengan ingresos netos inferiores a seis salarios mínimos, vitales y móviles ($406.458 en febrero). Tomando este componente:

El aumento a aplicar por las prepagas será de 4,91% en febrero para quienes se encuentren por debajo del tope.

Mientras tanto, para los titulares que superen dicho monto, se tomará en cuenta el Índice de Costos de Salud, lo que implicará un aumento de 8,21%.

Para obtener el beneficio se deberá completar una declaración jurada mensual, a través de la página de AFIP.

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) autorizó incrementos escalonados de hasta 9,8% en febrero y 7,8% en abril para los servicios de telefonía, Internet y televisión por cable.

Estos porcentajes de aumentos aplican, en general, para PyME, cooperativas y pequeñas empresas, ya que las grandes firmas del sector recurrieron a amparos y medidas cautelares que les permitieron incrementar sus facturas por encima de los porcentajes determinados por el ente regulador.

En función de lo que rige bajo la Ley de Alquileres, que contempla la suba en función al Ripte y al IPC medido por el INDEC, los inquilinos cuyos contratos tengan que realizar la actualización anual en febrero de 2023 recibirán aumentos de 85,88%.

Según el esquema de aumento de los precios de la nafta y el gasoil acordado a través del programa Precios Justos, los combustibles tendrán un incremento de 4% durante febrero y otra suba de 3,8% en marzo.

El presidente Alberto Fernández se reunió con representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Confederación General del Trabajo (CGT), en un encuentro donde las partes se comprometieron a trabajar en conjunto ante la situación generada por los aumentos de precios, especialmente en los artículos de primera necesidad como los alimentos.

En una reunión que se extendió tres horas, Fernández estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el canciller Santiago Cafiero; los ministros de Trabajo, Claudio Moroni; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Economía, Martín Guzmán, y de Agricultura Ganadería y Pesca, Julián Domínguez.

Además, en el encuentro se evaluaron los impactos de la guerra entre Rusia y Ucrania que repercuten en la economía y en los precios.

Los representantes de la UIA destacaron que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Club de París y el aumento de reservas despeja incertidumbre y permite avanzar en una hoja de ruta para cumplir esos objetivos, añadieron las fuentes.

El acuerdo permitió el desembolso el viernes pasado de 9.656 millones de dólares, tras la aprobación del Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) por parte de la conducción del organismo multilateral.

De ese monto, el Banco Central destinó US$ 2.808 correspondientes al pago del vencimiento postergado el 13 de marzo para el viernes último.

El jefe de Estado había pedido ayer en una entrevista concedida al ciclo “Desiguales”, por la Televisión Pública, a llamar “a la reflexión” a los formadores de precios “para que entiendan que el hecho de que tengan una especie de oligopolio no los autoriza” a remarcar los valores.

En esa nota sostuvo que están “trabajando en medidas” para la contención de la suba de precios, especialmente de los productos de primera necesidad, a través del secretario de Comercio, Roberto Feletti.

Esas medidas son la puesta en marcha de fideicomisos para desacoplar los precios internos de las subas internacionales y canastas acordadas de Precios Cuidados, que sumará en abril a pequeños comercios de cercanía, además de retrotraer los precios de 580 productos en supermercados al 10 de marzo, luego de que Comercio Interior detectara “maniobras especulativas” con subas de 14,5% promedio en tres días.

La reunión de este lunes de Fernández con la UIA y la CGT surgió a partir de la mantenida la semana pasada con trabajadores, donde Fernández propuso la necesidad de generar un compromiso con el sector privado, el de los trabajadores y el Estado, con el objetivo de bajar la inflación sin detener el sendero de crecimiento económico y la creación de trabajo.

Ya el 16 de este mes, cuando se rubricó un incremento del 45% del Salario Mínimo Vital y Móvil, Fernández estuvo reunido en Casa Rosada con esos dos sectores y con la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y los convocó a empezar a acordar un paquete antiinflacionario.

Héctor Daer, uno de los cosecretarios generales de la CGT, había dicho entonces que el Presidente planteó “hacer una convocatoria para empezar a conversar toda esta situación y encontrar un tránsito hacia la formalización de acuerdos que permitan en nuestro país ir bajando el proceso inflacionario que viene deteriorando día a día los ingresos de los trabajadores, jubilados y todos los sectores que tienen ingresos fijos”.

El presidente de UIA, Daniel Funes de Rioja, había celebrado “la convocatoria del Presidente a este diálogo, a esta construcción”, y se mostró “convencido en trabajar en conjunto los problemas del país y enfrentar estos problemas globales” generados a partir de la pandemia del coronavirus y el conflicto armado entre Rusia y Ucrania “para darle previsibilidad al país” y que permita “mayor inversión y crecimiento”

El secretario general de la CTA, el diputado nacional oficialista Hugo Yasky, había ido en la misma línea cuando manifestó que “el Presidente anunció su voluntad de hablar con cada uno de los referentes del empresariado y de las centrales” que forman parte del Consejo del Salario, y admitió que “la preocupación es contener el aumento de los precios”.

Mañana martes se reunirá en el Centro Cultural Kirchner el Consejo Económico y Social (CES), que exhibirá, con la presencia de Fernández, su agenda “temática federal y productiva” para este año.

Allí se expondrán los ejes para el Plan “Argentina Productiva 2030”, presentación que estará a cargo del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.