El Gobierno nacional formalizó un nuevo aumento para jubilados y pensionados que comenzará a regir en abril de 2026. La medida fue oficializada a través de una resolución de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y responde a la actualización mensual basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), en el marco del esquema de movilidad vigente.

Según lo dispuesto por la Resolución 74/2026, el incremento de los haberes previsionales será del 2,9%, en línea con la inflación registrada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondiente a febrero.

Con este ajuste, el haber mínimo garantizado pasará a ser de $380.319,31, mientras que el haber máximo alcanzará los $2.559.188,80.

La actualización forma parte del nuevo esquema de movilidad que establece aumentos mensuales atados a la evolución de los precios, reemplazando el sistema anterior de incrementos trimestrales.

Este mecanismo fue implementado a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2024, que modificó la fórmula vigente para las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Desde el organismo previsional indicaron que el objetivo de este esquema es acompañar el ritmo de la inflación y evitar el deterioro del poder adquisitivo de los beneficiarios, aunque en la práctica el impacto depende de la evolución de los precios en los meses siguientes.

La resolución también establece nuevos valores para otras prestaciones clave del sistema previsional. En ese sentido, la Prestación Básica Universal (PBU) se fijó en $173.978,72, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a $304.255,45 a partir de abril.

Además, se actualizaron las bases imponibles que se utilizan para calcular los aportes al sistema. La base mínima será de $128.091,45, mientras que la máxima se ubicará en $4.162.912,57.

Estos valores son relevantes tanto para trabajadores en actividad como para quienes se encuentran en proceso de jubilarse, ya que impactan directamente en el cálculo de los haberes futuros.

Por otra parte, la normativa también contempla la actualización de las remuneraciones de aquellos afiliados que cesen en su actividad laboral a partir del 31 de marzo de 2026 o que inicien su trámite jubilatorio desde abril, aplicando índices definidos por la Subsecretaría de Seguridad Social.

El actual sistema de movilidad previsional establece que los haberes se actualicen mensualmente de acuerdo con la variación del IPC nacional publicado por el INDEC. Este mecanismo comenzó a aplicarse en julio de 2024 y representa un cambio significativo respecto de los ajustes anteriores.

La lógica detrás de esta fórmula es que los ingresos de jubilados y pensionados acompañen, con menor rezago, la evolución de los precios. Sin embargo, especialistas advierten que, en contextos de alta inflación, los aumentos pueden quedar por detrás de las necesidades reales si los incrementos se calculan sobre índices pasados.

En este escenario, el aumento del 2,9% para abril refleja la desaceleración inflacionaria observada en febrero, aunque su impacto en el bolsillo dependerá de la evolución de los precios en marzo y abril, especialmente en rubros sensibles como alimentos, medicamentos y servicios.

Mediante la resolución 378 del Ente Nacional Regulador del Gas fueron aprobados los cuadros tarifarios con los aumentos previstos para el mes de abril, en el servicio de distribución de ese combustible.

Su impacto final en los hogares, de acuerdo con una gacetilla de prensa de la concesionaria, será de apenas 500 pesos en el 75% de los usuarios residenciales de la Provincia de Santa Fe y el norte bonaerense.

Así se desprende de la lectura de la citada resolución del organismo, que fue intervenido por la Casa Rosada desde el inicio de su gestión, en el marco de un DNU que declaró la emergencia para todo el sector energético en la Argentina.

En ese número final bajo influye tanto la serie de aumentos programados para cada mes (que iba a ser del 2,3%) como la baja en el precio del dólar que rige para el mercado mayorista del gas natural, de -1,4%.

El decisorio, por otra parte, pone en vigencia el nuevo esquema de "subsidios focalizados" que básicamente los reduce o elimina para sectores de ingresos medios. Cada usuario deberá cotejar si fue o no alcanzado por el recorte de las ayudas, según el artículo 11 del decreto 943 de 2025.

El parte de prensa de Litoral Gas indica que "el incremento es prácticamente imperceptible" y que la variación de la tarifa de gas "tiene origen en el traslado del precio del gas y de los componentes regulados de Transporte y Distribución".

"El incremento en la factura promedio mensual de los hogares será del orden del 1%, representando en el 75% de ellos, menos de 500 pesos. Se reflejará en cada caso individual dependiendo de la inclusión del cliente como beneficiario del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.

Se mantiene el beneficio para los clientes que residen en localidades dentro de la Ley de Zona Fría: 30 %; y 50 % para los casos vulnerables", solo en el sur de la provincia.

"La variación de los componentes regulados de Transporte y Distribución es en promedio del 2,3%, incluyendo la adecuación mensual por inflación, para mantener su valor real, y la cuota 12 de la Revisión Quinquenal de Tarifas y el Plan de Obras 2025-2029", sigue la gacetilla.

El gas tiene su precio fijado en dólares desde que comenzó la actual gestión de Javier Milei. Y en esta oportunidad, "por aplicación del tipo de cambio para su conversión a pesos, en cuadros tarifarios resulta en una reducción del -1,4 % respecto al precio establecido para los consumos del mes anterior".

Además, "comercios y Pymes por el efecto combinado de los mismos componentes mencionados tendrán un impacto prácticamente neutro en su factura promedio mensual", aunque obviamente todos esos componentes están "afectados por la aplicación de los impuestos proporcionales".

Con su publicación en el Boletín Oficial de este martes 30 de diciembre, entrarán en vigencia desde enero 2026 los nuevos cuadros tarifarios de gas natural establecidos por el Gobierno nacional. Contemplan un incremento de entre $200 y $800 en las facturas de más del 75% de los clientes residenciales como resultado de los ajustes en sus componentes: gas, transporte, distribución e impuestos.

Sube el gas natural hasta $800 para el 75% de los usuarios. Créditos: Guillermo Di Salvatore.

En el precio del gas la variación es de 0,53% por el traslado del mayor precio determinado por la Secretaría de Energía y por el momento se mantiene el esquema de subsidios energéticos vigentes, es decir, la segmentación por niveles (N1, N2 y N3) y las tarifas sociales.

Respecto de este componente, aún no se publicó, para su puesta en vigencia, la normativa que implementará el nuevo esquema de subsidios energéticos unificado y focalizado con la creación del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (RESEF), que unifica todos los programas de beneficios en energía.

En el precio del gas la variación es de 0,53%.

En los componentes de Transporte y Distribución, la variación de los componentes regulados es de 0,9 %, de adecuación por inflación y la aplicación de la cuota 9 de la Revisión Quinquenal de Tarifas y Plan de Obras 2025-2029. Todos estos componentes están afectados por la aplicación de los impuestos proporcionales.

Además, en el caso del sur de la Provincia de Santa Fe, se mantiene el beneficio para los clientes que residen en localidades dentro de la Ley de Zona Fría, con el 30 %; y el 50 % de descuento en el valor mayorista del insumo, para los usuarios N3 y N2, respectivamente.

Las principales empresas de medicina prepaga definieron los aumentos en sus cuotas a partir de agosto, con una suba promedio que está en línea con el dato de inflación difundido por el INDEC.

Pero otra novedad llega en agosto más allá de los aumentos: el gobierno nacional puso en marcha una web donde se publicarán los valores de los distintos planes de las prepagas y obras sociales de todo el país.

La herramienta de la Superintendencia de Servicios de Salud se funda en la Resolución 645/25, publicada en el Boletín Oficial el pasado 16 de mayo.

De acuerdo a esta normativa, las empresas de medicina privada deberán informar los valores de sus planes dentro de los cinco días posteriores a la publicación del índice de inflación para que sean visibilizados online.

Estos deben ser subidos a una página oficial de la SSS, de manera que los valores de los planes sean visibles y así los usuarios puedan chequearlos.

La información publicada incluye los precios diferenciados por plan, franja etaria y por región del país, lo que permite a los usuarios realizar una comparación entre coberturas y prestadores.

"De este modo, los usuarios pueden evaluar alternativas reales y tomar decisiones informadas. Más información es más transparencia, y más transparencia es más libertad", informó la cartera.

Los incrementos se ubicarán en sintonía con el 1,6% de junio y algunos la superarán, luego de los aumentos aplicados entre el cuarto y el sexto mes del año, que duplicaron y hasta triplicaron el porcentaje actual de las prepagas.

Swiss Medical: entre 1,3% y 1,9%.

Hospital Italiano: 1,6%.

OSDE: 1,93%.

Galeno: 1,95%.

Sancor: 1,6%.

Cabe recordar que en el Índice de Precios al Consumidor de junio, el sector de salud fue el quinto rubro que registró mayor incremento, con una suba de 2,2%.

A partir de julio de 2025, los empleadores de trabajadoras de casas particulares deberán abonar un bono no remunerativo mensual, que también se extenderá a agosto y septiembre. La medida fue establecida por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) como compensación ante el atraso salarial acumulado por la inflación y se aplica a todas las trabajadoras, estén o no registradas.

El bono tiene montos fijos y varía según la cantidad de horas trabajadas por semana:

Más de 16 horas semanales:

Entre 12 y 16 horas semanales:

Hasta 12 horas semanales:

Cabe destacar que el bono es adicional al salario mensual, y no está sujeto a descuentos previsionales ni cargas sociales por ser considerado no remunerativo.

Todos los empleadores deben abonarlo, incluso si la trabajadora presta servicios en varios hogares. En esos casos, cada empleador paga el bono en proporción a las horas trabajadas.

Este suplemento se incluye junto con el salario habitual y debe figurar claramente en el recibo de sueldo. La obligación alcanza tanto a empleadores con personal registrado como a quienes no han formalizado la relación laboral.

El bono se paga en las siguientes fechas:

Una trabajadora de la quinta categoría (tareas generales) que trabaje más de 16 horas semanales cobrará:

Si se desempeña media jornada (4 horas por día, cinco días a la semana), le corresponderá:

No. El bono no es remunerativo, lo que significa que no se computa para:

Sin embargo, debe estar debidamente registrado en el recibo mensual.

El acuerdo salarial vigente contempla un aumento del 6,5 % entre junio y septiembre, con revisiones mensuales. La CNTCP volverá a reunirse en octubre de 2025 para evaluar la evolución salarial del sector y definir si habrá nuevos ajustes o bonos extraordinarios.

Tras una resolución del gobierno nacional, las prepagas -las más representativas, al menos- avisaron que aquellos empleados que derivaban aportes a través de una obra social, no tendrán aumentos en marzo.

Con la desregulación del sistema, el gobierno impulsó la libre competencia entre las empresas, y ahora eliminó las intermediaciones.

Las entidades de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados incrementos de entre 1,9% y 2,2% en las cuotas de marzo, pero no habrá ajustes para los afiliados que pagan una parte de la cuota a través de la derivación mensual de aportes y contribuciones correspondientes a sus salarios.

En estos casos, que son los impactados por el fin de la triangulación entre obras sociales y prepagas, se hicieron ajustes para que los montos a pagar en marzo resulten los mismos que los del mes actual.

A partir de ahora, como desaparecen los costos de intermediación para desregular, las prepagas recibirán en forma directa mayor cantidad de recursos que antes.

En el caso de los llamados "planes corporativos", en los que la empresa empleadora asume los costos, se producirá, por el fin de la triangulación, una disminución de los costos empresarios.

El gobierno dijo que "estos aumentos de 0% son consecuencia de la acción del gobierno que le puso fin a las intermediaciones y tuvo un doble impacto positivo: terminó con un negocio millonario de la casta y permitió un ahorro para el bolsillo de los beneficiarios".

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) presentó un ajuste en las tarifas eléctricas para 2025. La solicitud será puesta a discusión en una Audiencia Pública convocada para mediados de diciembre.

Según lo detallado en la Resolución Nº 863, el pedido implica un aumento promedio del 24,8% en la tarifa media final desde el 1 de enero, con actualizaciones mensuales a partir de junio, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.

La justificación, según detalla la EPE en la comunicación oficial, radica en garantizar el funcionamiento "en atención a la variación de los indicadores macroeconómicos, fundamentalmente en materia de política cambiaria, inflación y crecimiento, desde la formulación del presupuesto".

A tal fin, el Gobierno de Santa Fe, a través de la secretaría de Energía, convocó mediante la Resolución Nº 1357 a una Audiencia Pública para debatir la propuesta. El debate será en formato virtual, el 13 de diciembre, a las 9 de la mañana.

El ajuste solicitado afecta tanto a los usuarios residenciales como a los grandes consumidores de electricidad. En los anexos de la resolución, la EPE especifica los nuevos cuadros tarifarios para las Pequeñas Demandas Residenciales, desglosados por niveles y zonas de la provincia, así como para clientes no residenciales y Grandes Demandas.

Desde la empresa justificaron la medida argumentando que "el incremento tarifario es necesario para sostener los niveles de servicio y adecuarse a las variaciones macroeconómicas, principalmente la inflación y la política cambiaria".

Además, señalaron que los costos operativos del servicio requieren una actualización para mantener la calidad del suministro. "La Gerencia de Administración mediante Nota 27/24, fs. 87 realiza la estimación de recursos y erogaciones para el Período 2025, concluyendo sobre la imperiosa necesidad de la obtención de recursos adicionales para la ejecución de los planes de inversión y programas de mantenimiento, y afrontar las actualizaciones de gastos y cargas impositivas", se detalla en los considerandos.

La audiencia será presidida por la secretaria de Energía, Verónica Geese, y permitirá la participación de ciudadanos, organizaciones e instituciones interesadas. Quienes deseen participar podrán inscribirse como oradores o simples asistentes, debiendo consignar datos personales y, en caso de representar una entidad, la correspondiente acreditación.

Un día antes de la audiencia, se publicará el orden de exposición y los tiempos asignados a cada participante, con un máximo de cinco minutos para cada intervención. Durante la jornada, la EPE será la encargada de abrir el debate presentando los fundamentos de su propuesta.

La modalidad virtual tiene previsto que se permita la participación ciudadana a través de videoconferencia y, además, la retransmisión en vivo por el canal público de la provincia. La inscripción estará habilitada desde el 6 de diciembre y cerrará 48 horas antes de la audiencia.

Al momento de su inscripción, los interesados deberán indicar si lo hacen en calidad de participantes u oradores y consignar sus datos personales: domicilio, teléfono, correo electrónico y, en su caso, la institución que representan.

Al finalizar el debate, se elevará al Ejecutivo un informe con la descripción sumaria de las intervenciones e incidencias de la Audiencia Pública, sin realizarse apreciaciones de valor sobre el contenido de las mismas.

Resolución 0863

Por Azul Cibils

A un día de que se conozca el dato de inflación de junio, algunas prepagas ya anunciaron la próxima suba. Comúnmente se estila esperar a la cifra inflacionaria para informar a sus afiliados el aumento, como ocurrió el mes pasado, pero esta vez cinco empresas grandes confirmaron los incrementos de sus tarifas para agosto.

En todos los casos excepto el de Galeno, estas subas son inferiores a los ajustes de julio. En tres de ellos, los índices son casi equivalentes a la inflación de Ciudad de Buenos Aires durante junio, que se anunció el último lunes y fue del 4,8%. Medicus anunció una suba del 4,96 %; Swiss Medical, del 4,9 %; Accord Salud, del 4,95 %; Omint, 6,9 % y Galeno, 7,8 %.

Después del acuerdo del 27 de mayo, en el cual las prepagas accedieron a la demanda del Gobierno de devolver los excesos tarifarios cobrados por encima de la inflación entre enero y mayo, el mercado de la medicina prepaga ha quedado desregulado a partir del mes de julio. Esto implica que las compañías no están obligadas a regirse por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para establecer sus precios. El sector suele argumentar que la inflación de la salud siempre es superior al resto de la economía.

Las prepagas justificaron las subas por “costos de infraestructura” (Accord), “aumentos de los insumos importados” (Omint) y “retraso en el ajuste” (Galeno). Sin embargo, como es costumbre, dejaron claro que tienen a disposición planes alternativos para quienes no puedan afrontar los nuevos costos, como por ejemplo los planes con copagos, que tienen la misma cartilla y cobertura pero con cuotas casi 20% más baratas. Los copagos y coseguros de las obras sociales también fueron liberados por el Gobierno el mes pasado.

Los planes con copagos permiten al afiliado pagar menos en caso de no utilizarse el servicio, pero deberán abonar una tarifa extra en caso de necesitar acceder a determinadas prestaciones.

Las empresas de medicina prepaga presentaron este lunes una propuesta para devolver en 12 cuotas el dinero cobrado por encima de la inflación a sus afiliados desde diciembre pasado. La propuesta fue hecha en una audiencia convocada por la Justicia, con la participación del Gobierno.

Además de la devolución en cuotas, las empresas solicitaron dar de baja la investigación por cartelización iniciada por la Secretaría de Comercio y liberar los precios del sector a partir de octubre.

Las grandes empresas de medicina prepaga sugirieron que la devolución se realice en 12 cuotas ajustadas por el "Índice de Costos de Salud", aprobado por la Resolución 1293/2022 del Ministerio de Salud, junto con el Índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). El tope previsto sería el 90% del RIPTE, y el valor correspondiente a seis salarios mínimos, vitales y móviles, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 743/2022 y la Resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud.

Las prepagas también propusieron un mecanismo de indexación para los próximos meses, sugiriendo que la cuota de junio se ajuste por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y que las cuotas de julio a septiembre se ajusten al 95% de ese índice. Así, por ejemplo, si la inflación de un mes es del 10%, las cuotas aumentarían un 9,5%.

Por otro lado, las empresas buscan que, a partir de octubre, el Gobierno vuelva a liberar los precios del sector, según el decreto emitido a fines del año pasado por el Poder Ejecutivo.

Desde el Gobierno, sin embargo, aclararon que las prepagas aumentaron sus tarifas hasta un 165% mientras que el IPC fue del 114%, y solo están proponiendo devolver un 24% en 12 meses. "Las prepagas se están quedando con la plata de sus usuarios. La propuesta de un 24% en 12 cuotas no es aceptable para la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS)", señalaron fuentes gubernamentales.

El Gobierno anunció en la tarde de este jueves cómo será la fórmula de actualización de las cuotas de las empresas de medicina prepaga.

Mediante un comunicado, detalló que el valor de cuota de referencia para la aplicación de los aumentos máximos será el correspondiente a la cuota de diciembre de 2023, independientemente de su fecha de pago o facturación.

Estos valores no podrán superar la cuota del plan de salud médico asistencial del mes de diciembre de 2023 multiplicada por (1 + la variación porcentual entre el Índice de Precios al Consumidor nivel general con cobertura nacional elaborado por el INDEC vigente al momento de la facturación correspondiente, y el mismo Índice correspondiente a diciembre de 2023), indicó la Secretaría de Comercio.

De esta manera, para calcular el valor máximo de la cuota actual (dependiendo el caso podría ser de abril o de mayo), se deberá aplicar un ajuste, cómo máximo del 93,3% para la cuota de abril (es decir la inflación acumulada entre los meses de noviembre a febrero).

Mientras que para la cuota de mayo se deberá aplicar como máximo un ajuste del 114,6% (es decir, la inflación acumulada en los meses de noviembre a marzo).

Por ejemplo, si la cuota es de abril, se deberá multiplicar el valor de la cuota de diciembre por 1,933 (si la misma se facturó después del 17 abril). Si la cuota es de mayo se deberá multiplicar el valor de la cuota de diciembre por 2,146.

En el caso de las facturas previas al 17 de abril, el descuento se verá aplicado en la próxima factura.

En tanto, es importante destacar que este mecanismo de ajuste con un límite en la inflación registrada estará vigente por los próximos 5 meses, es decir hasta septiembre.

El alcance de la medida es para todos los asociados de las siete empresas alcanzadas por la medida de tutela anticipada que dictó la Secretaría de Industria y Comercio a partir del dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).

Esta medida no discrimina entre usuarios individuales, corporativos y derivados. Las empresas alcanzadas por la medida son: OSDE, Swiss Medical, Galeno, Omint, Medifé, Hospital Alemán, Hospital Británico.

Por otra parte, en caso de que las empresas se nieguen a limitar el ajuste correspondiente, los usuarios se pueden comunicar al 0800-666-1518, que es línea gratuita de la Dirección de Defensa al Consumidor o a consultas@consumidor.gob.ar. Mientras que para formular denuncias, ingresar a www.argentina.gob.ar/defensadelconsumidor.

El Gobierno advirtió que si se comprueba el incumplimiento por parte de las empresas de medicina prepaga se aplicará una multa diaria equivalente al 0,1% de la facturación del grupo económico, de acuerdo a lo establecido en la Ley 27.442 (Ley de Defensa de la Competencia).

Siguiendo un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), el Secretario de Industria y Comercio dictó una medida de tutela anticipada que obliga a un grupo de empresas de medicina prepaga que representa el 75% de los afiliados a reajustar a partir de la próxima facturación los valores de las cuotas de sus planes de salud al mes de diciembre de 2023 ajustado por IPC.

El dictamen sostiene que siete empresas de medicina prepaga, la confederación que las agrupa y la persona preside la misma, deben cumplir con los requerimientos que se detallan a continuación.

- En primer lugar, por el plazo de 6 meses, los valores de las cuotas de los planes de salud médico-asistenciales a ser cobradas no podrán superar al siguiente cálculo: la cuota del plan de salud médico asistencial del mes de diciembre de 2023 multiplicada por (1 + la variación porcentual entre el Índice de Precios al Consumidor nivel general con cobertura nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos vigente al momento de la facturación correspondiente, y el mismo Índice correspondiente a diciembre de 2023). La medida aclara que, en el caso de los clientes dados de alta luego de diciembre de 2023, el ajuste debe realizarse teniendo como base un plan similar al contratado.

- En segundo lugar, cesar con cualquier tipo de intercambio de información, ya sea en el marco de las reuniones de la Confederación Unión Argentina de Salud (UAS) o cualquier otro ámbito, que implique precios, servicios a proveer, costos y cualquier otra información comercial.

- Asimismo, la medida preventiva ordena además a las compañías de medicina prepaga a presentar información a la CNDC sobre precios nominales de cada plan de salud ofrecido, ingresos obtenidos por cada plan de salud y cantidad de afiliados en cada uno de los planes. Las empresas deberán aportar datos desde diciembre de 2023 en adelante, e informar su actualización con una frecuencia mensual. A su vez, las compañías y la UAS tienen la obligación de publicar, en el plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la notificación de la cautelar, el texto completo de la medida de tutela anticipada en sus respectivos sitios web.

- Las personas investigadas por la CNDC y alcanzadas por la mencionada medida cautelar son las empresas de medicina prepaga Galeno Argentina S.A., Hospital Británico de Buenos Aires Asociación Civil, Hospital Alemán Asociación Civil, Medifé Asociación Civil, Swiss Medical S.A., Omint S.A. de Servicios, OSDE Organización de Servicios Directos Empresarios; la confederación que las agrupa, Unión Argentina de Salud (UAS); y el Sr. Claudio Fernando Belocopitt, en su doble carácter de presidente de la firma Swiss Medical S.A. y de la UAS.

- La medida cautelar deberá cumplirse a partir de su dictado y tendrá una extensión de seis meses desde su notificación a las personas jurídicas o humanas alcanzadas.

- La investigación en curso se realizó a partir de una denuncia por parte de legisladores de la Coalición Cívica ante la CNDC por cartelización en los términos del artículo 2, inciso a), de la LDC, en virtud del aumento coordinado de los precios de los planes de medicina prepaga de las empresas detalladas, desde la entrada en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 (“DNU 70/2023”), en el mes de diciembre de 2023 hasta la actualidad, en el mercado de servicios de medicina prepaga, en todo el territorio nacional.

Las diez claves

1) ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar en la resolución?

En lo fundamental, la Secretaría de Industria y Comercio y la CNDC, en el marco de una denuncia realizada y ante ciertos indicios de un acuerdo colusivo entre las prepagas, han decidido dictar una medida de tutela anticipada en el marco de la Ley de Defensa de la Competencia con el fin de evitar que se produzca un daño al régimen de competencia. La medida ha sido tomada en los inicios de una investigación en curso por una presunta cartelización.

La medida retrotrae los aumentos operados a diciembre del año pasado y faculta a las prepagas a aplicar, como máximo, el índice de precios al consumidor para el cálculo de cualquier aumento.

Además, prohíbe cualquier intercambio de información competitivamente sensible entre las empresas de medicina prepaga investigadas y la cámara que las aglutina.

Adicionalmente, las empresas deberán presentar información sobre el cumplimiento.

2) ¿Qué pasará con el valor de las cuotas?

Se estima que la inflación de abril será del 10%, y tomando en cuenta que las cuotas de la medicina prepaga se incrementaron en promedio un 151% desde diciembre, la medida logrará reducir la cuota de las prepaga en un 33%.

3) ¿Cómo se va a devolver la plata de los aumentos de estos meses y de qué meses serían?

La devolución de los aumentos no está dentro del ámbito de facultades de la Secretaría de Industria y Comercio. Eventualmente, puede impactar en el cálculo de la multa, de comprobarse que la práctica efectivamente se produjo .

4) ¿A qué mes se retrotrae el aumento?

La medida retrotrae los aumentos operados a diciembre del año pasado y faculta a las prepagas a aplicar, como máximo, el índice de precios al consumidor para el cálculo de cualquier aumento .

5) ¿Cómo van a ser los ajustes de ahora en adelante?

La medida retrotrae los aumentos operados desde diciembre del año pasado y faculta a las prepagas a aplicar, como máximo, el índice de precios al consumidor para el cálculo de cualquier aumento. Ese tope rige, en principio, durante los próximos seis meses.

6) ¿Las empresas pueden apelar la medida?

Sí, pero es importante destacar que la medida entra en vigor de inmediato y no la suspende una eventual apelación .

7) ¿Los clientes pueden recuperar el dinero cobrado en exceso?

La Ley de Defensa de la Competencia prevé la acción de daños y perjuicios contra las empresas que cometan prácticas anticompetitivas una vez que la sanción quede firme.

8) ¿Cuál es el organismo que toma la medida y actúa en el caso?

La resolución la adopta la Secretaría de Industria y Comercio, por recomendación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. La investigación la lleva adelante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

9) ¿Cómo se aplica la multa?

Concluida la investigación y acreditada de manera independiente que la práctica colusiva denunciada se produjo, una infracción a la normativa de competencia puede importar una sanción de multa de hasta el 30% de la facturación de las empresas infractoras en Argentina, o hasta el doble del beneficio ilícitamente obtenido por la maniobra.

10) ¿Qué evidencia encontró la Secretaria para hablar de presunción de cartelización?

La investigación se encuentra en curso, la prueba es aún preliminar, pero existen declaraciones, un paralelismo y simultaneidad de los aumentos aplicados y otros indicios de cartelización que el dictamen de la CNDC desarrolla en detalle.

El Gobierno dispuso modificar por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la fórmula de movilidad jubilatoria, estableciendo que desde julio los haberes se actualizarán por inflación y que, en los meses previos, los jubilados percibirán adelantos a cuenta del cobro de junio, mientras que en abril se otorgará un incremento extraordinario del 12,5%.

Así surge del DNU Nª 2024, que además no incluye al bono de $ 70.000 en la suba en el aumento de abril, sino que lo reduce, porque se mantiene con el mismo tope total de los ingresos en $ 204.445 de marzo.

Los cambios en la movilidad jubilatoria quedaron oficializados a través del Decreto 274/2024 publicado este lunes en el Boletín Oficial, donde se argumentó que "con el objeto de dar respuesta de forma rápida y eficaz a la acuciante realidad que enfrentan los adultos mayores de la República Argentina, el Estado Nacional ha tomado la determinación de modificar la actual fórmula de movilidad a fin de garantizar que nunca más los haberes de los jubilados perderán contra la inflación".

A partir de dicha premisa, el Ejecutivo consideró que "es necesario establecer una nueva pauta de movilidad basada en la actualización mensual de los haberes de acuerdo con las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)".

Asimismo, sostuvo que "el cambio de componentes de la fórmula y su actualización mensual permitirán la implementación de una política eficiente de la seguridad social que considere el índice de costo de vida, logrando la plena efectividad de los derechos de la sociedad conforme el máximo de los recursos de que se disponga, de conformidad con las normas internacionales en la materia".

Al mismo tiempo, justificó el cambio por DNU en que "la urgente necesidad de modificar la fórmula jubilatoria a los efectos de lograr mantener el estándar de vida de los adultos mayores y evitar que continúen perdiendo poder adquisitivo y el inminente inicio del mes de abril, cuyo transcurso dificultaría el debido empalme de fórmulas dan cuenta de las circunstancias excepcionales que exigen el dictado del presente decreto".

De esta manera, el decreto estableció que las prestaciones se actualizarán mensualmente por inflación a través del IPC oficial y determinó que "en ningún caso la aplicación de dicho índice podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario".

Con respecto a la entrada en vigencia de la nueva fórmula, el Gobierno especificó que la primera actualización en base a la movilidad dispuesta "se hará efectiva a partir de las prestaciones previsionales correspondientes al mes de julio de 2024".

De cara a los meses que quedan hasta la aplicación de la modificación, el Ejecutivo dispuso que "a los fines de la transición, para la determinación de la movilidad correspondiente al mes de junio de 2024, resultará aplicable la fórmula vigente a la fecha de dictado del presente".

Teniendo en cuenta que la próxima actualización de haberes por ley corresponde a junio, y a raíz de que "la gravedad de la crisis que enfrentan los adultos mayores hace que ellos no puedan aguardar hasta el mes de junio del corriente año para ver incrementados sus haberes", se dispuso que "a partir del mes de abril del corriente año se concederán adelantos incrementales, equivalentes al Índice de Precios al Consumidor, a cuenta del porcentaje que determine la aplicación de la movilidad prevista por la Ley N° 27.609, de modo que la transición de uno a otro régimen de movilidad no implique padecimiento alguno para los adultos mayores".

En este sentido, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) otorgará en abril "un incremento extraordinario equivalente al 12,5 % sobre los haberes prestacionales correspondientes al mes de marzo de 2024" y además "un adelanto de la movilidad correspondiente al mes de junio de 2024, calculado conforme a la pauta fijada en el artículo 32 de la Ley N° 24.241".

A su vez, los jubilados percibirán "en mayo de 2024, un adelanto de la movilidad correspondiente al mes de junio del mismo año, calculado conforme a la pauta fijada en el artículo 32 de la Ley N° 24.241", mientras que cobrarán "en junio de 2024, un incremento, calculado conforme a la pauta fijada en el artículo 32 de la Ley N° 24.241".

En el decreto se aclaró que los incrementos dispuestos "serán a cuenta de la movilidad a pagar en junio de 2024 conforme el índice que se obtendrá de acuerdo a la fórmula de movilidad vigente a la fecha del dictado del presente", precisando que "una vez obtenido el porcentaje que surja de esta, se descontarán los puntos porcentuales de los incrementos acumulados que la persona beneficiaria hubiera percibido".

Asimismo, el Ejecutivo expresó que "en caso de que estos superen el aumento calculado según la fórmula mencionada en el primer párrafo de este artículo, no se descontará la diferencia, la que se considerará incorporada al haber. Si fueran menores a dicho aumento, se abonará la diferencia resultante".

Cómo serán los próximos aumentos

1) Los haberes de los jubilados aumentarán en el orden del 27,5% en abril a partir de la publicación del Decreto que oficializó la nueva fórmula de ajuste y la norma contiene una serie de eslabones legales que deben cumplirse, de allí a que su redacción deja abiertos algunos interrogantes.

2) Lo concreto es que desde el Ministerio de Economía confirmaron que las jubilaciones en abril aumentarán un 13,2% (inflación de febrero), más un tramo compensatorio del 12,2%, más el bono de $70.000, lo que resulta en un haber mínimo de unos $241.000.

3) Para los meses siguientes, en el bolsillo de los jubilados seguirá impactando esta forma de medir la inflación, es decir, sobre el haber base se suma la inflación. Pero la norma fue redactada con la obligación legal de mantener la fórmula de movilidad jubilatoria vigente hasta el 1° de julio.

4) En consecuencia, en los meses de mayo y junio el haber final también será ajustado por la inflación de marzo y abril (lo que se conoce cono t-2), pero la forma de llegar a ese número será la siguiente: se abonará bajo la forma de "pago a cuenta", dado que ese porcentaje deberá calcularse en base a la ley aún vigente que es trimestral. Por ejemplo, si con la ley actual el trimestre (abril, mayo junio) dio un aumento del 17% y la inflación fue del 20%, cobrarán los 3 puntos adicionales.

5) Dado que en julio ya queda derogada la ley actual, se comienza con el cálculo directo con la inflación de mayo. Lo que quedará en forma discrecional a cargo del Poder Ejecutivo será el monto de los bonos, que en caso de no actualizarse favorecerán la licuación de los haberes jubilatorios.

6) El ajuste por inflación hace que no exista ningún mecanismo para que los haberes jubilatorios recuperen el poder adquisitivo perdido. .

Con el argumento de la "urgencia" en recomponer los haberes jubilatorios, el gobierno volvió a utilizar la herramienta del DNU para definir una fórmula jubilatoria que actualiza por inflación, pero reconoce sólo 12,5% de enero, que tuvo un IPC de 20,6%. Ningún bloque opositor coincide con ese recorte del valor real de los haberes previsionales y quieren corregirlo.

Lo anticipó Maximiliano Ferraro, de HCF, durante la reunión de la comisión de Previsión y Seguridad Social. Pidió volver a reunirse para corregir un eventual decreto, que se anunció horas después.

La UCR también anunció que intentará subir las jubilaciones con una ley, a través de un comunicado del bloque de Diputados, que fue impulsado por los sectores vinculados a Facundo Manes y Martín Lousteau.

El PRO no quiere enfrentarse a los jubilados, su principal base electoral. María Eugenia Vidal ofrece un índice que contempla la inflación y un refuerzo retroactivo por salarios.

El Presidente no encuentra una salida a un dilema que acorraló a todos los gobiernos: cómo evitar la licuación de las jubilaciones sin sumar déficit fiscal. Tampoco puede quedarse quieto, porque la fórmula actual, que combina recaudación de ANSES y variación salarial (Ripte), se hace impagable si baja la inflación.

Pero a esto hay que sumar a la Corte Suprema de Justicia, que ya tiene jurisprudencia sentada para exigir que los haberes previsionales no pierdan contra la inflación.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, recibirán este lunes a empresarios de las principales cadenas de supermercados del país para analizar el escenario macroeconómico, con foco en la inflación y el rol que juegan las promociones, según la mirada oficial, en la medición del aumento de precios.

El encuentro con supermercadistas se suma al realizado con firmas de consumo masivo a mediados de la semana pasada, donde Caputo explicitó los próximos pasos de su plan económico y descartó la posibilidad de una devaluación en el futuro cercano.

Desde el Gobierno vienen planteando la disconformidad por los fuertes incrementos que se exhiben en las góndolas en forma de cobertura ante el temor de un panorama más complicado y el papel de los descuentos o bonificaciones como mecanismo para atenuar el impacto de la suba. Ante esto, consideran que debe primar el precio real de los productos a la hora de comercializarlos.

En esa línea transcurrió la reunión del miércoles pasado con los representantes de las marcas líderes como Las Tres Niñas, Molinos Río de la Plata, Molinos Cañuelas, Quickfood, Establecimiento Las Marías, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Arcor, Mondelez, Mastellone, Loreal, Danone, Unilever, Compañía Industrial Cervecera, Coca Cola, Nestlé y Quilmes.

Posteriormente, Caputo manifestó en su cuenta de X que hubo "coincidencia en que los precios van a seguir bajando y que es importante transparentar el precio real por unidad de los productos de manera que puedan ser capturados apropiadamente por el INDEC".

Continuando en esa dirección, también posteó un video de góndolas en el que los precios aparecen con diferentes promociones y aseguró: "A muchas empresas les pasó que pricearon (pusieron precios) sus productos esperando un escenario catástrofe que no se materializó. Hoy tienen precios de lista muy altos que la gente no convalida mayormente y que ya han empezado a bajarlos, pero vía promociones, del tipo ´60% de descuento en la segunda unidad´ o hasta ´2x1´".

Al respecto, el titular del Palacio de Hacienda precisó que "estos descuentos, si bien no los capta el INDEC por su modalidad lógica de medición por unidad, son una clara señal de desaceleración inflacionaria".

En el mismo sentido se pronunció el presidente Javier Milei, señalando en una entrevista televisiva: "Las empresas subieron los precios muy fuerte y ahora corrigen con el 3x2 o 2x1. Entonces te queda marcado el precio (de lista) cuando en realidad está bajando". Por lo que consideró que "si corrige por este efecto, la inflación está de un dígito".

Los supermercadistas, por su parte, sostienen que las promociones y descuentos no son responsabilidad de las cadenas sino de la industria. El tema está instalado y será puesto arriba de la mesa durante esta tarde, donde también se hará hincapié en la preocupación de los empresarios por la caída de las ventas.

La primera voz extraña al elenco de funcionarios gubernamentales que explicaron y justificaron la reducción de los subsidios estatales a los hogares, que se apoyará en “presunciones” para estimar ingresos en los hogares, fue de una usuaria de Hernández, Entre Ríos. Comparó las facturas de esa provincia con las de porteños y bonaerenses y advirtió que los efectos del ajuste serán más duros en el interior. En el Amba, aún con muy altos consumos, en hogares sin subsidios, se pagaron en enero $ 16 por kW/h, pero los entrerrianos de la misma categoría que cuidaron mucho el recurso, $ 63 por kw/h.

Fueron efectivamente del interior la enorme mayoría de las quejas, entre otras tantas, con la advertencia de que a los niveles N2 y N3 a ajustar ya sufre un fuerte aumento del transporte por la quita nacional.

Otro usuario, que comenzó por advertir que había perdido la conexión justamente por un corte de luz, alcanzó a decir la palabra “hipocresía” y más tarde pudo explicar que esa era la actitud del gobierno nacional tras al acusarlo de “mandatario” de los intereses de las empresas.

Con más o menos crudeza se les recordó a los funcionarios de los entes de control nacionales que deben vigilar la regulación de las prestadoras que obtuvieron concesiones a cambio de inversiones aún pendientes.

Pero las críticas más interesantes fueron de quienes tienen más elementos de juicio, en especial las defensorías del pueblo y los directores de entes reguladores de distintas provincias.

La defensora Adriana Santagati, de Río Negro, fue a las fuentes. Leyó y señaló errores metodológicos de los informes técnicos de la Secretaría de Energía de la Nación para la construcción de la Canasta Básica Energética (el mínimo que una familia necesita para su subsistencia) y que pone límites a los kilovatios y metros cúbicos de gas a subsidiar según los ingresos presuntos de cada hogar.

Dijo que los promedios determinados como límite para la CBE en la Patagonia “son muy bajos”, inferiores en un 50% y 20% “en el caso del gas y la electricidad”. Un usuario neuquino advirtió que el sur produce el 90% del gas que consume el país y merece precios más accesibles. Cayó muy mal la comparación de sus consumos con las de los países nórdicos que hizo un funcionario nacional.

La defensoría del Pueblo de San Luis advirtió que “aunque conocen perfectamente las bajas temperaturas” que se sufre cada invierno se han hecho estimaciones “por debajo de la supervivencia”.

La defensora rionegrina explicó que la tabla de electrodomésticos provista por el Enre usada para los cálculos no tuvo en cuenta que la población de escasos recursos no tiene equipos nuevos sino viejos de alto consumo.

Reclamó la segmentación de la tarifa según el horario para incentivar el aplanamiento de picos y valles de demanda, como vía para una mayor eficiencia en el uso de los recursos en lugar de limitarse al incremento de las tarifas a los usuarios residenciales como única señal para evitar el derroche, una inquietud que marcaron casi todos los críticos de la medida.

Lo mismo sucedió con el reclamo para que se tome en cuenta la suba de la casta básica alimentaria, de los alquileres y del transporte público y el derrumbe de lo salarios, antes de quitarle subsidios a capas medias y bajas. Reclamó participación del interior en la toma de decisiones que se adoptan desde Buenos Aires, sin consultar a las provincias.

Carlos Saravia, del Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta, pidió que la carga de los usuarios pueda ser en papel (“no nos han dejado en la gestión anterior”) y explicó que en 2023 esa oficina asumió la carga “porque 46 % de su población carece de conectividad a internet”.

Lamentó la eliminación de fondos fiduciarios para el transporte de la energía eléctrica que deja en grave situación de incertidumbre al NOA y “los privilegios que reciben Edenor y Edesur, sobre los que nos hemos quejado ante la gestión anterior que les perdonaron deudas”, además de pagar el Estado Nacional sus casos sociales.

Mostró su preocupación porque en Cammesa se han desplazado altos cuadros técnicos (gerentes) sin un reemplazo a la vista.

“Somos los entes reguladores de todas las provincias, después de todo lo que ustedes deciden, los que tenemos que salir a firmar cuadros tarifarios”, de las distribuidoras de energía eléctrica provinciales que trasladan los aumentos nacionales, se quejó.

Reclamó sostener sin cambios los subsidios al nivel de ingresos 2 (bajos) y en el N3 (medios) ser más precisos: “no es lo mismo poseer un avión o un yate que un auto de menos de 5 años comprado a crédito”.

La defensora del Pueblo de la Nación, Margarita Grosso hizo “observaciones” para evitar que se excluya injustamente a familias que necesitan el subsidio y “dudas” a partir del análisis de los informes técnicos ofrecidos por el gobierno, sobre cómo se consideran los ingresos totales del hogar. ¿Se cuentan los ingresos brutos o los netos? ¿Cómo se calculan los ingresos informales teniendo en cuenta el alto porcentaje de trabajo no registrado? ¿Se tienen en cuenta los gastos soportables por los hogares vinculados a la accesibilidad de la vivienda, pago de alquileres o cuotas de préstamos hipotecarios de vivienda única? ¿Cómo se evalúa el caso de quienes carecen de agua de red y deben utilizar una bomba que consume energía eléctrica?

“Solicitamos que sea revisado el ítem que habla de la medicina prepaga (para excluir a hogares del subsidio), acceder a la salud es un derecho y hay ejemplos de personas forzadas a contar con esa prestación”, dijo. Exigió que “toda la política de servicios públicos tenga como centro a la persona”, de acuerdo con recomendaciones de Naciones Unidas.

Dentro de una metralla de preguntas, disparó las siguientes: ¿Qué sucede con quien tiene un vehículo de menos de cinco años para trabajar en un empleo no registrado, por ejemplo para mensajería o el traslado de personas con discapacidad? ¿Con qué fuentes se conocerá el consumo de telefonía celular?.

El precio de las garrafas

Hubo quejas por el precio de las garrafas de 10kg, de hasta $ 12.000 en pleno verano y temor por su futuro costo en invierno cuando suba la demanda. Entidades de consumidores destacaron que la actual gestión ha abandonado los controles para la garrafa social. El aumento del gas envasado fue del 100% en los últimos meses.

Sin el secretario

El intendente de Esteban Echeverría lamentó la ausencia del secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirilo, en la audiencia pública llevada a cabo por su secretaría. “No sé qué más importante puede hacer el funcionario que presidir este acto”, dijo el dirigente justicialista que desde hace 15 años conduce ese municipio bonaerense. En 2023, realizó 44 denuncias por apagones de Edesur y otras diez por tener 700 postes en mal estado en ese distrito.

El ministro de Economía, Luis Caputo, espera que la inflación ronde el 15 por ciento en febrero, cinco puntos por debajo de la enero, en momentos en que el INDEC procesa los últimos datos recogidos por los encuestadores. El dato del IPC se conocerá el 12 de marzo próximo. Tras una desaceleración en los precios de los alimentos en la última semana del mes, la inflación de febrero estaría en un rango de entre el 15% al 18%, según economistas.

Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica, le dijo a Noticias Argentinas que los precios subieron un 16% en febrero. Los productos de la canasta -que tienen una alta incidencia en el Índice de Precios al Consumidor (IPC)- mostraron una leve desaceleración en la cuarta semana del mes, del orden de 1,4%, según la consultora LCG. La suba promedio de los alimentos en las últimas cuatro semanas fue del 11,4%.

Hace unos días, el ministro Caputo pronosticó que "este mes la inflación va a estar más cerca de 10% que de 20%. Vamos a ver una baja sustancial que es producto del control fiscal y monetario que estamos llevando a cabo". También el presidente Javier Milei dijo, antes de su discurso por la apertura de sesiones del Congreso- que "la casta está nerviosa porque la inflación está bajando".

Otro pronóstico a la baja es el de IPC Online de Bahía Blanca. Tras analizar 15.913 precios comprobó una suba promedio del 10,97% en febrero, con un acumulado del 262,44% interanual. Desde la consultora EcoGo estimaron que la inflación de febrero fue de 15,9% en promedio. En esta línea, "para marzo creemos que va a estar levemente por encima, en la zona del 16/17%", indicó Lucio Garay Méndez, analista de la consultora.

En tanto, desde Focus Market, Damián Di Pace calculó el aumento inflacionario en 14,8%. En particular, la suba de los precios en los productos de consumo masivo fue del 9,8% en febrero, algo que ocasionó una caída en los niveles de compra de casi el 23% en ese lapso.

Por su parte, Fausto Spotorno, director de Ferreres & Asociados, consideró que la inflación "va a bajar un poco la inflación en febrero, cerca del 15%". "Se empezó a sentir en la segunda semana de febrero con inflación más baja y eso se va a mantener. Igual estamos hablando de inflación alta y todavía quedan muchos precios por terminar de ajustar, como tarifas de servicios públicos y salarios que van a seguir generando una inercia en los precios", señaló.

En las mediciones de la Fundación Libertad y Progreso, el Índice de Precios de febrero llegó a 16,8%, desacelerándose 3,8 puntos porcentuales respecto de la medición oficial de enero (20,6%). Según estos cálculos, en el primer bimestre del año el IPC acumula una suba de 40,9% y la variación interanual alcanza el 288%, el valor más alto desde marzo de 1991.

En la evolución del mes incidió durante la primera semana una variación sustancialmente alta, debido a la actualización de tarifas en el transporte público del AMBA. "A partir de la segunda semana del mes, los datos convergieron a variaciones en el rango del 2%-3% semanal, manteniendo la tendencia de la última quincena de enero y ubicándose en valores similares a los de septiembre del 2023", estimó la entidad.

La última semana de febrero deja un arrastre de tres puntos porcentuales para marzo, unos 0,2 puntos menos que en enero. Para marzo espera una suba del IPC de alrededor del 15%. Si bien los índices de precios seguirán arrojando subas significativas en febrero y marzo, estrictamente la inflación, entendida como el proceso de pérdida de valor de nuestra moneda, se está mitigando, lo que puede verse en la estabilidad del peso frente al dólar, dijeron desde Libertad y Progreso.

El economista Lautaro Moschet sostuvo que "a pesar de que el bolsillo de la gente sigue resintiéndose mes a mes, hay que tener en cuenta que se están generando las condiciones para pensar en un país con baja inflación en el mediano plazo", pronosticó.

En tanto, la consultora ACM analizó que para los próximos meses, el mercado prevé una inflación aún elevada, aunque con tendencia a la baja. Según el Relevamiento de Expectativas (REM,) del Banco Central, ese nivel sería de 18% mensual, disminuyendo a 15,3% en marzo y alcanzando cifras de un dígito para junio.

La empresa Aerolíneas Argentinas ofrecerá un plan de retiro voluntario a 8.000 empleados, en el marco del proceso de ajuste y austeridad por el que transita la compañía tras el cambio de Gobierno. Así lo confirmaron fuentes de la línea aérea a Noticias Argentinas, sin agregar más detalles que indicar que el personal de la firma recibió una notificación en tal sentido.

"Largamos una notificación de la apertura del programa y nada más", se limitaron a decir las fuentes consultadas por esta agencia. No obstante, reconocieron que como hace mucho tiempo que no se abre un plan de retiro de estas características en Aerolíneas, el proceso llamó la atención.

Consultadas los mismos voceros sobre si la decisión obedece a una auditoría interna que haya arrojado superpoblación en la dotación de empleados o una idea de achicamiento en línea con la idea oficialista de cuidar los costos y disminuir el déficit, solo indicaron que "es más que nada una exploración de interés".

En la empresa, quieren ver qué reacción genera hacia adentro esta iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de marzo. Para ingresar en el denominado "Plan de Retiro Gratificado", de acuerdo con la nota enviada, los interesados deben "formar parte del staff de tierra, operativo o administrativo, poseer una antigüedad mayor a dos años y no estar dentro del plan de acuerdo prejubilable".

El programa de pagos mensuales sería el equivalente al 50% de antigüedad en años al momento de la firma. "Por ejemplo, si se posee 20 años de antigüedad, se abonará en 10 mensuales", indica la comunicación. Además, los pagos tendrán ajustes correspondientes de acuerdo con los incrementos salariales paritarios.

La fecha límite para ingresar en el plan es el 31 marzo y "en caso de avanzar con el acuerdo, la fecha de salida deberá ser validada por la dirección correspondiente". Desde la empresa informaron que "cuando finalice el ciclo se comunicarán los resultados".

La aerolínea de bandera cuenta, según el último informe de dotación del INDEC, con unos 11.892 empleados. Es la cuarta compañía con mayor dotación de las empresas y sociedades del Estado o con participación societaria estatal, por detrás de Operadora Ferroviaria S.E. (23.743 empleados), el Banco Nación (17.632) y el Correo Argentino (16.775).

La noticia se conoce 48 horas después de un paro que llevaron adelante gremios aeronáuticos el pasado miércoles en protesta por mejoras salariales.

La Asociación del Personal Aeronáutico (APA), los pilotos agremiados en APLA y la Unión del Personal Superior (UPSA) pararon 24 horas en reclamo de una recomposición salarial y en rechazo del "magro ofrecimiento de la Secretaría de Trabajo". La medida obligó a las empresas a cancelar o reprogramar vuelos, lo que afectó a más de 30 mil pasajeros.

Por Luciano Andreychuk

En conferencia de prensa, el intendente capitalino, Juan Pablo Poletti, confirmó que se viene un nuevo aumento en la tarifa plana del sistema de transporte público de pasajeros por colectivos en la ciudad, y que el nuevo monto rondará los 700 pesos. Hoy cuesta 380 pesos, con lo cual la actualización será del 84,2%. “Sin el subsidio nacional, el boleto irá a un valor muy parecido al de ciudades como Córdoba, Rosario, Mar del Plata o Paraná”, comparó.

Asimismo, indicó que este valor es “inferior a lo que pretenden los empresarios del transporte”. Y ante la consulta de una periodista sobre si se consideró, antes de tomar esta medida, que la gente no va a poder pagar el boleto, el primer mandatario local respondió: “Estamos realmente preocupados por esta crisis del transporte que es a nivel nacional, no se da solamente en la ciudad de Santa Fe, a raíz de una medida totalmente intempestiva de parte de Nación de quitar subsidios al interior”.

“Hacia qué sistema de colectivos vamos no lo sabemos porque el gobierno nacional no lo dice. Además, ahora se termina la conciliación obligatoria, y se viene la paritaria de UTA; posiblemente estemos frente a un nuevo conflicto, independientemente del esfuerzo que hagan el municipio y la provincia. ¿Quién lo va a pagar (al aumento)? El ciudadano. Pero nosotros trataremos de que sea el menor monto posible”, expresó el intendente.

-En el marco de la emergencia, se podría analizar algún tipo de franquicia en el boleto, o un fondo que el municipio pueda aportar al sistema?, consultó otro periodista.

-En cuanto a un fondo municipal, es muy complicado sacar dineros de un Presupuesto Municipal que, como todos vieron, es muy austero, muy corto en cuanto a las capacidades operativas del municipio. Creemos que si vamos a pensar en un fondo será a mediano plazo, no va a ser en lo inmediato. Y fondos municipales realmente no hay para poder aportar (al funcionamiento del sistema), por eso estamos muy preocupados por esta situación.

Con respecto a la primera parte de la pregunta, es algo muy difícil en todo lo que es atribuciones sociales, que no están cargadas en la SUBE. Porque cargar en ese sistema es difícil. Si fueran por nosotros, ojalá tuviéramos dinero para, en lugar de subsidiar empresarios, subsidiar a la demanda. Yo lo haría mañana mismo.

Pero operativizar esto en la SUBE (las atribuciones sociales) es sumamente complicado. Entonces, esto es lo que le pedimos al gobierno nacional desde la Red Federal de Intendentes. Queremos ir hacia un subsidio de la demanda, pero cargar todos los datos en el sistema lleva un tiempo, es muy difícil en términos técnicos.

Interrogado sobre la implementación de los cambios aprobados en el Concejo de Santa Fe en el Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM), también Poletti dio definiciones fuertes. En principio, no se implementarán en lo inmediato.

“Ocurre que si vamos a aumentar el SEOM, que estaba totalmente desactualizado, sabemos que un ciudadano no podrá pagar el estacionamiento y, a su vez, al trapito (cuidacoches). Entonces, se empezarán a cobrar los nuevos valores del SEOM cuando solucionemos el tema de los trapitos. No podemos permitir que alguien que pague el estacionamiento, a su vez tenga que darle plata a un cuidacoches”, aseguró.

Pero, ¿qué idea tiene el municipio para solucionar la problemática de los cuidacoches? Cabe recordar que en esta capital hay una ordenanza vigente que regula la actividad informal de estas personas: deben estar registrados, no deben contar con antecedentes penales ni tampoco imponer una “tarifa”, sino recibirla a voluntad del conductor.

En esta capital está vigente una ordenanza que regula la actividad de los cuidacoches. Pero no se implementa.En esta capital está vigente una ordenanza que regula la actividad de los cuidacoches. Pero no se implementa. Crédito: Archivo El Litoral / Flavio Raina

“Estamos haciendo reuniones, tenemos planes. Los tenemos totalmente censados (a los cuidacoches), sabemos en qué zonas de la ciudad se encuentran. Estamos analizando de qué manera vamos a regular para que esto no sea un contextos sociales grave, sabemos la realidad, la crisis, económica y social que estamos viviendo.

La idea no es sacarlos, porque tendríamos un conflicto social muy grave. Lo que hay que hacer es regularizarlos, que estén regulados por el Estado municipal”, respondió Poletti.

El intendente mencionó casos de ciudades donde “se logró -dijo- regular a los trapitos”, como Mendoza o la vecina Paraná. “Es un proceso que se puede realizar que es ordenar el sistema de que ya no se llamen más trapitos, sino que tengan una figura regulada por el Estado, donde estén identificados con chaqueta identificatoria, con un carnet identificatorio, que no tengan antecedentes penales, que no coaccionen”.

Habló luego de establecer una suerte de “Estacionamiento Social”, áreas donde los cuidacoches puedan realizar esa labor informal, que serían “mucho más económicas que las dársenas del SEOM. Queremos regular esto, y que la gente sepa que al trapito en esas áreas se le tendrá que dar tanto de dinero, y ni un peso más. Y si alguien se pasa de vivo, ahí estará el Estado para sacarle la identificación (al cuidacoches) y que no puede realizar más esa actividad”, definió.

El Gobierno Nacional dispuso un incremento del 100% en los montos de la Tarjeta Alimentar. De esta manera las familias en situación de vulnerabilidad recibirán $44.000, $69.000 o $91000 de acuerdo a la cantidad de hijos.

La medida fue confirmada a través de la Resolución 11/2024 del Ministerio de Capital Humano, publicada este jueves en el Boletín Oficial. Este plan tiene como objetivo primordial garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de todas las familias argentinas, especialmente aquellas en situación de mayor vulnerabilidad económica y social.

El Plan Nacional "Argentina contra el Hambre" se estableció como una respuesta integral a la temática alimentaria, apoyándose en el fortalecimiento de acciones implementadas por el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, así como otros programas y dispositivos institucionales complementarios.

La Prestación Alimentaria, de carácter no remunerativo, constituye una ayuda económica mensual destinada a la adquisición de alimentos. Esta se canaliza mediante la acreditación de fondos a titulares, sirviendo como un complemento vital al ingreso familiar para asegurar el acceso a una alimentación adecuada.

Los incrementos impactarán a partir de la liquidación a efectuarse en el mes de febrero de 2024. Estos aumentos se distribuirán de la siguiente manera:

Para las familias con un hijo/a de 0 a 14 años que perciban Asignación Universal por Hijo, Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, Asignación por Embarazo o Pensión para madre de 7 o más hijos/as. Pasarán de cobrar de 22 mil pesos a $44 mil.

Para las familias con dos hijos/as de 0 a 14 años que perciban Asignación Universal por Hijo, Asignación Universal por Hijo con Discapacidad o Pensión para madre de 7 o más hijos/as. Pasarán de cobrar $34.500 pesos a $69.000 mil.

Para las familias con tres hijos o más de 0 a 14 años de edad que perciban Asignación Universal por Hijo, Asignación Universal por Hijo con Discapacidad o Pensión para madre de 7 o más hijos/as. Pasarán de cobrar de $45.500 pesos a $91,000 mil.

Estos ajustes buscan, en esencia, recomponer el poder de compra de los sectores más vulnerables en medio de un proceso inflacionario que ha afectado significativamente la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en los últimos meses.

Montos de la Tarjeta Alimentar by El Litoral

A través de la Resolución 730/2023, , emitida por el Ente Nacional regulador del Gas (ENARGAS), se establecieron nuevos costos para las Obleas Habilitantes y Cédulas MERCOSUR destinadas a vehículos propulsados por Gas Natural Vehicular (GNV) para el año 2024. Esta decisión, fundamentada en el Artículo 52 de la Ley N° 24.076, busca no solo garantizar la seguridad del Sistema de GNV, sino también financiar las funciones de control sobre la actividad del GNV llevadas a cabo por el organismo regulador.

El ENARGAS, en cumplimiento de su rol regulatorio, tiene la facultad de dictar reglamentos en materia de seguridad, normas y procedimientos técnicos, según lo establecido en la Ley N° 24.076. Esta ley asigna al ENARGAS la tarea de actualizar la normativa vigente, asegurando así la calidad, eficiencia y seguridad del servicio que se suministra en el ámbito del Gas Natural Vehicular.

La Oblea, es un instrumento público de vital importancia para la seguridad del Sistema de GNV, representa la legitimidad jurídica y técnica del equipo, siendo esencial para el funcionamiento adecuado en los vehículos. Según la Resolución N° RESOL-2022-537-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, a partir del 1° de enero de 2024, el costo de la Oblea será de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA ($870) por unidad.

Asimismo, la Cédula MERCOSUR, documento que respalda la legalidad administrativa y técnica del equipo, también experimentará un ajuste en su costo. A partir de la misma fecha, el valor de la Cédula se establece en PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA ($250) por unidad.

El ENARGAS destaca que este ajuste tarifario tiene como objetivo financiar los costos incurridos por el organismo en relación con las funciones de control sobre la actividad del GNV. Es importante señalar que el ENARGAS opera sin fines de lucro y que los ingresos generados por la venta de Obleas y Cédulas MERCOSUR se destinan a cubrir los gastos asociados con la regulación y supervisión de la seguridad en el Sistema de GNV.

La medida también tiene en cuenta la planificación presupuestaria para el Ejercicio 2024. Según el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional, se proyecta un ingreso de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL ($2.283.500.000) por la venta de Obleas y Cédulas de GNV para dicho año. Esta cifra se basa en la estimación de venta de 2.050.000 obleas a PESOS 870 cada una y 2.000.000 de cédulas a PESOS 250 la unidad.

Con el objetivo de no perjudicar la gestión administrativa de los Productores de Equipos Completos para GNV (PEC), el ENARGAS considera necesario notificar a los Sujetos del Sistema con anticipación sobre la modificación del valor de venta de las Obleas y Cédulas MERCOSUR. Esta medida pretende brindar a los involucrados el tiempo necesario para ajustar sus previsiones financieras.

Enargas by El Litoral

La inflación entre el 6 y el 12 de noviembre fue del 2,2 por ciento, según la medición que empezó a realizar el Ministerio de Economía desde hace un mes.

En el registro de las cuatro semanas previas hasta el 12 de noviembre la suba de precios fue de 9%, de acuerdo al informe que presentó este viernes la Secretaría de Política Económica que comanda Gabriel Rubinstein.

En el relevamiento semanal se destacan subas por encima del promedio en alimentos y bebidas de almacén (3,4%), frutas, (3,3%), carnes 2,8% y precios regulados (2,9%). En cambio subieron por debajo del promedio indumentaria (1,4%) y verduras (2,1%).

Desde el ministerio de Economía señalaron que "la suba semanal de 2,2% habría sido un poco menor al registró previo (2,4%)" a causa de que "se registró mayor estabilidad en alimentos y bienes y servicios regulados", aunque aclaró que "estos rubros reflejaron variaciones promedio semanales mayores al nivel general debido al efecto arrastre estadístico de los aumentos que ocurrieron en los primeros días del mes".

La Secretaría aclaró que "en octubre las principales diferencias con el INDEC se produjeron en indumentaria y verduras, cuyos precios variaron menos que lo captado por la medición de Economía.

En consecuencia, se ajustaron las variaciones de las semanas previas.

Para el INDEC la inflación de octubre fue de 8,4%, por debajo de lo proyectado por las consultoras privadas y también por lo calculado por Economía.

No obstante, un promedio semanal de 2% de suba de precios muestra que la inflación mensual se mantiene cercana a los dos dígitos.

En noviembre hay al menos cuatro aumentos confirmados. Tras el peor dato de inflación del 12,7% que registró septiembre, los analistas prevén una inflación en dos dígitos en octubre y los meses que restan del año. Con esos elementos, el anteúltimo mes de 2023 estará marcado por alzas en los alquileres y prepagas, entre otros.

Uno de los aumentos confirmados es el de los productos de Precios Justos. El Gobierno nacional confirmó la extensión del programa hasta el 31 de diciembre (terminaba en octubre). La idea de Nación es renovar la lista de productos con ajustes de hasta el 5%, pero por estas horas se están realizando reuniones de negociación con las empresas para determinar los nuevos precios.

La intención de los proveedores es tener un porcentaje de ajuste mayor, teniendo en cuenta la aceleración del IPC, que avanzó 12,4% en agosto y 12,7% en septiembre. En ese periodo, las empresas que participaron del convenio anterior pudieron hacer ajustes máximos del 5 por ciento.

Quienes tengan que firmar contrato nuevo de alquiler o renovarlo tendrán que afrontar subas cercanas al 119% anual en los valores a pagar. De esta manera, noviembre anota un nuevo récord para el Índice de Contratos de Locación (ICL), que realiza el Banco Central (BCRA) sobre la base de la inflación y los salarios.

Esta fórmula se aplica únicamente a los alquileres iniciados entre el 1° de julio de 2020 y el 17 de octubre de 2023, previo a la sanción de la nueva ley de alquileres con ajustes semestrales a través del índice Casa Propia.

En noviembre, las prepagas también aplicarán aumentos. En esta oportunidad, el incremento será del 10,98%, el más alto en lo que va del año, de acuerdo con el Índice de Costos de Salud de octubre. La suba llegará a los titulares con ingresos mensuales iguales o superiores a $2.000.000 brutos.

De esta forma, en los primeros diez meses del 2023, los valores de las prepagas habrán aumentado 78,1% para usuarios que superen los seis salarios mínimos, mientras aquellos con ingresos por debajo de ese tope y que hayan tramitado la cuota con tope, será del 63,8%.

En mayo, el Gobierno autorizó aumentos mensuales de las tarifas de la televisión por cable, de la telefonía celular y de internet. Así, los incrementos serán de 4,5% en noviembre.

Representantes del Ministerio de Trabajo y de la Comisión de Trabajo en Casas Particulares llegaron a un acuerdo y definieron un aumento salarial del 34% para el empleo doméstico que se pagará en tres tramos.

El primer incremento, de 12%, correspondiente a octubre, se pagará en noviembre a las empleadas que cobran en forma mensual. Los empleadores deberán pagar $1184 por hora al personal de tareas generales o $145.230,50 el mes.