Este miércoles, en sesión extraordinaria, el Concejo Municipal de Venado Tuerto habilitó a la Cooperativa de Obras Sanitarias (COS) a aumentar un 80 por ciento las tarifas de cloacas y agua potable, significando un 32% de lo solicitado por la entidad en la audiencia pública celebrada en el mes de enero, donde aseguró que el desfasaje llega al 248,5 por ciento. 

Durante la reunión en el edificio de Vía y Obras donde funciona el legislativo local, el bloque oficialismo y el Partido Justicialista marcaron la necesidad de autorizar este aumento, con el objetivo de garantizar la viabilidad del servicio, clave para la salud y calidad de vida de los venadenses. También subrayaron las obras históricas que están en marcha para ampliar la red de agua y cloacas, como la que está llevando adelante el gobierno provincial y que beneficiará a cuatro barrios del sector norte de la ciudad, con una inversión superior a $10.000 millones.

Por otro lado, el bloque de Ciudad Futura votó en contra del aumento, recordando el compromiso de la actual gestión provincial de subsidiar el servicio, como lo hace con la empresa provincial Aguas Santafesinas, mediante un fondo compensador.  

El presidente del Concejo, Santiago Meardi, recordó que el cuerpo legislativo mantuvo tres reuniones plenarias para evaluar el impacto de la medida y destacó que "no se puede hacer un aumento como el solicitado por la COS, ya que son porcentajes muy altos, llegando casi al 250 por ciento". A raíz de ello, los diferentes bloques trabajaron en la búsqueda de una propuesta unificada que contemple tanto la sustentabilidad del servicio como la capacidad de pago de los usuarios.

Si bien no se logró el acuerdo unánime, se le dio luz verde por 8 votos a favor y 2 en contra a la propuesta de incremento del 80% sobre la facturación actual. "Sabemos que es un número bajo para la sustentabilidad de la cooperativa, pero también debemos poner sobre la mesa la visión del usuario", expresó Meardi.

El concejal confirmó que la actualización tarifaria se aplicaría en un solo tramo y que se dialogó con la cooperativa, que mostró su disconformidad con la cifra propuesta. "Entendemos que este 80% no les cae para nada simpático porque no es el mejor número para su administración, pero es el máximo consenso al que pudimos llegar", explicó.

Uno de los puntos de conflicto en el debate fue la propuesta del concejal Bruno Taddia, de Ciudad Futura, quien pidió la intervención de la provincia con un fondo compensador para amortiguar el impacto en la tarifa. Sin embargo, Meardi consideró que este planteo es más "un debate político que tarifario", y sostuvo que el gobierno provincial ya ha realizado aportes significativos en materia de infraestructura sanitaria.

"El año pasado llegaron más de 100 millones de pesos para mejoras en la provisión de agua y se está ejecutando una obra de 10 mil millones de pesos para cloacas en el sector norte de la ciudad", detalló el edil, agregando que la provincia también aplicó modificaciones impositivas en beneficio de la cooperativa.

Consultado sobre si la suba del 80% podría afectar la calidad del servicio, Meardi indicó que la cooperativa "no podrá desarrollar nuevas obras con este incremento", aunque aseguró que las inversiones provinciales compensarán esa situación. "La provincia está financiando directamente obras que la cooperativa no podía afrontar", subrayó.

El ministro de Economía, Luis Caputo, decidió que desde junio comenzará una quita gradual de subsidios en luz y gas para los segmentos de ingresos bajos y medios, los cuales representan 7 de cada 10 usuarios residenciales de la Argentina. Los aumentos en las tarifas que llegarán desde el mes próximo tendrán impacto sobre la población más vulnerable, que pagaba en promedio solo un 5% del costo “real” de la energía.

En concreto, se pondrá en marcha un esquema de subvenciones más focalizado, o restrictivo, que el actual como una transición hasta la aplicación de la Canasta Básica Energética (CBE), tal como se había adelantado. Es decir, la quita total que pretendía el Gobierno difícilmente se realice este año.

La medida se oficializó este martes a través del Decreto 465/2024 publicado en el Boletín Oficial con la firma de Caputo. Allí se prevé un período de transición que durará de junio a noviembre, con posibilidad de extenderlo seis meses más, hasta la aplicación de la CBE.

La segmentación de subsidios para usuarios residenciales que había aplicado el Gobierno de Alberto Fernández, vigente hasta el momento, contemplaba tres universos de usuarios: los de altos ingresos (N1), los de bajos ingresos (N2) y los de ingresos medios (N3). Actualmente los N1 no tienen subsidios en sus boletas de energía, mientras que, por caso, los N2 y N3 pagan en promedio solo el 5% del costo de la energía. El resto se cubre con aportes que realiza el Tesoro Nacional a través de Cammesa a las empresas generadoras.

Los fuertes aumentos del primer cuatrimestre no se reflejaron en una quita de subvenciones. Incluso hubo un crecimiento de la asistencia que reciben las boletas por encima de los niveles que dejaron Fernández y Sergio Massa, ya que se concentra en los costos de generación y las subas de estos meses se dieron en transporte y distribución que son, además de los impuestos, otros ítems que componen las facturas que llegan a los hogares.

Ahora la Secretaría de Energía que conduce Eduardo Rodríguez Chirillo aumentará lo que pagan los usuarios N2 y N3 del precio de la energía, según pudo confirmar Infobae con fuentes oficiales. La magnitud en la que se realizará y el impacto final para los usuarios no fue precisado por el Gobierno.

Lo que sí anticipa el Decreto 465/2024 es que habrá una reducción en el bloque de consumo subsidiado de los N3, quienes actualmente son de entre 400 kwh y 650 kwh por mes en base a la provincia en la que se encuentren y a la estación del año. El esquema de segmentación actual preveía que por el excedente, los usuarios paguen pleno.

Por su parte, el consumo de los N2 está subsidiado en su totalidad sin importar cuánta luz o gas utilicen. Esperan poner en marcha un sistema de topes de consumo con asistencia estatal, pero mayor al de los N3.

Otro punto importante es que los aumentos no tendrán más un tope atado al coeficiente de variación salarial (CVS), que publica el Indec, del año anterior. El CVS creció 152,7% el año pasado, muy por debajo del 211,4% que arrojó la inflación del período. Esto llamó la atención de analistas, quienes señalan que de todos modos las subas que hubo hasta ahora superaron ese umbral.

La segmentación que puso en marcha Fernández en 2022 contemplaba que la suba de las tarifas para los N2 no podía superar el 40% del CVS del año anterior y para los N3 el límite era 80% de lo que arrojara la variación del indicador.

Sobre eso, se buscará evitar la superposición de otros subsidios como son la tarifa social, los beneficios por zonas frías, garrafas, entre otros. También habrá nuevos criterios de exclusión que serán más restrictivos que el actual, como la posesión de automóviles, prepagas o compra de dólares.

La aspiración de Chirillo era resolver este frente con la implementación de un nuevo esquema de asignación de subvenciones a partir de la CBE. Primero se iba a aplicar en abril, pasó a mayo, luego a junio y ahora se postergó a noviembre. Mientras tanto, se avanzará en este “esquema de transición”.

La hoja de ruta del Palacio de Hacienda preveía un recorte de 0,5 puntos del PBI este año en el gasto de subsidios a las tarifas, a lo que se sumarían otros 0,2 puntos del PBI por el transporte del AMBA. La cuenta es de entre USD 2.500 y USD 3.000 millones. Pero el empeoramiento de la situación social hizo que Caputo buscara una calibración distinta en el ajuste.

El Gobierno nacional decidió postergar los aumentos de tarifas de gas y electricidad, y la actualización del impuesto a los combustibles que tendrían que verse automáticamente aplicadas a partir de este miércoles primero de mayo.

La decisión partió del Ministerio de Economía con la perspectiva de consolidar la baja de la inflación que, de acuerdo a las estimaciones de consultoras privadas, en abril habría vuelto a ser de un dígito mensual en torno al 8 o 9%.

La postergación abarca a la indexación mensual que había definido la Secretaría de Energía, que conduce Eduardo Rodríguez Chirillo, para evitar un retraso en términos reales de los ingresos de las empresas distribuidoras y transportistas. De igual forma sucederá con la actualización del impuesto a los combustibles del 8% que se evaluaba dividir en dos tramos.

A partir de este miércoles debía empezar a regir la fórmula de actualización mensual de las tarifas. Sin embargo, los entes reguladores de ambos servicios, Enargas y ENRE, respectivamente, no publicaron los nuevos cuadros tarifarios a la espera de una definición de Economía.

Por la noche de este martes, la administración libertaria dejó trascender a los medios de comunicación que publicará un Decreto en el Boletín Oficial, a través del cual se diferirá la fecha en la que tendrá efecto la actualización correspondiente.

Los entes reguladores ya tienen calculado cuánto sería la suba que le correspondería a las empresas: 10,69% para las distribuidoras eléctricas, 12,5% para las distribuidoras de gas y 12% para las transportistas de gas.

Economía debía definir si avanzaba con una quita de subsidios para los sectores de ingresos bajos (N2) y medios (N3) en gas y electricidad; si aumentaba el costo que pagan los comercios, industrias y hogares de ingresos altos, y si autorizaba el ajuste mensual de tarifas para las empresas.

Al final, nada de esos sucederá y todo continuará como estaba o peor, ya que la inflación y la devaluación mensual se mantiene al ritmo del 7% y 2% mensual y cada vez más los usuarios residenciales de ingresos bajos y medios demandan más subsidios.

En cuanto a los combustibles, a partir de la norma que se publicará en el Boletín Oficial, el Gobierno definió diferir la actualización correspondiente al cuarto trimestre de 2023 de los Impuestos sobre los Combustibles y al Dióxido de Carbono para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, al 1° de junio de 2024.

De esta manera, la medida garantiza previsibilidad al sector y establece que no habrá incremento alguno, por dichos conceptos, en mayo.

César Rodríguez

Las tarifas de gas en Argentina registrarán un aumento a partir del consumo de este miércoles, con un impacto que comenzará a reflejarse en las facturas a partir de mayo.

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) tiene preparada la resolución con los nuevos cuadros tarifarios, que se publicarán en el Boletín Oficial. Este incremento afectará a todos los usuarios residenciales, comerciales e industriales, aunque variará en magnitud.

La Secretaría de Energía fijó los nuevos valores de producción de gas PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte).Comunicado oficial: https://t.co/8bp7msT2pR pic.twitter.com/u3wrchsA4D

Se espera un incremento de al menos el 150%, con la posibilidad de alcanzar más del 300%.

La Secretaría de Energía reveló la semana pasada los nuevos valores que los usuarios deberán abonar por el costo de producción del gas a partir de este mes.

Según la información proporcionada, en promedio, los hogares de ingresos altos verán aumentar su factura de $2961 a $9271; los de bajos ingresos, de $838 a $2462; y los de ingresos medios, de $1975 a $6375.

Sin embargo, este componente constituye solo uno de los tres factores que impactan en las facturas.

Enargas publicará mañana los incrementos correspondientes a los componentes de transporte y distribución, que representan alrededor del 35% del costo total de las facturas.

Estas tarifas se aplican a las empresas responsables del transporte y distribución del gas desde los centros de producción hasta los hogares. Este aumento será uniforme para todos los usuarios, ya que no hay segmentación en estos componentes de las facturas.

Si se materializan todos estos aumentos, las tarifas en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) podrían aumentar en promedio $8000 en un mes, sin tener en cuenta la reducción de subsidios establecida por la Secretaría de Energía.

Aunque los pedidos de ajuste realizados por las empresas no son vinculantes, se anticipa algún tipo de incremento, dado que la mayoría de las empresas reportaron pérdidas el año pasado debido al congelamiento de sus ingresos en un contexto de alta inflación.

Se espera que el ente que regula el gas apruebe un aumento del 350%, lo que implicaría un incremento en la tarifa final de al menos el 70%.

Benito Geist

El Gobierno nacional definió el incremento del gas desde el lunes 1° de abril, con la quita de subsidios al precio mayorista del insumo, golpeando a todo el espectro de consumidores pero con más fuerza -y antes- en hogares de altos ingresos (N1), comercios e industrias. El ajuste estaría para esos segmentos por encima del 300% y se dividirá en tres tramos, sin contabilizar lo que sucederá con los costos de la distribución y las cargas impositivas que se integran en las facturas.

La decisión se tomó a partir de una resolución de la Secretaría de Energía publicada este miércoles en el Boletín Oficial, en el marco del nuevo cuadro tarifario para usuarios de gas natural por red. La Secretaría de Energía aclaró que los nuevos valores mayoristas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) se establecieron por la quita de subsidios.

Al PIST hay que agregarle los componentes de transporte y distribución (Litoral Gas en el caso de Santa Fe) más la carga impositiva. El ajuste tendrá su primera actualización en abril, la segunda entre mayo y septiembre y la tercera desde octubre a diciembre, de acuerdo con lo dispuesto.

Los aumentos se aplicarán sobre los usuarios residenciales y los denominados "servicio general", de acuerdo con el texto oficial.

Los nuevos valores para los grupos de usuarios son:

– Altos ingresos (N1): Desde abril pasarán a abonar entre US$2,79 y US$2,95 el precio del gas. En mayo, subirán entre US$4,26 y US$4,50 por millón de BTU.

– Bajos ingresos (N2): El precio del gas pasará a US$0,74 a US$0,78, a partir de abril. Actualmente, el valor es de US$0,70 por millón de BTU.

– Ingresos medios (N3): En abril, pagarán entre US$1,10 y US$1,17 por sus bloques de consumo subsidiados. El consumo extra se pagará a precio pleno.

A diferencia de los hogares de altos ingresos, los usuarios de los niveles 2 y 3 no tendrán cambios en los valores del gas durante el invierno ni en la primavera.

El pasado jueves, en la primera sesión de este año del Concejo Municipal, en este caso extraordinaria, entre los temas debatidos se destacó la aprobación del aumento de tarifa de la Cooperativa de Obras Sanitarias (COS), de acuerdo a lo solicitado por la entidad en la audiencia pública celebrada el pasado 16 de enero.

"De acuerdo a lo presentado en el informe de la audiencia pública, donde ningún concejal de la oposición se presentó, veníamos conversando los montos de esta actualización con la Cooperativa y se llegó al 105 por ciento, que es es el número al cierre de balance de junio de 2023, es decir, no incluye todo lo que vino más tarde hasta enero de 2024, que será un 50 por ciento más aproximadamente", desarrolló ante Sur24 el presidente del Legislativo local, Juan Ignacio Pellegrini.

Además, destacó que este incremento "se da en un marco de la fórmula polinómica que regula el contrato de concesión", considerando que voto negativo de los concejales Bruno Taddia y Florencia Giacometti fue "de total irresponsabilidad", ya que "no votan en contra de la actualización en sí, votan en contra de la ampliación y mantenimiento del servicio y votan en contra de los trabajadores de Obras Sanitarias", advirtió.

Suba tarifaria

Vale destacar que en la audiencia pública, la COS expuso el porqué de este incremento. Una de las variables contempladas es la energía eléctrica (costo del consumo en las instalaciones de captación, planta de tratamiento, bombas de impulsión en agua potable, consumo en estaciones elevadoras y otros), que expresan una variación anual del 14,7 por ciento.

Por otro lado, los productos químicos utilizados en la producción y desinfección de agua potable y en el tratamiento de efluentes cloacales tienen una incidencia del 2,26 por ciento en la tarifa.

El rubro Personal, que comprende a todos los trabajadores de las distintas áreas y jerárquicos, es uno de los de mayor incidencia, ya que la variación salarial anual fue del 83,6 por ciento y el porcentaje de incremento resultante en la fórmula polinómica asciende al 44,39 por ciento.

Otro aspecto sujeto a revisión es el de Repuestos para operación y mantenimiento, necesarios para perforaciones, planta de tratamiento, mantenimiento de redes, reparación de equipos y rodados, entre otros. Allí el impactó en la tarifa es del 2,24 por ciento.

Las inversiones en la planta de agua y de redes de agua y cloacas suman en sus ítem 1,09 y 9,18 por ciento, respectivamente. Y finalmente el rubro Administración, Comercial y Otros expresa un 31,7 por ciento, contemplando todos aquellos gastos no comprendidos en las categorías anteriores: comunicaciones, teléfono, viáticos, combustible, asesoramientos, auditoría, amortizaciones, previsiones, limpieza, gastos bancarios, intereses y demás.

Todos esos porcentajes sumados alcanzan el 105,58 por ciento y en la aprobación del Concejo esta cifra se dividirá del siguiente modo: un 80 por ciento en febrero, un 20 por ciento en marzo y otro 5 por ciento en abril.

El resultado de la votación fue seis a dos: votaron de manera afirmativa los ediles oficialistas Juan Ignacio Pellegrini, Santiago Meardi, Guillermo Barbey, Carlos Jordan y Florencia Di Pizio, y acompañó el justicialista Sebastián Roma. En tanto, Micaela Meinero y Verónica Ruiz estuvieron ausentes. Como quedó dicho, se opusieron Taddia y Giacometti. 

Inflación y subsidios

Respecto al momento que atraviesa el país y el consiguiente traslado a los costos e insumos que tiene que enfrentar la Cooperativa, Pellegrini expresó: "Este no es problema de la COS, sino de la terrible inflación que venimos sufriendo hace años en Argentina, donde el responsable no es este gobierno, sino los anteriores".

Por otro lado, se manifestó en contra de lo argumentado por el concejal Taddia, que solicitó que se regularicen los subsidios por parte de la Provincia. "No se puede supeditar un aumento tarifario a un compromiso del gobernador que hace pocos días asumió", aunque al mismo tiempo aseguró que "vamos a trabajar para que la Provincia aporte al funcionamiento de la Cooperativa", aseguró.

Vale destacar que en la sesión del jueves, el Concejo aprobó un proyecto de ordenanza para aceptar la transferencia de $ 88.887.030,76 en concepto de "Aporte no Reintegrable" otorgado por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe para ser cedido a la COS, que lo aplicará a la adquisición de bombas a utilizar en la prestación de sus servicios. 

 Neutralidad

Al momento de la mencionada sesión, en paralelo, en el Congreso de la Nación se debatía por segundo día consecutivo la Ley Ómnibus. Por esta razón, un grupo de vecinos se acercó al recinto para solicitar a los concejales que tomen una posición al respecto. 

Ya el pasado diciembre habían ingresado dos resoluciones de la oposición para que el cuerpo se expida. Ante el nuevo pedido, desde la mayoría legislativa decidieron no poner en debate esta temática y el concejal Pellegrini explicó: "Primero hay que esperar que el Congreso se expida y los legisladores que nos representan están trabajando en ese sentido; además el gobernador hizo un esfuerzo muy grande para que las economías regionales no sufran cargas impositivas que las perjudique", manifestó.

Por otro lado, aportó que "no es sí o no, y estos vecinos quieren que nos expidamos por sí o por no, y es parte de la democracia pensar que se puede tener otra interpretación de los hechos. Nosotros creemos que hay situaciones de la ley y del decreto que están bien y otras que rechazamos y que estamos trabajando para llevar un dictamen unificado por parte de la provincia de Santa Fe".

Producto de la audiencia pública de Enargás realizada el 8 y 9 de enero, en las últimas dos semanas ese combustible ocupó el centro de la escena informativa en la discusión de las tarifas. Pero hay más, a fin de mes será el tuno de la energía eléctrica y el 29 de enero se discutirá el valor del megavatio en nivel mayorista que impactará en las facturas de la Epe en Santa Fe.

Como se verá más abajo, también será clave lo que ocurra con el valor del gas para las petroleras, ya que en el mejor de los escenarios cubren como mínimo el 45% de la generación de energía eléctrica y han llegado a representar hasta el 60%. Un primer dato: el gobierno nacional les concedió a la nafta y el gasoil precios que cada vez se acercan más a los del mercado internacional medido en dólares; si sucede algo así con el gas natural y aunque sea por etapas, como se ha prometido desde la Secretaría de Energía de la Nación, el precio del megavtio también tendrá ese caro componente.

Entonces, lo que defina el gobierno nacional sobre el mercado eléctrico mayorista tendrá como base lo que antes haga con el gas que se quema para producir electricidad.

Más allá del crecimiento de fuentes limpias como las energías renovables y la nuclear, el clima es decisivo para la otra gran fuente de generación: las hidroeléctricas que producen los kilovatios más económicos. Tanto las estatales sobre el sistema fluvial del Litoral como las privadas y públicas de cuencas junto a la Cordillera de los Andes. Buenas nevadas y caudales generosos en el alto Paraná significan energía eléctrica más económica.

Ante sequías o paradas programadas de las centrales nucleares, la generación de electricidad por vapor producido al quemar gas se define bajo una sigla M BTU, el millón de unidades térmicas británicas o British Thermal Unit, la cantidad de calor necesaria para elevar en un grado Fahrenheit la temperatura de una libra de agua.

El gobierno todavía no ha dicho cuánto costará el M BTU por lo que la discusión de las tarifas de la distribución y el transporte representan apenas una porción muy menor de lo que pagarán los usuarios finales, y por supuesto, de cuánto aumentará el GNC, el principal combustible para el transporte de pasajeros de taxis y remises, y de mercaderías livianas y alimentos en las ciudades.

La concesionaria para la provincia de Santa Fe y el norte del Gran Buenos Aires indicó el 8 de enero que en las boletas que llegan a los hogares el precio del gas, lo que se usa para pagar a las petroleras es el 65 %, otro 16% es para el transporte y la distribución significa un 19 %. Del primer asunto el Estado hoy paga "dos tercios del costo del suministro del gas actual", según el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo.

Su propuesta es lo que el funcionario llama "el traslado gradual total" de esas cargas desde el Estado a los usuarios "en función del precio que resulta del tipo de cambio", de la siguiente manera: "33% desde el 1º de febrero de 2024; 33% desde el 1º de marzo; y 33% desde el 1° de abril". Dicho crudamente, el gobierno quiere que los usuarios paguen esos dos tercios para el otoño y el invierno próximos.

En las dos primeras semanas de enero la discusión pública de tarifas de los sectores del transporte y la distribución involucraron cifras que para los santafesinos son importantes y anticipan en pocas palabras que se duplicarán y hasta triplicarán los valores (ciertamente bajísimos) de las tarifas finales para los usuarios residenciales del mapa de la bota. Las concesiones, regulaciones y las políticas energéticas de todo el sector gasífero son nacionales.

Restan las decisiones finales sobre el aumento tarifario por parte de las autoridades nacionales sobre el costo del gas, que ya han anticipado un fuerte recorte sobre los subsidios al gas natural que hoy llega a los usuarios con ingresos altos (N1), medios (N3) y bajos (N2).

En pocas palabras: restan las decisiones finales sobre el aumento tarifario por parte de las autoridades nacionales sobre el costo del gas, que ya han anticipado un fuerte recorte sobre los subsidios al gas natural que hoy llega a los usuarios con ingresos altos (N1), medios (N3) y bajos (N2). Ahora se sumarán (habrá que ver cómo) los ingresos de los convivientes por hogar para establecer si una vivienda merece o no ayudas nacionales. Se llegará sólo a situaciones de "vulnerabilidad", es la definición de la Casa Rosada. En el caso de Santa Fe en el primer grupo está el 43%; en el segundo el 25% y en el tercero el 32%.

La Empresa Provincial de la Energía, con su conducción actual, decidió sólo tomar en parte el aumento de tarifas atrasadas de 2023 que pudo haber actualizado sin celebrar otra audiencia pública. Fue del 10% la suba por una "cláusula gatillo" que se dispara con la inflación que, por sus niveles récord, pudo haber llegado hasta un 20%. Seguramente, una decisión política más que técnica morigeró el impacto de la suba en distribución a la espera de lo que hagan las nuevas autoridades nacionales.

La pregunta es ¿Cuánto costará a la Epe el megavatio que luego distribuye y cobra a los usuarios finales santafesinos? Un nuevo precio estacional de la energía eléctrica buscará reflejar el costo real de la generación, encarecido después de la devaluación ya que en un 80% está atado al valor del dólar oficial. Todo el sistema eléctrico requiere equipos que se importan o producen en el país atados al billete verde.

Un nuevo precio estacional de la energía eléctrica buscará reflejar el costo real de la generación, encarecido después de la devaluación ya que en un 80% está atado al valor del dólar oficial. Todo el sistema eléctrico requiere equipos que se importan o producen en el país atados al billete verde.

Mientras tanto, cabe recordar que ya están divididos en tres grupos o "niveles", según el término usado por la segmentación de la demanda.

Por estos días la TV nacional, las radios de Capital Federal y la prensa escrita abundarán sobre la discusión tarifaria de la distribución en el mercado eléctrico que tiene la demanda más concentrada del país, el Área Metropolitana de Buenos Aires, el Amba, que suma al gran Buenos Aires y la capital federal. La audiencia pública del viernes 26 de enero importa solo a porteños y bonaerenses del Conurbano, no en el interior del país. Referirá a la retribución para las empresas privadas Edenor y Edesur, subsidiadas por el conjunto de los argentinos por tratarse de concesiones nacionales (al igual que el servicio de agua potable y cloacas provisto por la estatal Aysa).

Nada curiosamente, tanto el gobierno de Cristina Kirchner, como el de Mauricio Macri y el de Alberto Fernández luego se las ingeniaron para fracasar en el siempre anunciado propósito de transferir a las jurisdicciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y esa Provincia la concesión de los servicios públicos en manos de la Nación. Se llegó incluso a formar un ente de ambas jurisdicciones, pero ya se lo desintegró con la excusa de la pandemia y no se avanzó en el paso final.

A los santafesinos y a todas las provincias (también a los bonaerenses fuera del Conurbano) les debe interesar qué ocurrirá en otra audiencia pública, la del lunes siguiente, del 29 de enero. Allí se tratará la adecuación tarifaria del transporte de energía eléctrica (las empresas que llevan los megavatios en alta tensión por líneas en todo el país) y la parte del león: el precio del megavatio.

Las facturas eléctricas tienen 3 componentes, similares a los de la boleta del gas, el precio de la electricidad lo determina la Secretaría de Energía de Nación, la tarifa del transporte el Ente Nacional Regulador de la Energía Eléctrica (Enre), pero la diferencia se da en que el tarifa de distribución para los kilovatios se fija en cada provincia, no está centralizada a nivel nacional como en gas.

Rodríguez Chirillo ha anticipado que el gobierno de Javier Milei buscará en cuestión de meses "limitar los subsidios solamente a los sectores más vulnerables y estableciendo volúmenes máximos de energéticos subsidiados", mediante una "Canasta Energética Básica, por zona bioclimática", es decir según su temperatura.

Las distribuidoras y transportadoras de gas natural presentarán este lunes sus propuestas de aumentos en las tarifas públicas del servicio, en una audiencia pública que se realizará de manera virtual y será el punto de partida para una serie de ajustes mensuales que comenzarán a aplicarse a partir de "febrero o marzo", de acuerdo con lo adelantado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

La audiencia pública 104, convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) a través de la resolución 704/2023, comenzará a las 9 y contará con la participación de expositores en representación de empresas distribuidoras y transportadoras, asociaciones y cámaras sectoriales, entidades de defensa de usuarios y consumidores, legisladores e intendentes.

El orden del día identifica a 124 expositores, aunque sólo podrán hacer uso de la palabra 108, ya que 16 son oradores alternativos de diferentes entidades.

En base al cronograma del evento, el primer expositor asignado será el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo; a quien seguirá Martín Vauthier, en representación del Ministerio de Economía.

Entre los inscriptos también figura el ex ministro de Obras Públicas y actual titular de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, entre otros expositores.

Si todos los inscriptos hacen uso de la palabra y emplean el tiempo disponible asignado, la audiencia podría prolongarse al menos un día más, ya que serían necesarias por lo menos 19 horas de exposición continua.

La convocatoria especifica siete puntos para ser abordados, entre los que se destaca la "determinación de un índice de actualización mensual para las tarifas del servicio público de transporte de gas natural y del servicio público de distribución de gas por redes".

De esa forma, los incrementos de realizarán paulatinamente a lo largo de todo 2024, en una modalidad que podría extenderse por dos años más, si se tiene en cuenta que Caputo sostuvo que la reducción de los subsidios a los servicios públicos (entre los que los energéticos son los principales por su monto) se llevarán a cabo de manera paulatina a lo largo de tres años.

Los seis puntos restantes son la adecuación transitoria de las tarifas del servicio público de transporte de gas natural; la adecuación transitoria de las tarifas del servicio público de distribución de gas por redes; el traslado a tarifas del precio de gas comprado en los términos de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución;el tratamiento de la incidencia del costo del flete y/o transporte de Gas Licuado de Petróleo (GLP) respecto de las localidades abastecidas con gas propano/butano indiluido por redes; el tratamiento de la incidencia del precio del gas en el costo del gas natural no contabilizado (GNNC) y, por último, la reversión del Gasoducto Norte.

La decisión busca atacar uno de los focos que explicaron el déficit público durante los últimos años, cuyo impacto en las cuentas del Tesoro durante el gobierno de Alberto Fernández se intentó morigerar con la implementación de una segmentación de acuerdo con el nivel de ingresos de los usuarios.

Hace un par de semanas, en declaraciones televisivas, el ministro Caputo adelantó la decisión de encarar a la brevedad el proceso de audiencias públicas para abordar el tema tarifario y de subsidios, por lo que entendió que recién "para febrero o marzo"se podrían poner en marcha los nuevos números.

El nuevo esquema de subsidio a la demanda contemplará para los sectores más vulnerables un umbral de consumo a definir -tanto en gas como en electricidad- a partir del cual, todo el excedente se facturará a tarifa plena.

"El recorte de subsidios son 2 puntos del PBI, más o menos el 40% del déficit. No se puede decir en energía cómo va a terminar la tarifa porque vamos a un esquema diferente, con un esquema de optimización de las empresas. Se va a subsidiar la demanda. En vez de dar a las empresas se va a ayudar al que menos tiene", afirmó Caputo.

Las compañías prestadoras del servicio de distribución (Gasnor, Litoral Gas, Camuzzi Gas Pampeana, Camuzzi Gas del Sur, Distribuidora de Gas Cuyana, Distribuidora de Gas del Centro, Metrogas, Naturgy BAN y GasNEA), subdistribución (Redengas) y transporte (TGN y TGS) ya presentaron sus propuestas de adecuación tarifaria, que pueden consultarse en el apartado "Material de consulta" de la página web del Enargas.

Si bien se presentaron propuestas de ajustes tarifarios que superan el 350%, debe tenerse en cuenta que la audiencia pública no es vinculante, es decir que la Secretaría de Energía puede tener en cuenta o no esos pedidos.

Por otra parte, la decisión de aplicar un índice de actualización mensual deja en evidencia que los incrementos no se harán de una sola vez sino de manera paulatina.

Para completar, hay que considerar las complicaciones propias del servicio de gas natural para determinar un valor promedio, ya que hay tres niveles de segmentación de usuarios, diez distribuidoras y una subdistribuidora divididas a su vez en 25 subzonas y, por último, ocho categorías residenciales, de lo que resultarían más de doscientas tarifas diferentes.

Como cuarta variable, la estacionalidad de la producción y el consumo de gas natural incide a su vez en el nivel de cobertura de la tarifa sobre el costo de explotación.

Esas diferencias fueron señaladas en el "Monitor de subsidios a la energía de la Administración Nacional" que elabora la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Por ejemplo, en 2022 la cobertura promedio fue del 69%, con extremos del 40% en julio y 87% en noviembre.

Al margen de esos altibajos estacionales, el seguimiento de la relación entre tarifas y subsidios de los últimos años permite identificar cuatro períodos: hasta 2015, con una alta participación de los subsidios y niveles tarifarios que no llegaban a cubrir la mitad de los costos de explotación; entre 2015 y 2019 con un cambio de tendencia que duplicó la cobertura tarifaria; y desde entonces hasta la actualidad, con dos etapas dentro de la presidencia de Alberto Fernández.

En ella, en un principio se retomó el congelamiento tarifario con el consecuente aumento de la proporción de subsidios, pero luego, con la segmentación en tres niveles de usuarios, se aplicó la tarifa plena para los de mayor poder adquisitivo, con una menor cobertura tarifaria para los otros dos segmentos.

Este martes se publicó oficialmente un nuevo cuadro tarifario correspondiente a los peajes de rutas, autovías y autopistas de administración nacional en Argentina.

El mismo se presentó en el Boletín Oficial de Nación con autorización de la Dirección Nacional de Vialidad a través de la Resolución 3048/2023, la Resolución 3049/2023 y la Resolución 3050/2023.

El valor de los peajes para la categoría 1 en corredores nacionales promedio será de $300 desde el próximo jueves.

Si bien se han publicado los números este martes, el Boletín indica que “los Cuadros Tarifarios que se aprueban por el artículo 1º de la presente resolución, tendrán vigencia a partir de darse a conocer a los usuarios a través de su publicación durante DOS (2) días corridos, en por lo menos DOS (2) de los principales medios periodísticos de la zona de influencia, de manera previa a su aplicación”.

En lo que respecta a las otras categorías en los peques de base de las rutas nacionales, los precios son los siguientes:

En Boletín indica además: “Los porcentajes de incremento que surgen de los nuevos cuadros tarifarios propuestos se ajustan a los lineamientos indicados por esta Administración General, resultando inferiores a las variaciones del índice de precios (IPC) acumulados hasta noviembre 2023 (fecha de aplicación de la actualización de los cuadros tarifarios), computado desde principios de 2020”.

El gobierno nacional autorizó este martes aumentos mensuales hasta fin de año en televisión paga, telefonía e internet. Las licenciatarias podrán aplicar sucesivos incrementos de hasta un 4,5% desde mayo hasta diciembre de 2023.

La medida fue tomada por el Ente Nacional de Comunicaciones y publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 557/2023. Lleva la firma del presidente de Enacom, Claudio Ambrosini.

“Sin desatender el diálogo con el sector, advirtiendo que el último incremento autorizado por este ENACOM fue de aplicación sucesiva y mensual en el período comprendido entre enero y abril de 2023; corresponde autorizar nuevos incrementos con similar aplicación a partir de mayo y hasta diciembre de 2023, evaluados en el contexto económico y dificultades que se atraviesan para todos los actores involucrados, prestadoras y público usuario”, reza el texto.

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“Siguiendo ese temperamento, los requerimientos de nuevos aumentos se fundamentan a partir de los mayores costos y el impacto de las oscilaciones de las principales variables económicas en la operatoria de las Licenciatarias durante los meses transcurridos desde el inicio de la reglamentación de precios minoristas”, sumaron.

Y agregaron: “A partir del primer día de cada mes posterior a mayo de 2023, sucesivamente y hasta diciembre de 2023 inclusive, las Licenciatarias aludidas podrán aplicar un nuevo incremento mensual en un porcentaje de hasta el 4,5% sobre los mismos precios, tomando como referencia los valores actualizados al último día del mes anterior”.

Luego, remarcaron: “Cualquier incremento sobre los precios minoristas que hubiese sido aplicado por las Licenciatarias de Servicios de TIC o DTH (TV Satelital) y que supere los valores expresamente autorizados (…) deberá ser reintegrado a sus usuarios y usuarias en la próxima factura a emitir, con actualización e intereses sujetos a la misma tasa de interés que aplican a sus clientes por mora en el pago de facturas”.

“En aquellos casos en los que algún usuario o usuaria no abonare su factura con incrementos superiores a los autorizados, las prestadoras deberán abstenerse de computar los plazos legales vigentes para proceder a la suspensión del servicio ni aplicar, con causa en dichas facturas, las demás disposiciones vigentes”, finalizaron.

Previo a esta normativa, el último aumento autorizado había sido el de la Resolución 2494/2022, en la que le daba permiso a las licenciatarias a aplicar una suba en precios minoristas de hasta 4% desde el 1º de enero de 2023, sobre el valor vigente al 31 de diciembre de 2022.

A partir del 1º de febrero, se sostuvo el 4% permitido, mientras que el 1º de marzo y el 1º de abril ese aval descendió al 3,5% cada mes.