Luego de la quita de subsidios a la luz y el gas oficializada este miércoles, desde julio las tarifas aumentarán todos los meses. El gobierno pondrá en marcha un sistema de ajustes en base a las expectativas de inflación futura, con el objetivo de limitar el impacto de los incrementos en las facturas en caso de que se mantenga la desaceleración de los precios minoristas. El mecanismo será definido en las próximas semanas por el Ministerio de Economía que busca el mejor “timing” para las subas.

En paralelo, la Secretaría de Energía de Eduardo Rodríguez Chrillo trabaja en un nuevo modelo de facturas. La idea es que los usuarios sepan cuál es “costo real” del servicio público y la magnitud de las subvenciones que reciben del Estado nacional. La premisa es reducir el exceso de consumo y extender la discusión sobre el gasto público.

Por lo pronto, desde junio los usuarios residenciales comenzarán a pagar más por la electricidad y el gas que consumen según las resoluciones que publicó este miércoles Energía en el Boletín Oficial, que implica aumentos de hasta 155 por ciento. Las tarifas se componen de cuatro ítems: impuestos, transporte, distribución y el costo de la energía. Los subsidios son las diferencia entre este último ítem y lo que pagan los usuarios.

Con este aumento los usuarios comerciales, industriales y residenciales cubren un 65% del costo real de la electricidad y podríamos llegar a 70% promedio. Hasta mayo la cobertura llegaba al 45% promedio, según detallaron fuentes de Energía. La intensión oficial es que para el año que viene todos paguen el 100% de lo que vale el servicio, pero al menos en estos seis meses se avanzará en este “esquema de transición” que podría extenderse seis meses más.

“Es importante que los N2 y N3 contribuyan a cubrir los costos del sistema. Las cosas no valen lo que la gente puede pagar, valen lo que valen. Los subsidios sí se tienen que otorgar en base a la capacidad adquisitiva”, explican en el gobierno.

El ministro de Economía, Luis Caputo, decidió suspender los aumentos mensuales que estaban previstos para los componentes de transporte y distribución con el objetivo de avanzar primero en quita de subvenciones con un menor impacto. Se suspendió el incremento de mayo y se hizo lo mismo en junio, aunque desde julio comenzará un nuevo sistema. Es cierto que en el inicio del año la recomposición que recibieron esas empresas, tras el congelamiento del gobierno anterior, fue en algunos casos mayor al 500 por ciento.

“Es una cuestión de timing. En el primer cuatrimestre se juntaron subas en luz, gas, agua y transporte, entre otras. El horizonte que tenemos no cambia, vamos acomodando las cosas”, reconoció un funcionario que trabaja en la implementación.

La premisa del Gobierno es avanzar en su hoja de ruta fiscal, pero con un ritmo más gradual “teniendo en cuenta el contexto y la búsqueda de consolidar la inflación. Es por eso que en Energía resaltaron que podría haber más quita de subsidios en caso de que la situación social, reactivación en el segundo semestre mediante, lo permita e incluso podría aumentarse si la coyuntura así lo pide.

La hoja de ruta fiscal de Caputo preveía una reducción del gasto en subsidios a la energía de 1,5 puntos del PBI de 2023 a 1% del PBI este año. En la Secretaría de Energía comentaron que la reducción podría ser al 0,8% del PBI, casi a la mitad, en un escenario favorable.

Los aumentos de enero de las empresas de medicina prepaga rondaron el 40% y se estima que las cuotas subirán entre un 21% y 28% en febrero, de acuerdo a la Unión Argentina de Salud (UAS). La situación se complejiza en medio de anuncios de copagos por parte de prestadores y de cautelares judiciales.

A estos incrementos se le suma la posibilidad de que distintos prestadores cobren copagos. Por ejemplo, la Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires (FABA) indicó que los bioquímicos comenzarán a “cobrar un bono adicional compensatorio, a los afiliados de las prepagas que no han actualizado sus aranceles con el sector, con el fin de no dejar de atender a los pacientes y poder afrontar los gastos que las prestaciones implican”. El adicional será de $5.000 y afectará a 1 millón de usuarios. 

En este marco, el presidente de dicha entidad, Claudio Cova, aseguró que durante 2023 “se registró un aumento de los salarios de los empleados de los laboratorios nucleados bajo el Sindicato de Personal de Sanidad, según la paritaria de abril-diciembre, de 137%; los insumos y reactivos sufrieron un incremento promedio del 360%, los alquileres un 200% y el IPC interanual alcanzó el 211,4%”.

“En este mismo lapso, las empresas de medicina prepaga otorgaron, a los prestadores bioquímicos un incremento de aranceles de 131%, monto claramente insuficiente para hacer frente al servicio que brindamos a sus beneficiarios”, agregó.

En este contexto, la jueza federal Martina Isabel Forns, a cargo del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial Contencioso Administrativo número 2 de San Martín dictó una medida cautelar contra el aumento de los servicios a una jubilada que presentó un recurso de amparo.

La mujer de 78 años alegó “que la cuota que se encontraba abonando conforme la factura que acompaña por el mes de diciembre de 2023 se incrementó primero en un 40% para el mes de enero de 2024, luego recibió otra comunicación de la demandada para el mes de febrero del corriente año con un nuevo incremento del 29,5% y que conforme a las constancias adjuntadas sus haberes previsionales por el período 12/23 ascienden a la suma de $323.089,39, por lo cual le resulta imposible afrontar dicho pago”.

Por su parte, la magistrada ponderó el riesgo que “conllevaría a la falta de cobertura médica necesaria, según denuncia, por su edad y ponderando que de acuerdo a las constancias de la causa percibe un haber previsional que asciende a $323.089,39, el aumento implicaría una erogación de aproximadamente la mitad de su haber.

Si bien el fallo rige solamente para su caso, sienta precedente para otros.

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a través de la Resolución 1607/2023 autorizó la asignación de un estímulo económico de carácter excepcional a favor de los prestadores de servicios de transporte de personas con discapacidad.

El estímulo económico será equivalente al 25% de la facturación presentada por el período julio 2023. Esta medida alcanza a las prestaciones de transporte brindadas a través del Programa Federal de Salud Incluir Salud de la ANDIS, de las obras sociales en el marco de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), y del PAMI para las prestaciones por discapacidad.

El gasto que demande el estímulo económico de excepción será atendido con cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 20-01 SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN - Entidad 917 - AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD.

La ANDIS tomó la medida porque uno de los objetivos que tiene es garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

Además, señala que el contexto económico actual generó mayores costos operativos para los prestadores de servicios de transporte de personas con discapacidad. Por otro lado, reconoce que estos prestadores son, en su mayoría, emprendimientos unipersonales y/o de envergadura menor.

La resolución es una medida importante para garantizar el acceso al transporte de personas con discapacidad. El estímulo económico ayudará a mitigar los efectos del contexto económico actual y a asegurar la continuidad operativa de las prestaciones de transporte.

Puntos importantes de la resolución:

Objetivo: garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

Destinatarios: prestadores de servicios de transporte de personas con discapacidad.

Monto: 25% de la facturación presentada por el período julio 2023.

Alcance: prestaciones de transporte brindadas a través del Programa Federal de Salud Incluir Salud de la ANDIS, de las obras sociales en el marco de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), y del PAMI para las prestaciones por discapacidad.

Las tarifas de diversos servicios básicos sufrirán aumentos durante el mes de febrero. El Ministerio de Economía convalidó esta dinámica, con el objetivo de que el atraso de los mismos respecto a la inflación general no signifique un costo fiscal mayor que pueda comprometer los objetivos del acuerdo con el FMI.

Así, luego del 94,8% de inflación que registró el 2022, este año el titular del Palacio de Hacienda, Sergio Massa, afirmó que buscará que la cifra de abril sea menor a 4%, así como cerrar este año con un nivel de precios similar a 60%.

El mayor impacto lo tendrá la actualización de las tarifas de energía para los segmentos a los que les corresponda la quita de subsidios, pero también habrá incrementos en combustibles, prepagas y alquileres, entre otros.

Los usuarios residenciales de luz, comprendidos en los niveles 1 de ingresos altos y 3 de ingresos medios, percibirán en sus facturas un incremento promedio de un 14% en el servicio eléctrico.

En cuanto a las facturas de gas aún tienen incrementos tarifarios pendientes de definición. El pasado 4 de enero se realizó una audiencia pública que aseguró una suba del servicio de gas para febrero, pero aún está pendiente el anuncio oficial del porcentaje exacto, dado que se incrementa de manera diferencial en función de los segmentos de la cadena de distribución de gas que se actualice más: ya sea generación, transportación o distribución.

Según adelantó la secretaria de Energía, Flavia Royón, durante 2023 habrá una única actualización en el costo del insumo de 28,3% para aquellos usuarios que perciban ingresos altos y medios. Aun así, esta norma no alcanzaría a un universo de 3,5 millones de usuarios de bajos ingresos, que quedaron encuadrados en el Nivel 2 de la segmentación tarifaria vigente.

A partir de febrero de 2023 se comenzará a aplicar una nueva fórmula de aumento de las cuotas, vinculada al índice de variación salarial (Ripte).

Por un plazo de 18 meses, el incremento tendrá como tope máximo el 90% del índice Ripte del mes anterior para quienes tengan ingresos netos inferiores a seis salarios mínimos, vitales y móviles ($406.458 en febrero). Tomando este componente:

El aumento a aplicar por las prepagas será de 4,91% en febrero para quienes se encuentren por debajo del tope.

Mientras tanto, para los titulares que superen dicho monto, se tomará en cuenta el Índice de Costos de Salud, lo que implicará un aumento de 8,21%.

Para obtener el beneficio se deberá completar una declaración jurada mensual, a través de la página de AFIP.

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) autorizó incrementos escalonados de hasta 9,8% en febrero y 7,8% en abril para los servicios de telefonía, Internet y televisión por cable.

Estos porcentajes de aumentos aplican, en general, para PyME, cooperativas y pequeñas empresas, ya que las grandes firmas del sector recurrieron a amparos y medidas cautelares que les permitieron incrementar sus facturas por encima de los porcentajes determinados por el ente regulador.

En función de lo que rige bajo la Ley de Alquileres, que contempla la suba en función al Ripte y al IPC medido por el INDEC, los inquilinos cuyos contratos tengan que realizar la actualización anual en febrero de 2023 recibirán aumentos de 85,88%.

Según el esquema de aumento de los precios de la nafta y el gasoil acordado a través del programa Precios Justos, los combustibles tendrán un incremento de 4% durante febrero y otra suba de 3,8% en marzo.