Por decreto, el presidente Javier Milei, prorrogó el estado de emergencia para el sector energético bajo su órbita en materia de generación de electricidad y su transporte en alta tensión, en todo el país, y en distribución solo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Edenor y Edesur). Y lo mismo para todo el sector de extracción, gasoductos y redes de distribución de gas natural en el ámbito nacional.

El decisorio 1023 publicado en el Boletín Oficial de la Nación es una forma de reconocer que la transformación prevista para 2024 solo se cumplió parcialmente. Es cierto, cayó 38% lo que el Estado Nacional destina a subsidios a los precios mayoristas en generación de energía eléctrica y del gas natural en el punto de inyección a los gasoductos. Sin embargo, la gestión libertaria está aún lejos de sus deseos: que haya menos regulaciones en la provisión de energía al país y que los intereses contrapuestos de empresas concesionarias -preferentemente privadas- y usuarios bajo un régimen monopólico conformen un mercado.

En camino a ese objetivo, que en la práctica solo pudo verificarse parcialmente durante la Convertibilidad de los '90, sigue muy distante la meta de que los usuarios residenciales de las capas de ingresos medios y bajos paguen algo parecido a la tarifa plana, es decir, sin subsidios. La realidad de los ingresos paupérrimos de amplios sectores, la aparición del fenómeno de trabajadores con empleos formales en blanco que no superan la línea de la pobreza y sobre todo el cuidado de un objetivo superior, bajar la inflación, han pospuesto lo que se creyó poder ejecutar en 2024.

Es significativa la fecha que ha elegido la presidencia para que rijan las tarifas denominadas "reales", es decir, capaces de cubrir los costos de generación, transporte y distribución. El 9 de Julio es una fecha señalada en el almanaque de La Libertad Avanza a partir de los acuerdos firmados con los gobernadores en la histórica Casa de Tucumán de 1816. Y si algo está claro (fuera del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense) es que un retiro nacional de subsidios en energía eléctrica supone más presión sobre el tesoro de las provincias. La experiencia demuestra que cuando los usuarios de más bajos recursos, por el motivo que fuere, no pagan sus boletas sencillamente se enganchan de manera irregular al servicio eléctrico.

Con el gas natural, los niveles de cumplimiento y pago son en general bastante mejores, como más acomodadas económicamente las áreas urbanas que suelen contar con ese combustible tan económico en términos relativos frente al gas envasado u otros.

Por estos meses, las distribuidoras provinciales, públicas y privadas, de todo el país comienzan a experimentar los resultados de la decisión nacional de quitarle los subsidios a los usuarios residenciales de bajos o muy bajos ingresos que nunca completaron sus declaraciones juradas ante el Registro de Acceso a los Subsidios de la Energía (RASE).

Servirá de muestra para saber a qué atenerse para cuando se complete la quita de subsidios, a mediados del año próximo según lo que espera concretar la Nación.

Desde mucho antes del 4 de septiembre pasado, la fecha tope, hubo una campaña de divulgación, recomendaciones oficiales y esfuerzos varios para que los hogares cumplan con el RASE. Se trata de quienes accedían a las ayudas nacionales solo porque la administración los inscribió al cruzar bases de datos sobre planes sociales y otros indicadores. Pero en Santa Fe quedaron sin anotarse 168 mil viviendas y hoy están en condiciones de perder el subsidio.

Y esa cifra es apenas una parte del problema, en total 546 mil usuarios residenciales santafesinos no supieron, no quisieron o no pudieron inscribirse en el RASE. En unos casos, porque pertenecen al nivel N1 de altos ingresos y ese segmento ya paga el 93% del valor de mercado del servicio de energía eléctrica y el 88% del gas natural por redes, pero se ignora cuántos usuarios de sectores medios no inscriptos están realmente dispuestos o en condiciones de pagar tarifas sin subsidios.

El mapa de la bota cuenta con 1.196.357 hogares con el servicio de energía eléctrica, pero de ellos apenas 650.320 volcaron sus datos sobre ingresos, bienes y composición del grupo familiar o cohabitantes de la vivienda en el RASE.

Hoy a las familias más pobres (N2) con servicio regular el Estado Nacional les cubre el 74% de sus primeros 400 kw/h mensuales y el 59% a los de ingresos medios (N3). En cuanto al gas natural los N1 pagan un 88% de lo que usan; los N2, 68%; y los N3, 60%.

Uno de los artículos del decreto nacional de prórroga de la emergencia energética (que se inició en diciembre de 2023 por un DNU) es un verdadero instructivo para funcionarios de la Secretaría de Energía de la Nación.

El punto dos del decreto 1023 dice que esa repartición que depende del Ministerio de Economía de la Nación "debe continuar con la implementación de las acciones necesarias e indispensables" para con los servicios de energía eléctrica y de gas natural por redes bajo la órbita del Estado Nacional.

Y que el fin es "establecer los mecanismos para la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para seguir garantizando la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios de todas las categorías".

La prórroga de la emergencia nacida por Decreto de Necesidad y Urgencia ahora tiene además el paraguas legal que le otorga una norma del Congreso, llamada "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (27.742)". Ahí se dio vía libre para que esas instrucciones se lleven adelante.

Además, el decreto que aparece en el Boletín Oficial de hoy dispuso también prorrogar la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) hasta que se constituya y pongan en funcionamiento sus directorios, que carecen de designaciones.

El aumento del precio mayorista en la energía eléctrica, que dispuso la Casa Rosada por resolución 596 de la Secretaría de Energía de la Nación, tendrá un impacto de entre el 2 y el 3,2% en las boletas finales de la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe.

Así lo indica una resolución de la EPE que muestra la decisión de la distribuidora de trasladar a los usuarios el nuevo precio del kilovatio que compra a las empresas generadoras. En términos más técnicos, no se trata de una actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD) que es la retribución que reciben las empresas distribuidoras, sino la "adaptación del cuadro tarifario" para el mes de septiembre.

En síntesis, los usuarios residenciales (hogares) tendrán diferentes impactos según el segmento al que pertenecen. Así, los usuarios bajo la categoría Nivel 1, de altos ingresos, sin subsidios nacionales, pagarán un 3,2% más en septiembre que en agosto. Por ejemplo, para un consumo bimestral de 400 kwh que en agosto pagó $76.201 para el corriente mes lo hará por $78.633, es decir, $2.432 más.

En cambio para los dos segmentos subsidiados por el Estado Nacional las subas serán menores. En el caso de las capas medias de Nivel 3, para el mismo consumo bimestral de 400 kwh el impacto será de 2,4%. Lo que en agosto les costó a los usuarios residenciales N3 (ingresos medios) $53.097, en septiembre llegará a $54.381, con una suba de $ 1.285. Finalmente, para los hogares más vulnerables, con subsidios del gobierno nacional más altos, el impacto será menor: 2,1%. En el mismo caso de consumo, los usuarios residenciales de Nivel 2 que por agosto pagaron $46.496, abonarán por septiembre $47.453, con un incremento de $957.

En otras categorías no residenciales la suba será mayor. Para los comercios que requieren 1.500 kWh por bimestre y en agosto afrontaron $333.317 en septiembre se les irá a $342.535. El aumento sobre sus costos represenatará $9.218, un 2,8%.

En tanto, las industrias que se abastecen con la Epe (no los grandes clientes que tienen contratos en el mercado mayorista), verán un incremento del 3%. Verbigracia: con 3.500 kwh bimestrales pasarán de $718.815 en agosto a $740.078 en septiembre en sus costos de producción.

Desde la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto enviaron al Concejo municipal un informe de los nuevos cuadros tarifarios de la CEVT a partir de los consumos del mes del mes de agosto, “conforme resolución 084/2024 del Ministerio de Desarrollo Productivo y Resoluciones de la EPE”, detalla el texto recibido vía correspondencia.

El nuevo costo de la tarifa, que tiene incrementos de 1,12% a 2,88%, además contiene el traslado de precios mayoristas establecido por de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación y aprobado mediante Resolución EPE”, comunica la cooperativa local, antes de describir los aumentos trasladados por la Empresa Provincial de Energía, por lo que no es necesaria la aprobación del cuerpo legislativo local, como parte del contrato de concesión.

También se informa que el cargo Ley 12.692 Energías Renovables para el período junio 2024 - noviembre 2024, es de 47,07 $/mes.

Sobre el final del informe, con cuadros explicativos, la CEVT detalla las variaciones de precios y el porcentaje de ajuste del mes de agosto respecto del mes de junio, entre las tarifas puras (sin considerar tasas ni impuestos) de la cooperativa eléctrica, aplicando los cuadros tarifarios de junio y agosto de 2024. 

Mayores ingresos (N1)

De acuerdo a los consumos mensuales (entre 250 y 950 Kwh/mes) el aumento entre junio y agosto será de entre 2,14% y 2,88%. 

Ingresos medios (N3)

En este caso, el aumento variará entre 1,88% (hasta 150 Kwh/mes) y 1,60% (más de 150 Kwh/mes)

Menores ingresos (N2)

El porcentual de aumento entre junio y agosto será de 1,38% para usuarios consumos de hasta 150 Kwh/mes y de 1,12% para los que aquellos que gasten más de 150 Kwh/mes. 

Comercial (UC)

El aumento para usuarios comerciales se ubicará entre 2,20 % y 2,22% de acuerdo a los consumos que puede ir desde 750 a 2450 Kwh/mes.

Industrial (UI)

En el caso del sector de industrias, la diferencia entre junio y agosto será de entre 2,41 y 2,43 por ciento, teniendo en cuenta consumos que van desde 750 a 2450 Kwh/mes.

En tanto para Grandes potencias, el aumento será de 2,10% para consumos mayores a 300 Kw de 2,75% a los menores de 300 Kw.

En lo que debe ser leído como una señal a la clase media cuyos subsidios ya están en tiempo de descuento, el gobierno nacional prorrogó solo a los hogares de bajos ingresos las chances de inscripción para obtener subsidios del sector público en el nivel mayorista de la energía eléctrica y el gas natural por redes. Los usuarios residenciales con ingresos bajos podrán hacerlo hasta el 4 de septiembre; en cambio, los de ingresos medios ya no tendrán cómo reinscribirse.

En otras palabras, solo las familias con peor situación económica que aún figuran por defecto como N1 (altos ingresos) podrán exponer su situación ante el RASE (Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía). Los usuarios residenciales que pertenecen por su posición económica a la clase media, en cambio, ya perdieron su oportunidad de ser considerados bajo esa categoría: N3.

A partir de la primera disposición de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético que depende del Ministerio de Economía (D.1/24) el Rase se congela para la clase media y queda abierto solo para los usuarios residenciales de bajos ingresos que aún no hayan completado el trámite para mantener los descuentos en sus tarifas de luz y gas por redes.

Capas medias y bajas aún engrosan el segmento N1 de altos ingresos ya que cuando se creó el RASE se dispuso que todos los usuarios que no se inscriban serían anotados en esa categoría de la segmentación tarifaria que inició el gobierno nacional anterior, ya cuando se agotaba su último año de gestión.

Así, junto a usuarios residenciales que tienen un buen pasar económico y pagan sus tarifas de los servicios de energía sin subsidios y sin que esas obligaciones superen el 10% de sus ingresos, aún existen otros que deberían haberse anotado en las categorías N2 (ingresos bajos) y N3 (ingresos medios).

En parte, la demora de la franja media en hacer su declaración jurada ante el RASE pudo haberse vinculado a la prohibición de comprar hasta 200 dólares a valor oficial, pero esa restricción terminó hace algo menos de un mes. En el caso de los N2 (familias pobres) que aún figuran como N1 es posible que la falta de acceso a internet, el desconocimiento o la condición de eternos morosos de los servicios provoque que aún no se haya aprovechado la oportunidad de obtener una muy considerable rebaja.

El gobierno nacional anunció en febrero de este año que su política de subsidios para los servicios públicos de luz y gas natural por redes se reducirá a una Canasta Energética en la que solo habrá ayudas para los hogares bajo "pobreza energética", es decir, aquellos que sin ayuda estatal deberían destinar más del 10% de sus ingresos familiares al pago de esos alguno o los dos servicios.

El plan solo es por ahora un anuncio y en su lugar se ha continuado con el esquema que había diseñado la gestión anterior: el de la segmentación tarifaria mediante el RASE, con una progresiva quita de subsidios. Mes a mes, bajo decisiones directamente emanadas del ministerio de Economía, se ha demorado la expulsión de la clase media de las ayudas estatales. Los hogares de ingresos altos (N1) fueron los primeros en quedar con ninguno o un bajo nivel de beneficios en generación de luz y gas. Pero los N3 y N2 aún gozan de esos precios que no reflejan los costos reales de generación y transporte. (La distribución, como la que realiza en Santa Fe la Epe, no está contemplada).

Según la información oficial disponible el 86,7% de los clientes de las Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe son hogares, pero representan un 35% del consumo. El sector, desde el punto de vista de la facturación, representa un 30% de lo que se emite.

En el RASE, a febrero de este año, había 419.268 usuarios residenciales N1 (altos ingresos); 638.354 en el N2 (ingresos bajos y muy bajos); y apenas 200,309 como N3 (ingresos medios).

Según el "Reporte de Tarifas y Subsidios N°16 del Observatorio del Instituto Interdisciplinario de Economía Política que comparten la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), en julio, los subsidios cubrieron el 65% de las tarifas que pagaron los usuarios residenciales N3 (ingresos medios); mientras que en el caso de los N2 (ingresos bajos) la ayuda del Estado Nacional alcanzó al 78%. En el nivel N1 (altos ingresos) el sector público solo cubrió un 20% de los llamados costos reales de generación y transporte en el mercado mayorista.

A propósito de este último sector, el de las empresas que hacen funcionar y mantienen la red de torres y líneas de alta tensión, la Secretaría de Energía de la Nación actualizó sus pagos que inciden en todos los usuarios finales: residenciales, comerciales e industriales, así como en los llamados Grandes Usuarios que directamente contratan su provisión de ese insumo industrial a nivel mayorista.

En la Epe, de acuerdo con una fuente confiable se afina el lápiz respecto del número final con que esa suba impactará en sus complejos cuadros tarifarios. El aumento operó a partir de agosto y para la facturación de ese mes se deberán actualizar esos valores.

Tres niveles

Para la segmentación de los usuarios residenciales en el RASE existen tres tipos de usuarios: N1 (Ingresos Altos: Hogares con ingresos mensuales totales equivalentes o superiores a $ 3.056.091 (3,5 de la CBT, Canasta Básica Total) o ser propietarios de tres o más vehículos con menos de cinco años, tres o más inmuebles, o embarcaciones de lujo. Aplican excepciones en zonas frías con un umbral de $ 3.728.431; N2 (Ingresos Bajos): ingresos familiares menores a $ 873.169 (1 CBT), y pueden poseer un inmueble y, en ciertos casos, un vehículo con menos de tres años; N3 (Ingresos Medios): Ingresos mensuales totales del hogar entre $ 873.169 y $ 3.056.091 (1-3,5 CBT), o poseedores de hasta dos inmuebles y un vehículo con menos de tres años; hogares con personas discapacitadas tienen umbrales ajustados mas altos.

Las políticas comerciales de la Empresa Provincial de la Energía no van a cambiar, al menos en el corto plazo, según confirmó a El Litoral una alta fuente de esa compañía estatal, ante una consulta respecto de la posibilidad de que se cree un nuevo esquema de pago en cuotas.

Tras una serie de análisis internos, la EPE optó por no abrir esa chance para el pago regular de las facturas y en cambio mantener sus convenios para aquellos clientes que no pudieron pagar a tiempo sus boletas. La misma fuente subrayó que esos planes son más económicos desde el punto de vista de la financiación para los usuarios residenciales, en especial, los casos sociales y los jubilados, con hasta 24 cuotas.

La decisión de la EPE contrasta con la de otras dos empresas distribuidoras de la Región Centro, que también están en manos de los gobiernos provinciales. En Córdoba se inició el plan de tres pagos para morigerar los impactos de dos decisiones tomadas por el gobierno nacional, que encarecen la energía eléctrica en todo el país: por una parte la quita de los subsidios a los sectores medios en la segmentación tarifaria y por otro, la actualización del precio del kilovatio en generación y transporte a nivel mayorista.

Luego, en Entre Ríos se adoptó una decisión similar, con idéntico mecanismo: un sistema de préstamos por parte del banco que actúa como agente financiero oficial del Estado entrerriano (en Córdoba, BanCor pertenece a la banca pública provincial).

A todo esto, a las decisiones de los demás integrantes de la RC también se sumaron otros dos estados provinciales ubicados en los extremos geográficos del país: Misiones primero y Tierra del Fuego luego, se anotaron en esas políticas de financiación para un servicio de fuerte componente estacional. Por el calor en un caso, por el frío en el otro.

Santa Fe parece haber optado por confiar en la aún solvente economía de la mayoría de sus usuarios residenciales y en su tradicional criterio de no cortar la luz a quienes se acerquen a las oficinas comerciales de la EPE a financiar sus boletas ya vencidas. Esta última cuestión es clave: los días que se tomaron las autoridades de la compañía santafesina para tomar su decisión se apoya en los datos que acerca un indicador: la tasa de morosidad que hasta ahora no se mantiene casi constante, con un leve incremento que se considera "marginal".

Es en rigor esa posibilidad (la de que se cree una corriente imparable de no pago) la que también precipitó las decisiones de Córdoba, Entre Ríos, Misiones, Tierra del Fuego y también Chaco (con pagos tres pagos mensuales para la luz y el agua del verano) de ofrecer financiación en cuotas antes de que la realidad de los bolsillos flacos degrade a sus históricamente buenos clientes en unos usuarios morosos. O en algo peor, enganchados.

En el ámbito de los servicios públicos, como en otros de la sociedad, no es sencillo recuperar a sectores que caen en la condición de deudores crónicos. Y más a quienes delinquen al hurtar energía eléctrica, por el móvil o la excusa que fuera.

En medio del panorama cambiante, de fuertes tensiones en el ámbito de las prestaciones monopólicas de los servicios públicos, los números de la morosidad le darán o no la razón a la EPE. No otorgar cuotas mientras se pueda, parece ser la consigna de la medida. Pero todo es provisorio en un contexto económico y social complejo.

Siempre es conveniente recordar el fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2016 que atenuó el tarifazo del gobierno de Mauricio Macri. Impuso lo que hoy se rechaza en la Casa Rosada: gradualismo en el ajuste de las tarifas.

En pocas palabras, la justicia advirtió que "el Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables, y evitando, de esta forma, el perjuicio social provocado por la exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales como consecuencia de una tarifa que, por su elevada cuantía, pudiera calificarse de 'confiscatoria', en tanto detraiga de manera irrazonable una proporción excesiva de los ingresos del grupo familiar a considerar, sin dejar de tener en cuenta que un cálculo tarifario desmesurado o irrazonable generará altos niveles de incobrabilidad y terminará afectando al financiamiento y, por vía de este círculo vicioso, a la calidad y continuidad del servicio".

Frente a esa definición que la propia Corte ofrece como síntesis en su página oficial: ¿Es necesario recordar los términos del deterioro de los ingresos y de los salarios en el último medio año? ¿Tan diferente puede ser la situación social y económica de los santafesinos respecto de la de los cordobeses? ¿Son ya tan módicas las tasas de interés de los pagos en hasta dos años para los morosos que desde hace décadas tiene la EPE? ¿Conviene empujar eventualmente a bastos sectores a quedar en rojo en el pago de las boletas y acordar convenios?

MIRÁ TAMBIÉNCórdoba ofrece pagar la boleta de la luz en hasta tres cuotas

De acuerdo con los números oficiales de la segmentación tarifaria, apenas el 15% de los hogares en la provincia de Santa Fe se autopercibe como de ingresos medios a la hora de solicitar la continuidad de los subsidios nacionales en energía eléctrica (N3). Y el dato es de fines de 2023, antes de la mega devaluación y el tobogán al que ha sometido a los salarios el actual gobierno nacional, con un deterioro frente a la inflación aún más pronunciado que en la gestión anterior.

En aquel formulario por internet que debieron completar los usuarios de la electricidad, el 50,5% no dudó en calificarse como de "ingresos bajos" para que siga la ayuda estatal nacional. El trámite tuvo el carácter de una declaración jurada y significó, entre otros efectos, sumarse a la prohibición de comprar hasta 200 dólares mensuales al valor oficial en el sistema bancario que por entonces era muy conveniente frente al "blue", hoy "libre".

Está claro que hasta ahora, los pagos que la maltrecha clase media privilegia con cada mala nueva en el buzón o bajo la puerta de entrada tienen nombre y apellido: lo primero que se paga es el gas y la luz, y otros servicios prestados por empresas privadas en comunicaciones que se sabe que van a cortar por falta de pago. Luego van las tasas municipales y contribuciones provinciales vinculadas a los inmuebles. Mientras esas conductas se mantengan la EPE habrá tomado la decisión correcta. Eso sí, a la fidelidad de los buenos clientes se la debería cuidar mejor con ejemplos concretos de que por fin se aplica la palabra que se propuso instalar la actual gestión: "eficiencia".

Pasadas las 13.30 de este lunes 8 de enero, llegó en la Audiencia Pública convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas Natural (que comenzó a las 9) el turno de la información esperada por los santafesinos: trepa al 390% en la parte de la tarifa que corresponde a la distribución, el pedido de aumento solicitado por la concesionaria para el llamado "margen de distribución" que hoy representa "un 14%" de las boletas finales que pagan los hogares.

La firma reclama la actualización de ese componente de la tarifa y sostiene que desde febrero de 2018 a diciembre de 2023 se registró ese retraso. Entiende que los nuevos valores deberían comenzar a cobrarse a partir de febrero próximo y que luego, mes a mes, debería ser actualizado según el IPIM, Índice de Precios Internos Mayoristas, que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Según el expositor Néstor Molinari, en representación de la firma que actúa en el norte bonaerense y la enorme mayoría del territorio provincial, ese índice "es el que mejor representa la evolución de los costos y otras erogaciones necesarias para el sostenimiento del normal desempeño del servicio".

Como se sabe, el gobierno nacional, a través del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) formalizó la convocatoria para el 8 de enero a audiencia pública para actualizar los precios de las tarifas de gas por redes. El llamado contempla las empresas distribuidoras Gas del Sur, Camuzzi Gas del Sur, GasNor, Gas Cuyana, Gas del Centro, Litoral Gas, Camuzzi Gas Pampeana, Metrogas, Naturgy Ban, GasNea, y las transportadoras Gas del Sur o TGS y Gas del Norte o TGN.

A su turno la concesionaria apoyó la decisión de las autoridades nacionales en materia de energía de dejar atrás el régimen anterior y de "discutir un régimen transicional" para la adecuación de las tarifas a los costos reales del sistema.

Respecto del régimen de segmentación energética vigente, que tendrá cambios de fondo a partir de abril, Molinari explicó que entre bonaerneses y santafesinos el nivel de ingresos más alto N1 es del 43% (sin subsidios en la distribución aunque sí en el precio del metro cúbico de gas) y que es del 32% el sector más pobre de los usuarios, es decir el N2. En el sector de ingresos medios, N3, se encuentra el restante 25% minoritario.

La empresa sostuvo que todos los indicadores superan el aumento de las tarifas de gas desde febrero de 2018 a la fecha. Así, mientras esa variable creció solo 504%, la inflación lo hizo de tal forma en que por ejemplo la nafta súper subió 1349%; el 4.678% el azúcar; o el 2.899% la yerba. Mientras el índice IPIM pedido para los reajustes tarifarios mensuales que pide la concesionaria trepó el 2.346%.

En pocas palabras, la firma ha sufrido "un acelerado y constante deterioro de sus indicadores financieros", un "significativo aumento de los costos de mantenimiento para asegurar la seguridad de las redes" y recibe una retribución cuyo atraso está cerca del 400% según sus propias estimaciones. Afirmó que el adicional que pagarán los usuarios del N1 en febrero será de hasta unos 5.000 pesos más y de otros 3.900 los que corresponden al N3. Comparó esos montos con los costos de otros servicios, como es habitual en las audiencias públicas de luz, agua potable y gas.

En otro orden, destacó además que es una "obra imperativa" la reversión del Gasoducto del Norte y que debe modificarse la normativa nacional respecto del llamado gas natural no contabilizado (GNNC) en una reivindicación sectorial que comparten otras distribuidoras.

El secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, adelantó que a partir del 1 de abril habrá importantes cambios en la asignación de los subsidios a la energía eléctrica y el gas natural por redes para todos los consumidores residenciales que aún cuentan con ayudas del Estado Nacional. Las medidas afectará severamente a la clase media y protegerán "a los más vulnerables", según expresó el funcionario.

En el marco de la Audiencia Pública que discute todos los componentes de la tarifa final del servicio de gas natural por redes, Chirilllo adelantó dos cambios trascendentes para el actual sistema de segmentación tarifaria: por una parte habrá una baja en la asignación de recursos con ese objetivo, es decir, cuánto de las tarifas finales será o no soportado por el sector público nacional; y por otra parte, el Poder Ejecutivo Nacional revisará la totalidad de los ingresos de todos los convivientes de cada hogar, en lugar de considerar solo los del titular del servicio. Se cruzarán los datos existentes en las declaraciones juradas de quienes pidieron mantener los subsidios con otras bases de datos, para así establecer los ingresos "de todos los convivientes de cada hogar", así como si poseen más de una propiedad, automóviles nuevos o bienes suntuarios. El funcionario incluso piensa en cotejar los datos contenidos en el Rase (Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía) con, por ejemplo, la totalidad de planes sociales de cada hogar.

Durante su exposición, en una audiencia que fue completamente virtual, Chirillo dejó en claro el cambio de concepto de los subsidios que solo cubrirán a las situaciones de "de vulnerabilidad". Pese a no poder contar con los cuadros estadísticos que había preparado y los participantes no pudieron ver, por algún problema de conectividad que ni el funcionario ni sus colaboradores pudieron resolver, el panorama que pintó el funcionario es cuanto menos alarmante.

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Afirmó que "la segmentación quedó trunca, por la mitad, se intentó eliminar los subsidios escandalosos" que llegaban a los sectores con los mayores ingresos y el plan del gobierno nacional anterior "no contó con el diseño adecuado" para que los fondos lleguen "a quienes realmente lo necesitan", en situaciones de "vulnerabilidad", un concepto que parece excluir a los sectores medios.

Como se sabe, hasta ahora solo los hogares con ingresos más altos, caracterizados como N1 pagan la totalidad de la tarifa. Y hasta ahora las familias más pobres del N2 cuentan con más ayudas, pero también estas llegan a los minoritarios sectores medios del N3.

La segmentación fue puesta en vigencia en 2022, durante el gobierno anterior, a partir de la llegada de Sergio Massa al ministerio de Economía y que durante su gestión intentó -sin éxito- poner en marcha Martín Guzmán, el primer titular de esa cartera del ex presidente Alberto Fernández.

Ahora el gobierno del presidente Javier Milei avanzará con otra etapa en la quita de subsidios nacionales al considerar una baja en esa cobertura y cambiar la forma como se delimitará el acceso a esas ayudas del tesoro.

Tanto el gas natural en todas sus etapas de producción, transporte y distribución tiene fondos del Estado nacional, como en el valor de la generación y transporte de la energía eléctrica, solo a los usuarios de las categorías N2, los más pobres y N3, la clase media.

Aún sin más cifras que las que oralmente dejó Chirillo indicó que el objetivo central de su gestión consiste en revertir lo ocurrido en la balanza comercial energética de la Argentina, que perdió en la última década 30 mil millones de dólares solo en la compra de gas natural al exterior y en la aplicación de subsidios al consumo interno que hicieron que históricamente el gas en boca de pozo fuera pagado por el Estado Nacional a un precio mucho más alto que el que pagó la totalidad de los usuarios. Puso ejemplos puntuales: los contratos para la producción nacional fueron establecidos en dólares a razón de 3,8 el millón de BTU, que luego las distribuidoras vendieron 1,2 a los usuarios durante 2023.

Indicó que hay una grave merma del gas importado desde Bolivia al destacar que se invertirá el flujo del combustible del Gasoducto del Norte para aprovechar el de Vaca muerta e indicó que con un costo de 1,82 dólares por M de BTU del país hermano la Argentina ha acumulado una deuda de 230 millones de dólares. Y que su gestión ha heredado de la anterior el apercibimiento de corte desde el altiplano.

Antes, advirtió: "prefiero exponer verdades incómodas que mentiras complacientes" que -según se encargó de subrayar- constituyen la causa principal del déficit fiscal. Sostuvo que el Estado realizó "escasa infraestructura" en "forma tardía ineficiente o costosa" como en el "gasoducto GNK y el Gasoducto del Norte".

Describió el enorme costo de comprar gas natural licuado (GNL) en barcos que se descargan en Bahía Blanca para cubrir la demanda del invierno, a un costo de entre 21 y 15 dólares por M de BTU, que los usuarios pagaron a solo 1,8 dólares.

Por Ignacio Hintermeister y Luis Rodrigo

El directorio de la Empresa Provincial de la Energía decide este lunes aplicar desde enero un aumento promedio de hasta el 9,9% en las tarifas de la prestadora, que comenzará a sentirse en febrero y marzo -según los momentos de lectura de los medidores respectivos- en los usuarios de la zona de prestación del organismo estatal provincial.

El ministro de la Producción, Gustavo Puccini, confirmó a El Litoral la realización de la reunión del organismo que preside Hugo Marcucci. Puccini aclaró que el aumento de las tarifas será "uno de los temas" y refirió al aumento no aplicado durante la gestión Perotti, autorizado desde febrero pasado y con la correspondiente audiencia pública que lo convalida.

El gobernador Maximiliano Pullaro dijo en su discurso ante la Legislatura que "encontramos a la EPE con un atraso tarifario deliberado y con déficit financiero mensual desde octubre".

En septiembre, la EPE acumuló un déficit operativo de 8.000 millones de pesos; en marzo ese rojo saltará hasta 30.000 millones de pesos. La secretaria de Energía, Verónica Geese, tiene en sus manos un detallado informe según el cual la EPE equilibraría sus cuentas con el aumento que la administración Perotti postergó.

Pero no será la solución a las cuentas ni a las tarifas en medio de la inflación y el ajuste. Aún resta saber lo que el presidente Javier MIlei no ha develado: por cuánto y cuándo ocurrirá la eliminación de subsidios a la energía, que vienen "disminuyendo" la factura que la EPE le paga a Enarsa para comprarle la electricidad que distribuye.

Un reciente informe de El Litoral detalló que las autoridades salientes han evitado hablar en los últimos meses del tema, aunque extraoficialmente se ha admitido en reiteradas oportunidades que la inflación ya justificaba desde agosto pasado que la Empresa Provincial de la Energía -que ya había incrementado 49,6% sus facturas- añadiera otro 20% al componente del Valor Agregado de Distribución (VAD).

En principio las facturas tienen el VAD más el costo de la energía que la EPE (que no es generadora sino distribuidora) le compra a Enarsa. Ambos rubros impactan además en el componente impositivo de lo que pagan los usuarios del servicio que presta la empresa santafesina.

"Que el gobierno anterior no haya tomado definiciones con la actualización de las tarifas fue una decisión populista parecida a lo que se hacía en el nivel nacional, que se iba retrasando o frenando los aumentos tarifarios por una cuestión más electoral que de criterios de eficiencia de una empresa que tiene que prestar un buen servicio", indicó Puccini en declaraciones radiales.

"No lo digo como excusa, pero sí para compartir un diagnóstico sincero de la situación. Es preocupante, porque un Estado que no toma decisiones va en detrimento de la prestación del servicio. Más frente a un momento muy particular como es el verano, que viene con una combinación de lluvias y calores", concluyó Puccini.

1) La revisión tarifaria, de febrero de este año, creó para la Epe una "cláusula gatillo", que funciona del mismo modo que con los salarios de los empleados públicos: con aumentos automáticos para compensar la inflación.

2) La resolución ministerial respectiva autorizó a la empresa estatal a aplicar un "Índice Ponderado" o "Fórmula de Ajuste Semestral", que contiene una serie de indicadores económicos (dólar oficial, salarios, insumos importados) para calcular esos ajustes.

3) En 2022 el gobierno provincial actualizó las facturas, pero no lo hizo en 2023 pese a que la inflación fue mucho más alta. La suba de tarifas, que pudo anunciarse en agosto y aplicarse en septiembre, hubiera coincidido con el proceso electoral.

4) La autorización de incremento tiene un límite preciso: "hasta el 20%". Ese es el tope del aumento que tiene en preparación la nueva conducción de la Empresa Provincial de la Energía. Inevitablemente también debe sopesar lo que suceda con el valor del insumo en el mercado mayorista por la quita de subsidios desde el gobierno nacional. Cualquier novedad en ese sentido tiene como marco la segmentación tarifaria que creó la gestión anterior para una progresiva ponderación de sus efectos en generación, transporte y distribución de energía eléctrica.

La Provincia de Santa Fe cuenta con un 50,5% de usuarios dentro del Nivel 2, a los que por su bajo nivel de ingresos se les subsidia hasta 600KWh . El aumento que la gestión anterior no aplicó en ese segmento sería de unos $1480 pesos.

En el Nivel 3 están los sectores medios, que mantienen el subsidio -menor- al consumo de energía hasta 400 kWh mensuales; a ellos la actualización promedio les supondría un impacto de $860. n el Nivel 1 -un 33,2% de clientes de la EPE (sectores de mayor nivel de ingresos)- el aumento pendiente les impactará también en unos $860.

Para pequeños comercios el aumento representará unos $ 3.700 y para industrias de magnitud menor unos $4.750, siempre sobre el consumo mensual.

Si bien N2 es el segmento con mayor subsidio, también es el de mayor impacto relativo en los incrementos. Es porque en ese nivel convergen factores como equipos menos eficientes o unidades habitacionales precarias o con menor eficiencia térmica, lo que provoca mayores consumos relativos en el promedio.

La Secretaría de Energía dio a conocer la programación estacional del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para el período noviembre-abril, que no contempla cambios significativos en los precios respecto a los que rigieron entre agosto y octubre, con adecuaciones únicamente para los valores estacionales de algunas de las categorías de mayor poder adquisitivo alcanzadas por la eliminación del subsidio. La medida se dispuso a través de la resolución 884/2023 publicada este jueves en el Boletín Oficial.

En el caso de los niveles residenciales de menores ingresos (Nivel 2) los valores permanecen sin cambios desde el verano del año pasado, mientras que para los de ingresos medios, no poseen modificaciones respecto al esquema anterior del periodo mayo-octubre.

El presidente de la EPE, Mauricio Caussi, informó que “para el nivel 1 (usuarios sin subsidios de altos ingresos), habrá una disminución, según el rango de consumo, entre el 4,8 % y el 6 %. En el caso de los GUDI, con demanda de más de 300 KW, la disminución rondará entre el 6 % y el 8,5 %, según la potencia contratada”.

Caussi dijo que “estas medidas sostienen y profundizan lo que fue la política tarifaria en la provincia de Santa Fe, monitoreando permanentemente la realidad económica y social, de nuestra pequeña y media industria y atendiendo la necesidad de inversiones en la infraestructura eléctrica”.

La EPE recuerda que sigue abierta la posibilidad de inscribirse en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía, a través de la web www.argentina.gob.ar/subsidios.

Cabe consignar que los datos aportados desde Nación, indican en la jurisdicción Santa Fe los siguientes porcentajes:

>> Nivel 1 – Altos ingresos – 33,6 %.Ingresos mensuales totales del hogar equivalentes o superiores a 3,5 canastas básicas para un hogar tipo 2 según el INDEC.

>> Nivel 2 – Ingresos bajos – 51,4 %.Ingresos netos menores a 1 canasta básica total para un hogar tipo 2 según INDEC.

>> Nivel 3 – Ingresos intermedios – 15 %.Ingresos mensuales totales entre 1 y 3,5 canasta básicas para un hogar tipo 2 según INDEC.

Además de la actualización tarifaria, el esquema prevé que, en las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja, San Juan y ahora también en regiones de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, el tope de consumo subsidiado para los usuarios de ingresos medios (Nivel 3) se eleve de 400 kilovatios por mes a 650 kilovatios.

Esto regirá para los meses de verano, de diciembre a febrero próximos.

Para la provincia de Santa Fe, abarca los departamentos del centro norte: 9 de Julio, Vera, General Obligado, Castellanos, Las Colonias, San Cristóbal, Garay, La Capital, San Javier, San Jerónimo y San Justo.

Por medio de la Resolución 405/22, la Secretaría de Energía de la Nación confirmó un nuevo precio estacional de la energía mayorista que prestan las distribuidoras eléctricas, a partir de los consumos del 1° de junio.

De acuerdo a lo analizado en la Audiencia Pública del 11 de mayo pasado, la Secretaría de Energía de la Nación informó que se deberán incrementar a las distribuidoras eléctricas, 26,1% el valor del Precio Estabilizado de la Energía (PEE) para el sector residencial y 36,6% para el sector no residencial, el cual incluye a los Grandes Usuarios con demanda menor a trescientos kilovatios (kW), a partir del 1º de junio de 2022.

Dentro del segmento de Grandes Usuarios, la Secretaría de Energía de la Nación había ya actualizado mediante resolución n° 305 el precio estacional, a partir de 1° de mayo a los GUDI (Grandes Usuarios que contratan más de 300 kW). La medida, que alcanza a 450 Grandes Usuarios en la Provincia de Santa Fe, incrementará en promedio la tarifa para ese segmento en un 52,7%.

En la normativa, el Gobierno Nacional establece que es política en materia tarifaria de los servicios públicos, que estén en línea con la evolución de los ingresos salariales, de tal forma que los costos de la energía no crezcan por encima de ellos y, por el contrario, representen proporciones progresivamente menores.

En consecuencia, el traslado de estas medidas implicará una actualización en la tarifa para los usuarios residenciales de la EPE del orden del 7,6% promedio y para los usuarios no residenciales, del 11% promedio.

A modo de ejemplo, un usuario residencial que se ubica en el segmento mayoritario de consumo, que demanda en 60 días 500 kWh, abonará ahora $2.617 por mes, es decir, $185 de actualización.

Un comercio con un consumo bimestral de 1.600 kWh, abonará por mes un monto de $11.185, lo que significa un adicional de $1.050.

Cabe acotar que la EPE cuenta con 1.150.000 de usuarios residenciales, 220.000 de ellos acceden a tarifas subsidiadas, tarifas sociales, tarifa jubilados y electrodependientes, entre otros.

Porcentajes de usuarios residenciales y montos que abonarán por mes

Con este nuevo cuadro tarifario, el 53% de las familias, manteniendo el promedio de consumo actual, abonará menos de $1.500 por mes por consumo de electricidad, el 25% pagará entre $1.500 y $3.000 mensuales, el 10% entre $3.000 y $4.500 cada 30 días y el 12% restante, más de $4.500 en igual período.

Asimismo, y para ratificar con datos concretos la línea de trabajo que viene siguiendo EPE en la actual gestión, se presentan los incrementos en distintos ítems de la economía relacionada con las distribuidoras eléctricas, en el período noviembre 2019 – abril 2022: transformador trifásico 204%, poste de hormigón 467%, cable preensamblado 157%, cable subterráneo 223%, poste de eucaliptus 251%, hormigón elaborado 160%, nafta súper 140%, índice de precios al consumidor nivel general 162%, índice de precios mayoristas 160% e inflación acumulada en ese período, en torno a 150%, entre otros.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

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