Por Federico Viola (*)

Hay una escena que se repite con una regularidad casi ritual: ante cada crisis política, escándalo o fracaso de gestión, la explicación aparece rápida, cómoda, casi automática: corrupción. La palabra funciona como un diagnóstico total. Nombra el problema, señala a los culpables y, sobre todo, tranquiliza: si el problema son "ellos", entonces la solución es simplemente reemplazarlos.

Pero... ¿y si el problema no fueran los corruptos? ¿Y si la corrupción no fuera la causa, sino el síntoma? La política contemporánea parece atravesada por una dificultad más profunda, menos visible y, por eso mismo, más incómoda: su creciente incapacidad para producir efectos reales.

Gobiernos que anuncian medidas que no se implementan, leyes que no transforman la realidad, programas que existen más en el discurso que en los hechos. No es que no se haga nada. Se hace mucho. Se legisla, se regula, se comunica. Pero, extrañamente, nada parece cambiar demasiado.

En este contexto, la corrupción aparece como la explicación preferida. Y, sin embargo, tal vez sea más preciso entenderla como una consecuencia. Para comprender esto, conviene mirar menos a las personas y más a las estructuras. Durante buena parte de la modernidad, la política se organizó a través de un dispositivo que prometía racionalidad, orden y eficacia: la burocracia.

Un sistema basado en reglas, procedimientos y jerarquías, pensado para administrar grandes poblaciones de manera previsible. Durante mucho tiempo, funcionó razonablemente bien. O, al menos, lo suficiente.

El problema es que el mundo cambió más rápido que esa maquinaria. Las sociedades contemporáneas -urbanas, masivas, hiperconectadas- operan a una escala y con un nivel de complejidad que la burocracia nunca fue diseñada para manejar. Millones de personas, miles de interacciones simultáneas, demandas que cambian en tiempo real.

Frente a esto, la respuesta burocrática sigue siendo esencialmente la misma: más procedimientos, más controles, más instancias. Es decir, más lentitud. El resultado es una paradoja: nunca hubo tantos mecanismos de gestión y, sin embargo, nunca fueron tan ineficaces. La burocracia, que en su origen fue una máquina de racionalización, hoy funciona como una máquina de fricción.

Los procesos se ralentizan, las decisiones se diluyen, la responsabilidad se dispersa. Nadie decide del todo, nadie ejecuta completamente, y lo que finalmente ocurre suele llegar tarde o no llegar. En ese contexto, la corrupción deja de ser una anomalía para convertirse en una especie de atajo funcional.

Si el camino formal es lento, opaco e incierto, aparecen mecanismos informales que prometen resolver lo que el sistema no puede. Acelerar un trámite, destrabar una gestión, obtener una respuesta. No porque alguien sea necesariamente más perverso, sino porque el sistema, tal como está diseñado, no logra cumplir su función básica: producir resultados.

Esto no implica justificar la corrupción. Pero sí entender que su persistencia no puede explicarse únicamente por la moral de los individuos. Si el problema fuera solo ético, bastaría con reemplazar a los corruptos por personas honestas. Y, sin embargo, la historia muestra que el fenómeno persiste, incluso cuando cambian los nombres.

Tal vez porque no se trata solo de quién gobierna, sino de con qué se gobierna. La política contemporánea parece operar con una tecnología institucional obsoleta para el tipo de realidad que enfrenta. Una herramienta pensada para un mundo más simple, que hoy intenta administrar una complejidad que la desborda.

En ese desajuste -entre la magnitud de los problemas y la capacidad de procesarlos- se juega buena parte de su ineficacia. Y es en ese espacio donde la corrupción encuentra su terreno fértil. Se combate la corrupción con leyes, controles, auditorías. Y sin duda, eso es necesario. Pero quizás sea insuficiente.

Porque esas mismas herramientas forman parte del mismo aparato que ya ha mostrado sus límites. Más controles suelen implicar más procedimientos. Más procedimientos, más lentitud. Y más lentitud, más incentivos para evitarlos. Un círculo difícil de romper.

Esto plantea una pregunta incómoda: ¿y si la lucha contra la corrupción, tal como se plantea hoy, fuera en parte un modo de no enfrentar el problema de fondo? Es más sencillo señalar culpables que rediseñar sistemas. Más fácil indignarse que pensar nuevas formas de organización. La corrupción ofrece una narrativa clara, casi tranquilizadora.

La ineficacia estructural, en cambio, exige revisar las bases mismas de cómo entendemos la política. Quizás el desafío no sea solo moral, sino técnico. No se trata únicamente de tener mejores personas, sino de contar con mejores dispositivos para gobernar.

Herramientas capaces de operar a la escala y velocidad que el mundo actual exige. Sistemas que reduzcan la fricción en lugar de multiplicarla. Que conecten decisión y resultado, en lugar de separarlos. Porque una política que no produce efectos, inevitablemente produce otra cosa: frustración, desconfianza y, finalmente, cinismo.

Y en ese clima, la corrupción deja de escandalizar. Se vuelve esperable. Casi normal. Tal vez ha llegado el momento de cambiar la pregunta. No solo quién roba, sino por qué el sistema sigue funcionando de tal manera que robar resulta, para muchos, más efectivo que cumplir las reglas.

Mientras esa pregunta no se formule en serio, seguiremos combatiendo los síntomas. Y llamando "corrupción" a lo que, en el fondo, es una política que ya no logra gobernar.

(*) El autor, doctor en Filosofía, es el director del Instituto de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Santa Fe.

El Boletín Oficial de la Nación trajo este lunes la novedad del decreto 27/2026 que modifica la Ley de Ministerios y suma al de Salud el área de Discapacidad.

El organigrama de la cartera que dirige Mario Lugones queda ahora con una nueva secretaría, la de Discapacidad, que a su vez tendrá dos subsecretarías: de Políticas de Acceso y Apoyos, y de Regulación, Certificación y Proyectos.

De esta manera se materializa el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) donde se inició, en 2025, una investigación por presunto cobro de sobornos luego de la filtración de audios adjudicados a su ex titular Diego Spagnuolo que comprometían a funcionarios del Ejecutivo.

El Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, absorbe la Secretaría de Discapacidad. Foto: Archivo.

El tema discapacidad estuvo sobre el tapete durante todo el año pasado, no solo por la investigación mencionada, que sigue su curso, sino por la sanción, veto, insistencia y posterior incumplimiento de la ley de emergencia para el sector que, entre otros puntos, actualiza montos de pensiones y prestaciones.

Ahora, la Justicia ordenó que la Emergencia deberá estar en plena ejecución el próximo 4 de febrero. En concreto, es un fallo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay

Mientras tanto, el decreto publicado este lunes materializa el anuncio que hizo el Jefe de Gabinete y vocero presidencial Manuel Adorni el último 30 de diciembre. En esa ocasión avisó que “la ANDIS tal como la conocemos dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”.

Tal como reflejó entonces El Litoral, Adorni aseguró que con los cambios, “las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente con mecanismos de control y sin discrecionalidades. Se va a garantizar la trazabilidad de los expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones”.

Además se anunciaba un achicamiento de la estructura del área.

La Andis fue creada en 2017 como un organismo descentralizado bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia. Desde su creación, el organismo tuvo a cargo “el diseño, coordinación y ejecución general de las políticas públicas en materia de discapacidad”, que incluía el otorgamiento y la gestión de las pensiones por invalidez y el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

En 2025 se suspendieron 100 mil pensiones por invalidez y se ordenó una auditoría. La Justicia Federal de Catamarca ordenó restablecer los beneficios. Foto: Archivo.

El 10 de diciembre de 2023, tras la asunción de Javier Milei como presidente, la Andis quedó bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, pero el 4 de julio de 2024 fue redireccionada al Ministerio de Salud, manteniendo su condición de organismos autárquico. Esta situación se modifica a partir del nuevo organigrama dispuesto por el reciente decreto presidencial.

Con los cambios introducidos, el Ministerio de Salud tendrá cuatro secretarías, incluida la de Gestión Administrativa, Gestión Sanitaria (que incluye una subsecretaría de Vigilancia epidemiológica , información y estadísticas) y una más de Políticas integrales sobre drogas de la Nación Argentina, además de la de Discapacidad.

El año 2025 fue complejo para las personas con discapacidad. Primero fue el inicio de una revisión de las pensiones y la suspensión de más de 100 mil subsidios. Luego, la convocatoria a personas con distintas discapacidades a certificar su situación, en muchos casos de nacimiento, con citaciones dirigidas a domicilios desactualizados o bien distantes de la sede a la que debían concurrir.

En octubre de 2025 el titular del Juzgado Federal Nº 2 de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, ordenó la restitución de todas las pensiones, en medio de denuncias por irregularidades en la auditoría oficial. Finalmente, el Gobierno cumplió ese mismo mes la orden judicial.

No obstante, según datos que publica Chequeado.com en base al análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en el Presupuesto 2026 figuran 155 mil pensiones menos que en 2025. En tanto, los fondos destinados al pago de estos beneficios caen 18,7% real con respecto al 2025 y un 33,1% en relación con 2023.

En paralelo a los planteos por la mencionada auditoría, creció el reclamo por los montos desactualizados tanto de las pensiones que perciben las personas con discapacidad, como de prestadores que cumplen funciones en transporte, acompañamiento terapéutico y centros de día.

Una gran movilización se realizó en mayo del año pasado en todo el país y hubo más reclamos a lo largo de todo 2025.

El Congreso Nacional se hizo eco de esta situación y sancionó la ley de Emergencia para el sector, que fue vetada por el gobierno de Javier Milei y devuelta a las dos cámaras que volvieron a ratificar su vigencia.

La norma fue promulgada pero su ejecución quedó en suspenso, “hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento e incorpore las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.

Ahora se espera el plazo que vence el 4 de febrero, otorgado por la Justicia para cumplir con esta ley.

La muerte de un paciente en Rosario encendió las alarmas en el sistema sanitario local y puso bajo la lupa la administración de un lote de fentanilo que fue retirado por sospechas de contaminación. Si bien el hecho está en plena etapa de investigación, la alerta generó un fuerte impacto en clínicas, sanatorios y hospitales de todo el país.

El episodio ocurrió el pasado 8 de mayo en un sanatorio privado de la ciudad. El paciente, que había recibido fentanilo durante una intervención quirúrgica, falleció poco después de la operación. A partir de ese momento, se activaron los protocolos correspondientes para investigar si el deceso guarda relación con el medicamento.

En base a los datos oficiales a los que accedió Mirador Provincial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) ya había emitido una alerta por un lote específico del fentanilo elaborado por la firma Rofina. Según el comunicado, se detectó la presencia de una sustancia ajena en ampollas del lote 24J09 con vencimiento en agosto de 2026, lo que motivó su retiro inmediato del mercado.

Desde el sector privado de salud de Rosario, señalaron que hasta el momento no existen evidencias concretas de que el paciente haya recibido una ampolla contaminada. No obstante, aclararon que se enviaron las muestras correspondientes para su análisis toxicológico, lo cual podría llevar varias semanas.

La alarma por fentanilo contaminado no se limita a Rosario. Autoridades sanitarias de distintas provincias se encuentran monitoreando la situación con atención. Incluso, varios establecimientos activaron auditorías internas para revisar sus existencias y administración del opioide, utilizado habitualmente como anestésico en procedimientos quirúrgicos.

El fentanilo es un potente analgésico de uso hospitalario, pero su adulteración representa un riesgo letal. La Anmat indicó que cualquier institución que detecte ampollas del lote cuestionado debe aislarlas y reportarlas de inmediato al sistema nacional de farmacovigilancia.

En Rosario, mientras avanza la investigación judicial y médica, los equipos de salud extreman las medidas preventivas. El caso local se convirtió en el primero bajo análisis que podría estar relacionado con la alerta nacional, aunque las autoridades insisten en mantener la cautela hasta tener resultados concluyentes.

El sanatorio donde se registró el fallecimiento trabaja en coordinación con el Ministerio de Salud y los organismos reguladores para esclarecer lo ocurrido. Desde la institución remarcaron que se cumplió con todos los protocolos clínicos y que la intervención se desarrolló sin irregularidades aparentes.

Mientras tanto, otras clínicas de la ciudad y la región también revisan sus lotes de medicamentos y refuerzan los controles en quirófano. En algunos casos, optaron por suspender temporalmente el uso de fentanilo hasta contar con garantías de seguridad.

Por ahora, la prioridad de las autoridades es establecer si existe una relación directa entre el fallecimiento y la ampolla de fentanilo aplicada, algo que solo podrá determinarse con el análisis de laboratorio en curso. Hasta tanto, se recomienda a profesionales y centros médicos revisar cuidadosamente el origen de los medicamentos antes de su aplicación.

La situación se mantiene bajo vigilancia sanitaria estricta. El caso podría marcar un antecedente importante en la trazabilidad de medicamentos en el país y refuerza la necesidad de sistemas de control más rigurosos en la cadena de suministros hospitalarios.

Mauro L. Muñoz

En medio de la disputa presupuestaria, el gobierno de Javier Milei emitió un dictamen que habilita a que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) vuelva a ser el ente auditor de las Universidades Nacionales, revirtiendo una resolución tomada en el 2022 durante la gestión de Alberto Fernández.

La medida llega en un contexto de creciente tensión con el sector educativo, abierto luego de que el Congreso respalde el veto presidencial a la ley de Financiamiento, que derivó en una serie de paros docentes y tomas de facultades por parte de alumnos en las casas de altos estudios de todo el país.

La decisión fue oficializada tras la firma del Procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra. El dictamen fundamenta que el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional puede ser aplicado a las Universidades, dado que el ejercicio de dicho control no afecta ni contradice la autonomía ni la independencia consagrados en la Constitución Nacional y reglamentados en la Ley de Educación Superior.

La resolución fue informada a la secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano. Allí se indica que el objetivo es garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos asignados a las instituciones educativas nacionales del nivel superior. Y señala que la decisión se tomó en respuesta a la solicitud elevada por los legisladores del PRO y el MID, en el marco de las mesas conjuntas que funcionan en Casa Rosada.

Este nuevo dictamen revierte la resolución precedente, con fecha del 28 de noviembre de 2022, firmada por el entonces Procurador del Tesoro de la Nación Carlos Zannini, durante el gobierno de Alberto Fernández, en la que investía a la Auditoría General de la Nación (AGN), órgano dependiente del Congreso, con la capacidad auditora sobre las casas de estudios superiores.

De todas formas, el antecedente más cercano respecto al rol de la SIGEN sobre las auditorías a las Universidades Nacionales tuvo lugar durante el último mes de noviembre de 2023, con la firma de un convenio entre el Ministerio de Educación, cuyo titular era en aquel momento Jaime Peczyk, con la Sindicatura General de la Nación para promover los controles internos, a los que cada casa de estudio quedaba habilitada a adherir en forma optativa, tendientes a mejorar la administración en el uso de los bienes y recursos.

Hasta el momento, el rendimiento de gastos de las Universidades Nacionales funciona bajo un doble sistema de auditorías, Por un lado, las internas que se realizan de forma permanentes mediante las Unidades de Auditorías Internas (cuyos miembros son designados por los Consejos Superiores integrados por profesores, alumnos, graduados y no docentes), complementados con los procesos de auditoría externa bajo la órbita del Congreso Nacional mediante la AGN (actualmente presidida por Juan Manuel Olmos, ex vicejefe de Gabinete de Alberto Fernández) abarcando aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos. Con el dictamen, la Sindicatura General de la Nación (entidad que depende del Presidente de la Nación) volvería a estar habilitada a realizar auditorías, otorgándole así funciones en éste ámbito al Ejecutivo Nacional.

Al margen de las interpretaciones jurídicas, el dictamen de la Procuración se produjo en medio de un fuerte clima de protestas en el sector universitario, con tomas de facultades en distintas universidades del país y con un segundo paro nacional de docentes y no docentes como consecuencia al respaldo de Diputados al veto a la Ley de Financiamiento Universitario.

En este contexto, el presidente Javier Milei vertió nuevas críticas en duros términos durante este martes a las universidades, en particular sobre las autoridades de las casas de estudios a los que acusó de "favorecer el robo" al "no dejar que se controlen sus gastos". "¿Por qué no quieren ser auditados sin no están en discusión la universidad pública. No quieren ser auditados los que están sucios. Todo este revuelo es tomar una causa noble y ocultar los curros de los delincuentes", dijo entrevistado en canal América por Antonio Laje.

En la misma línea, el vocero presidencial apuntó contra los rectores por las tomas de las universidades. “Las tomas de las universidades son temas que hoy son internos de cada una de las facultades. La responsabilidad es de cada uno de los rectores”, remarcó Adorni este martes en su habitual conferencia de prensa.

Mientras tanto, las organizaciones estudiantiles debaten en asambleas la continuidad del plan de lucha "en defensa de la educación pública". A lo largo de todo el país, los universitarios debaten en asambleas por las tomas de facultades y acciones de reclamos que no impliquen el cese del cursado.

El secretario de la Federación Universitaria Argentina, Agustín Romero, enumeró las opciones que se encuentran analizando contra el recorte de la administración libertaria. "Pueden ser ruidazos, cacerolazos educativos, clases públicas en los diferentes horarios, y empezar a plantear interfacultades para unir todas las luchas, todas las facultades en un mismo plan de lucha para preparar una nueva marcha educativa”, enumeró.

En ese marco, hay tomas de facultades vigentes, en algunas de las cuales se produjeron grescas entre facciones libertarias con organizaciones de la oposición. Tal fue el caso en la Universidad Nacional de Quilmes, donde un grupo en respaldo al gobierno de Javier Milei intentaron interrumpir una asamblea, tras lo cual fueron agredidos y utilizaron gas pimienta para defenderse, causando serios inconvenientes entre todos los presentes.

Dictamen para que la SIGEN ...

El Gobierno de Venado Tuerto, a través de las direcciones de Seguridad Alimentaria y Recursos Humanos, está brindando una capacitación de Formación de Auditores de Establecimientos Elaboradores de Alimentos, destinado a personal municipal.

El curso comenzó este martes y tendrá continuidad el 10 y el 17 de noviembre, de 8 a 10.30, en la Sala Antonio Garnier del Palacio Municipal. La capacitación está a cargo de la médica veterinaria Laura Medici y el ingeniero agrónomo Claudio Acosta.

“De esta capacitación están participando todos los inspectores del área de Seguridad Alimentaria. En la primera charla que se desarrolló este martes, se vio todo lo relacionado con la parte de las auditorías que son llevadas adelante en los establecimientos de sustancias alimenticias”, explicó el director de Seguridad Alimentaria, Stéfano Quaglia.

El funcionario amplió que en las charlas se apuntó “a las condiciones edilicias, forma de realizar las auditorías y los cinco pasos del proceso, cuáles son los formularios a utilizar, y la normativa vigente y aplicable”.