El Gobierno nacional dispuso este lunes una intervención en grado de veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por 180 días, con el objetivo de relevar documentación, revisar balances, contratos y operaciones financieras de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

La decisión fue adoptada por el Ministerio de Justicia tras un pedido previo de la Inspección General de Justicia (IGJ), que venía reclamando información contable y administrativa.

Los veedores designados son el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco, quienes tendrán acceso a libros contables, registros administrativos, soportes documentales y acuerdos comerciales de la AFA.

Su tarea incluirá la elaboración de un informe final, aunque también podrán presentar reportes parciales si detectan situaciones que consideren urgentes.

Entre los puntos que deberán analizar figuran los estados contables y financieros cerrados al 30 de junio de 2025, el cumplimiento del depósito de impuestos, aportes y contribuciones previsionales, la documentación vinculada con la creación de la Universidad de la AFA (UNAFA) y las relaciones comerciales con firmas y personas bajo observación, entre ellas TourProdEnter LLC, Sur Finanzas, Javier Faroni, Erica Gillette y Ariel Vallejo.

La resolución se apoya en objeciones previas de la IGJ, que sostuvo que la AFA no entregó información requerida sobre el ejercicio 2025 y sobre la UNAFA, y además cuestionó el intento de la entidad de fijar su domicilio en la provincia de Buenos Aires. Según el organismo, esa mudanza fue “ficticia” y la asociación sigue bajo jurisdicción de la IGJ.

El conflicto entre la Casa Rosada y la conducción de la AFA ya había escalado en las últimas semanas. De hecho, la entidad encabezada por Tapia rechazó públicamente la medida, la calificó como una “veeduría ilegítima”, negó irregularidades en la presentación de balances y anticipó que buscaría frenar cualquier avance por la vía judicial.

La veeduría, de todos modos, no equivale a una intervención plena ni altera el funcionamiento cotidiano de la AFA, pero sí abre una etapa de auditoría formal sobre uno de los núcleos más sensibles del negocio del fútbol argentino. El resultado de ese proceso podría derivar en nuevos requerimientos, sanciones administrativas o una profundización del conflicto en sede judicial.

Con números precisos, copia de las cartas documento recibidas por los beneficiarios que pueden perder esas ayudas del Estado nacional y unos muy duros conceptos, el senador por el departamento 9 de Julio de la provincia de Santa Fe, Joaquín Gramajo (Unite), describió lo que ha desatado en varias localidades norteñas una decisión del gobierno nacional, "puesta en marcha desde algún escritorio en la ciudad de Buenos Aires muy ajena a la realidad del interior del país, por parte de este gobierno unitario".

El legislador explicó que fueron citados bajo riesgo de perder sus beneficios, telegrama de curso legal mediante, 473 ciudadanos que ya habían completado, mediante la declaración jurada y los trámites que se exigieron en gestiones anteriores lo necesario para poder tener una ayuda del Estado Nacional.

El envío estuvo a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad que ha iniciado un proceso de auditoría que le ha dado resultados: se otorgaron en el pasado miles de ayudas a quienes no lo necesitaban, lo que por supuesto, atenta contra el propósito de fomentar los derechos de las personas con discapacidad.

El senador Joaquín Gramajo reclamó que los controles sean en lugares accesibles y cercanos. Crédito: Guillermo Di Salvatore

El senador no se opuso a que un nuevo examen médico (está claro que se han encontrado miles de pensiones truchas por discapacidad en todo el país) y se mostró partidario de que verifique si realmente se trata de personas que necesitan de esos recursos nacionales, pero advirtió que no ha tenido en cuenta algo elemental, que de Tostado a Rafaela hay 270 kilómetros, desde Villa Minetti, 350 km; Santa Margarita 400 km y de Gregoria Pérez de Denis 430 km.

Aclaró que según la carta documento que llegó a sus vecinos, "quien no se pueda presentar tendrá que ir a la Anses" pero advirtió que "solo hay una oficina en el departamento en Tostado".

"Es una aberración este tipo de actitudes donde citan a personas que la mayoría está en una situación de extrema vulnerabilidad, de pobreza, no tenemos medios de transporte para poder llegar en forma directa. Los turnos son los días 14, 15 o 16 de abril y con el horario ya dispuesto.… Es decir que la gente ni siquiera tiene la posibilidad de determinar a qué hora pueda ir. Es indignante", expresó.

Se preguntó por qué motivos no se autorizan "a los efectos públicos provinciales de Salud que tenemos en el departamento para hacer los controles médicos correspondientes para verificar si existe o no un grado de discapacidad que requiere la ayuda estatal" y reclamó "esto escapa al sentido común". Y agregó: "en muchos, muchísimos casos, estas personas no se pueden mover si no es con un acompañante". Así, el costo de un traslado a Rafaela se duplica.

El reclamo apunta a una decisión de la Agencia Nacional de Discapacidad. Crédito: Flavio Raina

"No son precisamente personas que se enriquezcan con estas pensiones, por eso mediante una comunicación cuya aprobación agradezco a mis pares, solicito al Poder Ejecutivo Provincial que pueda interceder ante este organismo para que se hagan los controles en un lugar accesible, en donde vive la gente. Tranquilamente pueden para ello usar todos los efectores de salud de la provincia, que tienen los médicos y la seriedad correspondiente", subrayó.

Las autoridades nacionales "no pueden tomar actitudes de esta naturaleza porque afectan al decoro y a los derechos humanos ", dijo.

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) continúa con los operativos de detección de conexiones clandestinas, en el marco del plan que busca disminuir las pérdidas no técnicas en las redes de distribución de toda la provincia de Santa Fe. En esta oportunidad, operarios realizaron inspecciones en 40 lavaderos de autos ubicados en calle Pellegrini entre el 4100 y el 5100 de la ciudad de Rosario. “Las acciones de investigación arrojaron como resultado que el 47,6 % de los locales relevados acumulaba 37.500 KWh de energía consumida y no registrada. Esto equivale a $ 6.6 millones en hurto de energía”, detalló el presidente de la EPE, Hugo Marcucci.

También destacó que cada operativo es acompañado de las denuncias formales en el Ministerio Público de la Acusación: “Vamos a llevar a los autores de estos delitos a la justicia para que afronten todas las consecuencias de sus actos. Cada fraude afecta el funcionamiento de la red y perjudica al resto de los usuarios”.

En esta última semana, además de los lavaderos de autos, se encontraron conexiones irregulares en un bar en 1 de Mayo al 2000 y en una cochera contigua. Allí se labraron actas por consumos no registrados equivalentes a $ 1, 1 millones. Cabe recordar que días atrás la empresa dio a conocer que en llevó adelante 15.200 operativos de inspección en comercios, industrias y domicilios particulares de Rosario, Santa Fe, Rafaela, San Lorenzo y Villa Constitución; identificando fraudes por energía consumida y no registrada por más de 77 millones de pesos.

Marcucci destacó además la importancia de la denuncia para poder colaborar con las investigaciones: “Para esclarecer estos delitos es fundamental la denuncia de los vecinos. Pedimos a los ciudadanos que cuando advierten problemas de tensión, o si notan medidores adulterados, hagan la denuncia. Ese robo que detectamos y desactivamos, es energía que vuelve al sistema legal, dinero que se recupera para el bien de todos los santafesinos que abonan la tarifa, recursos que pueden ser invertidos en obras, fondos que sirven para modernizar y eficientizar el sistema. Estos robos a gran escala no sólo dañan a la empresa: perjudican a todos los santafesinos”.

El hurto de energía tiene un impacto directo en la sobrecarga de la red eléctrica, generando bajos niveles de tensión y cortes. Esta situación afecta directamente la red de baja tensión en los usuarios. Asimismo, la manipulación de electroductos de forma ilegal puede generar graves accidentes como incendios, explosiones o descargas, provocando importantes lesiones e incluso la muerte.

Por otro lado, la propia EPE dio a conocer detalles de la auditoría realizada sobre el periodo 2020-2023 donde detectaron que había pérdidas mensuales por hurto de energía por $4.200 millones de pesos, lo que representaba un 7,32% del total de la energía operada.

Según el Código Penal, el hurto o manipulación de energía eléctrica es un delito sancionado con prisión, dependiendo de la gravedad del acto.

Las penas pueden llegar a significar años de prisión, además de las restituciones y recargos económicos por hurto o estafa.

La EPE recuerda que siguen vigentes las vías de recepción de denuncias anónimas sobre irregularidades en el servicio: 08005550083, www.epe.santafe.gov.ar/?denunciafraude y denuncias@epe.santafe.gov.ar.

A cien días de gestión, el Ministerio de Desarrollo Social continúa la auditoría sobre comedores comunitarios y merenderos de la provincia. Al margen de las irregularidades detectadas que ya derivaron en el cierre de 80 instituciones, Sergio Basile, secretario de Desarrollo Territorial de la cartera, habló de una "falta de planificación" en materia alimentaria y de un "desorden generalizado" hallado en el Ministerio. En diálogo con El Litoral, confirmó el aumento de la demanda social, y adelantó que habrá más refuerzos de partidas.

- ¿Cómo avanza la auditoría que están realizando sobre comedores comunitarios de la provincia?

- La auditoría continúa; desde un primer momento queríamos generar un orden en el Ministerio para que todo recurso que se tuviese, llegase a manos de los que más necesitan. Ésa era nuestra primera premisa. Mientras tanto, continuamos con la asistencia. Hemos auditado algo más del 25% de las instituciones; repetimos las visitas en algunos lugares y a otros, se nos dificulta acceder. Pero contamos con un fuerte acompañamiento del personal de planta que también nos decía que era necesario hacer esta revisión; estaba naturalizado que no se hicieran controles.

Respecto de los resultados, de ese 25% que tenemos relevado, la mitad la encontramos de forma irregular. Hay cuestiones graves como las que contamos; un merendero que funcionaba en una supuesta dirección pero cuando fuimos a constatar, había una plaza; y otro que tiene que ver con una suplantación de identidad, del supuesto beneficiario de esa tarjeta. Eso ya está judicializado. En todos esos casos en los que detectamos irregularidades, fueron suspendidos los beneficios. Y aquellos que debían rendiciones por más de cuatro meses, los convocamos para ver cómo resolvemos la situación de cada uno. Si esas rendiciones se ponen al día, continuamos con el plan porque la idea nuestra no es cortar por cortar, sino advertir sobre la situación y resolverla.

El gobierno santafesino hizo una auditoría sobre los comedores comunitarios.

De todas maneras, ya veníamos trabajando y estábamos en diálogo antes de asumir con todas las instituciones. Ya en noviembre, empezamos a trabajar en nuestra línea estratégica de cómo era el desarrollo que queríamos dar en términos territoriales y de planificación alimentaria. Todo lo que vamos haciendo lo vamos dejando asentado; eso hace al orden, la transparencia y el marco institucional que le queremos dar al Ministerio. Todos los que quieran hacer las cosas bien, van a estar institucionalizados.

- ¿Cuántos comedores fueron dados de baja por eso?

- De ese universo auditado (representa, hasta ahora, el 25% del total de comedores de la provincia), debimos suspender casi a la mitad. Algunos se acercaron para regularizar la situación; otros ni aparecieron y a esos se les dio de baja. Nosotros no queremos ahorrar dinero. Lo que queremos es que se traslade realmente a la gente que lo necesita y a las instituciones que hacen bien las cosas. Nosotros en la provincia tenemos alrededor de 800 instituciones.

- ¿Y de esas 800, el 10% está suspendido a raíz de los resultados de la auditoría?

- Sí, es el 10%; unas ochenta más o menos. En el sur de la provincia es donde encontramos más irregularidades.

- ¿Cuáles son las irregularidades más frecuentes, además de los dos casos graves que mencionó?

- Falta de rendición, desconocimiento de la titularidad, no han venido a recuperar los documentos de actualización, o no están anotadas en el registro de ONG… Hay todo un marco también que estamos transparentando…

- ¿En función de las irregularidades detectadas, tienen una hipótesis respecto de algún trasfondo político, o se trata meramente de un desorden y anarquía generalizada?

- Lo que encontramos fue una falta de planificación estratégica alimentaria; lo que encontramos fue un desorden. Por eso pensamos en hacer un punto de inflexión.

- Desorden que en algún caso rozó el delito, como la suplantación de identidad…

- Sí, eso se va a investigar. Somos funcionarios públicos y tenemos la obligación, si vemos una irregularidad, de dejarla asentada. Hubo una retracción en los últimos años del estado que hizo que hubiese quizá un acompañamiento económico, pero no una presencia del Estado para poder abrazar a esa institución y ver cómo se desarrolla la tarea. Se transfería la partida y hasta allí llegaba la cosa. Nosotros queremos otra línea de trabajo, que es el acompañamiento profesional; de hecho, hicimos ya convenios uno con IGPJ para la certificación de firmas gratuitas para las instituciones; y otro con la ASSAL sobre manipulación de alimentos para quienes trabajan en las Copas de Leche.

- ¿El desorden lo encontraron en la parte alimentaria o en toda la cartera?

- Sí, había un desorden generalizado en el ministerio. Entiendo que era una forma de trabajo con la que, obviamente, no coincidíamos. En eso, nuestra idea fue siempre definir un plan estratégico que no solamente lo baja el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, sino desde la provincia. Sabemos cómo transitar estos meses, cómo llegar a fin de año, y cuáles son nuestros objetivos.

- ¿Ha aumentado la demanda de alimentos?

- Sí, eso es concreto y palpable. Uno no esconde la realidad; además, lo vemos porque recorremos el territorio. No nos escapa la realidad que es cruda y dura, donde se cae el empleo y crece la inflación. Hay un golpe al bolsillo que siempre aumenta la demanda social.

- ¿Y quien solicita ayuda ya es un trabajador registrado o personas de clase media?

- Se empieza a ver, pero hay distintas herramientas también del Estado para cubrir a los distintos sectores. Nuestro Ministerio trabaja sobre el sector más vulnerable y de excluidos. Queremos integrarlos; por eso es importante el diagnóstico. Ojalá pudiésemos prescindir de los merenderos y comedores, pero estamos lejos de ello. Por eso queremos hacer un acompañamiento de esas instituciones para que la distribución de los recursos también sea equitativa y eficaz. La demanda es muy fuerte, es urgente y eso hace a la cotidiana; es el cuerpo a cuerpo. Intentamos no cerrar la puerta a nadie; de hecho, no lo vamos a hacer jamás. Vamos a ir a los lugares que se necesiten.

- Han incrementado un 80% las partidas pero las instituciones insisten en que no es suficiente. ¿Habrá nuevos refuerzos?

- Desde que asumimos, tenemos una inflación del 60/70 por ciento. Sólo estamos haciendo un promedio de 80% de incremento de la asistencia. Por lo tanto, estamos por encima con nuestros propios recursos porque no tenemos ingresos nacionales. Eso hace que deba ser mayor el esfuerzo y también nos cargan más la mochila de demandas. Ésa es la realidad que tenemos, y apuntamos hacia adelante. Ese 80% lo vamos a seguir ajustando. Sabemos que nunca va a alcanzar porque el contexto es muy difícil. Intentamos complementar y todos empujar hacia adelante. Para nosotros fue importante el aumento, y lo vamos a ajustar también con mucho diálogo para poder corregir y transparentar los fondos.

- ¿Tienen previsto instrumentar programas nuevos?

- Hay algunas líneas que estamos trabajando. Lo que ya estaba, lo estamos corrigiendo y continuando. Éste es un ministerio con muchas áreas (deportes, juventud, discapacidad…). Todo eso hace a diferentes programas que se terminan complementando. Pero el foco principal está en la asistencia alimentaria. Nos gustaría tener planificación a más largo plazo, pero la urgencia por la demanda no lo permite. Tratamos en esto de no ser fundacionales, sino de mejorar todo lo que existe y transparentarlo. Después de la auditoría, vamos a avanzar hacia la identificación de las instituciones (comedores, merenderos) para que también el ciudadano conozca quién está en el barrio, de qué manera reciben los fondos, cuántas son las raciones que se sirven en el lugar, y en qué horarios.

El pasado 29 de diciembre, a través del Decreto 126/2023, el presidente Javier Milei instruyó a la Sindicatura General de la Nación a que elabore en un plazo de 30 días hábiles un completo Informe de Entrega y Recepción, que detalle la situación administrativa, patrimonial y financiera del sector público nacional al 7 de diciembre.

Con esta medida, que forma parte de una batería de decisiones orientadas a realizar un diagnóstico profundo del estado en que se recibió la administración pública.

El nuevo gobierno busca identificar áreas y temas críticos para poder establecer prioridades de gestión, tomar rápido control de la situación, garantizar la continuidad operativa de los organismos públicos y sentar las bases para encarar las reformas que se consideren necesarias.

El informe requerido deberá contener un corte al 7 de diciembre en cada ministerio, secretaría y organismo descentralizado, y la Sindicatura General de la Nación será la encargada de determinar su contenido, requisitos y modalidades, contando con la colaboración de las Unidades de Auditoría Interna de las distintas jurisdicciones.

Por su parte, los titulares de cada área de la administración deberán designar un funcionario responsable de proveer toda la documentación que sea necesaria.

Según expresan los considerandos del decreto, esta medida busca que las nuevas autoridades cuenten con información "precisa y adecuada" sobre la situación existente, de modo de facilitar el proceso de transición, la rápida toma de control de cada organismo y la continuidad de su funcionamiento, así como para identificar los principales desafíos y trazar un plan de reformas en consecuencia.

El informe deberá abarcar todos los aspectos relevantes, desde recursos humanos y dotación de personal, inventario de bienes, estado de los sistemas informáticos, contrataciones y proyectos en curso, pasivos, compromisos asumidos y cualquier otro elemento significativo desde el punto de vista administrativo, financiero o presupuestario.

Con esta radiografía integral sobre la mesa, el gabinete de Javier Milei podrá trazar un diagnóstico claro sobre los puntos débiles y fuertes de la estructura estatal recibida, detectar áreas críticas que requieran atención urgente, y diseñar e implementar las reformas y políticas necesarias para recrear un Estado moderno, eficiente y al servicio de los ciudadanos, conforme la visión planteada durante la campaña electoral.

Migue Blanco fue los últimos 18 años, CEO de la empresa de salud Swiss Medical. "Me llegó este ofrecimiento (SIGEN) en el marco de un nuevo gobierno que viene con una agenda de cambios muy importante, la cual yo también considero hay que hacer en este país para tener un mejor funcionamiento del Estado para beneficio de todos nosotros. Y decidí aceptar ese desafío", explicó Blanco a los trabajadores.

Agregó: "Creo que la capacidad del plantel profesional que tiene la SIGEN puede desempeñar un lugar relevante para ayudar en este proceso de cambios".

Y concluyó: "Es un desafío que tendremos, lo vamos a hacer todos y yo espero contar con el apoyo de ustedes para llevarlo adelante. Nos aguardan grandes trabajos y esperamos que nos vaya bien. Quiero desearles muy felices fiestas para ustedes y sus familias y brindemos por un mejor año en 2024. Muchas gracias".

Boleta única de Rosario y de Santa Fe para las PASO, dos modelos extra large.

Los diferentes modelos de boleta única para las elecciones de concejales y comisiones comunales del 12 de septiembre (primarias) en la provincia de Santa Fe fueron presentados el sábado último en el denominado “showroom de boletas”, que el Tribunal Electoral realiza para que los apoderados de todas las fuerzas políticas las revisen y convaliden. Hasta el miércoles 11, esos mismos apoderados tendrán tiempo para realizar las eventuales impugnaciones y una vez resueltas, desde el jueves 12, quedarían oficializadas.

Sin dudas, en algunos casos se trata de boletas extra large, como las nóminas que se presentarán en Rosario, con nada menos que 55 propuestas electorales, y le sigue la de la ciudad de Santa Fe, con 42. Cabe acotar que en este último caso debió utilizarse una hoja tamaño A3; mientras que para los aspirantes rosarinos debió usarse una más amplia todavía, conocida como A3 Max.

No es la primera vez que se debe apelar a hojas extensas para que quepan todos los postulantes; ya había sucedido, por ejemplo, en las elecciones de 2019. Su magnitud en esta contienda generó algunos inconvenientes a la imprenta, y los provocará al elector, que deberá orientarse por las líneas de puntos para doblar al menos en tres la papeleta y lograr que así pueda introducirse sin problemas en la ranura de la urna.

En el caso de Venado Tuerto (ver imagen principal), son 11 los sectores que se presentarán en la boleta única, las cuales, en orden descendente, según el sorteo, son los siguientes: Ciudad Futura; Primero Venado; Frente de Todos (Unidad Ciudadana y Hacemos Santa Fe); Unite por la Libertad y la Dignidad (Con vos para delante y Venado es Vida); Soberanía Popular; Impulso Progresista; Juntos por el Cambio (Juntos por Venado; Cambiemos Juntos Venado; Vamos Juntos).

En tanto, la Provincia avanza con otros aspectos asociados a la logística de todo el proceso electoral. En ese sentido, se espera para el próximo viernes 13 de agosto la auditoría del software que se utilizará para el recuento de votos. Según pudo saber El Litoral, se debió realizar una serie de modificaciones al programa informático que se venía utilizando. Los cambios están asociados a la situación de pandemia, y están vinculados básicamente a la carga de datos. Se trata del sistema informático que se utilizará para el recuento de votos y procesamiento de datos durante el escrutinio provisorio.

Por su parte, la Cámara Nacional Electoral diseñó un protocolo para las elecciones primarias y elecciones generales a fin de establecer quiénes tendrán autorización legal para no votar. Se trata de quienes “cumplan aislamiento, sean contactos estrechos de casos confirmados, constituyan un caso sospechoso o integren un grupo de riesgo”. En todos los casos podrán tramitar la constancia respectiva vía web.

La misma excepción se aplicará para quienes integren grupos de riesgo que por indicación médica deban evitar los lugares con movimiento de gente, según determinó la Cámara Nacional Electoral (CNE) en el artículo 11 de la acordada 83, en el que estableció un “protocolo sanitario” para la realización de los comicios en este contexto de pandemia.

Pacientes enviaron nota a la Provincia para que se revise la decisión del cambio de transportista.

El director de Balcarce Dispositivos Integrales en Discapacidad, Cristian Talavera, acudió este miércoles al portal Sur24 para amplificar hacia todo el sur santafesino su inquietud personal y, sobre todo, el “estado de angustia” que atraviesan las 150 personas con discapacidad que se atienden en sus instalaciones. “Estamos muy preocupados porque desde hace una semana los están llamando a todos (los pacientes) para avisarles que se reemplazará el habitual transportista por otro elegido discrecionalmente desde Incluir Salud, un programa estatal que maneja la Nación en las prestaciones y la Provincia en el transporte. Por eso, en este caso, el problema es con Incluir Salud provincial, que perjudica a un centenar de personas de Venado Tuerto y unas 50 de toda la región”, explicó el kinesiólogo.

“Tengamos en cuenta que son pacientes con discapacidad -niños y adultos-, a veces con situaciones familiares complejas, para los cuales el transportista forma parte del tratamiento, casi tanto como los rehabilitadores, pues en muchos casos fueron forjando un vínculo amistoso a lo largo de cuatro o cinco años consecutivos en los traslados, y esa persona es la que entra a su casa, los ayuda, bromean. Para ellos -subrayó- no es ‘el chofer’, es Darío, es Claudio, es Marcelo, ellos son parte de la familia. Y ahora les dicen que les van a imponer un tercero que los pacientes desconocen y que no eligieron, e incluso que rechazan, porque de hecho hoy, antes del mediodía, enviaron un petitorio al Ministerio de Salud provincial para que revean esta medida”, describió Talavera, quien además recurrió al auxilio de abogados para defenderse de lo que considera una “desmesura”.

Desde la Provincia alegan una auditoría que hicieron en enero último, donde “se detectaron ínfimos inconvenientes que se subsanaron en tiempo y forma, de acuerdo a los requerimientos”, aseguró Talavera, “y ahora llega esta notificación sorpresiva el miércoles pasado, comunicando la baja del servicio a través de un correo electrónico, sin posibilidad de ejercer ningún tipo de defensa”, reprochó.

Consultado sobre el punto en cuestión, detalló: “Por un error involuntario no se había asentado que dos pacientes, en lugar de ser trasladados desde sus domicilios a las instalaciones de Balcarce, se los llevó hasta el consultorio de la psiquiatra, en el mes de enero, cuando habíamos cerrado unos días por vacaciones. De inmediato el error se subsanó, e incluso los pacientes certificaron que habían sido trasladados como es debido para cumplir con la terapia. Sin embargo, la Provincia considera que ese detalle merece la baja del servicio, sin ningún apercibimiento previo, como lo establece el sentido común”, observó el profesional.

“Todo esto es muy raro, hasta sospechoso, y más allá del perjuicio económico para nuestra institución -cuenta con un plantel de 6o personas, sumando todos los rubros-, nuestra mayor preocupación es la angustia de nuestros pacientes y sus familiares. Incluso la auditoría la recibimos nosotros y, según pude averiguar, no sucedió lo propio con otros colegas”, precisó. También subrayó el director de Balcarce que Incluir Salud provincial pagó los servicios a su institución hasta diciembre y el resto de los transportistas cobró hasta marzo incluido.

Por otra parte, Cristian Talavera recordó que en virtud de la ley 23.661, los pacientes tienen libre elección del prestador de servicios, incluso del transportista, y en este caso se está vulnerando ese derecho. Además, remarcó que es un “servicio indispensable” para esta clase de pacientes, que sin mediar el transporte no pueden asistir a ningún tipo de terapia. Y destacó que hoy los siguen transportando con sus unidades -sin cargo- para que puedan continuar con sus terapias.