A mediados de septiembre se desarrolló la V Cumbre Global sobre Desinformación, organizada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en alianza con organizaciones y entidades de Argentina y la región; entre ellas Proyecto Desconfío, dedicada a capacitar, entrenar y asesorar en información confiable. Un tema sensible que, como se verá, también tiene impacto en el ejercicio de la democracia.

Soledad Arréguez es cofundadora de Proyecto Desconfío. Periodista, docente universitaria e investigadora, es especialista en el cruce entre comunicación y nuevas tecnologías. Fue una de las coordinadoras del encuentro que, con modalidad virtual, reunió durante dos jornadas a cientos de asistentes de diversos lugares del mundo en una actividad que incluyó varios tópicos claves de los que, luego, dialogó vía mensajes con El Litoral.

- ¿Cómo se puede explicar la importancia de una información fidedigna en medio del desinterés y la saturación de datos a través de medios tradicionales, redes sociales y otras modalidades?

- La información fidedigna es vital para el debate público y el diálogo ciudadano en las sociedades democráticas. Las personas toman decisiones de forma cotidiana con la información que poseen. El contexto de sobreinformación no colabora con esta tarea. Por eso, considero que los medios deben encontrar nuevas formas de conectar con las audiencias para informar sobre los asuntos públicos.

- ¿Cómo ganarle en rapidez a una fake news cuando se entiende que tiene una velocidad y una capacidad de expansión enorme? Esto, teniendo en cuenta el desafío de los medios de informar rápido y cosechar clics.

- La mentira es más sexy que la verdad. Y sabemos que las falsedades y engaños suelen tener más alcance que las desmentidas. El gran desafío está en aprender de los desinformantes cómo logran engagement (mayor interacción) para poder llevar información verificada y confiable a nuestras audiencias. Considero que parte de la solución está en desarrollar un buen storytelling (relato de historias) que permita conectar emocionalmente con nuestras audiencias, con información verificada y relevante para la sociedad.

Frente a la sobreinformación, "los medios deben encontrar nuevas formas de conectar con las audiencias para informar sobre los asuntos públicos", advierte Soledad Arréguez.

- ¿Es una responsabilidad compartida la desinformación, entre la comunidad que consume sin contrastar, los medios que no chequean, los organismos de poder que pueden informar de manera maliciosa?

- La desinformación es un fenómeno multicausal. Por lo tanto podemos encontrar que es responsabilidad de diferentes actores y ámbitos. Me parece que lo que se requiere es fortalecer las acciones de los actores para generar un ecosistema que sea mucho más confiable y donde podamos hablar de integridad de la información.

- ¿Hay sanciones para quienes promueven la desinformación?

- Cuando se piensa en sanciones, regulaciones y otro tipo de medidas que limiten el derecho a la expresión, la duda radica en quiénes vigilan al que vigila. Por lo cual, hoy lo que podemos encontrar son algunas sanciones que corresponden a la normativa que tenemos en el país. En distintos países existen diferentes marcos jurídicos en los que se puede encontrar alguna sanción a la desinformación, pero en la Argentina no existe una ley anti fake news.

"Como la desinformación no solo se trata de mentiras, sino que también tiene que ver con información engañosa y descontextualizada, se vuelve más complejo a la hora de regular y lo que se requiere es una gran alfabetización mediática, informacional y digital de la ciudadanía para que las ciudadanas y ciudadanos puedan lidiar con este contenido informativo y puedan decidir qué es aquello que quieren consumir. Los medios, como tal, por ser voces o empresas que amplifican determinados discursos, tienen una responsabilidad y hay que trabajar en la ética periodística y profesional", sostiene la especialista. Advierte, además, que "lo mismo que desde el Estado, los diferentes organismos de gobierno tienen que trabajar en la ética del funcionario público con lo cual deben hacer que la información sea accesible, segura y confiable.

- ¿Puede la desinformación socavar la democracia? ¿Por qué?

- Sin duda podemos decir que la desinformación socava la democracia. En primer lugar, porque cae y hay un gran debilitamiento y desconfianza hacia las instituciones y a los actores que forman parte de la vida democrática. Eso hace que las personas se alejen de aquellos que deben ser referentes y garantes de determinada información de políticas públicas, con lo cual la desinformación viene a ser perjudicial para el debate de los asuntos públicos y, en un contexto de polarización, hace cada vez más difícil el diálogo ciudadano que es tan importante para alcanzar consensos y hacer presión desde la sociedad civil hacia los gobiernos para la sanción o realización de determinadas políticas públicas.

Los debates presidenciales, como el que se realizó en 2023 y se transmitió a todo el país, resultan una oportunidad para conocer, con reglas y derechos pre establecidos, las ideas y propuestas de las y los candidatos. Crédito: Tomás Cuesta/NA

Cuando decimos que la desinformación socava la democracia, tenemos que entender que no se trata solo de cómo puede afectar el resultado en los comicios o la participación de determinado partido político o fuerza en un contexto electoral o de participación política. Esto tiene que ver que los ciudadanos que, para hacer ejercicio pleno de sus derechos deben acceder, buscar, encontrar, utilizar y producir información y esto es un eje de la vida en democracia: que como ciudadana pueda buscar información, tomar decisiones en base a esa información y, si quiero, pueda comunicar y actuar en mi comunidad. Así que también tenemos que pensar que la desinformación no es solo un tema de medios o discursos, sino que tiene efectos reales y se pueden ver desde cómo incluirme en la vida púbica de mi comunidad, cómo tomo decisiones todos los días, desde si me conviene tomar un colectivo o un Uber, si tengo que hacer una inversión o si tengo que tomar un remedio A o B para una dolencia. Todo esto lo hacemos tomando decisiones con información que adquirimos y si esa información no es confiable podemos hasta dañar nuestra salud.

- Uno de los puntos en común entre las y los disertantes de la Cumbre fue el concepto de colaboración (de hecho, fue una de las conclusiones). ¿Es posible en una actividad que tiene una alta cuota del individualismo como es la comunicación?

- Cada vez más se dan investigaciones y proyectos periodísticos en alianza entendiendo que la desinformación no está reservada para un espacio o un lugar concreto sino que son narrativas que viajan y se expanden a lo largo de toda una región. Con lo cual, a la hora de estudiarlas y combatirlas es mucho mejor hacerlo en red. El periodismo pasa a ser una actividad que, cuando es colaborativa, se hace mucho más enriquecedora desde las perspectivas, el alcance y difusión que puede tener. En algún momento podemos encontrar al periodismo o el mundo de los medios reservado para algunas voces y hoy, las tecnologías digitales han hecho que muchas minorías o sectores no representados puedan tener voz y dar a conocer su mirada, hacer escuchar sus reclamos y poner sus temas en agenda.

- El recorte de una información, ¿es también desinformación?

- Si, la información descontextualizada, recortada en algún punto, manipulada, editada o tergiversada constituye también un grado de desinformación. Me parece importante destacar si hay una intención deliberada o si se trata de un error involuntario porque, en ese caso, no estaríamos hablando de desinformación sino de un error o, en todo caso, lo que en inglés se llama misinformation.

- ¿Se puede "alfabetizar" a la población para que las fake news sean detectadas?

- Considero que se puede alfabetizar y que hay que hacerlo para que la ciudadanía pueda identificar y detectar distintos tipos de narrativas desinformantes. Y que también pueda agudizar su mirada para hacerse preguntas y detectar los propios sesgos que pueden tener frente al consumo de información. En esto se puede educar y formar para, así como en su momento nos enseñaban cómo funcionaban los medios de comunicación, como se armaba un diario y se tomaban decisiones a la hora de construir la noticia, también hay que entender los nuevos tipos y mensajes mediáticos.

-¿La IA es parte del problema o de la solución?

- Creo que la inteligencia artificial es parte de la solución. Es una tecnología que, muchas veces, nos permite optimizar tiempo en las tareas que puede ser aplicada en procesos de verificación, generar alertas tempranas, monitorear y dar seguimiento a determinadas narrativas. Pero así como encontramos beneficios, este salto tecnológico puede venir acompañado de mayores riesgos. Por ejemplo, la generación de contenido hiperrealista donde esta tecnología, en manos de desinformantes, puede generar no solo piezas escritas sino imágenes o videos en los que sea muy difícil distinguir entre la realidad de la falsedad (el caso del video de Mauricio Macri llamando a votar por LLA en la previa a las elecciones legislativas en CABA). Es decir, es importante que podamos identificar que se trata de un contenido creado por computadora y no de una fotografía o un video creado por una persona donde hay otra enfrente, hablando.

- ¿Qué es la gobernanza informativa?

- Podemos hablar de gobernanza digital, de datos o informativa para referirnos a todo el conjunto de decisiones que se toman de políticas o hasta de sistemas para gestionar y tener una mejor visión y control de los flujos de información de una organización. Si lo pensamos desde el marco de la desinformación, tenemos que ver cómo cuidar la integridad de esos datos y por eso se hace énfasis en la integridad informativa, en la necesidad de construir desde el periodismo piezas en las que podamos mostrar cuáles son nuestras fuentes; si tenemos evidencia en la que nos sostenemos que la podamos compartir, y que podamos separar muy bien aquellas piezas de género de opinión de las de información. Y al cuidar estos datos vamos a recuperar la confianza de las audiencias.

El gobernador justificó el cambio de protocolo para el ingreso a la Casa de Gobierno de Santa Fe, que comenzó a regir a partir del lunes 17 de marzo. El nuevo sistema impone más control en cada uno de los accesos al edificio gubernamental, con identificación de quien ingrese, y concertación previa en caso de ser un visitante externo.

"Soy el gobernador más amenazado públicamente de la historia de la provincia de Santa Fe por las organizaciones criminales, y entendimos que teníamos que tener un protocolo de mayor resguardo y seguridad para que a la Casa de Gobierno y a la sede de gobierno en la ciudad de Rosario no entrara cualquier persona", dijo el mandatario.

En diálogo con la prensa, aseguró que debieron "convencerlo" de modificar y endurecer el protocolo. "A mí me cuesta mucho por mi forma de ser -planteó-. Yo soy de un pueblo; me cuesta no relacionarme directamente con la gente. Mi teléfono lo tiene media provincia e intento contestar a todo el mundo. Pero hay cosas que hay que cambiar porque, como dijimos, las organizaciones criminales están activas y dentro de todas las amenazas que tuvimos, entendimos y entendió el protocolo de seguridad que teníamos que tener mucho más resguardo", planteó.

Pullaro negó que haya existido algún hecho en particular que operara como detonante del cambio del sistema, y ejemplificó con edificios públicos en otros ámbitos donde los ingresos son también restrictivos.

"Si vos vas a la Casa Rosada, a cualquier Ministerio de la Nación o a la Casa de Gobierno de cualquier otra provincia no entrás como entrabas a la de Santa Fe", sostuvo. "A mí me hubiese gustado que esto siguiera siendo así -aclaró-, pero me hicieron entender que podían ocurrir cosas que después nos tenemos que lamentar, así que cambiamos".

"Firmé un decreto donde cambio la forma de registrar las audiencias para que todos puedan saber con quién se reúne el gobernador, pero también para qué me reúno, porque había mucha informalidad". Crédito: Flavio Raina

El propio mandatario recordó que en simultáneo al cambio de protocolo para el ingreso a Casa de Gobierno, también firmó un decreto que establece un nuevo mecanismo para el pedido de audiencias.

"Firmé un decreto donde cambio la forma de registrar las audiencias para que todos puedan saber con quién se reúne el gobernador, pero también para qué me reúno porque había mucha informalidad y en esto me hago responsable porque me escribía una persona o una institución y yo los recibía. Creo que eso lo teníamos que corregir. Por lo tanto, modificamos los protocolos de audiencias que concede en este caso el gobernador y también los ministros para que queden registrados y para que se pueda saber el temario de dichas audiencias", afirmó.

Pullaro, gobernador de la provincia de Santa Fe. Crédito: Flavio Raina

Antes de concluir, el gobernador retomó en sus declaraciones el cambio de protocolo de ingreso a la Casa Gris "porque, la verdad, no teníamos los niveles de resguardo que tenemos que tener en función de las amenazas que tuve en los últimos años", insistió.

La NBA está planteando como una de las modificaciones para hacerse más atractiva al público joven restar minutos a sus tiempos de partido.

Es una idea que, según ha expresado el comisionado, ha sido puesta sobre la mesa.

El impacto de recortar tiempo, no se oculta desde la NBA, sería grande. Crédito: REUTERS/Stephanie Lecocq

La Liga está abriéndose a los canales de emisiones en línea, y el acuerdo global con Amazon es la mejor prueba, a la vez que mantiene un gigantesco contrato con la llamada televisión lineal, las cadenas tradicionales tanto de Estados Unidos como del resto del mundo.

Acortar partidos que en algunos casos se extienden hasta las tres horas de tiempo real es una de las posibilidades para este torneo de baloncesto.

Las audiencias en televisión están cayendo en terreno americano, las nuevas generaciones que están tras la pantalla optan por contenidos de más rápido consumo y el deporte necesita contestar con capacidad de análisis y adaptación a los formatos más modernos de explotación de ese producto.

Según datos la duración media de los partidos esta temporada está en 2 horas y 16 minutos y en la línea de los últimos quince años. El impacto de recortar tiempo, no se oculta desde la NBA, sería grande.

Adam Silver es, precisamente, el que abandera este cambio. Simplemente se ha lanzado el pensamiento, no se ha llegado a ningún punto concreto. La tracción es leve por el momento. Es algo, como bien se recalca, embrionario.

El impacto de recortar tiempo, no se oculta desde la NBA, sería grande. Crédito: Kyle Terada

El mandamás de la NBA admitió este extremo en el programa de Dan Patrick cuando el conductor del mismo preguntó por las “ideas más locas que os habéis planteado” para mejorar la competición.

“Algo de lo que soy fan, aunque probablemente esté en la minoría, es que nos involucremos más en el baloncesto como concepto global. Lo digo porque la NBA es la única liga que juega 48 minutos.

El mandamás de la NBA admitió este extremo en el programa de Dan Patrick. Crédito: Cary Edmondson

A mi me gustaría que fueran 40 con cuatro cuartos de diez cada uno. No estoy muy seguro de si a muchos otros les gustaría cambiar, poniendo a un lado lo que significaría para los récords y ese tipo de historias, pero creo que un formato de dos horas es más consistente para los hábitos televisivos modernos", concluyó.

Paula Moreno es una periodista especializada en judiciales y política, con experiencia en conducción de radio y televisión en su Esquel natal. Desde diciembre de 2021 es además presidenta de Fopea, el Foro de Periodismo Argentino, una organización que nuclea a más de 600 periodistas de todo el país y que trabaja por la promoción del periodismo de calidad y la defensa de la libertad de expresión.

—¿Qué motivos tenemos para celebrar el Día del Periodista?

—Fundamentalmente el esfuerzo sostenido de muchos periodistas por hacer buen periodismo. En un contexto complicadísimo, es fundamental sostener el valor del buen periodismo.

—¿Y los motivos de preocupación hoy en la profesión?

—A ver. Por un lado, creo que tenemos que hacernos cargo de nuestros errores. Además, hay desafíos endógenos, que tienen que ver con el momento de la industria, y otros de contexto, vinculados a lo político y el estado de la conversación pública.

—Empecemos por los propios.

—Los avances tecnológicos y los cambios en las audiencias nos obligan a actualizarnos y a estar más atentos que nunca. Y no siempre hay cabeza para estar atentos.

Paula Moreno, presidenta de Fopea, el Foro de Periodismo Argentino.

—¿Y los desafíos del contexto?

—Estamos inmersos en un momento económico y político muy complejo, y todo lo que pasa en la calle también alcanza al periodismo: hay que saber pararse frente a eso, y no siempre es fácil. A mí me preocupa este escenario, porque estamos en un momento bisagra de la profesión, y no sé si efectivamente lo estamos leyendo en toda su dimensión.

—¿En qué sentido?

—La baja credibilidad en el ejercicio periodístico marca que en algún momento nos distanciamos de las audiencias, desde las formas hasta el fondo, y me parece que ahí hay bastante para revisar y repensarnos. Con una mirada autocrítica se puede llegar a un diagnóstico descarnado, desde el que podamos volver a empatizar con nuestras audiencias.

—¿Por qué algunas críticas que se le hacen al periodismo desde el poder sintonizan con una parte de la opinión pública?

—Estamos en un momento bisagra, que nos desafía y zarandea a todos los que participamos de la conversación pública. El poder político nos sube al ring, y yo creo que no tenemos más remedio que visibilizarlo y discutirlo.

—Un informe del Monitoreo de Libertad de Prensa de Fopea señala que 4 de cada 10 agresiones al periodismo vienen del Poder Ejecutivo, del presidente y sus ministros.

—Hoy (por el jueves) tuvimos una reunión con el Secretario de Prensa de la Nación, Eduardo Serenellini, y le expresamos nuestra posición: nosotros vamos a estar en cada una de las mesas de diálogo que nos convoquen, lo que no vamos a aceptar es el grito, pero no porque los periodistas seamos estrellas, sino porque entendemos que no conduce a nada, y que distrae. Nuestro rol incluye la defensa del derecho a la información de la ciudadanía.

—¿Cómo fue la recepción?

—Serenellini marcó que el presidente de la Nación “es como es”, que tiene sus maneras, pero que también es receptivo y que él le va a trasladar nuestras inquietudes. Que no son ni más ni menos que las que expresamos todo el tiempo: predicamos un periodismo profesional basado en datos.

—En enero Fopea le planteó a Serenellini la necesidad de hacer conferencias de prensa virtuales y federales. ¿Hubo avances?

— Hasta ahora no lo vimos pero esperamos que los haya. Pedimos conferencias de prensa en donde los periodistas de todo el país puedan participar desde sus lugares. El secretario contó que está haciendo recorridas por todo el país, interesante para un Gobierno que llega sin conocimiento del territorio. Eso incluye mucho desconocimiento, por ejemplo, del impacto de la disolución de los medios públicos.

—¿Qué define a un buen periodista?

—La curiosidad. En el periodismo cambia casi todo pero algunas cosas permanecen. Cambian las plataformas, cambian las narrativas, pero en esencia el periodismo sigue siendo el mismo, y si perdiste la curiosidad, te tenés que dedicar a otra cosa. El periodismo te corre por las venas o no está. Y en ese camino es clave la capacidad para detectar historias valiosas que reflejen proximidad.

—¿Cómo se sostiene la vocación en este contexto?

—Creo que los periodistas tenemos mucho de románticos y soñadores. Desde el periodismo podemos construir, por eso me importa poner en valor el buen periodismo.

Las audiencias de la comisión que preside Carolina Gaillard, del Frente de Todos (FdT), se retomarán mañana a las 13 con la presencia de la presidenta del Banco Nación y exsecretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, y el procurador general de la Ciudad, Gabriel María Astarloa.

También asistirán el secretario de Juicios Originarios de la Corte Suprema, Alejandro Daniel Rodríguez, y por las provincias concurrirán fiscales de Estado de La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero y Santa Cruz.

Se trata de la segunda reunión de la comisión para investigar si los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rozenkratz incurrieron en mal desempeño al aceptar la cautelar promovida por la administración porteña ante la redistribución de fondos dispuesta por el Gobierno nacional.

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La citación de estos funcionarios fue resuelta en la última reunión de la la comisión, el 6 de julio último, donde se dispuso además convocar a Rogelio Frigerio, exministro del Interior del gobierno de Mauricio Macri, para después de las elecciones generales del 22 de octubre, ya que es precandidato a gobernador de Entre Ríos por Juntos por el Cambio (JxC).

La comisión resolvió además que se realice una huella de voz de Marcelo D’Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad porteño.

Si bien también había sido citado Maqueda para ese día, el magistrado no concurrió y tampoco presentó su informe por escrito para responder sobre los 14 cargos que se le formulan “provisionalmente” a raíz de los testimonios sobre presuntas irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn).

“La no presentación del informe de Maqueda no obsta a que continúe el procedimiento. Vamos a proceder a la acusación correspondiente a mal desempeño contra Maqueda por la obra social”, aseveró Gaillard, quien dijo que “él tenía la oportunidad de hacer referencia a esos cargos pero no lo ha hecho”.

De todos modos, el oficialismo puso en funciones una subcomisión (integrada por tres del oficialismo y dos de la oposición) para seguir investigando otras presuntas irregularidades que podrían haber tenido lugar en otros períodos.

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En el transcurso de la reunión, se dispuso también, a pedido del diputado del FdT Rodolfo Tailhade, que se incorpore como prueba documental “un video donde Frigerio reconoce que (Mauricio) Macri había transferido dinero de más a la ciudad de Buenos Aires”, durante una entrevista en el programa “A dos voces”, de TN.

El planteo de Tailhade, aprobado en la reunión, incluyó además la citación de Ignacio Mahiques, exfiscal federal y actual juez de apelaciones de la Ciudad, al señalar que se trata del funcionario que “festejó su cumpleaños en agosto del año pasado en el Hotel Four Seasons, al que arribaron juntos Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles”, estrecho colaborador del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

“Para nosotros los chats son una prueba más, un indicio más de nuestra hipótesis que es la connivencia entre la Corte y el Gobierno de la Ciudad en este caso. Necesitamos conocer la veracidad de estas conversaciones”, afirmó Tailhade, quien pidió además que se realicen “tomas de las huellas biométricas de voz de D’Alessandro y se haga un peritaje para cotejar posible identidad de los chats”.

En esos chats, figuran conversaciones que D’Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad porteño, habría mantenido con Silvio Robles.

La ronda de audiencias continuará el martes 1 de agosto, tras el virtual receso invernal de dos semanas.

Ovidio Butani, coordinador de la Comisión Plan Autopista.

En la mañana de hoy, el coordinador de la Comisión Plan Autopista, Ovidio Butani, distribuyó un comunicado donde explica las últimas gestiones realizadas para favorecer un mayor ritmo en la ejecución del tramo Rufino-San Eduardo de la Autopista 33, y al mismo tiempo poner manos a la obra en el mantenimiento de la actual traza de la ruta nacional 33 que, como es obvio, deberá seguir prestando servicios por varios años más.

Claro está que las gestiones de la Comisión Plan Autopistas, que desde 2004 batalla por la realización de esta megaobra vial entre las ciudades de Rufino y Rosario, adquieren más importancia por estas horas, en que se confirma la desvinculación de más 25 trabajadores de una de las constructoras por falta de giros de fondos desde el Gobierno nacional. Noticia que en cualquier circunstancia sería preocupante, y lo es más aún cuando la Casa Rosada, aunque sin mayores precisiones, anunció recortes presupuestarios, incluyendo el área de las obras públicas.

“Desde hace varios años, todas las localidades que integran el corredor del tramo Rufino Rosario y la ruta nacional 33 venimos bregando por la puesta en marcha y finalización de la autopista, teniendo en cuenta el impacto que una obra de tales dimensiones tendría. Hemos reiterado ante cada autoridad de turno y en cada oportunidad que se nos presentó, los innumerables argumentos por los cuales es necesaria y cada vez más urgente”, comienza diciendo Butani, y a continuación informa que “en el mes de julio hemos solicitado audiencia a todas las autoridades que tienen un rol trascendental en este proyecto: al presidente de la Nación, Alberto Fernández; al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti; al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; al administrador general de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta y al presidente de Corredores Viales, Gonzalo Atanasof”.

Cabe acotar que las audiencias se solicitaron a través de una nota que también fue enviada a otros 150 destinatarios a lo largo de todo el corredor-Rufino Rosario, entre ellos, intendentes, presidentes comunales, concejales, diputados y senadores provinciales y nacionales por la provincia de Santa Fe, bomberos, asociaciones civiles, centros de transportistas, sociedades rurales, centros comerciales e industriales, entre otras instituciones intermedias, invitándolos a replicar la misma a diferentes autoridades e instituciones que consideren pertinentes en el tema, buscando con ello aunar intereses y pujar por esta causa común. “La respuesta fue muy favorable, mostrando gran predisposición e interés en la causa”, adelantó Butani.

Y detalló: “Los pedidos de audiencias a las distintas autoridades fueron enviadas por mail y entregadas en Mesa de Entrada de manera personal. Hemos recibido respuesta vía mail de cada una de las autoridades y actualmente estamos al aguardo de una confirmación para asistir a las audiencias solicitadas”.

“El camino no ha sido fácil y nos encontramos hoy en un momento que, a nuestro entender, nos exige más que nunca unir esfuerzos para que podamos finalmente lograr la concreción de esta ansiada autopista”, completó el máximo referente institucional de las gestiones del sur provincial por la Autopista 33.

“Nos dirigimos a Ud. habida cuenta de la extinción, a partir del 1 de octubre de 2020, de los convenios establecidos por el gobierno nacional bajo el formato PPP (Participación Público Privada) que contemplaban, entre otras obras, la ejecución de la Autopista en la Ruta Nacional 33 – Tramo Rufino-Rosario.

Dichos contratos incluían el corredor F de la mencionada obra, por lo que su rescisión paraliza la construcción de la Autopista en los 182 km que van desde el Acceso a San Eduardo (km 607) hasta la intersección con la A012, en las inmediaciones de Rosario.

Como es de su conocimiento, esta obra es fundamental para la región y su realización es un objetivo por el cual entidades públicas y privadas, y la ciudadanía en general, venimos bregando intensamente desde el año 2004.

Por otro lado, la extinción de estos acuerdos dejó sin efecto también el contrato de mantenimiento de la actual Ruta Nacional 33, en lo que refiere a la cinta asfáltica, banquinas y asistencia a personas y vehículos -ya sea por accidentes u otros eventos viales-, afectando directamente el tránsito en los 254 kilómetros que unen el cruce de las Rutas 33 y 7 hasta la A008.

El tramo Rufino-Rosario de la Ruta Nacional 33 cubre un total de 254 kilómetros y es hoy uno de los ejes viales estratégicos del corredor bioceánico para el Mercosur, la columna vertebral por donde transita el 70% de la producción agrícola de la pampa húmeda. Conforme pasan los años, se hace cada vez más evidente la necesidad de contar con obras viales seguras, acordes al intenso tránsito que circula por ellas y al rol estratégico que desempeñan en la economía regional y nacional, además de la urgente necesidad de reducir los índices de siniestralidad y muertes.

La ejecución de la nueva autopista y el mantenimiento de la actual ruta nacional, son problemáticas de vital importancia para toda la región, y la rescisión de los contratos que preveían sendas actividades genera una profunda preocupación de los ciudadanos del sur de la provincia.

Es por todo lo mencionado que solicitamos a Ud. una audiencia en la que podamos tratar estas inquietudes:

El Gobierno nacional llevará adelante a partir del martes tres audiencias públicas sucesivas para la definición de los nuevos precios que estarán vigentes a partir del 1 de junio del gas natural a boca de pozo, del costo estacional de generación eléctrica y la segmentación de tarifas que le permita reducir el peso de los subsidios energéticos en las cuentas públicas. De esta manera, se inicia el proceso de actualización tarifaria definido por el Poder Ejecutivo en el programa económico, que apunta a lograr “niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva” para los servicios públicos de gas y electricidad, tal como expresó la Secretaría de Energía en la convocatoria a las audiencias. El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó el viernes pasado, en Salta, que la energía es “un costo muy importante en la producción: si se acelera el desarrollo energético bajan los costos de la producción, si bajan los costos de la producción nuestra industria se vuelve más competitiva y tiene más capacidad de generar empleo con menos demanda de divisas”. En la primera de las audiencias públicas convocada para el martes -a partir de las 10-, que se llevará a cabo a través de la Plataforma Webex, se discutirán los nuevos precios en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). El miércoles, por su parte, se tratarán los nuevos precios de referencia estacionales del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST). En tanto, el jueves se debatirá la implementación de la segmentación en el otorgamiento de los subsidios al precio de la energía por parte del Estado Nacional a los usuarios del servicio de gas natural y del servicio de energía eléctrica, para el bienio 2022-2023. En este aspecto, Guzmán consideró que “los subsidios energéticos a sectores que no lo requieren: eso es un gasto. ¿Qué implica gastar más en eso? Implica gastar menos en educación, implica gastar menos en ciencia y tecnología y obra pública. Gastar más en subsidios energéticos implica invertir menos. Inversión es futuro. Ese gasto quita recursos para construir futuro”. Por ello, el Gobierno propone abordar los subsidios mediante la segmentación por capacidad de pago, reducirlos significativamente en los sectores de más altos ingresos para resolver en simultáneo “el sesgo pro rico y las ineficiencias derivadas tanto en el consumo residencial de esos sectores como las ineficiencias del gasto público”. En cuanto a las actualizaciones tarifarias que serán motivo de las primeras dos audiencias, buscan impulsar un esquema dirigido a “proteger aquellos sectores más vulnerables y con menor capacidad de pago”, e incentivando a su vez la “adopción de medidas que promuevan al uso racional de los servicios y la reducción del impacto ambiental”. Para los usuarios residenciales se considerará como criterio objetivo una “corrección tarifaria relacionada a la evolución de sus ingresos”, representado por el coeficiente de variación salarial (CVS), como lo establecía la Ley N° 27.443, frustrada por el veto total impuesto por la administración Cambiemos. Para el 90% de los usuarios residenciales, este mecanismo garantiza que las actualizaciones tarifarias siempre sean inferiores a los aumentos salariales, implicando correcciones en sus facturas menores que el incremento de los ingresos en términos reales. De esta manera, el esquema propuesto por la Secretaría de Energía para el bienio 2022-2023 contempla que los ​usuarios de gas beneficiarios de la tarifa social no tendrán otro incremento en su factura este año, y para el 2023, esa corrección será equivalente a 40% del CVS del año anterior. En tanto, para los beneficiarios de tarifa social de las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur, la nueva corrección tarifaria para 2022 no superará 6%. Para el resto de los usuarios, el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del Coeficiente de Variación Salarial correspondiente al año anterior. En función de este esquema, para 2022 y considerando la actualización tarifaria realizada en marzo, el incremento propuesto para junio será en promedio de 17% para las tarifas de electricidad de los usuarios del AMBA, y de 21,5% promedio sobre el valor actual de la factura para los usuarios de gas de todo el país. Por último, la franja de 10% de ​usuarios de mayores ingresos y con plena capacidad de pago dejarán de ser beneficiarios de subsidio al consumo energético. El cruce de la información abordó lo disponible por empresas distribuidoras, entes y autoridades regulatorias de electricidad y gas natural de red residencial disponible en el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) sobre ingresos y patrimonio. Si se toman como referencia los suministros, en este segmento se incluirían hasta 1.631.846 usuarios del servicio eléctrico que representan el 10,1% del universo relevado, y 1.178.248 suministros de gas residencial que representan el 12,9%, de acuerdo al informe oficial. En cuanto al nivel de ingresos y la afectación de la eventual eliminación de subsidios, el informe analizó que el decil superior recibió en 2021 un subsidio promedio en electricidad de $ 49.452, y en gas natural de $ 23.312, por lo cual con un ingreso por hogar promedio de $ 3.258.861 al año, el pago pleno de los servicios tendría un impacto de 1,5% y 0,72%, respectivamente. A estas cifras, la cartera energética llegó mediante la evaluación de alternativas para la asignación de subsidios basadas en aspectos socioeconómicos como el consumo de energía, el nivel de ingresos y el patrimonio; o a variables geográficas-espaciales asociadas al valor de la propiedad y la urbanización. Así, en el segmento de menor nivel de subsidios la definición se define por alguno de los criterios espaciales vinculados a estar ubicado dentro de polígonos de alta capacidad de pago o estar en el registro de urbanizaciones cerradas. En cuanto a los criterios socioeconómicos, se identificó la condición de tener ingresos superiores a 3,5 canastas básicas totales (CBT); tener 3 o más inmuebles registrados; tener 3 o más vehículos con antigüedad menor a los 5 años y tener aviones o embarcaciones de lujo. En el caso del segmento de mayor nivel de subsidios, la inclusión se podría definir por estar ubicado dentro de polígonos identificados por el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) o entre los criterios socioeconómicos ser jubilado, pensionado o trabajadores en relación de dependencia o monotributistas que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Alberto Turcato, presidente del Colegio de Abogados.

Los abogados del departamento General López, agrupados en el Colegio de Abogados de la 3° Circunscripción, en el marco de la Federación de Colegios de Abogacía de la provincia de Santa Fe (Fecasfe), que también integran sus similares de Rosario, Santa Fe, Rafaela y Reconquista, solicitaron a la Corte Suprema de Justicia santafesina que “a partir del lunes 31 del corriente se disponga la reanudación de los trámites en los diversos fueros, con la consiguiente continuidad de los plazos procesales y realización de audiencias a través de los medios informáticos”.

Con el presidente de la Corte, Roberto Falistocco, como destinatario, el texto especifica: “Nuestra entidad advierte con preocupación la situación sanitaria existente y acompaña las medidas adoptadas para la semana en curso, en consonancia con lo dispuesto por los poderes ejecutivos provincial y nacional”, y agrega: “Ahora bien, teniendo en consideración los avances tecnológicos vislumbrados desde el año pasado hasta la actualidad y habiendo transcurrido un lapso prudencial desde el comienzo de la pandemia, consideramos que se encuentran dadas las condiciones para el desarrollo pleno de las actividades, sin suspensiones de audiencias ni reprogramaciones, empleando las herramientas que la tecnología ofrece, como ocurre en el Fuero Penal“.

Más adelante, aclaran los colegiados que “nuestro planteo no procura alentar la presencialidad, sino por el contrario, estimular la virtualidad para permitir la continuidad del trabajo, en resguardo de los elementales derechos de los justiciables y colegas”, cierra la notificación que firman el presidente del Colegio de Abogados de Santa Fe, Andrés Abramovich; el presidente del Colegio de Abogados de Rosario, Carlos Gustavo Ensinck; el presidente del Colegio de Abogados de Venado Tuerto, Alberto Oscar Turcato; la presidente del Colegio de Abogados de Reconquista, Patricia Virili; y la presidente del Colegio de Abogados de Rafaela, Mabel Eusebio.

Además, la Federación de Colegios de Abogacía de la provincia de Santa Fe envió una nota al gobernador Omar Perotti para que considere sus reclamos y se habilite la vuelta a la actividad virtual apenas expire el decreto vigente el próximo 31 de mayo.

En consecuencia, peticionan a la Casa Gris que “disponga la habilitación para asistir a los estudios jurídicos con los resguardos de salubridad pertinentes, sin atención al público, salvo casos de gravedad y urgencia (…) Para que ello resulte operativo y que realmente funcione el servicio de justicia, es esencial que los abogados/as concurramos a nuestros ámbitos de labores para preparar los escritos, puesto que allí se encuentran los elementos esenciales para ejercer nuestra tarea: computadoras, impresoras, libros técnicos, expedientes, etc. Y así poder atender a los requerimientos urgentes de clientes, a través del teléfono fijo, celular u otra vía que asegure la comunicación”, añaden los colegiados.